WikiLeaks: Estrategia USA para Sudamérica

Incluye Golpes de Estado y magnicidios

Publicado el 10/02/15 

RT – El verano pasado el mundo vio como Grecia trataba de oponerse al dictado de las instituciones internacionales que obligaban al país a aceptar un paquete de nuevas medidas de austeridad. El endeudado Estado griego no pudo negarse a cumplir las órdenes de la Troika de acreedores. Después del referéndum convocado por el Gobierno de Alexis Tsipras, el Banco Central Europeo privó a la economía griega de liquidez, lo que intensificó la recesión y convirtió en una farsa el resultado del voto popular, según la página oficial del centro.

Una batalla similar por la independencia de las naciones se ha estado llevando a cabo en Sudamérica durante los últimos 15 años. A pesar de que Washington ha estado tratando de destruir la ‘disidencia estatal’ en varios países utilizando las mismas técnicas empleadas contra Atenas, la fortaleza de Latinoamérica soportó la presión. Esta batalla épica llevada a cabo principalmente a escondidas de los ojos de los ciudadanos fue reconstruida a través del archivo de documentos del Departamento de Estado de EE.UU. filtrado por WikiLeaks.

Alexander Main y Dan Beeton ofrecen una interesante reconstrucción de estos acontecimientos en su libro: ‘WikiLeaks: el mundo según el Imperio estadounidense’.

Los autores argumentan que el neoliberalismo se impuso en América Latina antes de que Berlín y Bruselas humillaran a la democracia en Grecia. A través de la coacción ejercida por los ‘Chicago Boys’ [jóvenes economistas latinoamericanos que regresan a sus países después de estudiar en EE.UU.], Washington logró difundir en Sudamérica la austeridad fiscal, la desregulación, el “libre comercio”, la privatización y la destrucción del sector público desde mediados de 1980.

El resultado fue similar a lo que se vio en Grecia: el estancamiento del crecimiento, el aumento de la pobreza, el deterioro de las condiciones de vida de millones de personas y una serie de nuevas oportunidades para los inversores internacionales y corporaciones multinacionales. Pero entonces los candidatos contra el régimen neocolonial comenzaron a ganar las elecciones y a ofrecer resistencia a la política exterior de EE.UU., poniendo en práctica sus promesas electorales de redistribución social y reducción de la pobreza.De 1999 a 2008, estos candidatos ganaron las elecciones en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Honduras, Ecuador, Nicaragua y Paraguay.

Gran parte de los esfuerzos del Gobierno norteamericano para subvertir el orden democrático de estos países y volver a imponer el régimen neoliberal son ahora de dominio público gracias a las filtraciones de WikiLeaks que revelaron la verdad sobre la presidencia de George W. Bush y del comienzo de la presidencia de Obama. Washington prestó apoyo estratégico y material a los grupos de la oposición, algunos de los cuales eran antidemocráticos y violentos. Los cables también revelan la naturaleza de los emisarios ideológicos estadounidenses de la Guerra Fría que actualmente elaboran estrategias neocoloniales para Sudamérica. Los autores del libro afirman también que los medios de comunicación corporativos son parte de la estrategia expansionista.El caso emblemático de Evo Morales en Bolivia



A finales de 2005, Evo Morales ganó las elecciones presidenciales con la promesa de reformar la Constitución, garantizar los derechos de los indígenas y luchar contra la pobreza y el neoliberalismo. El 3 de enero de 2006, dos días después de su juramento, el nuevo presidente recibió al embajador estadounidense, David N. Greenlee, que le explicó la visión que la Casa Blanca tenía del futuro de Bolivia. La asistencia multilateral a Bolivia, según el embajador, dependía del “buen comportamiento” del Gobierno de Morales.

“[El embajador] ha subrayado la importancia crucial de las contribuciones de EE.UU. a las instituciones financieras internacional claves como el Banco de Desarrollo Internacional (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, de los que dependía la supervivencia de Bolivia. “Cuando piense en el BID debería pensar en EE.UU.”, dijo el embajador.

“Esto no es un chantaje, es la simple realidad”, recalcó.Sin embargo, Morales, según los cables, mantuvo sus promesas electorales en materia de regulación de los mercados laborales, la nacionalización de los hidrocarburos y la cooperación con Hugo Chávez. En respuesta a estas acciones de Morales, Greenlee sugirió un “menú de opciones” para tratar de obligar a Bolivia a doblegarse a la voluntad del Gobierno de EE.UU.

Algunas de estas medidas eran: vetar todos los préstamos multilaterales en dólares, posponer el plan de alivio de la deuda multilateral, desalentar la financiación de la Corporación del Desafío del Milenio (que pretende acabar con la pobreza extrema) y cortar el “apoyo material” a las fuerzas de seguridad bolivianas.Pocas semanas después de asumir el cargo, Morales anunció la revocación del contrato de préstamo con el FMI.

Años más tarde, Morales aconsejó a Grecia y otros países europeos endeudados a seguir el ejemplo de Bolivia y “liberarse económicamente del dictado del Fondo Monetario Internacional”. El Departamento de Estado norteamericano reaccionó financiando a la oposición boliviana. Las fuerzas políticas opositoras de la región de la Media Luna comenzaron a recibir más ayuda.

Según un correo datado en abril de 2007, la Cancillería de EE.UU. consideraba que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) “debe fortalecer a los Gobiernos regionales como contrapeso al Gobierno central”.El informe de 2007 de la USAID menciona unas 101 subvenciones por un total de 4.066.131 dólares “para ayudar a los Gobiernos departamentales a operar más estratégicamente. El dinero de la Casa Blanca también fue destinado a los grupos indígenas locales que estaban “en contra de la visión de Evo Morales de las comunidades indígenas”.

Un año más tarde, los departamentos de la Media Luna estaban en abierta rebelión contra el Gobierno de Morales y llamaban a un referéndum sobre la autonomía en el trasfondo de las protestas violentas que acabaron con la vida de al menos veinte partidarios del Gobierno.Este intento de golpe de Estado fracasó bajo la presión del conjunto de presidentes de América del Sur, que emitieron una declaración conjunta de apoyo al Gobierno constitucional de Bolivia.

Pero EE.UU. no se dio por vencido y siguió manteniendo comunicación constante con los líderes del movimiento separatista de la oposición. Según Alexander Main y Dan Beeton, contrariamente a su postura oficial durante los acontecimientos de agosto y septiembre de 2008, el Departamento de Estado de EE.UU. tomó en serio la posibilidad de un golpe de Estado en Bolivia o del asesinato del presidente Evo Morales. “[El Comité de Acción de Emergencia] junto [al Comando Sur de EE.UU.] desarrolla un plan de respuesta inmediata en caso de una emergencia repentina, como un intento de golpe de Estado o la muerte del presidente Morales”, dice el correo de la Embajada de EE.UU. en La Paz.‘Promoción de la democracia’



Algunos de los métodos de injerencia implementados en Bolivia se aplicaron también posteriormente en otros países con Gobiernos o fuertes movimientos de izquierda. Por ejemplo, después de la vuelta al poder de los sandinistas en Nicaragua en 2007, la Embajada de EE.UU. en Managua lanzó un programa de apoyo intensivo al partido derechista de la oposición, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).

‘Amenaza bolivariana’

Durante la Guerra Fría, la supuesta amenaza de la Unión Soviética y la expansión del comunismo cubano sirvieron para justificar un sinnúmero de intervenciones políticas de EE.UU. con el objetivo de eliminar Gobiernos de izquierda e implantar regímenes militares de derechas. Del mismo modo, las filtraciones de WikiLeaks muestran cómo en la década de 2000 el fantasma del “bolivarianismo” venezolano fue utilizado para justificar la injerencia en asuntos de Gobiernos encabezados por líderes antineoliberales. De esa manera, Washington se dedicó a librar una lucha escondida con el Gobierno boliviano, “que había caído abiertamente en brazos de Venezuela” y el Gobierno de Ecuador, que realizaba la función de “portavoz de Chávez”.

