7 may 2015

“EL NEGOCIO DE GIRAR FONDOS AL EXTERIOR SIN DECLARAR NO ERA SOLO DEL HSBC”, DECLARO UN EX JP MORGAN

deLINCUENTES DE GUANTE BLANCO

La gran banca extranjera bajo sospecha

Hernán Arbizu, ex directivo del JP Morgan, declaró ante la comisión parlamentaria por el caso HSBC que “existen 400 mil millones de dólares de argentinos en el extranjero”, de grandes empresas y familias ricas, que los fugaron a través de la banca privada.

“El origen de los fondos fugados del país no son el tráfico de drogas ni el financiamiento del terrorismo, en Argentina el lavado de dinero proviene de la evasión impositiva”, afirmó ayer Hernán Arbizu, ex vicepresidente del JP Morgan. Durante su declaración frente a la comisión bicameral del Congreso, creada para investigar maniobras de evasión y fuga de divisas, el ex banquero ofreció detalles sobre las distintas operatorias canalizadas a través del sistema financiero. A lo largo de una hora y media, Arbizu reiteró que en el negocio de banca privada utilizado para girar fondos no declarados de grandes empresas e individuos ricos argentinos al exterior no sólo participa el HSBC, entidad denunciada por la AFIP, sino también otras entidades como el Citibank, UBS, Credit Suisse, Santander, BBVA, Goldman Sachs y su ex empleador, JP Morgan.
“Existen 400 mil millones de dólares de argentinos en el extranjero y yo era parte de ese negocio”, sostuvo Arbizu al presentarse frente al grupo parlamentario impulsado tras la denuncia de la AFIP contra los 4040 argentinos con 3500 millones de dólares en una sucursal suiza del HSBC. El ex banquero trabajó durante 20 años en diferentes entidades financieras, siempre en el segmento de banca privada. Como Hervé Falciani, el ingeniero informático que robó los datos de 126 mil cuentas en el holding británico-asiático, Arbizu presentó a la Justicia argentina en 2008 un listado de 469 clientes del JP Morgan de Nueva York que habrían sacado alrededor de 400 millones de dólares del país sin declararlos. “El JP Morgan me denunció por fraude. Yo presenté la información en la Justicia y lo hice para salvar mi cabeza, pero me he dado cuenta de que la evasión fiscal es un cáncer que afecta a la Argentina”, reconoció al explicar las motivaciones de su “arrepentimiento”.
“Entre los clientes argentinos de la banca privada puede haber inversiones en los fondos buitre de NML Capital y Dart”, advirtió el ex banquero, mientras detallaba el destino de los fondos fugados del país. Durante su intervención ante el grupo parlamentario, Arbizu estimó que “el 65 por ciento de las divisas fugadas de la Argentina está en el sistema financiero de Estados Unidos y, en menor medida, en Suiza y Uruguay”.
“En Argentina se ofrece el servicio de intermediación con los bancos a los clientes”, indicó. Al explicar cómo lograban ampliar sus operaciones, mencionó el accionar de facilitadores como Alfonso Prat Gay y Miguel Abadi, ambos denunciados por la AFIP. “Prat Gay está denunciado y usted está con pedido de extradición a Estados Unidos. Recalco la situación personal de Arbizu porque la verdad, en boca de un mentiroso, parece mentira. El es quien facilitó la evasión en Argentina y estafó en Estados Unidos y se autoincriminó para que no lo extraditen”, lanzó el diputado radical Ricardo Buryaile.
“El señor Arbizu reconoció que cometió delitos. Lo mismo hizo el contador de Al Capone y la Justicia norteamericana no dudó en usar su información para avanzar en la investigación. Hay un intento de quitarle validez a lo que dice. Yo sé cuál es su situación judicial, lo que hizo estaba mal. Pero nos viene a ofrecer detalles sobre el sistema montado para facilitar la fuga y la evasión”, explicó Carlos Heller. “Prat Gay está denunciado por la AFIP como facilitador. Hasta que la Justicia no se expida, respetemos las presunciones de inocencia”, lanzó Roberto Feletti.
Arbizu puso en duda las afirmaciones de diferentes empresas que aseguraron que sus cuentas en el HSBC de Ginebra eran transaccionales. “La banca privada es un servicio muy caro al que no le sirven las cuentas transaccionales de cobro y emisión de pagos donde el saldo mensual tiende a cero. El banco necesita que el dinero esté anclado. Son cuentas que se usan para ahorrar e invertir y, en el caso argentino, para evadir impuestos y lavar dinero”, expresó “el arrepentido” al estimar que, abrir y mantener una cuenta en Suiza, cuesta como mínimo 10 mil dólares al año.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-272141-2015-05-07.html

Lluvia de pesos y dólares en la computadora

 LOS GASTOS DEL FISCAL ALBERTO NISMAN QUE SE INVESTIGAN EN LA CAUSA POR LAVADO QUE INVOLUCRA A SU FAMILIA


Pagaba cuotas por más de 60 mil pesos por un fideicomiso en Capital y más de cuatro mil dólares por expensas trimestrales en Punta del Este. Ambas propiedades están a nombre de su madre. Sus gastos de tarjeta rondaban los 70 mil pesos. La Justicia ordenó medidas.
 Por Irina Hauser y
Raúl Kollmann

