Time: Cómo Delcy Rodríguez pasó de leal a Maduro a pieza funcional de Trump
Eric Cortellessa – Time
On Ago 3, 2026
Sigue sin estar claro si este arreglo mejorará la vida de los venezolanos de a pie o si simplemente enriquecerá a una élite privilegiada. Rodríguez ha dado pocos pasos hacia reformas democráticas.
—Millones de venezolanos que quieren regresar solo lo harán si tienen la certeza de que sus derechos serán respetados —dice María Corina Machado, líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 por la promoción de derechos democráticos en Venezuela, hoy en el exilio.
Para Machado, inhabilitada en las últimas elecciones, Rodríguez ha capitulado ante Washington en busca de poder y supervivencia.
—Está dispuesta a entregar cualquier cosa que le pidan —afirma—. Así razonan quienes han cometido crímenes.
Rodríguez rechaza esas críticas.
—Intento asegurar que la política interna de otro país no afecte a Venezuela —me dice—. Espero que Venezuela no se convierta en un peón de la agenda política de ningún otro país.
Mientras estamos sentados en una sala de mármol pulido y pan de oro, Rodríguez repasa la cadena de acontecimientos que la llevó al poder con el tono suave y medido de alguien acostumbrado a ejercer autoridad sin levantar la voz. El 2 de enero, recuerda, se reunió con Maduro para discutir los planes económicos de Venezuela y el bloqueo naval que Estados Unidos había impuesto desde diciembre. Después, voló a la isla de Margarita, el destino caribeño frente a la costa norte del país, donde su hermano y sus sobrinos estaban de vacaciones. Llegó alrededor de las 11 de la noche, apenas unas horas antes de que comenzaran las llamadas frenéticas.
En la madrugada, unidades militares estadounidenses se infiltraron en el complejo de Maduro dentro de Fuerte Tiuna mientras dormía. Lo encontraron en pijama, lo arrestaron y se lo llevaron, junto con su esposa, fuera del país.
—Pasamos por un momento de gran angustia cuando pensamos que habían matado al Presidente y a la Primera Dama —me dice Rodríguez—. Luego supimos que lo estaban trasladando a Estados Unidos. Eso cambió la situación por completo.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, conduce los asuntos del país desde el Palacio de Miraflores, una mansión neoclásica del siglo XIX en el corazón de Caracas. Retratos dorados de Simón Bolívar y Hugo Chávez observan desde lo alto los salones ornamentados. En los jardines, perfectamente cuidados, cantan los pájaros. Un dispositivo de seguridad inusualmente estricto sigue cada uno de sus pasos. La cautela es comprensible: no hace mucho, Estados Unidos envió una unidad de la Fuerza Delta a la residencia de su antecesor, en una base militar cercana, para capturar al hombre al que ella sirvió durante años.
Eso ayuda a explicar el cuidado con el que se maneja Rodríguez. Habla con regularidad con el presidente Donald Trump y con el secretario de Estado Marco Rubio, y su inglés es casi impecable. Sin embargo, cuando se sienta con *TIME* para una rara entrevista con un medio estadounidense, pide un traductor. Le sugiero que sería más fácil hablar en inglés.
—Cuando doy entrevistas, prefiero hacerlo en español —dice.
—No estoy seguro de que eso sea lo mejor para esta —le respondo.
—Es lo mejor para mí —contesta con una leve sonrisa.
Eso ayuda a explicar el cuidado con el que se maneja Rodríguez. Habla con regularidad con el presidente Donald Trump y con el secretario de Estado Marco Rubio, y su inglés es casi impecable. Sin embargo, cuando se sienta con *TIME* para una rara entrevista con un medio estadounidense, pide un traductor. Le sugiero que sería más fácil hablar en inglés.
—Cuando doy entrevistas, prefiero hacerlo en español —dice.
—No estoy seguro de que eso sea lo mejor para esta —le respondo.
—Es lo mejor para mí —contesta con una leve sonrisa.
La estrategia es clara. Hablar a través de un intérprete ralentiza la conversación y le da mayor control sobre las palabras que finalmente llegan a la página. Es el instinto de una operadora disciplinada, curtida durante décadas en uno de los sistemas políticos más duros del mundo, y que ahora navega un momento diplomático extraordinario.
Firme socialista que ascendió en el círculo íntimo de Chávez antes de servir durante años como segunda al mando de Nicolás Maduro, Rodríguez, de 57 años, fue durante mucho tiempo uno de los rostros más reconocibles de un movimiento definido por su hostilidad hacia Estados Unidos.
Firme socialista que ascendió en el círculo íntimo de Chávez antes de servir durante años como segunda al mando de Nicolás Maduro, Rodríguez, de 57 años, fue durante mucho tiempo uno de los rostros más reconocibles de un movimiento definido por su hostilidad hacia Estados Unidos.
Hoy es la gestora de un acercamiento notable con Washington. A cambio del respaldo estadounidense, ha permitido que Trump y Rubio conviertan a Venezuela en un Estado de facto tutelado, otorgándoles un grado de influencia sin precedentes sobre el país.
En una entrevista de una hora, Rodríguez insiste en que no está cediendo soberanía, sino abriendo la economía en beneficio de la población.
—Estoy actuando de buena fe y confiando en que estas relaciones pueden desarrollarse de buena fe —me dice—. Mi estrategia, presente y futura, siempre ha sido garantizar la paz y la tranquilidad en el país: tranquilidad y bienestar social y económico.
El país que hoy gobierna no es el mismo que existía antes del operativo que capturó a Maduro. Antes de su caída, Venezuela estaba en franco deterioro: plagada de corrupción, al borde del colapso económico y bajo un gobierno autoritario que, según EE. UU. y observadores internacionales, se robó las elecciones de 2024. La hiperinflación había borrado los ahorros.
En una entrevista de una hora, Rodríguez insiste en que no está cediendo soberanía, sino abriendo la economía en beneficio de la población.
—Estoy actuando de buena fe y confiando en que estas relaciones pueden desarrollarse de buena fe —me dice—. Mi estrategia, presente y futura, siempre ha sido garantizar la paz y la tranquilidad en el país: tranquilidad y bienestar social y económico.
