Bruselas encierra un botín de oro para quienes tratan de influir en la política. Con tres instituciones —la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo— que elaboran normas para toda Europa y una nutrida representación de los 28 Estados miembros, la capital belga alberga a miles de lobbistas. El registro de transparencia de la Comisión y el Parlamento recoge a 7.567, aunque la inscripción es voluntaria y los expertos subrayan que los grupos de presión están infraestimados.
Al igual que en Estados Unidos, las empresas tecnológicas figuran entre las que más dinero invierten en tratar de condicionar las políticas públicas. Microsoft figura a la cabeza, con una cantidad entre 4,5 y 4,9 millones de euros. En el mismo rango se sitúan petroleras como Exxon Mobil y Shell. Les sigue de cerca Google, con una horquilla entre 3,5 y 3,9 millones. "El registro oficial no es riguroso. Las compañías básicamente pueden elegir qué cantidad declaran, sin que la Comisión pueda hacer mucho para cambiarlo", explica Olivier Hoedeman, de la coalición Alter-EU, que trata de alertar sobre la influencia de los lobbies en Europa.
Registro voluntario
Consciente también de esa creciente aproximación a los núcleos de poder, el Ejecutivo comunitario ha prometido convertir el registro en obligatorio, aunque se da de plazo hasta 2017. De momento ha obligado a inscribirse en esa lista a todo aquel que quiera reunirse con los altos mandos de la UE, una medida que apenas afecta a 300 personas.
La actividad lobbista tiene un largo recorrido en Bruselas. Los interesados en influir en la política comunitaria —muchas veces camuflados en despachos de abogados, lo que les permite pasar sin dejar huella— acuden primero a la Comisión Europea, la impulsora de las iniciativas. Más tarde se dirigen al Parlamento y al Consejo Europeo, que tienen que llegar a acuerdos sobre las propuestas de la Comisión. "El lobby es cada vez más sofisticado. Ya no se trata solo de reuniones bilaterales, sino del denominado poder blando: eventos destinados a mejorar la imagen de la compañía y cuyos gastos no figuran como actividad lobbista", detalla el experto de Alter-EU.
Consciente también de esa creciente aproximación a los núcleos de poder, el Ejecutivo comunitario ha prometido convertir el registro en obligatorio, aunque se da de plazo hasta 2017. De momento ha obligado a inscribirse en esa lista a todo aquel que quiera reunirse con los altos mandos de la UE, una medida que apenas afecta a 300 personas.
La actividad lobbista tiene un largo recorrido en Bruselas. Los interesados en influir en la política comunitaria —muchas veces camuflados en despachos de abogados, lo que les permite pasar sin dejar huella— acuden primero a la Comisión Europea, la impulsora de las iniciativas. Más tarde se dirigen al Parlamento y al Consejo Europeo, que tienen que llegar a acuerdos sobre las propuestas de la Comisión. "El lobby es cada vez más sofisticado. Ya no se trata solo de reuniones bilaterales, sino del denominado poder blando: eventos destinados a mejorar la imagen de la compañía y cuyos gastos no figuran como actividad lobbista", detalla el experto de Alter-EU.
