10 dic 2013

PROBLEMAS DE FONDO TRAS LAS CRISIS POLICIALES Y LOS SAQUEOS

El país | Domingo, 8 de diciembre de 2013
PROBLEMAS DE FONDO TRAS LAS CRISIS POLICIALES Y LOS SAQUEOS
Conurbanos
Los conflictos policiales y los saqueos pusieron a la vista una crisis de fondo, motivada por un modelo productivo que sólo fue atenuado en estos años. La brecha producida por el boom sojero en los conurbanos de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, y el bang del delito regulado por una policía brava que sabe cómo negociar con los respectivos gobernadores, cualquiera sea su signo político. Sin reforma policial y acceso al suelo urbano no hay remedio contra el narcotráfico y la inseguridad.

Por Horacio Verbitsky

Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires tienen gobiernos de distinto signo. Las disidencias y rivalidades entre ellos y/o con el gobierno nacional monopolizan todos los análisis políticos. Pero estos movimientos de superficie, donde los actores políticos interactúan con consultores, hombres de negocios, eclesiásticos y periodistas, resultan trastornados por eclosiones como la de esta semana en Córdoba, con sus reverberaciones en Santa Fe y Buenos Aires, que se extendieron como un eco a otras provincias cuyas policías reclaman mejoras salariales, como San Juan, Chubut, La Rioja, Catamarca, Neuquén y Río Negro.
Las policías de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires son parte activa de redes de ilegalidad y mantienen una relación de equilibrio inestable con la conducción política. Pero mientras los gobernadores de Córdoba y Santa Fe debieron dejar caer a sus cúpulas policiales, cuyos jefes están detenidos por complicidad con el narcotráfico, el de Buenos Aires prefirió retener a la suya, pese al lapidario informe de la comisión senatorial investigadora que pidió la destitución de medio centenar de oficiales, incluidos el jefe de entonces y el actual. Cuando la negociación con el poder político no les resulta favorable, las policías pueden acudir a un relajamiento del control social, con las consecuencias que están a la vista. Estos estremecimientos se originan en los conurbanos de las provincias fundamentales del modelo productivo implantado desde mediados de la década de 1990, con la tremenda polarización clasista y el desplazamiento de poblaciones, cuyos efectos sólo fueron atenuados por los avances reparadores de la última década. Esto mide la fragilidad del terreno sobre el que está asentada la democracia que esta semana cumple 30 años; también la magnitud y la diversidad de conflictos siempre prestos a manifestarse en cuanto una merma en el crecimiento macroeconómico y la generación de empleo exacerba ánimos y requerimientos. Más aún si se acercan el verano y las fiestas de fin de año, y se repiten las
inundaciones y los cortes de luz y de agua, consecuencia de los temporales con los que cada vez más habrá que convivir debido al cambio climático y la imprevisión urbana de sus consecuencias. El gobernador de Córdoba desdeñó los indicios previos y se fue del país mientras fermentaba el conflicto y, luego de su precipitado regreso, descargó toda responsabilidad en el gobierno nacional, politiquerizando una situación propia y grave. El de Santa Fe detectó a tiempo la convocatoria a un acuartelamiento por parte del sindicato policial Apropol, denunció a sus jefes por instigación a cometer delitos y recurrió en forma discreta al gobierno nacional. Así, la movilización se produjo pero no hubo abandono del servicio como en Córdoba. El de Buenos Aires coordinó acciones desde el primer momento con la Nación y juntos establecieron un comando ubicado cerca del cruce estratégico entre las avenidas Ri-ccheri y Camino de Cintura, como para señalar el corrimiento del eje y el centro de gravedad. Es fácil perderse en las diferencias, pero más importantes son las similitudes de fondo, entre tres provincias de un mismo país, con un único esquema productivo.
Puntos en común
Con alta probabilidad dentro de dos años se medirán en las urnas el Peornismo Opositor, el acuerdo radical-socialista y el Frente para la Victoria, ninguno de los cuales tiene todavía un candidato que sobresalga en forma excluyente sobre el resto, lo cual hace previsible que esta vez funcione a pleno la ley electoral que creó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Pero en las provincias gobernadas tanto por el cordobesismo conservador de José de la Sota, el socialismo liberal de Antonio Bonfatti y Hermes
Binner y el peronismo de bajas calorías de Daniel Scioli, los cultivos transgénicos resistentes a su correspondiente herbicida se extendieron hasta la puerta de las ciudades, desplazando población y otras producciones de la agricultura de subsistencia y provisión para el consumo y encareciendo el valor de la tierra urbana. La concentración y los altos precios internacionales produjeron un enorme excedente que se volcó a la inversión inmobiliaria. Pero a falta de regulación estatal, una parte de las unidades construidas en torres o barrios cerrados permanecen desocupadas, como reserva de valor, mientras una cantidad equivalente o mayor de familias carece de recursos para acceder a la vivienda y se asientan de modo precario en terrenos de baja calidad, anegables y/o con acceso deficiente a los servicios esenciales. La explosión del consumo de un sector y la imposibilidad de equiparación para el resto constituye el caldo de cultivo para el surgimiento de una economía ilegal como forma de acceso a un universo tan dorado como prohibido. La regulación de ese mercado es una de las tareas principales de las policías, que reclutan varones jóvenes de esos sectores para delinquir. El diputado electo Felipe Solá merecería ser recordado en estos días. Como Secretario de Agricultura autorizó en 1996 a producir y comercializar la semilla y los productos y subproductos de la soja de Monsanto tolerante al herbicida glifosato. Como gobernador de Buenos Aires, impulsó en 2005 la ley por la que la represión de los consumidores y el comercio al menudeo de drogas cayó en manos de policías, fiscales y jueces provinciales, en los que se delegó el control social y los negocios.
Delegación o control
El esquema de gobernabilidad que Eduardo Duhalde implantó en Buenos Aires hace dos décadas tuvo más visibilidad que sus correlatos en Santa Fe y Córdoba, que no fueron diferentes. En cada caso, consistió en la delegación de la seguridad en la agencia policial, sin otra conducción política que el señalamiento tácito o explícito de la brecha social como territorio de su acción represiva, con algunos esporádicos intentos de reforma y la posterior restauración del esquema anterior. Lo fundamental no es el signo político del gobernador, porque el problema subyacente es estructural. Los dos presidentes Kirchner son los que mejor se aproximaron al abordaje de cada uno de esos problemas, pero en esta materia nada es suficiente. Las retenciones diferenciales para estimular otros cultivos que resistan el avance de la soja; la reindustrialización y el mejoramiento del empleo formal (que en los últimos años se estancó, en especial entre los jóvenes); la construcción de viviendas y los créditos blandos para ello; la oferta a precios accesibles de terrenos con los servicios básicos, la duplicación del universo alcanzado por el sistema jubilatorio, la transferencia directa de ingresos por medio de la asignación por cada hijo menor de 18 años, el regreso al sistema educativo de grandes contingentes que habían quedado al margen, el mayor control de las fuerzas de seguridad, el cuestionamiento a la lógica fallida de la “guerra a las drogas” son pasos apreciables. Pero no han tenido la extensión, la densidad y la persistencia necesarias para romper con la inercia favorable a los poderosos intereses que prosperan con el estado de cosas vigente, por lo cual la regresión es siempre posible. Las dificultades son enormes y se manifiestan de muy distintas formas. La resistencia a las retenciones casi acaba con el gobierno de CFK en 2008 y los intentos de reducir la gravitación del comercio exterior de soja están limitados por la importancia de los ingresos que permiten sostener los programas sociales, exhibiendo el peligro de impulsar una política de reparación con el mismo motor que dio fuerza al daño. Mientras otros países de la región han reprimarizado sus economías, en la Argentina creció la significación de las Manufacturas de Origen Industrial, pero el déficit de la balanza comercial de esas MOI consume la mayor parte del superávit total. La relación con las fuerzas de seguridad osciló entre la laxitud y el control por parte del poder político, según de qué ministrx dependieran. Esto impidió consolidar una política, si bien la diferencia con las fuerzas provinciales es sideral, aún en el peor momento. Desde la gestión de Aníbal Fernández hasta la de Sergio Berni, el gobierno nacional ha objetado el paradigma estadounidense de la denominada guerra contra las drogas, cuyo fracaso es ostensible. Sin embargo, hasta ahora no ha derogado la ley que penaliza la tenencia para el consumo, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia la considera inconstitucional, no ha puesto en cuestión que se haya provincializado la represión del comercio minorista de estupefacientes, ni ha sabido crear una Agencia Nacional, como la que Gran Bretaña acaba de establecer, con cuatro comandos y sus respectivas áreas de responsabilidad: criminalidad organizada, delincuencia económica, fronteras y explotación infantil/protección online.
Las dos Córdobas
Según el periodista cordobés Dante Leguizamón, en el oeste de la ciudad y en la zona cercana al acuartelamiento fue evidente la organización y coordinación de los saqueos por la propia policía. Primero pasaban motos cuyos tripulantes sólo rompían las vidrieras, detrás otras motos que precedían a unas camionetas muy chetas en las que comenzaba a cargarse la mercadería saqueada, y recién después el contagio generalizado. Una vez cerrado el acuerdo con la aceptación de todas las condiciones de los alzados, De la Sota los envió a que hicieran lo que mejor saben y más les gusta. Como en una intensificación de la práctica cotidiana, usaron los peores modales para recuperar parte de los bienes robados en la zona que antes habían liberado. El antropólogo Pablo Semán tampoco cree en la espontaneidad del saqueo, pero prefiere detenerse sobre las condiciones estructurales que lo hacen posible. Especializado en temas de cultura popular, viaja a Córdoba varias veces por año. Es hijo del militante detenido-desaparecido Elías Semán, y vivió allí durante parte de su infancia, lo cual refuerza el interés de su visión. Semán compara con los bantustanes sudafricanos las ciudades dormitorio, o satélite, surgidas de la erradicación de villas que ocupaban terrenos apetecidos por la especulación inmobiliaria y del boom de la soja y la consolidación de la industria automotriz. Sus jóvenes pobladores son víctimas de retenes policiales sistemáticos “por portación de edad, cara, o zapatillas inconsistentes con el prejuicio del observador”, dice Semán. También el ex diputado radical y ex fiscal de Estado Miguel Ortiz Pellegrini dijo que las escenas nocturnas, con disparos que se escuchaban en diversos puntos de la ciudad, le hicieron recordar “a las películas del Apartheid”. La diferencia es que él representó en las negociaciones a los policías sublevados. Cada vez que Semán viaja a Córdoba le asombra “la debilidad relativa de la presencia numérica de aquellos sujetos que el racismo impiadoso de Córdoba podía llamar negrazones”, que fueron segregados en esas ciudades dormitorio. “En tiempos normales en Córdoba hay mucha policía en la calle.” Esa “gendarmería permanente, beligerante y numerosa” constituye un factor vital del orden social imperante, que aisló a los negros en las ciudades dormitorio. “Y es de esperar que si se ausenta, ese orden no funcione en automático.” La contraparte es Nueva Córdoba, “barrio emblemático de los beneficios del boom de la soja, con verdulerías decoradas al modo de Nueva York, vinerías finas, panaderías francesas, fotocopiadoras de lujo, casas de ropa de marca y locales nocturnos para la diversión de miles de estudiantes que vienen desde las prósperas localidades vinculadas a la expansión del agronegocio”. Esa población de estudiantes “no gasta menos de 20.000 pesos mensuales y viaja habitualmente a Estados Unidos, Europa y el Caribe”. Allí, hasta en los “puestos viles”, como dependientes de almacén, repositores o asistentes de limpieza se ve la presencia dominante de hijos de colonos gringos, más pobres, pero blancos. “La policía garantizaba ese orden, que se aceitaba con los recursos que el narcotráfico le derivaba a la policía y que ha perdido transitoriamente su lubricante”, a raíz de las denuncias sobre el narcoescándalo que lesionaron el pacto de delegación y gobernabilidad con el gobierno provincial (esto último no es cosecha de Semán sino propia). Cuando el reaseguro policial desaparece, emerge el carácter masivo del horror. “La Córdoba dividida y desigualada a la fuerza ha mostrado por un segundo la arquitectura y el dolor generalmente enmudecidos de su constitución social”, concluye el calificado observador.
El boom y el bang
Ciudad del boom, ciudad del bang es el título del documental de Martín Céspedes que puede verse en Internet (http://www.youtube.com/watch?v=si952Ed7Vu0). Se refiere a Rosario y su zona de influencia, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez y Arroyo Seco, con datos oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos de la Gobernación de Santa Fe y del Club de Investigaciones Urbanas. Desde la crisis de 2001 y los presuntos asados de gato, hasta 2007, la extraordinaria renta sojera pobló la costa de edificios de lujo. Los permisos para construir esos edificios denominados multivivienda, con y sin locales, se multiplicaron por 7,6 comparando 2001 con 2007 y por cinco con 2012. Entre 2005 y 2013 la Municipalidad de Rosario autorizó la construcción de 3,6 millones de metros cuadrados, de los cuales el 79 por ciento en la zona céntrica. Esto representa el 14 por ciento de la superficie total del distrito. Esa es la ciudad abarcelonada que se muestra a los turistas, cuyo aflujo se duplicó. Pero según el censo nacional de 2010, casi el 20 por ciento de las viviendas particulares están vacías. Si allí se ve el boom, el bang se escucha al norte y al sur de la ciudad, donde se amontonan como pueden los desalojados por el movimiento de pinzas entre el avance de las tierras rurales y el de los barrios privados. Villa Moreno, en la periferia sur, desemboca “en un casino cinco estrellas con palmeras imitación Miami”, sostiene el documental, que la califica como zona liberada por los transas. “La vida narco proyecta imágenes de felicidad fulgurante para los miles de pibes de esta sociedad inflamada de consumo. También reparte plomo”, afirma otra placa. El dato no es secreto: con 183 homicidios, Rosario es la ciudad record del país. El film concluye con el inquietante vaticinio de un militante social del Bodegón Cultural casa de Pocho Lepratti: “El grado de violencia que crece en los barrios, en algún momento va a volver, lamentablemente de la peor manera”. Durante los 24 años de gobiernos justicialistas, la policía respondió a un esquema clásico que un funcionario judicial describe como “marcada de territorio o cancha, espacios y materias donde se podía delinquir y donde no, recaudación centralizada, distribución equitativa de lo producido por las economías delictuales y garantía de impunidad vía poder judicial controlado”.
Luego de los dos primeros años en que intentó romper con este esquema, controlar a la policía y modernizar la Justicia, Binner se rindió y designó como ministro de seguridad al director del registro civil, el abogado Alvaro Gaviola, sin la menor experiencia en la materia. “Esa fue una clara señal para la Policía Santafecina acerca de que había piedra libre para cualquier cosa. Y así ocurrió. Comenzó una feudalización de las cajas recaudatorias en las diversas áreas policiales. Obviamente, la que más comenzó a recaudar y a desmadrarse fue la de Drogas.” Este es el origen del descontrol, la multiplicación de la violencia y las muertes relacionadas con el control geográfico de la ciudad. Cuando la justicia y la policía federales comenzaron a desmantelarlo, Bonfatti denunció una injerencia del gobierno central. Hasta que le balearon la casa y entendió que el juego se estaba poniendo demasiado peligroso. “La ciudad estallada en los márgenes se cuela en la ciudad protegida, ciertos homicidios (que la prensa oficial llama ajustes de cuentas), aparecen rondando calles macro céntricas, y entonces el gobierno reacciona. La sangre no debe salpicar a la ciudad turística”, dice el funcionario judicial.
Aniversarios
Ayer se cumplieron tres años de la ocupación del Parque Indoamericano en la conurbanizada zona sur de la Ciudad Autónoma, donde se concentran la mayor cantidad de población por debajo del índice de pobreza, el más alto porcentaje de hogares hacinados, los mayores índices de precariedad en la construcción y de falta de acceso al agua de red y cloacas. Su motivo transparente fue el déficit habitacional, que afecta a cerca de medio millón de personas en la Capital y que permanece sin solución. La causa por la represión policial que causó la muerte de tres personas, no avanza. En cambio sí progresa la de la justicia porteña por usurpación contra los referentes sociales que en el peor momento de la crisis lograron abrir el diálogo con las autoridades políticas. La Nación y la Ciudad anunciaron entonces un plan conjunto de viviendas, pero tres años después ni siquiera definieron en qué terrenos se edificarían. Esta semana se cumplió además un año de la promulgación de la ley bonaerense de hábitat y vivienda, un moderno instrumento de regulación del uso de la tierra, que sin avasallar los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, contempla también la problemática angustiante de la vivienda popular. Pero el gobierno provincial primero resistió su sanción, luego demoró su publicación en el Boletín Oficial y aún no la reglamentó, con lo cual es como si no existiera. Ese es el problema central que nadie enfrenta y que torna tan vergonzoso como incomprensible que el gobierno nacional haya suprimido la función social de la propiedad del proyecto de reforma, unificación y modernización de los códigos civil y comercial de la Nación.
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9 dic 2013