El país que hoy gobierna no es el mismo que existía antes del operativo que capturó a Maduro. Antes de su caída, Venezuela estaba en franco deterioro: plagada de corrupción, al borde del colapso económico y bajo un gobierno autoritario que, según EE. UU. y observadores internacionales, se robó las elecciones de 2024. La hiperinflación había borrado los ahorros.
La producción petrolera —columna vertebral de la economía— se desplomó tras años de corrupción, desinversión y sanciones. Casi 8 millones de venezolanos habían huido, provocando la mayor crisis migratoria del hemisferio occidental. Apagones, escasez de agua, hospitales colapsados y falta de alimentos y medicinas se volvieron rutina. De ser uno de los países más ricos de América Latina, Venezuela pasó a ser uno de los más pobres.
Desde la llegada de Rodríguez al poder en enero, han comenzado a aparecer señales de recuperación. Grúas vuelven a levantarse en Caracas. Los anaqueles están más llenos. Campos petroleros inactivos comienzan a reactivarse. Empresas estadounidenses —ExxonMobil, ConocoPhillips, Halliburton y GE Vernova— han regresado o negocian inversiones. Se reanudaron los vuelos comerciales entre EE. UU. y Venezuela por primera vez desde 2019.
Desde la llegada de Rodríguez al poder en enero, han comenzado a aparecer señales de recuperación. Grúas vuelven a levantarse en Caracas. Los anaqueles están más llenos. Campos petroleros inactivos comienzan a reactivarse. Empresas estadounidenses —ExxonMobil, ConocoPhillips, Halliburton y GE Vernova— han regresado o negocian inversiones. Se reanudaron los vuelos comerciales entre EE. UU. y Venezuela por primera vez desde 2019.
El dólar circula abiertamente. Ejecutivos, diplomáticos e inversionistas extranjeros llenan los hoteles: el lobby del JW Marriott se ha convertido en punto de encuentro de petroleros, mientras en el exclusivo Cayena Caracas, financieros y funcionarios conversan entre mármol pulido y jazz suave sobre concesiones, contratos y el futuro del país.
Todo esto tiene un precio. Bajo un esquema supervisado por Rubio, Estados Unidos se ha involucrado profundamente en los asuntos del Estado venezolano. Según tres altos funcionarios consultados por *TIME*, el secretario de Estado supervisa el marco que regula los ingresos petroleros y las finanzas públicas, administrando en la práctica un fondo conjunto que le da a Washington influencia sobre la asignación de ingresos, la reapertura del sector energético y el trato preferencial a empresas estadounidenses. Rubio y Rodríguez hablan casi a diario, por teléfono y WhatsApp. Ella incluso consulta nombramientos internos, incluido el de ministro de Defensa.
Todo esto tiene un precio. Bajo un esquema supervisado por Rubio, Estados Unidos se ha involucrado profundamente en los asuntos del Estado venezolano. Según tres altos funcionarios consultados por *TIME*, el secretario de Estado supervisa el marco que regula los ingresos petroleros y las finanzas públicas, administrando en la práctica un fondo conjunto que le da a Washington influencia sobre la asignación de ingresos, la reapertura del sector energético y el trato preferencial a empresas estadounidenses. Rubio y Rodríguez hablan casi a diario, por teléfono y WhatsApp. Ella incluso consulta nombramientos internos, incluido el de ministro de Defensa.
(Xinhua/Str)
—Básicamente, tienes lo que llaman el “Rodrígato” funcionando —dice James Story, exembajador de EE. UU. en Venezuela—. Están haciendo todo lo que les pedimos.
La cooperación se extiende a inteligencia y narcotráfico. En junio, esa alianza permitió la muerte de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, tras un operativo que combinó inteligencia venezolana con un ataque aéreo estadounidense.
—Lo importante es que hay oportunidades de cooperación conjunta —dice Rodríguez—. Contra el narcotráfico, por ejemplo, y contra el crimen organizado transnacional. Eso es muy importante para nosotros.
Miles de presos políticos han sido liberados bajo un esquema de amnistía impulsado por EE. UU., mientras continúan negociaciones económicas.
Venezuela se ha convertido en un caso de estudio del estilo de Trump: rediseñar el mundo en función de sus propias prioridades, sin someterse a las convenciones diplomáticas que frenaban a sus predecesores. Lanzó una campaña extralegal de fuerza y coerción, que comenzó con ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico y culminó con la captura de un jefe de Estado en funciones, llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos por drogas y armas. Maduro está ahora en una prisión federal en Nueva York, reemplazado por una sucesora subordinada que, según el gobierno Trump, obedecería los intereses estadounidenses mientras preservaba la estabilidad en Caracas.
Pequeña y delgada, vestida con trajes a medida y lentes de gran tamaño, Rodríguez proyecta la imagen de una tecnócrata más que de una agitadora. La cooperación con EE. UU. le ha permitido consolidar poder en un momento de enorme convulsión. El pacto es tan descarado como frágil, y el margen de presión funciona en ambos sentidos. A lo largo de dos décadas, Rodríguez se consolidó como una de las figuras indispensables del chavismo. No hay garantía de que otro líder pudiera sostener un arreglo así —ni de que optara por alinear a Venezuela con Washington en lugar de Pekín o Moscú.
Para Rodríguez, el papel exige un delicado equilibrio. Pocos venezolanos lamentan la salida de Maduro después de años de represión y colapso económico. Pero el alivio por su caída no se ha traducido en entusiasmo por su sucesora. Para muchos, es más una entreguista que una salvadora. Su futuro depende menos del afecto popular que de su capacidad para satisfacer las exigencias de Trump y convencer a los ciudadanos de que convertirse en un Estado cliente de una potencia extranjera despreciada responde al interés nacional.
Cuando un gran terremoto sacudió Caracas en junio, dejando más de 5.000 muertos y daños estimados en 6.700 millones de dólares, la nueva relación con Washington mostró resultados. El Departamento de Estado armó un paquete de reconstrucción de 300 millones de dólares, y el Comando Sur de EE. UU. brindó apoyo militar en las labores de asistencia. Un asesor de Rodríguez señala episodios como ese como prueba de que el acuerdo puede ser beneficioso, aunque muchos venezolanos la criticaron por tardar en pronunciarse sobre la tragedia: esperó ocho días antes de ofrecer una rueda de prensa.
