Luego de 9 años, 5 meses y 2 días de arbitraje, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió un laudo final (sentencia) en el caso Oxy. En su decisión falló a favor de la multinacional Occidental Petroleum Corporation (Oxy) y le ordena al Ecuador pagar $ 1.061’775 millones.
Este laudo arbitral representa casi $ 700 millones o el 40% menos con relación a la decisión emitida por el Tribunal Arbitral del Ciadi en octubre de 2012, que en ese entonces ordenó al Ecuador pagar $ 1.769,6 millones, lo cual, sumado a los intereses y costas judiciales, alcanzaban los $ 2.000 millones a favor de Oxy.
“Esta cifra final contrasta también con lo pretendido inicialmente por Oxy de $3.370’000.000”, señala un comunicado de la Procuraduría General del Estado al momento de informar sobre la decisión. La Oxy entabló la demanda al Estado ecuatoriano en 2006, alegando que el país violó el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito con EE.UU.
A través del comunicado, el Procurador General del Estado, Diego García Carrión, confirmó “su intención de seguir trabajando en un acuerdo con Oxy con miras a alcanzar una pronta y amigable resolución con la petrolera”.
Según las autoridades ecuatorianas, el Comité del Ciadi concluyó que el laudo es parcialmente nulo. Esta decisión ha disminuido el 40% del monto a pagar.
Ayer, inmediatamente conocida la decisión del Ciadi, el presidente Rafael Correa escribió en su cuenta de Twitter: “Llegó laudo OXY. Logramos nulidad de 40% de laudo original, es decir, $ 700 millones menos, pero nos ordenan pagar cerca de $ 1.000 millones”.
También señaló: “Tratan la caducidad por incumplimientos legales como confiscación. ¡Otro atentado a nuestra soberanía! Ya hemos presentado una propuesta a Oxy. Y con el laudo definitivo continuaremos negociando. ¡Otra obra más de los tratados firmados en la larga y triste noche neoliberal!”.
La cifra a pagar equivaldría al 3,3% del Presupuesto General del Estado para 2016 ($ 29.835 millones), según lo indicó el propio presidente Correa.
De acuerdo al comunicado del Ciadi, colgado en su página web, “el Comité encontró que el Tribunal se excedió al erróneamente asumir su jurisdicción con respecto a las inversiones que hoy benefician a la empresa china Andes”. Por ello se redujo el laudo en el 40%, por las acciones que vendió la Oxy a la petrolera en 2006 por $ 400 millones.
Por otra parte, desde el inicio del caso, las autoridades ecuatorianas han alegado que la caducidad del contrato se produjo por la venta, sin autorización del Ministerio de Energía, del 40% de las acciones de la transnacional a la compañía canadiense Alberta Energy Corporation, en agosto de 2000, posteriormente denominada Encana.
Ese hecho (acuerdo entre Oxy y AEC) nunca fue comunicado formal y legalmente al Gobierno ecuatoriano, pese a que en la Ley de Hidrocarburos vigente en esa época se estipulaba que toda cesión de derechos realizado por una contratista del Estado (en este caso la compañía estadounidense) en favor de un tercero (la compañía canadiense) debía ser autorizada de forma previa por el Ministerio de Energía.
La Oxy inobservó, incluso, que en esa normativa se estipulaba que “a falta de dicha autorización era sancionada con la caducidad del contrato”, es decir, con la terminación unilateral del contrato y el consecuente traspaso de los activos utilizados en la explotación del Bloque 15 hacia el Estado.
El 15 de mayo de 2006, en el contexto de una serie de manifestaciones contra el gobierno de Alfredo Palacio y Oxy, el Ministerio competente emitió el Decreto de Caducidad que terminaba con efecto inmediato su contrato de participación con la empresa estadounidense.
El 16 y 17 de mayo de 2006 se incautaron los campos petroleros bajo administración de Oxy en el Bloque 15, incluyendo pozos, taladros e instalaciones de almacenamiento.
Dos días después, la Oxy presentó una solicitud de arbitraje ante el Ciadi, con sede en Washington.
La solicitud de arbitraje invocó como fundamento el consentimiento del Ecuador al arbitraje del Ciadi, institución del Banco Mundial (BM), diseñada para, supuestamente, propiciar la solución de disputas entre gobiernos o inversionistas de otros Estados.
Datos
El 15 de mayo de 2006, el Ministro de Energía de aquella época, Iván Rodríguez, informó públicamente sobre la declaración de caducidad del contrato con la OXY.
Para dar por terminado el contrato, Ecuador argumentó que la OXY traspasó el 40% de sus derechos de explotación petrolera a otra multinacional (AEC-Encana) sin informar ni tener el aval del Ministerio de Energía.
El 17 de mayo de 2006, la multinacional estadounidense presentó un pedido de arbitraje contra Ecuador ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
En octubre de 2012, el Tribunal Arbitral del Ciadi falló a favor de OXY: ordenó a Ecuador pagar $ 1.769,6 millones. El país pedía la nulidad de todo el proceso, pero eso no fue acogido y ayer se emitió el fallo final.
El Telégrafo
Fallo de Oxy, otro atentado a nuestra soberanía
El Presidente de la República, Rafael Correa, reaccionó a la decisión del Comité de Anulación del CIADI, que concluyó con el arbitraje iniciado por la petrolera Occidental (Oxy), con base en el Tratado de Protección de Inversiones suscrito con Estados Unidos.
El Mandatario, en su cuenta de Twitter, escribió que la resolución del Comité de Anulación es otro ejemplo de violación a nuestra soberanía, pues determinaron que la caducidad del contrato a la petrolera fue una confiscación.
Sin embargo, el país cumplirá con sus responsabilidades. Por eso, el Jefe de Estado informó que se envió una propuesta a Oxy y se seguirá negociando el laudo definitivo.
El Comité de Anulación concluyó que el laudo es parcialmente nulo. Esta decisión disminuyó el monto decidido por el Tribunal en un 40%, de 1.769’625.000 a 1.061’775.000 dólares. Esta cifra final contrasta con lo pretendido inicialmente por OXY de 3.370’000.000 dólares.
El Presidente recordó que Oxy usó un Tratado de Inversiones para apuntalar la demanda. Esos cuerpos legales y los tribunales que deciden los conflictos legales casi siempre han favorecido a las transnacionales . Por eso, recordó que ese tipo de convenios son la herencia que dejaron gobiernos neoliberales.
El Ciudadano
