Una empresa amiga del poder político de turno
Los vínculos de los Fernández (Alberto y Máximo) con el poder político no se limitan a las administraciones del Frente Amplio, más bien parecen abrazarse al gobernante que esté de turno.
MARCOS REY
Brecha, Montevideo, 22-8-2015
A Tabaré Vázquez le prestaron una avioneta para la campaña electoral de 2004, así como a José Mujica y a Danilo Astori para viajar a Brasil en 2009. A Mujica, además, le financiaron la banda presidencial en 2010 (pese a que el Estado luego devolvió el dinero), y luego aportaron 15 mil dólares para el acto de asunción, al igual que lo hicieron otras empresas que por entonces coqueteaban con el progresismo, como Buquebus y Tenfield.
Pero los Fernández también tuvieron una relación cercana con los gobiernos de Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti, con quienes solían compartir asados en Punta del Este
En tiempos electorales, Máximo y Alberto Fernández aportaron dinero a varios partidos políticos. Por ejemplo, en la elección de octubre de 2014 donaron fondos en nombre de FRIPUR al Partido Colorado y al Frente Amplio, como lo muestra la aplicación creada por el portal Sudestada. Y en la última elección interna de junio de 2014 Alberto Fernández invitó a varios empresarios a colaborar con la campaña del nacionalista Jorge Larrañaga, según publicó ayer El País.
Pero también hicieron buenas migas con los militares
Desde su fundación en 1976, FRIPUR abastecía con sus productos a los centros de detención, según los relatos de varios ex presos políticos. Al disponer de una flota pesquera, que requiere permisos y controles de la Prefectura, varios mandos medios de la planta industrial de la Aguada han sido retirados militares, como los gerentes de mantenimiento. (Brecha)
No Huele Nada Bien
El sindicato de la pesca denunció en el Parlamento que los dueños de FRIPUR utilizaron los créditos bancarios del Estado para invertir en negocios familiares colaterales. La quiebra del gigante pesquero es para los trabajadores la “crónica de una muerte anunciada” debido a la falta de inversión en la planta y en los barcos, a la caída de las exportaciones y a las múltiples deudas.
“Fábrica fundida, empresarios enriquecidos”, repiten con impotencia, como si recitaran un mandato bíblico, sindicalistas y políticos de varias tiendas partidarias. Después de cuatro décadas se paralizó la actividad en el Frigorífico Pesquero del Uruguay (FRIPUR), la planta industrial más grande del país en el rubro y líder en exportaciones hasta hace poco tiempo. Con la paralización, FRIPUR dejó un reguero de deudas con el Estado, los trabajadores y con varios acreedores privados, y un pasivo estimado en 70 millones de dólares.
Lejos de la bancarrota personal, los fundadores en 1976 del frigorífico ahora quebrado, los hermanos Alberto y Máximo Fernández, lograron reciclarse diversificando sus inversiones en negocios agropecuarios, forestales, inmobiliarios, eólicos, entre otras empresas familiares que actualmente dirigen sus hijos Pese a la riqueza que multiplicó la familia Fernández, casi 960 trabajadores –muchas jefas de hogar que, como jornaleras, solían cobrar menos de 15 mil pesos mensuales– esperan desde hace dos años que los empresarios les paguen las licencias y los salarios vacacionales adeudados. Basta charlar con ellas unos minutos para compartir la indignación y la frustración que sienten. FRIPUR no sólo se hizo célebre por vender pescado empanado en cajitas con destino a Europa, sino por la persecución sindical y el maltrato sistemático a sus trabajadores, como lo probaron múltiples inspecciones y multas aplicadas por el Ministerio de Trabajo (MTSS). En 2012, por ejemplo, se sancionó a FRIPUR con una histórica multa de 80 mil dólares por persecución sindical, la más alta que haya puesto hasta entonces esa cartera.
