CARDAMAGATE 3. La ampliación de las denuncias, las reacciones políticas y judiciales y el papel de la prensa
21.09.2026
«La administración pública tiene el deber indeclinable de velar por la moralidad administrativa y el interés general, de modo que cualquier vicio sustancial, dolo o falsedad que afecte la formación de la voluntad contractual destruye las bases de legitimidad del vínculo y obliga a su anulación y persecución resarcitoria». Enrique Sayagués Laso
En la nota anterior sobre Cardama 2 nos comprometimos a brindar los nuevos elementos surgidos a partir del lanzamiento del libro CARDAMA, el pasado 6 de agosto. En realidad, era una introducción y, ante la imposibilidad de realizar una nueva edición ampliada del libro, registraríamos en Uypress los nuevos elementos surgidos a partir de las denuncias presentadas por el Poder Ejecutivo ante la justicia y el desplome judicial y financiero del varadero de Vigo.
Sugerimos a los lectores interesados en la continuidad de este proceso editorial, y ante la imposibilidad de publicar de forma impresa estas ampliaciones, guardar estas notas en Uypress para anexarlas al libro CARDAMAGATE, o simplemente para tener material de información y opinión acumulativo sobre el mayor escándalo de la historia contra las fuerzas armadas y, en definitiva, contra todos los uruguayos.
Aunque los elementos más vergonzosos son las declaraciones de Javier García, segundo responsable del fraude, solo precedido por su jefe, Luis Lacalle Pou -como presidente de la República y artífice principal de la peor estafa a las fuerzas armadas del Uruguay en toda su historia-. Cada vez que escribo esta frase me duele más, porque comprobar una vez más este bochorno, indigno de la historia nacional, nunca es indoloro, ni siquiera cuando hablamos del gobierno más corrupto de la historia nacional.
En este nuevo capitulo de denuncia y tratamiento de la estafa, la frase de un destacado jurista uruguayo como Enrique Sayagués Lazo demuestra que el país cuenta con una tradición jurídica solida para enfrentar este tipo de casos, que obviamente no son nuevos, pero que nunca alcanzaron este nivel de desfachatez.
La nueva denuncia:
El 6 y 7 de agosto de 2026, el gobierno uruguayo -a través del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa Nacional- hizo efectiva formalmente una demanda civil contra el astillero español Cardama.
Los puntos clave de esta acción legal son: el monto reclamado: El Estado uruguayo reclama una cifra cercana a los 35 millones de dólares por daños e irregularidades vinculadas al contrato para la adquisición de dos patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional.
Los nuevos elementos probatorios: la demanda incorpora como evidencia clave nuevos elementos que apuntan a la presunta configuración de un fraude en perjuicio del Estado, argumentando que los incumplimientos de la empresa forman parte de una secuencia sostenida de conductas irregulares.
Los elementos probatorios y la acusación de fraude
El núcleo de la demanda de agosto de 2026 introdujo un cambio cualitativo respecto a los reclamos administrativos previos: ya no se trata únicamente de un incumplimiento contractual por retrasos o deficiencias técnicas, sino de la presunta comisión de un fraude en perjuicio del Estado.
Las maniobras y la simulación: la acción judicial incorpora documentación y evidencias que apuntan a que el astillero incurrió en conductas engañosas -incluyendo la intervención y el rol de terceras empresas o intermediarios- para simular capacidades financieras y técnicas de las que carecía al momento de adjudicarse la licitación.
El perjuicio económico: los 35 millones de dólares reclamados no solo buscan resarcir los daños directos y los costos operativos derivados del fracaso del proyecto de los patrulleros oceánicos (OPV), sino también penalizar la actuación de mala fe detectada en la génesis y ejecución de las garantías y compromisos asumidos por la firma española.
El contexto político, contractual e internacional
Esta acción judicial se da tras la rescisión definitiva del contrato y los entresijos políticos y jurídicos derivados de la polémica en torno a las garantías iniciales presentadas para la fallida construcción de las embarcaciones.
La demanda civil presentada por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa Nacional contra el astillero español Cardama profundiza un conflicto de gran calado institucional y financiero para el Estado uruguayo. Esta ofensiva judicial no surge en un vacío, sino que es el desenlace de una cadena de tensiones políticas y trabas burocráticas:
La caída del contrato original: el proceso se desencadenó tras constatarse la inviabilidad de concretar la construcción de las dos OPV para la Armada Nacional bajo las condiciones pactadas, lo que obligó al Estado a rescindir el contrato y a blindar su posición jurídica.
