Los civiles de la dictadura
Es un error común calificar al golpe de Estado y a la dictadura como militares. A la cuestión obvia de que el golpe lo dio, un civil, electo además por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, se suma que hubo cientos de civiles que apoyaron la dictadura, fueron su sustento técnico e ideológico y permitieron que el Estado fascista funcionara.
Cuando se habla de dictadura fascista, se hace justamente para categorizar con justeza lo que ocurrió en este país. Fue un golpe y un régimen sustentado por la oligarquía nacional, en especial por los representantes del capital financiero, el latifundio, los grandes capitales trasnacionales y los más retrógrados de los profesionales e intelectuales.
Eso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
EL POPULAR publica un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios, 16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.
Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.
Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depuración interna de los cuadros de la dictadura.
La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.
Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.
Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.
El Poder Ejecutivo
La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.
También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura. Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.
Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.
El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.
Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.
En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.
Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.
En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).
En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.
En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.
En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.
En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).
En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson. En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.
Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.
En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lazar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jorge Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.
El Parlamento decorativo
En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.
Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.
El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.
El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctor Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profe- sora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doc- tor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas. Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado
antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.
Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.
El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.
Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi. Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.
Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado. La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilson Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani. En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
La Justicia secuestrada
Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.
Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Addiego Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).
Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.
En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.
En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverr y, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.
Los intendentes de la dictadura
La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.
Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.
Corte Electoral, ¿para qué?
Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre y Ricardo Cerro. La jefa de abogados fue la doctora Cristina Maeso y el secretario letrado, que luego siguió por años en democracia, Mario Cataldi.
Los banqueros de la dictadura
Los contadores José Gil Díaz, José María Puppo y Juan Carlos Protassi se sucedieron en la presidencia del Banco Central. Integraron también el directorio del Banco Central, Carlos Koncke, Luis Romero Diana y Julio César Pacchioti.
En el Banco República estuvieron Moisés Cohen, Raúl Ferraro y Bolívar Castro. El Banco Hipotecario estuvo presidido durante casi toda la dictadura por Julio César Luongo, En el BHU hubo una presencia hegemónica de oficiales de la Fuerza Aérea, pero también actuaron civiles: Ernesto Llovet, Alberto Romaniello y Angel María Scelza.
En el Banco de Seguros, actuaron: Federico Baum González, Osorio de Salterain, Osvaldo Sánchez Márquez y Carlos Ravenna.
Los diplomáticos del terror
Fueron embajadores de la dictadura, entre otros, Jorge Pacheco Areco (en España, Suiza y EEUU), Adolfo Folle Martínez (en Argentina), Carlos Manini Ríos (en Brasil), José Enrique Etcheverry Stirling (en Francia), Edgardo Abella (en el Reino Unido y España), Raúl Soriano Mesía (en el Reino Unido), Fernando Gómez Fyn (en Colombia), Osvaldo Soriano (en Guatemala), Francisco Mario Ubillos (en Portugal), Raquel Lombardo de Debetolaza (en El Vaticano), Francisco Bustillo del Campo (en Bolivia), Buenaventura Caviglia Cámpora (en China), Alvaro Alvarez (en los Países Bajos), Gastón Sciara Rebollo (en Egipto), Carlos Duarte (en Grecia), Raúl Benavidez (en Canadá) y Adolfo Silva Delgado (en Corea).
Sin duda un papel especial de defensa de la dictadura, sobre todo ante las denuncias internacionales por las violaciones a los DDHH, jugaron Carlos Alberto Roca y Carlos Giambruno, que fueron representantes permanentes ante la ONU; Martín C. Martínez ante la UNESCO; Mateo Márquez Seré, Carlos Alberto Roca y Francisco Bustillo ante la OEA.
Muy especial fue el papel de quienes defendieron la dictadura ante Comisión de DDHH de la ONU. En los años 1979 y 1980 integraron esas delegaciones Carlos Giambruno, Juan José Real, Zulma Guelman, Luis A. Carrese, Carlos Nadal, Carlos Barros Oreiro, Alvaro Moerzinger, José Catalayud Bosch, Ruben Díaz Porto y Graziella Dubra.