El día que la fiscal Viviana Fein le preguntó por propiedades familiares en Uruguay, la madre de Alberto Nisman, Sara Garfunkel, dijo que si bien recordaba que había ido a firmar unos papeles a Montevideo, no sabía ni de qué se trataba, ni en carácter de qué figuraba, ni a qué escribanía fue. Hasta agregó algo poco creíble: que ni siquiera recordaba en qué medio de transporte viajó. Todo se hizo –contó la mujer– a pedido y por orden de su hijo el fiscal y ella sólo tuvo que firmar. El análisis de la computadora de Nisman reveló que él monitoreaba importantes inversiones en Uruguay, en Argentina y al parecer en Estados Unidos, puestas a nombre de ella. En Punta del Este, tres terrenos en el complejo Pueblomío, por los que aparecen pagos de expensas de 4249 dólares en un trimestre. En Estados Unidos, de la computadora surgen informes de análisis de inversiones en bonos, acciones y fondos. Hay resúmenes de tarjeta, a los que accedió Página/12, de una cifra sideral, 131.000 pesos en un solo mes; pero el promedio no baja de 70.000. Los datos muestran su participación en un fideicomiso para la construcción de dos departamentos con cochera en Palermo, por el cual hay cuotas de hasta 67.100 pesos. Un cálculo casi elemental hace pensar, teniendo en cuenta sus viajes de placer, en que Nisman gastaba no menos de 300.000 pesos por mes, monto que no concuerda con su declaración jurada. Todo esto es investigado por la Justicia federal en una causa por posible lavado de dinero que involucra a Garfunkel, a la hermana del fiscal, Sandra Nisman, y al informático Diego Lagomarsino, cotitulares de la famosa cuenta en el banco Merrill Lynch de Nueva York.
Por el hallazgo de los datos sobre las propiedades en Uruguay, más el fideicomiso de la calle Dorrego al 1700, los elevados gastos con tarjeta y también las operaciones a través de dos cuentas en el país vecino (una en el Banco Francés y otra en el Itaú), el fiscal Juan Pedro Zoni pidió nuevas medidas de prueba en la causa por posible lavado, que se extiende sobre quienes conformaban el entorno de Nisman. La sospecha principal es que las inversiones se hayan hecho con fondos de origen dudoso ligados al fiscal que dirigía la Unidad AMIA. El juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, está de licencia, y lo reemplaza Marcelo Martínez de Giorgi, quien comenzó a disponer algunas diligencias, como un pedido de informes al Colegio de Escribanos para que envíe datos de los profesionales que hubieran intervenido en escrituras vinculadas con Nisman, su familia o el técnico informático, dueño del arma de la que salió el disparo mortal.
Como informó este diario, la última declaración jurada del fiscal Nisman sólo mencionaba como propia, a medias con su ex esposa Sandra Arroyo Salgado, una casa en un country, pero nada más. No incluía dinero, autos, inversiones ni la cuenta en el banco Merrill Lynch. Según documentación de su computadora, además de ser apoderado de esa cuenta, aparecen informes sobre acciones, bonos, fondos de inversión e incluso participación en operaciones de compra de petróleo y granos. Todo quedaría claro con un informe sobre los movimientos de esa cuenta y las inversiones, pero habrá que ver si el Merrill Lynch se presta a entregar los datos. Por de pronto, son fondos no declarados.
Por su cargo como fiscal, con rango de camarista, Nisman ganaba cerca de 95 mil pesos, y no pagaba ganancias. Zoni aguarda declaraciones juradas de su madre, su hermana y Lagomarsino. Hasta ahora, en el caso de Garfunkel, la información que hay en la investigación es que sus ingresos se basarían en la participación en una farmacia y en algunas inversiones inmobiliarias.
Quien sacó a la luz la cuenta bancaria en Nueva York fue Arroyo Salgado en una declaración testimonial en la causa sobre la muerte de su ex marido. Lo hizo para sugerir un conflicto económico con Lagomarsino, a quien apunta a vincular con un plan criminal. Dijo que le habían avisado la madre y la hermana de Nisman. Al declarar, ninguna de las dos recordaba mucho. Sara dijo que ni sabía que era una cuenta lo que correspondía a los papeles que había firmado en inglés a pedido del hijo. El técnico cibernético hizo una presentación judicial en la que asumía que había aceptado ser cotitular a pedido de Nisman en 2013 y sugería que el dinero de esa cuenta se estaría utilizando para inversiones en inmobiliarias en Miami. Pero, además, daba los primeros indicios sobre las propiedades en Uruguay al informar que había hecho al menos dos transferencias de 2500 dólares para pagar expensas de terrenos ubicados allí. Entre los papeles que analizan los investigadores, hay giros desde el Merrill Lynch Bank of America a cuentas uruguayas.
El complejo Pueblomío, donde hay tres terrenos a nombre de Sara Garfunkel, está en Manantiales, Punta del Este, y publicita en su página web 180 chacras de 4000 mil metros cuadrados, 86 hectáreas y nueve lagunas de 30 hectáreas más. Una nota de la administración del lugar, fechada en octubre de 2014, dice que Garfunkel pagó 4249 dólares en concepto de expensas por el trimestre octubre/diciembre.
En la computadora de Nisman hay informes y fotografías sobre la evolución de la construcción del edificio de de Dorrego 1771 (“ONE77ONE”), Inversora Libertador, donde dos departamentos y dos cocheras están a nombre de Garfunkel. Es un edificio ultraconfortable con pileta de 20 metros y spa. En el expediente hay detalles de los pagos de cuotas por la participación en el fideicomiso. Por ejemplo: uno del 5 de enero de este año por 67.104, 48 pesos; otro de octubre de 2014 por 64.800; otro de agosto por 59.965 pesos. Para diciembre último hablaba de que la obra estaba en plena aplicación de yeso, marcos de aluminio, revoque en los patios de aire y luz, conductos de ventilación, cableado, desagües, conductos de aire acondicionado, muebles de cocina, hornos y anafes, entre otras cosas. Además de todo esto, hay detalles de pagos de cuotas por la participación en el fideicomiso.
Los gastos con la tarjeta de crédito de American Express que surgen en la pesquisa son exorbitantes (en la declaración jurada Nisman agregaba una tarjeta Visa). La facturación al 23 de febrero de 2014 era 29.109 pesos; el saldo anterior había sido de 63.842 pesos y 6532 dólares (o sea unos 132 mil pesos); al 27 de abril de 2014, el gasto era de 64 mil pesos más 417 dólares (casi 70 mil pesos). El saldo anterior era 49.739 peso y 809 dólares (cerca de 60 mil pesos). ¿En qué gastaba la plata? Los pagos más altos corresponden a hoteles, agencias de viajes y pasajes en avión, varios de ellos abonados en cuotas. De acuerdo al resumen de la tarjeta, el viaje que hizo Nisman en noviembre último con la modelo Florencia Coccuci no habría sido el único a México del año pasado, ya que también tiene gastos en ese país en marzo del año pasado para donde sacó pasaje en Aeroméxico, pagó el hotel Westin en Puerto Vallarta y paso por el Spa Desertika. El 6 de abril gastó 7491 pesos en el free shop del aeropuerto de Ezeiza. Otro pago fuerte es la escuela de las hijas, por 17 mil pesos. Y hay gastos suculentos en tiendas como Prune, Paruolo, Chocolate y Etiqueta Negra.
Pese a que viajaba con frecuencia, Nisman no hacía uso de su licencia. Decía que no podía tomarse vacaciones “por razones funcionales”. Por eso Arroyo Salgado reclamó el pago de 235 adeudados de licencia, algo más de un millón de pesos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-272176-2015-05-07.html

La ley del búmeran

Couto en apuros

El comunicado publicado por la firma internacional de software Adobe en la prensa capitalina comenzó a resquebrajar la legitimidad de la representación de la Asociación Antipiratería del Uruguay. Desde el coloniense diario El Eco están dispuestos a llevar el caso ante los juzgados de crimen organizado.


Foto: Juanjo Castell

Al cierre de esta edición, un nuevo oficio –al que accedió Brecha– era presentado en el juzgado penal de Carmelo, a cargo de Alexandra Facal. El propósito, relatan los de Colonia, es aportar como prueba el comunicado de la empresa madre de Adobe que expresa que “no ha mandatado, ni autorizado a ninguna persona física o jurídica a celebrar acuerdos que pudieran involucrar el pago de multas, indemnizaciones o cobro de honorarios, relacionándolos directa o indirectamente con los derechos de autor de Adobe Systems Inc” (El Observador, 16-IV-15). Y poner también en manos de la justicia el documento del “software constatado en El Eco”, elaborado por Fernando Couto, presidente y cara visible de los antipiratas, en el que se detalla un monto por cada programa sin licencia utilizado en la redacción allanada. En la lista están los programas de Adobe (según publicó el portal Sudestada).

Solicitan también a la jueza que cite a declarar al presidente de la Organización de la Prensa del Interior, para que presente el listado de “los medios de prensa afectados y aporte la totalidad de la información que obre en su poder respecto al pago de multa y honorarios al doctor Couto como consecuencia de los procedimientos llevados a cabo por el mismo, en función al comunicado de Adobe”, y que se cite también a declarar en la causa a los representantes de Microsoft Uruguay para comprobar si esta empresa confirió o no su representación a Couto y la Asociación Antipiratería para el cobro de multas y honorarios por el uso sin licencia de alguno de sus programas.

