El juez cita a Rato como imputado tras declarar ante la Guardia Civil
El magistrado que investiga al exvicepresidente por delitos fiscales y corrupción le convoca el martes a las 10
FERNANDO J. PÉREZ Madrid 2 OCT 2015 -
Rodrigo Rato volverá a enfrentarse a las preguntas del juez el próximo martes a las 10 de la mañana. Antonio Serrano-Artal, el magistrado de Madrid que investiga al exvicepresidente del Gobierno por delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares, le ha citado este viernes para que declare de nuevo como imputado.
La decisión del magistrado llega después de que elcaso Rato se haya acelerado en los últimos días.
El pasado jueves, Rato prestó declaración durante cuatro horas en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid),mientras que este viernes han pasado por el despacho del magistrado Miguel Ángel Montero, supuesto testaferro del expolítico y expresidente de Bankia, y María Teresa Arellano, secretaria y mano derecha de Rato durante los últimos 30 años, después de pasar dos días en los calabozos del instituto armado. El resultado de estas declaraciones ha precipitado la citación de Rato.
Miguel Ángel Montero Quevedo, hombre de confianza de Rodrigo Rato, figura como responsable de Vivaway Ltd, sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de Guernsey (Reino Unido). Esta mercantil controla a su vez a Kradonara 2001 SL, sociedad española en la que el exvicepresidente del Gobierno ha recibido, según la investigación, 6,5 millones de euros de origen desconocido procedentes del extranjero. Este dinero no ha sido declarado al fisco por Rato y sus empresas.
Por su parte, María Teresa Arellano Carpintero va más allá del concepto clásico de secretaria. Además de llevar la agenda de Rato, esta mujer es una de las personas que más poder ha acumulado en el entorno del exvicepresidente. Era ella quien daba y quitaba el acceso a Rato, hasta el punto que el expresidente de Bankia, en su última época en la entidad, la elevó al cargo de directora general de la antigua Caja Madrid. Arellano llegó a controlarde facto las áreas de comunicación y la obra social.
Entre otras sociedades de Rato, Arellano fue nombrada en 2014 administradora única de Kradonara. En esa empresa el exvicepresidente del Gobiernorecibió supuestamente 835.000 euros de las empresas de publicidad Zenith y Publicis, adjudicatarias de dos grandes concursos de publicidad de Bankia.
Montero y Arellano fueron detenidos el miércoles y pasaron dos días en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). Tras declarar durante una hora y media aproximadamente cada uno, el juez Serrano-Arnal los dejó en libertad imputados por delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares, los mismos cargos que pesan sobre Rato. La causa acumula nueve imputados. Además de Rato, Montero y Arellano, el magistrado ha encausado al abogado Domingo Plazas —arquitecto del entramado societario del expolítico del PP—, a cuatro directivos de Zenith y Publicis y al empresario Alberto Portuondo. Este directivo supuestamente fue quien, a través de su sociedad Albisa, cobró de Zenith y Publicis y pagó a Rato la comisión por los contratos de publicidad de Bankia a razón de unos 40.000 euros mensuales durante dos años.
Parte de esta cantidad, que Portuondo trató de justificar como el pago por supuestos “asesoramientos verbales” realizados por Rato a sus empresas, fue invertido en un hotel de Berlín del que Rato posee el 44% de las acciones a través de una sociedad alemana, Bagerpleta Gmbh.
El pasado 24 de septiembre, el juez Serrano-Arnal embargó la pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales (71.500 euros) que Rato percibe como ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta cantidad se suma a los bienes por valor de 18 millones de euros que el magistrado le mantiene bloqueados desde junio, según fuentes jurídicas.
Serrano-Artal elevó ayer al Tribunal Supremo una cuestión de competencia para que la investigación vaya a la Audiencia Nacional. En el auto en el que razonaba los motivos para inhibirse, el magistrado afirmaba que parte de los fondos supuestamente defraudados al fisco por Rato a través de su entramado societario corresponden al “pago de asistencias a diversos congresos y conferencias”.