Brasil controlará un satélite propio para la seguridad de sus comunicaciones

Brasil controlará un satélite propio para la seguridad de sus comunicaciones


INFODEFENSA.COM – Telebrás y Visiona Tecnologia Espacial formalizaron el jueves el contrato para ejecutar el proyecto de Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones Estatégicas (SGDC), cuyo valor es de 1.300 millones de reales brasileños (más de 570 millones de dólares). Si no hay contratiempos, el sistema estará listo a finales de 2016. En este programa, diseñado para asegurar las comunicaciones militares y civiles del país, participan los ministerios de Ciencia y Tecnología, Comunicaciones, y Defensa de Brasil.

El satélite será operado por Telebrás en banda Ka (civil) y por el Ministerio de Defensa en banda X (militar). Visiona –empresa conjunta de Embraer y Telebrás– será la encargada de integrar el sistema SGDC, con el que se ampliará el acceso a banda ancha de las regiones más remotas del país, a través del Programa Nacional de Banda Ancha (PNBL, por sus siglas en portugués), y se afianzará la soberanía brasileña de las comunicaciones en las Fuerzas Armadas.

Tras la firma del acuerdo, Visiona formalizará la contratación de proveedores e iniciará las actividades de desarrollo e integración del sistema. Las empresas seleccionadas son Thales Alenia Space (TAS) para el suministro del satélite, y Ariane Space para realizar el lanzamiento. El contrato con los proveedores también prevé la transferencia de tecnología a las empresas brasileñas. Esta última tarea será coordinada por la Agencia Espacial Brasileña (AEB, por sus siglas en portugués).

“El SGDC no solo satisfará las necesidades del Programa Nacional de Banda Ancha, a Telebrás, y a las comunicaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas, sino que también representa una oportunidad para garantizar la soberanía de Brasil en sus telecomunicaciones estratégicas, tanto en el área civil como en el militar”, explica el presidente de Telebrás, Caio Bonilha.

Por su parte, el presiente de Visiona, Nelson Salgado, ha expresado que en su compañía se sienten “honrados de haber sido elegidos para proporcionar un sistema tan importante para el país”.

“Esperamos que este programa represente el inicio de un proceso de capacitación tecnológica de largo plazo, con el establecimiento de una empresa brasileña integradora de sistemas espaciales, un ejemplo de lo que Embraer representa para los segmentos aeronáutico y de defensa”, ha añadido Salgado.

Garantizar la soberanía nacional

El sistema SGDC asegurará las comunicaciones estratégicas del Gobierno y las comunicaciones militares. Será controlado desde Brasil en estaciones ubicadas en áreas militares, bajo la coordinación de Telebrás y el Ministerio de Defensa.

La adquisición de un satélite propio de comunicaciones civiles y militares brasileñas es una decisión estratégica para garantizar la soberanía nacional.

Actualmente los satélites que prestan servicio a Brasil, o están controlados por estaciones que están fuera del país o poseen el control de actitud en manos de empresas de capital extranjero. En cualquiera de los dos casos existe el riesgo de interrupciones en los servicios en una situación de conflicto internacional o debido a otros intereses políticos o económicos.

El bloque BRICS, un "tsunami económico" que se agiganta en el horizonte de EE.UU.

AFP / Alexander Joe
EE.UU. no se da cuenta del poder de las cinco naciones del BRICS que se convertirán en la próxima superpotencia económica del mundo desbancando a EE.UU., opinan los expertos.

"Según todas las evidencias disponibles, parece que este gigante económico va directo en esa dirección a medida que gana cada vez más fuerza", escribe el activista independiente Michael Payne en un artículo de Opednews.