Según relató a Brecha Enrique Erramuspe, abogado de los periodistas cuyas computadoras fueron requisadas, los escritos presentados provocaron la separación de una pieza aparte del expediente, que según pretenden, esté especialmente dedicada a investigar a los antipiratas. El abogado comentó también que están terminando de redactar el caso para presentarlo en un juzgado de crimen organizado de Montevideo la próxima semana.

Vale recordar que la redacción de Nueva Palmira del diario en cuestión fue allanada en febrero en un operativo conducido por el propio Couto actuando como “perito”, en el que se requisaron todas las máquinas (monitores, torres y todos los etcéteras incluidos) utilizadas para la confección del diario. Brecha informó cómo, a comienzos de marzo, tuvo lugar una audiencia por el caso en el juzgado de Facal, en la que ni la magistrada ni la fiscal, Alicia Ghione, hicieron lugar al pedido de devolución de las máquinas incautadas, arguyendo que la medida no afectaba la libertad de prensa. En esa audiencia de marzo, Ghione había manifestado su voluntad de pedir el procesamiento de Daniel Roselli, director responsable de El Eco.

Los colonienses apelaron el fallo. La fiscal Ghione fue trasladada de departamento y su sucesor aún no ha asumido. La causa está pausada en la apelación.

Brecha se comunicó con Couto para que respondiera por la quita del respaldo que significa el comunicado de la empresa Adobe: “Hay integrantes de la asociación vinculados de forma directa con las marcas del software detectado en El Eco. Vamos a sacar un comunicado de prensa. El problema son las manifestaciones unilaterales de un medio de prensa que es el único que ha tenido problemas con todo esto. Hay un expediente judicial formado y seguramente se formen más. Esto no es tema mediático, es legal”, se defendió.

Además del relato de los medios de prensa del Interior que terminaron pagando a Couto por “honorarios profesionales” (véase Brecha, 27-II-15), este semanario recabó el testimonio de una imprenta comercial (también del Interior) que, tras recibir el aviso de la Asociación Antipiratería de que sus máquinas no tenían registro de licencia en el país, decidió adquirirla directamente con la casa madre en Canadá. Creyendo haber solucionado el asunto, no dieron crédito cuando meses más tarde Couto se presentó en la imprenta con una orden judicial de allanamiento, la Policía y el argumento de que continuaban en infracción porque no aparecían en los registros de los vendedores locales. Couto hizo oídos sordos al argumento de los dueños de haber adquirido la licencia en el exterior del país, y procedió a incautar las máquinas. Los dueños de la imprenta terminaron pagando 1.500 dólares al abogado para que las devolviera. La causa abierta por Couto para denunciar una irregularidad inexistente fue cerrada por el juez en abril de este año, luego de que el gestor no se presentara a declarar.

Según consta en los expedientes, el sustento legal en el que Couto basa los procedimientos es la ley de derecho de autor, la 17.616. Couto explicó a Brecha que su participación en los procedimientos como “perito idóneo” la confirió un protocolo de actuación elaborado por el Ministerio del Interior: “Surgió como una inquietud nuestra, por una reforma que se había hecho a nivel operativo en Montevideo. Se sacó ese protocolo para echar luz sobre eso. Lo sacó la Jefatura de Policía de Montevideo, está basado en una circular del año 2009 del Ministerio del Interior”.
Brecha intentó confirmar la existencia de este protocolo en el mencionado ministerio, pero desde la Unicom se sostuvo que en las unidades de delitos informáticos no se tiene copia ni noción de su existencia.

6 may 2015

EEUU concede licencias para servicio de ferry de pasajeros a Cuba a cuatro compañías floridanas

Estados Unidos emitió “licencias específicas” para el servicio comercial de ferry de pasajeros entre Estados Unidos y Cuba, lo que abre la puerta al inicio de las operaciones entre Florida y la isla caribeña, informó hoy el Departamento del Tesoro.


5 mayo 2015 |
Havana Ferry Partners LLC, anunció en su página de Facebook que recibió aprobación “tanto del Departamento del Tesoro como del Comercio para operar nuestro ferry de pasajeros y carga de cuatro puertos de Florida a la Habana, Cuba”. Foto: Facebook
Havana Ferry Partners LLC, anunció en su página de Facebook que recibió aprobación “tanto del Departamento del Tesoro como del Comercio para operar nuestro ferry de pasajeros y carga de cuatro puertos de Florida a la Habana, Cuba”. Foto: Facebook
“La Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC, del Tesoro) ha emitido ciertas licencias específicas para el servicio de ferry de pasajeros, pero no podemos ofrecer detalles adicionales sobre cuántas ni a quién”, explicó a EFE Hagar Chemali, portavoz de la OFAC.
La medida permite el establecimiento de las primeras rutas marítimas comerciales de pasajeros entre ambos países en más de 50 años, debido al bloqueo impuesto por EEUU a Cuba.
No obstante, la portavoz del Tesoro explicó que “no existe una licencia general autorizando el servicio de ferry de pasajeros entre Estados Unidos y Cuba” y que “las licencias específicas serán emitidas caso por caso”.
El reglamento de la OFAC advierte que no se podrá viajar desde Estados Unidos a la Isla para hacer turismo, y que solo estarán autorizados los ciudadanos estadounidenses que integren las 12 categorías de viaje permitidas expresamente por las nuevas regulaciones establecidades en la orden ejecutiva del pasado 17 de diciembre, entre ellas visitas familiares o con fines académicos, culturales, deportivos o religiosos.
De Cuba a Estados Unidos podrían ir los cubanos o ciudadanos de terceros países que tengan visa estadounidense, indicó el Tesoro.
Tanto el Tesoro como las navieras reconocieron que las empresas deben conseguir permisos de otras agencias estadounidenses, como el Departamento de Seguridad Interna y la guardia costera, y del gobierno cubano para iniciar el servicio de ferry, por lo que no se concretará hasta dentro de unos meses.
Según el diario Sun Sentinel, al menos cuatro compañías radicadas en la Florida han sido beneficiadas con las primeras licencias. Ellas son  Havana Ferry Partners de Fort Lauderdale, Baja Ferries de Miami, United Caribbean Lines Florida de Greater Orlando y Airline Brokers Co. de Miami y Fort Lauderdale.
Havana Ferry Partners obtuvo la aprobación para la ruta hacia Cuba cinco años después de haber solicitado la licencia.“Yo estoy muy excitado porque este es un hecho histórico en las relaciones EE.UU – Cuba”, declaró el comanager Leonard Moecklin Sr. después de recibir la confirmación oficial de aprobación de los Departamentos del Tesoro y de Comercio.
Los directivos de Havana Ferry Partners señalaron que la aprobación de la licencia está sujeta a la transportación sólo de viajeros que estén entre las 12 categorias aprobadas para viajar a Cuba y no se podrán trasportar autos.
Havana Ferry espera poder enviar su primera embarcación desde Cayo Hueso a La Habana, en pocas semanas, con una capacidad de 200 pasajeros. También planea abrir una ruta Fort Lauderdale, utilizando una embarcación con capacidad para 300 o 500 pasajeros.
Baja Ferries USA, es una empresa mixta afiliada con United Americas. La misma ha estado planeando un servicio nocturno a Cuba, posiblemente tres veces a la semana, y se ha reunido con las autoridades portuarias de los puertos Everglades, Manatee y otros de la Florida.
“Hemos estado esperando por esto” dijo Joe Hinson, ejecutivo de Baja Ferries. La compañís actualmente tiene servicios de ferry activos en México y entre la República Dominicana y Puerto Rico.
Por su parte, United Caribbean Lines Florida, piensa brindar servicios desde varios puertos floridanos, según su presidente Bruce Nierenberg. Entre los planes están salidas a Cuba desde Miami, Fort Lauderdale, Tampa y hasta Puerto Cañaveral. En su página web ya anuncian el inicio de estos viajes para el otoño de este año.
Airline Brokers Co., una compañía que brinda servicios de viajes aéreos a Cuba desde 1982, ahora desarrolla planes para el servicio de ferry, según su presidenta Vivian Mannerud. Ella señala a Port Everglades como el sitio potencial de partida de los viajes de su compañia a La Habana.
CubaKat, una compañía de ferry con sede en el área de Jacksonville, espera recibir igualmente su licencia el próximo mes para operar viajes a Cuba, anuncia su presidente Brian Hall. La compañía solicitó su licencia más tarde que las otras compañías aprobadas.
Aun no se han fijado los precios para los viajes, pero Havana Ferry calcula cargar a sus pasajeros con tarifas de $300 a $350 por el viaje de ida y vuelta, inferior a los $400 o $500 que cuestan los pasajes en los vuelos charter. Los pasajeros podrán cargar hasta 200 libras de equipaje libre de costo.
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/cuba_faq_ferry_05042015.pdf" target="_blank" rel="nofollow">
(Con información de EFE y Sun Sentinel)

