4 nov 2015

La crisis del pensamiento crítico latinoamericano

Por Emir Sader


En el momento de auge de los enfrentamientos políticos y de las grandes luchas de ideas en América latina, se siente con más fuerza la relativa ausencia de la intelectualidad crítica. En el momento en que los gobiernos progresistas sufren las mas duras ofensivas de la derecha, buscando imponer procesos de restauración conservadora, valiéndose del monopolio de los medios de comunicación, el pensamiento crítico latinoamericano podría tener un rol importante, pero su ausencia relativa es otro factor que afecta la fuerza del campo de la izquierda.

La derecha se vale de ese monopolio y de sus pop stars. Vargas Llosa y Fernando Henrique Cardoso vuelven con fuerza al campo para apoyar a Mauricio Macri, a la derecha venezolana y a atacar a los gobiernos de Brasil. Ecuador, Bolivia. No les faltan espacios, aunque les falten ideas.

Al pensamiento crítico no le faltan ideas, tiene que pelear por espacios, pero falta más participación, faltan entidades que convoquen a la intelectualidad crítica a que participe activamente en el enfrentamiento de los problemas teóricos y políticos con que se enfrentan los procesos progresistas en América latina.

A la pobreza de las propuestas de retorno a la centralidad del mercado, del Estado mínimo, de las políticas de retorno a la subordinación a los Estados Unidos, a la apología de las empresas privadas, queda un amplio marco de argumentos y de propuestas a ser asumidos por la intelectualidad de izquierda. Para desenmascarar las nuevas fisonomías que asume la derecha, para valorar los avances de la década y media de gobiernos posneoliberales, de promover el rol de esos gobiernos latinoamericanos, en la contracorriente de la onda neoliberal que sigue barriendo el mundo y los derechos de los más vulnerables.

Esos gobiernos han hecho la crítica, en la practica, de los dogmas del pensamiento único, de que “cualquier gobierno serio” debería centrarse en los ajustes fiscales. De que no era posible crecer distribuyendo renta. De que las políticas sociales solo podrían existir como subproducto del crecimiento económico. Que el dinamismo depende de más mercado y menos Estado. Que no hay camino en el mundo que no sea el de la subordinación a los países del centro del capitalismo. Que el Sur es el retraso.

En fin, todo lo que los gobiernos progresistas han desmentido rotundamente, son argumentos fuertes para que el pensamiento crítico se apoye en ellos y encare las dificultades presentes en las perspectiva de la profundización de esos procesos y no de su abandono. Esto lo hacen los –de derecha y de ultraizquierda– que se refugian en el triste consuelo para ellos de un supuesto agotamiento del ciclo progresista. A ambas fuerzas les sobran motivaciones, derrotadas que han sido, durante una década y media. Pero les faltan razones, no pueden proyectar un futuro para el continente, que no sea la reiteración del pasado desastroso y superado o el discurso sin práctica.

Es el momento para que pensamiento crítico deje a un lado las prácticas burocráticas que neutralizan el potencial crítico del pensamiento latinoamericano, que mediocrizan las entidades tradicionales y así vuelva a protagonizar, en primera línea, la lucha antineoliberal. Vuelva, sin miedo, a proponer ideas audaces, nuevas, emancipatorias, que vuelva a engarzar a la intelectualidad crítica con las nuevas generaciones, huérfanas de futuro.

La burocratización es un enfermedad fatal para el pensamiento crítico, sea de las estructuras académicas, sea de las prácticas institucionales en otras instancias. ¿Hasta cuándo la intelectualidad crítica dejará que los “intelectuales mediáticos” de la derecha ocupen prácticamente solos los espacios de los debates de ideas, que formen nuevas generaciones en los valores del egoísmo, de los prejuicios, del consumismo?

La burocratización conduce a la despolitización, que es el mejor servicio que se puede prestar a la derecha, sustrayendo espacios críticos a la lucha de ideas para volcarlos simplemente a la mantención de cargos y de sueldos. Son burócratas que, aunque nominalmente pretendan pertenecer al campo de la izquierda, lo que hacen es desmoralizar a la izquierda, con el uso abusivo de las palabras sin práctica o con una práctica sin ideales ni proyección política concreta.

Fue una tragedia para la izquierda la separación entre una práctica sin teoría –que a menudo se pierde en los meandros de la institucionalidad vigente– y una teoría sin trascendencia concreta –que se pierde en sí misma–.

Hoy es indispensable rescatar la articulación entre pensamiento crítico y lucha de superación del neoliberalismo, entre teoría y práctica, entre intelectualidad y compromiso político concreto. Si los viejos caminos se han desviado de esas vías, nuevos tienen que ser abiertos, los espacios públicos conquistados ahí están para ser ocupados.

“Los caminos que encontramos hechos / son desechos de viejos destinos. / No crucemos por esos caminos / Porque solo son caminos muertos”, canta Pablo Milanés.

Seamos fieles a los precursores del pensamiento crítico latinoamericano, pero sobre todo, fieles a los nuevos destinos que apenas hemos empezado a construir.

El que pierde la batalla de las ideas está destinado a la derrota política. No merecemos perder ni la una ni la otra.

HAZ LO QUE YO DIGO...

EL CONSEJO DE ETICA ABRIO UN PROCESO EN CONTRA DEL JEFE DE DIPUTADOS Y ENEMIGO POLITICO DE DILMA

Cunha quedó a un paso del desafuero en Brasil

Gracias a su inmunidad parlamentaria, hasta ahora ningún juez ordinario lo había procesado pese a las evidencias que lo sindican como partícipe en el escándalo de corrupción a expensas de la petrolera estatal Petrobras, el “Petrolao”.
“No pienso renunciar”, reiteró ayer Cunha cuando lo consultaron sobre su futuro político.
 Por Darío Pignotti

Página/12 En Brasil
Desde Brasilia
Revés en las filas golpistas. Eduardo Cunha, titular de la Cámara de Diputados y encarnizado enemigo de la presidenta Dilma Rousseff, sufrió un traspié político ayer cuando el Consejo de Etica abrió un proceso en el que se lo acusa de haber violado el decoro parlamentario. Si ese organismo lo hallara culpable, Cunha podrá perder su fuero así como la inmunidad jurídica. Gracias a ella ningún juez ordinario lo procesó hasta ahora pese a las evidencias que lo sindican como partícipe en el escándalo de corrupción a expensas de la petrolera estatal Petrobras, el “Petrolao”.
Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) se aliaron a principios de año con el propósito de derrocar a Dilma, reelecta en 2014, a través de un juicio político que debía ser sustanciado en el Legislativo.
Para justificar la estrategia destituyente en el Congreso y en las calles, donde se realizaron tres movilizaciones importantes, los enemigos de Dilma se apoyaban en el “Petrolao”, aunque no haya indicios de corrupción que salpiquen a la mandataria.
Ese intento de “golpe a la paraguaya”, según la definición de Rousseff, seguramente perderá envión con la causa que desde ayer se tramita contra Cunha, él sí manchado de dinero sucio. La denuncia contra el jefe de la Cámara de Diputados fue presentada por el Partido Socialismo y Libertad, una fuerza de izquierda surgida de disidentes del PT, y la Red de Sustentabilidad, la agrupación ecologista de Marina Silva.
La acusación de violación del decoro se basa en que el imputado afirmó en marzo, bajo juramento, no ser titular de cuentas en el exterior. Todos sabían que era mentira, pero nadie se atrevió a desafiarlo, ni siquiera el PT.
El partido de Lula y Rousseff estaba arrinconados entre las presiones parlamentarias y el ascenso golpista que se vivía en el primer trimestre del año, cuando por primera vez más de un millón de personas se movilizaron al grito de “Fuera Dilma”.
Meses después de aquella tempestad destituyente Cunha comenzó a perder credibilidad: empresarios y lobistas procesados en el “Petrolao” coincidieron en que él era la clave del engranaje mafioso montado contra Petrobras y finalmente en septiembre la Justicia de Suiza informó que Cunha tenía cuatro cuentas secretas en las que lavó dinero. Y con esos fondos vacacionó a lo rey en Miami y París, creó empresas de fachada como Jesus.com y su familia se pasea por Río de Janeiro en dos Porsches. El prontuario no se acaba allí: la semana pasada surgieron indicios de que recibió millones de reales pagados por empresas para modificar un proyecto de ley sobre subsidios. Frente a tantas evidencias, la Procuraduría General de la República abrió dos investigaciones contra el legislador del PMDB.
¿Esto significa que Cunha y la cruzada destituyente contra Dilma están con los días contados? “No pienso renunciar” reiteró ayer Cunha cuando lo consultaron sobre su futuro político. Después recordó que hay unos “100 o 150” diputados que, al igual que él, están investigados o procesados en la Justicia.
En ese grupo de congresistas, conocido como del “bajo clero”, Cunha tiene su tropa, que le es leal por convicciones, muchos son evangélicos como él, o complicidad: saben que si Cunha cae, hará circular información comprometedora contra ellos. Y todos pueden terminar en el calabozo.
Luego de haber iniciado ayer el proceso por falta de decoro parlamentario, el Consejo de Etica tiene que definir hoy quién será el relator del caso. Hay tres candidatos, uno del PT y dos de partidos evangélicos ligados a Cunha, lo que demuestra que aún maneja los hilos del Legislativo.
Es plausible suponer que el Consejo avance lentamente y el veredicto se postergue hasta después del Carnaval, un tiempo político valioso para el acusado. Que no está muerto, como tampoco lo está el plan para destituir a Dilma.
Mientras tanto habrá que aguardar para saber si la presidenta recupera la gobernabilidad y si las clases medias mantienen vivo el ardor golpista o se repliegan ante la falta de legitimidad de Cunha y sus socios para enarbolar banderas éticas.
Brasilia, ciudad política por antonomasia, está entre las ciudades brasileña donde tiene mayor éxito la serie House of Cards, sobre las intrigas de poder en Washington. Entre los seguidores de la tira están la presidenta Dilma, su vice Michel Temer, Eduardo Cunha y un gran número de parlamentarios que suelen comentar las vicisitudes del personaje Frank Underwood, encarnado por el actor Kevin Spacey. En el bloque de diputados del Partido Movimiento Democrático Brasileño hay quienes en lugar de hablar del último capítulo de House of Cards mencionan House of Cunha, haciendo un paralelo con el jefe de la Cámara baja.
Indagado por el diario Valor sobre su parecido con el arribista Frank Underwood, el carioca Cunha consideró “absurdo” trazar paralelos. Y demostrando, o fingiendo, un cierto enojo, el diputado declaró “yo vi esa serie y el tipo (personaje) es un asesino, un corrupto y un homosexual, no puedo aceptar esa comparación, es ofensiva”.