El trasfondo político y el arbitraje: La acusación de que la decisión del gobierno expone al país a escenarios complejos de litigiosidad internacional (como las disputas cruzadas en tribunales de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional), se han diluido paso a paso. Asimismo, a nivel interno, el tema ha estado cruzado por fuertes choques políticos en torno a las responsabilidades de la gestión que originó el negocio y las garantías iniciales. Con nuevas pruebas aportadas por el Estado contra Cardama.
Las implicancias financieras de la estafa para el Estado
El impacto económico del proceso no es menor, ya que compromete fondos públicos significativos destinados originalmente a la renovación de la flota de la Armada Nacional:
El dinero ya desembolsado: Hasta el momento en que se decretó la rescisión del vínculo contractual, el Estado uruguayo había transferido al astillero español un total cercano a los 28,7 millones de euros (equivalentes a una porción importante de la inversión prevista.
El objetivo del reclamo: La demanda civil de Uruguay contra Cardama, por los 35 millones de dólares busca recuperar integralmente los montos que ya fueron pagados a la empresa, sumados a los resarcimientos por daños y perjuicios, los costos operativos frustrados y el lucro cesante derivado de no contar con las patrulleras oceánicas (OPV) que el país necesitaba para el control y vigilancia de su zona económica exclusiva.
La vía del arbitraje internacional y la batalla cruzada
Aquí tienes la primera parte del texto corregida (ortografía, puntuación, concordancia y fluidez sintáctica), manteniendo intacto el estilo y el contenido original de Esteban Valenti:
En el plano político e institucional local, la demanda y todo el proceso en torno al astillero Cardama han generado un escenario de alta tensión y confrontación directa entre el oficialismo y la oposición.
El debate parlamentario y la comisión investigadora
Meses antes, y en coincidencia con los movimientos judiciales de agosto de 2026, el Parlamento uruguayo mantuvo abiertas intensas discusiones -incluyendo el trabajo de una comisión investigadora- para dilucidar las responsabilidades políticas detrás de la fallida adjudicación de las OPV:
Señalamientos a la administración anterior: Sectores de este gobierno y legisladores críticos de Cabildo Abierto apuntaron duramente contra la gestión de la administración de Luis Lacalle Pou por falencias y supuesta ligereza en los controles de las garantías iniciales presentadas por el astillero en su momento.
Consecuencias institucionales:
Comparecencias ministeriales: Las citaciones a la cartera de Defensa Nacional y los cruces dialécticos entre legisladores marcaron la agenda política, reflejando que el tema trascendió ampliamente la vía administrativa ordinaria.
Postura oficial unificada: Desde el Ejecutivo se ha sostenido que el Estado irá hasta las últimas consecuencias para esclarecer el presunto fraude, blindando la decisión de la demanda civil como un paso ineludible en defensa del erario público frente a una empresa que -según la postura oficial- incumplió gravemente la fe del contrato.
Las declaraciones de la oposición y de Javier García
Los blancos acompañados por algunos suicidas del Partido Colorado como el diputado Pablo Abdala trataron de responder la ofensiva del gobierno. La rescisión del contrato fueron duramente contestadas:
Defensa de la gestión anterior: El senador y exministro de Defensa Javier García (Partido Nacional) defendió la legalidad y la transparencia del proceso de adjudicación original. Todo el proceso posterior tanto a nivel de las declaraciones en el Parlamento, como a nivel de los procesos judiciales en España iniciados por Cardama, desmintieron de manera terminante al ex ministro y responsable directo junto con el ex Presidente Lacalle de la estafa contra las fuerzas armadas y contra el país.
Los manotazos desesperados: los partidos de la oposición (Nacional, Colorado e Independiente) calificaron las acciones del Ejecutivo como una maniobra de sesgo político orientada a dañar a la administración pasada. Como respuesta directa a la rescisión y a las demandas promovidas por el gobierno, los bloques opositores anunciaron la presentación de una denuncia penal contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo.
La postura de la ministra de Defensa, Sandra Lazo
La titular de la cartera de Defensa ha sostenido una línea de férrea defensa de la actuación estatal:
Respuesta a los cuestionamientos: Ante las críticas y la anunciada ofensiva judicial de la oposición, Sandra Lazo restó dramatismo a la denuncia penal en su contra, retando a los sectores opositores a encontrarse donde quieran y ratificando que el Ejecutivo actuó con absoluta responsabilidad para salvaguardar los dineros públicos.
Una vez más la ministra Lazo, confirmó la fuerza de su postura y de sus argumentos contra la compra a Cardama, que ya había cuestionado siendo presidenta de la Comisión de Defensa del senado en el año 2024.
La ministra y los jerarcas de gobierno han remarcado que el Estado no podía mantener un vínculo contractual con una empresa que -según los nuevos elementos recabados- incurrió en maniobras fraudulentas y simulación de capacidades técnicas y financieras y presentó garantías totalmente falsas.
