Bendito sea el narco
Por Horacio Verbitsky
Patricia Bullrich. Margarita Stolbizer. Marcos Peña.
“El narcotráfico da mensajes todo el tiempo, pero no nos va a amedrentar”, dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Es un mensaje mafioso para el nuevo gobierno”, agregó su compañera Margarita Stolbizer. Para el ministro de Seguridad Bonaerense, Cristian Ritondo, es probable que el dinero del narcotráfico haya pagado las complicidades que permitieron la evasión. El jefe de gabinete Marcos Peña proclamó un “compromiso absoluto” del gobierno de Maurizio Macrì, “de terminar con este flagelo” y la gobernadora María Eugenia Vidal se colocó en el papel de víctima. Esto pasa porque Maurizio Macrì anunció que combatiría al narcotráfico. También afirma que la responsabilidad corresponde a la administración anterior, porque aún no se había designado a las nuevas autoridades del Servicio Penitenciario. Por eso no sólo abrirá sumarios sino también presentará denuncias penales. Tendrá que mirar muy bien alrededor: antes de que las concrete, la Procuradora General María Falbo se lanzó en auxilio de uno de los sospechados, el viceministro de Justicia César Albarracín, a quien hoy le tomará juramento como fiscal adjunto de Casación, cargo para el que lo designó el ex gobernador Daniel Scioli con notables antelación y previsión. Algo pasó por lo que la ceremonia se suspendió a último momento.
Ninguno de los proyectos de emergencia autoriza la presunción de que Vidal afectó pactos y perturbó negocios preexistentes. Todo lo contrario: ya se trate de la policía, del Sistema Penitenciario o de la infraestructura y los servicios públicos, las respectivas declaraciones de emergencia sólo sirven para liberar al poder administrador de todo tipo de controles, tanto para la contratación y ejecución de obras como para las compras de todo tipo de materiales e insumos. No enfrentan la corrupción, la favorecen. Los fundamentos para declarar la emergencia penitenciaria se basan en una realidad innegable, pero que no guarda relación alguna con el escape. Lo que la gobernadora invocó fue la superpoblación carcelaria y las deplorables condiciones de detención de las personas privadas de su libertad, por lo que se requiere una urgente inversión en infraestructrura. Es obvio que ése no era el caso de los sicarios del triple crimen de General Rodríguez, cuyos privilegios llegaban al ingreso a su lugar de reclusión de cámaras y micrófonos y a la posesión de armas, de fuego o de juego. Tampoco explica por qué los tres condenados estaban juntos, los sistemas de control electrónico no funcionaban y la Inteligencia no alertó sobre lo que se incubaba. Jueces, fiscales y defensores que conocen la UP 30 se ríen ante la versión oficial.
Por Elena Llorente
