La batalla de Venezuela
Publicado en 9 diciembre
Ángeles Diez*
Hace poco más treinta años Patricio Guzmán filmaba en Chile el triunfo de la Unidad Popular, el apoyo del pueblo chileno a su presidente y la reacción violenta de la burguesía que con sus armas económicas, mediáticas y organizativas emprendió la batalla por el derrocamiento, no sólo de un presidente sino de un proyecto de país soberano y popular. El presidente Allende y su pueblo dieron la batalla pero, en la coyuntura de los años 70, la fortaleza del imperio estadounidense y de las burguesías nacionales consiguió derrotarles. La opción golpista clásica, la de los militares, la de los desaparecidos, la de las torturas y la del exterminio, se impuso a los intentos desestabilizadores que requerían más tiempo y una inversión económica mayor.
El contexto internacional ha cambiado, especialmente el latinoamericano. La resistencia de la revolución cubana que ha mantenido la antorcha de la dignidad encendida ha sido recogida por otros gobiernos y otros pueblos, entre ellos, Venezuela. Los proyectos soberanistas son, en estos momentos, la piedra de toque del capitalismo. No son digeribles por un sistema que se levanta sobre la necesidad de la explotación de clase al interior de los Estados, y de pueblos y territorios más allá de las fronteras nacionales. La acumulación por desposesión que se impone en todo el orbe está encontrando la resistencia más firme en los proyectos progresistas de América Latina.
El imperio estadounidense y sus socios europeos han entrado en declive embarrancados en guerras neocoloniales en oriente y el norte de África y sumidos en una crisis económica cuya única salida es aumentar la explotación de sus clases populares y la destrucción de capital mediante la guerra (a ser posible externa). La experiencia chilena fue un aprendizaje también para el imperio. Los golpes de Estado tienen hoy sonrisa Obama y marca “si se puede”. Mientras, los socios europeos se debaten entre la necesidad de rentabilidad de sus empresas mediante inversiones en el exterior y la presión estadounidense para conseguir gobiernos afines a sus propios intereses.
En este contexto y con esta correlación de fuerzas existen importantes analogías entre el golpe de Estado en Chile de 1973 y el golpe de Estado que se va gestando contra el gobierno bolivariano en Venezuela y que tuvo su primer episodio en el 2002.
La debilidad política, intelectual y de liderazgo de la burguesía autóctona, y la determinación del pueblo venezolano para defender su revolución, hicieron fracasar el golpe contra Chávez y recondujeron la ofensiva imperial hacia los cauces de la desestabilización, el acoso y el aislamiento.
La guerra por las conciencias, primera y decisiva batalla.
En los años 50 Estados Unidos puso en marcha una gran operación de guerra encubierta contra el comunismo. La CIA movilizó recursos económicos y humanos que iban desde la desestabilización económica y golpes de estado hasta la financiación y promoción de intelectuales, revistas, congresos, periodistas. Si en América Latina se utilizó con mayor profusión la vía desestabilizadora y militar en Europa fue la guerra psicológica y cultural quien recibió más recursos económicos y humanos. Intelectuales, académicos, escritores, periodistas, unos conscientes otros sin saberlo, se pusieron al servicio de la causa de la “libertad y la democracia” norteamericana. A menudo desde posiciones de izquierda.
América Latina y Europa en los años 50 y 60 eran un hervidero transformador. Movimientos revolucionarios y liderazgo intelectual actuaban en simbiosis hacia un horizonte compartido. Sin embargo, en estos momentos mientras en América Latina siguen fluyendo las fuentes revolucionarias en Europa parecen haberse secado. Una población europea en estado de shock por las recetas liberales y una intelectualidad sin liderazgo político y embarrancada en el postmodernismo han favorecido que la guerra psicológica se centre en las corporaciones mediáticas que han pasado a ser las principales abanderadas de la guerra contra Venezuela.
Los medios españoles conforman la vanguardia de esta guerra. Encontramos en ellos la ilustración perfecta, la imagen más afinada de la propaganda de guerra en lengua castellana. Sus consignas, su lenguaje, la unicidad de criterio, la combinación de argumentos racionales y emocionales, la ocultación de datos, la interpretación tendenciosa, la sobreadjetivación…. Un catálogo completo de técnicas de manipulación que en los momentos electorales alcanzan su punto culminante.
Algunas de ellas han sido desplegadas recientemente al hilo de las elecciones municipales del 8 de diciembre. Unas elecciones que han sido tratadas por los medios como si fueran elecciones presidenciales, por la única razón de que los procesos electorales han sido, hasta las elecciones del 14 de abril una de las mayores fortalezas del proyecto bolivariano. A pesar de los 19 procesos electorales desde que ganó las elecciones Hugo Chávez no ha habido campaña electoral que no haya contado con el cuestionamiento del sistema electoral y acusaciones sistemáticas y reiteradas de autoritarismo.
Los sabotajes en el suministro de energía, el acaparamiento y desabastecimiento de bienes de primera necesidad han sido parte de la precampaña en casi todas las elecciones venezolanas. Desde finales del 2002 a principios del 2003 durante el paro empresarial, la cadena de producción y distribución de alimentos más importante, Central Madeirense, se sumó a las acciones de sabotaje, y las Empresas Polar especializadas en productos elaborados –nueve de ellos de la canasta básica- hicieron lo mismo. Desde entonces esta táctica ha sido empleada para minar la voluntad popular en su apoyo a la revolución y para desestabilizar la economía haciendo necesaria una intervención del gobierno que posteriormente es tachada por todos los medios de autoritaria. Así, en las medidas del gobierno venezolano para enfrentar el sabotaje económico, los periodistas han visto las derivas totalitarias del presidente Maduro supuestamente heredadas del presidente Chávez. Ewald Scharfenberg, articulista de El País, nos decía que “La oposición marchaba contra la deriva autoritaria de Maduro”[1]. Poco ha importado si la Ley Habilitante está contemplada en la constitución venezolana, o si impone unos límites legislativos que no están presentes en los famosos Decretos ley con los que lleva gobernando Rajoy desde que llegó al gobierno del reino de España.
Sean cuales sean los resultados el “chavismo” siempre pierde las elecciones.
Cuando se hace campaña por un candidato nunca se reconoce la derrota. Es el primer mandamiento del catecismo mediático. En las elecciones del 14 de abril que dieron la victoria a Nicolás Maduro, la oposición no reconoció los resultados electorales a pesar del reconocimiento internacional y de la fiabilidad del sistema electoral venezolano avalada también internacionalmente. Los medios masivos convirtieron la victoria de Maduro en una derrota en un doble sentido. Dieron más publicidad y por tanto credibilidad a las declaraciones de la oposición que a las autoridades venezolanas (muy diferente a lo que ha ocurrido recientemente con las elecciones en Honduras) cuestionando la limpieza del proceso electoral así como los resultados. Finalmente, cuando fue inviable sostener el discurso de la oposición y las acusaciones de fraude, la noticia no fue la victoria de Maduro sino la “pérdida de votos del chavismo”.
En el caso de las elecciones municipales del 8 de diciembre los medios ya han bombardeado convenientemente a las audiencias garantizando que sean cuales sean los resultados el “chavismo” o el “oficialismo” –términos habituales de los periodistas para descalificar la revolución bolivariana- ha perdido apoyos. Si se pierde alguna de las alcaldías actuales los medios ratificarán su consigna de “la falta de liderazgo de Maduro”, incluso se volverá a insistir con la oposición “que carece de legitimidad” para ser presidente o que y que la revolución no se sostiene sin Chávez. Si se mantienen los resultados actuales significará que el proyecto bolivariano no es capaz de avanzar entre la población y que no tardará en retroceder. Si se ganan más municipios será el resultado de que las medidas económicas “autoritarias de Maduro” han sido un “ardid electoral” que ha funcionado.