El activista, cuyos artículos abarcan una amplia gama de temas, desde economía hasta política exterior, cita los siguientes indicadores económicos: la población total del BRICS asciende a casi 3.000 millones de personas (el 43% de la población del mundo) y presentó un PIB combinado de unos 15 billones de dólares en 2012 casi idéntico al PIB de EE.UU. de 15,68 billones de dólares en 2012, según The World Factbook de la CIA.

"La mala noticia para Estados Unidos es que el PIB combinado de esos países seguirá creciendo de manera constante en el futuro, mientras que el de EE.UU. se prevé que crezca lentamente en el mejor de los casos", destaca Payne.

"Al igual que EE.UU. [...], el BRICS es también un grupo de estados 'unidos' que combina varios elementos de poder en una sola entidad", agrega.

Según el activista, el problema principal de EE.UU. es que la primera economía mundial importa mucho más de lo que exporta, consume mucho más de lo que produce y gasta mucho más de lo que gana.

El BRICS controla las funciones económicas del mundo

"Si eso no es una receta para un eventual colapso financiero, entonces no sé qué es. El BRICS es un gigante económico emergente y si continúa su curso actual llegará a poder controlar las funciones económicas del mundo", explica Michael Payne.

"Estas naciones del BRICS, en su intento por convertirse en el número uno, saben que para hacerlo deben tener una moneda propia fuerte para competir y, eventualmente, reemplazar el dólar estadounidense como moneda de reserva principal en el mundo. Por lo tanto, están utilizando sus propias monedas cada vez más en los acuerdos comerciales entre ellos y otras naciones", indica Payne.

"El BRICS, junto con Irán y Venezuela, también se encuentra en el proceso de establecer un nuevo banco central global que pondrá en marcha una nueva moneda, llamada bricso para oponerse al dólar. Este es un acontecimiento ominoso y una amenaza directa para el futuro del dólar", subraya.

El analista destaca que ignorar o rechazar este nuevo consorcio de los que no están en la misma liga que EE.UU. sería "un error monumental".

"El BRICS es un elefante económico en una habitación con potencial para relegar a EE.UU. a la segunda posición. Esas naciones observan cómo Estados Unidos sigue soportando un gobierno inepto, sin visión de futuro, un gobierno advertido muchas veces para que reduzca drásticamente los gastos militares, achique la escala del imperio militar masivo, restringa la impresión ininterrumpida de dinero fiduciario, detenga la hemorragia del sector manufacturero de EE.UU., y comience el proceso para poner fin a la dependencia estadounidense del dólares prestados de China, Japón y otras naciones", dice Payne.

"Pero estos burócratas tontos de Washington se niegan a escuchar y no pueden ver el choque financiero de trenes hacia el que se dirigen", agregó.

"Es hora de prestar atención a los numerosos avisos, el BRICS es un tsunami económico masivo que se avecina en el horizonte de EE.UU. y como gane poder y fuerza, no habrá nada que lo detenga", resume Payne


Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/113227-brics-tsunami-economico-eeuu

8 dic 2013

Invasión cibernáutica: ¿podrá la ONU defendernos?

ESPIONAJE
Invasión cibernáutica: ¿podrá la ONU defenderos?
02.12.2013
SANTIAGO (Uypress/Other News -Por Lidia Baltra*)- La inquietud y desconfianza hacia la administración de la Red de Redes o Internet por ICANN, una empresa privada norteamericana situada geográficamente en ese país, había surgido hace años y a nivel mundial se buscaba una forma más equitativa.
Pero este recelo quedó corto tras la revelación del masivo espionaje mundial con que el gobierno de Estados Unidos ha afrentado a tantos países y personajes so pretexto de prevenir actos terroristas.

Aparte de indignar a todos, la preocupación por el poder que Estados Unidos ejerce sobre las telecomunicaciones mundiales se ha multiplicado e intensificado.

Ya no es sólo que la Internet se maneje desde un sitio geográfico dentro de Estados Unidos y por una empresa sometida a sus leyes, sino que hoy sabemos que el gobierno de este país consiguió que los principales servidores de Internet, como Microsoft, Google, Apple, Facebook, Skype, Yahoo, Facebook, AOL, YouTube y PalTalk (una empresa más pequeña, pero que fue un medio de comunicación muy importante durante la primavera árabe y la guerra civil en Siria) hayan cedido a su ¿petición...? ¿orden tal vez...? de intervenir las cuentas de sus clientes privados.

COMBATIR EL TERRORISMO

Bajo la administración e George Bush se produjo el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York donde murieron cerca de 3.000 personas, y este gobierno culpó al árabe saudí Osama Bin Laden y su red yihadista Al Qaeda de tal crimen de lesa humanidad y ultraje a su soberanía.

Posteriormente, otras voces, generalmente silenciadas, surgieron para cuestionar esta afirmación (entre ellos, el libro "La gran impostura", del francés Thierry Meyssan, y los documentales "Zeitgeist" de Peter Joseph y "Fahrenheit 9/11" del norteamericano Michael Moore), proponiendo, en cambio, que se trató de un complot montado por Bush y cómplices sauditas a fin de desatar una política antiterrorista que le permitiera apoderarse de países de interés estratégico con el beneplácito de sus aliados mundiales. Ello le habría permitido invadir Irak, continuar su dominio sobre Afganistán y últimamente, controlar los países árabes que se levantaron en la "primavera árabe".

Si las transnacionales dominan el mundo con su mensaje neoliberal apoderándose de los medios masivos de comunicación (cadenas de televisión y sus empresas integradas), los países hegemónicos lo hacen a través del espionaje cibernáutico sobre las conversaciones privadas que los líderes mundiales mantienen, lo que les permiten planear estrategias con mayores ventajas que sus enemigos o que sus aliados.

Esto fue el gran escándalo que primero provocó el soldado estadounidense Manning al entregar documentos clasificados en grandes cantidades a Wikileaks, el sitio anti-secretos de Estado creado por el sueco Julián Assange. Seguidamente, el escándalo mayor lo provocó el ex agente de la CIA Edgar Snowden al denunciar los espionajes masivos que vía ciberespacio ha ejercido el gobierno de Barack Obama a países y personajes. Todos siguen perseguidos por sus respectivos gobiernos por sus aportes a la transparencia internacional.

MÁS SEGURIDAD, MENOS LIBERTAD

Teniendo Estados Unidos en su territorio la mayor parte de la infraestructura para el manejo de Internet a través de la empresa ICANN y contando con su gran desarrollo tecnológico, las leyes que protegían la libertad y la privacidad de las personas eran un gran escollo para este plan de espionaje. Por eso el gobierno norteamericano - bajo Bush y refrendado por Obama - realizó cambios importantes en las leyes de Inteligencia y Vigilancia de Extranjeros (FISA) y creó un programa secreto llamado PRISM que le permite intervenir directamente cuentas personales y así acceder a correos electrónicos, archivos compartidos, chats de voz y por escrito, videos, fotos, mensajes y blogs de ciudadanos estadunidenses y de otros países.

Ya no necesita de autorización de los servidores o proveedores de la web ni de autorizaciones judiciales, que hasta ahora daban privacidad a los usuarios de la Gran Red, es decir, a todos nosotros, pero entorpecían su acción en pro de la "seguridad nacional".

"No cabe duda que Internet ha dado poder a gente que no lo tenía al posibilitar el acceso de todo tipo de información a escala global. Pero al mismo tiempo hay un contrapeso de esto, un poder que lo utiliza para acumular información sobre todos nosotros y usarla en beneficio de los gobiernos y las grandes corporaciones. Hoy no se sabe cuál de estas dos fuerzas se va a imponer", expresó Julian Assange, desde su asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, al diario La Jornada de México a comienzos de este año.

ONU Y DERECHO A LA PRIVACIDAD DIGITAL

Con el avance de estos espionajes ciberelectrónicos, el tema de quién debe manejar la Red de Redes y el debate mundial sobre la gobernanza de Internet (que comenzó en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y la Comunicación en Ginebra y Túnez entre 2003 y 2005) parece juego de niños. Pero una reciente resolución de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad en la era digital ha revitalizado el tema.

En el Foro para la Gobernanza de Internet FGI (grupo de discusión internacional surgido de aquella cumbre), se sugería que para una mayor equidad se entregara su administración a la ONU. Durante su reciente visita a nuestro país pregunté sobre esta moción a Frank La Rue, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de este organismo, y opinó que no era la más conveniente puesto que la organización mundial está representada sólo por naciones, en circunstancias que quienes hacen uso de Internet son muchos otros actores.

Aclaró que el derecho a la privacidad de las personas o países es totalmente distinto al de libertad de expresión ya que los Estados sí pueden hacer "monitoreos" contra el crimen organizado, la pornografía o el terrorismo, aunque sujetos a procedimientos judiciales y/o parlamentarios que los regulen...

Como Estados Unidos olímpicamente ya se deshizo de todas estas "trabas", no quedaba más que considerar la solución propuesta por Brasil. Además de implantar una política pública dentro de su país, impulsó realizar un debate ético a nivel internacional - como el iniciado por el FGI - acerca de cómo administrar la Red de Redes en forma justa y equitativa.

Y parece que Naciones Unidas la consideró: el 26 de noviembre pasado la Asamblea General aprobó una resolución sobre el derecho a la privacidad en el mundo digital, promovido por Brasil y Alemania, los dos países que sufrieron el espionaje norteamericano incluso en la persona de sus jefas de gobierno. El representante alemán señaló en esa reunión que la "vigilancia ilícita e arbitraria y las intercepción de las comunicaciones violan la privacidad y podrían violar también la libertad de expresión."

Lamentablemente, las resoluciones de Naciones Unidas no siempre son aplicadas por los 193 países miembros, en especial por Estados Unidos que a menudo las desconoce. Conformémonos por el momento en considerarla como la primera norma ética de convivencia universal en la era digital. Y esperemos que respetada y desemboque pronto en nuevas normas más exigibles. 30 nov 13

*Periodista titulada en la Universidad de Chile con postgrado en Periodismo Internacional en la Universidad de Columbia. Dirigenta del Colegio de Periodistas (1981-1994), presidió el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas (1997-2004

Detrás del asesinato del líder de Hezbolá está el Mossad

‘Foreign Policy’: Detrás del asesinato del líder de Hezbolá está el Mossad

Publicado el 12/05/13


Hasan al Laqis, el líder de Hezbolá que perdió la vida el pasado 3 de diciembre en la capital libanesa, es solo uno de los muchos blancos que componen la secreta ‘Lista de Asesinatos’ del Mossad, según el periodista y escritor Ronen Bergman.