EMOCIÓN Y POLÍTICA

Uruguay

INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou

–Semanario Voces 2/10/15

¿Qué tienen en común ciertos hechos que han ocupado la atención y el debate públicos en, digamos, el último año? 

¿Qué tienen en común, por ejemplo, la propuesta de rebajar la edad de imputabilidad, la campaña para crear el delito de feminicidio, el procesamiento de Héctor Amodio Pérez, y la reciente ocupación-desocupación de la sede del CODICEN?

Una primera mirada, sobre todo si es algo distraída, puede llevarnos a contestar: “nada”.
Una segunda mirada, un poco más atenta, puede hacernos notar que son temas en que lo político y lo jurídico se ligan estrechamente. Temas jurídicos de alto voltaje político. Para complicar aún más las cosas, son asuntos que interpelan las creencias y las convicciones íntimas de mucha gente. La clase de asuntos que nos permiten opinar y juzgar moralmente, dando rienda suelta al “complejo de Dios” que muchos sentimos. 
Una tercera mirada, ésta sí mucho más detenida, puede hacernos percibir que los argumentos que se intercambian en estos asuntos apelan ante todo a la emoción, buscan despertar la reacción emotiva, pasional, no racional, del interlocutor.

¿Deben ser los menores de edad tan responsables como los adultos por los delitos graves que cometen? ¿Eso es justo? ¿Ataca las causas de los delitos y los evitará? ¿La figura del feminicidio hará disminuir la violencia “de género” o es sólo una inútil agresión simbólica al sexo masculino?

¿Puede castigarse penalmente a Amodio por sus delaciones? ¿Es la delaci ón un delito? ¿No es incoherente que Amodio esté preso si quienes recibían sus datos y practicaban la tortura siguen libres? ¿Qué debe hacer un gobierno que se dice “de izquierda” cuando le ocupan edificios públicos? ¿Es admisible que reprima con violencia a los estudiantes que ocupan y a los manifestantes que los apoyan?

Las respuestas usuales a esas interrogantes son sorprendentemente simples: “Me asaltaron cuatro veces en una semana; no se puede más; hay que meterlos a todos en cana (o “hay que matarlos a todos”)”. “A nosotras, las mujeres, nos están asesinando como a moscas; van veinticinco en lo que va del año; es un genocidio; hay que terminar con el machismo; ni una más (o “ni una menos”)”. “¿Amodio?, un traidor, que se joda; cantó a sus compañeros, además violaron a las mujeres; que vaya en cana”. “Es un gobierno represor y neopachequista”, o “La culpa es de “Plenaria” y del SUATT que manipulan a los estudiantes para llevar agua para sus molinos”

Esa forma de pensar y de debatir, cada vez más generalizada, es usada por tirios y troyanos. Se buscan conclusiones rápidas y se recurre a símbolos impacta ntes que despierten reacciones emocionales en uno mismo y en los destinatarios del discurso. Así, al efectista testimonio de los cuatro asaltos semanales se le responde con colibríes. A las dudas sobre la justicia y eficacia del feminicidio se las aplaca con estadísticas sesgadas y relatos de crímenes estremecedores. Se justifica la prisión de Amodio agitando el rechazo instintivo, casi “martín fierresco”, hacia la condición de delator, sin reparar en que la delación, hecha por quien está privado de libertad y bajo amenaza de tortura, puede ser una falta moral pero no un delito. Y se reduce el problema del CODICEN a un dilema de “represión sí”, o “represión no”.

Uno de los rasgos característicos de esta forma de pensar y de argumentar es la fragmentación de los problemas; el hábito de decidir sobre el todo en base a sólo alguna de sus partes. Ejemplifico: combatir las enfermedades sería facilísimo si no hubiese además que preservar la vida y, en lo posible, el bienestar del paciente. Combatir el delito también sería facilísimo si no hubiese que garantizar las libertades públicas y evitar el castigo de inocentes. Pues, bien, la forma de pensar y de argumentar que vengo analizando se caracteriza porque, en situaciones complejas, en que están en juego varios valores o bienes, opta rápida y apasionadamente por uno de ellos, ignorando o sacrificando a los valores restantes. Así, por ejemplo, en la disyuntiva entre la seguridad pública y los derechos de los menores de edad, se opta, sin dudas, por uno de los dos: o “mandamos a todos en cana”, o dibujamos colibríes y recitamos la declaración de derechos del “niño, niña y adolescentes”. Respecto al feminicidio, o consideramos a todos los hombres como criminales potenciales y a todas las mujeres víctimas eternas e inconsolables “del patriarcado machista y criminal”, o descartamos a las feministas como “mujeres resentidas que odian al sexo masculino”. Amodio es un traidor irredimible, cuya alma “camina ya por algún círculo del infierno”, o es “el chivo expiatorio del MLN para tapar sus chanchullos y aflojadas”. 

Capítulo aparte merecen la ocupación y desocupación del edificio del CODICEN. En el asunto están en juego varios valores esenciales. Uno es la enseñanza, incluido su aspecto presup uestal; otro es el deber del Estado de preservar a sus organismos y a sus sedes de presiones de hecho; un tercer valor es el derecho a la protesta social; un cuarto valor es la obligación del Estado de utilizar los métodos menos cruentos y más compatibles con los derechos individuales para imponer su autoridad; y hay incluso un quinto aspecto importante: ¿cuál debe ser la actitud de un sistema político que se pretende democrático ante las formas de oposición antisistémicas, es decir las que no aceptan las reglas de juego de la democracia representativa?

El debate público sobre este complejísimo asunto fue un modelo de parcialización y fragmentación. Para empezar, el problema original, la enseñanza y su presupuesto, fue olvidado. También se olvidó el aspecto institucional, la procedencia o improcedencia de la ocupación de un local público por quienes no trabajan ni estudian en él. La discusión se estableció entre quienes sienten que la represión fue excesiva, o directamente consideran inadmisible que un gobierno de izquierda recurra a la represión policial, y quienes culpan de todo a las organizaciones antisistémicas presentes en los incidentes.
Hace pocos días discutí con una amiga, indignada por la represión en el CODICEN. “¿Por qué tenían que sacar a los ocupantes?” me preguntó. La respuesta (no la había pensado antes) me salió en el momento. “Decime, si mañana un grupo de militares ocupa la Suprema Corte de Justicia para protestar por la prisión de sus colegas torturadores, o la Federación Rural ocupa el Parlamento para evitar que les voten un impuesto, ¿qué hacemos?”. Mi amiga es inteligente y no precisó más. “Ya entendí”, contestó.
Un segundo rasgo preocupante de esta forma de pensamiento y de argumentación es cierta falla o despreocupación por la conexión lógica entre los problemas y las soluciones propuestas. Cada vez es más habitual oír que determinado proyecto de ley, o una política pública, son “una señal” respecto a cierto problema. Es decir, no una solución ni un remedio, sino una “señal”, un gesto simbólico, más vinculado a lo comunicacional que a la regulación jurídica o a la ingeniería social. El ejemplo típico son las políticas de “discriminación positiva”, que no aspiran a cambiar las estruc turas sociales injustas sino a compensar simbólicamente la injusticia, beneficiando injustificadamente sólo a algunos integrantes del grupo social desfavorecido. 
Nuestra tradición cultural es racionalista. Desde esa óptica, el derecho y las políticas públicas han sido históricamente considerados instrumentos para incidir racionalmente en la realidad. Eso significa que el abordaje de cualquier problema, al menos en teoría, requería contemplar todos sus aspectos y que la solución propuesta apuntara a modificar efectivamente los aspectos críticos sin causar otros problemas iguales o mayores.
Tal vez porque estamos todavía en “la era de Acuario”, o por la desconfianza posmoderna en la razón, o por necesidades de un sistema económico global que nos exige ser engranajes eficientes, no cuestionadores, esa tradición racionalista parece en crisis, como lo evidencian los debates públicos de los últimos tiempos. Y eso genera preguntas

¿Pueden la emoción y la sensibilidad sustituir el enfoque racional de los problemas sociales? ¿Es posible abordar problemas complejos priorizando s&oac ute;lo uno de sus ángulos, aquél que más nos afecta o conmueve? ¿Cómo garantizamos que las emociones no nos lleven a medir con varas distintas a amigos y a no amigos? ¿La “emisión de señales simbólicas” es apta para resolver problemas sociales reales y concretos? Y, tal vez la más importante: ¿Son posibles el diálogo y los acuerdos si cada uno justifica sus posturas desde su más recóndita e íntima subjetividad?