Unos malos resultados para la oposición siempre son justificados por los medios: ha sido una campaña desigual, el “chavismo” ha contado con todos los aparatos del estado, se han producido irregularidades, los medios de comunicación no han apoyado suficientemente a la oposición, o se acusa al CNE de “laxitud para sancionar las infracciones”[2]etc. Sorprendentemente en un país donde el 80% de los medios son privados y hacen campaña contra el gobierno se llega a decir que “con los medios masivos plegados a la voluntad del presidente Nicolás Maduro. Todos estos argumentos se manejan antes de las elecciones de forma que cuando se conocen los resultados se puede echar mano de cualquier de ellos para corroborar la propaganda bélica.
A diferencia de lo que ocurre en cualquier país del planeta, en Venezuela, los medios europeos y norteamericanos siempre han hecho campaña con y a favor de los perdedores, es decir, de la oposición venezolana. Periodistas de El País como Alfredo Meza o Miguel Ángel Bastenier se han esforzado constantemente en demostrar que aunque “el chavismo” ganara, en realidad había perdido. En estas elecciones nos ha dicho Meza que aunque la oposición no tenga más alcaldías si hay poca diferencia respecto a los chavistas Maduro se tendrá que enfrentar a un referéndum revocatorio de su mandato[3].
M. A. Bastenier, otro de los habituales opinadores del Grupo Prisa, ha coincidido con las editoriales de El País, las agencias como EFE, AP y medios de ideología más conservadora y se ha centrado en los aspectos económicos. No para denunciar los sabotajes, el acaparamiento, el desabastecimiento etc. no, sus proyectiles han ido dirigidos a la negación de la evidencia.
Frente a los datos económicos de organismos internacionales como la CEPAL o el PNUD que han informado del incremento de los flujos de Inversión Extranjera Directa en un 44% , de la reducción de la pobreza en más de un 50%, de una tasa de desempleo del 7,6%, del crecimiento de la economía venezolana en 5,7% , de ocupar el puesto 47 de los países con índice de Desarrollo Humano alto y de ser el país de América latina que presenta el menor porcentaje de desigualdad y donde la inversión social se ha triplicado desde 1998; frente a estos datos, Bastenier prefiere seleccionar aquellos que mejor se ajustan a la imagen de caos y abismo económico que alimentan la campaña desestabilizadora. Para él sólo existen los datos de la inflación, la evasión de capitales, la corrupción y la violencia, cuatro patas ya clásicas de las campañas electorales contra el proceso bolivariano.
Los mecanismos de percepción de los datos sobre Venezuela están terriblemente alterados, sean los datos positivos o no el público español encontrará su lado negativo. Los periodistas ocultarán los indicadores positivos, magnificarán y difundirán solo los negativos, y si alguno no se puede ocultar será el resultado de la propaganda gubernamental. Como suelen afirmar los sociólogos si uno tortura suficientemente los datos estos acaban por confesar lo que uno quiere. Los periodistas son los grandes torturadores de los datos y de los hechos.
El fantasma cubano sigue recorriendo América Latina
Siguiendo con las analogías del golpe de Estado en Chile los informes desclasificados, nos recuerda Atilio Boron, demuestran que hubo un plan trazado desde la Casa blanca, la CIA y la fiscalía general para desestabilizar el país entre otros medios estrangulando la economía. La excusa entonces era la diseminación de la revolución comunista cubana. Como dice Atilio “es ingenuo pensar que hoy, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el inverosímil Premio Nobel de la Paz convoque a sus asesores para elaborar estrategias políticas distintas en relación con las resistencias que se alzan en contra del imperialismo”[4]. Lo que resulta realmente sorprendente es que las razones que Nixon se daba para impedir la consolidación de Allende, la expansión del comunismo cubano, sigan siendo hoy los mismos argumentos de la propaganda imperial.
Al frente de este argumento se alistan los periodistas más amarillistas y biliosos como Ludmila Vinogradoff que no duda en detallarnos cómo la “oposición venezolana toma las calles para protestar por la cubanización del país”. Ludmila se hace eco de los manifestantes que ven en la intervención del gobierno en la economía un paso más hacia la conversión de Venezuela en “una colonia de los cubanos” [5].
La amenaza cubana remite a un imaginario de sacrificios y escasez que forma parte ya de la matriz ideológica anticomunista. Actúa como una amenaza hacia los deseos y aspiraciones de justicia social del pueblo venezolano. El miedo a la cubanización es el miedo a los sacrificios y se aliña a menudo con artículos como el de A. Meza hablando de que Maduro conduce a Venezuela hacia “el socialismo real”[6]
En los últimos años, las políticas sociales a través de las Misiones han mejorado la salud, la educación, la alimentación y la vivienda de los venezolanos y han minado la identificación negativa de la trilogía propagandística socialismo-autoritarismo-escasez. Desaparecidos el “socialismo real” sólo Cuba puede ser utilizada para apuntalar el fantasma del comunismo que ha empezado a disiparse.
La Batalla de Chile fue y sigue siendo un legado para nuestra memoria. La prueba de que desde 1917, desde el triunfo de la revolución rusa, el capital no ha descansado en su lucha constante para aniquilar cualquier gobierno popular. Como dijera Nixon hablando de Chile, cualquier medio para impedir que se extienda el comunismo que es como decir cualquier medio para acabar con la voluntad popular. Venezuela ahora, como entonces Chile libra una guerra sin cuartel. La primera batalla, la más decisiva, sigue siendo la que se libra contra nuestras conciencias.
Madrid, 8 de diciembre de 2013
Ángeles Diez es Doctora en CC. Políticas y Sociología y profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
[1] http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/23/actualidad/1385237530_268803.html?rel=rosEP
[2] http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/04/actualidad/1386186413_709721.html?rel=rosEP
[3] http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/04/actualidad/1386186413_709721.html?rel=rosEP
[4] http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-228729-2013-09-11.html
[5] http://www.abc.es/internacional/20131123/abci-oposicion-venezolana-toma-calles-201311232022.html
[6] ttp://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/30/actualidad/1385772161_362268.html?rel=rosEP
12 dic 2013
11 dic 2013
Brightest Flashlight Free: la linterna para Android que recababa datos de usuarios sin permiso
Brightest Flashlight Free: la linterna para Android que recababa datos de usuarios sin permiso
Brightest Flashlight Free, una aplicación de linterna para los sistemas Android de celulares, recababa datos de los usuarios sin su consentimiento y los pasaba en secreto a empresas de publicidad. Son más de 50 millones las personas que han descargado la aplicación desde la tienda virtual Google Play.
1Lunes 09 de diciembre de 2013
Celular usado como linterna
La empresa GoldenShores Technologies desarrolló hace meses una simple pero poderosa aplicación para el sistema operativo Android, que permitía que los usuarios utilizasen su Smartphone como linterna.
Bajo el nombre de Brightest Flashlight Free (La más brillante linterna gratis, en español) la app fue descargada más de 50 millones de veces, y contaba con una valoración de 5 estrellas en Google Play, lo que la ubicaba en los primeros puestos del ranking de aplicaciones.
De todas formas, recientemente se pudo comprobar que la aplicación recopilaba datos sobre la ubicación de los equipos celulares al mismo tiempo que copiaba su código único de identificación, sin permiso de los usuarios.
Una vez instalada en el Smartphone, Brightest Flashlight Free le permitía a los usuarios elegir si estos deseaban compartir su información o no, aunque independientemente de la opción que se seleccionara, los datos de los mismos ya habían sido copiados y almacenados en una base de datos que la empresa se encargaba de repartir entre diversas empresas de publicidad.
“Una linterna que dejaba a oscuras”
El caso de Brightest Flashlight Free llegó hasta los oídos de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) que inmediatamente se puso en campaña para regularizar la situación.
Jessica Rich, directora del Departamento de Protección al Consumidor de la FTC, se pronunció al respecto: “Cuando a los consumidores se les da la oportunidad de tener una verdadera e informada elección, ellos pueden decidir por sí mismos si el beneficio de un servicio merece la información que deben compartir para usarlo. Pero esta aplicación de linterna los dejaba a oscuras al respecto de cómo su información iba a utilizarse”.