Con el respaldo del Pit-Cnt, los trabajadores ocupan desde el martes la fábrica, por tiempo indeterminado. Lo harán hasta que se garantice por escrito en el MTSS que cobrarán los créditos laborales adeudados (unos 2 millones de dólares, según supo Brecha) y que el seguro de paro se extenderá por 120 días e incluirá a los empleados que no llegan a los jornales necesarios para cobrarlo. También buscarán negociar que, si la empresa es vendida en bloque, se mantengan los puestos laborales o, si no fuera posible para todos, que se cree una bolsa de trabajo para ubicarlos en otras empresas del rubro, confirmó a Brecha el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) José Franco. Sin embargo, según contaron en privado a Brecha jerarcas del gabinete de Tabaré Vázquez, en filas del Poder Ejecutivo ven difícil que todos los trabajadores pueden ser reincorporados en el sector pesquero, y evalúan ofrecer la reconversión laboral a través de cursos en el Inefop. Por otro lado, los trabajadores descartaron apostar a un proyecto cooperativo autogestionario en el frigorífico, como sugirieron los empresarios, por el tamaño de la empresa y el capital que necesitarían para ponerla en funcionamiento nuevamente.
El SUNTMA pretende que una parte de los ingresos que se generen por la venta de la mercadería prendada en favor del Banco de Previsión Social (BPS) –por las deudas de aportes patronales que tiene FRIPUR– se destine a pagar los créditos laborales de los trabajadores, pues temen que no haya dinero suficiente. Los activos de la empresa incluyen la planta industrial, 16 barcos, la flota de camiones y una planta de harina de pescado en el Cerro, y no llegarían a cubrir ni la mitad del pasivo de 70 millones de dólares de FRIPUR.
Según datos del Banco Central, el frigorífico le debe casi 40 millones de dólares al Banco República (BROU) y 5 millones al Banco Santander, las dos entidades que tienen hipotecas y prendas sobre los bienes del frigorífico y que cobrarían primero en la liquidación. Además le debe medio millón de dólares a UTE, empresa con la que el interventor tuvo que negociar para que no cortaran el suministro de energía eléctrica –previsto para ayer, 20 de agosto–, porque se perderían los productos congelados, prendados en favor del Estado. Al SUNTMA le parece “paradójico” que mientras FRIPUR mantiene una deuda con UTE, Máximo Fernández, titular también del parque eólico Kentilux SA, le venda energía eléctrica al ente, gracias a los diez molinos eólicos que instaló en la estancia familiar La Magdalena, en San José (una inversión que por otra parte financió el BROU en un 70 por ciento).
Desvío de fondos
El sindicato no desconoce las dificultades que ha tenido FRIPUR en los últimos años para colocar los productos en sus tradicionales mercados de África, la Unión Europea y Brasil, ni la desigual competencia asiática que se vale de mano obra prácticamente esclava en la pesca. Pero insiste en que la quiebra no sólo está asociada a la pérdida de mercados, sino a “graves problemas de gestión”. En concreto, denuncian que los Fernández desviaron hacia otros negocios familiares parte de los préstamos que recibieron del Banco República para reinvertir en la planta y en la flota de barcos. “La pérdida de mercados aceleró el proceso, pero en el fondo el problema es que la empresa utilizó el dinero prestado para otros fines. Desde la dictadura hasta ahora, todos los gobiernos le han refinanciado las deudas y le han prestado muchísimo dinero. Pero FRIPUR no reinvirtió toda esa plata en el sector, sino en otros negocios, dejando caer esta empresa”, afirmó a Brecha Franco, para quien el derrotero de la pesquera es la crónica de una muerte anunciada.
A modo de ejemplo, el sindicato señala que de los 16 barcos que la empresa tiene en Uruguay, sólo cuatro están en funcionamiento, por la falta de mantenimiento de las cámaras refrigeradoras. Durante algunos años los empresarios procesaron en la planta de La Aguada parte de la producción agrícola (brócoli, espinaca, espárrago) de los establecimientos que tienen en San José, mientras que solían llevar hasta allí a trabajadores del frigorífico pesquero (electricistas y albañiles) para tareas de mantenimiento, cuenta a Brecha José Umpiérrez, maquinista y dirigente del comité de base del SUNTMA en FRIPUR.
