"Riesgo permanente": FA pone bajo alerta a la política por el dinero del narcotráfico
MONTEVIDEO (Uypress)-
22.09.2026
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Tras la condena por lavado de activos del asesor de un edil del Partido Nacional, Fernando Pereira advirtió que los casos "ya no parecen aislados". El Frente Amplio analizará medidas para reforzar los controles sobre el financiamiento y los vínculos del sistema político después de la condena de Pablo Leiva, quien se desempeñaba como asesor rentado del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez.
Según informa diario El Observador, el presidente del FA, Fernando Pereira, sostuvo que existe un "riesgo permanente" de penetración de fondos provenientes del crimen organizado en la política y afirmó que los episodios conocidos en los últimos años "ya no parecen aislados". A partir de ese diagnóstico, planteó la necesidad de discutir mecanismos para "blindar a los partidos del financiamiento del crimen organizado".
El planteo surge después de la Operación Trazador, que permitió desarticular una organización dedicada al narcotráfico y terminó con tres personas condenadas. Leiva, de 48 años, fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones. Hasta entonces era asesor rentado de Gómez en la Junta Departamental de Montevideo y percibía una remuneración mensual de unos $52.000.
El operativo terminó con la incautación de 265 kilos de drogas -141 de pasta base y 124 de cocaína-, casi $3 millones, US$42.564, armas, municiones y vehículos de alta gama. Según explicó la Policía, la organización tenía tareas diferenciadas y Leiva cumplía funciones relacionadas con el blanqueo de capitales, mediante la conversión de pesos a dólares a través de casas de cambio.
Pereira reclama una respuesta del sistema político
La reacción del presidente del Frente Amplio buscó colocar el episodio en un plano más amplio que la responsabilidad de una persona o de un partido. Pereira señaló que la preocupación debe abarcar a todo el sistema político y sostuvo que el FA analizará qué iniciativas pueden impulsarse para reducir las posibilidades de ingreso de dinero procedente del narcotráfico y otras actividades criminales.
La discusión apunta particularmente a los mecanismos de financiamiento partidario y a los controles sobre las personas que ocupan cargos políticos o de confianza.
Desde el oficialismo también surgieron planteos para involucrar a organismos estatales. El senador frenteamplista Eduardo Brenta reclamó que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) intervenga y consideró necesario fortalecer el control de declaraciones juradas y las tareas de inteligencia destinadas a detectar eventuales vínculos entre dinero ilícito y actividad política.
"Tenemos que preservar absolutamente el sistema político", sostuvo Brenta, quien planteó que la Jutep debería actuar de oficio dentro de las facultades que posee.
El Partido Nacional dice que desconocía la situación
El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró que la conducción partidaria desconocía las actividades ilícitas de Leiva y afirmó que el partido sigue "cada uno de los detalles" de la investigación. Delgado reconoció que el episodio genera preocupación y señaló que los dirigentes políticos deben extremar los cuidados al momento de contratar asesores.
Gonzalo Gómez, por su parte, desvinculó a Leiva después de conocerse el caso y manifestó que desconocía cualquier relación de su asesor con actividades delictivas. El edil pidió disculpas a su partido y a su agrupación y asumió que no había sido "suficientemente precavido" al incorporarlo a su equipo.
El episodio también provocó cruces partidarios. Senadores del MPP cuestionaron al Partido Nacional recordando anteriores acusaciones de dirigentes blancos contra el gobierno por su política frente al narcotráfico.
Del caso particular a un problema mayor
La discusión que pretende abrir ahora el Frente Amplio excede, sin embargo, ese intercambio político. La pregunta pasa a ser qué instrumentos posee Uruguay para impedir que recursos generados por el narcotráfico o el lavado encuentren vías de ingreso en estructuras partidarias, campañas electorales o entornos de dirigentes políticos.
Pereira entiende que los antecedentes justifican que el asunto sea analizado como un riesgo institucional y no exclusivamente como una sucesión de episodios individuales. De allí su planteo de estudiar nuevas acciones desde el Frente Amplio.
El caso Leiva presenta además una particularidad: no se trata solamente de una persona con actividad política que terminó vinculada a una investigación criminal, sino de alguien que ocupaba un cargo remunerado con recursos públicos en la Junta Departamental de Montevideo mientras cumplía, según determinó la Justicia, funciones de lavado para una organización criminal.
Ese elemento desplazó la discusión desde la responsabilidad individual hacia los mecanismos de selección, control y transparencia existentes dentro del sistema político.
El Frente Amplio deberá definir ahora qué propuestas concretas impulsará. El Partido Nacional, mientras tanto, sostiene que desconocía las actividades del condenado y anunció que seguirá la evolución del caso.
Pero la advertencia formulada por Pereira instala una discusión que trasciende a ambas fuerzas: cómo impedir que la creciente capacidad económica del crimen organizado encuentre una puerta de entrada a la política uruguaya.
España: Cayó un uruguayo con 2,1 toneladas de cocaína en el Atlántico
El velero fue interceptado a 400 millas de Galicia con 70 fardos. La operación internacional terminó con cinco detenidos y apunta a una red que abastecía a grupos narcos.