A pesar de las numerosas peticiones de los usuarios traicionados, la FTC resolvió no sancionar económicamente a GoldenShores. De ahora en más, la empresa deberá cambiar su política de privacidad, avisando en todos los casos la manera en la que los datos de los usuarios serán utilizados. También, toda la información hasta ahora recopilada por Brightets Flashlight Free deberá ser inmediatamente eliminada.
Actualmente, la aplicación sigue disponible de forma gratuita en Google Play.
Microsoft, Google, Apple, Facebook, LinkedIn, Yahoo!, AOL y Twitter piden a Obama limitar espionaje
INTERNET
Microsoft, Google, Apple, Facebook, LinkedIn, Yahoo!, AOL y Twitter piden a Obama limitar espionaje
Los 8 gigantes de la informática se unieron en una carta abierta dirigida a Barack Obama para pedirle regulaciones sobre la cyber-vigilancia que hace el gobierno norteamericano. Facebook, Google y Twitter son los principales portavoces de esta campaña, orientada a recuperar la confianza de los usuarios y restringir las capacidades de los Estados para pedir información.
Lunes 09 de diciembre de 2013
El mundo de la informática se ha visto sacudido desde el pasado mes de junio, luego de que el ex analítico de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) Edward Snowden haya filtrado datos sobre las formas en las que el gobierno estadounidense se apropiaba de información sobre los ciudadanos, a través de las redes sociales y otras herramientas informáticas.
Si bien la mayoría de las veces esto sucedía de forma clandestina, en muchos casos la NSA contó con el consentimiento de las empresas de la informática, lo que ha producido un gran malestar en los usuarios, que lo vieron como una traición hacia su privacidad.
De esta forma, a través de esta campaña las empresas han decidido actuar en pos de recuperar la confianza de sus usuarios. En los pasados meses ha habido muchas declaraciones con respecto al tema, pero es mediante la publicación de una carta abierta dirigida al Presidente Obama, que se llega al punto más alto de acción.
Necesidad urgente de cambiar
“Las revelaciones de este verano (Caso Snowden) han puesto de relieve la necesidad urgente de reformar las prácticas de supervisión de los gobiernos de todo el mundo” dice la carta dirigida a Obama. La misiva está firmada por las 8 empresas que al día de hoy se consideran las más importantes dentro del mundo informático: Facebook, Google, Twitter, Yahoo, Microsoft, AOL, Apple y LinkedIn.
La carta se ha publicado en varios medios, y entre otras cosas también se puede leer que “el equilibrio en muchos países se ha inclinado demasiado a favor del Estado y en contra de los derechos de los individuos —derechos consagrados en nuestra constitución. Esto erosiona las libertades que tanto apreciamos. Es hora de cambiar”.
Finalmente, las empresas “instan a Estados Unidos a tomar la iniciativa y emprender las reformas para que los esfuerzos de monitorización por parte del Gobierno estén claramente limitados por la ley, proporcionados a los riesgos, transparentes y controlados independientemente”.
Además, se pide al gobierno que se prohíba la captación de datos en masa y se refuerce la transparencia, poniéndole fin a los tribunales secretos que se encargan de aprobar el espionaje digital.
Por su parte, la semana pasada Barack Obama había reconocido que las acciones de la NSA eran más agresivas en el extranjero que dentro de su país, y aseguró que en breve se propondrían reformas que aseguren un mayor “autocontrol” de la agencia
Microsoft, Google, Apple, Facebook, LinkedIn, Yahoo!, AOL y Twitter piden a Obama limitar espionaje
Los 8 gigantes de la informática se unieron en una carta abierta dirigida a Barack Obama para pedirle regulaciones sobre la cyber-vigilancia que hace el gobierno norteamericano. Facebook, Google y Twitter son los principales portavoces de esta campaña, orientada a recuperar la confianza de los usuarios y restringir las capacidades de los Estados para pedir información.
Lunes 09 de diciembre de 2013
El mundo de la informática se ha visto sacudido desde el pasado mes de junio, luego de que el ex analítico de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) Edward Snowden haya filtrado datos sobre las formas en las que el gobierno estadounidense se apropiaba de información sobre los ciudadanos, a través de las redes sociales y otras herramientas informáticas.
Si bien la mayoría de las veces esto sucedía de forma clandestina, en muchos casos la NSA contó con el consentimiento de las empresas de la informática, lo que ha producido un gran malestar en los usuarios, que lo vieron como una traición hacia su privacidad.
De esta forma, a través de esta campaña las empresas han decidido actuar en pos de recuperar la confianza de sus usuarios. En los pasados meses ha habido muchas declaraciones con respecto al tema, pero es mediante la publicación de una carta abierta dirigida al Presidente Obama, que se llega al punto más alto de acción.
Necesidad urgente de cambiar
“Las revelaciones de este verano (Caso Snowden) han puesto de relieve la necesidad urgente de reformar las prácticas de supervisión de los gobiernos de todo el mundo” dice la carta dirigida a Obama. La misiva está firmada por las 8 empresas que al día de hoy se consideran las más importantes dentro del mundo informático: Facebook, Google, Twitter, Yahoo, Microsoft, AOL, Apple y LinkedIn.
La carta se ha publicado en varios medios, y entre otras cosas también se puede leer que “el equilibrio en muchos países se ha inclinado demasiado a favor del Estado y en contra de los derechos de los individuos —derechos consagrados en nuestra constitución. Esto erosiona las libertades que tanto apreciamos. Es hora de cambiar”.
Finalmente, las empresas “instan a Estados Unidos a tomar la iniciativa y emprender las reformas para que los esfuerzos de monitorización por parte del Gobierno estén claramente limitados por la ley, proporcionados a los riesgos, transparentes y controlados independientemente”.
Además, se pide al gobierno que se prohíba la captación de datos en masa y se refuerce la transparencia, poniéndole fin a los tribunales secretos que se encargan de aprobar el espionaje digital.
Por su parte, la semana pasada Barack Obama había reconocido que las acciones de la NSA eran más agresivas en el extranjero que dentro de su país, y aseguró que en breve se propondrían reformas que aseguren un mayor “autocontrol” de la agencia
10 dic 2013
Aratirí: comenzó la entrega de cedulones para la explotación
Aratirí: comenzó la entrega de cedulones para la explotación
El presidente José Mujica pidió a su gabinete que comience un esfuerzo de difusión de las ventajas de la minería. Ayer se entregaron cedulones de explotación a los productores de la zona de Valentines donde funcionará Aratirí.
J.P. Correa / M. Rivero
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo que Mujica pidió a los ministerios de Industria, Ganadería y Vivienda, Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente "una campaña en conjunto" para que se explique "con altura, sin agresiones" las virtudes de la explotación minera que realizará Aratirí y del puerto de "aguas profundas" en Rocha. El gobierno reconoce que hay "recelo".
Guerrero no quiso dar detalles del contrato que se negocia con Aratirí, tales como su plazo, porque si bien no será secreto, sí será "reservado" y se está estudiando si se le da difusión.
"Esperamos firmar en el plazo más breve posible. Los términos del contrato, obviamente no estoy autorizado a difundirlos", agregó.
De todas formas, está claro que tras la aprobación del decreto que considera a Aratirí como una minera de "gran porte" se aceleró el proceso. La empresa que había comenzado a entregar cedulones de exploración, comenzó ayer a entregar otros de explotación.
Julio Gómez García, un escribano residente en Cerro Chato, con estudios en Derecho Minero que está asesorando a productores de la zona, explicó a El País que los productores que recibieron los documentos tienen ahora hasta 30 días para presentar recursos. Algunos de los productores que recibieron cedulones para exploración ya habían presentado recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que están a estudio.
Gómez García agregó que calcula que serán entre 500 y 600 los productores afectados y aseguró que el grupo Aratirí ha ampliado el área que le interesa hasta unas 10.000 hectáreas adicionales solamente en el departamento de Treinta y Tres.