ESPERANDO EL 10 DE DICIEMBRE

ARGENTINA
APARTARON AL JUEZ RODOLFO CANICOBA CORRAL DE LA INVESTIGACION QUE INVOLUCRA A LA FAMILIA NISMAN

La estrategia de dilatar la causa

Es el expediente que se originó por el movimiento de fondos en negro que hizo el fallecido fiscal Alberto Nisman hacia una cuenta clandestina en el banco Merrill Lynch de Nueva York. Los jueces de la Cámara consideraron que “podría ser parcial”.
 Por Raúl Kollmann


El juez Rodolfo Canicoba Corral fue apartado ayer de la causa por lavado de dinero que tiene como base el movimiento de fondos en negro que hizo el fallecido fiscal Alberto Nisman hacia una cuenta clandestina en el banco Merrill Lynch de Nueva York. Está probado que Nisman acumuló, como mínimo, 650.000 dólares no declarados y que hubo depósitos con connotaciones oscuras, como los 150.000 dólares enviados por Damián Stefanini, un empresario misteriosamente desaparecido hace 13 meses. La cuenta estaba también a nombre de Sara Garfunkel, madre de Nisman; Sandra Nisman, hermana del fiscal, y el informático Diego Lagomarsino. Todos fueron imputados por Canicoba Corral por lavado de dinero, pero el magistrado fue apartado porque la Cámara Federal sostuvo que el juez corría peligro de ser parcial. En el expediente interviene el fiscal Juan Pedro Zoni.
La causa tendrá a partir de hoy un nuevo magistrado que será sorteado entre los jueces federales. Quien se haga cargo del expediente deberá resolver sobre una decisión que Canicoba ya había tomado: llamar a indagatoria a Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino por lavado de dinero. Canicoba, junto al fiscal Zoni, habían acumulado testimonios y datos sobre la cuenta de Nueva York y se venía el turno de que los imputados hicieran uso del derecho de defensa en la indagatoria. Entre la documentación, hay un informe de la agencia antilavado de Estados Unidos, la Fincen, en el que se detalla “un ejemplo de las operaciones sospechosas”, que suman nada menos que 650.000 dólares. El informe deja entrever que hay más movimientos de dinero, es decir que las cifras trepan más alto.
Canicoba fue apartado a raíz de una presentación del ex fiscal Pablo Lanusse, abogado defensor de Sara Garfunkel y de Sandra Nisman. El abogado se basó en entrevistas concedidas por Canicoba Corral, quien insistió allí que los datos indicaban la existencia de depósitos no declarados en Nueva York y que “las cuentas del fiscal no cerraban”. Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero consideraron que Canicoba Corral no prejuzgó ni había perdido imparcialidad, pero votaron por el apartamiento considerando que corresponde darle una garantía a los imputados ante el peligro de parcialidad. El camarista Eduardo Freiler votó en contra de apartar al magistrado al sostener que no se puede presumir tal peligro.
Todo indica que la estrategia de Lanusse sólo puede consistir en pedir nulidades y en esperar que la justicia de Estados Unidos no colabore con la investigación, por ejemplo, no ratificando el informe de la Fincen. Es que está probado que la cuenta en Nueva York existe, no está declarada y la madre del fiscal y su hermana son titulares. Es cierto también que Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino no parecen ser los dueños de los fondos no declarados que se movieron: el fiscal era el apoderado de la cuenta, lo que le permitió no figurar como titular, pero al mismo tiempo ser el que hizo los movimientos. Por ejemplo, en la causa por la desaparición de Stefanini hay llamadas de éste con el empresario Claudio Picón, allegado a Nisman, lo que indicaría que los 150.000 dólares depositados en el Merrill Lynch provenían de Nisman. El propio Picón también registra un depósito de 72.000 dólares y habrá que ver si en las otras operaciones, que por ahora no se conocen, figura depositado un cheque de Picón por 200.000 dólares. Ese cheque estaba en la caja del departamento del fiscal. Todos los movimientos de dinero negro parecen originados por Nisman, aunque Garfunkel, la hermana del fiscal y Lagomarsino firmaron los papeles para ser titulares. El nuevo juez tendrá que resolver si confirma el llamado a indagatoria o posterga todas las medidas.
Una de las estrategias de Lanusse fue pedir la nulidad de la incorporación del informe de la Fincen al expediente. Canicoba consideró que era su obligación sumarlo a la causa porque era la prueba de un delito y hubiera cometido un delito si no lo hacía.
Después de la muerte de Nisman, el 18 de enero pasado, hubo un intencionado proceso de embellecimiento de la actuación del fiscal. En ese proceso, se pasaron a un segundo plano, por ejemplo, las quejas de los familiares de las víctimas de la AMIA, quienes mucho antes de su muerte pedían que fuera apartado de la causa porque Nisman viajaba mucho y trabajaba poco. Además, con los días se fueron conociendo aspectos asombrosos de los movimientos de dinero del fiscal, las propiedades no declaradas en Punta del Este, cantidad de viajes sin explicación y las vacaciones en el Caribe que figuraban como días trabajados. Además de la causa por la muerte de Nisman, queda ahora también la de lavado de dinero, que hoy tendrá un nuevo juez.

Litigio con la Oxy: Ciadi falla a favor de la petrolera pero reduce 40% la indemnización

ECUADOR : CRONICA DE UN FINAL ANUNCIADO
Luego de 9 años, 5 meses y 2 días de arbitraje, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió un laudo final (sentencia) en el caso Oxy. En su decisión falló a favor de la multinacional Occidental Petroleum Corporation (Oxy) y le ordena al Ecuador pagar $ 1.061’775 millones.



Este laudo arbitral representa casi $ 700 millones o el 40% menos con relación a la decisión emitida por el Tribunal Arbitral del Ciadi en octubre de 2012, que en ese entonces ordenó al Ecuador pagar $ 1.769,6 millones, lo cual, sumado a los intereses y costas judiciales, alcanzaban los $ 2.000 millones a favor de Oxy.

“Esta cifra final contrasta también con lo pretendido inicialmente por Oxy de $3.370’000.000”, señala un comunicado de la Procuraduría General del Estado al momento de informar sobre la decisión. La Oxy entabló la demanda al Estado ecuatoriano en 2006, alegando que el país violó el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito con EE.UU.

A través del comunicado, el Procurador General del Estado, Diego García Carrión, confirmó “su intención de seguir trabajando en un acuerdo con Oxy con miras a alcanzar una pronta y amigable resolución con la petrolera”.

Según las autoridades ecuatorianas, el Comité del Ciadi concluyó que el laudo es parcialmente nulo. Esta decisión ha disminuido el 40% del monto a pagar.

Ayer, inmediatamente conocida la decisión del Ciadi, el presidente Rafael Correa escribió en su cuenta de Twitter: “Llegó laudo OXY. Logramos nulidad de 40% de laudo original, es decir, $ 700 millones menos, pero nos ordenan pagar cerca de $ 1.000 millones”.

También señaló: “Tratan la caducidad por incumplimientos legales como confiscación. ¡Otro atentado a nuestra soberanía! Ya hemos presentado una propuesta a Oxy. Y con el laudo definitivo continuaremos negociando. ¡Otra obra más de los tratados firmados en la larga y triste noche neoliberal!”.

La cifra a pagar equivaldría al 3,3% del Presupuesto General del Estado para 2016 ($ 29.835 millones), según lo indicó el propio presidente Correa.

De acuerdo al comunicado del Ciadi, colgado en su página web, “el Comité encontró que el Tribunal se excedió al erróneamente asumir su jurisdicción con respecto a las inversiones que hoy benefician a la empresa china Andes”. Por ello se redujo el laudo en el 40%, por las acciones que vendió la Oxy a la petrolera en 2006 por $ 400 millones.