La última inversión importante que recuerdan los trabajadores en la planta se realizó en 2009, cuando se utilizó parte de los préstamos bancarios para acondicionar las cámaras de frío con tecnología de última generación. Hasta entonces, para almacenar la mercadería FRIPUR solía alquilar los contenedores refrigerados de la empresa Fimaral, firma que actualmente está a nombre de Javier Fernández, hijo de Alberto.
El sindicato denunció este miércoles, en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, lo que entienden fue una “maniobra” para desviar hacia otros emprendimientos parte de los créditos otorgados por el Estado.
Y, en los hechos, en épocas de cautela y prudencia, volvió a poner la lupa sobre los controles, las garantías y los recaudos que toma el Estado frente a los privados. No sólo los legisladores de la oposición consideraron “graves” estas denuncias y anunciaron que citarán a las autoridades del Banco República, también la preocupación se extendió entre varios legisladores oficialistas consultados por Brecha. Por ejemplo, el diputado frenteamplista Luis Puig (PVP), que estuvo en la sesión de la comisión, explicó a este semanario que “es necesario investigar si la empresa desvió fondos hacia otros negocios de la familia con los préstamos recibidos, así como qué tipo de garantías se otorgaron por los créditos y si son ejecutables. Esa información se la pediremos al BROU”.
Desde el gobierno, el presidente del Banco Central, Mario Bergara, así como la ministra de Industria, Carolina Cosse, aseguraron a la prensa que el endeudamiento de FRIPUR se arrastra desde hace varias décadas. En la misma línea opinó el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, cuando en Canal 12 lanzó que sin la ayuda del Estado la empresa “hubiera cerrado hace varios años”. Sin embargo, hasta el momento no se han brindado detalles sobre los montos y las fechas en que se otorgaron los préstamos al frigorífico pesquero, ni las garantías de los créditos. “FRIPUR trabajó con créditos otorgados por todos los gobiernos, porque ha sido cliente del banco por más de 25 años”, se limitó a responder a Brecha el ex director herrerista en el BROU durante la administración pasada, Alejandro Irastorza. Consultado por este semanario, el director de la DINARA, Daniel Gilardoni, enmarcó la crisis de FRIPUR en la pérdida de competitividad que ha tenido el sector pesquero en los últimos años, y recordó que las empresas pesqueras demandan una reducción de los aportes patronales, incrementados desde que en 2009 se aprobó la jubilación bonificada para los pescadores. El sindicato, sin embargo, señala la prescindencia que ha tenido el Estado al no haber apuntalado una política de pesca con objetivos claros y con diálogo entre todas las partes.
La liquidación
La crisis financiera de FRIPUR se arrastraría desde hace varios años. Desde 2010, según el sindicato, la gestión de la fábrica quedó en manos de Adriana y Laura Fernández, dos de las hijas de Máximo. Durante 2013 el gobierno de José Mujica intentó sin éxito que la planta fuera comprada por empresarios chinos. Poco después, cuando la empresa se presentó a concurso de acreedores, en julio de 2014, la justicia designó como interventor al estudio Rueda, Abadie y Pereira. La semana pasada, finalmente, los Fernández informaron al Poder Ejecutivo que no podrían mantener la planta en funcionamiento por falta de liquidez. Los empresarios serán desplazados y el estudio actuará como síndico administrando temporalmente la planta y buscando la venta en bloque de la empresa.
La etapa que se iniciará ahora con la liquidación de la firma es clave no sólo para encontrar un comprador que reactive la producción y mantenga los puestos de trabajo, sino para determinar la conducta de la empresa durante el concordato. “Ahora viene la calificación del concurso, que puede ser fortuito o culpable, es decir, se juzgará la conducta del deudor (FRIPUR). Los acreedores pueden denunciar o no que hubo dolo o culpa grave del deudor en la producción o la agravación de la insolvencia. Con esos datos el síndico realiza un informe y la jueza decide. Sólo si el concurso es juzgado como culpable se podría ir contra el patrimonio personal (de los empresarios) o, incluso, contra los bienes de otras personas vinculadas al negocio. Pero eso dependerá de la calificación de la justicia”, explicó a Brecha el abogado Francisco Cobas, que oficiará de síndico.