Gómez García adelantó además que antes de fin de año se presentarán las primeras acciones de inconstitucionalidad. A su juicio, no se podrá expropiar a los productores porque no hay una razón de interés general y solamente una de utilidad pública.
Víctor Baccheta, dirigente del movimiento Uruguay Libre, que comenzó la recolección de firmas para lograr que en las elecciones nacionales se vote para prohibir la minería a "cielo abierto", dijo a El País que espera que en el contrato no se establezcan plazos para que Aratirí acceda a las autorizaciones ambientales que necesita.
"Nosotros creemos que falta al menos un año, porque falta la elaboración de la evaluación ambiental y la o las audiencias públicas. La Dirección de Medio Ambiente le hizo 17 solicitudes adicionales de información a Aratirí solamente vinculadas al denominado "distrito minero", explicó. Esas solicitudes no se vinculan al impacto del minerreducto que llevaría el mineral a las costas de Rocha ni al puerto desde el que se embarcaría, recordó. Esos aspectos del proyecto serán evaluados independientemente y quizás motiven pedidos adicionales de información de las autoridades ambientales.
Baccheta sostuvo que la empresa habla de una explotación de 20 años o más para dar la sensación de que su compromiso es a largo plazo pero que en realidad, con el ritmo de extracción que ha anunciado, le alcanzaría con 12 años. La interpretación de los oponentes de la minería es que una reforma constitucional tendría un carácter retroactivo y dejaría sin efecto las concesiones para ese tipo de extracción que se hubiesen hecho.
El fin de semana se realizaron jornadas de recolección de firmas en Colonia y Maldonado y en tres semanas los impulsores de la campaña harán una primera evaluación pública. Los opositores de Aratirí argumentan que afectará de manera irreversible el ecosistema de la zona.
Aratirí, un proyecto cuyo principal impulsor es el grupo indio Zamin Ferrous, dice que podría exportar 18 millones de toneladas anuales de hierro, lo que colocaría a Uruguay entre los ocho principales exportadores del mundo del mineral, muy demandado hoy en China. Planea extraerlo en cinco minas de las cercanías de Cerro Chato.
El grupo Zamin Ferrous compró recientemente a Anglo American, un importante yacimiento en el estado brasileño de Amapá, por el que ya pagó US$ 134 millones. Está presente en Brasil desde 2005.
El presidente José Mujica pidió a su gabinete que comience un esfuerzo de difusión de las ventajas de la minería. Ayer se entregaron cedulones de explotación a los productores de la zona de Valentines donde funcionará Aratirí.
J.P. Correa / M. Rivero
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo que Mujica pidió a los ministerios de Industria, Ganadería y Vivienda, Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente "una campaña en conjunto" para que se explique "con altura, sin agresiones" las virtudes de la explotación minera que realizará Aratirí y del puerto de "aguas profundas" en Rocha. El gobierno reconoce que hay "recelo".
Guerrero no quiso dar detalles del contrato que se negocia con Aratirí, tales como su plazo, porque si bien no será secreto, sí será "reservado" y se está estudiando si se le da difusión.
"Esperamos firmar en el plazo más breve posible. Los términos del contrato, obviamente no estoy autorizado a difundirlos", agregó.
De todas formas, está claro que tras la aprobación del decreto que considera a Aratirí como una minera de "gran porte" se aceleró el proceso. La empresa que había comenzado a entregar cedulones de exploración, comenzó ayer a entregar otros de explotación.
Julio Gómez García, un escribano residente en Cerro Chato, con estudios en Derecho Minero que está asesorando a productores de la zona, explicó a El País que los productores que recibieron los documentos tienen ahora hasta 30 días para presentar recursos. Algunos de los productores que recibieron cedulones para exploración ya habían presentado recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que están a estudio.
Gómez García agregó que calcula que serán entre 500 y 600 los productores afectados y aseguró que el grupo Aratirí ha ampliado el área que le interesa hasta unas 10.000 hectáreas adicionales solamente en el departamento de Treinta y Tres.
Gómez García adelantó además que antes de fin de año se presentarán las primeras acciones de inconstitucionalidad. A su juicio, no se podrá expropiar a los productores porque no hay una razón de interés general y solamente una de utilidad pública.
Víctor Baccheta, dirigente del movimiento Uruguay Libre, que comenzó la recolección de firmas para lograr que en las elecciones nacionales se vote para prohibir la minería a "cielo abierto", dijo a El País que espera que en el contrato no se establezcan plazos para que Aratirí acceda a las autorizaciones ambientales que necesita.
"Nosotros creemos que falta al menos un año, porque falta la elaboración de la evaluación ambiental y la o las audiencias públicas. La Dirección de Medio Ambiente le hizo 17 solicitudes adicionales de información a Aratirí solamente vinculadas al denominado "distrito minero", explicó. Esas solicitudes no se vinculan al impacto del minerreducto que llevaría el mineral a las costas de Rocha ni al puerto desde el que se embarcaría, recordó. Esos aspectos del proyecto serán evaluados independientemente y quizás motiven pedidos adicionales de información de las autoridades ambientales.
Baccheta sostuvo que la empresa habla de una explotación de 20 años o más para dar la sensación de que su compromiso es a largo plazo pero que en realidad, con el ritmo de extracción que ha anunciado, le alcanzaría con 12 años. La interpretación de los oponentes de la minería es que una reforma constitucional tendría un carácter retroactivo y dejaría sin efecto las concesiones para ese tipo de extracción que se hubiesen hecho.
El fin de semana se realizaron jornadas de recolección de firmas en Colonia y Maldonado y en tres semanas los impulsores de la campaña harán una primera evaluación pública. Los opositores de Aratirí argumentan que afectará de manera irreversible el ecosistema de la zona.
Aratirí, un proyecto cuyo principal impulsor es el grupo indio Zamin Ferrous, dice que podría exportar 18 millones de toneladas anuales de hierro, lo que colocaría a Uruguay entre los ocho principales exportadores del mundo del mineral, muy demandado hoy en China. Planea extraerlo en cinco minas de las cercanías de Cerro Chato.
El grupo Zamin Ferrous compró recientemente a Anglo American, un importante yacimiento en el estado brasileño de Amapá, por el que ya pagó US$ 134 millones. Está presente en Brasil desde 2005.
PROBLEMAS DE FONDO TRAS LAS CRISIS POLICIALES Y LOS SAQUEOS
El país | Domingo, 8 de diciembre de 2013
PROBLEMAS DE FONDO TRAS LAS CRISIS POLICIALES Y LOS SAQUEOS
Conurbanos
Los conflictos policiales y los saqueos pusieron a la vista una crisis de fondo, motivada por un modelo productivo que sólo fue atenuado en estos años. La brecha producida por el boom sojero en los conurbanos de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, y el bang del delito regulado por una policía brava que sabe cómo negociar con los respectivos gobernadores, cualquiera sea su signo político. Sin reforma policial y acceso al suelo urbano no hay remedio contra el narcotráfico y la inseguridad.
Por Horacio Verbitsky
Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires tienen gobiernos de distinto signo. Las disidencias y rivalidades entre ellos y/o con el gobierno nacional monopolizan todos los análisis políticos. Pero estos movimientos de superficie, donde los actores políticos interactúan con consultores, hombres de negocios, eclesiásticos y periodistas, resultan trastornados por eclosiones como la de esta semana en Córdoba, con sus reverberaciones en Santa Fe y Buenos Aires, que se extendieron como un eco a otras provincias cuyas policías reclaman mejoras salariales, como San Juan, Chubut, La Rioja, Catamarca, Neuquén y Río Negro.