Por otra parte, desde el inicio del caso, las autoridades ecuatorianas han alegado que la caducidad del contrato se produjo por la venta, sin autorización del Ministerio de Energía, del 40% de las acciones de la transnacional a la compañía canadiense Alberta Energy Corporation, en agosto de 2000, posteriormente denominada Encana.

Ese hecho (acuerdo entre Oxy y AEC) nunca fue comunicado formal y legalmente al Gobierno ecuatoriano, pese a que en la Ley de Hidrocarburos vigente en esa época se estipulaba que toda cesión de derechos realizado por una contratista del Estado (en este caso la compañía estadounidense) en favor de un tercero (la compañía canadiense) debía ser autorizada de forma previa por el Ministerio de Energía.

La Oxy inobservó, incluso, que en esa normativa se estipulaba que “a falta de dicha autorización era sancionada con la caducidad del contrato”, es decir, con la terminación unilateral del contrato y el consecuente traspaso de los activos utilizados en la explotación del Bloque 15 hacia el Estado.

El 15 de mayo de 2006, en el contexto de una serie de manifestaciones contra el gobierno de Alfredo Palacio y Oxy, el Ministerio competente emitió el Decreto de Caducidad que terminaba con efecto inmediato su contrato de participación con la empresa estadounidense.

El 16 y 17 de mayo de 2006 se incautaron los campos petroleros bajo administración de Oxy en el Bloque 15, incluyendo pozos, taladros e instalaciones de almacenamiento.

Dos días después, la Oxy presentó una solicitud de arbitraje ante el Ciadi, con sede en Washington.

La solicitud de arbitraje invocó como fundamento el consentimiento del Ecuador al arbitraje del Ciadi, institución del Banco Mundial (BM), diseñada para, supuestamente, propiciar la solución de disputas entre gobiernos o inversionistas de otros Estados.

Datos

El 15 de mayo de 2006, el Ministro de Energía de aquella época, Iván Rodríguez, informó públicamente sobre la declaración de caducidad del contrato con la OXY.
Para dar por terminado el contrato, Ecuador argumentó que la OXY traspasó el 40% de sus derechos de explotación petrolera a otra multinacional (AEC-Encana) sin informar ni tener el aval del Ministerio de Energía.

El 17 de mayo de 2006, la multinacional estadounidense presentó un pedido de arbitraje contra Ecuador ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

En octubre de 2012, el Tribunal Arbitral del Ciadi falló a favor de OXY: ordenó a Ecuador pagar $ 1.769,6 millones. El país pedía la nulidad de todo el proceso, pero eso no fue acogido y ayer se emitió el fallo final.

El Telégrafo
Fallo de Oxy, otro atentado a nuestra soberanía

El Presidente de la República, Rafael Correa, reaccionó a la decisión del Comité de Anulación del CIADI, que concluyó con el arbitraje iniciado por la petrolera Occidental (Oxy), con base en el Tratado de Protección de Inversiones suscrito con Estados Unidos.
El Mandatario, en su cuenta de Twitter, escribió que la resolución del Comité de Anulación es otro ejemplo de violación a nuestra soberanía, pues determinaron que la caducidad del contrato a la petrolera fue una confiscación.

Sin embargo, el país cumplirá con sus responsabilidades. Por eso, el Jefe de Estado informó que se envió una propuesta a Oxy y se seguirá negociando el laudo definitivo.

El Comité de Anulación concluyó que el laudo es parcialmente nulo. Esta decisión disminuyó el monto decidido por el Tribunal en un 40%, de 1.769’625.000 a 1.061’775.000 dólares. Esta cifra final contrasta con lo pretendido inicialmente por OXY de 3.370’000.000 dólares.

El Presidente recordó que Oxy usó un Tratado de Inversiones para apuntalar la demanda. Esos cuerpos legales y los tribunales que deciden los conflictos legales casi siempre han favorecido a las transnacionales . Por eso, recordó que ese tipo de convenios son la herencia que dejaron gobiernos neoliberales.
El Ciudadano

A 10 años del NO al ALCA: ¿fin de ciclo, continuidad o retroceso?

Por Gerardo Szalkowicz




Se cumplen 10 años de un hecho que marcó a fuego el cambio de época en la región: el “entierro” al ALCA que promovía Estados Unidos. Desde aquella postal triunfal de Lula, Chávez y Kirchner en Mar del Plata -que coronaba una extendida resistencia popular a ese proyecto neocolonial-, mucha agua corrió bajo el puente. Y la corriente en el río suramericano parece ahora ir en contra. Tras una década de profundas mutaciones, ¿comenzó, como mucho opinólogo vaticina, el “fin de ciclo” de los gobiernos progresistas? ¿Le espera el mismo destino a los procesos más radicales? ¿Cómo están paradas las mayorías populares para enfrentar una etapa de políticas más conservadoras?

Año 2005. Noviembre daba sus primeros pasos y Mar del Plata era el epicentro de la batalla continental. Cinco de los 34 gobiernos (Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay y Paraguay) rechazaban en la IV Cumbre de las Américas el intento estadounidense de crear un área de libre comercio hemisférico. El zarpazo imperial quedaba abortado y la superpotencia del Norte recibía tremendo cachetazo en su patio trasero.

En la cumbre paralela, la de los pueblos, uno de esos cinco presidentes se burlaba de mister Bush y regalaba la frase que inmortalizaría ese hito: “ALCA, ALCA, ¡al carajo!”. Junto a Hugo Chávez, el entonces candidato Evo Morales, Diego Maradona y miles de militantes populares eran testigos y protagonistas de un punto de inflexión en la historia latinoamericana.

10 años después…

Tras una década de aquel mojón, el proceso regional atraviesa una etapa de profundas turbulencias, que tuvo en la primera vuelta electoral argentina el último botón de muestra. Los gobiernos progresistas empiezan a ver peligrar seriamente sus futuros y como única respuesta apuestan a moderar sus proyectos. Los organismos de integración (ALBA, Unasur, Celac) padecen un prolongado estancamiento. El ALCA murió, pero también se reconvirtió en Tratados de Libre Comercio bilaterales, en el Acuerdo Transpacífico (TTP) y en el TISA. En tanto, los movimientos populares de la región, en general, cierran una etapa de reflujo y desmovilización, empantanados aún en lógicas de fragmentación, autoconstrucción o institucionalización. Así, las derechas vernáculas, empujadas por los monopolios mediáticos, encuentran un terreno cada vez más fértil para recuperar el timón.

En este marco, en el último tiempo se instaló en los análisis sobre el devenir suramericano la idea-fuerza de un eventual fin de ciclo, en referencia a la etapa que empezó a germinar a principios de siglo con la eyección del paradigma neoliberal en buena parte de la región y la irrupción de esta oleada de gobiernos de corte progresista o popular.

Pero el debate, en muchos de los casos, parte de al menos dos matrices desacertadas que desorientan el diagnóstico y reducen la compleja óptica de los procesos.

El primer traspié analítico consiste en poner el foco casi exclusivamente en lo que emana desde las esferas gubernamentales, en explicar los ciclos políticos sólo a partir de las administraciones públicas o, en el mejor de los casos, de las pugnas entre bloques de la clase dominante. Esta visión sólo entiende la política “desde arriba”. Ningunea así, y menosprecia, los procesos sociales que atraviesan al campo popular, los avances y retrocesos en niveles de conciencia y organización que protagonizan los pueblos.

El segundo enfoque errático es la tendencia a uniformar todos los procesos posneoliberales. Ya sea por pragmatismo, superficialidad o conveniencia política, se esconden bajo la alfombra sus notorias diferencias metiendo en la misma bolsa a proyectos con raíces, improntas y horizontes estratégicos muy disímiles.

Poder popular: ¿estrategia o decorado?

La forma de examinar el escenario actual sólo a partir de la agenda pública o mediática tiene en la misma escuela a quienes pregonan que el freno al neoliberalismo fue obra exclusiva de los nuevos gobiernos del Cono Sur; que el entierro al ALCA fue una proeza de un puñado de presidentes quijotescos. Desde esas lecturas, se subestiman las guerras del agua y del gas en Bolivia, los levantamientos indígenas en Ecuador, el auge de luchas populares en la Argentina de 2001 y 2002, el Caracazo venezolano, el alzamiento zapatista en México y varios etcéteras. Se recuerda aquella foto de Lula, Kirchner y Chávez en Mar del Plata pero no la gigantesca campaña continental contra el ALCA desplegada por múltiples movimientos sociales de la región mucho tiempo antes de aquella cumbre. Pareciera, desde esa óptica, que los gobiernos progresistas surgieron de un repollo y no como productos de –o condicionados por- la fabulosa resistencia popular desplegada en las calles nuestroamericanas a principios de siglo.

Así como no se puede comprender la última década sin dimensionar los procesos de lucha que la precedieron, tampoco se puede echar luz sobre el panorama actual sin evaluar cómo quedaron paradas las grandes mayorías.

A grandes rasgos, en los países que fueron parte de esta época de cambios hay una sensación de que nuestros pueblos no se dejarán arrebatar tan fácilmente los derechos ganados y los espacios conquistados. Ya sea frente a eventuales gobiernos de las nuevas derechas o frente a políticas conservadoras de los mismos gobiernos progresistas, la resistencia social haría muy difícil la aplicación de medidas abiertamente neoliberales. El vaticinio del “fin de ciclo” pregonado desde las usinas del poder reaccionario pareciera estar más manijeado por sus consorcios mediáticos que tener asidero real. Sin embargo, la capacidad de respuesta popular no será la misma en cada país, y ahí vamos al siguiente punto.