Ya nadie quiere ser NISMAN

Investigan propiedades en Punta del Este que estarían a nombre de la madre de Nisman

El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió este martes datos sobre tres unidades en el complejo "Chacra de Manantiales" de Punta del Este, al reclamar más medidas de prueba en la causa que investiga por supuesto "lavado de activos" a la madre, la hermana y un ex empleado del fallecido titular de la UFI-AMIA.

 Diario Registrado // Martes 05 de mayo de 2015



La solicitud que le hizo llegar el fiscal al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi radica en el pedido para que envíe una rogatoria a Uruguay para que se remita copia de la documentación relativa a la propiedad de las tres unidades y se informe si están a nombre de Sara Garfunkel, madre de Nisman.

Según publica Télam a través de sus fuentes judiciales, el pedido fue cursado a Martínez De Giorgi debido a que este magistrado reemplaza al juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, quien se tomó licencia por dos semanas para un viaje a España e Italia.

El fiscal pidió que Uruguay envíe contratos firmados, comprobantes de pago hechos sobre esas tres unidades cuya propiedad se atribuye a Garfunkel.

En la rogatoria, también se pide documentación que aluda a la hermana de Nisman, Sandra; al técnico informático Diego Lagomarsino y al fallecido Nisman. Zoni también pidió informes relativos a si Garfunkel tiene participación en un fideicomiso para la construcción de un edificio en la Ciudad de Buenos Aires.

Además pidió al juez que libre oficios al Colegio de Escribanos para que se remitan los datos de escribanos que hayan intervenido en operaciones inmobiliarias que involucren a Lagomarsino o a los Nisman, incluido el fallecido fiscal.

También pidió al juzgado que investiga la muerte de Nisman copias de los resultados que se hayan obtenido en los peritajes informáticos hechos a las computadoras del fiscal. Y a la fiscal del caso, Viviana Fein, el envío de copias certificadas de todas las declaraciones testimoniales tomadas en la causa, a excepción de las de la madre y hermana de Nisman.

Lagomarsino está imputado en la causa que investiga la muerte del fiscal por haber sido quien, según su declaración, le prestó el arma usada ese día.

En la causa abierta en los tribunales federales de Retiro por supuesto "lavado de activos" se investiga la existencia de una cuenta bancaria en Estados Unidos a nombre de Lagomarsino, de los familiares del fiscal y con el fallecido Nisman como apoderado

Jueza convocó a accionistas de Papel Prensa a una audiencia por graves irregularidades en el manejo de la empresa

En los Tribunales de Callao

La jueza de primera instancia en lo Comercial N° 26 María Cristina O'Reilly citó a los accionistas privados y estatales de Papel Prensa a una nueva audiencia de conciliación para analizar el funcionamiento operativo de la compañía. La convocatoria fue prevista para el próximo 6 de mayo por la mañana en la sede de los tribunales de Callao 635.













O'Reilly es la magistrada a cargo de interceder entre los representantes de los diarios Clarín y La Nacióny los directores estatales, que hoy siguen enfrentados por las múltiples irregularidades denunciadas contra los dueños privados por el manejo de la papelera.

Sistemáticamente, desde 2010 el Estado nacional denuncia la injerencia ilegal de Clarín y La Nación en la conducción de empresa, lo que provoca una falta de equilibrio entre los órganos societarios. Según el último informe de la Comisión Fiscalizadora (CF) al que accedió ámbito.com, los accionistas privados fueron denunciados por permitir Incompatibilidades de los miembros del Comité de Vigilancia y de la propia CF; por obstaculizar las tareas de la CF; por la falta de funcionamiento del Comité Ejecutivo; por la ausencia de un Plan Estratégico y de Inversiones para la compañía; por la falta de independencia del titular de la función de auditoría interna; por debilidades en la política de recursos humanos y por la venta privilegiada a precios por debajo del costo de papel a sus empresas relacionadas, en detrimento de los demás clientes y los accionistas minoritarios.

Sin voluntad para intervenir judicialmente a la empresa, la jueza debe intentar acercar las posiciones y dar cumplimiento a lo acordado en otra audiencia celebrada el 3 de octubre de 2011. En esa reunión, todos los accionistas se comprometieron ante O'Reilly a que los órganos societarios "continúen funcionando armoniosamente y en forma regular, sin sufrir las continuas impugnaciones de las que han sido objeto por el Estado nacional". Por ese motivo, la magistrada propuso que "se mantenga el 'status quo', respecto de las autoridades del Estado nacional" designadas en el directorio de Papel Prensa.

Los responsables del informe de la CF, los síndicos Daniel Reposo y Agustín Tarelli, impugnaron fehacientemente cada uno de los actos y nombramientos fraudulentos que cometieron Clarín y La Nación y se descarta que lo volverán a hacer tras la nueva audiencia. Para los fiscalizadores, la decisión de administrar la empresa sin cumplir la ley de sociedades comerciales ni el estatuto social "denota una conducta obstinada e indiferente por parte de los que ocupan los cargos de manera irregular, ejerciendo actos de manera indiscriminada en claro perjuicio de la sociedad, efectuando convocatorias y celebrando reuniones de los distintos órganos societarios en ese marco de irregularidad".
Según consta en el informe último de gestión, en 2013 se impugnaron 55 convocatorias y reuniones de directorio y comité ejecutivo; en 2014 fueron 24 y en lo que va del año al menos dos. "Se objetan las reuniones y se insta al Presidente del Directorio, que hasta tanto no se encuentre regularizada la integración y funcionamiento de los distintos órganos societarios, los mismos deberán abstenerse de adoptar medidas que puedan implicar un perjuicio a la integridad del patrimonio de la Sociedad", justifican.

