Durante semanas y en secreto cuatro abogados del Gobierno de Estados Unidos trabajaron y analizaron las implicaciones legales de atrapar y ejecutar al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, quien finalmente "murió" en una operación militar el 2 de mayo de 2011, a manos de fuerzas especiales estadounidenses en una vivienda de Abottabad, Pakistán.
La vivienda de Abottabad, Pakistán, donde se escondía Osama Bin Laden/ Archivo.
Durante semanas y en secreto cuatro abogados del Gobierno de Estados Unidos trabajaron y analizaron las implicaciones legales de atrapar y ejecutar al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, quien finalmente murió en una operación militar el 2 de mayo de 2011, a manos de fuerzas especiales estadounidenses en una vivienda de Abottabad, Pakistán.
Según reveló The New York Times, en las deliberaciones previas al operativo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a considerar bombardear el complejo en el que se escondía el terrorista más buscado del mundo. Pero desistió por recomendación de los cuatro abogados.
Se trata de Stephen W. Preston, de la CIA, Mary B. De Rosa, del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jeh C. Johnson, del Departamento de Defensa, y James W. Crawford III, del Estado Mayor Conjunto. Los cuatro trabajaron codo con codo para determinar si la operación que estaba a punto de lanzar la Administración de Obama era legal o no.
Enterados de que se había localizado a Bin Laden, los cuatro abogados actuaron en secreto y, para evitar filtraciones, ni siquiera consultaron con otros asesores o con el fiscal general, Eric Holder. Realizaron investigaciones propias, escribieron informes en computadoras portátiles seguras e intercambiaron notas manuscritas a través de mensajeros de su completa confianza, para despejar todas las dudas legales del futuro operativo de captura.
Fuentes conocedoras de estas reuniones han afirmado que Preston abogó por poner por escrito las “conclusiones legales” para demostrar que todo estaba preparado de antemano, de tal forma que nadie pudiese acusar al Gobierno de improvisar justificaciones tras la operación, “especialmente si ésta terminaba mal”.
Uno de estos informes versaba sobre las implicaciones de violar la soberanía de Pakistán, país al que Estados Unidos no solicitó permiso antes de la operación de los SEAL. Las autoridades norteamericanas temían que una notificación previa pudiese derivar en filtraciones al entorno de Bin Laden y en su posible huida.
Los abogados argumentaron que la incursión unilateral sería legal si se entiende como una excepción a la soberanía nacional. Esta excepción sería válida si el Gobierno en cuestión --en este caso el paquistaní-- “no quiere o no puede” hacer frente en su territorio a una amenaza para otros países.
Otra de las dudas legales giraba en torno al mandato de los SEAL, en concretosi tenían potestad para matar a Bin Laden en caso de una mínima complicación. Los abogados confiaban en la autorización del Congreso para utilizar la fuerza militar contra los responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
¿Qué hacer con Bin Laden en caso de captura? No existen respuestas concretas a esta pregunta, muestra de que los abogados consideraban esta posibilidad cuanto menos lejana. Así, el plan consistía en trasladar al detenido a un buque mulitar y, ya entonces, decidir cuál sería el siguiente paso --Johnson sugirió el traslado a Guantánamo--. Pero el terrorista murió en el asalto de los SEAL y su cuerpo fue lanzado al mar, sin que nadie jamás lo viera, ni siquiera en una foto.
*https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=258074172423170300#editor/target=post;postID=7742336075799464246;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=97;src=postname
Durante semanas y en secreto cuatro abogados del Gobierno de Estados Unidos trabajaron y analizaron las implicaciones legales de atrapar y ejecutar al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, quien finalmente murió en una operación militar el 2 de mayo de 2011, a manos de fuerzas especiales estadounidenses en una vivienda de Abottabad, Pakistán.
Según reveló The New York Times, en las deliberaciones previas al operativo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a considerar bombardear el complejo en el que se escondía el terrorista más buscado del mundo. Pero desistió por recomendación de los cuatro abogados.
Se trata de Stephen W. Preston, de la CIA, Mary B. De Rosa, del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jeh C. Johnson, del Departamento de Defensa, y James W. Crawford III, del Estado Mayor Conjunto. Los cuatro trabajaron codo con codo para determinar si la operación que estaba a punto de lanzar la Administración de Obama era legal o no.
Enterados de que se había localizado a Bin Laden, los cuatro abogados actuaron en secreto y, para evitar filtraciones, ni siquiera consultaron con otros asesores o con el fiscal general, Eric Holder. Realizaron investigaciones propias, escribieron informes en computadoras portátiles seguras e intercambiaron notas manuscritas a través de mensajeros de su completa confianza, para despejar todas las dudas legales del futuro operativo de captura.
Fuentes conocedoras de estas reuniones han afirmado que Preston abogó por poner por escrito las “conclusiones legales” para demostrar que todo estaba preparado de antemano, de tal forma que nadie pudiese acusar al Gobierno de improvisar justificaciones tras la operación, “especialmente si ésta terminaba mal”.
Uno de estos informes versaba sobre las implicaciones de violar la soberanía de Pakistán, país al que Estados Unidos no solicitó permiso antes de la operación de los SEAL. Las autoridades norteamericanas temían que una notificación previa pudiese derivar en filtraciones al entorno de Bin Laden y en su posible huida.
Los abogados argumentaron que la incursión unilateral sería legal si se entiende como una excepción a la soberanía nacional. Esta excepción sería válida si el Gobierno en cuestión --en este caso el paquistaní-- “no quiere o no puede” hacer frente en su territorio a una amenaza para otros países.
Otra de las dudas legales giraba en torno al mandato de los SEAL, en concretosi tenían potestad para matar a Bin Laden en caso de una mínima complicación. Los abogados confiaban en la autorización del Congreso para utilizar la fuerza militar contra los responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
¿Qué hacer con Bin Laden en caso de captura? No existen respuestas concretas a esta pregunta, muestra de que los abogados consideraban esta posibilidad cuanto menos lejana. Así, el plan consistía en trasladar al detenido a un buque mulitar y, ya entonces, decidir cuál sería el siguiente paso --Johnson sugirió el traslado a Guantánamo--. Pero el terrorista murió en el asalto de los SEAL y su cuerpo fue lanzado al mar, sin que nadie jamás lo viera, ni siquiera en una foto.
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