Distinto ADN, diferente destino

El otro “pecado original” que buscan visibilizar estas líneas es el sistemático intento por equiparar todos estos procesos progresistas o populares. Se torna necesario entonces desmontar esta idea para comprender por qué, seguramente, sus horizontes tiendan a distanciarse cada vez más.

Es cierto que hay puntos en común: la recuperación del rol del Estado, la implementación de políticas sociales activas, ciertas legislaciones progresivas, el distanciamiento de Estados Unidos y el acercamiento a China y el resto de los Brics. Se comparte una alianza táctica que a todos conviene (sobre todo a los procesos más radicales, para evitar el aislamiento), lo que también favorece a quienes tienden a englobar a todos estos gobiernos.

Pero mientras en Venezuela y Bolivia se nacionalizaron los principales resortes de la economía y se impulsaron transformaciones de fondo –camino allanado vía Asamblea Constituyente-, que apuestan a trascender la estructura capitalista, en el resto de los países se proyectaron una batería de reformas, en general parciales, que implicaron mayor inclusión social pero sin cuestionar las raíces sistémicas ni revertir las bondades otorgadas al capital transnacional.
En definitiva, suena desacertado describir el panorama actual como “fin de ciclo”. Pero la continuidad de estos proyectos progresistas empieza a mostrar su versión más moderada, con marcados puntos de retroceso como ya se está viviendo en Uruguay con las fuertes luchas por la educación o el -fallido- intento de ingresar al TISA, en Brasil con un rumbo económico claramente ortodoxo, en Ecuador con el agudo divorcio entre Correa y buena parte de los movimientos sociales, y en la Argentina con la designación del conservador Daniel Scioli como candidato presidencial. La frutilla del postre será la firma del TLC entre el Mercosur y la Unión Europea. Van quedando al desnudo, entonces, las limitaciones de las experiencias neodesarrollistas y el techo al que ha llegado la propuesta de un “capitalismo serio” o “con rostro humano”.

En cambio, los proyectos que apostaron a sostenerse en la movilización y la organización popular, al empoderamiento del pueblo y a cimentar democracias “participativas y protagónicas”, lograron generar un piso de conciencia transformadora mucho más alto, por lo que tendrán más chances de mantener lo conquistado. A pesar de la debacle económica, de las contradicciones internas y del desgaste en sus bases sociales, el acumulado en esta etapa se traduce en mayores reservas para sortear las dificultades y resistir lo que se viene.

Va quedando evidenciado entonces que a la “restauración conservadora” se la evita profundizando los procesos y no pareciéndose a ella. Se va vislumbrando con mayor nitidez, también, que para salvar a la especia humana de su autodestrucción habrá que convencerse de que, como dijo Chávez frente a miles de militantes argentinos en 2011, “no hay tercera vía, hay sólo dos caminos: capitalismo o socialismo”.

*Periodista, editor de la sección internacionales del periódico Marcha (marcha.org.ar), editor de Nodal, colabora en Tiempo Argentino, Revista sudestada, Miradas al Sur, Resumen Latinoamericano y Colombia Informa, entre otros

Argentina garantiza el carácter público y gratuito de la enseñanza universitaria.

El texto de la Ley 24.521 de Educación Superior, aprobada en 1995, fue finalmente modificado luego de que el Senado Nacional diera media sanción al proyecto que determina, entre otros puntos, que el Estado tiene la “responsabilidad principal e indelegable” sobre los estudios superiores, a la vez que prohíbe explícitamente la implementación de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta. 


Adriana Puiggros, diputada argentina: “Con la nueva ley, no queda ninguna duda que el Estado garantiza totalmente la Educación Superior”

Por Carla Perelló

Desde el miércoles 21 de octubre, Argentina garantiza el carácter público y gratuito de la enseñanza universitaria.Aunque el paso dado es por demás importante, aún resta “organizar y reestructurar el sistema”, aclara ante Nodal Universidad la mentora de la iniciativa, la diputada nacional por el Frente Grande (del partido oficialista, Frente para la Victoria), Adriana Puiggros.

La política a aplicarse camina a contramano de lo que sucede en general en el ámbito latinoamericano. Claros son los ejemplos de Chile, Paraguay, Honduras y Guatemala, donde el movimiento estudiantil se ha alzado en contra de medidas privatistas para exigir un derecho tan básico como es el acceso a la educación.

El proyecto -ahora convertido en Ley a partir de la aprobación unánime- modificó seis artículos y suma otros dos a una norma sancionada durante la presidencia de Carlos Menem cuya letra dejaba abierta la posibilidad al lucro y a la mercantilización de los estudios.

Entre los puntos más importantes, se destaca el artículo número 1, que comprende la educación y el conocimiento como “bien público” y “derecho humano personal y social”. Y el 2 y el 2 bis, donde se explicita la gratuidad y se establece que “el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas”. Entre las responsabilidades, menciona, por ejemplo, promover políticas de inclusión educativa “que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”.

En esta entrevista con NodalU, Puiggros resalta las fortalezas del cambio introducido en la normativa y marca la necesidad de ampliar el abanico de posibilidades que se le brindan a las y los estudiantes: “Para que haya menos desertores y, también, para reconocer la inversión social que se ha hecho”.

¿Cuál es su evaluación respecto del sistema universitario nacional?

Creo que ha mejorado muchísimo en los últimos años. En primer lugar presupuestariamente. Yo era investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), tenía que trabajar dando clases en varias universidades y recuerdo cuando hacíamos colas para cobrar un salario. En cambio, en los últimos años, se ha hecho una enorme inversión y se han fundado muchas universidades, casi 20. Y ahora hay que dar el salto, el salto es cambiar la ley por una que responda a la realidad actual. Ahora, las universidades tienen sedes y subsedes de manera desordenada. Los cambios que hemos implementado apuntan a empezar a dar esas respuestas.

¿En qué sentido?

Para los sectores más conservadores y elitistas es inesperada la calidad de la educación pública y gratuita. Porque para ellos cantidad no es calidad. Pero con los avances que hemos obtenido demostramos que se puede tener una gran cantidad de estudiantes y una buena calidad. La calidad no es sinónimo de restricción. Aquí está uno de los puntos que modificamos, donde la ley vigente permitía cobrar tasa o arancel. Tasa es sinónimo de impuesto, contribución. Si se pusiera un arancel a las universidades de manera que los estudiantes tuvieran que pagar, por ejemplo, 500 pesos por trimestre, como sucede en algunos casos, tendríamos una deserción del 40 por ciento. Estos datos los obtenemos a partir de lo que venimos estudiando desde que el Banco Mundial, en el 2000, se obsesionó con imponer un monto. Ellos decían que había que cobrar 100 dólares por mes (era la época de la paridad cambiaria) y veíamos que eso dejaba afuera al 30 por ciento de los estudiantes. Esa es una postura meramente ideológica.

¿Por qué consideró necesario realizar cambios a la Ley de Educación?

Hay cuestiones muy concretas. Una para evitar lo que en otras épocas se intentó instalar y que no se cobre tasa de contribución ni arancel. La otra, para que quede claro que la responsabilidad respecto de la educación superior es del Estado. La otra, está contemplada en el artículo 3, que dice que las instituciones de educación superior estatales no podrán suscribir acuerdos, públicos o privados que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o alienten ofertas de mercantilización. Uno de los grandes problemas acá y en el mundo es que el mercado ha descubierto en la educación un enorme negocio. No hay mejor clientela como los estudiantes, entonces hay inversiones de grandes capitales como el Santander o el HSBC que invierten en los campos universitarios y acaban por manejar los contenidos curriculares. Por ejemplo, una universidad hace un convenio con un banco o una fundación para que se ocupe de construir su página web y se haga cargo de la parte informática y construya contenidos y así deciden qué es lo que aprenden los estudiantes.

¿Y qué significa que de ahora en más esté garantizada la gratuidad de la educación superior?

Gratuito quiere decir que los estudios deben ser costeados por el conjunto de la sociedad para que haya médicos, pedagogos, químicos, profesionales en todas las ramas que necesitamos para que haya más desarrollo a nivel país. Esta es la discusión. La otra postura es que estudios universitarios deben ser sólo para algunos, pero si sólo unos pocos lo pueden costear, entonces tendremos pocos profesionales con una industria poco desarrollada. De esta manera, apuntamos a construir un país grande, fuerte, con muchos profesionales desarrollados.

Entre las responsabilidades que se le atribuyen a los Estados, menciona la integración internacional y hacen hincapié en Latinoamérica y el Mercosur, ¿cómo es su evaluación respecto de esa situación hasta este momento y qué debería modificarse?

La propuesta es que se trabaje mejor en el Mercosur, es muy elemental lo que hace falta y a esta altura necesitamos que haya una integración. Que se pueda hacer una parte de una carrera en una universidad en un país y luego terminar en otro país de los que integran esta alianza. Se han ensanchado mucho las fronteras culturales, políticas, entonces es necesario que aspiremos a ser no sólo un acuerdo comercial sino también político, social y educativo. Se impulsa a que pensemos en un sistema de universidades vinculadas.