Entes y Servicios
En los Entes y Servicios Descentralizados, particularmente en los primeros, la presencia militar fue la tónica. En algunos de ellos no aparecen civiles encabezándolos, al menos no surgen de las investigaciones periodísticas, como los casos de PLUNA, ANP y AFE. En los restantes entes la preponderancia militar fue notoria, incluso hubo una repartición entre las tres armas de los entes del Estado, aunque en algunos colaboraron las tres. Igualmente hubo presencia civil en los directorios.
En OSE estuvieron: Juan Carlos Payseé, Ricardo Bengoa Rodríguez, los ingenieros Nicolás Goloubintseff, Pedro Echeverrigaray, Horacio Paullier Puig y Alberto Barragu Fassoli, también el contador Nelson Russo.
En ANTEL actuaron los ingenieros Norberto Faroppa, Edison García Regueiro e Isidro Vila, los contadores Hugo Federico Aguiar y Carlos Corti Moreno y el doctor Antonio Stella.
En ANCAP: el ingeniero químico Bertrand Gruss Dassain y los contadores Enrique Víctor Conde, Raúl Manuel Pazos y Alberto Carlevari.
En UTE: el arquitecto Juan José Castro y la ingeniera Marta Casabó.
En el SODRE se desempeñaron el arquitecto Emilio Massabrio, el doctor Eric Simon, Jorge Rodríguez Deluchi e Imazul Fernández.
En el Consejo del Niño actuaron: los doctores Mario Cantón y Juan Antonio Baglivi, las educacionistas María Teresita Farías de Pastorell y Nelly Vioeta Sarasúa de Siqueira.
En el Banco de Previsión Social se desempeñaron los doctores Juan Buccino Clérico, Ricardo Arguello Bellini, Alfredo Lamaison y Jaime Bonsignore. Fueron directores generales de la seguridad social Alfredo Ruiz Popelka y el contador Juan Femenías Iglesias, y subdirector, el contador Luis Givogre, quien también estuvo al frente, junto con el doctor Ruben Gayol, de Asignaciones Familiares.
En el Tribunal de Cuentas estuvieron el contador Julio V. Canessa, Roberto Lasale, Washington Fernández, Humberto Balleto, Juan José Fraschini, Ulises Morassi y Lliri Pedro Sassi.
En el Instituto Nacional de Colonización actuaron Walter Arias, Tydeo Larre Borges (hijo), Oscar Aguirre y Carlos Zita.
En el Consejo Nacional de Turismo estuvieron el agrimensor Adolfo Agorio, el arquitecto Jorge Fagel Figari, Julio Jorge Núñez Queiros y Victor Paullier Martínez.
También tuvieron cargos de confianza durante la dictadura las siguientes personas: Danilo Arbilla, director de Difusión e Informaciones de la Presidencia de la República; Barret Puig, prosecretario de Difusión e Informciones de la Presidencia de la República; José A. Barrio y Ruben Gayol, inspectores generales de Trabajo, el contador Romeo Maeso Sueiro, director de Aduanas; Ernesto Castaldi, director de Migraciones; los contadores Jorge Ponce de León Previtali y Mi- guel Angel Loureiro, directores de la Contaduría General de la Nación; el contador José María Michietti, director de SEPLACODI; el ingeniero agrónomo Eduardo Peile, director del INAC; el contador David Manuel Cukierman, Tesorero General de la Nación; el ingeniero Manuel Berger, director nacional de Energía; el doctor Héctor Volpe, presidente de la Junta de Vecinos de Montevideo; el contador Horacio Parodi, director general de Estadística y Censos; los ingenieros César Esperanza y Remigio Dante Gabín Pirotti, directores nacionales de Industria; el ingeniero agrónomo Julio Aznárez, presidente del Plan Agropecuario; los doctores Mario Tissoni y Daniel Gamarra, director y sub director, de la Oficina de Servicio Civil; Sarandí J. Silveira, director de Dinacoprin; el doctor Osvaldo Sánchez Márquez, director de Coprin, el contador Raúl Xavier, director de la Dirección General Impositiva; Jorge Sienra y Santiago Acuña, directores de Comer- cio Exterior y Angela Chiola de Píriz, Directora Nacional de Trabajo.
