Comisión congresal de Perú aprueba convenio que otorga a Bolivia salida al mar
11 septiembre, 2013 Perú
Después de dormir por tres años, la norma que da salida al mar a Bolivia al fin fue aprobada ayer, por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, mediante un Convenio Marítimo con Bolivia, llamado “Boliviamar”, que propone una salida al Océano Pacífico a través del puerto de Ilo.
Aunque es criticable el sentido de oportunidad1 en que el Parlamento da luz verde a esta norma, esta aprobación se da luego de casi tres años de idas y venidas.
El titular de este grupo de trabajo, Martín Belaunde Moreyra, aseguró que no existe “ni un centímetro, ni un ápice, ni una pulgada” de cesión de territorio2 a Bolivia, línea en la que apuntaban los críticos a este acuerdo.
“Lo que se ha acordado es que no se construirá ninguna Escuela Naval en Ilo sino una Escuela de Marina Mercante Peruana, bajo jurisdicción peruana, con profesores e instructores peruanos, y bajo la supervisión y fiscalización de la Marina de Guerra del Perú”, dijo.
La norma debe obtener el visto bueno del Pleno, señala además que en todo momento el tratamiento de los buques de guerra de la Armada Boliviana o de los buques o barcos mercantes de Bolivia, en cuanto se acoderen en el puerto de Ilo, estarán totalmente sometidos a la legislación y jurisdicción peruana3.
Belaunde indicó que, a cambio, Bolivia nos permitirá acceder al Puerto Suárez de la Cuenca Pilcomayo y Paraná, que está en la Cuenca del Río de la Plata, lo que nos permitiría una salida al Océano Atlántico.
La propuesta fue aprobada en sesión reservada, con la asistencia de la canciller, Eda Rivas, quien expuso las implicancias políticas y económicas de este convenio.
Mediante el Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios de Ilo, el Perú cedió en 1992 una franja costera de 160 kilómetros sin soberanía a Bolivia para que pueda tener un acceso al Pacífico y realizar actividades industriales, comerciales y turísticas.
Saluda aprobación
El excanciller José Antonio García Belaunde, bajo cuya gestión fue planteado “Boliviamar”, saludó la aprobación del referido acuerdo por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que con ello da luz verde para su debate en el Pleno.
“Creo que es muy importante [la decisión de la comisión]. Me alegro mucho de que finalmente esta iniciativa que dimos para retomar la buena relación con Bolivia tome curso legal”, dijo a Expreso sobre este avance en la materialización del convenio suscrito en el año 2010.
García Belaunde, quien afirmó que el acuerdo será muy importante para las relaciones de Perú y Bolivia, descartó que el paso dado en el Congreso resulte inconveniente estando ad portas de la emisión, por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, del fallo para el diferendo marítimo con Chile.
Boliviamar permite a Bolivia:
—Acceso permanente al Océano Pacífico y un punto de atraque en el Puerto de Ilo.
—La ampliación de la zona franca industrial a una zona económica especial, denominada ZOFIE, por 99 años.
—La Zona Franca Industrial y Económica Especial (ZOFIE) que gozará de excepciones, un régimen especial en materia aduanera, tributaria y el régimen laboral y de seguridad social.
—Una Zona Franca Turística (ZFT) por 99 años donde las operaciones que se realicen en dicha zona estarán exoneradas del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo y del impuesto de promoción municipal.
—El derecho de propiedad de las personas naturales y/o jurídicas inversionistas bolivianas que operen en la ZFT
Cronología
1964
El presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro cortó relaciones diplomáticas con Chile, ante su negativa de negociar una salida boliviana al mar.
1973-1975
Los generales Augusto Pinochet y Hugo Banzer restablecieron las relaciones diplomáticas e intentaron zanjar disputas territoriales. Las negociaciones secretas se iniciaron en 1973 y en 1975 las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia fueron establecidas. Ese año, Pinochet y Banzer se reunieron en el pueblo fronterizo boliviano de Charaña. Pinochet acordó dar a Bolivia una pequeña franja de tierra entre la ciudad chilena de Arica y la frontera con Perú. Sin embargo, el Tratado de Lima entre Perú y Chile especificaba que Chile debía consultar a Perú antes de conceder cualquier tierra a un tercero en el área de Tarapacá.
1977
El presidente peruano, general Francisco Morales Bermúdez, no estuvo de acuerdo con la oferta de Charaña y en cambio redactó su propia oferta, en la cual las tres naciones compartirían la administración del puerto de Arica y el mar inmediatamente delante de él4.
1978
Pinochet rechazó este acuerdo, y Banzer rompió lazos con Chile otra vez. El fracaso de los acuerdos de Charaña fue uno de los motivos de la caída de Banzer ese mismo año.
24-01-1992
Los expresidentes de Perú, Alberto Fujimori, y de Bolivia, Jaime Paz Zamora, estrechan lazos de amistad en Ilo con la firma del convenio Boliviamar. Paz Zamora y Fujimori, quienes acudieron a Ilo, se mojaron los pies en el mar como señal de compromiso conjunto en torno al pacto.
Con el convenio, Perú cede a Bolivia una franja costera de 5 km en una playa ubicada a 17 km de Ilo, entre los departamentos sureños de Tacna y Moquegua. El mismo tenía una vigencia de 99 años renovables.
Ambos gobiernos acordaron que en el lugar serían construidos centros hoteleros y de recreación, lo que hasta el momento no ha sido concretado. Además, Perú concedió una extensión territorial de 163,5 hectáreas dentro de la Zona Franca Industrial de Ilo. Ello inicialmente por un plazo de 50 años renovables.
2006
Evo Morales y Michelle Bachelet establecen una agenda de 13 puntos en donde se aborda el tema marítimo. Significaría un avance significativo y que consolidaría los esfuerzos diplomáticos de ambos países por mantener un diálogo.
19-10-2010
Bolivia y Perú pusieron fin a años de roces políticos entre sus presidentes Evo Morales y Alan García, con la firma de un acuerdo que permitirá al país altiplánico tener acceso a Pacífico para sus vitales exportaciones, un acercamiento calificado de histórico.
Morales y García sellaron el pacto en el puerto de Ilo, que amplía un convenio suscrito en 1992 y por el cual Perú cedió a la mediterránea Bolivia una zona franca para un proyecto llamado “Boliviamar”.
Con el relanzamiento del pacto se renueva y amplía por 99 años la zona franca industrial concedida en 1992.
El nuevo pacto prevé la posibilidad de ampliación de la capacidad operativa del puerto para el atraque de buques de gran calado.
El nuevo convenio también contempla una cooperación entre las Marinas de Guerra de Perú y Bolivia, bajo la cual será establecida en Perú un anexo de la escuela naval de Bolivia y se autoriza a que buques de la Armada boliviana naveguen en Ilo con fines de cooperación e instrucción.
En el dictamen aprobado ayer por el Congreso este último punto fue descartado.
Con información de Expreso, Lima 10-09-2013
_______________
1 Esta norma fue postergada por intereses prochilenos en tono con “¡No se vayan a enojar los chilenos!” Ocurre cuando falta poco para la emisión del fallo de La Haya, por lo cual es destacable la decisión de la comisión cuando Bolivia ha presentado una demanda contra Chile porque este país le robó su litoral. ¡Qué barbaridad! [Nota de Con nuestro Perú.]
2 Pero a Chile sí se ha cedido las cuatro hectáreas de Tacna y los 36 000 km2 de mar, sin efectuar siquiera una protesta formal ante organismos internacionales; y así Chile usurpa nuestro territorio con consentimiento de la fuerza armada peruana, del Poder Ejecutivo y del Congreso peruano. [Nota de Con nuestro Perú.]
3 El Congreso y el poder ejecutivo peruanos acatan la jurisdicción chilena en las cuatro hectáreas de Tacna y los 36 000 km2 de mar que Chile usurpa. Por eso ningún militar o civil peruano transita por esa zona peruana bajo consentida ocupación militar chilena. [Nota de Con nuestro Perú.]
4 Chile no aceptó porque ya planeaba el robo de las cuatro hectáreas de Tacna y su mar. Leer Burla: Chile vuelve a ofrecer salida al mar a Bolivia por zona en litigio con el Perú. [Nota de Con nuestro Perú.]
http://www.connuestroperu.com/actualidad/19-actualidad/38793-al-fin-congreso-da-salida-al-mar-a-bolivia
16 sept 2013
Panama:patio trasero de los desechos de guerra norteamericanos.
BETTY BRANNAN JAEN – PARÍS, Francia. –El diario francés Le Monde publicó el martes, a doble página, un mapa mostrando los países que tienen armas químicas o que las han utilizado. Me sorprendió ver que Panamá figura prominentemente en ese mapa.
Tuve que leer la letra menuda para encontrar la explicación: Panamá tiene armas químicas en su territorio, pero no por voluntad propia, sino porque “fueron abandonadas por un tercer país”. Le Monde no dio el nombre de ese tercer país, pero los panameños sabemos cuál es. Por ello insistimos en que ese país tiene el deber absoluto de retirar de nuestro territorio esas armas químicas que hoy encuentra tan repugnantes. Su credibilidad moral y diplomática lo requiere.
Estamos hablando de miles de bombas venenosas que Estados Unidos dejó en nuestra tierras y mares. El Ejército estadounidense ha admitido que 64 millones de libras de gases venenosos –junto a 400 mil bombas químicas y 500 toneladas de basura radiactiva– fueron secretamente tirados a los océanos de su propio territorio y de varios países extranjeros, incluyendo Panamá, al concluir la Segunda Guerra Mundial.
En isla San José, se estima que Estados Unidos dejó unas tres mil bombas de gas mostaza y fosgeno, sea botadas al mar o enterradas en la jungla, donde incluso hay bombas a plena vista en la superficie. También hizo 31 mil experimentos con gas mostaza y fosgeno en la isla, usando a soldados puertorriqueños como conejillos de Indias, lo que fue una tortura para ellos, aunque no fueron obligados a respirar los gases porque eso hubiera sido mortal. (Explico: gas mostaza crea ampollas en la piel y, si se ha respirado el gas, en los pulmones. Fosgeno es un “gas asfixiante” que destruye los tejidos de los pulmones; la víctima muere ahogada en su propia sangre).
No se sabe la medida en que estas sustancias pueden haberse disipado con el pasar de los años o estén todavía activas; hay razones para sospechar que las que están enterradas se encuentran intactas y las que están en el mar podrían encontrarse en contenedores corroídos por el contacto prolongado con agua salada. En 2005, cuando el diario estadounidense Daily Press publicó una investigación, un experto opinó que el peligro aumenta con el pasar del tiempo en vez de disminuir.
En 2003, Washington hizo una oferta que la embajadora estadounidense a la época, Linda Watt, calificó de “muy generosa”. Washington ofreció apoyo financiero y adiestramiento para que Panamá hiciera su propio saneamiento de la isla San José, pero exigiendo que Panamá eximiera a Estados Unidos de toda responsabilidad. Se exigía que Panamá reconociera que “Estados Unidos no tiene obligación, responsabilidad o deuda alguna con respecto a las municiones que han sido descubiertas en isla San José o que puedan ser descubiertas en el futuro”.
Desde el momento de firmarse el acuerdo, según lo propuesto por Estados Unidos, “proceder contra el Gobierno de Panamá será el remedio exclusivo por cualquier acto u omisión” con respecto a la remoción de municiones de la isla. Además, la propuesta estipulaba que “el Gobierno de Panamá asume responsabilidad y defenderá, indemnizará y librará de responsabilidad a Estados Unidos de América… por todo y cualquier reclamo, proceso o fallo que pueda resultar de manera alguna, de manera integral o parcial, de cualquier acto u omisión de Estados Unidos de América… [que] de alguna manera se relacione con la presencia, retirada, destrucción, traslado o remoción de cualquier arma, municiones o explosivos en isla San José, o con cualquier sustancia relacionada a tales armas, municiones o explosivos, incluyendo pero no limitando a desechos tóxicos o peligrosos”.