Soy consciente de apenas haber acariciado el lomo de un asunto inmenso. Valga esta nota sólo como la anotación de un punto en un orden del día imaginario e inagotable.

CODICEN Y DESPUES

Uruguay

El Pasamontañas Policial

Venancio Acosta y Betania Núñez

Brecha, Montevideo, N°1558 | 01-10-2015
 

En tanto el Frente Amplio intenta salir ileso de los conflictos presupuestales en la educación, el Ministerio del Interior repite prácticas de represión y judicialización de la protesta social. La Policía se infiltró en la ocupación e intenta imponer su versión de lo ocurrido el 22 de setiembre en el CODICEN

“Esta es la verdad”, dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, como si después de sus palabras quedara todo más claro. Lo hizo el lunes 28, en una conferencia de prensa que buscó asentar la versión oficial de lo sucedido durante el desalojo de un grupo de liceales, que ocuparon por cuatro días las oficinas centrales del CODICEN. Pero desde el episodio, que ocurrió hace más de una semana, una brumosa disputa mediática no cesa de opacar los hechos.
La discusión sobre el presupuesto para la educación fue relegada a un segundo plano, mientras en los tribunales de la Ciudad Vieja desfilaban militantes estudiantiles y sindicales en un festín judicial.

En ese marco la Policía, que por ahora no fue imputada por la justicia, lideró las investigaciones que desembocaron, hasta el cierre de esta edición, en el procesamiento sin prisión por atentado agravado a nueve militantes, que deberán cumplir 200 horas de trabajo comunitario. La falta de imputados policiales responde, según supo Brecha, a que la justicia no ha podido dar con los funcionarios que cometieron abusos durante la represión desatada fuera del CODICEN; los videos que circularon muestran el exceso, pero sus cascos ocultan sus rostros e impiden que sean identificados. La Policía trabaja para identificar a aquellos que tiraron piedras, reúne las pruebas, los detiene, los lleva ante la fiscal Ana María Telechea y la jueza Ana de Salterain.
Y la justicia procesa. Quiénes fueron los policías que actuaron en el operativo y quiénes se excedieron es un misterio, porque no hay ningún indicio sobre aquello que la Policía evita investigar.

La propia actuación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) contribuyó a plantar esa escena. El informe que realizó su presidente, Juan Faroppa, motivó fuertes controversias en la interna de la institución ya que, por un lado, se hizo público antes de que algunos de sus miembros accedieran a él, pero además dos de sus integrantes no están de acuerdo con las conclusiones presentadas.
En el documento Faroppa concluyó que el “clima fuera del edificio ocupado, generado por manifestantes que no eran estudiantes” “presagiaba una definición violenta de la situación”. Pese a todo, el presidente de la INDDHH también reconoció que “lo anterior no significa que no se hayan observado casos puntuales por parte de algunos efectivos policiales que mostraron, en forma innecesaria, un uso abusivo de la fuerza”. Según dijeron algunos manifestantes, lo que fue confirmado por el propio Faroppa, otros términos se le escucharon durante la represión: “Es un desastre total, al abogado lo cagaron a palos en el piso, yo lo vi”, le dijo a la senadora del MPP Ivonne Passada, que estaba del otro lado del celular.

La INDDHH, que recibió una carta de “reconocimiento” del Ministerio del Interior (MI) por su participación en el desalojo, ahora parece matizar su primera impresión. El miércoles emitió un comunicado en el que se explicita que el informe responde a la pluma de su presidente, como quien deslinda el carácter institucional del texto, y adelanta que se investigará con base en las denuncias recibidas, que no son pocas.

Por ejemplo, la institución analiza una foto donde se deja constancia que un agente de la Republicana utilizó una cachiporra con punta metálica, hecho que parece contradecir una de las afirmaciones del informe: “no se utilizaron elementos de mayor fuerza agresiva”. Faroppa explicó a Brecha que la información fue recibida luego de la difusión del informe, y apenas conocida (el miércoles) fue “remitida de inmediato al ministro del Interior, a los efectos de que se investigue esta situación. No sé bien lo que es, si es una cachiporra, pero ese tipo de cachiporra es un arma que no está autorizada por la ley de procedimiento policial”.

No prueba

Durante la conferencia del lunes se distribuyeron grabaciones de las cámaras que los oficiales del Grupo de Reserva Táctica llevaban adheridas a sus uniformes. Aunque el propio ministro aseguró que había por lo menos cinco cámaras, únicamente se reproduce lo captado desde una de ellas.

Bonomi insistió en afirmar que cuando la Policía ingresa al edificio los estudiantes ya no estaban. En consecuencia, aportó la filmación como prueba. “Una Policía democrática es una Policía que puede demostrar lo que dice que hace”, se jactó. Lo cierto es que el video no prueba la afirmación inicial del ministro ni contradice la versión de los estudiantes, quienes sostienen que se encontraban en el edificio cuando la Policía ingresó. Las imágenes sólo muestran a policías efectivos entrando por el estacionamiento a las oficinas del Banco de Seguros del Estado y de ahí al hall del edificio por Avenida del Libertador.
Pero los estudiantes dicen que otro grupo intentó pasar hacia la puerta de Colonia, sin éxito porque había una manguera de bomberos obstruyendo el ingreso.
Es en ese momento que los ocupantes perciben la presencia policial y, según los testimonios, desocupan por Colonia gracias a los manifestantes que, del lado de afuera, custodiaban esa puerta. Las imágenes difundidas no alcanzan a negar que otros agentes hayan seguido recorridos diferentes y se hayan topado con los jóvenes.

Consultado sobre las denuncias de los primeros 12 detenidos por maltrato en dependencias policiales, Bonomi arriesgó y repitió “no la creo”, aunque no argumentó sus motivos, una actitud que el ministro ha adoptado otras veces en que su cartera (el organismo público más denunciado por violar los derechos humanos en el país, según la propia INDDHH) fue señalada por prácticas de abuso policial.