Los servicios de inteligencia de Israel, Mossad y Aman, están en plena ofensiva contra los líderes de lo que denomina ‘Frente Radical’ —Hezbolá, Yihad Islámica Palestina y Hamás— y las estructuras que las apoyan en Irán y Siria. Según sostiene Bergman en su artículo en la revista estadounidense ‘Foreign Policy‘, el objetivo de Tel Aviv es acabar con estas personas una a una.

“Estamos hablando sobre un número de organizaciones y personas involucradas en actividades nucleares o terroristas. No solo operan en el territorio de sus países, sino que han creado una red internacional, la más peligrosa y la más eficiente que he visto jamás. Su objetivo es construir una bomba nuclear y varios complejos de misiles —tanto de corto como de largo alcance— y efectuar ataques terroristas suicidas al nivel más alto posible”, comenta un oficial anónimo de la inteligencia israelí citado por Bergman.

Ya en 2004 el Mossad empezó a identificar a las figuras claves de esta coalición antiisraelí que tuvieran avanzadas capacidades operacionales, tecnológicas y organizativas. La lista estaba encabezada por dos personas: Imad Mugniya, el entonces comandante supremo militar de Hezbolá, y el general Mohamed Suleiman, un consejero especial del presidente Bashar al Assad. “Suleiman estaba encargado de los negocios oscuros de Al Assad, incluidas las comunicaciones con Hezbolá e Irán, y todo tipo de proyectos delicados. Era una figura en la que Al Assad se apoyaba”, comenta el exdirector del Mossad Meir Dagan.

La lista incluía también al general Hasan Tehrani Moghadam, el jefe del programa de misiles balísticos de Irán, y a Mahmud al Mabhu, uno de los fundadores del brazo armado de Hamás encargado de los vínculos estratégicos entre Hamás e Irán. Hasan al Laqis (también conocido como Hasan Lakis y Haj Hasan Hilu Laqis), el máximo responsable de Hezbolá del desarrollo de armamento y tecnologías avanzadas, también estaba en la lista.

Gracias a los esfuerzos de Al Laqis en el campo tecnológico, Hezbolá obtuvo “una potencia de fuego que no tienen el 90% de los países del mundo”, insiste Dagan. A mediados de los años 90 hubo voces dentro de Aman que consideraron a Al Laqis un blanco potencial, pero en aquel entonces Hezbolá no era una amenaza estratégica para Tel Aviv. A mediados de la primera década del siglo XXI, cuando la situación cambió y Hezbolá entró a formar parte del Parlamento libanés y obtuvo influencia a nivel mundial, el líder tecnológico del movimiento ya tomaba precauciones excepcionales de seguridad.

Fue en julio de 2006 cuando la inteligencia israelí llevó a cabo la primera operación destinada a acabar con Al Laqis, insiste Bergman. En aquel entonces un caza F-16 lanzó un misil contra su apartamento en Beirut, la capital del Líbano. Pero sobrevivió gracias a que en el momento del ataque no se encontraba en su domicilio. Sin embargo, su hijo murió en el ataque.

A finales de la década Israel intensificó sus esfuerzos hacia todos los miembros de la lista, asegura el periodista. Imad Mugniya murió por la explosión de un coche bomba en Damasco en febrero de 2008. Medio año después Mohamed Suleiman perdió la vida en una playa siria a manos de un francotirador. En enero de 2010 descubrieron el cuerpo de Mahmud al Mabhu en un hotel de Dubái: había sido envenenado, electrocutado y estrangulado. Hasan Tehrani Moghadam perdió la vida junto con otras 16 personas en la explosión de un almacén de armas en los alrededores de Teherán en noviembre de 2011. El 3 de diciembre de 2013 por la noche dos hombres enmascarados mataron a Al Laqis en el garaje de su propia casa en Beirut. Cabe destacar que Tel Aviv niega su implicación en todas estas muertes.

7 dic 2013

Las 7 frases de Mandela que probablemente no encontrará en los medios de EE.UU.

El portal BuzzFeed eligió algunas de las frases críticas contra la política de EE.UU. y sus aliados hechas por el emblemático líder mundial Nelson Mandela, que falleció este jueves 5 de diciembre.

(Ni en los principales medios que forman la SIP)

Sobre la guerra de EE.UU. en Irak:
"Si hay un país que ha cometido atrocidades inexpresables en el mundo es Estados Unidos. Ellos no se preocupan por los seres humanos".

En Israel:
"Israel debería retirarse de todos los territorios que quitaron de los árabes en 1967 y, en particular, Israel debe retirarse completamente de los Altos del Golán, del sur del Líbano y de la Ribera Occidental".

Sobre la guerra de EE.UU. en Irak:
"Todo lo que él (Bush) quiere es el petróleo iraquí".

Sobre Fidel Castro y la revolución cubana:
"Desde sus primeros días, la revolución cubana ha sido una fuente de inspiración para todas las personas que valoran la libertad. Admiramos los sacrificios del pueblo cubano en el mantenimiento de su independencia y soberanía ante la cara de la viciosa y orquestada campaña imperialista para destruir la impresionante fuerza de la revolución cubana. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva el camarada Fidel Castro!".

Sobre el exlíder libio Muammar Gaddafi:
"Es nuestro deber apoyar al hermano líder... especialmente en lo que se refiere a las sanciones que están dirigidas no solo contra él, sino contra la gente común y corriente... a nuestros hermanos y hermanas africanos".

2. En vísperas de la guerra de EE.UU. en Irak:
"Si nos fijamos en estos asuntos, llegaremos a la conclusión de que la actitud de EE.UU. es una amenaza para la paz mundial".

Sobre Palestina:
"La ONU adoptó una postura firme contra el 'apartheid' y en los últimos años se estableció un consenso internacional que ayudó a poner fin a este sistema inicuo. Pero sabemos muy bien que nuestra libertad no es completa sin la libertad de los palestinos"


En 1953 Mandela y su compañero político Oliver Tambo fundaron el primer bufete de abogados del país compuesto exclusivamente por negros, Mandela & Tambo. Su misión era defender a la gente afectada por la legislación del 'apartheid'. La oficina fue destruida y quemada en el año 1960, cuando el Gobierno ilegalizó el Congreso Nacional Africano (CNA), dirigido por Mandela, y lo clasificó como organización terrorista.
Mediante un agente infiltrado en el Congreso Nacional Africano, la CIA ayudó a los servicios de inteligencia sudafricanos a detener a Nelson Mandela y a encarcelarlo durante 27 años, informa un artículo que data de 1990.

Un exfuncionario sudafricano, Gerard Ludi, relató cómo un alto agente de la CIA entró en su oficina y le dijo aproximadamente estas palabras: "Hemos entregado a Mandela al departamento de Seguridad de Sudáfrica. Les dimos todos los detalles incluyendo la ropa que llevaría, la hora y el lugar dónde estaría".


"La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia".



Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/113408-frases-mandela-no-encontrar-medios-eeuu

Espía Gross a Obama: “El Gobierno al que yo servía me ha abandonado”


El contratista estadounidense Alan Gross, encarcelado hace cuatro años en Cuba, pidió al presidente de EEUU, Barack Obama, dar “todos los pasos que sean necesarios” para lograr su liberación, por considerar que ésta sólo será posible si el mandatario se implica personalmente.
“Con el mayor respeto, señor presidente, temo que mi Gobierno, el mismo Gobierno al que yo servía cuando comenzó esta pesadilla, me ha abandonado”, dice Gross, de 64 años, en una carta enviada a Obama con motivo del cuarto aniversario de su arresto en Cuba, que se produjo el 3 de diciembre de 2009.
“Para mí está claro, señor presidente, que sólo con su implicación personal se puede conseguir mi liberación”, indica en la misiva, enviada a través de la sección de intereses de EEUU en La Habana y publicada por el diario Washington Post.
La familia de Gross planea entregar la carta a la Casa Blanca este martes, cuando se cumplen cuatro años de su arresto, que estuvo seguido en 2011 por una condena a 15 años de cárcel por cometer “acciones contra la integridad territorial del Estado”.
“Me niego a aceptar que mi país podría dejarme atrás. Señor presidente, por favor, dé todos los pasos que sean necesarios para traerme de vuelta a casa”, señala Gross.
La carta llega un mes después de que un grupo bipartidista de 66 senadores, liderados por el demócrata Patrick Leahy, urgieran en otra misiva a Obama a “actuar de forma expedita para tomar las medidas que estén en el interés nacional para obtener la liberación” de Gross.
Desde 2009, el Gobierno de Obama ha pedido a Cuba en público y privado la liberación de Gross, y el asunto se ha convertido en el principal obstáculo para el avance de la política de apertura a la isla que el presidente estadounidense inició a su llegada al poder.
En un comunicado, el Departamento de Estado volvió a exigir este lunes su liberación “inmediata e incondicional”, y consideró “gravemente decepcionante” que su cautiverio se haya prolongado tanto.
Gross se mostró en su carta “muy agradecido” por los llamamientos a su liberación del Gobierno de Obama, pero subrayó que eso no le ha “llevado a casa”.
“Sé que su administración y otras administraciones han tomado pasos extraordinarios para obtener la liberación de otros estadounidenses encarcelados en el extranjero, incluso algunos que no habían sido arrestados por su trabajo en nombre de su país”, apuntó Gross.
“Le pido que tome acciones para asegurar mi liberación, por mi bien y por el de mi familia”, añadió.
Consideró además que es necesario evitar que los “innumerables” estadounidenses que hay en todo el mundo tengan “duda alguna de que si se les toma cautivos en una tierra extranjera, su Gobierno moverá cielo y tierra para asegurar su libertad”.
El preso describió además su día a día, que supone “23 horas en una pequeña celda con otros dos reos y una hora en un patio cerrado” y sus problemas de artritis.
“He pedido a mis hijas que no me visiten porque no puedo soportar que me vean así, una sombra de quien fui, rodeado por hombres con ametralladoras”, afirmó.
La mujer de Gross, Judy, planea participar en una manifestación este martes frente a la Casa Blanca con motivo del cuarto aniversario del arresto de su marido.

