Camila Vollenweider CELAG24 de Mayo de 2015
Los próximos días serán de gran trascendencia para el futuro mediato del gobierno de Dilma Rousseff. Tras la ajustada aprobación en Diputados de las medidas más importantes del programa de ajuste fiscal el 6/5 y del proyecto de regulación de la fuerza de trabajo tercerizada el 22 del pasado mes de abril, ambos proyectos están ahora en manos del Senado. Lo que se acabe definiendo, así como el mapa de apoyos políticos que sustenten el resultado, son elementos clave para analizar los posibles escenarios a los que tendrá que hacer frente el gobierno en un futuro próximo.
Las tensiones en torno del proyecto de reglamentación del trabajo tercerizado. El pasado 22 de abril, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley sobre regulación del trabajo tercerizado propuesto por el Poder Ejecutivo. El proyecto aprobado sufrió sustanciales modificaciones durante los debates en el recinto. Originalmente, el texto promovía la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados aplicables exclusivamente a los trabajadores de actividades complementarias para las empresas privadas como limpieza, seguridad y transporte, pero el proyecto aprobado en diputados extendió, contra la voluntad del PT, esta reglamentación a todos los que trabajan en actividades finales. Asimismo, aumenta la posibilidad de las empresas de recurrir a las tercerizaciones, para reducir los costos laborales. No es un dato menor que hoy, en Brasil, hay 12 millones de trabajadores tercerizados.
El proyecto aprobado finalmente por Diputados ha suscitado el rechazo no sólo de las distintas organizaciones sindicales, sino de la propia presidenta y del PT en su mayoría. Durante sus alocuciones en las redes sociales para conmemorar el Día del Trabajador, Rousseff criticó duramente las modificaciones, señalando que el objetivo original de la propuesta había sido desvirtuado hasta tornarlo en una medida de precarización que beneficiaría exclusivamente al sector empresarial, cuyo lobby fue constante y sonante en los pasillos del Congreso. No queda claro todavía cuál será la resolución del Senado al respecto. Si aprueba el proyecto enviado desde Diputados tal como se definió, la única alternativa disponible para frenarlo es el veto presidencial. En caso de que la propuesta fuese vetada en alguno de sus artículos, deberá regresar a Diputados y el gobierno tendrá que retomar las negociaciones con los legisladores de sus partidos aliados. Si el que se abre es el escenario del veto, la presidenta tendrá que evaluar los costos políticos de darle curso o rechazar la ley. Si decidiese vetar la medida, cuenta con el apoyo de su partido, del ex presidente Lula –quien centró en este tema su discurso público del 1 de Mayo–, y de las centrales obreras afines y no afines al gobierno (CUT, MST y otras). Darle curso a la ley posiblemente agradaría a los sectores empresariales, pero su fortaleza política mermaría aún más.
El ajuste fiscal. Una propuesta con escaso consenso popular. La propuesta de ajuste fiscal emanada del gobierno federal (Medida Provisoria 665) aprobada el 6/5 y ratificada al día siguiente tras el rechazo a algunas enmiendas, cuenta aun con menos apoyo entre sus bases legislativas, partidarias y gremiales. Esta medida apunta a recuperar la confianza de los inversores y corregir el desbalance fiscal del Estado mediante la reducción de derechos y beneficios de la seguridad social. Principalmente, estas medidas retrasan la antigüedad necesaria para acceder al seguro de desempleo. Hasta ahora, ese derecho era adquirible a partir de los 6 meses de trabajo, lo aprobado recientemente establece un mínimo de 12 meses (aunque el proyecto original enviado al Congreso era de 18 meses como mínimo).
Si bien ninguno de los dos proyectos ha contado con apoyos generalizados ni incondicionales dentro del PT y los partidos y sindicatos afines al gobierno, el plan de ajuste ha suscitado aún más rechazos. Las negociaciones acontecidas los días previos a la votación del día de ayer fueron arduas, no sólo con los diputados del principal partido aliado del gobierno en el Congreso (PMDB) sino dentro de las filas del mismo PT. Una primera tanda de medidas de ajuste fue aprobada ayer (6/5), pero con muy poco margen, obteniendo 252 votos a favor y 227 en contra. En la misma sesión, los diputados aprobaron una enmienda constitucional que impide a la Presidenta designar nuevos ministros en la Corte Suprema.
Balance.
El gobierno de Rousseff se encuentra en una situación políticamente muy compleja. Si bien en las últimas semanas las protestas sociales en torno de los notorios casos de corrupción que involucran a funcionarios gubernamentales, legisladores y altos cargos de los distintos partidos han disminuido su voltaje –resonando hoy sólo los dispersos panelaços (caceroladas) y el recuerdo de la última marcha opositora del domingo 12/4, que tuvo una convocatoria mucho menor a la esperada–, la crisis política no deja de ser preocupante.
Un análisis aparte merecen los intentos desestabilizadores de parte del poder judicial, las corporaciones mediáticas y los partidos conservadores más o menos antidemocráticos. Pero lo cierto es que la gestión Rousseff en estas próximas semanas no puede permitirse errores políticos que continúen socavando su apoyo popular. En la actual coyuntura, cuando conviven importantes déficits gemelos, fiscal y comercial, junto a sonados casos de corrupción y movilizaciones populares, la principal fortaleza del gobierno ha de ser, justamente, su poder de negociación con los partidos y sindicatos. También su poder para regular e intervenir en sectores productivos y financieros que actualmente reclaman mayor liberalización. Estas capacidades y poderes sólo pueden recuperarse volviendo a las bases ideológico-políticas que avalaron la continuidad del PT en el gobierno unos meses atrás. Sólo recuperando el apoyo de las mayorías trabajadoras podrá este gobierno sortear los duros embates de las élites locales y externas. El anuncio de una huelga general de los principales gremios, sindicatos y movimientos sociales para el 29 de mayo, reclamando el cese de que el peso del ajuste recaiga sobre los trabajadores era previsible y no es un buen augurio en los escenarios futuros si el gobierno mantiene este rumbo.
http://www.miradasalsur.com.ar/nota/11285/dilma-y-sus-dilemas
Un análisis aparte merecen los intentos desestabilizadores de parte del poder judicial, las corporaciones mediáticas y los partidos conservadores más o menos antidemocráticos. Pero lo cierto es que la gestión Rousseff en estas próximas semanas no puede permitirse errores políticos que continúen socavando su apoyo popular. En la actual coyuntura, cuando conviven importantes déficits gemelos, fiscal y comercial, junto a sonados casos de corrupción y movilizaciones populares, la principal fortaleza del gobierno ha de ser, justamente, su poder de negociación con los partidos y sindicatos. También su poder para regular e intervenir en sectores productivos y financieros que actualmente reclaman mayor liberalización. Estas capacidades y poderes sólo pueden recuperarse volviendo a las bases ideológico-políticas que avalaron la continuidad del PT en el gobierno unos meses atrás. Sólo recuperando el apoyo de las mayorías trabajadoras podrá este gobierno sortear los duros embates de las élites locales y externas. El anuncio de una huelga general de los principales gremios, sindicatos y movimientos sociales para el 29 de mayo, reclamando el cese de que el peso del ajuste recaiga sobre los trabajadores era previsible y no es un buen augurio en los escenarios futuros si el gobierno mantiene este rumbo.
http://www.miradasalsur.com.ar/nota/11285/dilma-y-sus-dilemas