Déjà vu

En medio de la guerra de videos desatada entre el ministerio, los estudiantes y algunas organizaciones que acompañaron la ocupación, los legisladores oficialistas se lamentan por no haber estado en el lugar de los hechos, lo que les habría permitido contar con una versión de primera mano. En esta línea, y en diálogo con Brecha, Passada dijo que fue“un error no haber estado presente”, mientras que Sebastián Sabini, diputado del mismo sector, evaluó que hubo “un error de comunicación”

Pero mientras el Frente Amplio encuentra dificultades para lidiar con formas de protesta social que alguna vez apoyó, el Ministerio del Interior repite la estrategia utilizada en agosto de 2013, cuando infiltró policías en manifestaciones estudiantiles e intervino abiertamente en las actuaciones judiciales. De hecho, infiltró la ocupación en el CODICEN con el mismo policía que en la marcha del 14 de agosto de aquel año.
El agente en cuestión, John Giménez, quedó en evidencia el lunes pasado luego de intentar detener a Marcelo Hospitale, momento en el que fue registrado por una cámara de celular. Hospitale se había separado de la multitud que esperaba fuera del juzgado para ir a un almacén. En ese momento fue interceptado por un automóvil blanco del que se bajaron dos policías vestidos de civil. Como se resistió al arresto porque los efectivos no tenían una orden judicial, sus compañeros se acercaron.
Allí fue que algunos militantes de ADES repararon en Giménez y recordaron las conversaciones que habían mantenido con él dentro del CODICEN,cuando se presentaba como un militante de la FEUU, contaron a Brecha.
El agente de inteligencia tiene 28 años y en 2013 declaró a la justicia que fue “asignado al servicio de la manifestación y marcha por lo de Líber Arce”, “íbamos por el interior de la marcha hasta que en determinado momento notamos una conducta violenta”, según el expediente judicial al que accedió este semanario (véase Brecha del 27-XII-13).

También el lunes, un dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Taxi (SUATT) que estaba en la concentración fuera del juzgado fue interceptado por tres autos y dos motos cuando iba a comprar comida a una panadería. Oficiales vestidos de civil le solicitaron que ingresara a uno de los vehículos para dirigirse a “hablar con la jueza”.
Lo capturaron sin orden de la justicia y fue llevado a la sede de la Dirección de Inteligencia en la calle Maldonado, donde le revisaron el celular y recabaron datos de todos sus documentos (incluyendo la libreta de propiedad del vehículo, libreta de conducir y carné sindical).
Lo llevaron posteriormente al juzgado y fue uno de los procesados por “atentado”.
Al ser liberado, según dijo a este semanario, fue acompañado por oficiales de inteligencia con pasamontañas (excepto el funcionario al mando) y agentes del Grupo de Reserva Táctica, junto a otra  imputada por los mismos hechos, a la que los policías acosaron haciendo chistes por handy

Al día siguiente otros militantes del mismo sindicato se dirigían en un auto a Radio Fénix, donde emiten un programa, cuando dos vehículos los encerraron en plena calle. Se llevaron a uno de ellos, nuevamente sin orden de la justicia. Pasó la noche en la sede de inteligencia y declaró al día siguiente. De la misma forma se apresó a dos militantes más, incluyendo al secretario general de la organización, Carlos Silva,que en el momento en que se dirigía a una asamblea del sindicato fue abordado por oficiales encapuchados.
El día anterior, dijeron desde el gremio a este semanario, vecinos del barrio Santa Catalina –donde vive Silva– fueron interrogados por funcionarios del MI, que también usaban pasamontañas, acerca del paradero del sindicalista.
Otra coincidencia: el mismo mecanismo fue utilizado por el MI en los acontecimientos del 14 de agosto de 2013, que entonces denunció Brecha. “Si la jueza precisa hablar con alguno de los dirigentes del sindicato, es cuestión de mandar una citación. Nosotros no nos vamos a dar a la fuga, somos personas públicas. Parece bastante planificado, es un día cada uno, también como forma de desgastar la movilización del sindicato”, contó a este semanario uno de los procesados.

No es nuevo: a pesar de que la Policía comete excesos, sólo son procesados los manifestantes. El operativo de desalojo del CODICEN y las detenciones que vinieron después siguen ese patrón

- postaporteñ@ 1479 - 2015-10-03 

APOLOGIA DE LA IMPUNIDAD

URUGUAY

Centro Militar homenajeó al general retirado Pedro Barneix

El presidente del centro afirmó que Barneix fue víctima de "venganza y ensañamiento".

DANIEL ISGLEAS  03 oct 2015

Para el Centro Militar, Pedro Barneix fue una víctima de “la venganza y el ensañamiento”. El general retirado se suicidó hace un mes, tras ser procesado por el homicidio de Aldo Perrini durante la dictadura, y fue homenajeado este viernes.
“Lo sufrió estoicamente hasta el final”, dijo el presidente del Centro Militar Carlos Silva en su discurso. “Presiones, ataques y maltratos deliberados, inmerecidos e injustificados, perpetrados por personas llenas de odio y rencor”.
Silva agregó que la Justicia uruguaya no es eficiente, y que las propias autoridades la ponen en duda. “Parecería que es más fácil para ciertos operadores judiciales ensañarse con un camarada que defendió las instituciones que proteger la paz social en una situación de crisis”, sostuvo.
Además, describió a la lucha de clases como “un delirio ideológico inconscientemente cultivado” y dijo que atormenta a una sociedad que no puede vivir en paz.

NAZI Silva: el presidente del Centro Militar en el homenaje a Barneix.

La muerte de Barneix "fortaleció nuestra unidad", y "pone en evidencia la estigmatización de las Fuerzas Armadas perpetrada por una minoría violentista, ideológicamente retrógrada y reaccionaria", dijo el nuevo presidente del Centro Militar que agrupa a oficiales activos y en retiro, marcando un perfil más duro que la postura de sus antecesores.

Barneix "falleció antes que finalizara el restablecimiento de la paz social y terminara la lucha de clases", agregó, y dijo que fue "perseguido" por organizaciones "dedicadas a cobrar venganza y a lucrar con una creciente industria jurídica de reivindicaciones económicas que deshonra a la noble profesión del Derecho".

Según Silva, "la venganza y el ensañamiento los sufrió estoicamente hasta el final: presiones, ataques y maltratos deliberados, inmerecidos e injustificados perpetrados por personas llenas de odio y rencor".

"La lucha sigue".

Según afirmó el coronel Silva, los hechos "parecen indicar que la lucha sigue" y que "el acatamiento al Estado de derecho, el silencio y la actitud subordinada de las Fuerzas Armadas no fueron suficientes para finalizar con ella".

"La sed de venganza e intolerancia exige a algunos seguir la guerra, después de más de 30 años. La patológica lucha de clases, delirio ideológico conscientemente cultivado sigue y atormenta a una sociedad a la que no dejan vivir en paz", afirmó el militar.

Luego se refirió a la ley de Caducidad. "Debemos recordarles a quienes pretenden seguir la guerra, que hubo dos plebiscitos en que la ciudadanía mandó terminar con estos odios y enfrentamientos. Ambos pronunciamientos estuvieron separados por muchos años, lo que reafirma que la mayor parte de la ciudadanía está a favor de sus Fuerzas Armadas y de terminar con esta situación anómala para regresar a una paz definitiva".

Para Silva, "la situación general indica que algo no está bien en nuestra patria. La Justicia no es eficiente y su credibilidad es cuestionada por las autoridades que reconocen que no se cumple con los procedimientos doctrinarios y aceptados tradicionalmente".

Recordó en ese sentido que "hubo declaraciones concretas de la exministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, sobre las condenas de militares", y que el "expresidente José Mujica también se refirió a la estigmatización y venganza contra las Fuerzas Armadas".

Inseguridad.

Silva reclamó a la Justicia que investigue las denuncias hechas por el extupamaro Héctor Amodio Pérez "que confiesa que sus excompañeros perpetraron asesinatos, en plena democracia y después de 1985".

Respecto a la situación de inseguridad, el presidente del Centro Militar sostuvo que "las autoridades judiciales y políticas del Ministerio del Interior se critican mutuamente para atemperar responsabilidades relacionadas a la inseguridad. El Poder Judicial es censurado por actuar con mano blanda contra los delincuentes", dijo.