Sin embargo, Reposo y Tavelli advirtieron que "no obstante, la empresa (bajo dominio de Clarín y La Nación), desoyendo lo señalado y advertido en todas las oportunidades posibles por estos síndicos, ha llevado adelante las reuniones de Directorio, de Comité Ejecutivo y de Auditoría, con autoridades que no son tales".

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=789323

Francia será el nuevo Gran Hermano

LA ASAMBLEA NACIONAL APROBO UN PROYECTO QUE HABILITA EL CONTROL POLICIAL DE LAS COMUNICACIONES

La ley sobre la información legaliza el derecho de los servicios secretos a acceder a los datos privados de las personas mediante la intercepción de las conversaciones en celulares e Internet y la instalación de micrófonos.



 Por Eduardo Febbro

Página/12 En Francia
Desde París
Lo ilegal se volvió legal, lo clandestino será autorizado como práctica de control policial de las comunicaciones telefónicas, las navegaciones en Internet o simplemente las grabaciones de conversaciones en una estación de trenes y todo sin control alguno del Poder Judicial. La Asamblea Nacional francesa votó mayoritariamente, 438 votos contra 86, el proyecto de ley sobre la información que apunta a acrecentar la lucha contra el terrorismo haciendo más o menos de cada ciudadano un ser humano potencialmente sospechoso. Si la ley pasa la barrera del Senado y del Consejo Constitucional, turistas o ciudadanos tendrán que tener mucho cuidado y no decir en un andén de metro, en la calle, en la red o por SMS “qué mina tan bomba” o “que tipo súper explosivo”. Entre otros dispositivos activados, estos términos pueden despertar la programada suspicacia de los algoritmos que, bajo forma de “cajas negras”, las empresas que suministran el acceso a la red estarán obligadas a instalar en sus sistemas. En suma, la ley sobre la información legaliza sin intervención judicial el derecho de los servicios secretos a acceder a los datos privados de las personas mediante la intercepción de las comunicaciones, los intercambios por Internet, la radiografía de los teléfonos celulares, la instalación de micrófonos en zonas privadas, la supervisión de los metadatos, la instalación de balizas en los autos y hasta el recurso a los llamados Imsi Catcher.
Esta gran oreja tecnológica permite que los servicios capten y graben los datos emitidos por teléfonos celulares y computadoras e incluso lo que pueda decir una persona dentro de un amplio radio de cobertura. El círculo de los Estados que vigilan a todo el mundo tiene un nuevo Big Brother en la familia, y éste no es cualquiera. Se trata de Francia, el país de las libertades, de la democracia idealizada, de los derechos humanos y de los derechos cívicos. Respaldada aparatosamente por la clase política, pero repudiada por amplios sectores de la sociedad civil, que la consideran “liberticida”, la ley es una respuesta a los atentados que sacudieron a Francia y al mundo a principios de enero, cuando unos jihadistas franceses que circulaban al margen de los radares policiales perpetraron la matanza contra el semanario satírico Charlie Hebdo y montaron el secuestro de decenas de personas en un supermercado kosher en el Este de París. En este contexto, la ley barre amplio. Los campos de acción que justifican la vigilancia se extienden a “la independencia nacional, la integridad del territorio y la defensa nacional”, así como a “la prevención del terrorismo” o los “intereses mayores de la política extranjera”, a la “prevención a los daños a la forma republicana de las instituciones”, el “crimen o la delincuencia organizada”, “los intereses económicos, industriales y científicos”.
Este amplio catálogo de cobertura preocupó a quienes ven en ese texto una amenaza contra los activistas o los manifestantes. En realidad, como ocurre en casi todo el mundo cuando se trata de los derechos digitales, la movilización ciudadana fue escasa. No hubo grandes marchas como si, lamentablemente, la lucidez acerca de la manera en que los Estados restringen derechos o violan los principios básicos en el ámbito digital sólo perteneciera a un grupo muy estrecho de militantes. Existe una indiferencia y una ignorancia colectivas muy, muy densas. La gente ve aún a Internet o los teléfonos celulares como juguetitos tecnológicos inofensivos, sin aceptar que son tan peligrosos como dejar una ventana abierta antes de irse de vacaciones.
Hubo sí fuertes antagonismos en los medios y una oposición liderada por grupos como Bajo Vigilancia, La Cuadratura del Net, Amnistía Internacional o Reporteros sin Fronteras. En un nivel más institucional, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) criticó la implementación de las “cajas negras” en los sistemas de las empresas que ofrecen acceso a la red. Este espía se encargaría de “detectar una amenaza terrorista sobre la base de un tratamiento automatizado”. Asimismo, Jacques Toubon, el defensor de los derechos, manifestó sus “reservas” mientras que la presidenta de la Cncdh (Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos), Christine Lazerges, apuntó el serio riesgo de que “se ponga en peligro el Estado de Derecho por medio de un desliz liberticida”. El sindicato francés de la magistratura y decenas de asociaciones expresaron la misma opinión, el mismo temor. El socialista Pouria Amirshahi, los conservadores Laure de la Raudière y Henri Guaino, el ecologista Sergio Coronado o la comunista Marie-George Buffet fueron, en el mundo político, los más perseverantes militantes contra esta ley. En algunos casos, el debate borró las fronteras políticas. Sergio Cornado, por ejemplo, observa que “los medios otorgados a los servicios de Inteligencia en nombre de la lucha antiterrorista serán, de hecho, utilizados para otras causas en un contexto muy borroso”.
La crítica central es que el concepto desarrollado por Francia funciona como la red de un pescador que se arroja al mar a ver si hay pescados. Es exactamente al revés de lo que hacían antes los servicios secretos: éstos partían de una fuente, de un individuo o de un grupo sospecho para, a partir de allí, ampliar las investigaciones. La ley es todo lo contrario: se espía a cualquier persona para ver si entre la multitud hay un sospechoso. Para eso servirán, por ejemplo, los metadatos, con los cuales se analizarán “los perfiles que hoy pasan inadvertidos” para “detectar futuros terroristas”. El otro escollo mayor radica en que el control de la vigilancia recae en manos de un organismo administrativo independiente, el Cnctr (Comisión Nacional de Control de las técnicas de espionaje). Esto implica que las autorizaciones para espiar no pasan por ningún tamiz judicial sino meramente administrativo.
Los socialistas franceses son decididamente modernos, muy liberales y ya conquistados por la idea de hacer de nuestros contactos con el mundo una cacería de terroristas y otros delincuentes. Por supuesto que a nadie le asombra: ni ésta ni ninguna ley contempla la vigilancia de los fabulosos flujos financieros que circulan en el mundo producto del crimen, el narcotráfico, la evasión fiscal o la especulación ladrona.
Ante el recrudecimiento de las críticas y el peso moral e intelectual de quienes las asumieron, el presidente francés, François Hollande, tomó una decisión inédita hasta hoy: prometió remitir el proyecto de ley al Tribunal Constitucional para que éste lo valide. No obstante, la geografía de la ley es tan amplia y los servicios de inteligencia tienen las manos tan libres que es lícito preguntarse qué pasará con un empresario que viene a hacer negocios a París y se comunica con la sede de su empresa.
¿No será acaso espiado en nombre de los “intereses económicos, industriales y científicos” de Francia? ¿Y las empresas instaladas en París que compiten con empresas francesas en el mercado internacional no son acaso un peligro para esos intereses? El impacto de la barbarie terrorista ha servido en bandeja la construcción de una ley totalmente asimétrica, sin garantías de que sus extensos medios no sean utilizados contra inocentes, sindicalistas, militantes por los derechos cívicos, científicos o empresarios de cualquier parte del planeta que, por una u otra razón, vienen a Francia. El Gran Hermano será en el futuro nuestro más celoso guardián.