3. Convocatorias de la Fiscalía y estado del proceso judicial
El frente judicial y fiscal se ha subdividido en múltiples carriles:
Derivación al Ministerio Público (Fiscalía): Tras la conclusión de los trabajos de la comisión investigadora especial en el Parlamento, se elaboraron múltiples informes que fueron formalmente remitidos a la Fiscalía General de la Nación. El bloque del Frente Amplio sugirió indagar posibles delitos de índole penal como abuso de funciones, omisión de los deberes del cargo y falsificación ideológica por funcionario público, vinculados a la génesis y controles de la contratación.
El estado de las causas cruzadas: En paralelo al expediente penal en la órbita de la Fiscalía y a la demanda civil promovida por el Estado uruguayo contra Cardama por más de 35 millones de dólares, el litigio se dirime en los estrados internacionales. El astillero, por su parte, mantiene activas sus reclamaciones en tribunales arbitrales externos contra el Estado uruguayo, mientras la justicia local evalúa las responsabilidades tanto de los administradores privados como de los exjerarcas públicos involucrados en el proceso.
La decisión de decretar el sobreseimiento provisional e el juzgado español por la denuncia presentada por Cardama se adoptó inicialmente el 21 de mayo de 2026 y su inadmisión definitiva/archivo se hizo público y formal a mediados de septiembre de 2026 (con conocimiento público reportado hacia el 16 de septiembre de 2026).
El tribunal dispuso archivar la denuncia por estafa que el astillero Cardama había presentado contra las empresas intermediarias (como EuroCommerce, Forum Europe y Star Alliance Consulting) por el caso de la garantía falsa de los 4,1 millones de euros. El fundamento, la Justicia española determinó que no correspondía continuar paralelamente con la pesquisa en España debido a que ya existe un proceso penal abierto e investigándose en Uruguay sobre exactamente los mismos hechos, contratos y documentos.
La defensa de Mario Cardama decidió no interponer recursos contra esta decisión.
Nuevos protagonistas en la trama de las garantías
Los detalles de la investigación judicial permitieron conocer la ruta y los intermediarios involucrados en la emisión de la cuestionada garantía de fiel cumplimiento (por un valor de 4.113.500 euros) expedida por la falsa firma EuroCommerce:
Las empresas intermediarias: en los escritos presentados ante la justicia, el astillero español señaló que recurrió a la firma Forum Europe para buscar una entidad que prestara el aval al Ministerio de Defensa uruguayo. A su vez, se reveló que intervinieron otros actores como Star Alliance Consulting para subcontratar diversas gestiones financieras.
El costo de la fachada: Del expediente judicial surgió que Cardama pagó un total aproximado de 200.000 euros (incluyendo cargos y gestiones para la renovación del aval) a estas intermediarias y a la estructura de papel para sostener la garantía que resultó ser apócrifa.
Situación financiera de Cardama y nuevos elementos generales.
La postura del astillero frente al engaño: Ante los señalamientos de complicidad por parte del gobierno uruguayo (respaldados por figuras del Ejecutivo como el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien afirmó que el Estado fue engañado con la connivencia voluntaria o involuntaria del astillero), la defensa de Mario Cardama intentó instalar que la propia empresa española fue víctima de una estafa internacional ejecutada por estas redes de intermediación financiera.
Estado del proceso judicial y convocatorias en Uruguay
En Uruguay, la causa penal derivada de los informes de la comisión investigadora y las acciones civiles del Estado avanzan en los despachos de la Fiscalía y los juzgados competentes. Aunque se han sucedido intensas citaciones a nivel político e institucional, el foco judicial se concentra en dilucidar las responsabilidades tanto en los controles administrativos internos de la pasada administración como en la validación de los documentos falsos presentados por la firma adjudicataria.
A septiembre de 2026, el panorama político y judicial en Uruguay respecto al caso Cardama avanza en múltiples frentes institucionales, mientras el Poder Ejecutivo encamina una redefinición total en la estrategia para dotar a la Armada Nacional de patrulleras oceánicas.
Estado del proceso judicial y político
Frentes abiertos: el litigio se mantiene activo simultáneamente en tres carriles principales: la demanda civil entablada por el Estado uruguayo para reclamar los fondos desembolsados, las denuncias penales derivadas de la comisión investigadora en el ámbito de la Fiscalía, y el proceso de defensa en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Reclamo de fondos: en el arbitraje internacional, el Estado formalizó la exigencia de devolución de los 28,7 millones de euros ya transferidos al astillero, además de los resarcimientos por daños ante la frustración del contrato. Desde el Ejecutivo (a través de jerarquías como el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz) se sostiene firmemente que el Estado fue víctima de una estafa con garantías apócrifas.