El gobierno de Moscoso rechazó la oferta, acto que Watt tildó de “grave error”. De nada sirvió que Colin Powell, entonces secretario de Estado, había asegurado que Washington trataría de “hacer lo correcto” con respecto a las armas químicas en isla San José. Todavía lo estamos esperando.
www.prensa.com
Tuve que leer la letra menuda para encontrar la explicación: Panamá tiene armas químicas en su territorio, pero no por voluntad propia, sino porque “fueron abandonadas por un tercer país”. Le Monde no dio el nombre de ese tercer país, pero los panameños sabemos cuál es. Por ello insistimos en que ese país tiene el deber absoluto de retirar de nuestro territorio esas armas químicas que hoy encuentra tan repugnantes. Su credibilidad moral y diplomática lo requiere.
Estamos hablando de miles de bombas venenosas que Estados Unidos dejó en nuestra tierras y mares. El Ejército estadounidense ha admitido que 64 millones de libras de gases venenosos –junto a 400 mil bombas químicas y 500 toneladas de basura radiactiva– fueron secretamente tirados a los océanos de su propio territorio y de varios países extranjeros, incluyendo Panamá, al concluir la Segunda Guerra Mundial.
En isla San José, se estima que Estados Unidos dejó unas tres mil bombas de gas mostaza y fosgeno, sea botadas al mar o enterradas en la jungla, donde incluso hay bombas a plena vista en la superficie. También hizo 31 mil experimentos con gas mostaza y fosgeno en la isla, usando a soldados puertorriqueños como conejillos de Indias, lo que fue una tortura para ellos, aunque no fueron obligados a respirar los gases porque eso hubiera sido mortal. (Explico: gas mostaza crea ampollas en la piel y, si se ha respirado el gas, en los pulmones. Fosgeno es un “gas asfixiante” que destruye los tejidos de los pulmones; la víctima muere ahogada en su propia sangre).
No se sabe la medida en que estas sustancias pueden haberse disipado con el pasar de los años o estén todavía activas; hay razones para sospechar que las que están enterradas se encuentran intactas y las que están en el mar podrían encontrarse en contenedores corroídos por el contacto prolongado con agua salada. En 2005, cuando el diario estadounidense Daily Press publicó una investigación, un experto opinó que el peligro aumenta con el pasar del tiempo en vez de disminuir.
En 2003, Washington hizo una oferta que la embajadora estadounidense a la época, Linda Watt, calificó de “muy generosa”. Washington ofreció apoyo financiero y adiestramiento para que Panamá hiciera su propio saneamiento de la isla San José, pero exigiendo que Panamá eximiera a Estados Unidos de toda responsabilidad. Se exigía que Panamá reconociera que “Estados Unidos no tiene obligación, responsabilidad o deuda alguna con respecto a las municiones que han sido descubiertas en isla San José o que puedan ser descubiertas en el futuro”.
Desde el momento de firmarse el acuerdo, según lo propuesto por Estados Unidos, “proceder contra el Gobierno de Panamá será el remedio exclusivo por cualquier acto u omisión” con respecto a la remoción de municiones de la isla. Además, la propuesta estipulaba que “el Gobierno de Panamá asume responsabilidad y defenderá, indemnizará y librará de responsabilidad a Estados Unidos de América… por todo y cualquier reclamo, proceso o fallo que pueda resultar de manera alguna, de manera integral o parcial, de cualquier acto u omisión de Estados Unidos de América… [que] de alguna manera se relacione con la presencia, retirada, destrucción, traslado o remoción de cualquier arma, municiones o explosivos en isla San José, o con cualquier sustancia relacionada a tales armas, municiones o explosivos, incluyendo pero no limitando a desechos tóxicos o peligrosos”.
El gobierno de Moscoso rechazó la oferta, acto que Watt tildó de “grave error”. De nada sirvió que Colin Powell, entonces secretario de Estado, había asegurado que Washington trataría de “hacer lo correcto” con respecto a las armas químicas en isla San José. Todavía lo estamos esperando.
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15 sept 2013
Los grandes bancos que provocaron la crisis siguen en la impunidad
Los grandes bancos que provocaron la crisis siguen en la impunidad
14 septiembre 2013
Hace cinco años de la bancarrota del gigante financiero Lehman Brothers, y aún persiste el debate sobre cuánto deben costarles las decisiones fallidas a los presidentes de los grandes bancos. La posibilidad de sanciones legales para altos cargos del sector se mantiene como una amenaza lejana.
Incluso aunque las leyes han evolucionado – en Reino Unido, el gobierno quiere penalizar la imprudencia bancaria – una repetición de la crisis financiera y el caso colapso mundial de 2008 no llevaría aún hoy necesariamente a demasiadas imputaciones, según algunos abogados.
El problema radica en la dificultad de culpar a una persona por la toma de riesgos y decisiones en toda la cadena de mano de una entidad, lo que se convierte en uno de los mayores obstáculos para iniciar un proceso.
“Se trata de las confusas líneas que separan la responsabilidad y el asumir las consecuencias”, dijo Judith Seddon, directora del departamento de regulación y delitos bancarios en el bufete de abogados Clifford Chance’s de Londres.
“Cuando se persigue a una sola persona, si ha delegado responsabilidades (…) Es mucho más difícil hacerlo en una gran organización”, añadió.
Los reguladores en todo el mundo aumentaron su escrutinio a los bancos y actuaron contra los delitos financieros ante la ira de sus ciudadanos por los costosos rescates públicos y sus consecuente escándalos. Pero todo ello apenas ha resultado en unos pocos intentos de presentar cargos contra aquellos que se encuentran en lo más alto del escalafón bancario.
En Estados Unidos, sede de Lehman Brothers, ningún alto cargo en todo Wall Street o la banca comercial ha sido condenado en relación a la crisis bancaria de 2008.
En territorio europeo, la implosión del sector financiero de Islandia hace cinco años ha finalizado con algunas de las sentencias más importantes, incluida la del expresidente de la entidad bancaria Glitnir, que fue condenado a prisión.
En Alemania y Países Bajos también se han producido, de manera aislada, condenas de directivos, y algunos casos relevantes pudieron materializarse. La cúpula ejecutiva al completo del banco alemán HSH Nordbank está siendo juzgada por las decisiones tomadas en el transcurso de la crisis.
Pero en Reino Unido, donde Royal Bank of Scotland y Lloyds fueron rescatados con un coste de 66.000 millones de libras (78.500 euros), ningún alto cargo bancario ha sido acusado de delito alguno.
Tres ejecutivos de la entidad irlandesa Anglo Irish Bank serán juzgados en 2014, cinco años después de que la investigación al banco comenzara, mientras que en España, unas 100 personas están siendo investigadas por los tribunales por dejar las entidades arruinadas tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, aunque ninguna ha sido procesado aún.
¿BANQUEROS IMPRUDENTES?
El hecho de que se produzcan tan pocas condenas se origina en parte en que, en algunos países, las leyes que podrían haberse aplicado contra tales delitos simplemente no existen.
El ministro de Finanzas de Reino Unido, George Osbore, dijo en julio que adoptaría las recomendaciones realizadas por un influyente grupo de parlamentarios de que los banqueros deberían afrontar la pena de cárcel por un nuevo delito de “conducta imprudente en la gestión de un banco”.
“El regulador debería considerar responsable a la gente de manera personal por sus decisiones. Tienen que tener miedo al regulador, lo que desde luego no ocurrió en el pasado”, dijo Mark Garnier, un diputado conservador de la Comisión Parlamentaria de Normas Bancarias.
En Estados Unidos, los fiscales siguen buscando nuevas estrategias para incriminar a banqueros de Wall Street que concedieron las hipotecas basura que iniciaron la crisis financiera, incluyendo el uso de una vieja ley que pretende castigar a aquellas personas de defraudar en banca minorista.
La tentativa de Reino Unido de crear una ley “anti-imprudencias” permitiría, en teoría, castigar a grandes banqueros por tomar decisiones fallidas. Pero demostrar que esas decisiones fueron imprudentes entonces podría ser difícil.
“Las reuniones de los consejos (de administración) se registran cuidadosamente y por tanto podría haber pruebas detalladas, pero por muy imprudente que parezca alguien a toro pasado, ¿puede esto mantenerse en un juzgado?”, dijo Gregg Beechey, socio londinense del bufete SJ Berwin. “No llevarías a todo el consejo a votar una adquisición si esta no fuera razonablemente convincente en ese momento”.
El enfoque de los reguladores estadounidenses desde la crisis ha reflejado parte de estos desafíos. Aunque el supervisor bursátil Securities and Exchange Commission (SEC) ha acusado a más de 150 firmas e individuos en relación con la crisis financiera, los detractores señalan que no ha perseguido los suficiente a los ejecutivos bancarios de mayor rango.
“Vamos hacia donde nos llevan las pruebas”, dijo en el pasado el exdirector del departamento que vela por el cumplimiento de la ley en la SEC, Robert Khuzami, explicando que no se puede presentar cargos contra alguien simplemente por un “mal juicio”.
Lo que se percibe como una falta de voluntad política en algunos países para ir tras empresas y banqueros también podría empañar casos futuros.
A pesar del alto coste de los rescates, en España, por ejemplo, los políticos de los principales partidos han evitado pedir investigaciones sobre distintos bancos fallidos, como ocurrió en Reino Unido después de que el Gobierno británico se viese ante una fuerte presión pública con motivo de la crisis.
“(En España) es más la ausencia de voluntad de llevar estos casos que la falta de instrumentos, ya que algunos casos podría probarse sin gran dificultad”, dijo Juan Torres, profesor de Economía en la Universidad de Sevilla, quien agregó que algunos estaban relacionados con claros ejemplos de fraude.
En su defecto, las demandas de clientes y grupos de activistas han llevado a la Audiencia Nacional a investigar varios colapsos bancarios como el de Bankia, que fue rescatada en 2012 menos de un año después de salir a bolsa.
La frustración por el lento avance de los procesos probatorios en España está llevando a algunos grupos activistas a considerar hacer lobby en Naciones Unidas para conseguir que incluyan los delitos económicos como crímenes contra la humanidad, aunque admiten que conseguirlo sería muy difícil.
En los últimos cinco años, el foco de las persecuciones legales a grandes banqueros aún no ha aumentado. Sin embargo, algunos discuten que la vida de los altos cargos es mucho más difícil de lo que era, en parte, porque ciertos países persiguen otras líneas de acción.
“Los instrumentos regulatorios pueden ser más poderosos que las leyes penales, aunque otro asunto es si esto es lo que la gente quiere”, dijo Beechey de SJ Berwin.
“Existe la sensación de que los reguladores pueden hacer algo sin determinar la carga de la prueba y desde luego están esforzándose cada vez más en perseguir a altos gestores”.
(Con información de Reuters)
14 septiembre 2013
Hace cinco años de la bancarrota del gigante financiero Lehman Brothers, y aún persiste el debate sobre cuánto deben costarles las decisiones fallidas a los presidentes de los grandes bancos. La posibilidad de sanciones legales para altos cargos del sector se mantiene como una amenaza lejana.
Incluso aunque las leyes han evolucionado – en Reino Unido, el gobierno quiere penalizar la imprudencia bancaria – una repetición de la crisis financiera y el caso colapso mundial de 2008 no llevaría aún hoy necesariamente a demasiadas imputaciones, según algunos abogados.
El problema radica en la dificultad de culpar a una persona por la toma de riesgos y decisiones en toda la cadena de mano de una entidad, lo que se convierte en uno de los mayores obstáculos para iniciar un proceso.
“Se trata de las confusas líneas que separan la responsabilidad y el asumir las consecuencias”, dijo Judith Seddon, directora del departamento de regulación y delitos bancarios en el bufete de abogados Clifford Chance’s de Londres.
