En los Tribunales de Callao
La jueza de primera instancia en lo Comercial N° 26 María Cristina O'Reilly citó a los accionistas privados y estatales de Papel Prensa a una nueva audiencia de conciliación para analizar el funcionamiento operativo de la compañía. La convocatoria fue prevista para el próximo 6 de mayo por la mañana en la sede de los tribunales de Callao 635.
O'Reilly es la magistrada a cargo de interceder entre los representantes de los diarios Clarín y La Nacióny los directores estatales, que hoy siguen enfrentados por las múltiples irregularidades denunciadas contra los dueños privados por el manejo de la papelera.
Sistemáticamente, desde 2010 el Estado nacional denuncia la injerencia ilegal de Clarín y La Nación en la conducción de empresa, lo que provoca una falta de equilibrio entre los órganos societarios. Según el último informe de la Comisión Fiscalizadora (CF) al que accedió ámbito.com, los accionistas privados fueron denunciados por permitir Incompatibilidades de los miembros del Comité de Vigilancia y de la propia CF; por obstaculizar las tareas de la CF; por la falta de funcionamiento del Comité Ejecutivo; por la ausencia de un Plan Estratégico y de Inversiones para la compañía; por la falta de independencia del titular de la función de auditoría interna; por debilidades en la política de recursos humanos y por la venta privilegiada a precios por debajo del costo de papel a sus empresas relacionadas, en detrimento de los demás clientes y los accionistas minoritarios.
Sin voluntad para intervenir judicialmente a la empresa, la jueza debe intentar acercar las posiciones y dar cumplimiento a lo acordado en otra audiencia celebrada el 3 de octubre de 2011. En esa reunión, todos los accionistas se comprometieron ante O'Reilly a que los órganos societarios "continúen funcionando armoniosamente y en forma regular, sin sufrir las continuas impugnaciones de las que han sido objeto por el Estado nacional". Por ese motivo, la magistrada propuso que "se mantenga el 'status quo', respecto de las autoridades del Estado nacional" designadas en el directorio de Papel Prensa.
Los responsables del informe de la CF, los síndicos Daniel Reposo y Agustín Tarelli, impugnaron fehacientemente cada uno de los actos y nombramientos fraudulentos que cometieron Clarín y La Nación y se descarta que lo volverán a hacer tras la nueva audiencia. Para los fiscalizadores, la decisión de administrar la empresa sin cumplir la ley de sociedades comerciales ni el estatuto social "denota una conducta obstinada e indiferente por parte de los que ocupan los cargos de manera irregular, ejerciendo actos de manera indiscriminada en claro perjuicio de la sociedad, efectuando convocatorias y celebrando reuniones de los distintos órganos societarios en ese marco de irregularidad".
Según consta en el informe último de gestión, en 2013 se impugnaron 55 convocatorias y reuniones de directorio y comité ejecutivo; en 2014 fueron 24 y en lo que va del año al menos dos. "Se objetan las reuniones y se insta al Presidente del Directorio, que hasta tanto no se encuentre regularizada la integración y funcionamiento de los distintos órganos societarios, los mismos deberán abstenerse de adoptar medidas que puedan implicar un perjuicio a la integridad del patrimonio de la Sociedad", justifican.
Sin embargo, Reposo y Tavelli advirtieron que "no obstante, la empresa (bajo dominio de Clarín y La Nación), desoyendo lo señalado y advertido en todas las oportunidades posibles por estos síndicos, ha llevado adelante las reuniones de Directorio, de Comité Ejecutivo y de Auditoría, con autoridades que no son tales".
Sistemáticamente, desde 2010 el Estado nacional denuncia la injerencia ilegal de Clarín y La Nación en la conducción de empresa, lo que provoca una falta de equilibrio entre los órganos societarios. Según el último informe de la Comisión Fiscalizadora (CF) al que accedió ámbito.com, los accionistas privados fueron denunciados por permitir Incompatibilidades de los miembros del Comité de Vigilancia y de la propia CF; por obstaculizar las tareas de la CF; por la falta de funcionamiento del Comité Ejecutivo; por la ausencia de un Plan Estratégico y de Inversiones para la compañía; por la falta de independencia del titular de la función de auditoría interna; por debilidades en la política de recursos humanos y por la venta privilegiada a precios por debajo del costo de papel a sus empresas relacionadas, en detrimento de los demás clientes y los accionistas minoritarios.
Sin voluntad para intervenir judicialmente a la empresa, la jueza debe intentar acercar las posiciones y dar cumplimiento a lo acordado en otra audiencia celebrada el 3 de octubre de 2011. En esa reunión, todos los accionistas se comprometieron ante O'Reilly a que los órganos societarios "continúen funcionando armoniosamente y en forma regular, sin sufrir las continuas impugnaciones de las que han sido objeto por el Estado nacional". Por ese motivo, la magistrada propuso que "se mantenga el 'status quo', respecto de las autoridades del Estado nacional" designadas en el directorio de Papel Prensa.
Los responsables del informe de la CF, los síndicos Daniel Reposo y Agustín Tarelli, impugnaron fehacientemente cada uno de los actos y nombramientos fraudulentos que cometieron Clarín y La Nación y se descarta que lo volverán a hacer tras la nueva audiencia. Para los fiscalizadores, la decisión de administrar la empresa sin cumplir la ley de sociedades comerciales ni el estatuto social "denota una conducta obstinada e indiferente por parte de los que ocupan los cargos de manera irregular, ejerciendo actos de manera indiscriminada en claro perjuicio de la sociedad, efectuando convocatorias y celebrando reuniones de los distintos órganos societarios en ese marco de irregularidad".
Según consta en el informe último de gestión, en 2013 se impugnaron 55 convocatorias y reuniones de directorio y comité ejecutivo; en 2014 fueron 24 y en lo que va del año al menos dos. "Se objetan las reuniones y se insta al Presidente del Directorio, que hasta tanto no se encuentre regularizada la integración y funcionamiento de los distintos órganos societarios, los mismos deberán abstenerse de adoptar medidas que puedan implicar un perjuicio a la integridad del patrimonio de la Sociedad", justifican.
Sin embargo, Reposo y Tavelli advirtieron que "no obstante, la empresa (bajo dominio de Clarín y La Nación), desoyendo lo señalado y advertido en todas las oportunidades posibles por estos síndicos, ha llevado adelante las reuniones de Directorio, de Comité Ejecutivo y de Auditoría, con autoridades que no son tales".
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=789323
