29 may 2015

Señores gordos de traje y escritorio

LA PLETORICA VIDA DE LOS DIRIGENTES IMPUTADOS


 Por Gustavo Veiga

Podría decirse hoy que Daniel Osvaldo tenía razón. Que los “cinco gordos de traje en un escritorio” –que según el delantero de Boca le robaron la clasificación a su equipo en la Conmebol– son el modelo de dirigentes involucrados en el escándalo que corroe a la FIFA. El uruguayo Eugenio Figueredo tiene 83 años y está preso en Suiza. Goza de doble nacionalidad. Es estadounidense igual que su esposa boliviana. La mujer es dueña de una cantera en Los Angeles y todavía no pudo comunicarse con él. Un viejo amigo del ex presidente de la Confederación Sudamericana le cuenta a Página/12 que “solía invertir en emprendimientos inmobiliarios desde el pozo”. Ya no lo puede hacer.
Tampoco puede ocuparse de sus barcos pesqueros y su emporio comercial en la Isla Margarita Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol hace 28 años. Nacido en Tenerife, islas Canarias, este dirigente regordete dio el peso –según la teoría de Osvaldo– para uno de los negociados más espurios con fondos de la propia FIFA: el centro deportivo donde se entrena y aloja la selección de su país se edificó sobre un terreno de su propiedad y que le vendió a la Federación que él mismo dirigía.
Figueredo y Esquivel son apenas dos arquetipos de esos señores entre septuagenarios y octogenarios que gobiernan el fútbol mundial. Un referente de ambos, Nicolás Leoz, el ex presidente de la Conmebol con cara de abuelito reblandecido, hoy se sabe que vivió de presuntas coimas entre 1993 y 2011 por cada Copa América que se disputó. El diario ABC Color de Asunción informó el miércoles que “Estados Unidos realizó la investigación porque estos pagos se realizaban a través de un banco, el Delta National Bank del estado de Florida. La Conmebol recibía el dinero a través del Banco do Brasil, en Asunción. La acusación detalla cada una de las transferencias que se recibieron en Asunción”.
La cadena de delitos que investiga un tribunal federal de Nueva York ya atravesó al menos tres décadas. Cuando se decidió otorgarle la candidatura para organizar el Mundial 2002 a Corea y Japón, Julio Grondona, el hombre con más ascendiente sobre Joseph Blatter, dijo ante dos testigos –uno de ellos representante del cuerpo diplomático argentino– “un voto acá vale cinco millones de dólares”. La anécdota está contada en el libro Fútbol limpio, negocios turbios (Agora, 2002), que escribió el autor de estas líneas.
Las coimas de la FIFA dejaron de ser una anécdota. Se transformaron en el caso de corrupción más grande de la historia del fútbol mundial. Si antes no tuvieron demasiada visibilidad o credibilidad las denuncias, fue gracias al silencio de una gran parte de la prensa deportiva y a esos señores gordos a los que aludió Osvaldo en Twitter. Sabían cómo llevar una buena vida y ocultarla de miradas indiscretas hasta que estalló el escándalo.
La AFIP denunció a los prófugos del escándalo FIFA
Los tres argentinos están imputados en la investigación a dirigentes y empresarios ligados a la FIFA por coimas y pagos ilegales de comisiones. La denuncia incluyó a las firmas que esos hombres encabezan: Torneos y Competencias y Full Play.
La AFIP denunció penalmente por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y su hijo Mariano. Los tres argentinos están imputados en la investigación a miembros de la FIFA por coimas y pagos ilegales de comisiones por 150 millones de dólares promovida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esa dependencia del gobierno estadounidense solicitó formalmente el miércoles la detención y extradición de los hombres de negocios. Ayer, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó el pedido de eximición de prisión para los empresarios. La presentación judicial de la AFIP también incluyó a las firmas que esos hombres de negocios encabezan: Torneos y Competencias (TyC) y Full Play. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que el Gobierno podría solicitar la intervención judicial de TyC (ver aparte) donde además de Burzaco también son accionistas las empresas Directv Latin America, DLN Offshore Partners, Esteban Antonio Nofal e Inversora de Eventos SA, propiedad del Grupo Clarín.