“Cuando se persigue a una sola persona, si ha delegado responsabilidades (…) Es mucho más difícil hacerlo en una gran organización”, añadió.
Los reguladores en todo el mundo aumentaron su escrutinio a los bancos y actuaron contra los delitos financieros ante la ira de sus ciudadanos por los costosos rescates públicos y sus consecuente escándalos. Pero todo ello apenas ha resultado en unos pocos intentos de presentar cargos contra aquellos que se encuentran en lo más alto del escalafón bancario.
En Estados Unidos, sede de Lehman Brothers, ningún alto cargo en todo Wall Street o la banca comercial ha sido condenado en relación a la crisis bancaria de 2008.
En territorio europeo, la implosión del sector financiero de Islandia hace cinco años ha finalizado con algunas de las sentencias más importantes, incluida la del expresidente de la entidad bancaria Glitnir, que fue condenado a prisión.
En Alemania y Países Bajos también se han producido, de manera aislada, condenas de directivos, y algunos casos relevantes pudieron materializarse. La cúpula ejecutiva al completo del banco alemán HSH Nordbank está siendo juzgada por las decisiones tomadas en el transcurso de la crisis.
Pero en Reino Unido, donde Royal Bank of Scotland y Lloyds fueron rescatados con un coste de 66.000 millones de libras (78.500 euros), ningún alto cargo bancario ha sido acusado de delito alguno.
Tres ejecutivos de la entidad irlandesa Anglo Irish Bank serán juzgados en 2014, cinco años después de que la investigación al banco comenzara, mientras que en España, unas 100 personas están siendo investigadas por los tribunales por dejar las entidades arruinadas tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, aunque ninguna ha sido procesado aún.
¿BANQUEROS IMPRUDENTES?
El hecho de que se produzcan tan pocas condenas se origina en parte en que, en algunos países, las leyes que podrían haberse aplicado contra tales delitos simplemente no existen.
El ministro de Finanzas de Reino Unido, George Osbore, dijo en julio que adoptaría las recomendaciones realizadas por un influyente grupo de parlamentarios de que los banqueros deberían afrontar la pena de cárcel por un nuevo delito de “conducta imprudente en la gestión de un banco”.
“El regulador debería considerar responsable a la gente de manera personal por sus decisiones. Tienen que tener miedo al regulador, lo que desde luego no ocurrió en el pasado”, dijo Mark Garnier, un diputado conservador de la Comisión Parlamentaria de Normas Bancarias.
En Estados Unidos, los fiscales siguen buscando nuevas estrategias para incriminar a banqueros de Wall Street que concedieron las hipotecas basura que iniciaron la crisis financiera, incluyendo el uso de una vieja ley que pretende castigar a aquellas personas de defraudar en banca minorista.
La tentativa de Reino Unido de crear una ley “anti-imprudencias” permitiría, en teoría, castigar a grandes banqueros por tomar decisiones fallidas. Pero demostrar que esas decisiones fueron imprudentes entonces podría ser difícil.
“Las reuniones de los consejos (de administración) se registran cuidadosamente y por tanto podría haber pruebas detalladas, pero por muy imprudente que parezca alguien a toro pasado, ¿puede esto mantenerse en un juzgado?”, dijo Gregg Beechey, socio londinense del bufete SJ Berwin. “No llevarías a todo el consejo a votar una adquisición si esta no fuera razonablemente convincente en ese momento”.
El enfoque de los reguladores estadounidenses desde la crisis ha reflejado parte de estos desafíos. Aunque el supervisor bursátil Securities and Exchange Commission (SEC) ha acusado a más de 150 firmas e individuos en relación con la crisis financiera, los detractores señalan que no ha perseguido los suficiente a los ejecutivos bancarios de mayor rango.
“Vamos hacia donde nos llevan las pruebas”, dijo en el pasado el exdirector del departamento que vela por el cumplimiento de la ley en la SEC, Robert Khuzami, explicando que no se puede presentar cargos contra alguien simplemente por un “mal juicio”.
Lo que se percibe como una falta de voluntad política en algunos países para ir tras empresas y banqueros también podría empañar casos futuros.
A pesar del alto coste de los rescates, en España, por ejemplo, los políticos de los principales partidos han evitado pedir investigaciones sobre distintos bancos fallidos, como ocurrió en Reino Unido después de que el Gobierno británico se viese ante una fuerte presión pública con motivo de la crisis.
“(En España) es más la ausencia de voluntad de llevar estos casos que la falta de instrumentos, ya que algunos casos podría probarse sin gran dificultad”, dijo Juan Torres, profesor de Economía en la Universidad de Sevilla, quien agregó que algunos estaban relacionados con claros ejemplos de fraude.
En su defecto, las demandas de clientes y grupos de activistas han llevado a la Audiencia Nacional a investigar varios colapsos bancarios como el de Bankia, que fue rescatada en 2012 menos de un año después de salir a bolsa.
La frustración por el lento avance de los procesos probatorios en España está llevando a algunos grupos activistas a considerar hacer lobby en Naciones Unidas para conseguir que incluyan los delitos económicos como crímenes contra la humanidad, aunque admiten que conseguirlo sería muy difícil.
En los últimos cinco años, el foco de las persecuciones legales a grandes banqueros aún no ha aumentado. Sin embargo, algunos discuten que la vida de los altos cargos es mucho más difícil de lo que era, en parte, porque ciertos países persiguen otras líneas de acción.
“Los instrumentos regulatorios pueden ser más poderosos que las leyes penales, aunque otro asunto es si esto es lo que la gente quiere”, dijo Beechey de SJ Berwin.
“Existe la sensación de que los reguladores pueden hacer algo sin determinar la carga de la prueba y desde luego están esforzándose cada vez más en perseguir a altos gestores”.
(Con información de Reuters)
Uruguay: Orwell, Badiou y los monstruos que engendra el progresismo
Uruguay: Orwell, Badiou y los monstruos que engendra el progresismo
Agustín Cano
SURda 12/9/13
En estos días se ha podido constatar que los servicios de inteligencia del Uruguaycontinúan teniendo entresus objetivos a las organizaciones sociales, recurren todavía a los mismos métodos de la pre-dictadura y la dictadura (infiltración, golpizas, amedrentamiento, tortura), lo hacen con una soltura de cuerpo (y palos) propia de la impunidad que saben tener y gozar (porque gozan, a juzgar por los testimonios), gracias al respaldo político evidente de las autoridades del Ministerio del Interior, así como del Poder Judicial (notorio en la actuación de la juez Julia Elena Staricco) y de los principales medios de prensa de la derecha (1)
La difusión de la infiltración de inteligencia policial a la marcha de los Mártires Estudiantiles y la represión allí desatada, las detenciones ilegales realizadas diez días después en torno a la marcha conmemorativa de la “masacre del Filtro”, y luego los abusos policiales en Santa Catalina, ha causado una indignación apenas mayor que el asombro (2)
Las expresiones de repudio y denuncia de estos abusos provocadas por estos sentimientos de indignación y asombro, son lo principal. Pero además, hay algunas preguntas cuyas respuestas no están claras.
¿Por qué los servicios de inteligencia, las “fuentes policiales”, y los medios por los cuales esas fuentes se expresan insisten permanentemente en la omnipresencia de la organización Plenaria Memoria y Justicia (y sus aliados, los más esquivos “anarquistas”) en cuanto acto más o menos desmadrado ocurre, habría ocurrido o podría ocurrir?
¿Por qué tanta atención a una organización cuyas dimensiones son más pequeñas que cualquier sindicato pequeño? Partiendo de la base de que el abuso policial perpetrado a los detenidos es deleznable e injustificable bajo cualquier circunstancia, ¿es efectivamente la Plenaria (y sus aliados los anarquistas) un enemigo tan poderoso como para convocar la atención (y el presupuesto) de los servicios de inteligencia, la policía, los jueces, el Ministro y la prensa?
La atención dispensada a la Plenaria es a todas luces desmesurada en relación a la significación política y la fuerza concreta de dicha organización.
Entonces: ¿a qué se debe todo esto? Hay dos explicaciones posibles a partir de diálogos ficticios con George Orwell y Alain Badiou.
La explicación de Orwell
Especialista en los engranajes de la máquina estatal totalitaria (cuya implacabilidad conoció directamente), George Orwell describió en profundidad el mecanismo de creación-amplificación, por parte del Estado, de UN ENEMIGO INTERNO constitutivo de una amenaza a la seguridad (3)
La necesidad de combatir dicho enemigo se transforma entonces en el eje de justificación de una gama creciente e interminable de acciones represivas, al tiempo que sirve, simultáneamente, como fuente de estigmatización-deslegitimación de toda voz disidente.
Tener un enemigo interno omnipresente y amenazador resulta altamente rentable en la economía represiva disecada por Orwell.
La dictadura de Uruguay hizo un uso “de manual” de dicho recurso, descubriendo y persiguiendo a la “amenaza marxista”omnipresente en gremios, escuelas, fábricas, facultades, y hasta en el parlamento, y barriendo con la fuerza del impulso represivo a todas las organizaciones populares o fuerzas de oposición existentes.
Hasta el final de sus días, los militares descubrieron y desmontaron inminentes atentados que recordaban a la población la peligrosidad de esa amenaza siempre latente, y como pensaban quedarse por los tiempos de los tiempos, lo documentaron todo con lujo de detalles en su “Testimonio de una nación agredida”.
A la luz de los hechos que están ocurriendo en la actualidad, cabría preguntarse, por más incómodo y extraño que parezca, si no estamos asistiendo a un proceso similar. La Plenaria Memoria y Justicia (y sus aliados los anarquistas) parecen venir a ocupar el lugar del enemigo interno omnipresente.
Y para eso son de algún modo allí puestos por parte de “las fuentes policiales” y los medios que las citan: en todos los últimos acontecimientos, la Plenaria fue noticia por haber sido mencionada por parte de las fuentes policiales y la prensa, y no por haber realizado tal o cual acción.
El mecanismo de nombrar todo el tiempo a la Plenaria, aún para decir que no se los vio en el lugar de los hechos, es el mismo utilizado por el informativista que al presentar la noticia de una rapiña informa que “entre los asaltantes no había menores”,i nstalando el significante “menor” en la escena de cualquier crimen, sea o no perpetrado por adolescentes nacidos luego de 1995.
Es decir, pareciera evidente una operación que va volviendo a la Plenaria omnipresente, junto a grupos de identificación más difusa (condición necesaria de un enemigo interno omnipresente) como “los anarquistas” (4)
¿Y por qué elegir a la Plenaria? Por lo pronto, se trata de una organización que cumple con algunas características que la llevan a ocupar con relativa facilidad el lugar de la “víctima propiciatoria” (como le llamaría Thomas Szász).
En particular: ser una organización contraria al gobierno, fuertemente deslegitimada y aislada, irreversiblemente enemistada con todo el entorno de la izquierda sindical y política, y cuya posibilidades (y capacidades) de comunicación política con el conjunto de la sociedad son prácticamente nulas.
En definitiva, se trata por un lado de un cuco fácil de agitar, y por otro de una víctima potencial por la que casi nadie está dispuesto a dar un pelo por salvar.
Ysi bien parece difícil que la sociedad uruguaya esté dispuesta a creerse tan fácilmente la idea de la peligrosidad disolvente de la Plenaria y sus aliados los anarquistas, parece claro que se trata de un tiro por elevación dirigido al conjunto de expresiones disidentes, reales o potenciales, presentes o futuras.
El poder es paranoico
Lo cierto es que si la explicación orwelliana es pertinente en este caso, de la mano de la construcción del enemigo interno, pronto veremos consolidarse las condiciones para criminalizar, reprimir, y judicializar al conjunto de expresiones disidentes de la izquierda gobernante.
