La crisis de la vivienda en España resucita al movimiento de los indignados. Las acampadas vuelven a las plazas 15 años después ante el costo del alquiler
PorHéctor Barbotta
29 de septiembre de 2026
Cientos de españoles acampan en la Puerta del Sol hasta que el Gobierno apruebe el "Decreto Maricarmen" Borja Sánchez-Trillo. EFE
El detonante fue el desalojo de Mari Carmen Abascal, una jubilada de 87 años, de su departamento de toda la vida, por no poder hacer frente a una fuerte suba del alquiler en Madrid.Sin embargo, en esta España golpeada por precios del alquiler prohibitivos, la indignación ya no filosofa sobre la representación democrática o la dictadura del poder financiero: tiene nombres, apellidos y una fecha de desahucio.
El fantasma que recorrió España en la primavera de 2011 ha vuelto a levantar sus carpas en la Puerta del Sol. 15 años después de que aquel movimiento de los Indignados -nacido un 15 de mayo que mutó en el fenómeno político del 15-M- destrozara los cimientos del bipartidismo, las plazas de Madrid, Barcelona y otras ciudades han vuelto a amanecer ocupadas.
El detonante fue el desalojo de Mari Carmen Abascal, una jubilada de 87 años, de su departamento de toda la vida, por no poder hacer frente a una fuerte suba del alquiler en Madrid.Sin embargo, en esta España golpeada por precios del alquiler prohibitivos, la indignación ya no filosofa sobre la representación democrática o la dictadura del poder financiero: tiene nombres, apellidos y una fecha de desahucio.
El fantasma que recorrió España en la primavera de 2011 ha vuelto a levantar sus carpas en la Puerta del Sol. 15 años después de que aquel movimiento de los Indignados -nacido un 15 de mayo que mutó en el fenómeno político del 15-M- destrozara los cimientos del bipartidismo, las plazas de Madrid, Barcelona y otras ciudades han vuelto a amanecer ocupadas.
El detonante que encendió la pradera ocurrió la semana pasada en el centro madrileño. Mari Carmen Abascal, una jubilada de 87 años, fue expulsada de su departamento de toda la vida. Vivía allí desde los 17 años, pero la empresa propietaria del inmueble decidió quintuplicar la renta de un plumazo. La imagen de la anciana empujada a la calle por la policía desató un reguero de pólvora popular que desbordó a las autoridades. Por la noche y cediendo a la presión social, Urbagestión, la empresa que desahució a “Maricarmen”, decidió devolverle el piso.
La trampa de los alquileres
El fenómeno español presenta una paradoja sombría: no se trata de una crisis de desempleo masivo, falta de oportunidades y éxodo juvenil como la que sobrevino a la crisis financiera que estalló en 2008, sino de una trampa salarial. En la España actual hay empleo activo, pero el sueldo medio es devorado por completo por los gastos de la vivienda. Un alquiler promedio en cualquier ciudad grande o mediana exige en el mejor de los casos el 70 por ciento del ingreso de un joven trabajador, lo que empuja a toda una generación a la imposibilidad de emanciparse y arroja a los adultos mayores a la intemperie por el avance impune de los fondos buitre y los departamentos turísticos.
Alquilar a precios astronómicos una habitación, y no un apartamento, se ha convertido en la dura realidad no ya de los jóvenes estudiantes, sino de trabajadores de cualquier edad. Es una de las principales consecuencias de que la estructura de la propiedad inmobiliaria en las principales plazas españolas esté cambiando dramáticamente con la irrupción masiva de los fondos de inversión que imponen en el mercado la ley del más fuerte.
Fue así como volvió la escenografía del 15-M: la toma del espacio público emblemático, la organización en asambleas horizontales, la ausencia de banderas partidarias y el protagonismo de una juventud sin futuro. Pero el parecido termina en la forma. Mientras que el movimiento de 2011 fue una impugnación sistémica y generalizada -bajo el lema “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros” que dinamitó la política tradicional, acabó con el bipartidismo y dio nacimiento a partidos como Podemos-, la revuelta actual es pragmática, monotemática y rabiosa.
El movimiento inquilino ya no pide refundar la democracia ni sueña con constituyentes. Viene respaldado por una red territorial consolidada durante años (como los Sindicatos de Inquilinas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y exige medidas concretas de intervención estatal: la reducción drástica del 50 por ciento de los alquileres en zonas tensionadas, la prohibición de compra de vivienda a no residentes y fondos especulativos, el fin del modelo de pisos turísticos, el freno a los desalojos sin alternativa y la aprobación urgente del bautizado “Decreto Maricarmen”, que obligue a los arrendadores a justificar con causa legal la no renovación de los contratos. Y, por primera vez, sobre la mesa flota una amenaza explícita de acción directa: la huelga colectiva de alquileres. El impago masivo como arma de presión.