Las policías de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires son parte activa de redes de ilegalidad y mantienen una relación de equilibrio inestable con la conducción política. Pero mientras los gobernadores de Córdoba y Santa Fe debieron dejar caer a sus cúpulas policiales, cuyos jefes están detenidos por complicidad con el narcotráfico, el de Buenos Aires prefirió retener a la suya, pese al lapidario informe de la comisión senatorial investigadora que pidió la destitución de medio centenar de oficiales, incluidos el jefe de entonces y el actual. Cuando la negociación con el poder político no les resulta favorable, las policías pueden acudir a un relajamiento del control social, con las consecuencias que están a la vista. Estos estremecimientos se originan en los conurbanos de las provincias fundamentales del modelo productivo implantado desde mediados de la década de 1990, con la tremenda polarización clasista y el desplazamiento de poblaciones, cuyos efectos sólo fueron atenuados por los avances reparadores de la última década. Esto mide la fragilidad del terreno sobre el que está asentada la democracia que esta semana cumple 30 años; también la magnitud y la diversidad de conflictos siempre prestos a manifestarse en cuanto una merma en el crecimiento macroeconómico y la generación de empleo exacerba ánimos y requerimientos. Más aún si se acercan el verano y las fiestas de fin de año, y se repiten las
inundaciones y los cortes de luz y de agua, consecuencia de los temporales con los que cada vez más habrá que convivir debido al cambio climático y la imprevisión urbana de sus consecuencias. El gobernador de Córdoba desdeñó los indicios previos y se fue del país mientras fermentaba el conflicto y, luego de su precipitado regreso, descargó toda responsabilidad en el gobierno nacional, politiquerizando una situación propia y grave. El de Santa Fe detectó a tiempo la convocatoria a un acuartelamiento por parte del sindicato policial Apropol, denunció a sus jefes por instigación a cometer delitos y recurrió en forma discreta al gobierno nacional. Así, la movilización se produjo pero no hubo abandono del servicio como en Córdoba. El de Buenos Aires coordinó acciones desde el primer momento con la Nación y juntos establecieron un comando ubicado cerca del cruce estratégico entre las avenidas Ri-ccheri y Camino de Cintura, como para señalar el corrimiento del eje y el centro de gravedad. Es fácil perderse en las diferencias, pero más importantes son las similitudes de fondo, entre tres provincias de un mismo país, con un único esquema productivo.
Puntos en común
Con alta probabilidad dentro de dos años se medirán en las urnas el Peornismo Opositor, el acuerdo radical-socialista y el Frente para la Victoria, ninguno de los cuales tiene todavía un candidato que sobresalga en forma excluyente sobre el resto, lo cual hace previsible que esta vez funcione a pleno la ley electoral que creó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Pero en las provincias gobernadas tanto por el cordobesismo conservador de José de la Sota, el socialismo liberal de Antonio Bonfatti y Hermes
Binner y el peronismo de bajas calorías de Daniel Scioli, los cultivos transgénicos resistentes a su correspondiente herbicida se extendieron hasta la puerta de las ciudades, desplazando población y otras producciones de la agricultura de subsistencia y provisión para el consumo y encareciendo el valor de la tierra urbana. La concentración y los altos precios internacionales produjeron un enorme excedente que se volcó a la inversión inmobiliaria. Pero a falta de regulación estatal, una parte de las unidades construidas en torres o barrios cerrados permanecen desocupadas, como reserva de valor, mientras una cantidad equivalente o mayor de familias carece de recursos para acceder a la vivienda y se asientan de modo precario en terrenos de baja calidad, anegables y/o con acceso deficiente a los servicios esenciales. La explosión del consumo de un sector y la imposibilidad de equiparación para el resto constituye el caldo de cultivo para el surgimiento de una economía ilegal como forma de acceso a un universo tan dorado como prohibido. La regulación de ese mercado es una de las tareas principales de las policías, que reclutan varones jóvenes de esos sectores para delinquir. El diputado electo Felipe Solá merecería ser recordado en estos días. Como Secretario de Agricultura autorizó en 1996 a producir y comercializar la semilla y los productos y subproductos de la soja de Monsanto tolerante al herbicida glifosato. Como gobernador de Buenos Aires, impulsó en 2005 la ley por la que la represión de los consumidores y el comercio al menudeo de drogas cayó en manos de policías, fiscales y jueces provinciales, en los que se delegó el control social y los negocios.
Delegación o control
El esquema de gobernabilidad que Eduardo Duhalde implantó en Buenos Aires hace dos décadas tuvo más visibilidad que sus correlatos en Santa Fe y Córdoba, que no fueron diferentes. En cada caso, consistió en la delegación de la seguridad en la agencia policial, sin otra conducción política que el señalamiento tácito o explícito de la brecha social como territorio de su acción represiva, con algunos esporádicos intentos de reforma y la posterior restauración del esquema anterior. Lo fundamental no es el signo político del gobernador, porque el problema subyacente es estructural. Los dos presidentes Kirchner son los que mejor se aproximaron al abordaje de cada uno de esos problemas, pero en esta materia nada es suficiente. Las retenciones diferenciales para estimular otros cultivos que resistan el avance de la soja; la reindustrialización y el mejoramiento del empleo formal (que en los últimos años se estancó, en especial entre los jóvenes); la construcción de viviendas y los créditos blandos para ello; la oferta a precios accesibles de terrenos con los servicios básicos, la duplicación del universo alcanzado por el sistema jubilatorio, la transferencia directa de ingresos por medio de la asignación por cada hijo menor de 18 años, el regreso al sistema educativo de grandes contingentes que habían quedado al margen, el mayor control de las fuerzas de seguridad, el cuestionamiento a la lógica fallida de la “guerra a las drogas” son pasos apreciables. Pero no han tenido la extensión, la densidad y la persistencia necesarias para romper con la inercia favorable a los poderosos intereses que prosperan con el estado de cosas vigente, por lo cual la regresión es siempre posible. Las dificultades son enormes y se manifiestan de muy distintas formas. La resistencia a las retenciones casi acaba con el gobierno de CFK en 2008 y los intentos de reducir la gravitación del comercio exterior de soja están limitados por la importancia de los ingresos que permiten sostener los programas sociales, exhibiendo el peligro de impulsar una política de reparación con el mismo motor que dio fuerza al daño. Mientras otros países de la región han reprimarizado sus economías, en la Argentina creció la significación de las Manufacturas de Origen Industrial, pero el déficit de la balanza comercial de esas MOI consume la mayor parte del superávit total. La relación con las fuerzas de seguridad osciló entre la laxitud y el control por parte del poder político, según de qué ministrx dependieran. Esto impidió consolidar una política, si bien la diferencia con las fuerzas provinciales es sideral, aún en el peor momento. Desde la gestión de Aníbal Fernández hasta la de Sergio Berni, el gobierno nacional ha objetado el paradigma estadounidense de la denominada guerra contra las drogas, cuyo fracaso es ostensible. Sin embargo, hasta ahora no ha derogado la ley que penaliza la tenencia para el consumo, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia la considera inconstitucional, no ha puesto en cuestión que se haya provincializado la represión del comercio minorista de estupefacientes, ni ha sabido crear una Agencia Nacional, como la que Gran Bretaña acaba de establecer, con cuatro comandos y sus respectivas áreas de responsabilidad: criminalidad organizada, delincuencia económica, fronteras y explotación infantil/protección online.