Toda voz crítica, para ser escuchada, deberá antes defenderse por anticipado de las acusaciones siempre latentes de “ultra”, “radical”, “plenaria” o “anarquista”, firmando una suerte de credencial tácita de fe democrática que le permita seguir perteneciendo al mundo de los vivos.
De qué ladrillos están hechos los gulag del progresismo.
La explicación de Badiou
La explicación del filósofo franco-marroquí Alain Badiou es tan alarmante como la de Orwell. Badiou analizó el mecanismo operativo del miedo en relación a las elecciones francesas de 2007 en las que resultó electo presidente Nicolás Sarkozy.
Sostiene Badiou que dichas elecciones fueron paradigmáticas de la ficción electoral como sustitutiva de la política, dada la vacuidad de las opciones electorales existentes en relación a proposiciones efectivamente transformadoras de la sociedad.
Afirma: “Supongamos que la política es (...) 'la acción colectiva organizada, conforme a ciertos principios, que intenta desarrollar en lo real las consecuencias de una nueva posibilidad que se encuentra rechazada por el estado de cosas dominante'.
Por consiguiente, es necesario concluir que el voto al que se nos invita es una práctica esencialmente apolítica. Está sometido, pues, al sin-principio del afecto” (5)
Ante esta anulación de la política y su sustitución por el terreno del puro afecto (por lo demás, potencial caldo de cultivo de los fascismos y fanatismos de todos los tiempos), sostiene Badiou que la contienda electoral se limita a la articulación de dos tipos de miedos en contradicción.
Por una parte un miedo que llama “esencial” o “primitivo”, el cual proviene de la situación subjetiva de quien teme perder privilegios o caer en la decadencia, que “se centra en los chivos expiatorios tradicionales: los extranjeros, los pobres, los países lejanos a los que no nos queremos parecer” (6)
“Este miedo, conservador y crepuscular, crea el deseo de tener un amo que proteja, aunque sea oprimiéndonos y empobreciéndoos aún más” (7)
Y por otra parte, el otro polo de la contradicción que articula la elección, es un miedo derivado de este miedo “primitivo” y “esencial”, que Badiou define como el miedo a las consecuencias de ese miedo primario.
Se trata del miedo “que el primer miedo provoca en la medida que invoca un tipo de amo, el poli nervioso, que el pequeño burgués socialista ni conoce ni aprecia.
Se trata de un miedo derivado cuyo contenido, más allá del afecto, es realmente indiscernible” (8)
Este segundo miedo es además impotente, no logra articular un discurso alternativo a la trampa de la amenaza inmigrante y la respuesta policial, y quienes en la coyuntura electoral hacen uso de él (la oposición electoral a la derecha, en Francia el Partido Socialista) se limitan a agitarlo, proclamando los peligros de la escalada represiva que traería el primer miedo si ganara la derecha, casi que como único argumento diferencial de esa derecha.
¿Es posible aplicar algunos elementos del análisis de Badiou a la reflexión sobre la coyuntura uruguaya?
En Uruguay, en lo que hace a temas como el de la “seguridad”, el escenario político se presenta diagramado por la derecha, la cual ha logrado, ya no sólo instituir el problema de la inseguridad como el problema central de la agenda política, sino también fijar la racionalidad y los marcos de análisis con que dicha problemática se piensa, esto es, a través de la criminalización de los jóvenes y la pobreza (9), la invisibilización de las condiciones de injusticia social de fondo en el problema, y ahora -además- la construcción de un enemigo interno peligroso.
Así parece pensarlo también Constanza Moreira, cuando, al analizar el estado del debate social en torno a la inseguridad y la “minoridad infractora”, sostiene que “aunque hubo una suerte de consenso académico sobre el tema en el que primó una visión completamente contraria a la "mano dura", lo que triunfó como mensaje, fue que el asunto de los jóvenes que rapiñan y matan se había vuelto casi inmanejable para la sociedad uruguaya.
A ello colaboramos también desde el Frente Amplio, no sólo en la campaña electoral -cuando definimos el tema de la seguridad pública como central, arrinconados por el juego que ya habían definido los partidos de la oposición- sino cuando transformamos la 'seguridad pública' en la prioridad presupuestal, y acabamos, tratando de darle una solución al problema, multiplicándolo con derivaciones impredecibles” (10)
De este modo, el miedo, a través de la institución de la amenaza de la delincuencia juvenil, o de “grupos disolventes”, se configura como un ELEMENTO ESTRATÉGICO de primer orden de cara a la próxima contienda electoral, en modo similar a lo analizado por Badiou.
Y si se observan las características concretas del escenario político uruguayo, no es algo a descartar que en dichas elecciones los partidos de la derecha sigan marcando la agenda de la seguridad y proponiendo además un programa muy pragmático al respecto (como la baja de la edad de imputabilidad); y vaya si cuentan con un candidato ideal para ello.
Y si tal fuera el contexto, del otro lado, no parece irracional imaginar al progresismo en la trampa, sin encontrar a esa altura mucho más margen de maniobra que la agitación impotente del miedo al miedo (y vaya si para eso, encontrará del lado de enfrente un candidato que mete miedo).
Parafraseando a Badiou, cabría preguntarse:
¿Qué representa el nombre de Bordaberry?
Ahora bien, lo peculiar en este caso es que, contrariamente a lo que cabría esperar en primera instancia, el progresismo gobernante no se limitará a agitar el “miedo al miedo”.
Lo que parece claro es que el gobierno está dispuesto a disputarle a la derecha el patrimonio de la mano dura y su pragmatismo operativo, lo cual en el cálculo inmediato podría permitirle sortear el costo electoral que le reportaría quedar ubicado en el lugar de la impotencia de respuestas al problema de la seguridad, aún a costa de mimetizarse con (transformarse en) las posiciones más reaccionarias.
Pareciera que, de cara a las próximas elecciones, el gobierno intentará una presentación bi-polar: agitar a la vez el miedo y el miedo al miedo; ser la alternativa al candidato que mete miedo; y ser también la mano dura que reclama el miedo primario.
En cualquier caso, lo más importante es observar que, si estos procesos se consolidan, se debe tener en cuenta que el miedo, según analiza Badiou, no tiene solamente una dimensión operativa articulatoria de los límites de una elección.
Mucho más que esto, el miedo ha pasado a formar parte constitutiva del propio Estado contemporáneo, en sustitución de la política: “... a falta de toda política en sentido propio, el miedo se incorpora al Estado como sustrato de su propia independencia.
El miedo valida el Estado. La operación electoral incorpora al Estado el miedo y el miedo al miedo, de manera que un elemento subjetivo de masas consigue validar el Estado. Digamos que tras estas elecciones el elegido (...) estará legitimado en la cima del Estado por haberle sabido sacar tajada al miedo
Tendrá entonces las manos libres, puesto que, desde el momento en que el Estado ha quedado investido por el miedo, puede dar miedo con toda libertad. La dialéctica última es la delmiedo y el terror. Virtualmente, un Estado legitimado por el miedo está habilitado para convertirse en un estado terrorista” (11)
No han sido tan numerosas como deberían las voces de rechazo a las infiltraciones, persecuciones políticas, acosos y detenciones ilegales perpetradas por la policía. Como consigna Samuel Blixen (12), el tema reviste una gravedad tal que, aunque sea hoy algo inesperable, ameritaría una impostergable censura y pedido de renuncia del Ministro Bonomi
El origen de esta situación se remonta a algunos años atrás, desde que con la salida de José Díaz del Ministerio del Interior se terminaron las perspectivas de una política de izquierda en materia de seguridad interior.
Defenestrado un día sí y otro también por la derecha y su prensa, Díaz llevó adelante la ley de humanización del sistema carcelario, econoció el derecho de ocupación como extensión del derecho de huelga, y -es sabido- dio la orden de que los servicios de inteligencia dejaran de vigilar a las organizaciones sociales y sindicales (como hacían ininterrumpidamente desde la pre-dictadura) ydirigieran sus operaciones a investigar el narcotráfico y el crimen de cuello blanco.
Luego de la salida de José Díaz, el gobierno fue asumiendo como propio el discurso de la derecha en materia de seguridad (y no faltaron los gobernantes progresistas que por lo bajo asumieron también como propias las críticas de la derecha al ex ministro).
En los últimos años, este viraje se fue traduciendo en el plano político en una restauración conservadora en el Ministerio del Interior.
Hoy se hace evidente que tal restauración alcanzó también a los servicios de inteligencia, que han retornado a lo que, con mayor o menor intensidad, han hecho desde los años 60, y saben realmente hacer: vigilar y amedrentar a las organizaciones populares
Lamentablemente no es una exageración evocar las explicaciones de Orwell y Badiou para comprender lo que está sucediendo en nuestro país. La gravedad de los hechos y lo que estos evidencian impone encender la luz de alarma.
El psicoanalista argentino Marcelo Percia, al analizar los mecanismos psicológicos por los cuales se internaliza como conducta espontánea la “rutinización de la obediencia” (de la que habla Rico), destaca el papel del mecanismo de defensa de la desmentida, por la cual una evidencia a la vez se admite y se anula.
Advierte Percia: “Una forma de la desmentida es la incredulidad: el incrédulo se resiste a creer en lo que sabe, se conduce como si la realidad exagerara ante sus ojos. La incredulidad dice: 'No puedo creer que, en un país que produce alimentos, haya gente que se muere de hambre'. Increíble es algo declarado imposible o indeseable antes de que ocurra, mientras que increído es algo ya ocurrido que, siendo admitido, sigue sin ser aceptado. La desmentida tiene en común con la abolición de la experiencia y la negación, su complicidad con la disociación” ( 13)
La detención ilegal de personas por su modo de pensar, el acoso, la tortura, son realidades pertenecientes al pasado, a la dictadura, al fascismo. La posibilidad de su re-edición en la actualidad es un dato imposible de ser asumido por parte de las buenas conciencias progresistas, y resulta negado o desmentido.
Percia, citando Sartre, recuerda hasta qué punto “las conciencias progresistas niegan la presencia potencial del mal y el horror en sus espíritus puros”.
A diferencia de la razón en sueños de Goya, en plena vigilia, engendra monstruos el progresismo.
Notas:
1 Con particular protagonismo de El Observador, que llegó a incluir en sus cobertura menciones a vínculos entre la Plenaria Memoria y Justicia y grupos neonazis, en un “operativo enchastre” sumamente grotesco.
2 Aún cuando el abuso policial a los jóvenes en los barrios no es una novedad. Ver por ejemplo el reportaje publicado por “La Diaria” en febrero de 2011 a propósito de los abusos policiales en Casavalle ( http://ladiaria.com.uy/articulo/2011/2/la-ley-es-otra/ ).
3 Ver de George Orwell: “Rebelión en la granja” y “1984”.
4 A su vez, la represión policial en la marcha estudiantil del 14 de agosto, lejos de ser una respuesta ocasional a una agresión, tiene todas las características de un operativo planificado.
La existencia de un grupo pequeño de militantes encapuchados que utilizan dicha marcha para desarrollar pintadas y otras acciones que no han sido acordadas por los organizadores de la marcha sucede desde hace muchos años.
Hasta ahora, el fenómeno (previsible por lo habitual) había sido abordado y resuelto de un modo u otro por los propios organizadores de la marcha.
La acción policial en esta ocasión pareciera responder a objetivos de amplificar más que reducir las consecuencias de esas expresiones, reprimiendo al barrer al conjunto de los miles de manifestantes, y generando una situación de “desorden”, sobre la que se construirá luego el discurso de la amenaza.
5 Badiou, Alain (2008): “¿Qué representa el nombre de Sarkozy?”. Pontevedra: Ellago Ediciones (p.12).
6 Ídem (p. 24).
7 Ídem (p. 10).
8 Ídem (p. 11).