La enseñanza copada
El CONAE gobernaba la enseñanza primaria, secundaria y técnica, fueron sus rectores: el arquitecto Elzeario Boix Larriera, el ingeniero Daniel Ferreira y el profesor Ramiro Mata.
También ocuparon cargos de alta responsabilidad en el CONAE, como director general, el inspector Mario Roldós Puis y como secretario general, el inspector Eleuterio González.
Enseñanza Primaria estuvo a cargo del doctor Pedro Freire y del maestro Miguel Ribolla; Secundaria del doctor Fernando Bosch y de los profesores Carlos Pascual y Juan Carlos Laborde; la enseñanza técnica fue dirigida por Enrique Kliche y el profesor Miguel Curbelo Platero.
La intervención de la Universidad
La Universidad fue un blanco explícito de la dictadura. Fue intervenida en noviembre de 1973 tras fracasar el intento, en setiembre, de unas elecciones donde se desplazara a las autoridades legítimas, esas elecciones fueron ganadas por la FEUU y los gremios a pesar de la represión y el miedo. Desde esa fecha los rectores fueron designados directamente por el Poder Ejecutivo golpista. El primer rector interventor de la dictadura fue el doctor Edmundo Narancio, redactor del diario El País. Luego lo siguieron el arquitecto Gustavo Nicolich, el contador Jorge Anselmi, el doctor Enrique Viana Reyes, la doctora Raquel Lombardo de Debetolazza, el doctor Luis Antonio Menafra y el doctor Gonzalo Lapido Díaz.
En los decanatos de las facultades estuvieron aproximadamente 40 profesionales. En Derecho y Ciencias Sociales: Raúl Abraham, Valentín Sánchez, Luis Sayagués Laso, Manuel Adolfo Vieira, Blas Rossi Masella y Manuel Orlando López. En Medicina: los doctores Gonzalo Fernández (que no tiene nada que ver con el catedrático en derecho penal y luego secretario general del la presidencia y canciller en el gobierno del FA), Eduardo Anavitarte, Gonzalo Lapido Díaz y Carlos Oenhinger.
En Ciencias Económicas: los contadores Jorge Anselmi y Nilo Berchesi. En Agronomía: los ingenieros agrónomos Adolfo Berro, Daniel Faggi y Armando Rabufetti. En Odontología: los doctores Hugo Amorín, Miguel Banchieri, Walter Lieber Belli y José B. Costas.
En Humanidades y Ciencias: el licenciado Miguel Klappenbach y el doctor Rodolfo Gori Carrara. En Arquitectura, los arquitectos Gustavo Nicolich, Reclus Amenedo y Juan José Casal Rocco. En Química: los doctores José Delfino Lema, Raquel Lombardo de Debetolazza, Luis Menafra y Firvalier Bassagoda. En Ingeniería: los ingenieros Alfredo de Santiago, Juan Carlos Paletta Queirolo, Norberto Faroppa y Héctor Ibarlucca. En Veterinaria: los doctores Carlos Olave Castro, Gustavo Cristi, Héctor Lazanco, Oscar Latourrette, Mario Aragunde y Carlos Muniz.
En la dirección de la Escuela de Servicio Social estuvieron: Alberto Leizagoyen y José Botta Roccatagliatta. En la entonces Escuela de Psicología estuvo el doctor Mario Saiz. En el Conservatorio de Música, el doctor Pedro Ipuche Riva. En el Instituto de Economía, el contador Alberto Bensión y en el de Estudios Sociales, el doctor Ulises Graseras.