—Básicamente, tienes lo que llaman el “Rodrígato” funcionando —dice James Story, exembajador de EE. UU. en Venezuela—. Están haciendo todo lo que les pedimos.
La cooperación se extiende a inteligencia y narcotráfico. En junio, esa alianza permitió la muerte de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, tras un operativo que combinó inteligencia venezolana con un ataque aéreo estadounidense.
—Lo importante es que hay oportunidades de cooperación conjunta —dice Rodríguez—. Contra el narcotráfico, por ejemplo, y contra el crimen organizado transnacional. Eso es muy importante para nosotros.
Miles de presos políticos han sido liberados bajo un esquema de amnistía impulsado por EE. UU., mientras continúan negociaciones económicas.
Venezuela se ha convertido en un caso de estudio del estilo de Trump: rediseñar el mundo en función de sus propias prioridades, sin someterse a las convenciones diplomáticas que frenaban a sus predecesores. Lanzó una campaña extralegal de fuerza y coerción, que comenzó con ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico y culminó con la captura de un jefe de Estado en funciones, llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos por drogas y armas. Maduro está ahora en una prisión federal en Nueva York, reemplazado por una sucesora subordinada que, según el gobierno Trump, obedecería los intereses estadounidenses mientras preservaba la estabilidad en Caracas.
Pequeña y delgada, vestida con trajes a medida y lentes de gran tamaño, Rodríguez proyecta la imagen de una tecnócrata más que de una agitadora. La cooperación con EE. UU. le ha permitido consolidar poder en un momento de enorme convulsión. El pacto es tan descarado como frágil, y el margen de presión funciona en ambos sentidos. A lo largo de dos décadas, Rodríguez se consolidó como una de las figuras indispensables del chavismo. No hay garantía de que otro líder pudiera sostener un arreglo así —ni de que optara por alinear a Venezuela con Washington en lugar de Pekín o Moscú.
Para Rodríguez, el papel exige un delicado equilibrio. Pocos venezolanos lamentan la salida de Maduro después de años de represión y colapso económico. Pero el alivio por su caída no se ha traducido en entusiasmo por su sucesora. Para muchos, es más una entreguista que una salvadora. Su futuro depende menos del afecto popular que de su capacidad para satisfacer las exigencias de Trump y convencer a los ciudadanos de que convertirse en un Estado cliente de una potencia extranjera despreciada responde al interés nacional.
Cuando un gran terremoto sacudió Caracas en junio, dejando más de 5.000 muertos y daños estimados en 6.700 millones de dólares, la nueva relación con Washington mostró resultados. El Departamento de Estado armó un paquete de reconstrucción de 300 millones de dólares, y el Comando Sur de EE. UU. brindó apoyo militar en las labores de asistencia. Un asesor de Rodríguez señala episodios como ese como prueba de que el acuerdo puede ser beneficioso, aunque muchos venezolanos la criticaron por tardar en pronunciarse sobre la tragedia: esperó ocho días antes de ofrecer una rueda de prensa.
Sigue sin estar claro si este arreglo mejorará la vida de los venezolanos de a pie o si simplemente enriquecerá a una élite privilegiada. Rodríguez ha dado pocos pasos hacia reformas democráticas.
—Millones de venezolanos que quieren regresar solo lo harán si tienen la certeza de que sus derechos serán respetados —dice María Corina Machado, líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 por la promoción de derechos democráticos en Venezuela, hoy en el exilio.
Para Machado, inhabilitada en las últimas elecciones, Rodríguez ha capitulado ante Washington en busca de poder y supervivencia.
—Está dispuesta a entregar cualquier cosa que le pidan —afirma—. Así razonan quienes han cometido crímenes.
Rodríguez rechaza esas críticas.
—Intento asegurar que la política interna de otro país no afecte a Venezuela —me dice—. Espero que Venezuela no se convierta en un peón de la agenda política de ningún otro país.
Mientras estamos sentados en una sala de mármol pulido y pan de oro, Rodríguez repasa la cadena de acontecimientos que la llevó al poder con el tono suave y medido de alguien acostumbrado a ejercer autoridad sin levantar la voz. El 2 de enero, recuerda, se reunió con Maduro para discutir los planes económicos de Venezuela y el bloqueo naval que Estados Unidos había impuesto desde diciembre. Después, voló a la isla de Margarita, el destino caribeño frente a la costa norte del país, donde su hermano y sus sobrinos estaban de vacaciones. Llegó alrededor de las 11 de la noche, apenas unas horas antes de que comenzaran las llamadas frenéticas.
En la madrugada, unidades militares estadounidenses se infiltraron en el complejo de Maduro dentro de Fuerte Tiuna mientras dormía. Lo encontraron en pijama, lo arrestaron y se lo llevaron, junto con su esposa, fuera del país.
—Pasamos por un momento de gran angustia cuando pensamos que habían matado al Presidente y a la Primera Dama —me dice Rodríguez—. Luego supimos que lo estaban trasladando a Estados Unidos. Eso cambió la situación por completo.
(Xinhua/Marcos Salgado)
Una de las primeras llamadas de Rodríguez fue a una figura inesperada: el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, con quien había cultivado una relación.
—Ahora la responsabilidad recae sobre tus hombros —recuerda que le dijo—. Tienes la responsabilidad de preservar Venezuela.
Según Rodríguez y funcionarios estadounidenses, autoridades qataríes ayudaron a organizar una llamada entre ella y Rubio la tarde del 3 de enero.
—¿Maduro está vivo? —preguntó.
Rubio le aseguró que sí; como prueba, funcionarios estadounidenses enviaron fotos de él con uniforme de detenido a bordo de un helicóptero rumbo a Nueva York. Luego, el secretario de Estado lanzó un ultimátum: aceptar las exigencias de EE. UU. o enfrentar una presión militar sostenida. Rodríguez aceptó. Un asesor dice que no veía alternativa viable.