Las dos Córdobas
Según el periodista cordobés Dante Leguizamón, en el oeste de la ciudad y en la zona cercana al acuartelamiento fue evidente la organización y coordinación de los saqueos por la propia policía. Primero pasaban motos cuyos tripulantes sólo rompían las vidrieras, detrás otras motos que precedían a unas camionetas muy chetas en las que comenzaba a cargarse la mercadería saqueada, y recién después el contagio generalizado. Una vez cerrado el acuerdo con la aceptación de todas las condiciones de los alzados, De la Sota los envió a que hicieran lo que mejor saben y más les gusta. Como en una intensificación de la práctica cotidiana, usaron los peores modales para recuperar parte de los bienes robados en la zona que antes habían liberado. El antropólogo Pablo Semán tampoco cree en la espontaneidad del saqueo, pero prefiere detenerse sobre las condiciones estructurales que lo hacen posible. Especializado en temas de cultura popular, viaja a Córdoba varias veces por año. Es hijo del militante detenido-desaparecido Elías Semán, y vivió allí durante parte de su infancia, lo cual refuerza el interés de su visión. Semán compara con los bantustanes sudafricanos las ciudades dormitorio, o satélite, surgidas de la erradicación de villas que ocupaban terrenos apetecidos por la especulación inmobiliaria y del boom de la soja y la consolidación de la industria automotriz. Sus jóvenes pobladores son víctimas de retenes policiales sistemáticos “por portación de edad, cara, o zapatillas inconsistentes con el prejuicio del observador”, dice Semán. También el ex diputado radical y ex fiscal de Estado Miguel Ortiz Pellegrini dijo que las escenas nocturnas, con disparos que se escuchaban en diversos puntos de la ciudad, le hicieron recordar “a las películas del Apartheid”. La diferencia es que él representó en las negociaciones a los policías sublevados. Cada vez que Semán viaja a Córdoba le asombra “la debilidad relativa de la presencia numérica de aquellos sujetos que el racismo impiadoso de Córdoba podía llamar negrazones”, que fueron segregados en esas ciudades dormitorio. “En tiempos normales en Córdoba hay mucha policía en la calle.” Esa “gendarmería permanente, beligerante y numerosa” constituye un factor vital del orden social imperante, que aisló a los negros en las ciudades dormitorio. “Y es de esperar que si se ausenta, ese orden no funcione en automático.” La contraparte es Nueva Córdoba, “barrio emblemático de los beneficios del boom de la soja, con verdulerías decoradas al modo de Nueva York, vinerías finas, panaderías francesas, fotocopiadoras de lujo, casas de ropa de marca y locales nocturnos para la diversión de miles de estudiantes que vienen desde las prósperas localidades vinculadas a la expansión del agronegocio”. Esa población de estudiantes “no gasta menos de 20.000 pesos mensuales y viaja habitualmente a Estados Unidos, Europa y el Caribe”. Allí, hasta en los “puestos viles”, como dependientes de almacén, repositores o asistentes de limpieza se ve la presencia dominante de hijos de colonos gringos, más pobres, pero blancos. “La policía garantizaba ese orden, que se aceitaba con los recursos que el narcotráfico le derivaba a la policía y que ha perdido transitoriamente su lubricante”, a raíz de las denuncias sobre el narcoescándalo que lesionaron el pacto de delegación y gobernabilidad con el gobierno provincial (esto último no es cosecha de Semán sino propia). Cuando el reaseguro policial desaparece, emerge el carácter masivo del horror. “La Córdoba dividida y desigualada a la fuerza ha mostrado por un segundo la arquitectura y el dolor generalmente enmudecidos de su constitución social”, concluye el calificado observador.
El boom y el bang
Ciudad del boom, ciudad del bang es el título del documental de Martín Céspedes que puede verse en Internet (http://www.youtube.com/watch?v=si952Ed7Vu0). Se refiere a Rosario y su zona de influencia, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez y Arroyo Seco, con datos oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos de la Gobernación de Santa Fe y del Club de Investigaciones Urbanas. Desde la crisis de 2001 y los presuntos asados de gato, hasta 2007, la extraordinaria renta sojera pobló la costa de edificios de lujo. Los permisos para construir esos edificios denominados multivivienda, con y sin locales, se multiplicaron por 7,6 comparando 2001 con 2007 y por cinco con 2012. Entre 2005 y 2013 la Municipalidad de Rosario autorizó la construcción de 3,6 millones de metros cuadrados, de los cuales el 79 por ciento en la zona céntrica. Esto representa el 14 por ciento de la superficie total del distrito. Esa es la ciudad abarcelonada que se muestra a los turistas, cuyo aflujo se duplicó. Pero según el censo nacional de 2010, casi el 20 por ciento de las viviendas particulares están vacías. Si allí se ve el boom, el bang se escucha al norte y al sur de la ciudad, donde se amontonan como pueden los desalojados por el movimiento de pinzas entre el avance de las tierras rurales y el de los barrios privados. Villa Moreno, en la periferia sur, desemboca “en un casino cinco estrellas con palmeras imitación Miami”, sostiene el documental, que la califica como zona liberada por los transas. “La vida narco proyecta imágenes de felicidad fulgurante para los miles de pibes de esta sociedad inflamada de consumo. También reparte plomo”, afirma otra placa. El dato no es secreto: con 183 homicidios, Rosario es la ciudad record del país. El film concluye con el inquietante vaticinio de un militante social del Bodegón Cultural casa de Pocho Lepratti: “El grado de violencia que crece en los barrios, en algún momento va a volver, lamentablemente de la peor manera”. Durante los 24 años de gobiernos justicialistas, la policía respondió a un esquema clásico que un funcionario judicial describe como “marcada de territorio o cancha, espacios y materias donde se podía delinquir y donde no, recaudación centralizada, distribución equitativa de lo producido por las economías delictuales y garantía de impunidad vía poder judicial controlado”.
Luego de los dos primeros años en que intentó romper con este esquema, controlar a la policía y modernizar la Justicia, Binner se rindió y designó como ministro de seguridad al director del registro civil, el abogado Alvaro Gaviola, sin la menor experiencia en la materia. “Esa fue una clara señal para la Policía Santafecina acerca de que había piedra libre para cualquier cosa. Y así ocurrió. Comenzó una feudalización de las cajas recaudatorias en las diversas áreas policiales. Obviamente, la que más comenzó a recaudar y a desmadrarse fue la de Drogas.” Este es el origen del descontrol, la multiplicación de la violencia y las muertes relacionadas con el control geográfico de la ciudad. Cuando la justicia y la policía federales comenzaron a desmantelarlo, Bonfatti denunció una injerencia del gobierno central. Hasta que le balearon la casa y entendió que el juego se estaba poniendo demasiado peligroso. “La ciudad estallada en los márgenes se cuela en la ciudad protegida, ciertos homicidios (que la prensa oficial llama ajustes de cuentas), aparecen rondando calles macro céntricas, y entonces el gobierno reacciona. La sangre no debe salpicar a la ciudad turística”, dice el funcionario judicial.
Aniversarios
Ayer se cumplieron tres años de la ocupación del Parque Indoamericano en la conurbanizada zona sur de la Ciudad Autónoma, donde se concentran la mayor cantidad de población por debajo del índice de pobreza, el más alto porcentaje de hogares hacinados, los mayores índices de precariedad en la construcción y de falta de acceso al agua de red y cloacas. Su motivo transparente fue el déficit habitacional, que afecta a cerca de medio millón de personas en la Capital y que permanece sin solución. La causa por la represión policial que causó la muerte de tres personas, no avanza. En cambio sí progresa la de la justicia porteña por usurpación contra los referentes sociales que en el peor momento de la crisis lograron abrir el diálogo con las autoridades políticas. La Nación y la Ciudad anunciaron entonces un plan conjunto de viviendas, pero tres años después ni siquiera definieron en qué terrenos se edificarían. Esta semana se cumplió además un año de la promulgación de la ley bonaerense de hábitat y vivienda, un moderno instrumento de regulación del uso de la tierra, que sin avasallar los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, contempla también la problemática angustiante de la vivienda popular. Pero el gobierno provincial primero resistió su sanción, luego demoró su publicación en el Boletín Oficial y aún no la reglamentó, con lo cual es como si no existiera. Ese es el problema central que nadie enfrenta y que torna tan vergonzoso como incomprensible que el gobierno nacional haya suprimido la función social de la propiedad del proyecto de reforma, unificación y modernización de los códigos civil y comercial de la Nación.