La compra de las nuevas OPV: giro y definiciones
En paralelo a los litigios, el gobierno uruguayo ingresó en la etapa de definición para solucionar el déficit de vigilancia en la zona económica exclusiva:
Sigue pendiente la compra de nuevas OPV que el actual gobierno comprometió ante el país para cumplir con las fundamentales funciones de lucha contra el narcotráfico y, sobre todo, de defensa de la Zona Económica Exclusiva (ZZE) del Río de la Plata y del océano Atlántico.
La ZEE de Uruguay abarca una superficie aproximada de 54.890 millas cuadradas. Esta área se extiende desde el límite exterior del mar territorial (12 millas náuticas) hasta las 200 millas náuticas costeras, constituyendo el espacio marítimo donde el Estado ejerce derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos.
Sobre este tema de gran importancia para el país y la misión de la Armada Nacional le dedicaremos la tercera nota de este dossier, ampliatorio del libro CARDAMA.
En la redacción de este nuevo capítulo de la denuncia contra la mayor estafa a las fuerzas armadas, hemos reforzado el estilo de recurrir a datos comprobados y comprobables por los lectores, lo que le da toda su credibilidad.
Por último, en las Jornadas Académicas de Defensa (septiembre de 2026), que se realizaron en Montevideo -un espacio de análisis estratégico donde se debatieron los fundamentos conceptuales de la defensa nacional y el rol específico de la Armada en la planificación espacial marina-, el tema Cardama estuvo presente tanto en algunas de las intervenciones como, sobre todo, en el clima dominante de este importante evento, y el libro CARDAMAGATE fue uno de los protagonistas principales del tema del escándalo.
Para terminar este segundo capítulo, la gran prensa nacional, en particular el diario El País, ha ignorado totalmente la aparición del libro, a pesar de que es el único aparecido hasta la fecha sobre este tema central del debate político nacional y las preocupaciones de los integrantes de las tres fuerzas armadas uruguayas, lo que muestra una parcialidad profundamente antidemocrática.
Por otro lado, ninguno de los protagonistas del debate institucional, como la Comisión Investigadora Parlamentaria, tuvo la iniciativa de incorporar ante la fiscalía el libro que contiene elementos probatorios únicos y exclusivos y un ordenamiento de todo el proceso del fraude, ni la fiscalía tomó la iniciativa por cuenta propia. No tenemos ningún afán de protagonismo, simplemente se trata de un procedimiento político y judicial que tiene sólidos fundamentos.
Los únicos medios que brindaron atención a la aparición del libro fueron La Diaria TV, Eduardo Preve en su programa en VTV, naturalmente Uypress (Montevideo.com), La Onda Digital, Caras y Caretas, Canal UKE y El Eco de Nueva Palmira. La Diaria: Funcionó de manera directa como un canal clave de difusión del libro. El Popular: Abordó la publicación desde su línea editorial, destacando el valor de la investigación para desenmascarar los hilos políticos y las responsabilidades institucionales detalladas en el volumen. También se sumaron TV Ciudad y Canal 5.
No se trata de un detalle realizado por egolatría del autor, sino para medir el corte que funciona rigurosamente en la prensa nacional sobre este tema y otros. Es un factor preocupante por las exclusiones antidemocráticas.
En la medida en que sigan apareciendo notas e informaciones en cualquier medio de información de Uruguay, seguiremos publicando capítulos sobre el bochorno de CARDAMAGATE, y las reacciones civiles y militares en todos los partidos políticos (partidarios y sectoriales, del oficialismo y la oposición) y ámbitos sociales, como en el caso del sindicato metalúrgico el UNTMRA.
Cardama va mucho más allá que la crónica del escándalo; es un atentado a la defensa de la soberanía de la patria, y la reacción de los diversos sectores es una demostración de la sensibilidad democrática y contra la corrupción en el Estado.
Un referente destacado en el análisis jurídico sobre el caso específico de Cardama es el reconocido especialista en derecho administrativo Dr. Carlos E. Delpiazzo (junto a la Dra. Natalia Veloso), cuyo opinión jurídica concluyó respaldando la posición del Estado:
"El gobierno actuó en forma legítima al rescindir el contrato con Cardama... el incumplimiento es grave subjetiva y objetivamente, ya que se comprobó la falsedad ideológica y material de los documentos originales presentados como garantía de fiel cumplimiento del contrato».
Esteban Valenti.