9 Álvaro Rico observa la existencia de continuidades entre el proceso de criminalización de la pobreza y la juventud a través del lugar otorgado al problema de la inseguridad ciudadana por parte de las democracias pos-dictadura, y su antecedente en la militarización de la sociedad de los años '60 y '70: “Si el delito político, considerado por el Estado como 'subversión' constituyó en los años sesenta-setenta gran parte de la justificación discursiva de un proceso creciente de policialización y militarización de la sociedad que, finalmente, desembocó en el golpe de Estado y la dictadura, el delito social parece también constituir, desde los años ochenta-noventa del siglo pasado, un eje central de la argumentación del orden público y de la definición de la situación como 'excepcional'” . Rico denomina a este fenómeno como “lacriminalización de la sociedad desde el Estado” y destaca el hecho de que dicha operación se sostiene gracias a “la integración voluntaria de la ciudadanía en el orden legal-policial del Estado tras la demanda de seguridad” en lo que define como un “mecanismo de rutinización de la obediencia”
Esto es lo fundamental: la sociedad no padece el control, lo sostiene. (Rico, Álvaro [2005]:
“Cómo nos domina la clase gobernante: orden político y obediencia social en la democracia posdictadura Uruguay (1985-2005)”, Montevideo: Trilce. [p. 145]).
10 Constanza Moreira en: Diario “La República” (11/04/2011).
11 Op. cit. (p. 14)
12 Samuel Blixen, “El túnel del tiempo”, en “Brecha” (07/09/2013)
13 Percia, Marcelo (2008): “Política de la desmentida: crítica de las conciencias buenas”. Revista “Pensamiento de los confines”, Nº 22, julio de 2008. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
Agustín Cano es Licenciado en Psicología y docente e investigador del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República, Uruguay. Forma parte del equipo periodístico del programa radial “Arquero Peligro”
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173800#sdfootnote12sym
(los destaques y subrayados son de PIRINCHO)
Agustín Cano
SURda 12/9/13
En estos días se ha podido constatar que los servicios de inteligencia del Uruguaycontinúan teniendo entresus objetivos a las organizaciones sociales, recurren todavía a los mismos métodos de la pre-dictadura y la dictadura (infiltración, golpizas, amedrentamiento, tortura), lo hacen con una soltura de cuerpo (y palos) propia de la impunidad que saben tener y gozar (porque gozan, a juzgar por los testimonios), gracias al respaldo político evidente de las autoridades del Ministerio del Interior, así como del Poder Judicial (notorio en la actuación de la juez Julia Elena Staricco) y de los principales medios de prensa de la derecha (1)
La difusión de la infiltración de inteligencia policial a la marcha de los Mártires Estudiantiles y la represión allí desatada, las detenciones ilegales realizadas diez días después en torno a la marcha conmemorativa de la “masacre del Filtro”, y luego los abusos policiales en Santa Catalina, ha causado una indignación apenas mayor que el asombro (2)
Las expresiones de repudio y denuncia de estos abusos provocadas por estos sentimientos de indignación y asombro, son lo principal. Pero además, hay algunas preguntas cuyas respuestas no están claras.
¿Por qué los servicios de inteligencia, las “fuentes policiales”, y los medios por los cuales esas fuentes se expresan insisten permanentemente en la omnipresencia de la organización Plenaria Memoria y Justicia (y sus aliados, los más esquivos “anarquistas”) en cuanto acto más o menos desmadrado ocurre, habría ocurrido o podría ocurrir?
¿Por qué tanta atención a una organización cuyas dimensiones son más pequeñas que cualquier sindicato pequeño? Partiendo de la base de que el abuso policial perpetrado a los detenidos es deleznable e injustificable bajo cualquier circunstancia, ¿es efectivamente la Plenaria (y sus aliados los anarquistas) un enemigo tan poderoso como para convocar la atención (y el presupuesto) de los servicios de inteligencia, la policía, los jueces, el Ministro y la prensa?
La atención dispensada a la Plenaria es a todas luces desmesurada en relación a la significación política y la fuerza concreta de dicha organización.
Entonces: ¿a qué se debe todo esto? Hay dos explicaciones posibles a partir de diálogos ficticios con George Orwell y Alain Badiou.
La explicación de Orwell
Especialista en los engranajes de la máquina estatal totalitaria (cuya implacabilidad conoció directamente), George Orwell describió en profundidad el mecanismo de creación-amplificación, por parte del Estado, de UN ENEMIGO INTERNO constitutivo de una amenaza a la seguridad (3)
La necesidad de combatir dicho enemigo se transforma entonces en el eje de justificación de una gama creciente e interminable de acciones represivas, al tiempo que sirve, simultáneamente, como fuente de estigmatización-deslegitimación de toda voz disidente.
Tener un enemigo interno omnipresente y amenazador resulta altamente rentable en la economía represiva disecada por Orwell.
La dictadura de Uruguay hizo un uso “de manual” de dicho recurso, descubriendo y persiguiendo a la “amenaza marxista”omnipresente en gremios, escuelas, fábricas, facultades, y hasta en el parlamento, y barriendo con la fuerza del impulso represivo a todas las organizaciones populares o fuerzas de oposición existentes.
Hasta el final de sus días, los militares descubrieron y desmontaron inminentes atentados que recordaban a la población la peligrosidad de esa amenaza siempre latente, y como pensaban quedarse por los tiempos de los tiempos, lo documentaron todo con lujo de detalles en su “Testimonio de una nación agredida”.
A la luz de los hechos que están ocurriendo en la actualidad, cabría preguntarse, por más incómodo y extraño que parezca, si no estamos asistiendo a un proceso similar. La Plenaria Memoria y Justicia (y sus aliados los anarquistas) parecen venir a ocupar el lugar del enemigo interno omnipresente.
Y para eso son de algún modo allí puestos por parte de “las fuentes policiales” y los medios que las citan: en todos los últimos acontecimientos, la Plenaria fue noticia por haber sido mencionada por parte de las fuentes policiales y la prensa, y no por haber realizado tal o cual acción.
El mecanismo de nombrar todo el tiempo a la Plenaria, aún para decir que no se los vio en el lugar de los hechos, es el mismo utilizado por el informativista que al presentar la noticia de una rapiña informa que “entre los asaltantes no había menores”,i nstalando el significante “menor” en la escena de cualquier crimen, sea o no perpetrado por adolescentes nacidos luego de 1995.
Es decir, pareciera evidente una operación que va volviendo a la Plenaria omnipresente, junto a grupos de identificación más difusa (condición necesaria de un enemigo interno omnipresente) como “los anarquistas” (4)
¿Y por qué elegir a la Plenaria? Por lo pronto, se trata de una organización que cumple con algunas características que la llevan a ocupar con relativa facilidad el lugar de la “víctima propiciatoria” (como le llamaría Thomas Szász).
En particular: ser una organización contraria al gobierno, fuertemente deslegitimada y aislada, irreversiblemente enemistada con todo el entorno de la izquierda sindical y política, y cuya posibilidades (y capacidades) de comunicación política con el conjunto de la sociedad son prácticamente nulas.
En definitiva, se trata por un lado de un cuco fácil de agitar, y por otro de una víctima potencial por la que casi nadie está dispuesto a dar un pelo por salvar.
Ysi bien parece difícil que la sociedad uruguaya esté dispuesta a creerse tan fácilmente la idea de la peligrosidad disolvente de la Plenaria y sus aliados los anarquistas, parece claro que se trata de un tiro por elevación dirigido al conjunto de expresiones disidentes, reales o potenciales, presentes o futuras.
El poder es paranoico
Lo cierto es que si la explicación orwelliana es pertinente en este caso, de la mano de la construcción del enemigo interno, pronto veremos consolidarse las condiciones para criminalizar, reprimir, y judicializar al conjunto de expresiones disidentes de la izquierda gobernante.
Toda voz crítica, para ser escuchada, deberá antes defenderse por anticipado de las acusaciones siempre latentes de “ultra”, “radical”, “plenaria” o “anarquista”, firmando una suerte de credencial tácita de fe democrática que le permita seguir perteneciendo al mundo de los vivos.
De qué ladrillos están hechos los gulag del progresismo.
La explicación de Badiou
La explicación del filósofo franco-marroquí Alain Badiou es tan alarmante como la de Orwell. Badiou analizó el mecanismo operativo del miedo en relación a las elecciones francesas de 2007 en las que resultó electo presidente Nicolás Sarkozy.
Sostiene Badiou que dichas elecciones fueron paradigmáticas de la ficción electoral como sustitutiva de la política, dada la vacuidad de las opciones electorales existentes en relación a proposiciones efectivamente transformadoras de la sociedad.
Afirma: “Supongamos que la política es (...) 'la acción colectiva organizada, conforme a ciertos principios, que intenta desarrollar en lo real las consecuencias de una nueva posibilidad que se encuentra rechazada por el estado de cosas dominante'.
Por consiguiente, es necesario concluir que el voto al que se nos invita es una práctica esencialmente apolítica. Está sometido, pues, al sin-principio del afecto” (5)
Ante esta anulación de la política y su sustitución por el terreno del puro afecto (por lo demás, potencial caldo de cultivo de los fascismos y fanatismos de todos los tiempos), sostiene Badiou que la contienda electoral se limita a la articulación de dos tipos de miedos en contradicción.
Por una parte un miedo que llama “esencial” o “primitivo”, el cual proviene de la situación subjetiva de quien teme perder privilegios o caer en la decadencia, que “se centra en los chivos expiatorios tradicionales: los extranjeros, los pobres, los países lejanos a los que no nos queremos parecer” (6)
“Este miedo, conservador y crepuscular, crea el deseo de tener un amo que proteja, aunque sea oprimiéndonos y empobreciéndoos aún más” (7)
Y por otra parte, el otro polo de la contradicción que articula la elección, es un miedo derivado de este miedo “primitivo” y “esencial”, que Badiou define como el miedo a las consecuencias de ese miedo primario.
Se trata del miedo “que el primer miedo provoca en la medida que invoca un tipo de amo, el poli nervioso, que el pequeño burgués socialista ni conoce ni aprecia.
Se trata de un miedo derivado cuyo contenido, más allá del afecto, es realmente indiscernible” (8)
Este segundo miedo es además impotente, no logra articular un discurso alternativo a la trampa de la amenaza inmigrante y la respuesta policial, y quienes en la coyuntura electoral hacen uso de él (la oposición electoral a la derecha, en Francia el Partido Socialista) se limitan a agitarlo, proclamando los peligros de la escalada represiva que traería el primer miedo si ganara la derecha, casi que como único argumento diferencial de esa derecha.
¿Es posible aplicar algunos elementos del análisis de Badiou a la reflexión sobre la coyuntura uruguaya?
En Uruguay, en lo que hace a temas como el de la “seguridad”, el escenario político se presenta diagramado por la derecha, la cual ha logrado, ya no sólo instituir el problema de la inseguridad como el problema central de la agenda política, sino también fijar la racionalidad y los marcos de análisis con que dicha problemática se piensa, esto es, a través de la criminalización de los jóvenes y la pobreza (9), la invisibilización de las condiciones de injusticia social de fondo en el problema, y ahora -además- la construcción de un enemigo interno peligroso.
Así parece pensarlo también Constanza Moreira, cuando, al analizar el estado del debate social en torno a la inseguridad y la “minoridad infractora”, sostiene que “aunque hubo una suerte de consenso académico sobre el tema en el que primó una visión completamente contraria a la "mano dura", lo que triunfó como mensaje, fue que el asunto de los jóvenes que rapiñan y matan se había vuelto casi inmanejable para la sociedad uruguaya.
A ello colaboramos también desde el Frente Amplio, no sólo en la campaña electoral -cuando definimos el tema de la seguridad pública como central, arrinconados por el juego que ya habían definido los partidos de la oposición- sino cuando transformamos la 'seguridad pública' en la prioridad presupuestal, y acabamos, tratando de darle una solución al problema, multiplicándolo con derivaciones impredecibles” (10)
De este modo, el miedo, a través de la institución de la amenaza de la delincuencia juvenil, o de “grupos disolventes”, se configura como un ELEMENTO ESTRATÉGICO de primer orden de cara a la próxima contienda electoral, en modo similar a lo analizado por Badiou.
