Burford Capital le solicitó al juez Griesa que decrete un pago indemnizatorio en su favor por la expropiación de la petrolera en 2012.
21 de Octubre de 2015
El fondo buitre Burford Capital, especialista en litigios corporativos, envió una carta al juez de Nueva York Thomas Griesa para reclamar por el pago de la expropiación por parte del Estado argentino del 51% de las acciones de YPF.
Burford, presidido por el ex CEO de Barclays Peter Middleton, compró el litigo que el Grupo Petersen inició contra el Estado argentino por la nacionalización de la petrolera. Burford pidió a Griesa que rechace los argumentos de la Argentina en función de que "el país ha hecho una práctica de violar las obligaciones contractuales a los inversores internacionales, y luego burlarse de las Cortes de los EEUU cuando sus víctimas buscan una respuesta".
Los abogados Israel Dahan y Reginald Smith, del estudio King y Spalding (K&S), y Mark Hansen, de Kellogg, Huber, Hansen, Todd, Evans & Figel, sostuvieron que no pueden litigar en la Argentina porque "la procuradora general Gils Carbó ha amenazado personal e institucionalmente a K&S y a Burford con un arresto y procesamiento penal ante los medios del mundo", por lo que dedujeron que la Argentina no tiene cortes "justas".
Gils Carbó denunció a Burford por la compra del litigio de Marsans contra la Argenitna por la estatización de Aerolíneas Argentinas.
El fondo buitre recurrió de manera reiterada a la fantasía favorita de Griesa: la de que la Argentina es un país irresponsable que supuestamente se burla de la justicia. "En el anuncio, la procuradora general apuntó a este caso y a su Señoría por su nombre ('el juez Griesa, esto es, un juez contra los intereses de la Argentina')", señaló.
Si bien están especializados en distintos litigios, los fondos buitre NML y Aurelius, que buscan cobrar U$S 1660 millones a partir de la sentencia del juez Griesa, al igual que Burford sacan ventajas de los contratos leoninos que le imponen al Estado.
El fondo buitre Burford Capital, especialista en litigios corporativos, envió una carta al juez de Nueva York Thomas Griesa para reclamar por el pago de la expropiación por parte del Estado argentino del 51% de las acciones de YPF.
Burford, presidido por el ex CEO de Barclays Peter Middleton, compró el litigo que el Grupo Petersen inició contra el Estado argentino por la nacionalización de la petrolera. Burford pidió a Griesa que rechace los argumentos de la Argentina en función de que "el país ha hecho una práctica de violar las obligaciones contractuales a los inversores internacionales, y luego burlarse de las Cortes de los EEUU cuando sus víctimas buscan una respuesta".
Los abogados Israel Dahan y Reginald Smith, del estudio King y Spalding (K&S), y Mark Hansen, de Kellogg, Huber, Hansen, Todd, Evans & Figel, sostuvieron que no pueden litigar en la Argentina porque "la procuradora general Gils Carbó ha amenazado personal e institucionalmente a K&S y a Burford con un arresto y procesamiento penal ante los medios del mundo", por lo que dedujeron que la Argentina no tiene cortes "justas".
Gils Carbó denunció a Burford por la compra del litigio de Marsans contra la Argenitna por la estatización de Aerolíneas Argentinas.
El fondo buitre recurrió de manera reiterada a la fantasía favorita de Griesa: la de que la Argentina es un país irresponsable que supuestamente se burla de la justicia. "En el anuncio, la procuradora general apuntó a este caso y a su Señoría por su nombre ('el juez Griesa, esto es, un juez contra los intereses de la Argentina')", señaló.
Si bien están especializados en distintos litigios, los fondos buitre NML y Aurelius, que buscan cobrar U$S 1660 millones a partir de la sentencia del juez Griesa, al igual que Burford sacan ventajas de los contratos leoninos que le imponen al Estado.
En este caso, Burford pretende obtener beneficios a partir de las garantías que establecieron los contratos de privatización de los años 90 tanto en Aerolíneas como en YPF, que se habrían gatillado con la reestatización.
"Cuando Argentina inició una oferta pública en la Bolsa de Comercio de Nueva York, prometió a los inversores que tendería una propuesta al mercado si en el futuro buscaba retomar el control. En una violación flagrante de esos compromisos, la Argentina retomó el control de YPF en 2012 y se negó a realizar una oferta al Grupo Petersen", reclamó el fondo buitre.
Los abogados criticaron a la defensa de la Argentina y negaron que la Ley de Inmunidad Soberana se aplique a este caso. "La legislación establece que cuando un gobierno extranjero actúa como un participante del mercado en vez de cómo regulador, se aplica la excepción de actividad comercial". Para Burford, este sería el caso de la expropiación de YPF, por el cual tampoco aplica la Champerty Law, que dice que no se puede comprar una demanda solo para litigar, porque "sólo involucra a las transacciones de menos de U$S 500 mil", según la Ley de Nueva York.
Burford también consideró que el litigio debía estar en manos de Griesa por la "falta de independencia judicial" en la Argentina. Para el fondo, "si fuera forzado a litigar en la República, es razonable que, dada la importancia del caso, el gobierno pondrá presión en la Corte para tener una sentencia a favor", aventuraron los abogados.
Los abogados criticaron a la defensa de la Argentina y negaron que la Ley de Inmunidad Soberana se aplique a este caso. "La legislación establece que cuando un gobierno extranjero actúa como un participante del mercado en vez de cómo regulador, se aplica la excepción de actividad comercial". Para Burford, este sería el caso de la expropiación de YPF, por el cual tampoco aplica la Champerty Law, que dice que no se puede comprar una demanda solo para litigar, porque "sólo involucra a las transacciones de menos de U$S 500 mil", según la Ley de Nueva York.
Burford también consideró que el litigio debía estar en manos de Griesa por la "falta de independencia judicial" en la Argentina. Para el fondo, "si fuera forzado a litigar en la República, es razonable que, dada la importancia del caso, el gobierno pondrá presión en la Corte para tener una sentencia a favor", aventuraron los abogados.