Trabajador del vidrio, cooperativista, militante político, periodista, escritor, director de Bitácora (www.suplementobitacora.net) y Uypress (www.uypress.net), columnista en el portal de información Meer (www.meer.com/es)
«La administración pública tiene el deber indeclinable de velar por la moralidad administrativa y el interés general, de modo que cualquier vicio sustancial, dolo o falsedad que afecte la formación de la voluntad contractual destruye las bases de legitimidad del vínculo y obliga a su anulación y persecución resarcitoria». Enrique Sayagués Laso
En la nota anterior sobre Cardama 2 nos comprometimos a brindar los nuevos elementos surgidos a partir del lanzamiento del libro CARDAMA, el pasado 6 de agosto. En realidad, era una introducción y, ante la imposibilidad de realizar una nueva edición ampliada del libro, registraríamos en Uypress los nuevos elementos surgidos a partir de las denuncias presentadas por el Poder Ejecutivo ante la justicia y el desplome judicial y financiero del varadero de Vigo.
Sugerimos a los lectores interesados en la continuidad de este proceso editorial, y ante la imposibilidad de publicar de forma impresa estas ampliaciones, guardar estas notas en Uypress para anexarlas al libro CARDAMAGATE, o simplemente para tener material de información y opinión acumulativo sobre el mayor escándalo de la historia contra las fuerzas armadas y, en definitiva, contra todos los uruguayos.
Aunque los elementos más vergonzosos son las declaraciones de Javier García, segundo responsable del fraude, solo precedido por su jefe, Luis Lacalle Pou -como presidente de la República y artífice principal de la peor estafa a las fuerzas armadas del Uruguay en toda su historia-. Cada vez que escribo esta frase me duele más, porque comprobar una vez más este bochorno, indigno de la historia nacional, nunca es indoloro, ni siquiera cuando hablamos del gobierno más corrupto de la historia nacional.
En este nuevo capitulo de denuncia y tratamiento de la estafa, la frase de un destacado jurista uruguayo como Enrique Sayagués Lazo demuestra que el país cuenta con una tradición jurídica solida para enfrentar este tipo de casos, que obviamente no son nuevos, pero que nunca alcanzaron este nivel de desfachatez.
La nueva denuncia:
El 6 y 7 de agosto de 2026, el gobierno uruguayo -a través del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa Nacional- hizo efectiva formalmente una demanda civil contra el astillero español Cardama.
Los puntos clave de esta acción legal son: el monto reclamado: El Estado uruguayo reclama una cifra cercana a los 35 millones de dólares por daños e irregularidades vinculadas al contrato para la adquisición de dos patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional.
Los nuevos elementos probatorios: la demanda incorpora como evidencia clave nuevos elementos que apuntan a la presunta configuración de un fraude en perjuicio del Estado, argumentando que los incumplimientos de la empresa forman parte de una secuencia sostenida de conductas irregulares.
Los elementos probatorios y la acusación de fraude
El núcleo de la demanda de agosto de 2026 introdujo un cambio cualitativo respecto a los reclamos administrativos previos: ya no se trata únicamente de un incumplimiento contractual por retrasos o deficiencias técnicas, sino de la presunta comisión de un fraude en perjuicio del Estado.
Las maniobras y la simulación: la acción judicial incorpora documentación y evidencias que apuntan a que el astillero incurrió en conductas engañosas -incluyendo la intervención y el rol de terceras empresas o intermediarios- para simular capacidades financieras y técnicas de las que carecía al momento de adjudicarse la licitación.
El perjuicio económico: los 35 millones de dólares reclamados no solo buscan resarcir los daños directos y los costos operativos derivados del fracaso del proyecto de los patrulleros oceánicos (OPV), sino también penalizar la actuación de mala fe detectada en la génesis y ejecución de las garantías y compromisos asumidos por la firma española.
El contexto político, contractual e internacional
Esta acción judicial se da tras la rescisión definitiva del contrato y los entresijos políticos y jurídicos derivados de la polémica en torno a las garantías iniciales presentadas para la fallida construcción de las embarcaciones.
La demanda civil presentada por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa Nacional contra el astillero español Cardama profundiza un conflicto de gran calado institucional y financiero para el Estado uruguayo. Esta ofensiva judicial no surge en un vacío, sino que es el desenlace de una cadena de tensiones políticas y trabas burocráticas:
La caída del contrato original: el proceso se desencadenó tras constatarse la inviabilidad de concretar la construcción de las dos OPV para la Armada Nacional bajo las condiciones pactadas, lo que obligó al Estado a rescindir el contrato y a blindar su posición jurídica.