Especial tarea cumplió la División de Sumarios de la Universidad, que encabezó la caza de brujas contra docentes y funcionarios. Cientos de sumarios y destituciones, amparadas en el Acta Institucional Nº 7. El responsable entre 1974 y 1981 fue el doctor Roberto Falchetti y trabajaron cercanos a él, y operaron en esos procedimientos: José María Traibel, Mario Artecona, Juan José Calanchini y el escribano Juan Antonio Trocoli.
El SMU también
Fue intervenido el Sindicato Médico del Uruguay, al principio esta intervención fue ejercida por un colectivo integrado por: el doctor Eustaquio Montero, el escribano Mauricio Lionel Vidal, el doctor Roberto Falchetti, el contador Raúl Bartesaghi y el doctor Mario Artecona. Después paso a hacer unipersonal y la asumió el doctor Juan Tarrasa y a partir de 1976, recayó en el doctor Mario Genta.
La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la
EL PROCESO DE REFORMAS POLÍTICAS NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR
Por Stefan Steinberg, 17 de junio de 2013
En un documento publicado a finales de mayo, el Banco de Inversión estadounidense JP Morgan Chase reclama la derogación de las Constituciones Democráticas burguesas, que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial, en algunos países europeos y el establecimiento en su lugar de Regímenes autoritarios.
El documento de 16 páginas ha sido realizado por el grupo Europa Economic Research de JPMorgan y se titula “El ajuste de la Zona Euro, una tarea a medio hacer”. El documento comienza señalando que la crisis de la zona euro tiene dos facetas.
Se comienza afirmando que las medidas financieras son necesarias para garantizar que las principales empresas de Servicios de Inversión, como JP Morgan, puedan seguir obteniendo enormes beneficios de sus actividades especulativas en Europa. Después, los autores sostienen que son necesarias reformas políticas destinadas a acabar con la oposición a las medidas impopulares de austeridad, que son aplicadas en nombre de los Bancos.
El Informe muestra su satisfacción por la aplicación en la Unión Europea de un cierto número de mecanismos financieros que pretenden garantizar los intereses de la Banca. A este respecto, el estudio subraya también la necesidad de una mayor intervención por parte del Banco Central Europeo (BCE).
Desde el inicio de la crisis financiera mundial en 2008, el BCE ha destinado miles de millones de euros en favor de los Bancos para permitirles mejorar sus balances e iniciar de nuevo sus actividades especulativas. A pesar de la presión creciente procedente de los mercados financieros, el Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, declaró que haría todo lo necesario para consolidar los Bancos.
Para los analistas de JP Morgan esto no es suficiente. Exigen por parte del BCE una respuesta más espectacular ante la crisis.
Las críticas más duras al documento están formuladas contra los Gobiernos nacionales, que tardaron demasiado en aplicar las medidas autoritarias necesarias para imponer la política de austeridad. Tal proceso de reforma política, dice el estudio, no ha hecho más que empezar.
En los párrafos finales del documento, los autores explican lo que entienden por reforma política: “Al principio de la crisis creíamos que estos problemas heredados del pasado se debían en gran parte al orden económico reinante; sin embargo, se puso de manifiesto que hay problemas políticos que están profundamente arraigados en los países de la periferia, que según nuestra opinión deben ser cambiados si la Unión Monetaria se considera que debe seguir vigente”.
El Documento detalla a continuación los problemas que existen en los sistemas políticos de los países de la periferia: Grecia, España, Portugal e Italia. Estos países se encuentran en el centro de la crisis de deuda en Europa.
Los autores siguen diciendo: “Estos Sistemas Políticos vienen de una Dictadura anterior y están definidos por estos Regímenes. Sus Constituciones tienden a tener un fuerte sesgo socialista, reflejando la fuerza política que los partidos de izquierda adquirieron después de la derrota del fascismo”.