—Si soy completamente honesta —me dice—, nunca pensamos que la capital del país sería atacada, mucho menos imaginamos lo que ocurrió con el Presidente y la Primera Dama.
Habló con Trump por primera vez a la mañana siguiente.
—Discutimos cómo podrían establecerse relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos y qué áreas de interés común podían identificarse —dice Rodríguez.
Trump quería acceso a las vastas reservas petroleras venezolanas, como forma de aumentar la oferta global, bajar los precios de la energía y fortalecer la economía estadounidense de cara a las elecciones de medio término. Pero delegó la logística en Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, para quien desmontar regímenes de izquierda en América Latina ha sido una prioridad de larga data. Como secretario de Estado, de pronto tenía la oportunidad de avanzar en ese objetivo.
Según el acuerdo, Estados Unidos recibiría los ingresos de la mayoría de las exportaciones petroleras venezolanas y luego redistribuiría el dinero a través del sistema bancario del país. La estructura, explica un alto funcionario estadounidense, funcionaría como una cuenta en custodia: Washington liberaría fondos solo a medida que Caracas cumpliera las condiciones acordadas. Al controlar el flujo de ingresos, EE. UU. obtendría influencia sobre cómo se gasta el dinero, limitando la corrupción y la injerencia de potencias rivales. A cambio, Rodríguez permanecería como presidenta, respaldada por inversión estadounidense y los beneficios económicos de la reintegración. Para la administración Trump, era un intercambio directo: estabilidad política a cambio de supervisión económica, acceso energético y el realineamiento estratégico de uno de los países con más recursos del mundo.
Semanas después, Rodríguez recibió una llamada inesperada de Rubio.
—Te voy a pasar con alguien que quiere saludarte —le dijo.
Era Trump. Según Rodríguez, el presidente le dijo que estaba satisfecho con su cooperación tras la captura de Maduro. Como recompensa, anunció que EE. UU. restablecería los vuelos comerciales con Venezuela. En abril, American Airlines retomó la ruta Miami–Caracas. En mayo, United Airlines abrió vuelos desde Houston.
Una de las primeras llamadas de Rodríguez fue a una figura inesperada: el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, con quien había cultivado una relación.
—Ahora la responsabilidad recae sobre tus hombros —recuerda que le dijo—. Tienes la responsabilidad de preservar Venezuela.
Según Rodríguez y funcionarios estadounidenses, autoridades qataríes ayudaron a organizar una llamada entre ella y Rubio la tarde del 3 de enero.
—¿Maduro está vivo? —preguntó.
Rubio le aseguró que sí; como prueba, funcionarios estadounidenses enviaron fotos de él con uniforme de detenido a bordo de un helicóptero rumbo a Nueva York. Luego, el secretario de Estado lanzó un ultimátum: aceptar las exigencias de EE. UU. o enfrentar una presión militar sostenida. Rodríguez aceptó. Un asesor dice que no veía alternativa viable.
—Si soy completamente honesta —me dice—, nunca pensamos que la capital del país sería atacada, mucho menos imaginamos lo que ocurrió con el Presidente y la Primera Dama.
Habló con Trump por primera vez a la mañana siguiente.
—Discutimos cómo podrían establecerse relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos y qué áreas de interés común podían identificarse —dice Rodríguez.
Trump quería acceso a las vastas reservas petroleras venezolanas, como forma de aumentar la oferta global, bajar los precios de la energía y fortalecer la economía estadounidense de cara a las elecciones de medio término. Pero delegó la logística en Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, para quien desmontar regímenes de izquierda en América Latina ha sido una prioridad de larga data. Como secretario de Estado, de pronto tenía la oportunidad de avanzar en ese objetivo.
Según el acuerdo, Estados Unidos recibiría los ingresos de la mayoría de las exportaciones petroleras venezolanas y luego redistribuiría el dinero a través del sistema bancario del país. La estructura, explica un alto funcionario estadounidense, funcionaría como una cuenta en custodia: Washington liberaría fondos solo a medida que Caracas cumpliera las condiciones acordadas. Al controlar el flujo de ingresos, EE. UU. obtendría influencia sobre cómo se gasta el dinero, limitando la corrupción y la injerencia de potencias rivales. A cambio, Rodríguez permanecería como presidenta, respaldada por inversión estadounidense y los beneficios económicos de la reintegración. Para la administración Trump, era un intercambio directo: estabilidad política a cambio de supervisión económica, acceso energético y el realineamiento estratégico de uno de los países con más recursos del mundo.
Semanas después, Rodríguez recibió una llamada inesperada de Rubio.
—Te voy a pasar con alguien que quiere saludarte —le dijo.
Era Trump. Según Rodríguez, el presidente le dijo que estaba satisfecho con su cooperación tras la captura de Maduro. Como recompensa, anunció que EE. UU. restablecería los vuelos comerciales con Venezuela. En abril, American Airlines retomó la ruta Miami–Caracas. En mayo, United Airlines abrió vuelos desde Houston.
(Xinhua/Peng Ziyang)
La fijación de Trump con Venezuela creció tras su regreso al poder. Envió a Rubio a El Salvador para negociar un acuerdo sin precedentes con Nayib Bukele. Como parte de su política de deportaciones masivas, EE. UU. trasladó a cientos de migrantes venezolanos detenidos a la prisión CECOT, lo que generó fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y defensores de la inmigración. Trump justificó la medida alegando que eran miembros del Tren de Aragua, la banda venezolana que presentó como símbolo de la crisis fronteriza.
La situación se intensificó cuando informes de inteligencia indicaron que embarcaciones que salían de Venezuela transportaban drogas hacia Estados Unidos. Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, presionaron a Trump para lanzar una campaña de ataques militares contra esas embarcaciones sospechosas. Trump autorizó las operaciones, con la esperanza de que la presión militar obligara a Maduro a desmantelar las redes de tráfico, reprimir a las bandas criminales y abrir el vasto sector petrolero venezolano a la inversión estadounidense. Cuando Maduro fue capturado, esos ataques habían dejado más de 100 muertos en el transcurso de 10 meses, según *Just Security*; al 21 de junio, la cifra de muertos se había más que duplicado, con 215 fallecidos en 66 ataques. Muchos juristas sostienen que los ataques contra supuestas embarcaciones venezolanas de narcotráfico violaron tanto el derecho internacional como los límites del poder presidencial para hacer la guerra bajo la Constitución estadounidense.