El trasfondo político y el arbitraje: La acusación de que la decisión del gobierno expone al país a escenarios complejos de litigiosidad internacional (como las disputas cruzadas en tribunales de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional), se han diluido paso a paso. Asimismo, a nivel interno, el tema ha estado cruzado por fuertes choques políticos en torno a las responsabilidades de la gestión que originó el negocio y las garantías iniciales. Con nuevas pruebas aportadas por el Estado contra Cardama.
Las implicancias financieras de la estafa para el Estado
El impacto económico del proceso no es menor, ya que compromete fondos públicos significativos destinados originalmente a la renovación de la flota de la Armada Nacional:
El dinero ya desembolsado: Hasta el momento en que se decretó la rescisión del vínculo contractual, el Estado uruguayo había transferido al astillero español un total cercano a los 28,7 millones de euros (equivalentes a una porción importante de la inversión prevista.
El objetivo del reclamo: La demanda civil de Uruguay contra Cardama, por los 35 millones de dólares busca recuperar integralmente los montos que ya fueron pagados a la empresa, sumados a los resarcimientos por daños y perjuicios, los costos operativos frustrados y el lucro cesante derivado de no contar con las patrulleras oceánicas (OPV) que el país necesitaba para el control y vigilancia de su zona económica exclusiva.
La vía del arbitraje internacional y la batalla cruzada
Aquí tienes la primera parte del texto corregida (ortografía, puntuación, concordancia y fluidez sintáctica), manteniendo intacto el estilo y el contenido original de Esteban Valenti:
En el plano político e institucional local, la demanda y todo el proceso en torno al astillero Cardama han generado un escenario de alta tensión y confrontación directa entre el oficialismo y la oposición.
El debate parlamentario y la comisión investigadora
Meses antes, y en coincidencia con los movimientos judiciales de agosto de 2026, el Parlamento uruguayo mantuvo abiertas intensas discusiones -incluyendo el trabajo de una comisión investigadora- para dilucidar las responsabilidades políticas detrás de la fallida adjudicación de las OPV:
Señalamientos a la administración anterior: Sectores de este gobierno y legisladores críticos de Cabildo Abierto apuntaron duramente contra la gestión de la administración de Luis Lacalle Pou por falencias y supuesta ligereza en los controles de las garantías iniciales presentadas por el astillero en su momento.
Consecuencias institucionales:
Comparecencias ministeriales: Las citaciones a la cartera de Defensa Nacional y los cruces dialécticos entre legisladores marcaron la agenda política, reflejando que el tema trascendió ampliamente la vía administrativa ordinaria.
Postura oficial unificada: Desde el Ejecutivo se ha sostenido que el Estado irá hasta las últimas consecuencias para esclarecer el presunto fraude, blindando la decisión de la demanda civil como un paso ineludible en defensa del erario público frente a una empresa que -según la postura oficial- incumplió gravemente la fe del contrato.
Las declaraciones de la oposición y de Javier García
Los blancos acompañados por algunos suicidas del Partido Colorado como el diputado Pablo Abdala trataron de responder la ofensiva del gobierno. La rescisión del contrato fueron duramente contestadas:
Defensa de la gestión anterior: El senador y exministro de Defensa Javier García (Partido Nacional) defendió la legalidad y la transparencia del proceso de adjudicación original. Todo el proceso posterior tanto a nivel de las declaraciones en el Parlamento, como a nivel de los procesos judiciales en España iniciados por Cardama, desmintieron de manera terminante al ex ministro y responsable directo junto con el ex Presidente Lacalle de la estafa contra las fuerzas armadas y contra el país.
Los manotazos desesperados: los partidos de la oposición (Nacional, Colorado e Independiente) calificaron las acciones del Ejecutivo como una maniobra de sesgo político orientada a dañar a la administración pasada. Como respuesta directa a la rescisión y a las demandas promovidas por el gobierno, los bloques opositores anunciaron la presentación de una denuncia penal contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo.
La postura de la ministra de Defensa, Sandra Lazo
La titular de la cartera de Defensa ha sostenido una línea de férrea defensa de la actuación estatal:
Respuesta a los cuestionamientos: Ante las críticas y la anunciada ofensiva judicial de la oposición, Sandra Lazo restó dramatismo a la denuncia penal en su contra, retando a los sectores opositores a encontrarse donde quieran y ratificando que el Ejecutivo actuó con absoluta responsabilidad para salvaguardar los dineros públicos.
Una vez más la ministra Lazo, confirmó la fuerza de su postura y de sus argumentos contra la compra a Cardama, que ya había cuestionado siendo presidenta de la Comisión de Defensa del senado en el año 2024.
La ministra y los jerarcas de gobierno han remarcado que el Estado no podía mantener un vínculo contractual con una empresa que -según los nuevos elementos recabados- incurrió en maniobras fraudulentas y simulación de capacidades técnicas y financieras y presentó garantías totalmente falsas.