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PROBLEMAS DE FONDO TRAS LAS CRISIS POLICIALES Y LOS SAQUEOS
Conurbanos
Los conflictos policiales y los saqueos pusieron a la vista una crisis de fondo, motivada por un modelo productivo que sólo fue atenuado en estos años. La brecha producida por el boom sojero en los conurbanos de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, y el bang del delito regulado por una policía brava que sabe cómo negociar con los respectivos gobernadores, cualquiera sea su signo político. Sin reforma policial y acceso al suelo urbano no hay remedio contra el narcotráfico y la inseguridad.
Por Horacio Verbitsky
Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires tienen gobiernos de distinto signo. Las disidencias y rivalidades entre ellos y/o con el gobierno nacional monopolizan todos los análisis políticos. Pero estos movimientos de superficie, donde los actores políticos interactúan con consultores, hombres de negocios, eclesiásticos y periodistas, resultan trastornados por eclosiones como la de esta semana en Córdoba, con sus reverberaciones en Santa Fe y Buenos Aires, que se extendieron como un eco a otras provincias cuyas policías reclaman mejoras salariales, como San Juan, Chubut, La Rioja, Catamarca, Neuquén y Río Negro.
Las policías de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires son parte activa de redes de ilegalidad y mantienen una relación de equilibrio inestable con la conducción política. Pero mientras los gobernadores de Córdoba y Santa Fe debieron dejar caer a sus cúpulas policiales, cuyos jefes están detenidos por complicidad con el narcotráfico, el de Buenos Aires prefirió retener a la suya, pese al lapidario informe de la comisión senatorial investigadora que pidió la destitución de medio centenar de oficiales, incluidos el jefe de entonces y el actual. Cuando la negociación con el poder político no les resulta favorable, las policías pueden acudir a un relajamiento del control social, con las consecuencias que están a la vista. Estos estremecimientos se originan en los conurbanos de las provincias fundamentales del modelo productivo implantado desde mediados de la década de 1990, con la tremenda polarización clasista y el desplazamiento de poblaciones, cuyos efectos sólo fueron atenuados por los avances reparadores de la última década. Esto mide la fragilidad del terreno sobre el que está asentada la democracia que esta semana cumple 30 años; también la magnitud y la diversidad de conflictos siempre prestos a manifestarse en cuanto una merma en el crecimiento macroeconómico y la generación de empleo exacerba ánimos y requerimientos. Más aún si se acercan el verano y las fiestas de fin de año, y se repiten las
inundaciones y los cortes de luz y de agua, consecuencia de los temporales con los que cada vez más habrá que convivir debido al cambio climático y la imprevisión urbana de sus consecuencias. El gobernador de Córdoba desdeñó los indicios previos y se fue del país mientras fermentaba el conflicto y, luego de su precipitado regreso, descargó toda responsabilidad en el gobierno nacional, politiquerizando una situación propia y grave. El de Santa Fe detectó a tiempo la convocatoria a un acuartelamiento por parte del sindicato policial Apropol, denunció a sus jefes por instigación a cometer delitos y recurrió en forma discreta al gobierno nacional. Así, la movilización se produjo pero no hubo abandono del servicio como en Córdoba. El de Buenos Aires coordinó acciones desde el primer momento con la Nación y juntos establecieron un comando ubicado cerca del cruce estratégico entre las avenidas Ri-ccheri y Camino de Cintura, como para señalar el corrimiento del eje y el centro de gravedad. Es fácil perderse en las diferencias, pero más importantes son las similitudes de fondo, entre tres provincias de un mismo país, con un único esquema productivo.
Puntos en común
Con alta probabilidad dentro de dos años se medirán en las urnas el Peornismo Opositor, el acuerdo radical-socialista y el Frente para la Victoria, ninguno de los cuales tiene todavía un candidato que sobresalga en forma excluyente sobre el resto, lo cual hace previsible que esta vez funcione a pleno la ley electoral que creó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Pero en las provincias gobernadas tanto por el cordobesismo conservador de José de la Sota, el socialismo liberal de Antonio Bonfatti y Hermes
Binner y el peronismo de bajas calorías de Daniel Scioli, los cultivos transgénicos resistentes a su correspondiente herbicida se extendieron hasta la puerta de las ciudades, desplazando población y otras producciones de la agricultura de subsistencia y provisión para el consumo y encareciendo el valor de la tierra urbana. La concentración y los altos precios internacionales produjeron un enorme excedente que se volcó a la inversión inmobiliaria. Pero a falta de regulación estatal, una parte de las unidades construidas en torres o barrios cerrados permanecen desocupadas, como reserva de valor, mientras una cantidad equivalente o mayor de familias carece de recursos para acceder a la vivienda y se asientan de modo precario en terrenos de baja calidad, anegables y/o con acceso deficiente a los servicios esenciales. La explosión del consumo de un sector y la imposibilidad de equiparación para el resto constituye el caldo de cultivo para el surgimiento de una economía ilegal como forma de acceso a un universo tan dorado como prohibido. La regulación de ese mercado es una de las tareas principales de las policías, que reclutan varones jóvenes de esos sectores para delinquir. El diputado electo Felipe Solá merecería ser recordado en estos días. Como Secretario de Agricultura autorizó en 1996 a producir y comercializar la semilla y los productos y subproductos de la soja de Monsanto tolerante al herbicida glifosato. Como gobernador de Buenos Aires, impulsó en 2005 la ley por la que la represión de los consumidores y el comercio al menudeo de drogas cayó en manos de policías, fiscales y jueces provinciales, en los que se delegó el control social y los negocios.
Delegación o control
El esquema de gobernabilidad que Eduardo Duhalde implantó en Buenos Aires hace dos décadas tuvo más visibilidad que sus correlatos en Santa Fe y Córdoba, que no fueron diferentes. En cada caso, consistió en la delegación de la seguridad en la agencia policial, sin otra conducción política que el señalamiento tácito o explícito de la brecha social como territorio de su acción represiva, con algunos esporádicos intentos de reforma y la posterior restauración del esquema anterior. Lo fundamental no es el signo político del gobernador, porque el problema subyacente es estructural. Los dos presidentes Kirchner son los que mejor se aproximaron al abordaje de cada uno de esos problemas, pero en esta materia nada es suficiente. Las retenciones diferenciales para estimular otros cultivos que resistan el avance de la soja; la reindustrialización y el mejoramiento del empleo formal (que en los últimos años se estancó, en especial entre los jóvenes); la construcción de viviendas y los créditos blandos para ello; la oferta a precios accesibles de terrenos con los servicios básicos, la duplicación del universo alcanzado por el sistema jubilatorio, la transferencia directa de ingresos por medio de la asignación por cada hijo menor de 18 años, el regreso al sistema educativo de grandes contingentes que habían quedado al margen, el mayor control de las fuerzas de seguridad, el cuestionamiento a la lógica fallida de la “guerra a las drogas” son pasos apreciables. Pero no han tenido la extensión, la densidad y la persistencia necesarias para romper con la inercia favorable a los poderosos intereses que prosperan con el estado de cosas vigente, por lo cual la regresión es siempre posible. Las dificultades son enormes y se manifiestan de muy distintas formas. La resistencia a las retenciones casi acaba con el gobierno de CFK en 2008 y los intentos de reducir la gravitación del comercio exterior de soja están limitados por la importancia de los ingresos que permiten sostener los programas sociales, exhibiendo el peligro de impulsar una política de reparación con el mismo motor que dio fuerza al daño. Mientras otros países de la región han reprimarizado sus economías, en la Argentina creció la significación de las Manufacturas de Origen Industrial, pero el déficit de la balanza comercial de esas MOI consume la mayor parte del superávit total. La relación con las fuerzas de seguridad osciló entre la laxitud y el control por parte del poder político, según de qué ministrx dependieran. Esto impidió consolidar una política, si bien la diferencia con las fuerzas provinciales es sideral, aún en el peor momento. Desde la gestión de Aníbal Fernández hasta la de Sergio Berni, el gobierno nacional ha objetado el paradigma estadounidense de la denominada guerra contra las drogas, cuyo fracaso es ostensible. Sin embargo, hasta ahora no ha derogado la ley que penaliza la tenencia para el consumo, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia la considera inconstitucional, no ha puesto en cuestión que se haya provincializado la represión del comercio minorista de estupefacientes, ni ha sabido crear una Agencia Nacional, como la que Gran Bretaña acaba de establecer, con cuatro comandos y sus respectivas áreas de responsabilidad: criminalidad organizada, delincuencia económica, fronteras y explotación infantil/protección online.