"Parecería que es más fácil para ciertos operadores judiciales ensañarse con algún camarada que defendió las instituciones que proteger la paz social en una situación de crisis", indicó.

A los que denunciaron al general Barneix, Silva les envió también un mensaje: "Sobre ellos pesará, si tienen conciencia, lo que hicieron con un hombre bueno".

Barneix "fue un soldado que prefirió morir de pie a vivir de rodillas. Ejemplo de estoicismo en una época de valores relativizados. Fue un referente para una sociedad en crisis y para quienes integramos las Fuerzas Armadas".

Suicidio.

El 3 de septiembre, Barneix (69) se suicidó cuando un policía llegó a su domicilio de Pocitos para conducirlo porque había sido procesado por la jueza Beatriz Larrieu por el delito de homicidio político de Aldo Perrini, ocurrido en 1974.

El general había vuelto a declarar unos días antes luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazara un recurso de inconstitucionalidad que su defensa presentó en el año 2012 y que había congelado el proceso judicial en su contra.

En ese entonces la fiscal Ana María Tellechea había solicitado el procesamiento de Barneix y otros tres oficiales del Ejército (José Puigvert, José Baudean y Washington Perdomo), por el homicidio político de Perrini.

El sepelio del militar fue el día 4 de septiembre en el panteón del Ejército en el Cementerio del Norte. La fuerza castrense le brindó los honores correspondientes a su jerarquía.

http://elmuertoquehabla.blogspot.com/

"PREMIO"

Reconocimiento de Americas Society/Council of the Americas al señor Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez por primer lugar de Uruguay obtenido en el Índice de Inclusión Social 2015

En la sede de la "Americas Society/Council of the Americas" (AS/COA), se otorgó un reconocimiento al Sr. Presidente de Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez, debido a que nuestro país ocupó el primer lugar en la edición 2015 del Índice de Inclusión Social, según el estudio publicado días atrás por “Americas Quarterly”.

La ceremonia reunió a altas autoridades del Gobierno uruguayo, incluyendo al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa y al Sr. Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori así como a representantes del sector privado, entre los que se destacan algunas de las principales y más fuertes compañías e instituciones a nivel mundial, como ser Bloomberg, Crédit Agricole, ExxonMobil, Grupo Santander, HSBC Securities, IBM. Japan Bank for International Cooperation, JPMorgan, Moody’s Corporation, PepsiCo Inc., Walmart, CITI, Microsoft y The Coca Cola Company.

Asimismo, es de señalar que, creado en el año 2012, el Índice de Inclusión Social de “Americas Quarterly” analiza el desempeño de 17 países del hemisferio en 22 variables que ayudan a determinar la capacidad de los individuos de disfrutar de una vida segura y productiva, independientemente de su raza, origen étnico, género, orientación sexual o discapacidad física o mental. Es el segundo año consecutivo que nuestro país se posiciona a la cabeza del citado índice debido a sus avances en áreas como los derechos LGBT, el acceso al empleo formal, la proporción del PIB invertido en proyectos sociales y la inclusión financiera de la población.

En la ocasión, la Presidenta y CEO de AS/COA, Susan Segal, manifestó que Uruguay es un ejemplo para el resto de los países en la región y a nivel mundial, que transitan la ruta del desarrollo haciendo un esfuerzo para no dejar atrás a aquellos menos favorecidos. A su vez reconoció la figura del Presidente Tabaré Vázquez y su trabajo para consolidar una sociedad no sólo próspera, sino también equitativa.

Por su parte, en su alocución, el Sr. Presidente de la República destacó ante la nutrida y calificada audiencia la relevancia que el país presta a las políticas sociales con miras a asegurar el disfrute de los plenos derechos de todos los ciudadanos uruguayos destacando asimismo la estabilidad del sistema político y los avances que en las áreas social y económica el país ha logrado en la última década lo que le convierte en un atractivo destino para las empresas extranjeras.

Montevideo, 28 de setiembre de 2015 


Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

EEUU bombardeó un hospital de Médicos Sin Fronteras

 AFGANISTAN

MASACRES EN NOMBRE DE LA PAZ

Diecinueve personas murieron y 37 quedaron heridas tras un ataque de la fuerza aérea estadounidense contra un hospital de la ONG internacional en la ciudad afgana de Kunduz donde, según el gobierno afgano, se ocultaba un grupo talibán. La ONU condenó el hecho al que calificó de "inexcusable" y "posible crimen de guerra".

El hospital fue el único que funcionó esta semana en medio de los combates con los talibanes, y fue destruido parcialmente por bombardeos aéreos lanzados por Estados Unidos. Había 150 pacientes y 80 trabajadores de MSF.

Según informó la organización en un comunicado, al menos 12 de sus trabajadores y otros 19 resultaron heridos. También registraron 18 pacientes y familiares heridos, una cifra que podría aumentar en las próximas ya que aún hay muchas personas desaparecidas.

El bombardeo sobre el hospital siguió "durante más de 30 minutos" a pesar de que la ONG avisó a los ejércitos estadounidense y afgano de que habían sido alcanzados por proyectiles.

Kunduz es zona de fuego cruzado entre el Ejército afgano, sus aliados estadounidenses, las abusivas milicias gubernamentales y los extremistas militantes talibanes. También es una ciudad con valor estratégico para el lucrativo negocio del tráfico de drogas del país, ya que por allí pasa la principal ruta de salida del opio hacia la vecina Tayikistán, desde donde después es repartida a Rusia y Europa.

Afganistán es responsable del 85 por ciento de la producción mundial de opio, mientras que Europa y Rusia suman el 47% del consumo global de heroína, uno de los derivados más populares del opio, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra"ad Al Hussein, pidió una completa y transparente investigación del hecho, y afirmó que si se "considera que debe ir a una corte de justicia, un bombardeo a un hospital puede ser considerado crimen de guerra". "Este hecho es absolutamente trágico, inexcusable y posiblemente incluso criminal", añadió Zeid en comunicado.

El secretario de Defensa norteamericano, Ashton Carter, dijo que estaba en marcha una "investigación exhaustiva" del bombardeo, aunque no confirmó si el ataque había sido llevado a cabo por las fuerzas estadounidenses.

ARCHIVOS DE LA DICTADURA URUGUAYA

Justicia allanó domicilio del coronel CastiglioniComo resultado se incautaron decenas de cajas con documentos, lo que verosímilmente es una parte sustantiva del archivo militar de la dictadura hasta ahora inubicable. El coronel Castiglioni, ex oficial de inteligencia, ex docente del Calen, falleció el 19 de setiembre pasado.

En un operativo que duró ocho horas, la jueza penal Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro allanaron, el viernes 2, el domicilio del coronel Elmar Castiglioni e incautaron lo que verosímilmente es una parte sustantiva del archivo militar de la dictadura, aquella parte que hasta ahora era inubicable. El coronel Castiglioni, ex oficial de inteligencia, ex docente del Calen, falleció el 19 de setiembre pasado.

Asistidos por personal policial, de policía técnica y peritos, los magistrados revisaron decenas de cajas con documentos. “Llenaron una camioneta con las cajas”, dijo una fuente que confirmó el episodio. La jueza también ordenó el traslado de las computadoras personales del coronel a un lugar reservado, ordenando altas medidas de seguridad.

En el domicilio del coronel Castiglioni, en la calle Luis Alberto de Herrera, al momento del allanamiento, estaba presente su esposa; el hijo, cadete del Liceo Militar, estaba ausente. La fuente consultada indicó que, por el examen somero de los materiales incautados, entre los documentos apareció también lo que puede calificarse como el archivo del tío del coronel, el también fallecido inspector Víctor Castiglioni, figura central de la inteligencia policial antes y durante la dictadura. Fuentes judiciales indicaron que se comenzará inmediatamente el estudio profundo de los materiales, que podrían convertirse en insumos decisivos para las numerosas causas judiciales en curso sobre los crímenes de la dictadura y la responsabilidad de oficiales de las Fuerzas Armadas y personal policial de la época.