Y si se observan las características concretas del escenario político uruguayo, no es algo a descartar que en dichas elecciones los partidos de la derecha sigan marcando la agenda de la seguridad y proponiendo además un programa muy pragmático al respecto (como la baja de la edad de imputabilidad); y vaya si cuentan con un candidato ideal para ello.
Y si tal fuera el contexto, del otro lado, no parece irracional imaginar al progresismo en la trampa, sin encontrar a esa altura mucho más margen de maniobra que la agitación impotente del miedo al miedo (y vaya si para eso, encontrará del lado de enfrente un candidato que mete miedo).
Parafraseando a Badiou, cabría preguntarse:
¿Qué representa el nombre de Bordaberry?
Ahora bien, lo peculiar en este caso es que, contrariamente a lo que cabría esperar en primera instancia, el progresismo gobernante no se limitará a agitar el “miedo al miedo”.
Lo que parece claro es que el gobierno está dispuesto a disputarle a la derecha el patrimonio de la mano dura y su pragmatismo operativo, lo cual en el cálculo inmediato podría permitirle sortear el costo electoral que le reportaría quedar ubicado en el lugar de la impotencia de respuestas al problema de la seguridad, aún a costa de mimetizarse con (transformarse en) las posiciones más reaccionarias.
Pareciera que, de cara a las próximas elecciones, el gobierno intentará una presentación bi-polar: agitar a la vez el miedo y el miedo al miedo; ser la alternativa al candidato que mete miedo; y ser también la mano dura que reclama el miedo primario.
En cualquier caso, lo más importante es observar que, si estos procesos se consolidan, se debe tener en cuenta que el miedo, según analiza Badiou, no tiene solamente una dimensión operativa articulatoria de los límites de una elección.
Mucho más que esto, el miedo ha pasado a formar parte constitutiva del propio Estado contemporáneo, en sustitución de la política: “... a falta de toda política en sentido propio, el miedo se incorpora al Estado como sustrato de su propia independencia.
El miedo valida el Estado. La operación electoral incorpora al Estado el miedo y el miedo al miedo, de manera que un elemento subjetivo de masas consigue validar el Estado. Digamos que tras estas elecciones el elegido (...) estará legitimado en la cima del Estado por haberle sabido sacar tajada al miedo
Tendrá entonces las manos libres, puesto que, desde el momento en que el Estado ha quedado investido por el miedo, puede dar miedo con toda libertad. La dialéctica última es la delmiedo y el terror. Virtualmente, un Estado legitimado por el miedo está habilitado para convertirse en un estado terrorista” (11)
No han sido tan numerosas como deberían las voces de rechazo a las infiltraciones, persecuciones políticas, acosos y detenciones ilegales perpetradas por la policía. Como consigna Samuel Blixen (12), el tema reviste una gravedad tal que, aunque sea hoy algo inesperable, ameritaría una impostergable censura y pedido de renuncia del Ministro Bonomi
El origen de esta situación se remonta a algunos años atrás, desde que con la salida de José Díaz del Ministerio del Interior se terminaron las perspectivas de una política de izquierda en materia de seguridad interior.
Defenestrado un día sí y otro también por la derecha y su prensa, Díaz llevó adelante la ley de humanización del sistema carcelario, econoció el derecho de ocupación como extensión del derecho de huelga, y -es sabido- dio la orden de que los servicios de inteligencia dejaran de vigilar a las organizaciones sociales y sindicales (como hacían ininterrumpidamente desde la pre-dictadura) ydirigieran sus operaciones a investigar el narcotráfico y el crimen de cuello blanco.
Luego de la salida de José Díaz, el gobierno fue asumiendo como propio el discurso de la derecha en materia de seguridad (y no faltaron los gobernantes progresistas que por lo bajo asumieron también como propias las críticas de la derecha al ex ministro).
En los últimos años, este viraje se fue traduciendo en el plano político en una restauración conservadora en el Ministerio del Interior.
Hoy se hace evidente que tal restauración alcanzó también a los servicios de inteligencia, que han retornado a lo que, con mayor o menor intensidad, han hecho desde los años 60, y saben realmente hacer: vigilar y amedrentar a las organizaciones populares
Lamentablemente no es una exageración evocar las explicaciones de Orwell y Badiou para comprender lo que está sucediendo en nuestro país. La gravedad de los hechos y lo que estos evidencian impone encender la luz de alarma.
El psicoanalista argentino Marcelo Percia, al analizar los mecanismos psicológicos por los cuales se internaliza como conducta espontánea la “rutinización de la obediencia” (de la que habla Rico), destaca el papel del mecanismo de defensa de la desmentida, por la cual una evidencia a la vez se admite y se anula.
Advierte Percia: “Una forma de la desmentida es la incredulidad: el incrédulo se resiste a creer en lo que sabe, se conduce como si la realidad exagerara ante sus ojos. La incredulidad dice: 'No puedo creer que, en un país que produce alimentos, haya gente que se muere de hambre'. Increíble es algo declarado imposible o indeseable antes de que ocurra, mientras que increído es algo ya ocurrido que, siendo admitido, sigue sin ser aceptado. La desmentida tiene en común con la abolición de la experiencia y la negación, su complicidad con la disociación” ( 13)
La detención ilegal de personas por su modo de pensar, el acoso, la tortura, son realidades pertenecientes al pasado, a la dictadura, al fascismo. La posibilidad de su re-edición en la actualidad es un dato imposible de ser asumido por parte de las buenas conciencias progresistas, y resulta negado o desmentido.
Percia, citando Sartre, recuerda hasta qué punto “las conciencias progresistas niegan la presencia potencial del mal y el horror en sus espíritus puros”.
A diferencia de la razón en sueños de Goya, en plena vigilia, engendra monstruos el progresismo.
Notas:
1 Con particular protagonismo de El Observador, que llegó a incluir en sus cobertura menciones a vínculos entre la Plenaria Memoria y Justicia y grupos neonazis, en un “operativo enchastre” sumamente grotesco.
2 Aún cuando el abuso policial a los jóvenes en los barrios no es una novedad. Ver por ejemplo el reportaje publicado por “La Diaria” en febrero de 2011 a propósito de los abusos policiales en Casavalle ( http://ladiaria.com.uy/articulo/2011/2/la-ley-es-otra/ ).
3 Ver de George Orwell: “Rebelión en la granja” y “1984”.
4 A su vez, la represión policial en la marcha estudiantil del 14 de agosto, lejos de ser una respuesta ocasional a una agresión, tiene todas las características de un operativo planificado.
La existencia de un grupo pequeño de militantes encapuchados que utilizan dicha marcha para desarrollar pintadas y otras acciones que no han sido acordadas por los organizadores de la marcha sucede desde hace muchos años.
Hasta ahora, el fenómeno (previsible por lo habitual) había sido abordado y resuelto de un modo u otro por los propios organizadores de la marcha.
La acción policial en esta ocasión pareciera responder a objetivos de amplificar más que reducir las consecuencias de esas expresiones, reprimiendo al barrer al conjunto de los miles de manifestantes, y generando una situación de “desorden”, sobre la que se construirá luego el discurso de la amenaza.
5 Badiou, Alain (2008): “¿Qué representa el nombre de Sarkozy?”. Pontevedra: Ellago Ediciones (p.12).
6 Ídem (p. 24).
7 Ídem (p. 10).
8 Ídem (p. 11).
9 Álvaro Rico observa la existencia de continuidades entre el proceso de criminalización de la pobreza y la juventud a través del lugar otorgado al problema de la inseguridad ciudadana por parte de las democracias pos-dictadura, y su antecedente en la militarización de la sociedad de los años '60 y '70: “Si el delito político, considerado por el Estado como 'subversión' constituyó en los años sesenta-setenta gran parte de la justificación discursiva de un proceso creciente de policialización y militarización de la sociedad que, finalmente, desembocó en el golpe de Estado y la dictadura, el delito social parece también constituir, desde los años ochenta-noventa del siglo pasado, un eje central de la argumentación del orden público y de la definición de la situación como 'excepcional'” . Rico denomina a este fenómeno como “lacriminalización de la sociedad desde el Estado” y destaca el hecho de que dicha operación se sostiene gracias a “la integración voluntaria de la ciudadanía en el orden legal-policial del Estado tras la demanda de seguridad” en lo que define como un “mecanismo de rutinización de la obediencia”
Esto es lo fundamental: la sociedad no padece el control, lo sostiene. (Rico, Álvaro [2005]:
“Cómo nos domina la clase gobernante: orden político y obediencia social en la democracia posdictadura Uruguay (1985-2005)”, Montevideo: Trilce. [p. 145]).
10 Constanza Moreira en: Diario “La República” (11/04/2011).
11 Op. cit. (p. 14)
12 Samuel Blixen, “El túnel del tiempo”, en “Brecha” (07/09/2013)
13 Percia, Marcelo (2008): “Política de la desmentida: crítica de las conciencias buenas”. Revista “Pensamiento de los confines”, Nº 22, julio de 2008. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
Agustín Cano es Licenciado en Psicología y docente e investigador del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República, Uruguay. Forma parte del equipo periodístico del programa radial “Arquero Peligro”
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173800#sdfootnote12sym
(los destaques y subrayados son de PIRINCHO)
13 sept 2013
Brasil: Petrobrás confía su información sigilosa
Brasil: Después de las revelaciones sobre
el espionaje a la presidente...
Dilma Rousseff y sus funcionarios por parte de USA, en la noche del domingo 08 de setiembre el programa "Fantástico" de la TV Globo lanzó una primicia:
Petrobras fue espiada por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense que habría invadido la red privada de computadoras de la petrolera estatal.
La información la aportó el inefable Snowden a su periodista preferido Glenn Greenwald.
USA enseguida respondió que lo hizo para prever la posibilidad de una crisis que afectara el mercado de combustibles fósiles y no para obtener beneficios económicos.
En dicha información de Snowden no se identifica el motivo del espionaje (la reserva gigante de gas denominada Campo de Júpiter a 37 kilómetros del megacampo de petróleo de Tupí)
Ni el mecanismo usado que no fue en principio la invasión de la red privada de computadores de Petrobras (sino el robo de laptops de los investigadores de la cuenca petrolera).
Tampoco se identifica quién realizó este robo (que fueron los piratas de Halliburton) ni como se realizó la sustracción.
Un verdadero mamarracho al estilo CIA porque siempre cuentan con que pueden hacer cualquier tropelía en el mundo.
Así como tampoco se informa que hubo colaboración del alto escalón de dirección de Petrobras, porque la contratación de Halliburton como transportadora de la información sigilosa, no la hizo un portero o un auxiliar administrativo de la petrolera estatal...
Hace 5 años escribí una denuncia sobre este espionaje de USA a Petrobras, que no tuvo gran difusión. Se publicó en portugués por Desacato.info y Resistir.info y en español por enlacesocialista.org.mx
y su título era:
Brasil: Petrobrás confía su información sigilosa
a los piratas de Halliburton
Juan Luis Berterretche
Febrero de 2008
"Cerca de 70 a 75 por ciento de nuestro negocio está relacionado a energía. Servimos a clientes como UnocaL, Exxon, Shell, Chevron y muchas otras entre las principales compañías petrolíferas de todo el mundo. Como resultado, frecuentemente nos encontramos operando en lugares muy difíciles. Nuestro Señor no halló adecuado colocar petróleo y gas apenas donde hay gobiernos electos democráticamente y amistosos en relación con EE.UU. A veces tenemos que operar en lugares donde, considerándose todas las señales, a nadie le gustaría trabajar. Pero nosotros vamos a donde el negocio está." (1)
Dick Cheney (CEO de Halliburton, 1998)
El 21 de enero de 2008 Petrobrás anunció el hallazgo de una reserva gigante de gas denominada Campo de Júpiter a 37 kilómetros del megacampo de petróleo de Tupí.