Un ciudadano uruguayo fue detenido junto a otros tres tripulantes a bordo de un velero que transportaba unos 2.100 kilos de cocaína y fue interceptado a unas 400 millas de las costas de Galicia, en España. La operación permitió además detener en tierra a otro integrante de la organización y continúa abierta, por lo que las autoridades españolas no descartan nuevos arrestos, según informó Subrayado (canal 10).
El procedimiento, denominado Operación Doncella, fue realizado conjuntamente por el Servicio de Vigilancia Aduanera español y la Aduana francesa, con participación de organismos especializados de otros países.
El velero, de unos 14 metros de eslora y bandera polaca, fue localizado en la madrugada del 14 de septiembre por el buque de Operaciones Especiales Petrel I, después de varios días de búsqueda.
En su interior, los agentes encontraron 70 fardos distribuidos en diferentes zonas de la embarcación, con un peso total aproximado de 2,1 toneladas de cocaína.
Los cuatro tripulantes fueron detenidos. Además del ciudadano uruguayo viajaban un argentino, un colombiano y un albanés. Según la investigación, este último habría actuado como supervisor de la organización destinataria de la droga, con la tarea de controlar el desarrollo de la operación.
Una investigación iniciada meses atrás
La Operación Doncella había comenzado en febrero, cuando investigadores españoles obtuvieron información sobre un velero que podía haber participado en una actividad ilícita en la frontera entre España y Francia.
En junio, la embarcación fue localizada en el puerto de Roses, en Girona, y quedó bajo vigilancia. El 11 de julio zarpó sin activar el sistema de identificación automática AIS, utilizado para la localización de embarcaciones. A partir de ese momento comenzó su seguimiento internacional.
En el rastreo colaboraron la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) y la DEA estadounidense a través del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N).
Finalmente, el Petrel I consiguió ubicar la embarcación en aguas del Atlántico y procedió al abordaje. El velero, los cuatro detenidos y las más de dos toneladas de cocaína fueron trasladados posteriormente al puerto de Vigo.
Una organización que proporcionaba barcos
La investigación no se limita al cargamento incautado. Las autoridades españolas sostienen que detrás del velero operaba una organización especializada en conseguir y proporcionar embarcaciones a otras redes dedicadas al narcotráfico internacional, particularmente grupos criminales relacionados con Europa del Este y los Balcanes.
Mientras el barco era remolcado hacia Vigo, la investigación continuó en tierra. En Girona fue detenido un ciudadano chileno señalado como el responsable de captar embarcaciones con las características necesarias para este tipo de operaciones.
Los investigadores también buscan a un ciudadano español residente en Barcelona que presuntamente se encargaba de custodiar los barcos, proporcionar seguridad y detectar posibles movimientos de las autoridades. En total, hasta el momento fueron detenidas cinco personas: los cuatro tripulantes y el ciudadano chileno.
Los arrestados son investigados por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y contra la salud pública. La causa quedó en manos de la Audiencia Nacional española.
La ruta atlántica de la cocaína
El procedimiento se inscribe en la denominada ruta atlántica de la cocaína, utilizada por organizaciones criminales para transportar grandes cantidades de droga desde Sudamérica y realizar operaciones de trasbordo en alta mar antes de introducir los cargamentos en Europa.
Los veleros representan una de las modalidades utilizadas para intentar reducir la exposición de las organizaciones y dificultar los controles marítimos.
España viene desarrollando durante 2026 varias operaciones de gran escala sobre estas rutas. En agosto, por ejemplo, una operación conjunta de Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera terminó con 20 detenidos y más de 1.500 kilos de cocaína incautados en Galicia.
En el caso de la Operación Doncella, la investigación continúa abierta. Las autoridades intentan ahora determinar el alcance completo de la organización que proporcionaba los barcos y reconstruir sus conexiones con las redes internacionales que contrataban sus servicios.
Por el momento, las autoridades españolas no divulgaron públicamente la identidad del ciudadano uruguayo detenido ni precisaron qué función concreta desempeñaba dentro de la tripulación.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
El procedimiento se inscribe en la denominada ruta atlántica de la cocaína, utilizada por organizaciones criminales para transportar grandes cantidades de droga desde Sudamérica y realizar operaciones de trasbordo en alta mar antes de introducir los cargamentos en Europa.
Los veleros representan una de las modalidades utilizadas para intentar reducir la exposición de las organizaciones y dificultar los controles marítimos.
España viene desarrollando durante 2026 varias operaciones de gran escala sobre estas rutas. En agosto, por ejemplo, una operación conjunta de Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera terminó con 20 detenidos y más de 1.500 kilos de cocaína incautados en Galicia.
En el caso de la Operación Doncella, la investigación continúa abierta. Las autoridades intentan ahora determinar el alcance completo de la organización que proporcionaba los barcos y reconstruir sus conexiones con las redes internacionales que contrataban sus servicios.
Por el momento, las autoridades españolas no divulgaron públicamente la identidad del ciudadano uruguayo detenido ni precisaron qué función concreta desempeñaba dentro de la tripulación.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