La presunción de que un alto oficial de la inteligencia escondía en su domicilio el inubicable archivo militar del Sid y la Ocoa, fue denunciada por Brecha el 29 de enero pasado. En dicho informe se establecía que un operativo de contrainteligencia estuvo a punto de realizar el allanamiento, que se concretó siete años después. José Bayardi, quien sustituyó a Azucena Berrutti al frente del Ministerio de Defensa Nacional, fue informado de la planificación de ese operativo, pero toda la documentación —que quedó en el escritorio ministerial cuando el relevo de ministros— fue archivada y el allanamiento de contrainteligencia fue “congelado”. El siguiente ministro, Eleuterio Fernández Huidobro, no se dio por enterado de aquel proyecto.

El coronel Castiglioni, vocero del Foro Libertad y Concordia, con una profusa actividad de defensa y reivindicación de los criminales de la dictadura, habría utilizado en ocasiones la información que escondía en su domicilio, para operativos políticos. En varias ocasiones se sindicó a Castiglioni como “cercano” al ex presidente Julio María Sanguinetti.

http://brecha.com.uy/justicia-allano-domicilio-del-coronel-castiglioni/

EX DIRECTOR DEL FONDO MONETARIO

EN EL HORNO

El juez cita a Rato como imputado tras declarar ante la Guardia Civil
El magistrado que investiga al exvicepresidente por delitos fiscales y corrupción le convoca el martes a las 10

FERNANDO J. PÉREZ Madrid 2 OCT 2015 -

Rodrigo Rato volverá a enfrentarse a las preguntas del juez el próximo martes a las 10 de la mañana. Antonio Serrano-Artal, el magistrado de Madrid que investiga al exvicepresidente del Gobierno por delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares, le ha citado este viernes para que declare de nuevo como imputado.

La decisión del magistrado llega después de que elcaso Rato se haya acelerado en los últimos días.

El pasado jueves, Rato prestó declaración durante cuatro horas en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid),mientras que este viernes han pasado por el despacho del magistrado Miguel Ángel Montero, supuesto testaferro del expolítico y expresidente de Bankia, y María Teresa Arellano, secretaria y mano derecha de Rato durante los últimos 30 años, después de pasar dos días en los calabozos del instituto armado. El resultado de estas declaraciones ha precipitado la citación de Rato.

Miguel Ángel Montero Quevedo, hombre de confianza de Rodrigo Rato, figura como responsable de Vivaway Ltd, sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de Guernsey (Reino Unido). Esta mercantil controla a su vez a Kradonara 2001 SL, sociedad española en la que el exvicepresidente del Gobierno ha recibido, según la investigación, 6,5 millones de euros de origen desconocido procedentes del extranjero. Este dinero no ha sido declarado al fisco por Rato y sus empresas.


Por su parte, María Teresa Arellano Carpintero va más allá del concepto clásico de secretaria. Además de llevar la agenda de Rato, esta mujer es una de las personas que más poder ha acumulado en el entorno del exvicepresidente. Era ella quien daba y quitaba el acceso a Rato, hasta el punto que el expresidente de Bankia, en su última época en la entidad, la elevó al cargo de directora general de la antigua Caja Madrid. Arellano llegó a controlarde facto las áreas de comunicación y la obra social.

Entre otras sociedades de Rato, Arellano fue nombrada en 2014 administradora única de Kradonara. En esa empresa el exvicepresidente del Gobiernorecibió supuestamente 835.000 euros de las empresas de publicidad Zenith y Publicis, adjudicatarias de dos grandes concursos de publicidad de Bankia.

Montero y Arellano fueron detenidos el miércoles y pasaron dos días en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). Tras declarar durante una hora y media aproximadamente cada uno, el juez Serrano-Arnal los dejó en libertad imputados por delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares, los mismos cargos que pesan sobre Rato. La causa acumula nueve imputados. Además de Rato, Montero y Arellano, el magistrado ha encausado al abogado Domingo Plazas —arquitecto del entramado societario del expolítico del PP—, a cuatro directivos de Zenith y Publicis y al empresario Alberto Portuondo. Este directivo supuestamente fue quien, a través de su sociedad Albisa, cobró de Zenith y Publicis y pagó a Rato la comisión por los contratos de publicidad de Bankia a razón de unos 40.000 euros mensuales durante dos años.

Parte de esta cantidad, que Portuondo trató de justificar como el pago por supuestos “asesoramientos verbales” realizados por Rato a sus empresas, fue invertido en un hotel de Berlín del que Rato posee el 44% de las acciones a través de una sociedad alemana, Bagerpleta Gmbh.

El pasado 24 de septiembre, el juez Serrano-Arnal embargó la pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales (71.500 euros) que Rato percibe como ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta cantidad se suma a los bienes por valor de 18 millones de euros que el magistrado le mantiene bloqueados desde junio, según fuentes jurídicas.

Serrano-Artal elevó ayer al Tribunal Supremo una cuestión de competencia para que la investigación vaya a la Audiencia Nacional. En el auto en el que razonaba los motivos para inhibirse, el magistrado afirmaba que parte de los fondos supuestamente defraudados al fisco por Rato a través de su entramado societario corresponden al “pago de asistencias a diversos congresos y conferencias”.

Además de la investigación por delito fiscal, Rato está imputado en la Audiencia Nacional en dos causas: la abierta por la salida a bolsa de Bankia y la referente a los pagos opacos al fisco con las tarjetas black de Caja Madrid.

Un deslave sepulta una aldea de Guatemala

Las autoridades confirman 26 muertos, 125 casas dañadas y 600 desaparecidos

JOSÉ ELÍAS Guatemala 3 OCT 2015


Un peñasco de aproximadamente 115 metros de largo, el tamaño de una cancha de fútbol, sepultó la aldea El Cambray II de Santa Catarina Pinula, a 15 kilómetros de la capital guatemalteca. El hecho, de acuerdo a las autoridades municipales, ocurrió al filo de la media noche del jueves.

En el primer recuento provisional del número de víctimas, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, da cuenta de 26 personas muertas, cuyos cuerpos han sido rescatados de los escombros de las que fueran sus viviendas. Las autoridades confirman también 600 desaparecidos y 125 casas han resultado dañadas.

Una tragedia prevista y anunciada, declaró Alejandro Maldonado, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). “Desde 2008 esa zona fue declarada ‘de alto riesgo’, dijo, para añadir que la última advertencia a las autoridades municipales se hizo en noviembre de 2014. “La zona de la tragedia está marcada en rojo en ese informe”.

Al respecto, el presidente de Guatemala, Alejando Maldonado Aguirre, recordó que es la pobreza la que obliga a la población a permanecer en zonas declaradas inhabitables, aún a riesgo de la propia vida. Ante ello, dijo que el Estado, pedirá ayuda a la cooperación internacional y a la iniciativa privada para encontrar lugares más seguros a dónde puedan trasladarse los sobrevivientes. “El Estado reaccionará con esa ayuda”, dijo el mandatario.

Es poco probable que alguna vez se conozca con exactitud el número de víctimas que dejó este deslave, porque no hay un censo reciente de los habitantes del lugar. Según el último recuento, 100 viviendas están en escombros. Pero en los alrededores de la aldea había muchas covachas donde vivían los más pobres.

Al nada más ocurrir el derrumbe, los sobrevivientes empezaron a cavar con azadones, palos y hasta con las manos, en el lugar de sus viviendas sepultadas bajo toneladas de barro y piedras, en busca de sus seres queridos, sin importarles el riesgo al que se exponían.