El megacampo de Tupi dispone de capacidad para 90 billones (millones de millones) de barriles de óleo equivalente (boe), medida que incluye petróleo y gas natural. Este descubrimiento elevaría a Brasil a la condición de tercero o cuarto mayor productor mundial de hidrocarburos.
La prospección fue realizada por el navío-sonda NS-21, conocido como Ocean Clipper que pertenece a la empresa Diamond, en la Cuenca de Santos (San Pablo).
Las notebooks que habían acumulado la información del descubrimiento fueron trasladadas a tierra.
Los computadores fueron enviados en un contenedor que llegó al Puerto de Río el 25 de enero, traído desde la cuenca de Santos, y allí quedó hasta el 29 de enero cuando un camión de la empresa Transmagno lo cargó para transportarlo a Macaé.
La distancia de Río a Macaé es de tres horas por carretera pero "debido a fuertes lluvias" el conductor del camión hizo uma parada en Itaboraí, donde pasó la noche en un puesto a la vera de la autopista. Después de ese accidentado viaje, en Macaé se comprobó que los lacres del contenedor habían sido retirados y el candado sustituido.
A partir de ese momento los informes de lo sustraído fueron contradictorios.
Primero se dijo que había desaparecido una notebook, luego dos, días después que también faltaban dos discos duros.
Hoy se sabe por el registro policial, que cuando el técnico de mantenimiento Guilherme da Silva Vieira fue a confirmar la carga comprobó que faltaban cuatro laptops, dos discos duros, cuatro peines, de memoria con informaciones, otro computador, una impresora y un grabador de DVD.
En las memorias de los aparatos robados estaba toda la información sobre la reserva de Campo de Júpiter.
El robo de los datos estratégicos de la estatal brasileña con informaciones sobre las reservas de hidrocarburos en la cuenca de Santos no es el primero, según el director de la Asociación de Ingenieros de Petrobrás (AEPET) y ex ingeniero del área de explotación y producción de la estatal, Fernando Siqueira.
"El robo es reincidente, porque sabemos que hace un año y medio que vienen siendo robados notebooks en casa de los técnicos envueltos con la Cuenca de Santos.
Hubo asalto en la casa de dos ingenieros y un geólogo de donde sólo se llevaron las notebooks", informó.
Siqueira lamentó que el robo tire 30 años de investigación hecha por la compañía en un yacimiento con un valor estimado en dos trillones de dólares, en manos desconocidas.
Halliburton
Lo de "manos desconocidas" sería cierto sin no supiéramos que la empresa encargada de trasladar el contenedor era Halliburton. Y que la transportadora Transmagno era una compañía sub contratada por la misma Halliburton
Veamos algunos datos esclarecedores sobre la empresa a quién Petrobrás confía su información sigilosa. (2)
Los principales contratos gubernamentales de Halliburton en EE.UU. se realizan con el Pentágono, por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (ACE, por sus siglas en inglés) o de la Marina, bajo una modalidad conocida como Logistics Civilian Augmentation Program (LOGCAP), un esquema de privatización -y "mercenarización"- de las funciones de "logística" del Pentágono iniciado en 1985, que permite a cientos de firmas suplir servicios y suministros como transporte, habitación, construcción de cárceles, preparación y distribución de alimentos y combustible, interrogatorio de prisioneros, limpieza, lavandería, etcétera, "liberando" a miles de tropas que son usadas en el frente de batalla.
El LOGCAP no logró gran aliento sino hasta que Dick Cheney actual vicepresidente de EE.UU. y gran embustero (3), como secretario de Defensa de Bush padre, lo impulsó y generalizó en 1992 por medio de un estudio que contrató precisamente con la subsidiaria de Halliburton, Kellog, Brown and Root (KBR) para determinar si los contratistas podían hacerle frente a las necesidades logísticas "básicas" del Pentágono.
El estudio, clasificado, concluye que un LOGCAP generalizado beneficiaría al gobierno con "la ventaja" de que las empresas no están sometidas al código militar, por ejemplo en materia de atrocidades -caso de los contratistas del Pentágono en Colombia-.
En agosto de 1992 Cheney otorgó el primer contrato "ampliado" de LOGCAP a favor de KBR y poco después, en 1995, fue nombrado presidente de Halliburton. Este tráfico de influencia y manejo presupuestal, Estado-empresa y de personal es parte del modus operandi del capital monopolista.
En 1997 la Auditoría General detectó irregularidades y Halliburton fue reemplazada por DynCorp, pero mantuvo un contrato sin licitación por cinco años para reconstruir los campos petroleros de Irak.
En 2001, con Cheney en la Casa Blanca, KBR logró un contrato LOGCAP por 10 años y hoy domina el 90 por ciento de todo el LOGCAP en Irak, pasando de 320 millones de dólares en junio de 2003 a 2 mil millones en septiembre de ese año.
Según Lolita Baldor de AP, entre 2003 y 2004 Halliburton realizó contratos en Irak valorados en 10.7 mil millones, sin incluir otros LOGCAP de KBR en decenas de países como la construcción de las cárceles en Guantánamo y Afganistán. Halliburton está sometida a "auditorías" y se detectan copiosas anomalías ("sobornos" al por mayor, cobro de 10 mil comidas diarias que no sirvió, sobreprecio en la gasolina para el Ejercito, uso de alimentos con un año de caducidad, etcétera).
Aún así, la prensa informa que en julio del 2005 el Ejército le asignó 5 mil millones a Halliburton para el apoyo logístico de las tropas en Irak hasta julio de 2006, un aumento de mil millones por los mismos servicios. (3)
Hasta enero de 2006 Halliburton ha obtenido la cantidad de 16 mil Millones de Dólares en contratos para "reconstruir" Irak.
En marzo del 2007, la empresa Halliburton con su sede central en Houston, Texas, anunció que se mudaba para los Emiratos Árabes Unidos, concretamente a la ciudad de Dubái, donde imperan relajadas y muy liberales tasas impositivas y cómodas leyes de residencia.
De esta forma pretende evitar los juicios en EE.UU. contra los incumplimientos de contrato y los fraudes.
En el 2007 se acumularon múltiples casos de fraude cometidos por empleados de las empresas privadas en la adjudicación de contratos en la erróneamente llamada reconstrucción de Irak.
Los más notorios de Halliburton.
Pero hay indicios de que la corrupción endémica implica a cada vez más oficiales de las fuerzas armadas de EE.UU.
En julio de 2007, deflagró el escándalo del comandante John Cockerham, encargado de contratación y compras de la base del ejército de Fort Sam en Houston (Texas).
Cockerham y su esposa Melissa fueron detenidos y acusados de recibir sobornos por valor de más de 15 millones de dólares en la adjudicación de contratos varios, desde el suministro de agua embotellada hasta los servicios de lavandería para las tropas de EE.UU. en Irak y Kuwait.
Uno de estos contratos por el suministro de agua se adjudicó a la empresa kuwaití de transporte Green Valley a cambio de 175.000 dólares.
Tras ser empaquetado en fajos de billetes dentro de maletines, el dinero fue depositado en un banco de Oriente Medio y de allí al paraíso fiscal en las Barbados.
En la misma semana el ex comandante del ejército John Allen Rivard, otro oriundo de Texas, se declaró culpable de soborno, blanqueo y conspiración mientras ejercía de máximo responsable de la contratación de servicios y suministros para la base militar estadounidense de Camp Anaconda, en Irak.
Una empresa con sede en Dubái pagó sobornos a Rivard por contratos valorados en 20 millones de dólares relacionados con el suministro de tractores, equipos eléctricos y viviendas prefabricadas para las tropas estadounidenses.
Anthony Martin, de Houston, confesó que había adjudicado dos contratos a una empresa de transporte kuwaití a cambio de 50.000 y 150.00 dólares. Martin se incorpora a una larga lista de empleados de Halliburton seducidos por el soborno.
Alex Mazan, director de Halliburton de Atlanta, responsable de la adjudicación de contratos para el transporte de combustible, infló el coste de un contrato asignado a una empresa kuwaití y se embolsó un millón de dólares.
La principal empresa de trasporte kuwaití que se ha beneficiado de contratos con el ejército estadounidense es PWC.
Asimismo, Stephen Seamans, otro director de contratación de Halliburton, recibió sobornos de una firma pakistaní.
Estos sobornos son monedas comparados a los fraudes de la transnacional.
Según auditores gubernamentales, hubo gastos de 1.000 millones de dólares sin justificar en el mega contrato LOGCAP adjudicado sin concurso a Halliburton en el 2003.
Esta es la eficiente empresa a la cual Petrobrás confía la información confidencial de una riqueza que pertenece a más de 180 millones de brasileños.
El interrogatorio a los posibles implicados en el robo no es más que una puesta en escena.
La información que realmente interesa es quién es el responsable en Petrobras de la contratación de la empresa pirata Halliburton y cuanto recibió por ello.
Todo lo demás es resultado de esa traición al país.
¿Usted le confiaría su hija de 15 años al proxeneta del barrio?
Febrero 2008, Isla de Santa Catarina, Brasil
Notas
1) Tyler Marshall, High stakes in the Caspian Los Ángeles Times 23 de febrero de 1998. Richard B. Cheney, Defending liberty in a global economy, discurso pronunciado en la Conferencia sobre Daños Colaterales en el Cato Institute, 1998. Cato Institute es una institución liberal.
2) Juan L.Berterretche y Tali Feld Gleiser Réquiem para el sueño americano Libro en preparación.
3) Ocho funcionarios clave del gobierno de Estados Unidos, incluido el presidente George W. Bush, realizaron al menos 953 declaraciones falsas en las vísperas y tras la invasión de Irak en marzo de 2003. Así lo indica una investigación que acaba de publicar en la capital estadounidense el Centro para la Integridad Pública y que dirigió Check Lewis, fundador de esta organización.
Entre los investigados figuran Bush, el vicepresidente Dick Cheney y quienes entonces encabezaban el Departamento de Estado (cancillería), Colin Powell, y el de Defensa, Donald Rumsfeld, así como la ex consejera de Seguridad Nacional y actual secretaria de Estado (canciller), Condoleezza Rice, y el ex subsecretario de Estado Paul Wolfowitz. La lista se completa con los hoy ex portavoces de la Casa Blanca Ari Fleischer y Scott McClellan.
4) John Saxe-Fernández Halliburton Irak y Katrina La Jornada, Ciudad de México, 15 de septiembre del 2005 http://www.jornada.unam.mx/
JL.BERTERRECHE - postaporteñ@ 1024 - 2013-09-10
el espionaje a la presidente...
Dilma Rousseff y sus funcionarios por parte de USA, en la noche del domingo 08 de setiembre el programa "Fantástico" de la TV Globo lanzó una primicia:
Petrobras fue espiada por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense que habría invadido la red privada de computadoras de la petrolera estatal.
La información la aportó el inefable Snowden a su periodista preferido Glenn Greenwald.
USA enseguida respondió que lo hizo para prever la posibilidad de una crisis que afectara el mercado de combustibles fósiles y no para obtener beneficios económicos.
En dicha información de Snowden no se identifica el motivo del espionaje (la reserva gigante de gas denominada Campo de Júpiter a 37 kilómetros del megacampo de petróleo de Tupí)
Ni el mecanismo usado que no fue en principio la invasión de la red privada de computadores de Petrobras (sino el robo de laptops de los investigadores de la cuenca petrolera).
Tampoco se identifica quién realizó este robo (que fueron los piratas de Halliburton) ni como se realizó la sustracción.
Un verdadero mamarracho al estilo CIA porque siempre cuentan con que pueden hacer cualquier tropelía en el mundo.