3. Convocatorias de la Fiscalía y estado del proceso judicial
El frente judicial y fiscal se ha subdividido en múltiples carriles:
Derivación al Ministerio Público (Fiscalía): Tras la conclusión de los trabajos de la comisión investigadora especial en el Parlamento, se elaboraron múltiples informes que fueron formalmente remitidos a la Fiscalía General de la Nación. El bloque del Frente Amplio sugirió indagar posibles delitos de índole penal como abuso de funciones, omisión de los deberes del cargo y falsificación ideológica por funcionario público, vinculados a la génesis y controles de la contratación.
El estado de las causas cruzadas: En paralelo al expediente penal en la órbita de la Fiscalía y a la demanda civil promovida por el Estado uruguayo contra Cardama por más de 35 millones de dólares, el litigio se dirime en los estrados internacionales. El astillero, por su parte, mantiene activas sus reclamaciones en tribunales arbitrales externos contra el Estado uruguayo, mientras la justicia local evalúa las responsabilidades tanto de los administradores privados como de los exjerarcas públicos involucrados en el proceso.
La decisión de decretar el sobreseimiento provisional e el juzgado español por la denuncia presentada por Cardama se adoptó inicialmente el 21 de mayo de 2026 y su inadmisión definitiva/archivo se hizo público y formal a mediados de septiembre de 2026 (con conocimiento público reportado hacia el 16 de septiembre de 2026).
El tribunal dispuso archivar la denuncia por estafa que el astillero Cardama había presentado contra las empresas intermediarias (como EuroCommerce, Forum Europe y Star Alliance Consulting) por el caso de la garantía falsa de los 4,1 millones de euros. El fundamento, la Justicia española determinó que no correspondía continuar paralelamente con la pesquisa en España debido a que ya existe un proceso penal abierto e investigándose en Uruguay sobre exactamente los mismos hechos, contratos y documentos.
La defensa de Mario Cardama decidió no interponer recursos contra esta decisión.
Nuevos protagonistas en la trama de las garantías
Los detalles de la investigación judicial permitieron conocer la ruta y los intermediarios involucrados en la emisión de la cuestionada garantía de fiel cumplimiento (por un valor de 4.113.500 euros) expedida por la falsa firma EuroCommerce:
Las empresas intermediarias: en los escritos presentados ante la justicia, el astillero español señaló que recurrió a la firma Forum Europe para buscar una entidad que prestara el aval al Ministerio de Defensa uruguayo. A su vez, se reveló que intervinieron otros actores como Star Alliance Consulting para subcontratar diversas gestiones financieras.
El costo de la fachada: Del expediente judicial surgió que Cardama pagó un total aproximado de 200.000 euros (incluyendo cargos y gestiones para la renovación del aval) a estas intermediarias y a la estructura de papel para sostener la garantía que resultó ser apócrifa.
Situación financiera de Cardama y nuevos elementos generales.
La postura del astillero frente al engaño: Ante los señalamientos de complicidad por parte del gobierno uruguayo (respaldados por figuras del Ejecutivo como el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien afirmó que el Estado fue engañado con la connivencia voluntaria o involuntaria del astillero), la defensa de Mario Cardama intentó instalar que la propia empresa española fue víctima de una estafa internacional ejecutada por estas redes de intermediación financiera.
Estado del proceso judicial y convocatorias en Uruguay
En Uruguay, la causa penal derivada de los informes de la comisión investigadora y las acciones civiles del Estado avanzan en los despachos de la Fiscalía y los juzgados competentes. Aunque se han sucedido intensas citaciones a nivel político e institucional, el foco judicial se concentra en dilucidar las responsabilidades tanto en los controles administrativos internos de la pasada administración como en la validación de los documentos falsos presentados por la firma adjudicataria.
A septiembre de 2026, el panorama político y judicial en Uruguay respecto al caso Cardama avanza en múltiples frentes institucionales, mientras el Poder Ejecutivo encamina una redefinición total en la estrategia para dotar a la Armada Nacional de patrulleras oceánicas.
Estado del proceso judicial y político
Frentes abiertos: el litigio se mantiene activo simultáneamente en tres carriles principales: la demanda civil entablada por el Estado uruguayo para reclamar los fondos desembolsados, las denuncias penales derivadas de la comisión investigadora en el ámbito de la Fiscalía, y el proceso de defensa en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Reclamo de fondos: en el arbitraje internacional, el Estado formalizó la exigencia de devolución de los 28,7 millones de euros ya transferidos al astillero, además de los resarcimientos por daños ante la frustración del contrato. Desde el Ejecutivo (a través de jerarquías como el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz) se sostiene firmemente que el Estado fue víctima de una estafa con garantías apócrifas.