¿Cuál será el rol de la Auditoría General de la Nación?

Las universidades actualmente no rinden cuentas de sus ingresos y queremos que lo hagan. Que rindan lo que proviene del presupuesto nacional y del presupuesto que ellas mismas producen. En este momento no hay una fiscalización como corresponde. La Auditoría será la encargada de esa tarea a partir de un área específica, mientras que las instituciones deberán generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos.

Usted aclaró, además, que esta reforma no suple la necesidad de elaborar una nueva norma que reemplace a la existente. ¿Qué hace falta?

Lo que hace falta es reorganizar y estructurar bien el sistema de educación superior, creció de manera desordenada. Hay universidades grandes, chicas, medianas, están las que han creado subsedes desparramadas por todos lados. Hay que ordenarlo de alguna manera. Hay que garantizar que las subsedes tengan el mismo nivel que la sede central y que esté articulada curricularmente y que las universidades estén vinculadas entre sí.

¿Y en cuanto a los estudiantes?

Hay que crear un sistema de créditos para los estudiantes, así como, deben hacerse cambios en lo que se le ofrece al alumno. El que tenemos es un sistema cerrado, en el que no se da la posibilidad de elegir. Yo creo que hay que ampliar la cantidad de materias optativas para que las personas puedan ir eligiendo qué quieren estudiar o hacer hincapié a lo largo de la carrea. Por otro lado, hay muchos casos en los que por distintas situaciones no se llega al final de la carrera. Esa persona es considera desertora y no se le reconoce absolutamente nada, cuando en realidad no es lo mismo haber cursado tres años de ingeniería a no tener ningún estudio realizado. Al igual que los casos que quedan debiendo dos materias. A esas personas tampoco se les da reconocimiento, pero si se les otorgara una certificación la persona no se reconoce desertora y tiene la oportunidad, en otro momento, de seguir estudiando. Y, además, de esa manera, se reconoce la inversión social que se ha hecho.


Nuevas modificaciones en la Ley de Educación Superior


Este miércoles 28 de octubre, la Cámara Alta del Congreso Nacional aprobó modificaciones en la LES (Ley de Educación Superior) que garantizarán la continuidad de la gratuidad en este nivel educativo.

Se trata de la modificación de algunos artículos de la ley 24.521 que prevé nuevas garantías, no sólo para los estudiantes universitarios, si no también para las propias universidades con el objetivo de fortalecer las instituciones, la permanencia y el egreso de los estudiantes.

La diputada nacional Adriana Puiggrós (FPV), impulsora del proyecto, destacó que “está garantizada la responsabilidad principal del Estado en el financiamiento de la educación superior y la gratuidad de los estudios de grado en las universidades públicas”.

En ese sentido el artículo 1 de la nueva LES, establece que “el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social en el marco de lo establecido por la ley 26.206.

El artículo 2 establece la responsabilidad del Estado Nacional, las provinciales y de la CABA en el financiamiento y la supervización de las instituciones de educación superior al tiempo que garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso, la permanencia y la graduación, promover políticas de inclusión con perspectiva de género en el marco de la integración latinoamericana.

Además se creó el Artículo 2bis en el cual “los estudios de grado en las Instituciones de Educación Superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”. Así no podrá existir ningún tipo de arancel, de ninguna clase en los estudios superiores.

Otra de las modificaciones sustanciales radica en el artículo 50 de la antigua ley que preveía que “en las universidades con mas de cincuenta mil (50.000) estudiantes, el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes será definido a nivel de cada facultad o unidad académica equivalente”. En la nueva norma, esta inquietud se resuelve garantizando el igual acceso en todos los casos siempre.

Subsecretaría de Políticas Universitarias
Es Ley la Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior

El 28 de octubre de 2015 fue aprobado en el Senado de la Nación, por unanimidad en general y por 40 votos a favor y 12 en contra el proyecto de Ley de Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior. Se trata de una modificatoria a la Ley de Educación Superior Nro 24521 impulsada por la Lic. Adriana Puiggrós, Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires del Partido Frente Grande, integrante del Frente para la Victoria. Este proyecto contaba ya con media sanción en la Cámara de Diputados desde mayo de 2013 cuando dicha cámara lo había aprobado con el voto afirmativo de todos los bloques excepto el PRO y el diputado Eduardo Amadeo.

A continuación el detalle de los artículos modificados.

Ley de Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley 24.521, de Educación Superior, por el siguiente:

“Artículo 1º.- Están comprendidas dentro de la presente ley las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados y los institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada, todos los cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional, regulado por la ley 26.206 -Ley de Educación Nacional- .

El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la responsabilidad principal e indelegable sobre la Educación Superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social, en el marco de lo establecido por la Ley 26.206.”

Art. 2º.- Sustitúyese el artículo 2º, de la Ley 24.521, por el siguiente:

“Art. 2º. El Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los Institutos de Formación Superior de gestión estatal, y de las Universidades provinciales si las tuviere, de su respectiva jurisdicción. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de la supervisión, la fiscalización y, en los casos que correspondiere, la subvención de los Institutos de Formación Superior de gestión privada en el ámbito de su respectiva jurisdicción.

La responsabilidad principal e indelegable del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la Educación Superior, implica:

a) garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del Nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley;

b) proveer equitativamente, en la Educación Superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados para todas aquellas personas que sufran carencias económicas verificables;

c) promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales;

d) establecer las medidas necesarias para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias;

e) constituir mecanismos y procesos concretos de articulación entre los componentes humanos, materiales, curriculares y divulgativos del Nivel y con el resto del Sistema Educativo Nacional, así como la efectiva integración internacional con otros Sistemas educativos, en particular con los del MERCOSUR y América Latina;

f) promover formas de organización y procesos democráticos; y

g) vincular prácticas y saberes provenientes de distintos ámbitos sociales que potencien la construcción y apropiación del conocimiento en la resolución de problemas asociados a las necesidades de la población, como una condición constitutiva de los alcances instituidos en la Ley 26.206 de Educación Nacional TITULO VI. LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 84.”

Art. 3º.- Incorpórase como artículo 2° bis, de la Ley 24.521, el siguiente:

“Art. 2º bis.- Los estudios de grado en las Instituciones de Educación Superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos. Prohíbese a las Instituciones de la Educación Superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización.”

Art. 4º.- Sustitúyese el artículo 7º de la Ley 24.521, por el siguiente:

“Art. 7º. Todas las personas que aprueben la Educación Secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el Nivel de Educación Superior. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada Institución de Educación Superior debe constituir pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador.”

Art. 5º.- Sustitúyese el artículo 50 de la Ley 24.521, por el siguiente:

“Art. 50. Cada Institución Universitaria Nacional dictará normas sobre regularidad en los estudios, que establezcan las condiciones académicas exigibles.”

Art. 6º.- Sustitúyese el artículo 58 de la Ley 24.521, por el siguiente:

“Art. 58. El aporte del Estado Nacional para las Instituciones de Educación Superior Universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el Presupuesto anual General de la Administración Pública Nacional.”

Art. 7º.- Sustitúyese el artículo 59 de la Ley 24.521, por el siguiente:

“Art. 59. Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la Ley 24.156, de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional. En ese marco corresponde a dichas instituciones:

a) administrar su patrimonio y aprobar su presupuesto. Los recursos no utilizados al cierre de cada ejercicio se transferirán automáticamente al siguiente;

b) fijar su régimen salarial y de administración de personal;

c) podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad. Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes. Los sistemas de becas, préstamos u otro tipo de ayuda estarán fundamentalmente destinados a aquellos estudiantes que por razones económicas no pudieran acceder o continuar los estudios universitarios, de forma tal que nadie se vea imposibilitado por ese motivo de cursar tales estudios;

d) garantizar el normal desenvolvimiento de sus unidades asistenciales, asegurándoles el manejo descentralizado de los fondos que ellas generen, con acuerdo a las normas que dicten sus Consejos Superiores y a la legislación vigente;

e) constituir personas jurídicas de derecho público o privado, o participar en ellas, no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios de la Ley 23.877, de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica.

f) aplicar el régimen general de contrataciones, de responsabilidad patrimonial y de gestión de bienes reales, con las excepciones que establezca la reglamentación. El rector y los miembros del Consejo Superior de las instituciones universitarias nacionales serán responsables de su administración según su participación, debiendo responder en los términos y con los alcances previstos en los artículos 130 y 131 de la Ley 24.156. En ningún caso el Estado Nacional responderá por las obligaciones asumidas por las instituciones universitarias que importen un perjuicio para el Tesoro nacional.”

Art. 8º.- Incorpórase como artículo 59bis a la Ley 24.521 el siguiente:

“Art. 59bis.- El control administrativo externo de las Instituciones de Educación Superior Universitarias de gestión estatal es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación que, a tales efectos, dispondrá de un área específica con los recursos humanos y materiales adecuados para llevar a cabo esta tarea. Todas las Instituciones de Educación Superior Universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos.”