DD.HH. :Informe anual del CELS

 INFORME DEL CELS SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

Con la idea de defender y profundizar

El organismo de derechos humanos advirtió sobre la necesidad de resguardar el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y sobre la falta de democratización de las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario.
 Por Ailín Bullentini

Una puja entre profundización y retroceso. Así figura a la situación de los derechos humanos en el país la nueva entrega del ya clásico informe anual que difunde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A partir del análisis tanto de cuestiones generales como de casos particulares, los profesionales que integran el equipo del organismo evaluaron que la “consolidación de los derechos humanos como eje central de las políticas públicas nacionales” que sucedió durante los últimos dos años debió convivir con la ausencia de reformas, la demora de la aplicación de avances legales y de retrocesos que “generan un límite que no se puede perforar”, concluyó el director ejecutivo de la institución, Gastón Chillier. El informe combina análisis y denuncia: repasa lo acontecido en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, las políticas de seguridad y cuestiones relativas a otros derechos que constituyen una “vida digna” y advierte que “para algunos sectores y en ciertos espacios geográficos, las políticas inclusivas del Estado se ven erosionadas por la acción represiva de las fuerzas de seguridad”.
El nuevo panorama del CELS, que en esta ocasión abarca lo acontecido entre 2013 y 2014 –el año pasado no fue publicado–, sale a la luz en el trigésimo quinto aniversario de la organización, que nació en la última dictadura cívico militar. El planteo divide el análisis general en tres partes: una dedicada al proceso de Memoria, Verdad y Justicia; otra que atiende a la materia de seguridad y sistema penal y una tercera que hace foco en los derechos económicos, sociales y culturales. Todas están construidas sobre una estructura argumentativa similar que plantea reflexiones sobre lo actuado, reconocimientos a lo logrado y advertencias respecto de lo que falta y se necesita, y que parte desde una base, la lucha del sector social: “Las transformaciones políticas económicas y sociales con mayor impacto en materia de derechos han sido producto de la articulación del activismo social y de las instancias estatales”, remarca el prólogo del texto. “La consolidación del proceso de justicia sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura irradió la atención hacia el conjunto de los derechos humanos en general, convirtiéndolo en un eje central de las políticas públicas nacionales”, puntualizó en diálogo con este diario Chillier, quien, no obstante, advirtió que en el mismo período surgieron “diferentes cuestiones que afectan a las políticas positivas de inclusión y protección de derechos”.
La vulneración de derechos humanos “se concentra sobre ciertos grupos y zonas”, denuncia el informe. La aún inexistente reforma de las fuerzas de seguridad, el retroceso de los discursos políticos a la demagogia punitiva, la persistente violencia institucional y la falla o ausencia de aplicación práctica de avances que la lucha histórica de organizaciones sociales ha logrado en el ámbito legal e institucional son algunos de los puntos que, en materia de derechos, “generan un límite que no se puede perforar”, apuntó el director ejecutivo.

Lesa humanidad

La “necesidad de resguardar y fortalecer” el proceso de Memoria, Verdad y Justicia “en las cercanías de un cambio de gobierno y ante fuerzas políticas que insisten en ubicarlo como un asunto del pasado” es una de las conclusiones más fuertes del análisis desarrollado por el CELS respecto de lo últimamente acontecido en el ámbito de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura. Pero no la única. Aunque advierte que “la producción de conocimiento sobre la complicidad de las estructuras civiles con la dictadura no ha tenido su correlato en el alcance de la persecución penal”, el informe apunta a la investigación de la responsabilidad de los civiles como uno de los avances “más significativos” del proceso. El otro es el juzgamiento de los delitos sexuales “como una violación específica de los derechos humanos”. También plantea que tales “pasos adelante conviven con la decisión del gobierno nacional de sostener a César Milani en su cargo (jefe del Ejército) y con la falta de celeridad y eficacia del Poder Judicial para confirmar las sentencias de los juicios que se llevan adelante”.

Seguridad y violencia

“Las estructuras de seguridad son las responsables de las peores violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro país y una de las principales deudas que no han sido saldadas en el ciclo de los gobiernos kirchneristas.” Así, corto y conciso, denuncia el organismo. El conflicto que describe el CELS en este ámbito abarca tanto a las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario, “campos particularmente resistentes a la democratización” para funcionarios, dirigentes y distintos espacios políticos, que “intensificaron discursos que proponen el endurecimiento penal como forma de reducir el delito”. “Una nueva ‘ola de inseguridad’ avanza en la agenda como una emergencia. Sin embargo, ni funcionarios ni referentes políticos abordan la cuestión indispensable del funcionamiento de las fuerzas de seguridad”, cuya ausencia “tiene consecuencias negativas en materia de prevención y control del delito y debilita la capacidad estatal para promover la inclusión social en los territorios”, sostiene el documento. Además, denuncia “la persistencia de la tortura” como una “situación crítica que en más de 30 años no ha sido resuelta” y hace especial hincapié en la demora de la implementación del Mecanismo de Prevención contra la Tortura, que aún aguarda la constitución de su comité nacional.

Tierra y vivienda

La falta de acceso a la vivienda y la inseguridad en la tenencia y carencia de servicios “necesarios para una vida digna” son, cuenta el CELS, la punta de un ovillo que acumula derechos vulnerados: se trata, describe el informe, de “un núcleo de desigualdad que no ha sido transformado por las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales”, que deberían “implementar medidas que privilegien el bien común por sobre los intereses especulativos que rigen el mercado inmobiliario”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index.html