Esta escalada de tensión social llega en la víspera de la aprobación de un nuevo decreto de vivienda por parte del Gobierno central y deja al desnudo las profundas contradicciones de la izquierda institucional. Tras ocho años de administraciones progresistas encabezadas por el socialista Pedro Sánchez -y habiendo recorrido el trayecto que va de las plazas a las moquetas del poder-, el problema no solo sigue intacto sino que se ha agravado.
La escena política actual roza el grotesco. Irene Montero, referente de Podemos y figura clave en la traducción electoral del 15-M a la política de moqueta, intentó en los últimos días ponerse al frente de las marchas. Lo hizo arrastrando un fuerte desgaste de credibilidad tras ser objeto de duras críticas por haber adquirido años atrás, después de haber desembarcado en la política institucional junto a su pareja Pablo Iglesias, un chalé con una parcela de 2 mil metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de los alrededores de Madrid.
La trampa de los alquileres
El fenómeno español presenta una paradoja sombría: no se trata de una crisis de desempleo masivo, falta de oportunidades y éxodo juvenil como la que sobrevino a la crisis financiera que estalló en 2008, sino de una trampa salarial. En la España actual hay empleo activo, pero el sueldo medio es devorado por completo por los gastos de la vivienda. Un alquiler promedio en cualquier ciudad grande o mediana exige en el mejor de los casos el 70 por ciento del ingreso de un joven trabajador, lo que empuja a toda una generación a la imposibilidad de emanciparse y arroja a los adultos mayores a la intemperie por el avance impune de los fondos buitre y los departamentos turísticos.
Alquilar a precios astronómicos una habitación, y no un apartamento, se ha convertido en la dura realidad no ya de los jóvenes estudiantes, sino de trabajadores de cualquier edad. Es una de las principales consecuencias de que la estructura de la propiedad inmobiliaria en las principales plazas españolas esté cambiando dramáticamente con la irrupción masiva de los fondos de inversión que imponen en el mercado la ley del más fuerte.
Fue así como volvió la escenografía del 15-M: la toma del espacio público emblemático, la organización en asambleas horizontales, la ausencia de banderas partidarias y el protagonismo de una juventud sin futuro. Pero el parecido termina en la forma. Mientras que el movimiento de 2011 fue una impugnación sistémica y generalizada -bajo el lema “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros” que dinamitó la política tradicional, acabó con el bipartidismo y dio nacimiento a partidos como Podemos-, la revuelta actual es pragmática, monotemática y rabiosa.
El movimiento inquilino ya no pide refundar la democracia ni sueña con constituyentes. Viene respaldado por una red territorial consolidada durante años (como los Sindicatos de Inquilinas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y exige medidas concretas de intervención estatal: la reducción drástica del 50 por ciento de los alquileres en zonas tensionadas, la prohibición de compra de vivienda a no residentes y fondos especulativos, el fin del modelo de pisos turísticos, el freno a los desalojos sin alternativa y la aprobación urgente del bautizado “Decreto Maricarmen”, que obligue a los arrendadores a justificar con causa legal la no renovación de los contratos. Y, por primera vez, sobre la mesa flota una amenaza explícita de acción directa: la huelga colectiva de alquileres. El impago masivo como arma de presión.
Esta escalada de tensión social llega en la víspera de la aprobación de un nuevo decreto de vivienda por parte del Gobierno central y deja al desnudo las profundas contradicciones de la izquierda institucional. Tras ocho años de administraciones progresistas encabezadas por el socialista Pedro Sánchez -y habiendo recorrido el trayecto que va de las plazas a las moquetas del poder-, el problema no solo sigue intacto sino que se ha agravado.
La escena política actual roza el grotesco. Irene Montero, referente de Podemos y figura clave en la traducción electoral del 15-M a la política de moqueta, intentó en los últimos días ponerse al frente de las marchas. Lo hizo arrastrando un fuerte desgaste de credibilidad tras ser objeto de duras críticas por haber adquirido años atrás, después de haber desembarcado en la política institucional junto a su pareja Pablo Iglesias, un chalé con una parcela de 2 mil metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de los alrededores de Madrid.
En paralelo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, alienta abiertamente las movilizaciones contra el propio Ejecutivo que integra, exhibiendo la fractura interna de una coalición acorralada por sus propias promesas incumplidas y unas contradicciones insalvables.
15 años después de que los Indignados demostraran que las instituciones eran vulnerables a la presión de la calle, la historia no se repite como farsa, sino como urgencia material. Los jóvenes que hoy acampan en Sol ya no buscan crear nuevos partidos políticos; han aprendido que los gobiernos pasan, pero el alquiler hay que pagarlo el primer día del mes. Y esta vez, la consigna ya no es discutir el sistema, sino arrebatarle las llaves.
15 años después de que los Indignados demostraran que las instituciones eran vulnerables a la presión de la calle, la historia no se repite como farsa, sino como urgencia material. Los jóvenes que hoy acampan en Sol ya no buscan crear nuevos partidos políticos; han aprendido que los gobiernos pasan, pero el alquiler hay que pagarlo el primer día del mes. Y esta vez, la consigna ya no es discutir el sistema, sino arrebatarle las llaves.