El miércoles se conoció una acusación del Departamento de Justicia norteamericano contra directivos de la FIFA y empresarios vinculados al negocio del fútbol involucrados en un amplio listado de hechos de corrupción. La investigación fue posible gracias a Chuck Blazer, un ex directivo de la Concacaf que colaboró con el FBI para disminuir su condena luego de ser hallado culpable en 2013 de diferentes delitos, desde evasión fiscal hasta blanqueo de dinero y conspiración. La denuncia, que ya llevó al arresto de siete directivos del fútbol mundial, acusa al fallecido presidente de la AFA y número dos de la FIFA, Julio Humberto Grondona, de recibir sobornos millonarios por la cesión de los derechos televisivos de la Copa América.
Con abundante evidencia, el informe de las imputaciones sostiene que la empresa Datisa, formada por TyC, la compañía Full Play de los Jinkis y la brasileña Traffic, “acordó pagar 100 millones de dólares en sobornos a dirigentes de la Conmebol –quienes eran dirigentes de la FIFA– a cambio del contrato 2013 de la Copa América: 20 millones por la firma del contrato y 20 millones por cada una de las cuatro ediciones (2015, 2016, 2019 y 2023). Cada pago sería dividido entre los receptores de la siguiente manera: tres millones para cada uno de los tres máximos dirigentes de la FIFA (el presidente de la Conmebol y los presidentes de las federaciones brasileña y argentina)”.
La AFIP radicó ayer su denuncia en la Justicia local contra los individuos físicos y jurídicos argentinos comprometidos en la causa. Busca determinar “el correlato local de las imputaciones efectuadas por la autoridad extranjera” ya que los actos investigados en Estados Unidos incluyen “la ocultación y sustracción de la tributación correspondiente a las operaciones de contenido patrimonial entre particulares”.
La demanda recayó en el Juzgado Penal Tributario Nº 2 a cargo de Diego García Berro. Desde el organismo fiscal rechazaron que la denuncia busque proteger a los imputados al impedir su extradición. Enfatizan, en cambio, que están obligados a denunciarlos ya que los hechos investigados en Estados Unidos “tienen un correlato inexpugnable en la comisión de delitos de evasión fiscal, asociación ilícita y encubrimiento de activos provenientes de actividades ilícitas”.
El organismo que encabeza Ricardo Echegaray solicitó al juez que se libren exhortos a las autoridades norteamericanas “con el fin de certificar los hechos objeto de imputación, las circunstancias en las cuales se realizaron, los sujetos intervinientes, las hipótesis de investigación y la prueba colectada”.
La denuncia de la AFIP suma información sobre los imputados. Los Jinkins controlan la empresa Full Play, dedicada al marketing deportivo y posee los derechos de televisación de la mayoría de las selecciones sudamericanas y algunas de la Concacaf. Además de encabezar la compañía, Hugo y Mariano participan en sociedades radicadas en España (Futbolesp y Full Play) y Panamá (Calcio One). Padre e hijo tienen su domicilio fijado en Montevideo. Por eso también se solicita el pedido de información a esas jurisdicciones. Sobre Burzaco, hermano de Eugenio, el ex jefe de la Policía Metropolitana, la presentación judicial agrega información sobre sus propiedades inmuebles en Pilar, Punta del Este y Capital Federal donde la valuación fiscal es superior al valor declarado del inmueble.
“La FIFA nunca colaboró con la transparencia fiscal del fútbol. Mediante una nota, el 30 de abril de este año (que fue recibida el 11 de mayo), reiteramos nuestro pedido al presidente de la entidad, Joseph Blatter, por la falta de colaboración de la FIFA ya que, y a pesar de los compromisos asumidos, no le dio a la AFIP la posibilidad de obtener acceso al Registro de Transferencia de Jugadores”, señalo Echegaray.
Blatter se había comprometido con Echegaray, en marzo del año pasado en Zurich, a instrumentar un proceso para que la autoridad fiscal pueda obtener información del sistema TMS. Esto le hubiera permitido al organismo obtener información detallada sobre los verdaderos valores de las operaciones de compraventa de futbolistas y restringir las maniobras de evasión impulsadas por los hombres de negocios del fútbol. En aquel encuentro participó también el extinto mandamás de AFA y número dos de la FIFA.