—Un Estado solo puede usar la fuerza contra otro Estado cuando ese otro Estado ha cometido un ataque armado contra él o ha amenazado con un ataque armado inminente —dice Scott Anderson, exfuncionario del Departamento de Estado y experto en derecho de seguridad nacional del Brookings Institution.
Pero mientras Trump veía una oportunidad de asegurar acceso a las reservas petroleras de Venezuela, Rubio veía la ocasión de reconfigurar el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. Poco después se sumó al esfuerzo el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Cada vez más interesado en ampliar su cartera más allá de inmigración para incluir seguridad nacional, veía a Venezuela como el punto donde ambos temas convergían. Miller sostuvo que una presión militar limitada nunca cambiaría el cálculo de Maduro, según un alto funcionario de la Casa Blanca. Empujó hacia una estrategia más agresiva. (Miller declinó comentar para este reportaje.)
Mientras Rubio, Miller y sus asesores seguían informando al presidente sobre los ataques a las embarcaciones, destacaban la creciente importancia de Venezuela como plataforma para adversarios de Estados Unidos, entre ellos Cuba, Rusia y China, que habían profundizado su presencia mediante cooperación petrolera, militar y de inteligencia, y apoyo económico.
—El tipo de influencia que existía en ese país es incompatible con los intereses de Estados Unidos —dice un funcionario del Departamento de Estado.
Los altos funcionarios estadounidenses estaban decididos a cambiar el comportamiento de Maduro —o apartarlo del poder—.
—Nuestro objetivo era simple: persuadir a Maduro de romper esas relaciones —añade el funcionario—. Él no estaba dispuesto a hacerlo.
Según ese funcionario, la Administración convenció a Turquía de ofrecerle a Maduro un refugio seguro si aceptaba salir de Venezuela pacíficamente. Él se negó.
—El punto de inflexión fue en diciembre, cuando le enviamos una oferta a través de los turcos, y básicamente era: si abandonas el país de forma permanente hacia Turquía o algún otro lugar aceptable, te dejaremos en paz, pero tienes que irte del país —dice otro funcionario del Departamento de Estado.
—Básicamente la ignoró. Tenía varias salidas por las que podía haberse ido y haber vivido feliz para siempre en otro lugar, dándonos la oportunidad de trabajar con otra persona dentro del gobierno para hacer esos cambios. En lugar de eso, publicó videos ridículos bailando y cantando.
Ese “alguien más”, creía Rubio, era Delcy Rodríguez.
La fijación de Trump con Venezuela creció tras su regreso al poder. Envió a Rubio a El Salvador para negociar un acuerdo sin precedentes con Nayib Bukele. Como parte de su política de deportaciones masivas, EE. UU. trasladó a cientos de migrantes venezolanos detenidos a la prisión CECOT, lo que generó fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y defensores de la inmigración. Trump justificó la medida alegando que eran miembros del Tren de Aragua, la banda venezolana que presentó como símbolo de la crisis fronteriza.
La situación se intensificó cuando informes de inteligencia indicaron que embarcaciones que salían de Venezuela transportaban drogas hacia Estados Unidos. Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, presionaron a Trump para lanzar una campaña de ataques militares contra esas embarcaciones sospechosas. Trump autorizó las operaciones, con la esperanza de que la presión militar obligara a Maduro a desmantelar las redes de tráfico, reprimir a las bandas criminales y abrir el vasto sector petrolero venezolano a la inversión estadounidense. Cuando Maduro fue capturado, esos ataques habían dejado más de 100 muertos en el transcurso de 10 meses, según *Just Security*; al 21 de junio, la cifra de muertos se había más que duplicado, con 215 fallecidos en 66 ataques. Muchos juristas sostienen que los ataques contra supuestas embarcaciones venezolanas de narcotráfico violaron tanto el derecho internacional como los límites del poder presidencial para hacer la guerra bajo la Constitución estadounidense.
—Un Estado solo puede usar la fuerza contra otro Estado cuando ese otro Estado ha cometido un ataque armado contra él o ha amenazado con un ataque armado inminente —dice Scott Anderson, exfuncionario del Departamento de Estado y experto en derecho de seguridad nacional del Brookings Institution.
Pero mientras Trump veía una oportunidad de asegurar acceso a las reservas petroleras de Venezuela, Rubio veía la ocasión de reconfigurar el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. Poco después se sumó al esfuerzo el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Cada vez más interesado en ampliar su cartera más allá de inmigración para incluir seguridad nacional, veía a Venezuela como el punto donde ambos temas convergían. Miller sostuvo que una presión militar limitada nunca cambiaría el cálculo de Maduro, según un alto funcionario de la Casa Blanca. Empujó hacia una estrategia más agresiva. (Miller declinó comentar para este reportaje.)
Mientras Rubio, Miller y sus asesores seguían informando al presidente sobre los ataques a las embarcaciones, destacaban la creciente importancia de Venezuela como plataforma para adversarios de Estados Unidos, entre ellos Cuba, Rusia y China, que habían profundizado su presencia mediante cooperación petrolera, militar y de inteligencia, y apoyo económico.
—El tipo de influencia que existía en ese país es incompatible con los intereses de Estados Unidos —dice un funcionario del Departamento de Estado.
Los altos funcionarios estadounidenses estaban decididos a cambiar el comportamiento de Maduro —o apartarlo del poder—.
—Nuestro objetivo era simple: persuadir a Maduro de romper esas relaciones —añade el funcionario—. Él no estaba dispuesto a hacerlo.
Según ese funcionario, la Administración convenció a Turquía de ofrecerle a Maduro un refugio seguro si aceptaba salir de Venezuela pacíficamente. Él se negó.