De modo que cuando la jueza dictamine la liquidación de FRIPUR comenzará a correr un plazo de 90 días (hasta fines de noviembre) para vender la empresa en bloque, de lo contrario, si no hubiera comprador, se rematará por partes. Cobas prefirió no adelantar una opinión sobre presuntas maniobras de la empresa para desviar fondos hacia otros negocios. Pero sí confirmó a este semanario que el BROU tiene una garantía real por 23 millones de dólares sobre los créditos que proporcionó a FRIPUR, lo que no llega a cubrir el total de la deuda del banco estatal (superior a los 40 millones). Mientas prepara la licitación para encontrar compradores para la planta, Cobas negocia con los dos acreedores que tienen hipotecas y prendas a su favor (el BROU y el Banco Santander) para que “acompañen el proceso” de liquidación y el eventual comprador “no tenga dudas” de qué sucederá con el embargo genérico que recae sobre la planta industrial de La Aguada, los barcos, los camiones y la mercadería. A favor del Santander están hipotecados dos buques pesqueros, mientras que a favor del BROU está el resto de los bienes.
Valor quitado
A pesar de las pésimas condiciones laborales, a FRIPUR le solían reconocer la capacidad para agregar valor a los productos pesqueros que exportaba, en particular en su línea de empanado de merluza con destino a Europa. Sin embargo, las condiciones sanitarias de algunos embarques o las inspecciones que certificaron irregularidades en el proceso productivo le quitaron valor y mercados a sus productos.
La Unión Europea (UE) cerró el ingreso de pescado uruguayo entre noviembre de 2007 y junio de 2008 al detectar irregularidades sanitarias en el proceso productivo de varias plantas uruguayas. En su informe, los inspectores de la UE mencionaron que en FRIPUR hubo “un pobre manejo de higiene en el procesamiento”, al detectar cadmio (un metal potencialmente cancerígeno) en una partida de calamares, y “alta presencia de entero bacterias y coliformes fecales” (Brecha, 25-II-11). A fines de 2010 la UE volvió a emitir una alerta sanitaria y frenó en Italia el ingreso de un embarque de calamares que otra vez se excedía en los niveles permitidos de cadmio. A la par, durante varios meses de 2010 Rusia cerró las puertas al ingreso de mercadería de FRIPUR por “contaminación microbiológica”.
Sin embargo, tampoco el Estado colaboró demasiado en hacer notar la gravedad de las sanciones. Pese a que los inspectores de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) habían advertido de las irregularidades antes de que llegara la sanción de la UE, e incluso habían sugerido que se multara a FRIPUR con la máxima sanción (115 mil dólares), la oficina estatal le aplicó, tres años después, una multa irrisoria de 100 unidades reajustables (2.300 dólares). EL ABOGADO GUSTAVO SALLE denunció el caso en el juzgado de crimen organizado, con la idea de probar que la empresa recibía favores del gobierno. Por entonces se supo que la esposa del director de la DINARA durante el primer gobierno frenteamplista, Daniel Montiel (MPP), había sido contratada, en 2007, por la empresa de taxis aéreos Vuele Ya, propiedad de los Fernández.
Pero quizás el hecho más llamativo fue cuando Brecha publicó un extenso informe, en febrero de 2011, en el que daba cuenta de que una inspectora de la DINARA había denunciado ante sus jefes que FRIPUR había adulterado la fecha de vencimiento de los productos que estuvieron sin exportarse a Europa mientras duró la sanción. La inspectora tomó fotografías y documentó la maniobra, pero los jerarcas resolvieron archivar la denuncia y destinar a la mujer a otras tareas. Aunque este hecho se sumó a la investigación judicial, pocos meses después el fiscal Ricardo Percivalle archivó la causa. Sin embargo, el destino de la firma, sacudida por denuncias y multas varias, tomó la ruta de la decadencia y la falta de inversión, tocando esta semana fondo definitivo.
