Defensa obliga a militares prófugos a dar la cara para cobrar jubilación en el exterior
MONTEVIDEO (Uypress)-
24.09.2026
Los retirados requeridos por la Justicia que viven en el exterior deberán acreditar personalmente su fe de vida en consulados o embajadas para mantener sus pasividades.Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
El Ministerio de Defensa introdujo una modificación relevante en el procedimiento para que militares retirados residentes en el exterior puedan seguir cobrando jubilaciones y pensiones: quienes tengan una requisitoria judicial deberán presentarse personalmente ante una embajada o consulado uruguayo para acreditar que están vivos, según informa semanario Búsqueda.
La disposición apunta especialmente a una situación que generó controversia durante este año: militares requeridos por la Justicia uruguaya, algunos de ellos investigados o condenados por delitos cometidos durante la dictadura, permanecen en el exterior y continúan percibiendo pasividades.
La denominada fe de vida es el documento que permite certificar oficialmente que el beneficiario continúa con vida. De acuerdo con la normativa vigente, quienes reciben una pasividad militar y residen fuera del país deben acreditar su existencia cada seis meses para continuar cobrando.
Hasta ahora, los beneficiarios podían recurrir en determinadas condiciones a un mecanismo virtual. El procedimiento permite acreditar la identidad mediante documentación y una videollamada con un escribano de la asesoría notarial correspondiente.
El nuevo instructivo establece una excepción decisiva: si existe una requisitoria comunicada por un juez penal competente, la acreditación solamente podrá realizarse personalmente ante una representación diplomática uruguaya.
Los prófugos que siguen cobrando
La decisión de Defensa llega después de los cuestionamientos planteados por organizaciones de derechos humanos y de actuaciones de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.
En mayo, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos trasladó directamente al presidente Yamandú Orsi su preocupación por el caso de un requerido por delitos cometidos durante la dictadura que había conseguido acreditar la fe de vida en el Consulado uruguayo en Miami.
Ignacio Errandonea, integrante de Familiares, cuestionó entonces que el trámite se hubiera realizado pese a existir requerimientos de la Justicia y de Interpol. Ahora valoró el nuevo mecanismo como "un avance" y "algo positivo".
Pocos días después de aquella reunión, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, denunció que tres exmilitares requeridos por la Justicia y residentes en el exterior continuaban percibiendo prestaciones del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Se trata de Roberto Freddy Amorín Maciel, Tabaré Camacho y Jorge Grau.
Defensa detectó un límite legal
El problema, sin embargo, no podía resolverse simplemente mediante una orden administrativa que eliminara las jubilaciones.
Una investigación del propio Ministerio de Defensa concluyó que el Servicio de Retiros y Pensiones había actuado conforme a la normativa al continuar abonando prestaciones a retirados prófugos por delitos de lesa humanidad.
La conclusión jurídica fue particularmente incómoda: estar requerido por la Justicia no habilita por sí solo a suspender automáticamente una pasividad militar.
Por eso, el nuevo mecanismo no elimina la jubilación de los requeridos ni equivale a una orden de detención. Lo que hace es obligarlos a comparecer físicamente ante una representación oficial uruguaya si pretenden continuar cumpliendo el requisito de fe de vida.
La consecuencia práctica puede ser importante: un requerido que hasta ahora podía mantenerse lejos de las autoridades uruguayas tendrá que presentarse personalmente ante una embajada o consulado.
El gobierno trabaja paralelamente en una modificación legal que permita retener las prestaciones de personas requeridas por la Justicia. Defensa ha señalado que pretende alcanzar los mayores consensos políticos posibles para aprobar una solución legislativa.
El problema, sin embargo, no podía resolverse simplemente mediante una orden administrativa que eliminara las jubilaciones.
Una investigación del propio Ministerio de Defensa concluyó que el Servicio de Retiros y Pensiones había actuado conforme a la normativa al continuar abonando prestaciones a retirados prófugos por delitos de lesa humanidad.
La conclusión jurídica fue particularmente incómoda: estar requerido por la Justicia no habilita por sí solo a suspender automáticamente una pasividad militar.
Por eso, el nuevo mecanismo no elimina la jubilación de los requeridos ni equivale a una orden de detención. Lo que hace es obligarlos a comparecer físicamente ante una representación oficial uruguaya si pretenden continuar cumpliendo el requisito de fe de vida.
La consecuencia práctica puede ser importante: un requerido que hasta ahora podía mantenerse lejos de las autoridades uruguayas tendrá que presentarse personalmente ante una embajada o consulado.
El gobierno trabaja paralelamente en una modificación legal que permita retener las prestaciones de personas requeridas por la Justicia. Defensa ha señalado que pretende alcanzar los mayores consensos políticos posibles para aprobar una solución legislativa.
Más de un centenar de juzgados por crímenes de la dictadura
La discusión se desarrolla en momentos en que continúan abiertas numerosas causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Según datos del Poder Judicial actualizados a febrero de 2026, 122 personas fueron juzgadas por crímenes cometidos durante ese período, en su mayoría militares.
De ese total, 40 cumplen prisión domiciliaria y otros 40 prisión efectiva; 32 de estos últimos están recluidos en Domingo Arena. También existen condenados con salidas transitorias o libertad condicional, personas que ya cumplieron sus penas y otras que fallecieron.
El nuevo instructivo no resuelve por sí mismo el problema jurídico de las pasividades cobradas por prófugos. Para eso será necesaria una modificación legal. Pero introduce una diferencia sustancial: un militar requerido que permanezca en el exterior ya no podrá mantener el trámite a distancia. Si quiere acreditar su existencia para continuar cobrando, tendrá que presentarse personalmente ante el Estado uruguayo del que al mismo tiempo procura mantenerse fuera del alcance de la Justicia.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