—El punto de inflexión fue en diciembre, cuando le enviamos una oferta a través de los turcos, y básicamente era: si abandonas el país de forma permanente hacia Turquía o algún otro lugar aceptable, te dejaremos en paz, pero tienes que irte del país —dice otro funcionario del Departamento de Estado.
—Básicamente la ignoró. Tenía varias salidas por las que podía haberse ido y haber vivido feliz para siempre en otro lugar, dándonos la oportunidad de trabajar con otra persona dentro del gobierno para hacer esos cambios. En lugar de eso, publicó videos ridículos bailando y cantando.
Ese “alguien más”, creía Rubio, era Delcy Rodríguez.
(Xinhua/Presidencia de Venezuela)
Rodríguez nació en una de las familias de izquierda más comprometidas políticamente de Venezuela. Su padre, Jorge Antonio Rodríguez, fue líder estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Fue detenido, torturado y asesinado por fuerzas de seguridad del gobierno en 1976, cuando ella tenía solo 7 años. Su muerte se convirtió en un hecho decisivo de su vida. Junto a su hermano mayor, Jorge Rodríguez —presidente de la Asamblea Nacional—, creció en la ideología de la izquierda venezolana.
Formada como abogada, siguió los pasos de su padre, ascendiendo en el gobierno de Chávez antes de convertirse en una de las confidentes más cercanas de Maduro. Se desempeñó como ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, cargo desde el que se convirtió en una de las defensoras internacionales más combativas del régimen, denunciando las sanciones de EE. UU. mientras fortalecía los vínculos con Rusia, China, Irán y Cuba. En 2018, Maduro la ascendió a la vicepresidencia.
Pero los diplomáticos internacionales veían a Rodríguez más como una tecnócrata que como una ideóloga inflexible.
—Era vista como una figura más pragmática —dice Christopher Hernandez-Roy, experto en América Latina del Center for Strategic and International Studies—. La eligieron con una pistola apuntándole a la cabeza, pero parecía entender la economía del país y había estado profundamente involucrada durante años en su sector petrolero. Esa es obviamente una de las máximas prioridades de la Administración: la recuperación de la industria petrolera venezolana.
Rodríguez llevaba tiempo abogando por una mayor apertura económica. También había sido responsable de atraer inversión extranjera y reconstruir relaciones con compañías energéticas internacionales. Según varios funcionarios, Rubio concluyó que Rodríguez era una realista con control sobre los resortes del poder y dispuesta a cumplir las exigencias de Washington.
Rodríguez sostiene que la relación ya ha dado frutos para el país. Durante los años de Maduro, Chevron había sido la única gran petrolera estadounidense con una presencia significativa. Ahora podría sumarse ExxonMobil, ConocoPhillips y Halliburton. El secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, negocian más de 30 acuerdos que darían a empresas estadounidenses un punto de apoyo en el sector energético venezolano.
—Lo más importante es que las empresas de Estados Unidos están regresando y llegando —dice Rodríguez.
El viraje refleja la zanahoria que Trump ha ofrecido: acceso renovado al capital estadounidense y a los mercados globales. La apuesta es que la integración económica induzca un alineamiento geopolítico después de décadas de chavismo. Sin embargo, aún no está claro cuánto de esa inyección de capital ha llegado a los venezolanos comunes. Bajo el sistema autoritario del país, las encuestas confiables siguen siendo escasas.
Los venezolanos celebraron en gran número la caída de Maduro, pero muchos siguen desconfiando de Rodríguez, a quien ven como alguien que abandonó la causa a la que había dedicado su carrera política.
—El pueblo venezolano no extraña a Maduro, ¿verdad? —dice a *TIME* un asesor de Rubio—. Reconoce plenamente que fue un actor malo y una influencia desestabilizadora. El petróleo tenía un valor enorme para el pueblo de Venezuela. Fue robado por élites muy corruptas y usado para pagar deudas masivas con China, Cuba y otros. Se acabó.
Pero para algunos venezolanos, Rodríguez es simplemente un nuevo rostro del mismo régimen. Pasó años ayudando a administrar un gobierno acusado por investigadores internacionales de violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
—Formó parte de un régimen que violó sistemáticamente los derechos humanos —dice Diego Area, experto en política venezolana del Atlantic Council—. Viene de normalizar prácticas que se consideran crímenes contra la humanidad.
Pese a todos los cambios en marcha en Venezuela, el más grande —una transición hacia una verdadera democracia— aún parece lejano. Rubio lo ve como parte de su misión: limpiar de autocracias socialistas remanentes a América Latina y sentar las bases para que Venezuela algún día celebre elecciones legítimas y complete una transición democrática, según un funcionario del Departamento de Estado.
A instancias suyas, el gobierno de Rodríguez aprobó en febrero una ley de amnistía que cubre la violencia política desde el ascenso de Chávez en 1999 hasta el presente. (La ley incluye a quienes fueron acusados de participar en el intento de golpe de Estado de 2002 contra Chávez y a individuos implicados en los disturbios violentos de 2014 y 2017.) Las autoridades venezolanas dicen que unos 9.000 detenidos han sido liberados desde la aprobación de la ley. Rodríguez dice estar dispuesta a que el proceso sea revisado de forma independiente. Durante nuestra entrevista, afirma que ha pedido a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que audite las liberaciones, alegando que ese escrutinio externo confirmará el cumplimiento del gobierno con sus compromisos.
Rodríguez nació en una de las familias de izquierda más comprometidas políticamente de Venezuela. Su padre, Jorge Antonio Rodríguez, fue líder estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Fue detenido, torturado y asesinado por fuerzas de seguridad del gobierno en 1976, cuando ella tenía solo 7 años. Su muerte se convirtió en un hecho decisivo de su vida. Junto a su hermano mayor, Jorge Rodríguez —presidente de la Asamblea Nacional—, creció en la ideología de la izquierda venezolana.
Formada como abogada, siguió los pasos de su padre, ascendiendo en el gobierno de Chávez antes de convertirse en una de las confidentes más cercanas de Maduro. Se desempeñó como ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, cargo desde el que se convirtió en una de las defensoras internacionales más combativas del régimen, denunciando las sanciones de EE. UU. mientras fortalecía los vínculos con Rusia, China, Irán y Cuba. En 2018, Maduro la ascendió a la vicepresidencia.