Art. 9º. Comuníquese al Poder Ejecutivo

FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Este Proyecto de Ley tiene su origen en otro anterior presentado en el año 2011 conjuntamente con los diputados Agustín Rossi, Carmen Nebreda, Stella Maris Leverberg, María Eugenia Bernal, Ruperto Godoy, Dulce Granados, Viviana Damilano, María Julia Acosta, Ana Luna de Marcos, Marta Quintero, María Inés Pilatti Vergara, Ariel Pasini y Mariel Calchaquí. (1) Trabajado por todos los bloques en la Comisión de Educación obtuvo dictamen favorable con las modificaciones que adoptamos como propias para dar forma a esta nueva redacción. La ley 26.206, de Educación Nacional, sancionada el 14 de diciembre de 2006 y promulgada el 27 de diciembre de 2006, es precisa en la implementación de mecanismos que aseguren políticas inclusivas universales para el acceso, permanencia y egreso graduado de los Niveles y Modalidades del Sistema de Educación de la Nación, tal como se hace referencia en los artículos 4º, 7º, 9º, 10, 11 incs. a), e), f), h) y k); 12, 79, 80, 84, 85 inc. f) y 86.

Las diferentes leyes del campo educativo que se han dictado en el período que se inició el 25 de mayo de 2003 -la mencionada ley 26.206, la ley 26.058, de Educación Técnico Profesional, la ley 26.075, de Financiamiento Educativo, por ejemplo- refieren y dan cuerpo a la responsabilidad del Estado sobre la provisión de una educación integral, gratuita en los niveles educativos obligatorios e inclusiva para todos los habitantes de la Nación Argentina, haciendo especial énfasis en aquellos particularmente desamparados, otrora discriminados.

Asimismo, este conjunto de leyes nacionales, conforma un sistema integrado y articulado bajo un mismo signo conceptual y programático, donde la marca de las políticas públicas inclusivas es el distintivo identitario.

Sin embargo la vigente ley 24.521, de Educación Superior, deja abierta la posibilidad de arancelar los estudios de grado académico y restringir el acceso vía exámenes eliminatorios de ingreso, tanto en su letra al no prohibir explícitamente la posibilidad de cobrar un arancel a los estudiantes de Licenciatura, Profesorados u otros títulos profesionales al tiempo que propicia mecanismos de exclusión eliminatoria, como en el espíritu total del Sistema que estatuye y conforma.

El análisis integral de la situación de la Educación Superior Universitaria tal como se define en la actual ley de Educación Superior, permite apreciar rápidamente que los riesgos de fragmentación del sistema universitario frente a intereses reforzados por normativas propiciatorias lo comprometen con intereses particulares y dispersos en el océano del Mercado. La contradicción es flagrante: el conocimiento debe ser producido y transmitido a medida de las reglas del Libre Mercado, pero los instrumentos que se utilizan para alcanzar ese resultado son de un alto control de todas las operaciones de mercadeo de conocimiento. La racionalidad del capitalismo neoliberal -que ha crecido en la matriz de la más alta escala alcanzada por la razón humana en materia de ciencia y tecnología- carcomió las fronteras que diferenciaban la vorágine del mundo económico del espacio de producción y transmisión de bienes simbólicos, en lugar de actualizar lazos productivos y creadores entre una y otra tarea humana.

El impacto del neoliberalismo sobre el sistema capitalista, al cual pertenece, afectó a todas las formas de producción y transmisión del saber. Tanto la forma de universidad humboltiana como la napoleónica quedaron descolocadas porque el rumbo que tomaron las cosas les impidió generar una herencia superadora, adaptarse al progreso con el cual, en buena medida, habían colaborado aportando conocimientos y mejorando la cultura de sucesivas generaciones.

Esa insuficiencia es notable en el caso europeo, que no ha tenido la capacidad de generar formas de producción y transmisión del saber universitario dentro de su tradición cultural, liberal o conservadora. La derrota de los modelos europeos modernos de universidad fue un aspecto de la derrota de la cultura latina por la cultura anglosajona, de la cultura europea en manos de la estadounidense. La erosión fue rápida, si se considera la, varias veces, centenaria edad de las universidades europeas. Veinte años después del triunfo de los Aliados sobre el más siniestro intento de control de la humanidad, las universidades europeas vibraban en movimientos ubicados en el imaginario de la liberación social. Una década más tarde, una inédita tecnología del control de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación invadió las aulas, generada por grandes entidades financieras internacionales, las mismas cuyo modelo causaría el crack de todo el sistema económico social a principios del actual siglo. Exigen “pertinencia” de las universidades al Mercado.

Herida culturalmente, Europa selló el Acuerdo de Bolonia, reconociendo el agotamiento de ambos modelos universitarios de la modernidad, puso en una placa de bronce a su Universidad, e inició la construcción de un sistema de educación superior profundamente contradictorio con la universalidad del conocimiento. Emprendió la homogeneización de planes y programas hasta llegar a exigir planillas miméticas que registran al docente, al investigador y al alumno como números de un presupuesto que consideran el peso muerto que el Estado debe descargar.

En América Latina la herencia de las viejas universidades de Salamanca y Bolonia fue atravesada por el liberalismo francés. La orientación de las universidades hacia la formación de profesiones se adecuó a las vicisitudes de las nuevas repúblicas, que quedaron ubicadas en la periferia de la sociedad industrial avanzada. El Movimiento Reformista de 1918 puso de manifiesto que las universidades latinoamericanas estaban descolocadas respecto de sus pares europeas y norteamericanas para las cuales sus reclamos eran extraños.

Detrás de las universidades latinoamericanas ha crecido siempre la utopía de una modernidad propia. Las sociedades latinoamericanas han acumulado dolorosamente experiencias que nos permiten definir con claridad qué es una crisis; todos nuestros pueblos hemos desarrollado saberes de sobrevivencia, tecnologías de subsistencia y, en el presente, no solamente hemos ensayado modelos de gobierno orientados hacia la independencia económica, la soberanía política, la justicia social y la democracia, sino que muchos países lo hemos hecho con signo propio, como políticas de Estado, donde la educación ha tenido un trato preferencial. Es América Latina el lugar donde se avanzó más en una educación superadora del modelo normalista liberal europeo, que recibió como legado. La extensión de la cultura y la escolarización en América Latina, tuvo siempre como motor las políticas que representaron a las grandes masas y requirieron de la educación para poner sostener políticas de desarrollo. Esas políticas forman parte de una clara concepción educativa, que asume políticas educativas universales, inclusivas, que otorgan protagonismo a los pueblos, que se vinculan con la producción y el trabajo antes que con el Mercado, que buscan la producción de saberes para una distribución justa de la riqueza material y simbólica. En todos los casos, se combinan soluciones a problemas educativos residuales de la modernidad y se profundiza el destino democrático popular de la política educativa.

Sin embargo, la continuidad de la vigencia de una legislación propiciatoria de prácticas excluyentes atenta contra estos principios y potencia las posibilidades discriminatorias.

En este proyecto se establece la responsabilidad indelegable y principal del Estado respecto a la Educación Superior considerando a la educación y al conocimiento como bienes públicos y derechos humanos. Esto significa explicitar de manera taxativa que ningún ciudadano puede ser privado del acceso a la educación de este Nivel por razones personales o de acuerdo a su origen social. Esto queda asegurado mediante la intervención del Estado como garante de la realización de estos derechos

– que comprenden no sólo el acceso sino todo el lapso de estudios hasta alcanzar la graduación;

– que asegura el financiamiento por parte del Estado y, en relación a la Educación Privada, su control y fiscalización para asegurar un funcionamiento equivalente a la Educación Superior estatal;

– que deja taxativamente aclarado la gratuidad de los estudios de grado, lo que es complementado para asegurar el pleno derecho a los estudios superiores mediante un sistema de becas distribuidas en relación a las necesidades de los que así lo requieran;

– que explicita la prohibición de la mercantilización de la Educación Superior y sus producciones académicas, científicas y culturales;

– que instituye prácticas inclusivas señalando al necesidad de contemplar aquellas que se relacionen con el género, con diferencias culturales y también las referidas a la discapacidad;

– que señala como componente la integración con el resto del sistema educativo y con otras instituciones del Nivel Superior en el área del MERCOSUR y de América Latina; y

– que incorpora, junto a las tradiciones de los saberes académicos, a los saberes sociales como componente inescindible de la producción de conocimiento integral.

En particular y con el ingreso se sostiene la necesidad de establecer como único requisito para acceder a la educación superior la acreditación del nivel secundario, pero que las instituciones del Nivel Superior deben establecer mecanismos para asegurar la igualdad de oportunidades para el cursado de las carreras mediante estrategias de nivelación de conocimientos y la orientación para la elección de la formación superior, pero en ningún caso debe estar al servicio de impedir el acceso a estos estudios sino, por el contrario, a efectivizarlos con mayor precisión.

Respecto al financiamiento se establece la responsabilidad indelegable del Estado y se asegura la consolidación del mismo para que las Instituciones de nivel superior puedan hacer previsiones a mediano y largo plazo quedando a resguardo de oscilaciones coyunturales de la disponibilidad de financiamiento.

Respecto a la sustitución del art. 50 de la ley 24.521 se establece la no excepcionalidad por condiciones de matrícula para generar mecanismos de selección de aspirantes o estudiantes, postulando de esta manera la igualdad de condiciones para el ingreso, permanencia y egreso de todos los aspirantes y estudiantes en las materias de grado.