La compra de las nuevas OPV: giro y definiciones
En paralelo a los litigios, el gobierno uruguayo ingresó en la etapa de definición para solucionar el déficit de vigilancia en la zona económica exclusiva:
Sigue pendiente la compra de nuevas OPV que el actual gobierno comprometió ante el país para cumplir con las fundamentales funciones de lucha contra el narcotráfico y, sobre todo, de defensa de la Zona Económica Exclusiva (ZZE) del Río de la Plata y del océano Atlántico.
La ZEE de Uruguay abarca una superficie aproximada de 54.890 millas cuadradas. Esta área se extiende desde el límite exterior del mar territorial (12 millas náuticas) hasta las 200 millas náuticas costeras, constituyendo el espacio marítimo donde el Estado ejerce derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos.
Sobre este tema de gran importancia para el país y la misión de la Armada Nacional le dedicaremos la tercera nota de este dossier, ampliatorio del libro CARDAMA.
En la redacción de este nuevo capítulo de la denuncia contra la mayor estafa a las fuerzas armadas, hemos reforzado el estilo de recurrir a datos comprobados y comprobables por los lectores, lo que le da toda su credibilidad.
Por último, en las Jornadas Académicas de Defensa (septiembre de 2026), que se realizaron en Montevideo -un espacio de análisis estratégico donde se debatieron los fundamentos conceptuales de la defensa nacional y el rol específico de la Armada en la planificación espacial marina-, el tema Cardama estuvo presente tanto en algunas de las intervenciones como, sobre todo, en el clima dominante de este importante evento, y el libro CARDAMAGATE fue uno de los protagonistas principales del tema del escándalo.
Para terminar este segundo capítulo, la gran prensa nacional, en particular el diario El País, ha ignorado totalmente la aparición del libro, a pesar de que es el único aparecido hasta la fecha sobre este tema central del debate político nacional y las preocupaciones de los integrantes de las tres fuerzas armadas uruguayas, lo que muestra una parcialidad profundamente antidemocrática.
Por otro lado, ninguno de los protagonistas del debate institucional, como la Comisión Investigadora Parlamentaria, tuvo la iniciativa de incorporar ante la fiscalía el libro que contiene elementos probatorios únicos y exclusivos y un ordenamiento de todo el proceso del fraude, ni la fiscalía tomó la iniciativa por cuenta propia. No tenemos ningún afán de protagonismo, simplemente se trata de un procedimiento político y judicial que tiene sólidos fundamentos.
Los únicos medios que brindaron atención a la aparición del libro fueron La Diaria TV, Eduardo Preve en su programa en VTV, naturalmente Uypress (Montevideo.com), La Onda Digital, Caras y Caretas, Canal UKE y El Eco de Nueva Palmira. La Diaria: Funcionó de manera directa como un canal clave de difusión del libro. El Popular: Abordó la publicación desde su línea editorial, destacando el valor de la investigación para desenmascarar los hilos políticos y las responsabilidades institucionales detalladas en el volumen. También se sumaron TV Ciudad y Canal 5.
No se trata de un detalle realizado por egolatría del autor, sino para medir el corte que funciona rigurosamente en la prensa nacional sobre este tema y otros. Es un factor preocupante por las exclusiones antidemocráticas.
En la medida en que sigan apareciendo notas e informaciones en cualquier medio de información de Uruguay, seguiremos publicando capítulos sobre el bochorno de CARDAMAGATE, y las reacciones civiles y militares en todos los partidos políticos (partidarios y sectoriales, del oficialismo y la oposición) y ámbitos sociales, como en el caso del sindicato metalúrgico el UNTMRA.
Cardama va mucho más allá que la crónica del escándalo; es un atentado a la defensa de la soberanía de la patria, y la reacción de los diversos sectores es una demostración de la sensibilidad democrática y contra la corrupción en el Estado.
Un referente destacado en el análisis jurídico sobre el caso específico de Cardama es el reconocido especialista en derecho administrativo Dr. Carlos E. Delpiazzo (junto a la Dra. Natalia Veloso), cuyo opinión jurídica concluyó respaldando la posición del Estado:
"El gobierno actuó en forma legítima al rescindir el contrato con Cardama... el incumplimiento es grave subjetiva y objetivamente, ya que se comprobó la falsedad ideológica y material de los documentos originales presentados como garantía de fiel cumplimiento del contrato».
Esteban Valenti.
Trabajador del vidrio, cooperativista, militante político, periodista, escritor, director de Bitácora (www.suplementobitacora.net) y Uypress (www.uypress.net), columnista en el portal de información Meer (www.meer.com/es)