Pero los diplomáticos internacionales veían a Rodríguez más como una tecnócrata que como una ideóloga inflexible.
—Era vista como una figura más pragmática —dice Christopher Hernandez-Roy, experto en América Latina del Center for Strategic and International Studies—. La eligieron con una pistola apuntándole a la cabeza, pero parecía entender la economía del país y había estado profundamente involucrada durante años en su sector petrolero. Esa es obviamente una de las máximas prioridades de la Administración: la recuperación de la industria petrolera venezolana.
Rodríguez llevaba tiempo abogando por una mayor apertura económica. También había sido responsable de atraer inversión extranjera y reconstruir relaciones con compañías energéticas internacionales. Según varios funcionarios, Rubio concluyó que Rodríguez era una realista con control sobre los resortes del poder y dispuesta a cumplir las exigencias de Washington.
Rodríguez sostiene que la relación ya ha dado frutos para el país. Durante los años de Maduro, Chevron había sido la única gran petrolera estadounidense con una presencia significativa. Ahora podría sumarse ExxonMobil, ConocoPhillips y Halliburton. El secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, negocian más de 30 acuerdos que darían a empresas estadounidenses un punto de apoyo en el sector energético venezolano.
—Lo más importante es que las empresas de Estados Unidos están regresando y llegando —dice Rodríguez.
El viraje refleja la zanahoria que Trump ha ofrecido: acceso renovado al capital estadounidense y a los mercados globales. La apuesta es que la integración económica induzca un alineamiento geopolítico después de décadas de chavismo. Sin embargo, aún no está claro cuánto de esa inyección de capital ha llegado a los venezolanos comunes. Bajo el sistema autoritario del país, las encuestas confiables siguen siendo escasas.
Los venezolanos celebraron en gran número la caída de Maduro, pero muchos siguen desconfiando de Rodríguez, a quien ven como alguien que abandonó la causa a la que había dedicado su carrera política.
—El pueblo venezolano no extraña a Maduro, ¿verdad? —dice a *TIME* un asesor de Rubio—. Reconoce plenamente que fue un actor malo y una influencia desestabilizadora. El petróleo tenía un valor enorme para el pueblo de Venezuela. Fue robado por élites muy corruptas y usado para pagar deudas masivas con China, Cuba y otros. Se acabó.
Pero para algunos venezolanos, Rodríguez es simplemente un nuevo rostro del mismo régimen. Pasó años ayudando a administrar un gobierno acusado por investigadores internacionales de violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
—Formó parte de un régimen que violó sistemáticamente los derechos humanos —dice Diego Area, experto en política venezolana del Atlantic Council—. Viene de normalizar prácticas que se consideran crímenes contra la humanidad.
Pese a todos los cambios en marcha en Venezuela, el más grande —una transición hacia una verdadera democracia— aún parece lejano. Rubio lo ve como parte de su misión: limpiar de autocracias socialistas remanentes a América Latina y sentar las bases para que Venezuela algún día celebre elecciones legítimas y complete una transición democrática, según un funcionario del Departamento de Estado.
A instancias suyas, el gobierno de Rodríguez aprobó en febrero una ley de amnistía que cubre la violencia política desde el ascenso de Chávez en 1999 hasta el presente. (La ley incluye a quienes fueron acusados de participar en el intento de golpe de Estado de 2002 contra Chávez y a individuos implicados en los disturbios violentos de 2014 y 2017.) Las autoridades venezolanas dicen que unos 9.000 detenidos han sido liberados desde la aprobación de la ley. Rodríguez dice estar dispuesta a que el proceso sea revisado de forma independiente. Durante nuestra entrevista, afirma que ha pedido a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que audite las liberaciones, alegando que ese escrutinio externo confirmará el cumplimiento del gobierno con sus compromisos.
(Xinhua/Marcos Salgado)
Pero hay pocas señales de que Venezuela avance rápidamente hacia elecciones libres y justas.
—Trump no está enfocado en construir democracia —dice Story, el exembajador en Caracas—. Si algo sale mal, aumenta la inestabilidad y erosiona aún más la posibilidad de que entren empresas e inviertan. Ese es el temor.
Rodríguez tampoco muestra urgencia.
—Venezuela celebrará elecciones cuando esté lista —me dice—. Hay grupos extremistas que llamaron a la agresión militar contra Venezuela, y el pueblo venezolano —especialmente quienes vivieron el ataque de primera mano— siente mucho temor.
Pero ¿cuándo llegará ese momento? ¿Qué condiciones deben existir antes de que Venezuela celebre elecciones abiertas?
—Siento que ese momento llegará cuando todos los actores políticos del país lleguen a un entendimiento y podamos decirle a la nación que nosotros, como políticos, estamos listos —responde, esquivando la pregunta.
Rodríguez dice que recibiría observadores electorales internacionales, siempre que respeten la soberanía venezolana.
Cuando le pregunto si piensa postularse ella misma a la Presidencia, hace una pausa.
—No lo sé —dice.
Entonces le hago la pregunta que sobrevuela toda conversación sobre el futuro de Venezuela: ¿permitiría Rodríguez que Machado regresara y compitiera?
Rodríguez elude la respuesta.
—Tenemos que avanzar hacia una nueva era política —dice.
—Entonces, ¿la respuesta es no?
—Mi respuesta no es no —contesta—. Mi respuesta es que habrá un momento político en el que la coexistencia y la convivencia pacífica serán posibles.
La respuesta no convence a Machado.
—Entiendo que el gobierno de Estados Unidos decidió comenzar con un proceso de estabilidad, pero para que eso sea sostenible, ciertamente necesitas legitimidad —dice. “Temen una elección porque temen al pueblo, temen la soberanía popular. Saben lo que el pueblo venezolano deseaba con desesperación”.
Machado añade que la respuesta vacilante de Rodríguez al terremoto trágico “expuso la verdadera naturaleza del régimen: su falta de humanidad, su muestra de corrupción e incompetencia infinitas”.
Para Rodríguez, todo vuelve a la supervivencia.