Así como tampoco se informa que hubo colaboración del alto escalón de dirección de Petrobras, porque la contratación de Halliburton como transportadora de la información sigilosa, no la hizo un portero o un auxiliar administrativo de la petrolera estatal...
Hace 5 años escribí una denuncia sobre este espionaje de USA a Petrobras, que no tuvo gran difusión. Se publicó en portugués por Desacato.info y Resistir.info y en español por enlacesocialista.org.mx
y su título era:
Brasil: Petrobrás confía su información sigilosa
a los piratas de Halliburton
Juan Luis Berterretche
Febrero de 2008
"Cerca de 70 a 75 por ciento de nuestro negocio está relacionado a energía. Servimos a clientes como UnocaL, Exxon, Shell, Chevron y muchas otras entre las principales compañías petrolíferas de todo el mundo. Como resultado, frecuentemente nos encontramos operando en lugares muy difíciles. Nuestro Señor no halló adecuado colocar petróleo y gas apenas donde hay gobiernos electos democráticamente y amistosos en relación con EE.UU. A veces tenemos que operar en lugares donde, considerándose todas las señales, a nadie le gustaría trabajar. Pero nosotros vamos a donde el negocio está." (1)
Dick Cheney (CEO de Halliburton, 1998)
El 21 de enero de 2008 Petrobrás anunció el hallazgo de una reserva gigante de gas denominada Campo de Júpiter a 37 kilómetros del megacampo de petróleo de Tupí.
El megacampo de Tupi dispone de capacidad para 90 billones (millones de millones) de barriles de óleo equivalente (boe), medida que incluye petróleo y gas natural. Este descubrimiento elevaría a Brasil a la condición de tercero o cuarto mayor productor mundial de hidrocarburos.
La prospección fue realizada por el navío-sonda NS-21, conocido como Ocean Clipper que pertenece a la empresa Diamond, en la Cuenca de Santos (San Pablo).
Las notebooks que habían acumulado la información del descubrimiento fueron trasladadas a tierra.
Los computadores fueron enviados en un contenedor que llegó al Puerto de Río el 25 de enero, traído desde la cuenca de Santos, y allí quedó hasta el 29 de enero cuando un camión de la empresa Transmagno lo cargó para transportarlo a Macaé.
La distancia de Río a Macaé es de tres horas por carretera pero "debido a fuertes lluvias" el conductor del camión hizo uma parada en Itaboraí, donde pasó la noche en un puesto a la vera de la autopista. Después de ese accidentado viaje, en Macaé se comprobó que los lacres del contenedor habían sido retirados y el candado sustituido.
A partir de ese momento los informes de lo sustraído fueron contradictorios.
Primero se dijo que había desaparecido una notebook, luego dos, días después que también faltaban dos discos duros.
Hoy se sabe por el registro policial, que cuando el técnico de mantenimiento Guilherme da Silva Vieira fue a confirmar la carga comprobó que faltaban cuatro laptops, dos discos duros, cuatro peines, de memoria con informaciones, otro computador, una impresora y un grabador de DVD.
En las memorias de los aparatos robados estaba toda la información sobre la reserva de Campo de Júpiter.
El robo de los datos estratégicos de la estatal brasileña con informaciones sobre las reservas de hidrocarburos en la cuenca de Santos no es el primero, según el director de la Asociación de Ingenieros de Petrobrás (AEPET) y ex ingeniero del área de explotación y producción de la estatal, Fernando Siqueira.
"El robo es reincidente, porque sabemos que hace un año y medio que vienen siendo robados notebooks en casa de los técnicos envueltos con la Cuenca de Santos.
Hubo asalto en la casa de dos ingenieros y un geólogo de donde sólo se llevaron las notebooks", informó.
Siqueira lamentó que el robo tire 30 años de investigación hecha por la compañía en un yacimiento con un valor estimado en dos trillones de dólares, en manos desconocidas.
Halliburton
Lo de "manos desconocidas" sería cierto sin no supiéramos que la empresa encargada de trasladar el contenedor era Halliburton. Y que la transportadora Transmagno era una compañía sub contratada por la misma Halliburton
Veamos algunos datos esclarecedores sobre la empresa a quién Petrobrás confía su información sigilosa. (2)
Los principales contratos gubernamentales de Halliburton en EE.UU. se realizan con el Pentágono, por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (ACE, por sus siglas en inglés) o de la Marina, bajo una modalidad conocida como Logistics Civilian Augmentation Program (LOGCAP), un esquema de privatización -y "mercenarización"- de las funciones de "logística" del Pentágono iniciado en 1985, que permite a cientos de firmas suplir servicios y suministros como transporte, habitación, construcción de cárceles, preparación y distribución de alimentos y combustible, interrogatorio de prisioneros, limpieza, lavandería, etcétera, "liberando" a miles de tropas que son usadas en el frente de batalla.
El LOGCAP no logró gran aliento sino hasta que Dick Cheney actual vicepresidente de EE.UU. y gran embustero (3), como secretario de Defensa de Bush padre, lo impulsó y generalizó en 1992 por medio de un estudio que contrató precisamente con la subsidiaria de Halliburton, Kellog, Brown and Root (KBR) para determinar si los contratistas podían hacerle frente a las necesidades logísticas "básicas" del Pentágono.
El estudio, clasificado, concluye que un LOGCAP generalizado beneficiaría al gobierno con "la ventaja" de que las empresas no están sometidas al código militar, por ejemplo en materia de atrocidades -caso de los contratistas del Pentágono en Colombia-.
En agosto de 1992 Cheney otorgó el primer contrato "ampliado" de LOGCAP a favor de KBR y poco después, en 1995, fue nombrado presidente de Halliburton. Este tráfico de influencia y manejo presupuestal, Estado-empresa y de personal es parte del modus operandi del capital monopolista.
En 1997 la Auditoría General detectó irregularidades y Halliburton fue reemplazada por DynCorp, pero mantuvo un contrato sin licitación por cinco años para reconstruir los campos petroleros de Irak.
En 2001, con Cheney en la Casa Blanca, KBR logró un contrato LOGCAP por 10 años y hoy domina el 90 por ciento de todo el LOGCAP en Irak, pasando de 320 millones de dólares en junio de 2003 a 2 mil millones en septiembre de ese año.
Según Lolita Baldor de AP, entre 2003 y 2004 Halliburton realizó contratos en Irak valorados en 10.7 mil millones, sin incluir otros LOGCAP de KBR en decenas de países como la construcción de las cárceles en Guantánamo y Afganistán. Halliburton está sometida a "auditorías" y se detectan copiosas anomalías ("sobornos" al por mayor, cobro de 10 mil comidas diarias que no sirvió, sobreprecio en la gasolina para el Ejercito, uso de alimentos con un año de caducidad, etcétera).
Aún así, la prensa informa que en julio del 2005 el Ejército le asignó 5 mil millones a Halliburton para el apoyo logístico de las tropas en Irak hasta julio de 2006, un aumento de mil millones por los mismos servicios. (3)
Hasta enero de 2006 Halliburton ha obtenido la cantidad de 16 mil Millones de Dólares en contratos para "reconstruir" Irak.
En marzo del 2007, la empresa Halliburton con su sede central en Houston, Texas, anunció que se mudaba para los Emiratos Árabes Unidos, concretamente a la ciudad de Dubái, donde imperan relajadas y muy liberales tasas impositivas y cómodas leyes de residencia.
De esta forma pretende evitar los juicios en EE.UU. contra los incumplimientos de contrato y los fraudes.
En el 2007 se acumularon múltiples casos de fraude cometidos por empleados de las empresas privadas en la adjudicación de contratos en la erróneamente llamada reconstrucción de Irak.
Los más notorios de Halliburton.
Pero hay indicios de que la corrupción endémica implica a cada vez más oficiales de las fuerzas armadas de EE.UU.
En julio de 2007, deflagró el escándalo del comandante John Cockerham, encargado de contratación y compras de la base del ejército de Fort Sam en Houston (Texas).
Cockerham y su esposa Melissa fueron detenidos y acusados de recibir sobornos por valor de más de 15 millones de dólares en la adjudicación de contratos varios, desde el suministro de agua embotellada hasta los servicios de lavandería para las tropas de EE.UU. en Irak y Kuwait.
Uno de estos contratos por el suministro de agua se adjudicó a la empresa kuwaití de transporte Green Valley a cambio de 175.000 dólares.
Tras ser empaquetado en fajos de billetes dentro de maletines, el dinero fue depositado en un banco de Oriente Medio y de allí al paraíso fiscal en las Barbados.
En la misma semana el ex comandante del ejército John Allen Rivard, otro oriundo de Texas, se declaró culpable de soborno, blanqueo y conspiración mientras ejercía de máximo responsable de la contratación de servicios y suministros para la base militar estadounidense de Camp Anaconda, en Irak.
Una empresa con sede en Dubái pagó sobornos a Rivard por contratos valorados en 20 millones de dólares relacionados con el suministro de tractores, equipos eléctricos y viviendas prefabricadas para las tropas estadounidenses.
Anthony Martin, de Houston, confesó que había adjudicado dos contratos a una empresa de transporte kuwaití a cambio de 50.000 y 150.00 dólares. Martin se incorpora a una larga lista de empleados de Halliburton seducidos por el soborno.
Alex Mazan, director de Halliburton de Atlanta, responsable de la adjudicación de contratos para el transporte de combustible, infló el coste de un contrato asignado a una empresa kuwaití y se embolsó un millón de dólares.
La principal empresa de trasporte kuwaití que se ha beneficiado de contratos con el ejército estadounidense es PWC.
Asimismo, Stephen Seamans, otro director de contratación de Halliburton, recibió sobornos de una firma pakistaní.
Estos sobornos son monedas comparados a los fraudes de la transnacional.
Según auditores gubernamentales, hubo gastos de 1.000 millones de dólares sin justificar en el mega contrato LOGCAP adjudicado sin concurso a Halliburton en el 2003.
Esta es la eficiente empresa a la cual Petrobrás confía la información confidencial de una riqueza que pertenece a más de 180 millones de brasileños.
El interrogatorio a los posibles implicados en el robo no es más que una puesta en escena.
La información que realmente interesa es quién es el responsable en Petrobras de la contratación de la empresa pirata Halliburton y cuanto recibió por ello.
Todo lo demás es resultado de esa traición al país.
¿Usted le confiaría su hija de 15 años al proxeneta del barrio?
Febrero 2008, Isla de Santa Catarina, Brasil
Notas
1) Tyler Marshall, High stakes in the Caspian Los Ángeles Times 23 de febrero de 1998. Richard B. Cheney, Defending liberty in a global economy, discurso pronunciado en la Conferencia sobre Daños Colaterales en el Cato Institute, 1998. Cato Institute es una institución liberal.
2) Juan L.Berterretche y Tali Feld Gleiser Réquiem para el sueño americano Libro en preparación.
3) Ocho funcionarios clave del gobierno de Estados Unidos, incluido el presidente George W. Bush, realizaron al menos 953 declaraciones falsas en las vísperas y tras la invasión de Irak en marzo de 2003. Así lo indica una investigación que acaba de publicar en la capital estadounidense el Centro para la Integridad Pública y que dirigió Check Lewis, fundador de esta organización.
Entre los investigados figuran Bush, el vicepresidente Dick Cheney y quienes entonces encabezaban el Departamento de Estado (cancillería), Colin Powell, y el de Defensa, Donald Rumsfeld, así como la ex consejera de Seguridad Nacional y actual secretaria de Estado (canciller), Condoleezza Rice, y el ex subsecretario de Estado Paul Wolfowitz. La lista se completa con los hoy ex portavoces de la Casa Blanca Ari Fleischer y Scott McClellan.
4) John Saxe-Fernández Halliburton Irak y Katrina La Jornada, Ciudad de México, 15 de septiembre del 2005 http://www.jornada.unam.mx/
JL.BERTERRECHE - postaporteñ@ 1024 - 2013-09-10
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