Gobiernos progresistas y de izquierda se ven atacados -y condicionados- por distintas expresiones de los sectores de poder. Hay dos casos paradigmáticos para analizar este fenómeno en relación a la situación argentina, que encuentra también asidero en otras naciones: Brasil y Venezuela.
Brasil
La semana pasada la oposición brasilera presentó un nuevo pedido de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Es el número 27 que recibe Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, desde inicios de 2015.
Atravesado por casos de casos de corrupción, una situación económica muy compleja, una oposición envalentonada y varias grandes movilizaciones en el último tiempo pidiendo la renuncia de Dilma, el país carioca se encuentra en crisis a varios niveles.
Dentro de la propia alianza de gobierno incluso, fracciones del Partido del Movimiento Democrático (PMDB) juegan para un lado y otro. Cunha, el presidente del Senado, Renan Calheiro, y el vicepresidente de la Nación, Michel Temer, forman parte de la oposición desde adentro del propio gobierno.
Más allá de los detalles de la actualidad brasilera, vale mencionar que el proyecto de inclusión social neodesarrollista impulsado por el PT y desarrollado por los dos gobiernos de Lula Da Silva y el primer mandato de Dilma, al ser reelecta en diciembre del año pasado se empezó a hacer insostenible y, por presiones e incapacidad de pensar un proyecto alternativo, avanzar sobre poderes económicos y optar por empoderar construcciones populares, se volcó a un programa de ajuste, expresado en la Agenda Brasil y el nombramiento del ultraliberal Joaquim Levy al frente de la cartera de Economía.
En las elecciones de 2014, el líder opositor del Partido Socialdemócrata (PSDB), Aécio Neves obtuvo el 48% en ballotage y estuvo muy cerca de arrebatarle al PT la presidencia. La campaña de Neves estuvo centrada en la crítica a la situación económica (inflación, falta de inversión, etc.) y en la denuncia a casos de corrupción. Un férreo defensor de la autonomía del Banco Central y de la alianza entre capitales privados y estatales, en la actualidad afirma que Dilma Roussef “quebró al país para ganar la reelección” y que “su política económica incompetente” ha llevado a la recesión de Brasil.
El apoyo de Marina Silva -ex candidata presidencial por el Partido Socialista (PSB) y ex integrante del PT- a la candidatura de Neves fue percibida y construida por los medios como “clave” para el triunfo de Neves en el ballotage. Su postura explícita de mantenimiento de los avances sociales alcanzados en la última década empalmaba con el discurso de Neves de reforma económica y fiscal para expresar el descontento creciente con el gobierno de Dilma. Pero no fue suficiente para derrotarla en las urnas.
Rousseff, entonces, asumió un nuevo gobierno condicionada por derecha, conviviendo con y siendo atacada por ella. Ganó las elecciones, sí, pero su gestión de diciembre a esta parte está abocada a malabarear la crisis económica con medidas clásicas de ajuste fiscal que incluso rozan los recortes a la inversión en planes de inclusión social que fueron el sustento del poder del PT como gobierno de centroizquierda en la región.
La desesperación actual por que el Mercosur firme un acuerdo comercial con la Unión Europea, a su vez, da indicios de cuál es la salida que pretende el otrora partido de izquierda más grande del continente para resolver el complejo momento económico. Las propias entidades empresarias de Brasil respaldan a la presidenta ante los intentos de destituirla. No necesitan que la reemplacen por derecha, necesitan que el propio PT termine de cavar su fosa y que con él se destierre de Brasil la posibilidad de un gobierno para las mayorías. Las incapacidades e involuntades del PT están siendo también su límite.
Venezuela
Hay centenares de diferencias entre los procesos políticos y sociales de Brasil y Venezuela. En la República Bolivariana, sin ir más lejos, está planteada la transición hacia el Socialismo del Siglo XXI y el rol de la estructura estatal -e incluso de nuevas formas estatales como el sistema de Comunas- están orientadas hacia ese horizonte.
Venezuela está en el centro de los intereses imperialistas. Sin ir más lejos, el propio gobierno de Barack Obama lanzó un decreto en el que encuentra a la nación bolivariana como una “amenaza a la seguridad”.
Además, la situación en la frontera con Colombia -aliado estratégico en la región para Estados Unidos- está al rojo vivo y el conflicto con Guyana -que quiere extraer petróleo del mar de la región del Esequibo, en conflicto de soberanía con Venezuela hace décadas- no parece calmar.
Azotada desde el exterior, en territorio venezolano la derecha expresada en la Mesa por la Unidad Democrática (MUD), una coalición opositora, pone buena parte de sus fichas en las elecciones legislativas de diciembre, en las que intentará hacerse con la mayoría del parlamento. Pero no solo a nivel institucional actúa: movilizaciones callejeras, guerra económica, especulación y contrabando forman parte de su estrategia de “golpe suave” con la que intentan condicionar y limitar al proceso bolivariano.
Pero la respuesta de Maduro y la revolución no es la misma que la de Dilma. El gobierno en los últimos meses lanzó una dura ofensiva contra la guerra económica, los paramilitares que actúan en el territorio venezolano y la escasez de productos, uno de los mayores males que azotan al país, por la acción de los contrabandistas y especuladores. La semana pasada lanzó incluso un plan económico de siete puntos centrales con los cuales busca darle una estocada a la derecha y los intentos de destruir lo construido desde el primer gobierno de Hugo Chávez.
La oposición venezolana, encabezada por Henrique Capriles, gobernador del Estado Miranda, discursivamente ya en la última elección presidencial, en 2013, tuvo que acomodarse y plantear que en su hipotético gobierno se sostendrían algunas de las Misiones sociales del gobierno chavista.
Ante pueblos participativos y politizados, la derecha tiene que adaptar su discurso para aumentar su base social.
No es nada casual que Macri tenga como bandera la libertad de Leopoldo López, ni que Capriles lo haya felicitado por la elección del domingo.
Se podría extender muchísimo más el análisis, pero algunos de estos elementos bastan para pensar la actualidad argentina y los desafíos que tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri tendrán de cara al ballotage y a un futuro gobierno. ¿Hará Daniel, como Dilma, y aceptará ser la cara visible de un ajuste económico y social en beneficio de los empresarios? ¿Seguirá profundizando Macri, como Capriles y de la mano de su asesor de imagen Jaime Durán Barba, la estrategia de “apoyamos lo bueno, criticamos lo malo” de los gobiernos kirchneristas? ¿Reverá Scioli al gabinete anunciado que tanta crítica le generó?
Las nuevas derechas latinoamericanas, ya no accediendo al poder tras golpes de Estado sino como alternativas de gobierno dentro de las reglas democráticas, son un fenómeno que habrá que seguir desmenuzando. Emir Sader se preguntaba: “¿Qué es lo que quiere la derecha latinoamericana, que se empeña tanto, valiéndose de todo lo que posee -del monopolio privado de los medios de comunicación, del terrorismo económico, de reiteradas denuncias vacías, de presiones internacionales- para intentar retornar al gobierno?”.
Y agregaba también, pensando en Argentina, Brasil y Venezuela, pero también en Ecuador, Chile, Uruguay y en la región en general: “Es evidente que lo único que la derecha latinoamericana tiene claro es que quiere desalojar a las fuerzas progresistas del gobierno, para abrir camino a las grandes fuerzas del poder económico y mediático”.
Resumen Latinoamericano