Finalmente la norma concluye estableciendo que la Auditoría General de la Nación dispondrá de una sección especial dedicada específicamente a las Universidades que pueda dar cuenta de la particular manera en que se gestiona este tipo de Institución y que no se corresponde con otros organismos públicos, lo que procura de esta manera complementar en lo administrativo lo que realiza la CONEAU en lo académico. La naturaleza específica que supone gestionar la producción y transmisión de conocimientos y la formación de intelectuales, profesionales, científicos y artistas supone una organización administrativa que debe ser tratada de una manera diferente a cualquier otra área de los servicios públicos.

Por todo ello, elevo para su tratamiento el siguiente proyecto de ley que modifica aquellos aspectos de la ley 24.521 que habilitan dichas prácticas excluyentes.

(1) PUIGGROS, ROSSI (A.O.), NEBREDA, LEVERBERG, BERNAL, GODOY, GRANADOS, DAMILANO GRIVARELLO, ACOSTA, LUNA DE MARCOS, QUINTERO, PILATTI VERGARA, PASINI y CALCHAQUI:DE LEY. EDUCACION SUPERIOR: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. REGIMEN. MODIFICACION DE LA LEY 24521. (1847-D-2011)

Adriana Puiggros, Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires

3 nov 2015

HUELE MAL

CHILE : "Cartel del Confort"
El negocio redondo de CMPC: Habría ganado US$ 250 millones y podría pagar $0

“Esa cantidad fue extraída de los bolsillos de los consumidores chilenos", dice el director de CONADECUS. Sin embargo, la Fiscalía Nacional Económica no pidió multa para la empresa del Grupo Matte por haber sido la primera empresa del "Cartel" en "autodenunciarse" y haberse acogido a la "delación compensada".
EL CIUDADANO



Reuniones en hoteles, correos creados especialmente para la ocasión, nombres falsos, celulares con prepago, mensajería de mano en mano y computadores arrojados al Canal San Carlos, son solo algunas de las herramientas ocupadas en la colusión entre una de las empresas del Grupo Matte y otra del ex ministro de Deporte de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz Tagle.

Según estableció la Fiscalía Nacional Económica (FNE), durante más de 10 años la CMPC y SCA (ex Pisa) -entonces dirigidas por Eliodoro Matte y Ruiz Tagle, respectivamente- “sostuvieron un cartel de reparto de mercado y fijación de precios en el negocio de productos de papel”. Las marcas involucradas fueron Confort, Elite, Nova, Noble y Orquídea, en el caso de CMPC, y Favorita y Magiklin, en el de SCA.

Un actuar delictivo que fue conocido luego de una acusación de colusión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia durante 2014, contra el llamado “Cartel de los pañales”, en el que la CMPC participó junto a las empresas de ese país Tecnosur y Tecnoquímicas; la empresa con capitales suecos, Familia; la transnacional Kimberly-Clark; y Drypress. Lo que hicieron allá fue coludirse para subir el precio de los pañales en los últimos 15 años, además de repartirse su forma de comercialización y fijar su calidad. Según informa el medio diarioreddigital.cl, “los sobrecostos habrían sido entre un 10 y un 15 por ciento y les habrían dado ganancias de más de US$ 300 millones al año”.


Eliodoro Matte

Fue ese hecho el que llevó a la Fiscalía Nacional Económica de Chile a investigar y presentar finalmente el pasado 27 de septiembre un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra CMPC Tissue y SCA Chile, “por haber creado y participado de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de la categoría de papeles tissue”, según informó el TDLC.

La Fiscalía plantea que ambas firmas -que representan cerca de 90% del mercado de papeles tissue– “celebraron y ejecutaron acuerdos que les permitieron mantener operativo este cartel a partir del año 2000 y al menos hasta diciembre de 2011, afectando el mercado nacional de comercialización mayorista de papel higiénico, toallas de papel, servilletas, pañuelos desechables y faciales en el canal de venta masivo”.

LO QUE SE ECHARON AL BOLSILLO LOS COLUDIDOS


¿Cuánto se echaron al bolsillo las empresas coludidas durante los 10 años que duró el “Cartel del Confort”?

“Cada empresa habría generado utilidades sobrenormales de USD 23 millones cada año”, sostiene el Ingeniero Comercial y Master en Finanzas , Matías Godoy, en su web Economía para Todos.

Por su parte, Ernesto Benado, Director de CONADECUS, explica que “el valor de mercado de los productos en que se habría hecho la colusión de precios y de distribución de las mercaderías se estima en US$500 millones al año”. Agrega que “para que una colusión ilegal se haya llevado a cabo, iniciándose cuando el delito era penado con prisión, debería por lo menos haber significado un aumento de la rentabilidad anual de un 5% sobre las utilidades producidas en un régimen de libre competencia (…) Y ese 5% aplicado sobre las ventas totales, suma a grosso modo US25 millones al año, o US250 millones en los 10 años en que parece que rigieron los acuerdos ilegales”.

¿De dónde salió esa plata? “Esa cantidad fue extraída de los bolsillos de los consumidores chilenos y la ley actual no es ni clara ni precisa sobre cómo y cuándo se les devolverá a los consumidores”, asegura Benado. Son “utilidades a costa del bolsillo de millones de chilenos que consumen estos productos por necesidad y no por capricho”, suma el Ingeniero Comercial, Matías Godoy.


Gabriel Ruiz Tagle

¿CUÁNTO PODRÍAN LLEGAR A PAGAR EN MULTA LOS COLUDIDOS?

Cuando la Fiscalía Nacional Económica de Chile presentó el requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra CMPC y SCA Chile, también le solicitó una multa de 20.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a $10.367 millones de pesos, para SCA. Para CMPC pidió una exención de la multa. Es decir, $0. Sí, cero pesos. Además de ello, exigió que ambas empresas sean condenadas al pago de las costas de la causa.

La pregunta es inevitable: ¿Por qué si CMPC obtuvo 250 millones de dólares en los 10 años en que formó parte del “Cartel”, la Fiscalía solicita que sea eximida de pagar una multa?

“Durante el curso de la investigación (…) ambas empresas acudieron a la Fiscalía a solicitar el beneficio de delación compensada, aportando antecedentes que hicieron posible conocer el alcance y operativa del cartel”, declaró la entidad persecutora. “Tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales del programa de clemencia, ambas solicitudes fueron aceptadas por la FNE”, declaró la Fiscalía Nacional Económica.

La entidad lo hizo basándose en el Decreto Ley 211, que en su Artículo 39 bis establece que podrá acceder a una reducción o exención de la multa quien “aporte a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes que conduzcan a la acreditación de dicha conducta y a la determinación de los responsables”.

Y para acceder a uno de estos beneficios, dice la ley, el ejecutor de la conducta deberá cumplir los siguientes requisitos: “1.- Proporcionar antecedentes precisos, veraces y comprobables que representen un aporte efectivo a la constitución de elementos de prueba suficientes para fundar un requerimiento ante el Tribunal; 2.- Abstenerse de divulgar la solicitud de estos beneficios hasta que la Fiscalía haya formulado el requerimiento u ordene archivar los antecedentes de la solicitud; y 3.- Poner fin a su participación en la conducta inmediatamente después de presentar su solicitud”.


Web CMPC

En el caso de la exención de la multa con la que fue favorecida la empresa del Grupo Matte, el mencionado decreto dicta que, además, “el ejecutor de la conducta deberá ser el primero que aporte los antecedentes a la Fiscalía, dentro del grupo de responsables de la conducta imputada”.

Y así fue. Mientras la SCA lo hizo el 7 de octubre pasado, la CMPC ya se le había adelantado, siendo la primera en “autodenunciarse” en marzo de 2015. Sin embargo, cabe destacar que las prácticas del “Cartel” terminaron en 2011, por lo que la empresa de Eliodoro Matte se “autodenunció” recién 4 años después.

Y si estamos hablando de estas irrisorias multas a las que se “arriesgan” los coludidos, es porque simplemente no existe la posibilidad de que vayan a la cárcel. ¿La razón?:La Reforma Penal de 2003, aprobada bajo el mandato del presidente socialista Ricardo Lagos, derogó los artículos 1 y 2 del mencionado Decreto Ley 211, los cuales consideraban punibles las adulteraciones de precios como en las que incurrieron las empresas de Matte y Ruiz Tagle.

Ahora queda esperar la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto de los requerimientos de las multas propuestas por la Fiscalía, el que no podrá aplicar una mayor a la solicitada por esta última, salvo que acredite que una de las empresas fue la organizadora del cartel y la que obligó a la otra a participar de él. Entonces Pisa tenía el 24% del mercado y CMPC el 76%. De todas formas, el máximo de la multa sería 30 UTM.

Finalmente, al menos para el Grupo Matte, el negocio sí funcionó.

Por Daniel Labbé Yáñez

Intelectuales hispanos publican un manifiesto contra Donald Trump

Escritores, artistas y cineastas de México, Estados Unidos, España y América Latina critican el “discurso de odio” del candidato

3 NOV 2015


Donald Trump en la presentación de su libro en Nueva York. / NOAM GALAI (WIREIMAGE)
Un grupo de 67 intelectuales, artistas, científicos, escritores y cineastas de Estados Unidos, América Latina y España han firmado un manifiesto en el que rechazan el “discurso de odio” deDonald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. El empresario utilizó términos xenófobos para referirse a los inmigrantes mexicanos durante la presentación de su campaña este verano, un lenguaje que, según los firmantes, “recuerda a campañas históricas contra otros grupos étnicos que terminaron con millones de muertes”.