Los negocios familiares
El reciclaje
Los septuagenarios Alberto y Máximo Fernández, fundadores de FRIPUR, han sido secundados por sus hijos en las múltiples empresas vinculadas a bienes de exportación (pescados, pollos, soja, trigo, ganadería) y de servicios locales (empresas de bolsas de plástico, harina, contenedores), además de inversiones inmobiliarias y en parques eólicos. Por ejemplo, Javier Fernández, hijo de Alberto, es el titular de la empresa Frimaral, proveedora de contenedores para organismos como el INAU y la ANEP.
Está casado con Natalie Manhard –cuya familia es propietaria del grupo Parisien (Chic Parisien, Indian Outlet, La Casa de la Telas, entre otras) y principal accionista en Punta Carretas Shopping–, y fue en la mansión que esta joven pareja tiene en Carrasco donde Cotidiano Mujer denunció –y Brecha investigó– el trabajo esclavo al que eran sometidas varias empleadas domésticas bolivianas. Ricardo Fernández, otro miembro del clan familiar, es el director de la empresa Kentilux SA, dueña de más de diez molinos eólicos en la estancia La Magdalena, en San José.
En el establecimiento familiar de los Fernández, de unas 1.000 hectáreas, se engorda ganado en feedlots y se cultiva soja y trigo, entre otras actividades agropecuarias. La familia tiene otra estancia, La Floresta, sobre la ruta 45, que ha ido creciendo con la compra de campos linderos, por lo cual las tierras de los Fernández se extienden desde el Río de la Plata hasta el río San José. Además, Alberto Fernández fue director de Grinfin SA, una pesquera que operaba en Argentina desde 1992 y que el año pasado fue denunciada por un legislador de la provincia de Río Negro por adeudar tres meses de sueldo a sus empleados, según publicó ayer El País.
Cierre de FRIPUR
Las chicas de la línea
A través del relato de distintas operarias, Brecha reconstruyó el ambiente de la planta de FRIPUR que ocupan desde el martes, y el hostigamiento, que no es novedad, pero vuelve a impactar al oírlo.
Eliana Gilet
Brecha, Montevideo, 21-8-2015
Verborrágicas, reconstruyen los pesares sufridos entre las paredes blancas como los lomos del pescado que manosearon durante años. Hay una situación catártica que les permite adueñarse de la planta en la que dejaron horas de vida en la línea de producción. Las sensaciones mezclan el enojo declarado, alguna lágrima, frustraciones tragadas a prepo, y mucho desencanto. También hay movimiento, y muchas se quedan en la calle a la salida del último turno, a las dos de la tarde. Suele terminar a las tres, pero ese martes trabajaron “hasta sacar la producción” con la que la empresa prometió pagar un adelanto de los adeudados jornales de agosto. También les deben tres años de vacaciones. El miércoles les pagaron un adelanto y en ese acto comprobaron que la plata estaba. La empresa no necesitaba realmente de esa última jornada de producción.
Las chicas de la línea son la mayoría. Las hay altas y flacas que gritan por las deudas, jovencitas que transaron 10 mil pesos menos por una liquidación. Las hay de pelo recién lavado que cuentan lo que conversan con su pareja, madres que amamantan en la calle mientras liberan el odio para que no pase al crío: “Por mi parte, que cierre y le pongan una bomba”.
En la planta el trabajo se organizaba en torno a una cinta transportadora donde cada trabajador hacía una tarea repetitiva. Se volcaban unos 45 pescados por minuto. El primer trabajador lo acomodaba en las tolvas para que el filetero hiciera un par de cortes a los flancos del pescado. Esos dos solían ser hombres. Luego pasaba al desprendido, “que es la parte peor, porque es una línea con canillas y se trabaja mojado todo el día. Si el desprendido no funciona, no funciona el resto de la línea. Y eso que los que trabajaban en el desprendido, como en la plancha, que es una cinta que desprende la piel, no tienen categoría”. Las mujeres explican que “la categoría” es una sola y aumenta un poco el valor del jornal. Ese jornal era de 96 pesos por hora. Las que no tienen categoría, así como los trabajadores nuevos, cobraban menos, 77 pesos la hora. De todas maneras, hay trabajadoras que llevan cinco o diez años en la empresa y no han accedido a la categoría, una distinción discrecional. “De la plancha en adelante estamos todas las mujeres, que trabajamos a cuchillo. La que lo recibe, le saca las manchas, lo limpia, hasta que llega a las moldeadoras. El balancero lo pesa, luego lo empacan para que lo congelen, o vendan o le hagan el proceso que quieran.”