“Los Sistemas Políticos de los países de la periferia tienen unas características comunes: unos dirigentes débiles; unos Estados centrales débiles en relación con las distintas regiones; protección constitucional de los derechos de los trabajadores; sistemas que buscan el consenso y se anima el clientelismo político; el derecho a la protesta, permitido por el status quo político. Las lagunas de esta herencia política han quedado al descubierto por la crisis”. Cualesquiera que sean las inexactitudes históricas contenidas en este análisis, no cabe sombra de duda de que los autores del Informe de JP Morgan defiende que los Gobiernos instauren Regímenes dictatoriales, con el fin de llevar a cabo la contrarrevolución social, que ya lleva un buen camino recorrido en toda Europa.
En realidad, no se puede hablar de nada socialista contenido en las Constituciones establecidas durante el período de posguerra en Europa. Tales constituciones pretendían garantizar el Régimen burgués, en una situación en la que el Sistema Capitalista y sus agentes políticos habían visto comprometidas sus posiciones por los crímenes de los regímenes fascistas y dictatoriales.
Las constituciones de los Estados europeos, incluidas las de Italia, España, Grecia y Portugal, han sido elaboradas y aplicadas en colaboración con los partidos socialistas y comunistas de los respectivos países, partidos que han jugado un papel clave en la desmovilización de la clase obrera, para así permitir a la burguesía mantener su Régimen.
Al mismo tiempo, la clase dirigente de Europa era consciente de que la Revolución Rusa era fuente de inspiración para muchos trabajadores. Por lo tanto, se vieron obligados a hacer una serie de concesiones a la clase obrera con el fin de impedir una revolución, mediante la aprobación de protecciones sociales y constitucionales, estableciéndose el derecho de manifestación, algo que le gustaría a JP Morgan ver abolido.
En cierta medida, las críticas del Informe del Banco con respecto a la falta de autoritarismo de los Gobiernos europeos suena a algo hueco. Por todas partes de Europa los Gobiernos han recurrido en repetidas ocasiones a medidas propias de un Estado Policial para reprimir toda oposición en contra de sus políticas.
En Francia, En España y en Grecia, se han aprobado decretos de urgencia y el ejército ha intervenido para acabar con las huelgas. La Constitución de Grecia de 1975, aprobada después de la caída de la Dictadura de los coroneles, no impidió al Gobierno griego despedir a gran cantidad de funcionarios. Y en otros países europeos, los partidos dirigentes están favoreciendo la aparición de partidos neofascistas, como Amanecer Dorado en Grecia.
Pero esto no es suficiente para la Banca JP Morgan. Con el fin de evitar una revolución social, los analistas consideran como indispensable que los Gobiernos capitalistas de Europa instauren lo más rápidamente posible regímenes dictatoriales.
En la parte final del documento, los autores desgranan una serie de argumentos por los que, según ellos, de llegar a un fracaso de los Gobiernos europeos habría que instaurar sistemas autoritarios:
1) El fracaso de varios Gobiernos favorables a las reformas en Europa del Sur.
2) Falta de apoyo al euro o a la propia Unión Europea.
3) La ingobernabilidad de ciertos Estados miembros debido a que los costes sociales (sobre todo el paro) sobrepasasen un cierto umbral.
Es la voz del Capital Financiero la que habla. Hay que recordar que JP Morgan estuvo implicado hasta las cejas en operaciones especulativas que arrasaron la vida de millones de trabajadores de todo el mundo. En marzo de este mismo año, una Comisión del Senado estadounidense hizo público un Informe de 300 páginas que recogía las prácticas criminales y el fraude realizado por JP Morgan, uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos y el mayor agente de productos derivados del mundo. A pesar de las revelaciones que se hacían en ese Informe, no se ha ejercido ninguna acción contra el Director General de Banco, Jamie Dimon, que goza de la confianza personal del Presidente estadounidense.
Ahora este mismo Banco se permite dar lecciones a los Gobiernos. Setenta años después de la toma del poder por Hitler y los nazis en Alemania, cuyas consecuencias fueron catastróficas para Europa y para el mundo, JP Morgan es el primero que reclama medidas autoritarias para reprimir a la clase obrera y acabar con las conquistas sociales.
Stefan Steinberg
(Artículo original aparecido el 17 de junio de 2013)
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