CORRUPCIÓN EN CHILE
Los mayores fabricantes del producto montaron un mecanismo para fijar el precio durante más de una década
- ROCÍO MONTES Santiago de Chile 30 OCT 2015
Una mujer compra papel higiénico en un supermercado de Santiago. / AFP
La Fiscalía Nacional Económica chilena ha acusado a las dos principales compañías papeleras locales de haber montado un engranaje para repartirse cuotas en el mercado y controlar el precio del papel higiénico y otros productos de primera necesidad desde el año 2000 a 2011. La trama ha indignado a la ciudadanía, porque no se trata del primer escándalo de este tipo que explota en los últimos años en Chile, donde se han descubierto alzas de precios concertadas en medicamentos y pollos. En un país con niveles altos de desigualdad, donde el 1% más rico concentra el 33% de la riqueza, este tipo de prácticas resulta especialmente indignante.
“Es un hecho de máxima gravedad”, señaló este jueves la presidenta Michelle Bachelet. “La colusión es un abuso que perjudica a las personas, la economía, la confianza y la imagen de nuestro país”.
El caso involucra a dos compañías importantes y a dirigentes empresariales de alta figuración pública
El caso involucra a dos compañías importantes y a dirigentes empresariales de alta figuración pública. La primera es CMPC, conocida como La papelera, una firma controlada por el Grupo Matte, de las familias más ricas y poderosas del país. La segunda empresa involucrada es SCA Chile, que en 2000 se llamaba Pisa y era propiedad de Gabriel Ruiz-Tagle, ministro del Deporte del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014). Juntas facturan unos 400 millones de dólares anualmente y controlan el 90% del mercado de papel higiénico, pañuelos de papel, papel de cocina y servilletas, entre otros productos.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, que acusó a ambas firmas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los contactos comenzaron a mediados de 2000.
Ruiz-Tagle y Jorge Morel, gerente general de CMPC, tuvieron una primera reunión en un club de golf de las afueras de la capital. Los empresarios luego comenzaron a encontrarse en un cuartel de bomberos de la zona oriente de Santiago, junto a otros altos directivos de ambas compañías.
Para facilitar la comunicación y no ser descubiertos, crearon nuevos correos electrónicos y compraron móviles de prepago. Cuando en 2008 estalló el caso del alza concertada de precios de medicamentos, tomaron mayores resguardos: intercambiaban información en papeles impresos. Las cartas llegaban a las residencias privadas de los gerentes de las empresas como partes de matrimonio, como se le denomina en Chile a las invitaciones para una boda.
Conscientes de la ilicitud
El mecanismo que les permitió mantener sus altas participaciones en el mercado y afectar los precios de sus productos funcionó durante más de una década. Y de acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica, “los ejecutores de la conducta eran conscientes de su ilicitud”. En diciembre de 2011, por ejemplo, directivos de CMPC se deshicieron de algunos ordenadores arrojándolos al canal San Carlos, un conocido riachuelo que cruza parte de Santiago y que transporta sobre todo desechos.
Los mecanismos utilizados por los empresarios en esta trama han impactado a los chilenos, que hasta hace pocos años tenían una alta valoración del mundo empresarial de su país. Casos de abusos reiterados hacia los consumidores, sin embargo, han hecho variar esa percepción y explican, en parte, el estallido de los movimientos sociales de 2011.
En Chile la colusión de mercado no es una figura penal y no se castiga con cárcel: en 2003 se reemplazó el delito por el aumento de multas. Aunque existen al menos tres proyectos de ley en el Congreso para sancionar más duramente este tipo de prácticas, uno de ellos impulsado desde el Gobierno, no se prevé su aprobación en el corto plazo. La legislación vigente, mientras tanto, permite que sucedan casos como el de 2014, cuando 10 ejecutivos involucrados en el aumento de precios de los medicamentos fueran absueltos por la Justicia. En el caso del papel higiénico sucederá algo similar: como CMPC reconoció prácticas anticompetitivas, no tendrá ningún castigo pese a haber recibido el 76% de los beneficios del acuerdo durante una década.