La mano de obra en el sector pesquero está feminizada hace décadas. “En 1984 las mujeres representaban el 75 por ciento de los 4.400 puestos efectivos ocupados dentro de las plantas procesadoras”. (1) FRIPUR tenía en plantilla 960 empleados, pero esta cifra abarca también a los mercantes que trabajan en sus barcos y a toda la plana gerencial, incluyendo a Máximo y Alberto Fernández que, según los trabajadores, tenían un sueldo de 180 mil pesos cada uno. Casi el 80 por ciento de las trabajadoras de planta son mujeres. Su salario fluctuaba según los días trabajados y las horas que les permitieran hacer en cada jornada: “No llegábamos a los 15 días de trabajo al mes. Podías hacer cuatro u ocho horas, o si te pedían que hicieras extra, trabajabas 12. Eso lo sabíamos al momento de llegar. Yo vivo a 26 quilómetros y gasto casi cien pesos en boletos. A veces venía a trabajar cuatro horas, pagando a alguien que se quedara con mis hijos. Sacá la cuenta…”.
Las 14 líneas de producción no se usaban desde hacía un buen tiempo. Cuentan las trabajadoras que en el último año apenas funcionaban entre dos y cuatro. “Últimamente había tres encargadas y un capataz de toda la planta. Las encargadas tenían libertad para sancionar. Por más que le reclamaras, él no pasaba sobre la encargada, aunque vos tuvieras razón. Ese es el tema, la sanción te la ibas a comer igual. Te estaban exigiendo una cosa que no podías hacer y querían que te saliera perfecto. Todo dependía del humor de la encargada y de la cara del cliente.”
Lo que brota de todos y cada uno de los relatos es el destrato y la presión psicológica que ejercían los mandos medios. ¿Creen que eso era una directiva de la empresa? “Sí, se ve que el jefe les daba un librito y se memorizaban las palabras, porque siempre era el mismo canto: que no servís para nada, que dónde te van a dar trabajo, que el trabajo lo viniste a pedir vos. Algo que nos decían siempre era: te voy a ver del otro lado de la calle y vas a vivir comiendo arroz blanco.” Otra de las chicas completa el relato: “Desde la empresa siempre le dieron para atrás al sindicato, decían que no servía para nada. Me llegaron a decir: “la cuota que a vos te descuentan, van y se la gastan en vino, ¿qué te pensás?”.
No es nuevo lo que cuentan pero impacta cada vez. En 2012 el Ministerio de Trabajo condenó a FRIPUR a pagar una multa de 80 mil dólares por persecución sindical y por vulnerar los derechos de los trabajadores (Brecha, 24-VIII-12). Fue por la misma época que los inspectores del ministerio descubrían la situación de varias mujeres bolivianas que trabajaban de forma ilegal en la casa de Javier Fernández, hijo de uno de los dueños de FRIPUR.
Debacle y chanchadas
Hace tres años la pesquera eliminó el turno de la tarde y concentró su producción en la mañana. Desde entonces se olfateaban problemas. Pero lo peor fue el último año. No había jabón, ni alcohol en gel, ni papel higiénico. “La situación siempre fue la misma, siempre nos ocultaron que las cosas estaban mal. Nos decían que había compradores, que había pedidos, que era una falsa alarma del sindicato. Hasta que llegó el día.”