Europa envía militares para frenar inmigrantes


IPS
Europa envía militares para frenar inmigrantes
04.12.2013
ATENAS (IPS/Apostolis Fotiadis) - Un nuevo documento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), organismo diplomático de la Unión Europea (UE), considera la posibilidad de involucrar a militares en los esfuerzos en el sur del mar Mediterráneo para impedir el ingreso de inmigrantes irregulares y refugiados.
La idea de la operación militar apareció por primera vez en una propuesta de Italia, presentada el 24 de octubre, en la que sugería medidas extraordinarias luego de la tragedia en Lampedusa, cuando un barco que había zarpado de Libia el 3 de ese mes se hundió antes de alcanzar la isla. Murieron 360 inmigrantes.

El accidente causó gran impacto en toda Europa y motivó un debate en la sociedad civil sobre el costo humano de las políticas migratorias de la UE. Pero muchos líderes del bloque, en cambio, vieron la catástrofe como una razón más para militarizar las fronteras.

El viceportavoz del SEAE, Sebastien Brabant, dijo a IPS en una entrevista por correo electrónico que, luego de la tragedia, "se creó el 'Grupo de Tareas del Mediterráneo' para que presentara propuestas de una acción inmediata de la UE".

De allí emergió la idea de apelar a la Política de Seguridad y de Defensa Común (PSDC), en el documento con fecha del 19 de noviembre.

La propuesta incluye opciones para la intercepción de movimientos de poblaciones hacia Europa, incluyendo una operación marítima independiente o la implementación de medidas extra en el marco de los operativos ya en marcha de Frontex (agencia de gestión de fronteras de la UE) en la región.

Todas las opciones le confieren un papel central a la PSDC, instrumento clave de Europa para afrontar crisis de seguridad internacionales.

La idea de usar la PSDC como plataforma para afrontar movimientos de poblaciones en casos de desestabilización de países del Mediterráneo coincide con un debate sobre el futuro de ese instrumento.

El SEAE formalizará su propuesta ante los 28 jefes de Estado y de gobierno de la UE, cuando a fines de mes se reúna el Consejo Europeo para discutir cómo mejorar la defensa, fortalecer la industria militar y asegurar una mayor efectividad, visibilidad e impacto de la PSDC.

La iniciativa ya generó inquietud. El alemán Andrej Hunko, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (organización extracomunitaria), alertó que "una mayor militarización de la vigilancia fronteriza hará que los cruces migratorios sean más peligrosos y causen más muertes".

"El SEAE confirma esto. El inhumano y frecuentemente criticado enfoque adoptado por la policía fronteriza de la UE, Frontex, está siendo reforzado", añadió.

Mientras, Frontex se dispone a actualizar su operación conjunta Hermes, lanzada para controlar el flujo migratorio ilegal desde Túnez hacia el sur de Italia, principalmente a Lampedusa, en la provincia de Sicilia, y la isla de Cerdeña.

También tiene previsto mejorar la estrategia del programa AENEAS, destinado al combate a la inmigración ilegal desde Turquía y Egipto, pasando por el mar Jónico, hasta Italia, principalmente las regiones suroccidentales de Apulia y Calabria.

Asimismo, Italia lanzó su propia operación de patrullaje denominada Mare Nostrum, coordinada por las fuerzas armadas.

Además, un documento interno europeo emitido el 18 de abril demuestra la grave preocupación de los líderes del bloque ante la posibilidad de que Libia colapse en una guerra sectaria.

El documento es el proyecto para formar la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM, por sus siglas en inglés) integrada por civiles y destinada a colaborar en la creación y entrenamiento de una nueva guardia marítima y territorial libia.

La EUBAM, aún en marcha, es una misión enmarcada en la PSDC.

EUobserver informó el 18 de noviembre que elementos en el documento indicaban que esa misión "civil" de hecho estaba diseñada para entrenar también a "fuerzas paramilitares, en medio de un más amplio esfuerzo europeo y de Estados Unidos para impedir que Libia se convierta en un 'estado fallido'".

La militarización del Mediterráneo central complementaría anteriores restricciones impuestas en la parte sudoriental del mar.

En la primavera boreal de 2012, Grecia adoptó severas políticas de control, que incluían el despliegue de fuerzas de seguridad en sus fronteras, la construcción de una valla a lo largo de su límite territorial con Turquía y la detención de inmigrantes irregulares por hasta 18 meses.

Como resultado, los flujos migratorios adoptaron nuevas rutas a través de los Balcanes occidentales o revivieron otras más antiguas en Egipto, Libia y Túnez.

Mientras, España inició CLOSEYE, multimillonario proyecto de control fronterizo europeo que utilizará aviones no tripulados (drones) y otros medios de vigilancia en el sudoeste del Mediterráneo.

La Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, financió muchas de estas operaciones y no ha adoptado medidas efectivas para controlar que los estados miembros no violen los derechos de los refugiados.

Por ejemplo, el principio de no devolución de refugiados ha sido ignorado constantemente.

Martin Lemberg-Pedersen, profesor asistente en el Centro para Estudios Avanzados sobre Migración de la Universidad de Copenhague y experto en seguridad y política inmigratoria europea, se preguntó por qué el SEAE todavía promovía estas opciones.

"Dos razones vienen a mi mente", dijo a IPS. "La primera, es que la Primavera Árabe trajo consigo la caída de dictadores que hasta ese punto eran aliados clave financiados por la UE para contener a emigrantes subsaharianos y de Medio Oriente".

Desde entonces, "parece que la UE busca establecer sistemas similares de control", señaló.

"En segundo lugar, es importante señalar el momento en que el SEAE hace las propuestas: son presentadas justo cuando el nuevo sistema de vigilancia (fronterizo) Eurosur estaba a punto de hacerse operacional", notó.

El sistema, "desarrollado en estrecha cooperación con la industria armamentista europea, subraya exactamente las mismas metas incluidas en las opciones del SEAE", añadió.

Eurosur, que entró en funcionamiento el lunes 2, le confiere un papel clave a Frontex en la creación de una coordinación de control fronterizo.

En su primera fase funcionará en 18 estados miembros, y procurará ir incrementando el intercambio de información de inteligencia, mejorar el conocimiento de la situación, aumentar la capacidad de vigilancia y de las misiones de búsqueda y rescate, e integrar sistemas de seguridad de aplicación de leyes en terceros países

6 dic 2013

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL es financiada por la USAID y la CIA


TRANSPARENCIA INTERNACIONAL es financiada por la USAID y la CIA



(Por Jean-Guy Allard).- El prestigioso periodista de nacionalidad canadiense pone las cosas en su sitio con un nueva mentira distribuída por las grandes agencias de desinformación masiva (Falsimedia) contra Venezuela.

Transparency International (TI), la ONG que desencadenó hace unos días una campaña de difamación acusando a la nación bolivariana de corrupción, es contratista de la USAID, la agencia norteamericana de injerencia, y de la National Endowment for Democracy, el mecanismo CIA de desestabilización, y recibe fondos de otras entidades identificadas a la inteligencia norteamericana.

Todas la agencias internacionales de prensa han difundido cables donde se reflejaban las declaraciones hostiles a Venezuela de los portavoces de la organización sin que ninguna precise los fuertes vínculos de TI con el Departamento de Estado y sus dependencias.

Para la ONG, Venezuela se sitúa, por lo que va del continente americano, en materia de corrupción, por debajo de países como Honduras, mientras Estados Unidos encabeza la lista (con Canadá), sin que se tenga en cuenta los gigantescos escándalos financieros y el financiamiento ilimitado del mundo político por las grandes corporaciones, en este país.

Más aún, para Alejandro Salas, responsable del departamento de las Américas de TI, Honduras –con su gobierno golpista– “mejora su situación" mientras está “reconstruyendo una constitucionalidad perdida".

Transparency International omitió precisar durante su conferencia de prensa en Berlin el número de contratos en distintas partes del mundo que ejecuta con el dinero de Washington, en programas supuestamente humanitarios, en la esfera de su pretendida lucha contra la corrupción.

Son cientos de miles de dólares que TI ha recibido de la controvertida Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), denunciada en muchos países por ser una cobertura utilizada a fines de injerencia, de desestabilización y de espionaje por el gobierno de Washington.

En Venezuela, la USAID-OTI ha financiado en el curso de los últimos años decenas de programas destinados a desestabilizar el gobierno del Presidente Hugo Chávez y sigue haciéndolo, hasta el punto de engrasar a partidos políticos, un escandaloso acto de corrupción ampliamente demostrado y documentado por la investigadora Eva Golinger.

En Honduras, una contratista de la USAID, Jacqueline Foglia Sandoval, fue señalada como “la persona encargada de coordinar y operar el golpe de Estado” por el ex ministro Roland Valenzuela, del gobierno de Manuel Zelaya, poco antes de su asesinato.

La USAID es esta misma agencia federal norteamericana encargada de financiar a golpe de decenas de millones la subversión y el espionaje en Cuba. Un contratista norteamericano de la agencia se encuentra detenido en La Habana desde diciembre de 2009 después de haber sido sorprendido en una operación de introducción en la Isla de equipos de comunicación satelital de última generación.

Entre muchos otros incidentes vinculando la USAID a los servicios especiales norteamericanos, se encuentra el caso famoso del agente Dan Anthony Mitrione, instructor en técnicas de tortura, quién se apareció en Uruguay a finales de los 70, con credencial de la USAID, para adiestrar a policías en técnicas de interrogatorio y tortura..

Haciéndose el campeón de la lucha contra la corrupción, Transparency International no tiene tantos escrúpulos a la hora de aceptar fondos de procedencias dudosas.

En el curso de los años, TI se ha alimentado de cheques generosamente ofrecidos por organizaciones tales como la Fundación Ford, la Fundación Soros así como de distintas multinacionales –British Petroleum , Exxon, y Shell, entre otras, no precisamente reconocidas por su trabajo filantrópico.

TI fue creado hace años por Peter Eigen, un jurista alemán vinculado al Banco Mundial, a la propia Fundación Ford, a menudo calificada de fachada de la CIA y a la Carnegie Endowment for International Peace.

Tiene entre sus fundadores a Oscar Arias Sanchez, ex presidente de Costa Rica, cuyas orientaciones políticas son bien conocidas, y Robert MacLean Abaroa, un ex ministro del gobierno del dictador boliviano Hugo Banzer.

Ecuador y la "mano sucia" de Chevron



Ecuador y
la "mano sucia" de Chevron
Ignacio Ramonet


Durante su reciente visita oficial a Francia, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se reunió en París con un grupo de intelectuales para exponerles una de las preocupaciones de su país: el conflicto que opone varias comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana a la empresa petrolera estadounidense Chevron, acusada de destrucción medioambiental y de daños a la salud de miles de personas. A escala internacional, este conflicto ecológico ha adquirido un carácter muy emblemático.