Pero hay pocas señales de que Venezuela avance rápidamente hacia elecciones libres y justas.
—Trump no está enfocado en construir democracia —dice Story, el exembajador en Caracas—. Si algo sale mal, aumenta la inestabilidad y erosiona aún más la posibilidad de que entren empresas e inviertan. Ese es el temor.
Rodríguez tampoco muestra urgencia.
—Venezuela celebrará elecciones cuando esté lista —me dice—. Hay grupos extremistas que llamaron a la agresión militar contra Venezuela, y el pueblo venezolano —especialmente quienes vivieron el ataque de primera mano— siente mucho temor.
Pero ¿cuándo llegará ese momento? ¿Qué condiciones deben existir antes de que Venezuela celebre elecciones abiertas?
—Siento que ese momento llegará cuando todos los actores políticos del país lleguen a un entendimiento y podamos decirle a la nación que nosotros, como políticos, estamos listos —responde, esquivando la pregunta.
Rodríguez dice que recibiría observadores electorales internacionales, siempre que respeten la soberanía venezolana.
Cuando le pregunto si piensa postularse ella misma a la Presidencia, hace una pausa.
—No lo sé —dice.
Entonces le hago la pregunta que sobrevuela toda conversación sobre el futuro de Venezuela: ¿permitiría Rodríguez que Machado regresara y compitiera?
Rodríguez elude la respuesta.
—Tenemos que avanzar hacia una nueva era política —dice.
—Entonces, ¿la respuesta es no?
—Mi respuesta no es no —contesta—. Mi respuesta es que habrá un momento político en el que la coexistencia y la convivencia pacífica serán posibles.
La respuesta no convence a Machado.
—Entiendo que el gobierno de Estados Unidos decidió comenzar con un proceso de estabilidad, pero para que eso sea sostenible, ciertamente necesitas legitimidad —dice. “Temen una elección porque temen al pueblo, temen la soberanía popular. Saben lo que el pueblo venezolano deseaba con desesperación”.
Machado añade que la respuesta vacilante de Rodríguez al terremoto trágico “expuso la verdadera naturaleza del régimen: su falta de humanidad, su muestra de corrupción e incompetencia infinitas”.
Para Rodríguez, todo vuelve a la supervivencia.
—Necesita seguir las orientaciones del gobierno de Estados Unidos, que en algún momento incluirán la renovación de las instituciones y reglas democráticas —dice Area—. Lo hará no por convicción democrática, sino como un medio para alcanzar sus objetivos políticos.
Eso no significaría solo sobrevivir políticamente, sino crear las condiciones para que ella —y quizá el propio chavismo— sobreviva después del poder. Quiere garantías de que ella, una mujer cuyo padre fue asesinado por el Estado, pueda permanecer en Venezuela sin temer prisión o represalias de un futuro gobierno.
—Eso es lo que significa la supervivencia para ella —dice Area—. Hacer que el sistema sea estable y pueda gobernarse por sí mismo, lo que potencialmente incluiría que ella pueda participar en la nueva Venezuela. Se trata de sobrevivir.
Por ahora, Rodríguez quiere reintegrar al país en los mercados globales: diversificar la economía, atraer inversión extranjera a largo plazo y asegurar que la prosperidad de Venezuela ya no dependa de un solo producto. El día antes de nuestra entrevista, ejecutivos de General Electric se sentaron frente a Rodríguez para discutir formas de modernizar la envejecida red eléctrica del país.
(General Electric no respondió a una solicitud de comentarios.)
Si esas ambiciones sobrevivirán a la presidencia de Trump sigue siendo incierto. La política exterior estadounidense actual está animada por la aplicación de presión, incentivos económicos, coerción y negociaciones transaccionales para atraer a antiguos adversarios a la órbita de Estados Unidos. El futuro de Venezuela dependerá no solo de la capacidad de Rodríguez para manejar la relación con sus actuales interlocutores, sino también de si el sucesor de Trump adopta esa estrategia o elige otro camino.
Cuando la entrevista llega a su fin, caminamos por los jardines bañados por el sol del palacio. Le digo a Rodríguez que vuelo a casa al día siguiente, con conexión en Miami en una de las rutas comerciales recién restablecidas. Ella sonríe. Pronto, dice, podré saltarme la escala.
—Tal vez la próxima vez —dice—, vuele de Washington a Caracas.
Eso no significaría solo sobrevivir políticamente, sino crear las condiciones para que ella —y quizá el propio chavismo— sobreviva después del poder. Quiere garantías de que ella, una mujer cuyo padre fue asesinado por el Estado, pueda permanecer en Venezuela sin temer prisión o represalias de un futuro gobierno.
—Eso es lo que significa la supervivencia para ella —dice Area—. Hacer que el sistema sea estable y pueda gobernarse por sí mismo, lo que potencialmente incluiría que ella pueda participar en la nueva Venezuela. Se trata de sobrevivir.
Por ahora, Rodríguez quiere reintegrar al país en los mercados globales: diversificar la economía, atraer inversión extranjera a largo plazo y asegurar que la prosperidad de Venezuela ya no dependa de un solo producto. El día antes de nuestra entrevista, ejecutivos de General Electric se sentaron frente a Rodríguez para discutir formas de modernizar la envejecida red eléctrica del país.
(General Electric no respondió a una solicitud de comentarios.)
Si esas ambiciones sobrevivirán a la presidencia de Trump sigue siendo incierto. La política exterior estadounidense actual está animada por la aplicación de presión, incentivos económicos, coerción y negociaciones transaccionales para atraer a antiguos adversarios a la órbita de Estados Unidos. El futuro de Venezuela dependerá no solo de la capacidad de Rodríguez para manejar la relación con sus actuales interlocutores, sino también de si el sucesor de Trump adopta esa estrategia o elige otro camino.
Cuando la entrevista llega a su fin, caminamos por los jardines bañados por el sol del palacio. Le digo a Rodríguez que vuelo a casa al día siguiente, con conexión en Miami en una de las rutas comerciales recién restablecidas. Ella sonríe. Pronto, dice, podré saltarme la escala.
—Tal vez la próxima vez —dice—, vuele de Washington a Caracas.