Las fallas siempre estaban en el mismo lado: “Te querían meter que por una espina perdían clientes. Ellos perdieron clientes por las chanchadas que se mandaban. Recuerdo que una vez descongelaron toda una cámara y nos hacían poner todo lo amarillo del pescado en el medio y después taparlo por fuera con pescado fresco”.
Pero el punto que más discuten es el de las mejoras a la planta. Improvisan una recorrida por las duchas y los vestuarios nuevos, en los que pueden verse baños clausurados y espesas manchas de humedad. “La plata la invirtieron en otro lado. Si llovía, salías del vestuario mojado. Incluso en el lugar de trabajo, ¿cuántas veces cayó agua en la línea?”
¿Qué fue para ustedes lo que ocasionó esta situación? “¡Máximo se quedó con la plata!”, responde un par a coro. “El hombre jugó con nosotros todos estos años, no le importó nada y se guardó la plata en el bolsillo. Tiene 40 molinos de viento en San José, tiene la chacra, tiene una fábrica de bolsas en el Paso de la Arena. Estamos hablando de la persona que tiene más plata del Uruguay…” Las chicas cuentan que una vez que empezaron los problemas de dinero, ni a los Fernández ni a sus hijos se los volvió a ver por allí. “En conclusión, decís, aguantaste todos estos años, ¿y con qué te pagan? El tipo no da la cara.” Pero la pregunta que se hacen todas es cómo puede por un lado deberle tanto a la UTE y por otro proveerla de energía? También se responden: “Máximo Fernández siempre ha estado al lado de los gobiernos”.
En el relato cotidiano surge otro detalle del manejo de esta familia de empresarios, bien propios de un conjunto económico: “Me llevaron a limpiar la casa de Máximo en Punta Carretas, también me mandaron a limpiar los barcos de la empresa. Y sabemos de algunos compañeros de mantenimiento, electricistas, que los llevaron a trabajar a sus otras propiedades”.
Desde hoy. Jimena Peralta es delegada de la planta en el comité de base del Sindicato del Mar (SUNTMA). Siempre trabajó en la línea y le tocó experimentar el traslado constante: “Algunas compañeras nos dijeron que teníamos razón, que si no hubiese un sindicato ahí adentro no se hubieran enterado de nada”. Las movidas sindicales empezaron a hacerse más frecuentes hace tres años. Hace uno pararon la planta por completo, y la semana pasada, ya con el cierre en el horizonte, cortaron calles, fueron al Parlamento, a la casa de Máximo Fernández, e incluso hasta la puerta de Canal 4. Hay un relato que se repite: “Frente a Canal 4 nos hicieron una nota con la cámara apagada y nunca salió.
Sabemos que los Fernández son amigos de los dueños del 4”. Jimena habla con calma y cuenta que han hecho limpieza durante la ocupación porque la planta es su garantía. La autogestión, increíblemente, fue propuesta por los Fernández en uno de sus primeros acercamientos al gobierno durante este año. Dejarles una fábrica llena de deudas para que gestionen. “Eso está descartado totalmente. Hay que tener un capital grande para mantener la empresa en movimiento, por más que sea una empresa viable y tenga una cartera de clientes.”
Pasado el mediodía del jueves, las que velaban la fábrica y cocinaban guisos y pasteles para sostener la ocupación tomaron la calle Tajes. Al frente, las chicas de la línea desplegaron la pancarta que en letras de colores insistía en el punto fuerte de su denuncia: la plata que se le otorgó a los Fernández no se destinó a realizar mejoras en la planta. Sonreían al reconocerse en las calles las chicas de la línea, que durante un par de días se pasearon con libertad por la planta de paredes blancas como el pescado que manosearon durante años. Y en esa acción, se fueron limpiando de la opresión que les hizo bajar la cabeza y que ya no se las baja más.
Nota
1)Referencia extraída de Un mar de mujeres. Trabajadoras en la industria de la pesca, de Luz López, Beatriz Lovesio, Clara Murguialday y Carmen Varela, Gremcu, Trilce, 1992.
Correspondencia de Prensa - Ernesto Herrera
EH - postaporteñ@ 1454 - 2015-08-23
Por Raúl Kollmann