Además de la investigación por delito fiscal, Rato está imputado en la Audiencia Nacional en dos causas: la abierta por la salida a bolsa de Bankia y la referente a los pagos opacos al fisco con las tarjetas black de Caja Madrid.
El pasado jueves, Rato prestó declaración durante cuatro horas en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid),mientras que este viernes han pasado por el despacho del magistrado Miguel Ángel Montero, supuesto testaferro del expolítico y expresidente de Bankia, y María Teresa Arellano, secretaria y mano derecha de Rato durante los últimos 30 años, después de pasar dos días en los calabozos del instituto armado. El resultado de estas declaraciones ha precipitado la citación de Rato.
Miguel Ángel Montero Quevedo, hombre de confianza de Rodrigo Rato, figura como responsable de Vivaway Ltd, sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de Guernsey (Reino Unido). Esta mercantil controla a su vez a Kradonara 2001 SL, sociedad española en la que el exvicepresidente del Gobierno ha recibido, según la investigación, 6,5 millones de euros de origen desconocido procedentes del extranjero. Este dinero no ha sido declarado al fisco por Rato y sus empresas.
Por su parte, María Teresa Arellano Carpintero va más allá del concepto clásico de secretaria. Además de llevar la agenda de Rato, esta mujer es una de las personas que más poder ha acumulado en el entorno del exvicepresidente. Era ella quien daba y quitaba el acceso a Rato, hasta el punto que el expresidente de Bankia, en su última época en la entidad, la elevó al cargo de directora general de la antigua Caja Madrid. Arellano llegó a controlarde facto las áreas de comunicación y la obra social.
Entre otras sociedades de Rato, Arellano fue nombrada en 2014 administradora única de Kradonara. En esa empresa el exvicepresidente del Gobiernorecibió supuestamente 835.000 euros de las empresas de publicidad Zenith y Publicis, adjudicatarias de dos grandes concursos de publicidad de Bankia.
Montero y Arellano fueron detenidos el miércoles y pasaron dos días en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). Tras declarar durante una hora y media aproximadamente cada uno, el juez Serrano-Arnal los dejó en libertad imputados por delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares, los mismos cargos que pesan sobre Rato. La causa acumula nueve imputados. Además de Rato, Montero y Arellano, el magistrado ha encausado al abogado Domingo Plazas —arquitecto del entramado societario del expolítico del PP—, a cuatro directivos de Zenith y Publicis y al empresario Alberto Portuondo. Este directivo supuestamente fue quien, a través de su sociedad Albisa, cobró de Zenith y Publicis y pagó a Rato la comisión por los contratos de publicidad de Bankia a razón de unos 40.000 euros mensuales durante dos años.
Parte de esta cantidad, que Portuondo trató de justificar como el pago por supuestos “asesoramientos verbales” realizados por Rato a sus empresas, fue invertido en un hotel de Berlín del que Rato posee el 44% de las acciones a través de una sociedad alemana, Bagerpleta Gmbh.
El pasado 24 de septiembre, el juez Serrano-Arnal embargó la pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales (71.500 euros) que Rato percibe como ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta cantidad se suma a los bienes por valor de 18 millones de euros que el magistrado le mantiene bloqueados desde junio, según fuentes jurídicas.
Serrano-Artal elevó ayer al Tribunal Supremo una cuestión de competencia para que la investigación vaya a la Audiencia Nacional. En el auto en el que razonaba los motivos para inhibirse, el magistrado afirmaba que parte de los fondos supuestamente defraudados al fisco por Rato a través de su entramado societario corresponden al “pago de asistencias a diversos congresos y conferencias”.
Además de la investigación por delito fiscal, Rato está imputado en la Audiencia Nacional en dos causas: la abierta por la salida a bolsa de Bankia y la referente a los pagos opacos al fisco con las tarjetas black de Caja Madrid.