Ecuador –primer país del mundo en reconocer, en su Constitución, los inalienables derechos de la naturaleza, convirtiendo a esta en sujeto de derecho–, se enfrenta a una multinacional petrolera, la Chevron Corporation, que es la segunda más importante de Estados Unidos y la sexta del mundo, denunciada por múltiples casos de contaminación medioambiental en diversos lugares del planeta.

“Todo empezó en 1964 –nos explica Rafael Correa–, cuando la empresa estadounidense Texaco [adquirida en 2001 por Chevron] inició su explotación petrolera en una amplia zona de la Amazonia ecuatoriana. Esa actividad duró hasta 1992. Al año siguiente, 1993, las comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbíos presentaron, en Estados Unidos, una demanda contra la petrolera Texaco por contaminación medioambiental y atentado a la salud de los habitantes. O sea, debe quedar claro que no es el Estado ecuatoriano quien lleva a los tribunales a Texaco-Chevron, sino un grupo de ciudadanos víctimas de un crimen medioambiental. Chevron heredó esa demanda cuando compró y absorbió Texaco en 2001. Poco después, a petición de la propia empresa, el caso –que los tribunales de Estados Unidos se negaron a juzgar– fue trasladado a una corte de Ecuador.”

“Hay que añadir –precisa el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, presente también en esa reunión parisina junto al presidente Correa– que Texaco, antes de retirarse definitivamente de Ecuador en 1992, dijo haber ‘limpiado’ los dos millones de hectáreas de selva virgen en los que operó. Lo cual no solo es inverosímil sino falso. Porque todos esos terrenos, como cualquier testigo puede comprobar, se hallan totalmente degradados, con decenas de abominables vertederos de alquitrán que han contaminado ríos y acuíferos. El agua, en toda esa región, es ahora no apta para el consumo. Y se ha multiplicado el número de cánceres entre la población. En toda esa selva, la excepcional biodiversidad ha sido sencillamente asesinada.”


“Y lo peor –añade Rafael Correa– es que el Gobierno ecuatoriano de la época le firmó a Texaco, en 1998, un ‘acto de finiquito’ en el que reconocía que la empresa estadounidense lo había dejado ‘todo limpio’, y la exoneraba de cualquier responsabilidad sobre consecuencias futuras de sus desmanes petroleros. Esto es muy importante. Ese ‘acto de finiquito’ le da un argumento enorme a Texaco-Chevron. En caso de demanda contra ella, la empresa puede decir –¡y con todo cinismo, lo dice!–: ‘Yo lo entregué todo limpio. Así me lo reconoció oficialmente el Estado ecuatoriano. En consecuencia: cualquier condena contra mí debe ser asumida por el Estado de Ecuador porque él es responsable de lo que ocurrió en esos terrenos después de mi partida...’

Hay que saber –sigue exponiendo el presidente Correa– que la Corte Provincial de Sucumbíos, en enero de 2012, condenó a Chevron a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por haber causado uno de los ‘mayores desastres medioambientales del mundo’ entre 1964 y 1990. Una suma que se duplicaría –¡y alcanzaría los 19.000 millones de dólares!– en caso de que la empresa no presentase excusas a los damnificados en las semanas siguientes a la sentencia. Pero Chevron, para desprestigiar esa decisión judicial y evadir su responsabilidad, alegó que, en ese juicio, los abogados de los demandantes habían falsificado los datos y presionado a los peritos científicos para encontrar contaminación donde no la había. Y presentó un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia (1).”
“Ante esa situación –prosigue ahora el canciller Ricardo Patiño– Chevron decidió ampararse en el Tratado de protección recíproca de inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos, y que entró en vigor en 1997. Pero este tratado, en nuestra opinión, no concierne a este caso, pues la demanda de las comunidades indígenas contra Chevron es de 1992, y el tratado, establecido en fecha posterior, 1997, no contempla aplicación retroactiva.”

“Con ese argumento –nos explica el presidente Rafael Correa– Chevron acudió a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, la cual nombró, como es habitual en estos casos, un Tribunal específico para este asunto. Este Tribunal está compuesto por tres jueces, designados (y pagados) por las partes en litigio; uno por la empresa, otro por el país y el tercero por estos dos jueces anteriores. Aquí también el poder judicial ecuatoriano cometió un error, porque designó a uno de los jueces, con lo cual implícitamente dio la impresión de que Ecuador aceptaba ese Tribunal de arbitraje. Cuando, en realidad, nuestro Gobierno rechaza ese Tribunal, no lo considera competente.”

“El caso es que ese Tribunal –agrega el canciller Ricardo Patiño– concluyó, en 2012, que Ecuador ‘incumple leyes internacionales al no tratar de impedir’ la ejecución de un fallo contra Chevron que obliga a esta empresa a pagar miles de millones de dólares a varias comunidades indígenas por la contaminación de la Amazonia. El Tribunal insiste en que ambas partes –el Estado de Ecuador y Chevron– habían alcanzado previamente un acuerdo, mediante un ‘acto de finiquito’, que exoneraba a Texaco-Chevron de responsabilidades medioambientales futuras.

El Tribunal de arbitraje también alega que Ecuador ha violado el Tratado bilateral de inversiones entre Quito y Washington, según el cual Ecuador debe ‘tomar todas las medidas a su alcance para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o el reconocimiento dentro o fuera de Ecuador de cualquier sentencia contra una firma estadounidense’.

En resoluciones anteriores, ese Tribunal ya había advertido, además, de que ‘cualquier pérdida surgida de la ejecución de la sentencia de la Corte de Sucumbíos sería una pérdida por la que el Estado ecuatoriano sería responsable ante Chevron, bajo el derecho internacional’.”

El presidente Rafael Correa retoma entonces la palabra para explicar que “las decisiones del Tribunal de arbitraje de La Haya han sido rechazadas por nuestro Gobierno. Primero, porque Ecuador, como Estado, no está implicado, repito, en esta querella. Defendemos los derechos de las comunidades indígenas afectadas por la contaminación y víctimas de los desmanes de una multinacional petrolera. Pero no somos parte en el pleito. Y por respeto al principio democrático de la separación de poderes, no queremos inmiscuirnos en asuntos de la rama judicial.

Sin embargo, por otra parte, observamos que, en el marco actual del despojo de la soberanía de los Estados, los tribunales de arbitraje tienen cada día más poder. Cada vez más, los tribunales de arbitraje están fallando a favor de las corporaciones multinacionales. Y si no acatamos el fallo del Tribunal de arbitraje (que aún no es definitivo), Ecuador podría quedar aislado comercial y políticamente.

Todo esto es triplemente escandaloso, porque si la decisión del Tribunal de arbitraje se aplicase, Ecuador estaría violando su propia Constitución pues significaría que nuestro Gobierno estaría interfiriendo con el Poder Judicial. Chevron no solo quedaría exonerada de pagar por la limpieza de la selva y la reparación a las comunidades afectadas, sino que podría demandar pagos al pueblo ecuatoriano por el costo legal del litigio...

Nosotros consideramos que este caso no es jurídico, sino político: contra nuestro gobierno –concluye el presidente Rafael Correa–. Por eso apelamos a la solidaridad internacional. En todas partes se están constituyendo Comités de apoyo a nuestra Revolución Ciudadana. E invitamos a todos nuestros amigos y amigas, de Europa y del mundo, a expresar igualmente su rechazo a la prepotencia de aquellas empresas multinacionales que destrozan el medio ambiente y quieren luego lavarse las manos. La ‘mano sucia’ de Chevron no debe quedar impune.”





(1) El pasado 12 de noviembre, esa Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió un fallo en el que confirmó la condena de la petrolera estadounidense Chevron a pagar 9.500 millones de dólares “por contaminación ambiental en la Amazonia ecuatoriana”.

5 dic 2013

“Colusión”: Unión Europea impone multas récord a 5 bancos por manipular tasas de interés

“Colusión”: Unión Europea impone multas récord a 5 bancos por manipular tasas de interés
La Comisión Europea impuso este miércoles multas por más de 1.700 millones de euros a cinco bancos y un corredor bursátil, una cifra récord, por haber manipulado las tasas interbancarias en euros (Euribor) y en yenes (Libor y Tibor), con el objetivo de "castigar y disuadir".
Miércoles 04 de diciembre de 2013

Euros
“Estas son las multas más elevadas aplicadas por la Comisión en virtud de la legislación anti trust”, indicó el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia.”Las entidades financieras decidieron ponerse de acuerdo en vez de competir”, agregó.

“Nuestra decisión pretende castigar a los que cometieron infracciones, en este caso la constitución de un cártel, la más grave en política de competencia, que afecta a miles de miles de usuarios”, explicó Almunia, y “disuadir a quienes puedan estar tentados con repetir la experiencia de un cártel”, añadió.

La decisión concierne la manipulación de las tasas interbancarias Libor, Euribor y Tibor, que determinan el coste del dinero para los préstamos entre bancos e incide en los créditos a particulares y empresas y sobre los que están indexados una multitud de contratos y productos financieros (contratos a futuro, swaps ub opciones). Para el índice de referencia de la zona euro, Euribor, 57 bancos participan en su elaboración y 18 en el Libor.

El banco alemán Deutsche Bank, considerada culpable de colusión en la investigación por la tasa Euribor y la tasa Tibor, deberá pagar una multa de 725 millones de euros. En una reacción la entidad sostuvo este miércoles que la decisión de la Comisión se debía a “prácticas individuales del pasado” y que ya había constituido las reservas necesarias para pagar la multa”.

La entidad francesa Société Générale, que cometió infracciones únicamente en relación a la tasa Euribor, deberá abonar 446 millones de euros.

El banco británico Royal Bank of Scotland (RBS), condenado en las dos investigaciones, pagará 391 millones de euros.

El resto de las multas son para los bancos estadounidenses JP Morgan y Citigroup así como el corredor bursátil RP Martin.

En su investigación sobre la tasa Euribor la Comisión descubrió colusión de cuatro entidades (Barclays, Deutsche Bank, Société Générale y RBS) entre 2005 y 2008.

La Justicia hace rebajas
El banco Barclays no fue multado por la Comisión en la investigación por manipulación del Euribor ya que fue la entidad que reveló la existencia de colusión, pero de no haberlo hecho la multa hubiese sido de 690 millones de euros, precisó el Ejecutivo europeo.

Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland (RBS) y Société Générale pudieron reducir su multa de 10% por haber cooperado en la investigación.

En cuanto a la investigación sobre la manipulación del Libor y Tibor, la Comisión descubrió colusión entre cinco bancos y un corredor bursátil entre 2007 y 2010.

En el caso de las tasas de interés en yenes, el banco suizo UBS no pagará la multa, que habría sido de 2.500 millones de euros, ya que reveló a la Comisión las infracciones.

Además del Deutsche Bank, multado tras esta investigación con 259 millones de euros, y el RBS por 260 millones, el banco JPMorgan fue multado por 80 millones, el Citigroup por 70 millones y el corredor RP Martin por 247.000 euros.

El caso de manipulación del Libor ya dio lugar a importantes multas en diferentes países. UBS tuvo que pagar 1.000 millones de francos suizos, RBS 600 millones de dólares y Barclays unos 450 millones de dólares.

El banco holandés Rabobank, que selló un acuerdo recientemente para pagar 774 millones de euros en tres países por manipular el Libor, no recibió una multa de la Comisión “ya que no está implicado en las actividades de cártel, según nuestra investigación”, explicó Almunia.

Almunia precisó que la Comisión investigaba actualmente sobre una posible manipulación del franco suizo y no excluyó “otras investigaciones del mismo tipo sobre actividades de manipulación de índices de referencia”.

Pero la investigación continúa, indicó Almunia. La Comisión mantiene abierta la investigación para los bancos francés Credit Agricole, británico HSBC y estadounidense JP Morgan por manipulación del Euribor y contra el corredor Icap por la del Libor y Tibor.

En septiembre la Comisión propuso un paquete legislativo para regular y hacer más transparentes los índices de referencia, el Euro Interbank Offered Rate (Euribor) o el London Interbank Offered Rate (Libor). El texto propuesto por el Ejecutivo europeo prevé que esos índices sean sometidos a autorización y sean elaborados de manera transparente con datos de las transacciones reales y no de estimaciones. AFP

OTRO QUE MUERE IMPUNE...


Paul Aussaresses: general francés, “padre” de escuadrones de la muerte en latinoamérica, murió de viejo
El general francés Paul Aussaresses, que defendió claramente el recurso a la tortura durante la guerra de Argelia y fue acusado de entrenar a oficiales latinoamericanos, falleció el martes a los 95 años de edad, anunció el miércoles en su portal la asociación de exparacaidistas franceses "Quien osa gana".
10Miércoles 04 de diciembre de 2013

Elvira Aussaresses, su esposa, precisó a la AFP que su marido falleció en un establecimiento de convalescencia al que había ingresado después de una hospitalización.

Aussaresses fue condenado en Francia en 2004 por apología de la tortura, tras haber defendido en un libro su uso durante la guerra de Argelia (1954-1962).

El oficial había enseñado en los años 60 en el campamento de los Boinas Verdes de Fort Braggs (Carolina del Norte) “las técnicas de la batalla de Argel” relativas especialmente a la tortura.

En 1973 fue nombrado agregado militar de Francia en Brasil, entonces bajo la dictadura militar.

Posteriormente fue acusado por el general chileno Manuel Contreras, fundador de la Dina, la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet, de haber entrenado en esa época en Brasil a oficiales chilenos y de otros países latinoamericanos. Las declaraciones de Contreras figuran en el documental de la cineasta francesa Marie-Monique Robin “Escuadrones de la muerte, la escuela francesa”.

Los funerales de Aussaresses serán celebrados el 10 de diciembre en La Vancelle, pueblo del este de Francia en el que vivía, según la asociación.

El general Aussaresses, que dirigió los servicios de inteligencia franceses en Argel durante la guerra de Argelia, fue condenado por apología de la tortura al cabo de un proceso que hizo correr ríos de tinta en Francia.

En 2001, el oficial admitió en su libro “Service spéciaux, Algérie 1955-1957″ (Servicios especiales, Argelia 1955-1957) que había practicado la tortura, afirmando que la misma era “tolerada, cuando no recomendada” por los políticos.

“Tortura legítima”
Sostuvo que la tortura “se torna legítima cuando la urgencia se impone”.

“Era raro que los presos interrogados por la noche siguieran estando vivos al alba. Hablaran o no, eran neutralizados en general”, agregó.

Sus confesiones, acompañadas de una entrevista, desataron una tempestad política en Francia, donde el entonces presidente Jacques Chirac, que fue teniente en Argelia, se declaró “horrorizado” por tales declaraciones públicas.

Nacido el 7 de noviembre de 1918 en Saint Paul Cap de Joux (suroeste de Francia), Paul Aussaresses se enroló voluntariamente en 1941 en los servicios secretos franceses. Posteriormente participó en la creación del brazo de los servicios de inteligencia exterior. En tanto que jefe de batallón de paracaidistas, sirvió después en las fuerzas francesas en Indochina.

En 1957, el general Jacques Massu, comandante de la 11ª división de paracaidistas, le encomendó el restablecimiento del orden en Argel. Allí dirigió lo que él mismo llamó “un escuadrón de la muerte”, encargado de realizar detenciones nocturnas, seguidas de torturas y de la eliminación de determinados detenidos.

Enseñó después en la escuela norteamericana de Fort Braggs, antes de asumir en 1966 el comando del Primer Regimiento de Cazadores Paracaidistas.

“¿Si me ha planteado problemas la tortura? Yo digo que no. Me habitué a todo eso”, afirmó el general a principios de los años 2000.

Paul Aussaresses sostuvo siempre que sus actos fueron cometidos con el aval de su jerarquía y de las autoridades políticas.

La publicación de su libro y el reconocimiento de la utilización de la tortura por el ejército francés contribuyó a modificar la percepción en Francia de la guerra de independencia de Argelia, conflicto que las autoridades francesas siguieron llamando “los acontecimientos de Argelia” hasta 1999, fecha en la que los diputados reconocieron que hubo una “guerra”.
AFP

"El neoliberalismo agrario” boicotea el rumbo económico

Peretti de Federación Agraria: "El neoliberalismo agrario” boicotea el rumbo económico

En diálogo con A cara lavada sostuvo que “1.700 productores producen el 50% de la soja. Ahí puede haber mucho de lo que falta liquidar”.




Peretti explicó que los productores deben informar “la intención de siembra y toda esa información fiscal está en manos del gobierno”.

Agregó que las autoridades deberían determinar en manos de quien está la soja que falta liquidar, aunque aclaró: “De una cosa estoy seguro. El 80 por ciento de los productores de soja de este país que son alrededor de 63 mil inscriptos, producen menos de 3 mil quintales por año. Ahí no hay nada. Hay muy poco”.

“1.700 productores producen el 50% de la soja. Ahí puede haber mucho de lo que falta liquidar”, aseveró el dirigente rural.

Consideró además que el gobierno debe determinar además, así como lo hizo con el trigo, “si esa soja y esas divisas que faltan liquidar no están en manos de compañías multinacionales, trasnacionales exportadoras de granos que le están mandando un mensaje al gobierno”.

Consideró que se trata de “un mensaje de neto carácter político y de desestabilización de un modelo económico”.

Agregó que las políticas económicas del gobierno y la presencia de Axel Kicillof en el Palacio de Hacienda “es un rumbo que a los grandes grupos trasnacionales que comercializan granos, que son parte del neoliberalismo agrario de la Argentina no les gusta. Y tratan de boicotear el rumbo”.

Por otra parte resaltó que “la soja hace tiempo que es una moneda de cambio en Argentina. Los contratos se pagan en soja, se compran máquinas en soja, se compran autos en soja se compran terrenos en soja, se compran casas en soja y se arrienda campo en soja. La soja pasó a ser un valor de cambio”.

Además indicó que la evasión, la comercialización de soja en negro existe y presiona el valor del dólar ilegal porque parte de ese dinero va a comprar al circuito marginal del dólar.

De todos modos, sostuvo que este tipo de medidas son realizadas por “operadores grandes en connivencia con las multinacionales, porque esa soja se tiene que blanquear en puerto”.

4 dic 2013

COMPLICES CIVILES DE LA DICTADURA URUGUAYA

A 41 AÑOS DEL GOLPE Y LOS MISMOS DE IMPUNIDAD
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Los civiles de la dictadura

Es un error común calificar al golpe de Estado y a la dictadura como militares. A la cuestión obvia de que el golpe lo dio, un civil, electo además por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, se suma que hubo cientos de civiles que apoyaron la dictadura, fueron su sustento técnico e ideológico y permitieron que el Estado fascista funcionara.

Cuando se habla de dictadura fascista, se hace justamente para categorizar con justeza lo que ocurrió en este país. Fue un golpe y un régimen sustentado por la oligarquía nacional, en especial por los representantes del capital financiero, el latifundio, los grandes capitales trasnacionales y los más retrógrados de los profesionales e intelectuales.

Eso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.

EL POPULAR publica un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios, 16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.

Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.

Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depuración interna de los cuadros de la dictadura.

La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.

Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.

Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.

El Poder Ejecutivo

La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.

También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura. Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.

Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.

El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.

Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.

En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.

Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.

En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).

En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.

En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.

En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.

En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).

En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson. En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.

Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.

En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lazar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jorge Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.






El Parlamento decorativo

En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.

Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.

El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.

El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctor Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profe- sora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doc- tor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas. Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado
antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.

Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.

El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.

Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi. Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.

Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado. La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilson Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani. En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.

La Justicia secuestrada

Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.

Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Addiego Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).

Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.

En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.

En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverr y, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.

Los intendentes de la dictadura

La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.

Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.

Corte Electoral, ¿para qué?

Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre y Ricardo Cerro. La jefa de abogados fue la doctora Cristina Maeso y el secretario letrado, que luego siguió por años en democracia, Mario Cataldi.

Los banqueros de la dictadura

Los contadores José Gil Díaz, José María Puppo y Juan Carlos Protassi se sucedieron en la presidencia del Banco Central. Integraron también el directorio del Banco Central, Carlos Koncke, Luis Romero Diana y Julio César Pacchioti.

En el Banco República estuvieron Moisés Cohen, Raúl Ferraro y Bolívar Castro. El Banco Hipotecario estuvo presidido durante casi toda la dictadura por Julio César Luongo, En el BHU hubo una presencia hegemónica de oficiales de la Fuerza Aérea, pero también actuaron civiles: Ernesto Llovet, Alberto Romaniello y Angel María Scelza.