Con las primeras luces del viernes, socorristas ayudados por los vecinos tratan de rescatar a posibles sobrevivientes, cuyas expectativas de vida se reducen con el transcurso de las horas. El Ejército ha desplazado al cuerpo de ingenieros con maquinaria pesada para agilizar las tareas de descombro. El portavoz de la institución armada, coronel Hugo Rodríguez, dijo a Emisoras Unidas que 250 militares, expertos en la atención en caso de tragedias naturales, se encuentran en el lugar.

Mientras tanto, la Policía ha establecido tres anillos de seguridad en derredor de la aldea, con el propósito de evitar las aglomeraciones de curiosos que obstaculizan la labor de los socorristas, mantener a los familiares alejados del peligro de nuevos deslaves y para evitar que los aprovechados de siempre puedan incurrir en actos de rapiña.

La situación en el lugar se complica porque las toneladas de tierra caídas en el lugar han tapado el cauce de un río próximo a la población, lo que está formando una laguneta que podría dar lugar a nuevos derrumbes, en terrenos ya saturados por las intensas lluvias que castigaron Guatemala desde el fin de semana.

De acuerdo a un informe de la ONU, Guatemala está considerada entre los cinco países más vulnerables del mundo y el primero de América Latina frente los desastres naturales. Su ubicación geográfica, sobre tres placas tectónicas –Caribe, Cocos y de Norteamérica–, en la ruta de los huracanas de ambos océanos y una cadena de volcanes, sumado a una deforestación incontrolada, la coloca en esa situación.

El sistema hospitalario ha sido declarado en emergencia, mientras las ambulancias tienen graves problemas para salir del lugar, ante el colapso de tránsito que se registra en la zona. Los sobrevivientes presentan lesiones propias de una tragedia de esa naturaleza, como fracturas en sus extremidades y costillas.

Dos guerras, miles de grupos

La duración del conflicto, la resistencia del régimen y la intromisión extranjera han atomizado el frente en un sinfín de milicias con dos enemigos: el Estado Islámico y El Asad

ÓSCAR GUTIÉRREZ Madrid 2 OCT 2015 -

Un tanque utilizado por el Frente al Nusra en Alepo. / AP

Un incidente, del que dio cuenta recientemente el coronel estadounidense Patrick Ryder, muestra lo enrevesado del frente sirio: un comandante rebelde entrenado por EE UU para la llamada Nueva Fuerza Siria había comunicado que al toparse con el Frente Al Nusra tuvo que entregar seis todoterrenos pick-up y parte de su munición, esto es, un 25% del equipo que había recibido. Al Nusra es precisamente uno de los objetivos de Rusia en una contienda que en cuatro años, bien por la resistencia del régimen, bien por la injerencia extranjera, ha sufrido un proceso de atomización que deriva, esencialmente, en dos opciones: combatir al presidente Bachar el Asad o al Estado Islámico.

Estado Islámico: es el enemigo a batir. El grupo yihadista dirigido por el iraquí Abubaker el Bagdadi se nutre fundamentalmente del atractivo hacia combatientes extranjeros, unos 30.000 llegados a Siria de 104 países diferentes. Pese a declararse enemigo del régimen, la confrontación entre ambos bandos ha sido limitada. Su prioridad pasa por mantener su califato en el noroeste del país y extenderse hacia Irak.

Frente al Nusra: pese a la naturaleza islamista radical de esta organización y a que, como el EI, defiende el mandato de la sharía (ley islámica), su prioridad sí es desbancar del poder a El Asad. Con ese objetivo combate a las órdenes de Al Qaeda. En una entrevista con Al Yazira, su líder, Abu Mohamed al Golani, sirio como la mayor parte de sus hombres, manifestó que su enemigo es el régimen —y no Occidente— y que el califato sería un tema a discutir una vez cayese el Gobierno de El Asad.

Ejército de la Conquista: Como enemigo más potente y directo del régimen, Al Nusra es la principal amenaza sobre el terreno para Damasco. Tras el enfrentamiento con el EI en el norte del país, la organización se ha concentrado en cercar desde Idlib el bastión del régimen en la costa, Latakia, a través de una coalición rebelde de corte islamista, en la que destaca Ahrar al Sham o Jund al Aqsa. Ahrar al Sham es sin duda una de las fuerzas emergentes. Se ha forjado en la guerra siria, pero ha tenido una fuerte influencia de Al Qaeda, como se dedujo por la presencia en la dirección de Abu Jalid al Suri, enviado de la red terrorista a la zona.

Ejército del Islam: al sur, alrededor de Damasco, el gran rival del régimen es el Ejército del Islam, coalición de milicias salafistas lideradas por Zahran Alloush desde los distritos de Ghutta y Duma, golpeados a diario por la aviación siria, con un importante coste en víctimas civiles.

Kurdos: junto a la aviación estadounidense, las milicias sirias kurdas (Unidas de Protección Popular) han sido en los últimos meses el principal dolor de cabeza para el EI, derrotado en plazas como las de Kobane o Tel Abiad, en la frontera turca.

Un centenar de grupos: según el trabajo de Chris McNaboe, del Centro Carter, de los 7.000 grupos armados, muchas brigadas locales anti-Asad, que se han ido formando en los últimos cuatro años, quedan un centenar, reunidos en “un puñado” de coaliciones, asociadas, básicamente, para frenar al EI o arrebatar terreno y recursos al régimen.

Uruguay venderá marihuana legal en farmacias desde 2016

Adjudicaron licencia a empresas




Casi dos años después de que Uruguay aprobase la pionera ley que regula el mercado de la marihuana bajo el control del Estado, el Gobierno del país suramericano anunció este jueves que dos empresas se encargarán de cultivar el cannabis y se marcó un plazo "no menor a ocho meses" para que sea vendido en farmacias.

El acceso de la población en general a esta sustancia, mediante registro y a través de los establecimientos farmacéuticos, se había convertido hasta ahora en un constante aplazamiento desde que en agosto de 2014 el Estado realizase el llamamiento a las empresas interesadas en producirla.

El motivo, según explicó el Gobierno en varias ocasiones, era otorgar mayores plazos a las empresas para asegurar que no "ocurran fallas", al sentirse un país punto de mira internacional en la materia.

Hoy, y tras un proceso de calificación técnica y selección que realizó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), se anunció que dos son las empresas que obtuvieron del Gobierno las licencias de producción y distribución de la marihuana de uso psicoativo, que controlada por el Estado, será vendida en farmacias habilitadas.

"Para que el producto llegue a las farmacias va a transcurrir un plazo seguramente no menor a ocho meses a partir de este momento y en este marco el Estado iniciará campañas de difusión sobre los riesgos del consumo para la salud", explicó hoy el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Juan Andrés Roballo.

De capital uruguayo y extranjero, dos empresas, de 22 que se postularon, serán las encargadas de producir, en principio, hasta dos toneladas anuales de producto en un lugar de propiedad estatal ubicado al suroeste del país y que contará con seguridad tanto de gestión pública como privada de las propias empresas.

El objetivo que marca la ley es que el cannabis, cuyas semillas todavía están en fase de evaluación con el fin de obtener una genética propia, llegue a los ciudadanos que oportunamente se registren en el Ircca en dosis de hasta 40 gramos mensuales y 10 semanales.

El Gobierno continúa en conversaciones con las farmacias, establecimientos que la ley establece como dispensadores de la marihuana, y ya hay un borrador de acuerdo y un acta de entendimiento sobre 11 puntos básicos que tienen que ver con las condiciones de dispensación y seguridad.