MONSANTO NO SABE, NO CONTESTA

Argentina: estudio de la Universidad de Río Cuarto constata daños genéticos en niños expuestos al glifosato

glifosato ambiente





El estudio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, publicado en la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría, detectó que los chicos de la ciudad cordobesa de Marcos Juárez presentan casi un 55 por ciento más de anomalías que nenes no expuestos a plaguicidas.
En niños que viven cerca de lugares donde se fumiga con glifosato y otros plaguicidas se constataron daños genéticos, que podrían conducir a enfermedades como la leucemia y que ya estarían ocasionando síntomas como broncoespasmo y hemorragias nasales. La investigación –publicada en la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría– fue efectuada por la Universidad Nacional de Río Cuarto: en una muestra de chicos de Marcos Juárez, ciudad cordobesa “rodeada por cultivos”, se registró casi un 55 por ciento más de anomalías que en nenes no expuestos a plaguicidas. Las alteraciones genéticas son más en los chicos que viven a menos de 500 metros de las fumigaciones (límite permitido por la ley local) pero se detectan aun en chicos que viven a más de un kilómetro. Los resultados del estudio –en sintonía con estudios anteriores sobre trabajadores rurales– plantean varias cuestiones urgentes: a) la distancia de seguridad para agrotóxicos en zonas pobladas no se estaría cumpliendo; b) aun si se cumpliera, resultaría insuficiente, ya que se detectó daño aumentado en niños residentes a más de 1000 metros de las pulverizaciones; c) el pronto reconocimiento del problema permitiría encarar los problemas de salud de los niños ya afectados, ya que, según advierten los investigadores, los daños registrados “todavía pueden revertirse”.
La investigación fue publicada en Archivos Argentinos de Pediatría, firmada por Delia Aiassa, Nora Gorla, Alvaro Méndez, Fernando Mañas, Natalia Gentile y Natalí Bernardi, todos integrantes del grupo Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA), de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Los autores señalan que “no existen en la Argentina estudios que analicen los efectos genotóxicos producidos en los niños por la exposición a sustancias químicas”. El trabajo se propone examinar esos efectos para niños con exposición a plaguicidas por inhalación. El método utilizado es el “monitoreo genotoxicológico” que, a partir de células de la mucosa bucal, detecta daños genéticos y se viene aplicando en distintos países para poblaciones expuestas a agentes tóxicos.
Los investigadores estudiaron una muestra de 50 niños de Marcos Juárez, ciudad de 27.000 habitantes que “está rodeada por zonas cultivadas”; precisan que “los plaguicidas más utilizados en la zona son glifosato, en sus diferentes formulaciones líquidas o granuladas, y los insecticidas cipermetrina y clorpirifós en formulaciones líquidas”.
Las edades de los chicos de la muestra iban de los 4 a los 14 años, con una media de 9 años. Del total, 27 residían a menos de 500 metros de los lugares de aplicación de plaguicidas y 23 vivían a más de 500 metros (la ley provincial 9164 prohíbe la aplicación a menos de 500 metros de plantas urbanas). También tomaron, como grupo de control, 25 niños de la ciudad de Río Cuarto, residentes “por lo menos a 3000 metros de áreas de pulverización con plaguicidas” y “considerados no expuestos”. Así, el total de niños testeados fue de 75, 31 varones y 44 mujeres.
El ensayo se realizó en células de la mucosa bucal, obtenidas mediante hisopos estériles, como ya es habitual para análisis de ADN. Para cada niño se levantó “una historia clínica ambiental que interrogó sobre datos demográficos, tipo de exposición a plaguicidas, patologías, síntomas persistentes y estilo de vida”.
Analizados los resultados, “se encontró una media de 5,20 micronúcleos (indicadores de daño genético) cada mil células en las muestras de Marcos Juárez contra 3,36 cada mil en las de Río Cuarto” (un 55 por ciento más). Particularmente en el muestro efectuado en marzo/abril –al cabo de pulverizaciones continuas que duran de cuatro a seis meses–, el indicador de daño genético en niños de Marcos Juárez se eleva a 5,78 micronúcleos cada mil células.
Y hay más. Los investigadores compararon el daño genético en chicos que viven hasta 500 metros de las pulverizaciones con el daño en chicos que viven hasta 1095 metros, ya por fuera del límite legal de seguridad, y encontraron que “la frecuencia de micronúcleos no muestra diferencias significativas” con los que viven más cerca: “Tratándose de una ciudad relativamente pequeña, este resultado pone de manifiesto que las pulverizaciones podrían alcanzar, por vía aérea, a toda la localidad, y que la población se encuentra sometida a una exposición extremadamente alta y continua, dado que vive rodeada por los cultivos. Debería tomarse en cuenta este dato al momento de establecer resguardos ambientales en localidades que se encuentren rodeadas de cultivos donde se pulveriza”.
Los investigadores señalan que “el marcador utilizado detecta un nivel de daño que todavía es reversible”, lo cual “permite tomar las medidas necesarias para disminuir o suprimir la exposición al agente tóxico y de ese modo disminuir o prevenir el riesgo de desarrollar neoplasias (cánceres) y otras alteraciones patológicas”.

SALIDA AL MAR DE BOLIVIA

Gabriel Salazar, historiador y profesor de la Universidad de Chile: “De qué soberanía hablamos cuando entregamos la riqueza a los extranjeros en masa”