“Su discurso de odio apela a las más bajas pasiones, como la xenofobia, el machismo, la intolerancia política y el dogmatismo religioso”, dice la carta, que también alerta de que “las agresiones físicas contra los hispanos y los llamados a prohibir el uso público del español han comenzado ya”.

Los firmantes hacen referencia también a las contribuciones de los hispanos a la economía estadounidense y citan el ejemplo de California, donde asciende a 70.000 millones de dólares al año. “Sin los trabajadores mexicanos, la economía del Estado, seguida del resto del país, se iría a la ruina”.

El grupo de intelectuales -“muchos somos inmigrantes hispanos que hemos sido bien acogidos en esta gran nación”- califica la actuación de Trump en la campaña de “indigna” y piden a los votantes estadounidenses que “cesen de tolerar sus absurdas posturas”. A continuación reproducimos el manifiesto impulsado por Enrique Krauze y Carmelo Mesa-Lago:

Declaración de Intelectuales, Científicos y Académicos Hispanos contra Xenofobia de Trump

Los abajo firmantes, hispanos que ocupamos puestos en la academia de los Estados Unidos, así como intelectuales, artistas y científicos de México, América Latina y España, nos negamos a guardar silencio frente a las alarmantes declaraciones del candidato a la Presidencia de los EEUU Donald Trump.

Desde el anuncio de su candidatura, ha acusado a los inmigrantes mexicanos de ser criminales, violadores y traficantes de drogas, ha prometido deportar a 11 millones de ellos y ha hablado de construir un gran muro a todo lo largo de la frontera con México. Su discurso de odio apela a las más bajas pasiones, como la xenofobia, el machismo, la intolerancia política y el dogmatismo religioso. Todo lo cual inevitablemente recuerda campañas que en el pasado se han dirigido contra otros grupos étnicos, y cuya consecuencia fue la muerte de millones de personas. De hecho, las agresiones físicas contra los hispanos y los llamados a prohibir el uso público del español han comenzado ya.

Los ataques verbales del Sr. Trump no se basan en estadísticas y hechos comprobados sino en su muy personal e infundada opinión. No sólo desdeña a los inmigrantes hispanos (después podrían seguir otros grupos étnicos) sino que exhibe una peligrosa actitud contra sus oponentes, a quienes tacha de estúpidos o débiles. A los entrevistadores, los ha acusado de tener motivos turbios y expulsó de una rueda de prensa a un prominente periodista hispano que le planteó una pregunta incómoda. Trump ha lanzado comentarios soeces sobre las mujeres. 
Sus guardaespaldas y seguidores atacan a manifestantes pacíficos.

La expulsión de los inmigrantes mexicanos sería catastrófica para estados como California, Arizona, Nuevo México y Texas, donde la mayor parte del trabajo manual es mexicano. En California, por ejemplo, esos inmigrantes cosechan 200 productos agrícolas, sirven en hoteles y restaurantes, recogen la basura, ejercen, en suma, oficios que los americanos locales se rehúsan a desempeñar. California es el principal fabricante de vino y de muchos productos agropecuarios en el país. Es también el primer destinatario de turismo. Estos sectores generan US$70.000 millones anuales, pero sin los trabajadores mexicanos la economía del estado se iría a la ruina. Algo similar ocurriría en el resto del país.

Muchos de los firmantes somos inmigrantes hispanos que hemos sido bien acogidos en esta gran nación y contribuido con nuestro trabajo, en diversos campos, al conocimiento, los avances de las ciencias, a la prosperidad, el entretenimiento y el bienestar de todos los habitantes de los Estados Unidos. La conducta del Sr. Trump es indigna de un candidato a la presidencia del país más poderoso del mundo. Condenamos esa actitud y esperamos que el pueblo estadounidense cese de tolerar sus absurdas posturas.

Héctor Abad Faciolince
Manuel Alcántara
Arturo Álvarez-Buylla
Homero Aridjis
Ariel Armory
Roger Bartra
Demián Bichir
Silvia Borzutzky
Carmen Boullosa
Martín Caparrós
Jorge Castañeda
Jennifer Clement
Junot Díaz
Ramón Díaz Alejandro
Jorge Duany
Jorge Edwards
Sebastián Edwards
Joaquín Estefanía
Julio Frenk
Francisco Goldman
Francisco González Crussí
Alejandro González Iñárritu
Teodoro González de León
Roberto González Echeverría
Enrique Krauze
Mario Lavista
Antonio Lazcano
Emmanuel Lubezki
Valeria Luiselli
Diego Luna
Nora Lustig
Carlos Malamud
David Mares
Ibsen Martínez
Óscar Martínez
Eduardo Matos Moctezuma
Carmelo Mesa-Lago
Verónica Montecinos
Antonio Muñoz Molina
Moisés Naím
Enrique Norten
Silvia Pedraza
Elena Poniatowska
Alejandro Portes
Luis Prados
Rodrigo Rey Rosa
Rafael Rojas
Vicente Rojo
Ranulfo Romo
Diego Sánchez-Ancochea
Antonio Santamaría García
Arturo Sarukhán
José Sarukhán
Fernando Savater
Javier Sicilia
Eduardo Silva
Guillermo Soberón Acevedo
Edward Telles
Mauricio Tenorio
Antonio Ugalde
Diego Valadés
Álvaro Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa
Enrique Vila-Matas

Rolando Villazón

Juan Villoro

Gabriel Zaid

LOS QUE MANDAN

Altos cargos del BCE se reunieron con la banca antes de tomar decisiones

Varios funcionarios se sentaron con el sector privado antes de lanzar el programa de compra de activos o de bajar los tipos de interés
EL PAÍS Madrid 3 NOV 2015


Benoit Coeuré, miembro del comité ejecutivo del BCE, en 2014. / J.A. (BLOOMBERG)

Altos funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) se reunieron con banqueros y con ejecutivos de fondos de inversión días antes de tomar importantes decisiones de política monetaria, según ha revelado este martes el diario británico Financial Times. Uno de estos encuentros se produjo, incluso, solo unas horas antes de que se produjese una reunión clave para la eurozona, según una copia de los diarios de sesiones a la que ha tenido acceso esta publicación y que cubren las reuniones de seis miembros del máximo órgano de gobierno del Eurobanco en el periodo que va entre agosto de 2014 y agosto de este año. Desde hace un año, el BCE supervisa directamente las 130 mayores entidades bancarias de la eurozona.

La revelación llega en un momento en el que la lupa está puesta sobre los lazos entre bancos privados y comerciales y bancos centrales y menos de un año después de que el BCE lanzase una nueva normativa para regular la forma en la que sus miembros interactúan con el sector privado y, muy especialmente, con el mundo de las finanzas, que depende en gran medida de las decisiones que toma la entidad presidida por Mario Draghi.

Los documentos revelan que dos miembros del comité ejecutivo de la entidad que fija los tipos de interés de referencia en la zona euro, Yves Mersch y Benoît Coeuré (hombre de máxima confianza de Draghi), se sentaron a la mesa con ejecutivos del banco privado suizo UBS menos de 24 horas antes de la reunión de dos días del órgano de gobierno del BCE que se produjo los días 3 y 4 de septiembre. Coeuré también se reunió con directivos del banco francés BNP Paribas en la mañana del 4 de septiembre, el día en el que el Eurobanco sorprendió con un nuevo recorte de los tipos de interés y anunció que empezaría a comprar activos privados para alejar el fantasma de la deflación. Además, el banquero galo se reunió con un gestor de fondos de BlackRock un día antes de la reunión del comité ejecutivo del BCE en la que se concretaron los detalles del programa de expansión cuantitativa (conocido en el mundo financiero como QE, por sus siglas en inglés) en marzo pasado.

El caso de Coeuré es especialmente paradigmático: nunca ha trabajado en el sector privado y, precisamente por eso, su nombresurgió hace dos meses como uno de los favoritos para relevar al presidente del Banco de Francia y zanjar así el problema de los conflictos de interés, una de las grandes rémoras de la entidad gala.

El vicepresidente del organismo, Vítor Constâncio, y el economista jefe de la entidad, Peter Praet, se reunieron con Algebris, un fondo de inversión con sede en Londres, el verano pasado, en el punto álgido de la crisis griega. Ambos también se reunieron con Pimco y con BNP Paribas.

El Financial Times puntualiza que las copias de los diarios de sesiones publicados este martes han sido obtenidas valiéndose de la legislación europea de libertad de información y pone en relieve el "contraste" entre las pautas de actuación de los miembros delBanco de Inglaterra —que tienen prohibido hablar con medios de comunicación y miembros del sector financiero en la semana anterior a que se produzca una decisión de política monetaria— y los del BCE.

Tanto los miembros del comité ejecutivo del Eurobanco afectados por esta revelación como los responsables de UBS, BNP Paribas, Pimco, Algebris y BlackRock rehusaron hacer cualquier declaración al diario británico. En agosto, Coeuré afirmó en agosto no tener "absolutamente nada en contra" de la publicación de los diarios de sesiones. El viernes, el BCE afirmó que empezará a publicar estos documentos tres meses después de las reuniones del comité ejecutivo del ente.