En el Banco de Seguros, actuaron: Federico Baum González, Osorio de Salterain, Osvaldo Sánchez Márquez y Carlos Ravenna.

Los diplomáticos del terror

Fueron embajadores de la dictadura, entre otros, Jorge Pacheco Areco (en España, Suiza y EEUU), Adolfo Folle Martínez (en Argentina), Carlos Manini Ríos (en Brasil), José Enrique Etcheverry Stirling (en Francia), Edgardo Abella (en el Reino Unido y España), Raúl Soriano Mesía (en el Reino Unido), Fernando Gómez Fyn (en Colombia), Osvaldo Soriano (en Guatemala), Francisco Mario Ubillos (en Portugal), Raquel Lombardo de Debetolaza (en El Vaticano), Francisco Bustillo del Campo (en Bolivia), Buenaventura Caviglia Cámpora (en China), Alvaro Alvarez (en los Países Bajos), Gastón Sciara Rebollo (en Egipto), Carlos Duarte (en Grecia), Raúl Benavidez (en Canadá) y Adolfo Silva Delgado (en Corea).

Sin duda un papel especial de defensa de la dictadura, sobre todo ante las denuncias internacionales por las violaciones a los DDHH, jugaron Carlos Alberto Roca y Carlos Giambruno, que fueron representantes permanentes ante la ONU; Martín C. Martínez ante la UNESCO; Mateo Márquez Seré, Carlos Alberto Roca y Francisco Bustillo ante la OEA.

Muy especial fue el papel de quienes defendieron la dictadura ante Comisión de DDHH de la ONU. En los años 1979 y 1980 integraron esas delegaciones Carlos Giambruno, Juan José Real, Zulma Guelman, Luis A. Carrese, Carlos Nadal, Carlos Barros Oreiro, Alvaro Moerzinger, José Catalayud Bosch, Ruben Díaz Porto y Graziella Dubra.

Entes y Servicios

En los Entes y Servicios Descentralizados, particularmente en los primeros, la presencia militar fue la tónica. En algunos de ellos no aparecen civiles encabezándolos, al menos no surgen de las investigaciones periodísticas, como los casos de PLUNA, ANP y AFE. En los restantes entes la preponderancia militar fue notoria, incluso hubo una repartición entre las tres armas de los entes del Estado, aunque en algunos colaboraron las tres. Igualmente hubo presencia civil en los directorios.

En OSE estuvieron: Juan Carlos Payseé, Ricardo Bengoa Rodríguez, los ingenieros Nicolás Goloubintseff, Pedro Echeverrigaray, Horacio Paullier Puig y Alberto Barragu Fassoli, también el contador Nelson Russo.

En ANTEL actuaron los ingenieros Norberto Faroppa, Edison García Regueiro e Isidro Vila, los contadores Hugo Federico Aguiar y Carlos Corti Moreno y el doctor Antonio Stella.

En ANCAP: el ingeniero químico Bertrand Gruss Dassain y los contadores Enrique Víctor Conde, Raúl Manuel Pazos y Alberto Carlevari.

En UTE: el arquitecto Juan José Castro y la ingeniera Marta Casabó.

En el SODRE se desempeñaron el arquitecto Emilio Massabrio, el doctor Eric Simon, Jorge Rodríguez Deluchi e Imazul Fernández.

En el Consejo del Niño actuaron: los doctores Mario Cantón y Juan Antonio Baglivi, las educacionistas María Teresita Farías de Pastorell y Nelly Vioeta Sarasúa de Siqueira.

En el Banco de Previsión Social se desempeñaron los doctores Juan Buccino Clérico, Ricardo Arguello Bellini, Alfredo Lamaison y Jaime Bonsignore. Fueron directores generales de la seguridad social Alfredo Ruiz Popelka y el contador Juan Femenías Iglesias, y subdirector, el contador Luis Givogre, quien también estuvo al frente, junto con el doctor Ruben Gayol, de Asignaciones Familiares.

En el Tribunal de Cuentas estuvieron el contador Julio V. Canessa, Roberto Lasale, Washington Fernández, Humberto Balleto, Juan José Fraschini, Ulises Morassi y Lliri Pedro Sassi.

En el Instituto Nacional de Colonización actuaron Walter Arias, Tydeo Larre Borges (hijo), Oscar Aguirre y Carlos Zita.

En el Consejo Nacional de Turismo estuvieron el agrimensor Adolfo Agorio, el arquitecto Jorge Fagel Figari, Julio Jorge Núñez Queiros y Victor Paullier Martínez.

También tuvieron cargos de confianza durante la dictadura las siguientes personas: Danilo Arbilla, director de Difusión e Informaciones de la Presidencia de la República; Barret Puig, prosecretario de Difusión e Informciones de la Presidencia de la República; José A. Barrio y Ruben Gayol, inspectores generales de Trabajo, el contador Romeo Maeso Sueiro, director de Aduanas; Ernesto Castaldi, director de Migraciones; los contadores Jorge Ponce de León Previtali y Mi- guel Angel Loureiro, directores de la Contaduría General de la Nación; el contador José María Michietti, director de SEPLACODI; el ingeniero agrónomo Eduardo Peile, director del INAC; el contador David Manuel Cukierman, Tesorero General de la Nación; el ingeniero Manuel Berger, director nacional de Energía; el doctor Héctor Volpe, presidente de la Junta de Vecinos de Montevideo; el contador Horacio Parodi, director general de Estadística y Censos; los ingenieros César Esperanza y Remigio Dante Gabín Pirotti, directores nacionales de Industria; el ingeniero agrónomo Julio Aznárez, presidente del Plan Agropecuario; los doctores Mario Tissoni y Daniel Gamarra, director y sub director, de la Oficina de Servicio Civil; Sarandí J. Silveira, director de Dinacoprin; el doctor Osvaldo Sánchez Márquez, director de Coprin, el contador Raúl Xavier, director de la Dirección General Impositiva; Jorge Sienra y Santiago Acuña, directores de Comer- cio Exterior y Angela Chiola de Píriz, Directora Nacional de Trabajo.

La enseñanza copada

El CONAE gobernaba la enseñanza primaria, secundaria y técnica, fueron sus rectores: el arquitecto Elzeario Boix Larriera, el ingeniero Daniel Ferreira y el profesor Ramiro Mata.

También ocuparon cargos de alta responsabilidad en el CONAE, como director general, el inspector Mario Roldós Puis y como secretario general, el inspector Eleuterio González.

Enseñanza Primaria estuvo a cargo del doctor Pedro Freire y del maestro Miguel Ribolla; Secundaria del doctor Fernando Bosch y de los profesores Carlos Pascual y Juan Carlos Laborde; la enseñanza técnica fue dirigida por Enrique Kliche y el profesor Miguel Curbelo Platero.

La intervención de la Universidad

La Universidad fue un blanco explícito de la dictadura. Fue intervenida en noviembre de 1973 tras fracasar el intento, en setiembre, de unas elecciones donde se desplazara a las autoridades legítimas, esas elecciones fueron ganadas por la FEUU y los gremios a pesar de la represión y el miedo. Desde esa fecha los rectores fueron designados directamente por el Poder Ejecutivo golpista. El primer rector interventor de la dictadura fue el doctor Edmundo Narancio, redactor del diario El País. Luego lo siguieron el arquitecto Gustavo Nicolich, el contador Jorge Anselmi, el doctor Enrique Viana Reyes, la doctora Raquel Lombardo de Debetolazza, el doctor Luis Antonio Menafra y el doctor Gonzalo Lapido Díaz.

En los decanatos de las facultades estuvieron aproximadamente 40 profesionales. En Derecho y Ciencias Sociales: Raúl Abraham, Valentín Sánchez, Luis Sayagués Laso, Manuel Adolfo Vieira, Blas Rossi Masella y Manuel Orlando López. En Medicina: los doctores Gonzalo Fernández (que no tiene nada que ver con el catedrático en derecho penal y luego secretario general del la presidencia y canciller en el gobierno del FA), Eduardo Anavitarte, Gonzalo Lapido Díaz y Carlos Oenhinger.

En Ciencias Económicas: los contadores Jorge Anselmi y Nilo Berchesi. En Agronomía: los ingenieros agrónomos Adolfo Berro, Daniel Faggi y Armando Rabufetti. En Odontología: los doctores Hugo Amorín, Miguel Banchieri, Walter Lieber Belli y José B. Costas.

En Humanidades y Ciencias: el licenciado Miguel Klappenbach y el doctor Rodolfo Gori Carrara. En Arquitectura, los arquitectos Gustavo Nicolich, Reclus Amenedo y Juan José Casal Rocco. En Química: los doctores José Delfino Lema, Raquel Lombardo de Debetolazza, Luis Menafra y Firvalier Bassagoda. En Ingeniería: los ingenieros Alfredo de Santiago, Juan Carlos Paletta Queirolo, Norberto Faroppa y Héctor Ibarlucca. En Veterinaria: los doctores Carlos Olave Castro, Gustavo Cristi, Héctor Lazanco, Oscar Latourrette, Mario Aragunde y Carlos Muniz.

En la dirección de la Escuela de Servicio Social estuvieron: Alberto Leizagoyen y José Botta Roccatagliatta. En la entonces Escuela de Psicología estuvo el doctor Mario Saiz. En el Conservatorio de Música, el doctor Pedro Ipuche Riva. En el Instituto de Economía, el contador Alberto Bensión y en el de Estudios Sociales, el doctor Ulises Graseras.

Especial tarea cumplió la División de Sumarios de la Universidad, que encabezó la caza de brujas contra docentes y funcionarios. Cientos de sumarios y destituciones, amparadas en el Acta Institucional Nº 7. El responsable entre 1974 y 1981 fue el doctor Roberto Falchetti y trabajaron cercanos a él, y operaron en esos procedimientos: José María Traibel, Mario Artecona, Juan José Calanchini y el escribano Juan Antonio Trocoli.

El SMU también

Fue intervenido el Sindicato Médico del Uruguay, al principio esta intervención fue ejercida por un colectivo integrado por: el doctor Eustaquio Montero, el escribano Mauricio Lionel Vidal, el doctor Roberto Falchetti, el contador Raúl Bartesaghi y el doctor Mario Artecona. Después paso a hacer unipersonal y la asumió el doctor Juan Tarrasa y a partir de 1976, recayó en el doctor Mario Genta.