Por Gonzalo Castillo
El Premio Nacional de Historia 2006 se refirió a los alegatos que sostienen Chile y Bolivia en La Haya por el diferendo marítimo. En este sentido, señaló que nuestro país debe entender que los procesos históricos generan transformaciones en todo ámbito, por lo que plantea la necesidad de que en aras de una integración plena en Latinoamérica, los tratados sean susceptibles de ser revisados y actualizados.
A partir de las 5 de la mañana, hora chilena, el equipo jurídico de Bolivia en La Haya comenzará con sus alegatos en los que presentará sus argumentos para sostener la competencia de la Corte Internacional de Justicia para conocer del diferendo marítimo con Chile.
Mientras se discuten los alcances y elementos jurídicos que rodean dicho proceso, en Santiago el historiador y profesor de la Universidad de Chile, Gabriel Salazar sostiene que es necesario que así como las leyes y Constituciones, los tratados entre distintos Estados sean materia de actualización y revisión para adaptarlos a las distintas circunstancias históricas que se van presentando conforme pasa el tiempo, y no deben ser considerados de manera rígida.
Además, el Premio Nacional de Historia 2006, señala que es incongruente por parte de Chile hablar de soberanía, en momentos en que gran parte de nuestros recursos y riquezas son entregados de manera expedita a intereses extranjeros.
Chile ha basado su argumentación sobre el diferendo marítimo con Bolivia en la intangibilidad de los tratados, y en general en el ámbito jurídico. ¿Es sostenible proyectar en el tiempo ese argumento?
Así como también las constituciones políticas tiene que ser también eliminadas para dictar nuevas, como estamos viviendo ese proceso en Chile, creo que la legalidad tiene una vigencia determinada, históricamente acotada, y lo mismo vale para los tratados. Yo creo que el tratado de 1904 y todos los tratados que se firmaron con Perú y Bolivia, después de la guerra del Pacífico, son tratados que, de alguna manera, establecieron las condiciones del vencedor de la guerra, y establecieron un aparente statu quo, un tratado de paz, en el fondo, para que no continuara la guerra, pero tendía a consolidar y rigidizar un estado de cosas que no podía ser, sino transitorio. Bolivia y Perú fueron derrotados, y en esa condición tuvieron que firmar los tratados respectivos, y perdieron lo que perdieron. Pero eso tiende a cambiar con el tiempo. Las fronteras fijadas de esa manera, están acotadas a una situación determinada, y con el correr del tiempo, pienso yo, como historiador, la historicidad exige muchas veces, que esos tratados sean revisados, y sean actualizados, porque la condición de vencedor/vencido, es una situación del momento, es epocal, digamos diez o veinte años, pero no eterna.
Entonces creo que el alegato chileno en La Haya es un alegato que se aferra a la permanencia perpetua de los tratados, entonces tiene la debilidad justamente de que no reconoce que los procesos históricos van cambiando y se van transformando en el tiempo, y a la vuelta de ciento y pico años es evidente que las condiciones entre Chile y Bolivia han cambiado. Creo que por ese lado el alegato chileno es muy patriotero, quiere rigidizar las cosas y mantener la condición de vencedor en el tratado, y eso creo que está un poco en el aire, porque las cosas cambian y requieren que todas las leyes deban ser actualizadas en algún momento.
¿Qué le parece la estrategia de Bolivia de llevar su demanda marítima a la Corte Internacional de Justicia de La Haya?
La estrategia de Bolivia, pienso yo como historiador, está bien concebida desde el punto de vista que ella,acoge lo que estaba planteando, es decir que los tratados necesitan ser revisados, después de cien años en que las cosas cambian. Ahora es un hecho real, concreto y rotundo, que Bolivia se quedó sin mar después de esa guerra y de ese tratado. Y en este mundo actual, que está globalizado, donde las comunicaciones son ultra rápidas, internet, el mundo está convertido en una aldea. Y mientras más globalizado estemos, mientras más aldea mundial seamos, las fronteras valen menos, como en Europa. En Europa existen las fronteras y se respetan los tratados, pero la gente pasa y traspasa encima por un tema de la ciudadanía de toda la Unión Europea. Entonces es realmente inconcebible que en América Latina, en donde todos somos hispanoamericanos, hablando el mismo lenguaje, tenemos la misma memoria, la misma tradición, no tengamos una unidad como país que relativice la importancia de las fronteras, y yo creo que desde esa perspectiva de un mundo globalizado, de países vecinos que necesitan interpenetrarse e integrarse para producir su desarrollo común, necesitan revisar sus tratados a efectos de lograr esa unidad. No es cuestión de darle soberanía a Bolivia y nosotros quedamos menoscabados, eso es un lenguaje decimonónico. Creo que ahí radica la debilidad chilena, los bolivianos tienen la ventaja de que están pidiendo la actualización de un tratado en función de razones válidas, que en rigor son válidas.
¿El general de la sociedad chilena tiende a identificarse con el discurso o visión de las élites sobre el tratamiento de los problemas entre Chile y Bolivia, tanto en los tiempos de la guerra del Pacífico como cada vez que resurge este tema?
Sí y no. Porque es un hecho que el Ejército que ganó la guerra del Pacífico, o los ejércitos que ganaron la guerra, estaban compuestos de rotos, y los rotos en esa guerra no perdían ni ganaban nada. Simplemente ellos los llevaron para pelear y murieron por miles y miles, y los que se beneficiaron fueron, en definitiva, la élite empresarial chilena y la élite empresarial inglesa, con otras nacionalidades que estaban involucradas en la cuestión del salitre. Fue una especie de capital internacional que se fue metiendo ahí, con mayoría inglesa y con minoría chilena, en última instancia. Entonces, los rotos, de hecho, combatieron por principios y conveniencias que no eran las de ellos, sino de las élites, e incluso élites internacionales. Y dieron la sangre, y ganaron la batalla y se prestigiaron como ejército de rotos, por eso el Ejército chileno, después de la guerra del Pacífico, quedó prestigiado a los ojos de los mismos rotos, porque ellos ganaron esa guerra, eso está claro. Todas las descripciones de las batallas nos revelan que gracias al empuje de los rotos, los mineros, se obtuvo esa victoria. Entonces, pasa que el pueblo chileno se prestigió a sí mismo, a través del Ejército en esa guerra, y en esa medida, al prestigiarse a sí mismos, también le dio el apoyo a la élite, entonces eso es complicado, por un lado, porque las glorias del Ejército, que son las glorias del Ejército de rotos, son las de Chile y nadie quiere negar esas glorias, pero en la práctica, más allá de la guerra, más allá de los intereses capitalistas, en el norte de Chile conviven peruanos, bolivianos, chilenos y tenemos peruanos aquí en grandes cantidades en Santiago, estamos cada día comiendo más cocina peruana. Entonces, lo que pasa es que hay integración real de los pueblos, pero no de los Estados, y no de las élites que se agarran de los Estados, y lo que pasa en Bolivia y con su pueblo es que es obvio que ellos no tienen mar, y les duele que les hayan quitado la provincia que tenía acceso al mar, entonces el pueblo boliviano apoya, en ese sentido, las pretensiones del Estado boliviano, pero eso no significa que se identifiquen con las élites. Es un problema real para el país, sin lugar a dudas. La cosa tiene muchos bemoles. Un historiador social tiene que preocuparse de todos los aspectos del problema, y no sólo del tratado en sí. Hay que recordar que en esa época Chile entregó soberanía gratuitamente. La patagonia, la puna de Atacama, y ese tema no se toca en Chile.
Qué le parece que se hable de soberanía marítima, en momentos en que en Chile el mar está prácticamente privatizado
Hablamos mucho de soberanía chilena sobre el territorio, pero resulta que la soberanía nacional, por ejemplo sobre el agua, el agua está privatizada, entonces dónde está la soberanía ahí. Poco a poco los ríos están siendo privatizados. El cobre de hecho está privatizado, a pesar de que una parte es de Codelco, pero la mayoría está en manos extranjeras. Entonces qué tanto hablamos de soberanía, cuando estamos entregando la riqueza de este país a los extranjeros en masa. Hasta la educación. Están apareciendo universidades extranjeras dentro de Chile que se están apoderando de ciertos procesos educativos. Hay incongruencias en todos estos planteamientos. Yo creo que la frase del Presidente boliviano fue muy buena, “qué tanto hablan ustedes de una democracia dinámica si no hay cambiado la Constitución de Pinochet”, lo encontré genial.
En una entrevista hace algún tiempo, usted mencionó que Chile, teniendo un amplio litoral, debería ser capaz de entregar alguna porción a Bolivia. 
Mirado históricamente, el tema de la costa, también es un contrasentido, porque Chile con 4 mil 200 kilómetros de costa, ya a comienzos del siglo XIX, 1830 por ejemplo, cuando no estaba el canal de Panamá, ni se podía navegar mucho por el cabo de Hornos, Chile era el país de la costa del Pacífico que podía haber estado destinado a conquistar los mercados del Pacífico: China, Japón, Filipinas, la India al frente. Por tanto, la vocación de un país que tiene 4 mil 200 kilómetros de costa es una vocación marítima. Y Chile estaba destinado, por ubicación geográfica e histórica, en ese tiempo, a conquistar el Pacífico, pero no. Los gobiernos de Portales, de ese período, les entregaron el Pacífico a los ingleses, y le convirtieron a Valparaíso en la base de operaciones para que los ingleses conquistaran el Pacífico, en cambio Portales y compañía se preocuparon de quitarles un par de provincias a los peruanos y bolivianos. Entonces, no utilizaron la costa como un criterio para desarrollar el país, porque fue una conquista territorial tierra adentro la que se hizo hacia el norte. Entonces seguimos teniendo 4 mil 200 kilómetros de costa más todavía que en 1830, y qué más da que los bolivianos tengan un territorio para poner un puerto para embarcar y desembarcar su mercadería. Hay una serie de contrasentidos en nuestra historia. Si hubiéramos sido un país marítimo y que ocupamos toda la costa porque dominamos el Pacífico, te creo. No les demos ni un milímetro de costa a nadie. Pero no, este es un país de vocación terrícola. Si hasta Agustín Edwards cuando se viste de chileno se pone un ponchito de huaso.