La Fiscalía de Ecuador acusó este jueves a 39 militares de atentar contra la seguridad del Estado durante la revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010 (30-S).
A los uniformados se los vincula con las protestas realizadas en los exteriores del Ministerio de Defensa, en el centro de Quito, mientras se desarrollaban los desmanes de policías en otros puntos de la capital y del país, informó la Fiscalía en un comunicado.
Esa entidad sostiene que los militares “habrían atentado contra la seguridad interior del Estado, pues el Complejo del Ministerio de Defensa Nacional es considerado un bien estratégico”.
En la audiencia preparatoria de juicio que se desarrolló entre el miércoles y este jueves, el fiscal de la causa, Iván Ron, se abstuvo de acusar a otros 50 uniformados que fueron vinculados al proceso inicialmente.
Ron aportó como elementos de convicción pericias de audio y video, de identificación de personas, testimonios, versiones, información administrativa proporcionada por el Midena, informes investigativos, entre otros.
Se espera que en los próximos días, el juez Raúl Salgado emita su resolución para conocer a cuántas personas llamará a juicio.
El 30 de septiembre de 2010, un grupo de policías se sublevaron inicialmente reclamando mejoras en temas laborales, pero después las protestas derivaron en acciones violentas que pusieron en riesgo la vida del presidente Rafael Correa. El mandatario fue retenido en un hospital policial y fue necesaria la intervención del Ejército para rescatar al jefe de Estado.
Los hechos dejaron un saldo de 10 personas fallecidas y al menos 300 heridas entre civiles, policías y militares.