Consultadas por Efe, fuentes del Centro de Farmacias de Uruguay, gremio de los propietarios de estos establecimientos, declinaron hacer declaraciones -como es habitual desde la aprobación de la ley-, aunque señalaron que se trata de un tema "muy delicado" en el país y que de momento "no hay certeza" de los detalles sobre cómo se desarrollará la venta.

En torno a un dólar por gramo costará comprar la marihuana, un precio dispuesto "con cierto margen" para poder ser adecuado a lo que es, por lo menos de base, el precio del mercado ilegal, explicó en conferencia de prensa el presidente de la junta directiva del Ircca, Augusto Vitale.

"A nosotros nos parece bien que se siga apostando a que el gramo de cannabis esté a un dólar y continúe siendo competitivo con el mercado negro, porque es uno de los objetivos principales de la política", aseveró hoy a Efe Hernán Delgado, integrante de la ONG Proderechos, una de las impulsoras de la legalización del cultivo.

De momento, hasta que se pueda pagar por ella legalmente, dos formas hay ya de poder acceder según la ley al cannabis en el país suramericano, no sin antes cumplimentar un largo trámite burocrático de registro.

Y es que desde mediados de 2014 está en marcha el cultivo doméstico, destinado a quienes se registren para plantar cierta cantidad de marihuana en su propia casa, así como los llamados clubes cannábicos, que funcionan como una especie de cooperativa para el cultivo colectivo de un grupo limitado de personas.

Para Victoria Verrastro, de Proderechos, lo anunciado hoy por el Ejecutivo "es un comienzo" y demuestra que tiene la voluntad política de implementar la ley.

En este sentido, dijo que el sistema de farmacias "es muy importante" porque será el abastezca a la mayoría de los usuarios.

Sin embargo, estas dos licencias "todavía no hacen la cobertura total para todos los usuarios estimados de cannabis", criticó Verrastro, que afirmó que unas 55.000 personas consumen marihuana varias veces por semana y 18.000 a diario en Uruguay.

No obstante, hasta ahora son más de 3.000 usuarios legalizados en todo el país entre cultivadores domésticos y los organizados en clubes cannábicos.

Acabar con el negocio del narcotráfico fue una de las principales razones para que bajo el mandato de José Mujica (2010-2015) se aprobase en diciembre de 2013 una ley que convirtió al Uruguay en pionero en este enfoque de la lucha antidrogas.

Tras la licitación anunciada hoy para vender marihuana recreativa, con inversiones de las empresas no menores a los 600.000 dólares y que pueden llegar a los dos millones, queda por delante la correspondiente a las que producirán la sustancia para uso medicinal o de investigación.

Dilma anunció una reforma del Estado

RECORTA CARGOS PUBLICOS, MINISTERIOS Y SALARIOS DE MINISTROS Y RECOMPONE ALIANZAS

La renovación llega en medio de una profunda crisis económica, de frente a un ajuste fiscal que enfrenta al gobierno con las clases populares, y ante la amenaza de juicio político contra Rousseff. El PT pierde tres ministerios y el PMDB suma uno.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció una reforma en la que redujo el número de ministerios y en la que recortó los salarios de los ministros con el fin de bajar gastos. La reforma puede interpretarse como una maniobra política que, además de ahorrarles 50 millones de dólares a las arcas estatales, recompone la alianza del gobierno y diluye las posibilidades de apertura de un juicio político contra la mandataria.

En el marco de la reforma, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado y determinante en el Congreso, aumentará de seis a siete las carteras bajo su control, mientras que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) perdió la titularidad de tres ministros, que fueron fusionados con otras carteras. También como parte de las medidas, la presidenta desplazó a uno de sus hombres más leales, el hasta ahora jefe del Gabinete Civil, Aloizio Mercadante, y puso en su lugar al actual titular de Defensa, Jaques Wagner. Este gesto que responde al reiterado reclamo del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el PT, y el PMDB, al que pertenecen el vicepresidente Michel Temer, y los jefes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, que tienen una relación tensa con Rousseff y rechazaban al ministro y mano derecha de la mandataria. La reforma llega en medio de una profunda crisis económica, de frente a un ajuste fiscal que enfrenta al gobierno con las clases populares, y ante la amenaza de juicio político contra Rousseff, como un intento por fortalecer su mandato y reconciliar posturas con el Congreso.

La jefa de Estado explicó que, además de mejorar la eficacia de la gestión y reducir gastos públicos, la reforma garantizará una mayoría mas estable del gobierno en el Parlamento, la gobernabilidad y la consecuente aprobación de leyes y proyectos necesarios para superar la crisis económica. “Sabemos que existen dificultades que tienen que ser superadas para que la economía del país vuelva a crecer, pero para eso necesitamos estabilidad política, por eso también esta reforma”, aseguró la mandataria en una conferencia de prensa al justificar su mayor acercamiento al PMDB.

La mandataria recortó un total de diez carteras, pero fueron creados otros dos ministerios, que resultan de la fusión de carteras extinguidas. Es decir, redujo de 39 a 31 el número de ministerios. La reforma contempla la eliminación de 30 secretarías y 3000 cargos de confianza –los que otorgan los titulares o directores de organismos públicos sin mediar concurso–, la reducción del diez por ciento de los salarios de los ministros y límites de gastos en los ministerios.

Luego de tres encuentros en el Palacio de Planalto con Rousseff, Lula da Silva fue un actor clave en el nuevo gabinete, que ahora cuenta con varios hombres de su confianza en el área política. El flamante ministro de la Casa Civil, Jaques Wagner, es un experimentado dirigente del PT, ex gobernador de Bahía y antiguo aliado de Lula, de quien fue ministro. Con la designación de Wagner, el ex jefe de Estado obtuvo dos victorias: proyectó a la Casa Civil a un político con quien mantiene un diálogo fluido y separó del cargo a un dirigente como Aloizio Mercadante, que pese a ser petista nunca fue uno de los preferidos de Lula. El respaldo del PMDB, uno de los espacios más beneficiados con la reforma, es vital para Rousseff en el Congreso para que avancen las medidas de ajuste fiscal y para frenar un eventual pedido de apertura del impeachment en su contra que pueda derivar en su destitución.

El presidente de la Cámara baja, Cunha, que además de ser investigado por corrupción dentro del caso Petrobras también es procesado por la Procuraduría General de Suiza por sospechado de lavado de dinero ampliado a corrupción, rompió relaciones con el ejecutivo en agosto, y tanto él como Calheiros boicotearon el ajuste fiscal propuesto por el equipo económico del gobierno. Al ceder en la salida de Mercadante y el aumento de carteras para el PMDB, el gobierno aspira a tener votos suficientes para impedir que prosperen los pedidos de destitución.

Según publicó el periódico Folha de Sâo Paulo, asesores presidenciales calculan que a partir de ahora el oficialismo contará con los votos de un mínimo de 50, del total de 66 diputados del PMDB, que serán vitales para evitar la apertura de un juicio político. Al respecto, el PT admitió ayer que el espacio perdido en el nuevo gabinete “es malo para nosotros, del PT, pero no había otra alternativa que ceder espacio en el diseño del gabinete”, según declaró el senador Humberto Costa, jefe del bloque del oficialismo. “El haber negociado con la bancada del PMDB, que demostró cierta rebeldía con el gobierno, fue una decisión que ayuda mucho, ya que con ellos se garantiza gobernabilidad”, aseguró Costa.

Desde la oposición, sin embargo, consideraron que la reforma de gabinete aisló a la mandataria. Para Marina Silva, del partido Red de Sustentación, Dilma quedó atrapada al no tener ministros de su confianza. Por su parte, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, jefe del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, los cambios pueden ser beneficiosos para Rousseff, pero no son una solución a los problemas de fondo.