Las dos Córdobas
Según el periodista cordobés Dante Leguizamón, en el oeste de la ciudad y en la zona cercana al acuartelamiento fue evidente la organización y coordinación de los saqueos por la propia policía. Primero pasaban motos cuyos tripulantes sólo rompían las vidrieras, detrás otras motos que precedían a unas camionetas muy chetas en las que comenzaba a cargarse la mercadería saqueada, y recién después el contagio generalizado. Una vez cerrado el acuerdo con la aceptación de todas las condiciones de los alzados, De la Sota los envió a que hicieran lo que mejor saben y más les gusta. Como en una intensificación de la práctica cotidiana, usaron los peores modales para recuperar parte de los bienes robados en la zona que antes habían liberado. El antropólogo Pablo Semán tampoco cree en la espontaneidad del saqueo, pero prefiere detenerse sobre las condiciones estructurales que lo hacen posible. Especializado en temas de cultura popular, viaja a Córdoba varias veces por año. Es hijo del militante detenido-desaparecido Elías Semán, y vivió allí durante parte de su infancia, lo cual refuerza el interés de su visión. Semán compara con los bantustanes sudafricanos las ciudades dormitorio, o satélite, surgidas de la erradicación de villas que ocupaban terrenos apetecidos por la especulación inmobiliaria y del boom de la soja y la consolidación de la industria automotriz. Sus jóvenes pobladores son víctimas de retenes policiales sistemáticos “por portación de edad, cara, o zapatillas inconsistentes con el prejuicio del observador”, dice Semán. También el ex diputado radical y ex fiscal de Estado Miguel Ortiz Pellegrini dijo que las escenas nocturnas, con disparos que se escuchaban en diversos puntos de la ciudad, le hicieron recordar “a las películas del Apartheid”. La diferencia es que él representó en las negociaciones a los policías sublevados. Cada vez que Semán viaja a Córdoba le asombra “la debilidad relativa de la presencia numérica de aquellos sujetos que el racismo impiadoso de Córdoba podía llamar negrazones”, que fueron segregados en esas ciudades dormitorio. “En tiempos normales en Córdoba hay mucha policía en la calle.” Esa “gendarmería permanente, beligerante y numerosa” constituye un factor vital del orden social imperante, que aisló a los negros en las ciudades dormitorio. “Y es de esperar que si se ausenta, ese orden no funcione en automático.” La contraparte es Nueva Córdoba, “barrio emblemático de los beneficios del boom de la soja, con verdulerías decoradas al modo de Nueva York, vinerías finas, panaderías francesas, fotocopiadoras de lujo, casas de ropa de marca y locales nocturnos para la diversión de miles de estudiantes que vienen desde las prósperas localidades vinculadas a la expansión del agronegocio”. Esa población de estudiantes “no gasta menos de 20.000 pesos mensuales y viaja habitualmente a Estados Unidos, Europa y el Caribe”. Allí, hasta en los “puestos viles”, como dependientes de almacén, repositores o asistentes de limpieza se ve la presencia dominante de hijos de colonos gringos, más pobres, pero blancos. “La policía garantizaba ese orden, que se aceitaba con los recursos que el narcotráfico le derivaba a la policía y que ha perdido transitoriamente su lubricante”, a raíz de las denuncias sobre el narcoescándalo que lesionaron el pacto de delegación y gobernabilidad con el gobierno provincial (esto último no es cosecha de Semán sino propia). Cuando el reaseguro policial desaparece, emerge el carácter masivo del horror. “La Córdoba dividida y desigualada a la fuerza ha mostrado por un segundo la arquitectura y el dolor generalmente enmudecidos de su constitución social”, concluye el calificado observador.
El boom y el bang
Ciudad del boom, ciudad del bang es el título del documental de Martín Céspedes que puede verse en Internet (http://www.youtube.com/watch?v=si952Ed7Vu0). Se refiere a Rosario y su zona de influencia, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez y Arroyo Seco, con datos oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos de la Gobernación de Santa Fe y del Club de Investigaciones Urbanas. Desde la crisis de 2001 y los presuntos asados de gato, hasta 2007, la extraordinaria renta sojera pobló la costa de edificios de lujo. Los permisos para construir esos edificios denominados multivivienda, con y sin locales, se multiplicaron por 7,6 comparando 2001 con 2007 y por cinco con 2012. Entre 2005 y 2013 la Municipalidad de Rosario autorizó la construcción de 3,6 millones de metros cuadrados, de los cuales el 79 por ciento en la zona céntrica. Esto representa el 14 por ciento de la superficie total del distrito. Esa es la ciudad abarcelonada que se muestra a los turistas, cuyo aflujo se duplicó. Pero según el censo nacional de 2010, casi el 20 por ciento de las viviendas particulares están vacías. Si allí se ve el boom, el bang se escucha al norte y al sur de la ciudad, donde se amontonan como pueden los desalojados por el movimiento de pinzas entre el avance de las tierras rurales y el de los barrios privados. Villa Moreno, en la periferia sur, desemboca “en un casino cinco estrellas con palmeras imitación Miami”, sostiene el documental, que la califica como zona liberada por los transas. “La vida narco proyecta imágenes de felicidad fulgurante para los miles de pibes de esta sociedad inflamada de consumo. También reparte plomo”, afirma otra placa. El dato no es secreto: con 183 homicidios, Rosario es la ciudad record del país. El film concluye con el inquietante vaticinio de un militante social del Bodegón Cultural casa de Pocho Lepratti: “El grado de violencia que crece en los barrios, en algún momento va a volver, lamentablemente de la peor manera”. Durante los 24 años de gobiernos justicialistas, la policía respondió a un esquema clásico que un funcionario judicial describe como “marcada de territorio o cancha, espacios y materias donde se podía delinquir y donde no, recaudación centralizada, distribución equitativa de lo producido por las economías delictuales y garantía de impunidad vía poder judicial controlado”.
Luego de los dos primeros años en que intentó romper con este esquema, controlar a la policía y modernizar la Justicia, Binner se rindió y designó como ministro de seguridad al director del registro civil, el abogado Alvaro Gaviola, sin la menor experiencia en la materia. “Esa fue una clara señal para la Policía Santafecina acerca de que había piedra libre para cualquier cosa. Y así ocurrió. Comenzó una feudalización de las cajas recaudatorias en las diversas áreas policiales. Obviamente, la que más comenzó a recaudar y a desmadrarse fue la de Drogas.” Este es el origen del descontrol, la multiplicación de la violencia y las muertes relacionadas con el control geográfico de la ciudad. Cuando la justicia y la policía federales comenzaron a desmantelarlo, Bonfatti denunció una injerencia del gobierno central. Hasta que le balearon la casa y entendió que el juego se estaba poniendo demasiado peligroso. “La ciudad estallada en los márgenes se cuela en la ciudad protegida, ciertos homicidios (que la prensa oficial llama ajustes de cuentas), aparecen rondando calles macro céntricas, y entonces el gobierno reacciona. La sangre no debe salpicar a la ciudad turística”, dice el funcionario judicial.
Aniversarios
Ayer se cumplieron tres años de la ocupación del Parque Indoamericano en la conurbanizada zona sur de la Ciudad Autónoma, donde se concentran la mayor cantidad de población por debajo del índice de pobreza, el más alto porcentaje de hogares hacinados, los mayores índices de precariedad en la construcción y de falta de acceso al agua de red y cloacas. Su motivo transparente fue el déficit habitacional, que afecta a cerca de medio millón de personas en la Capital y que permanece sin solución. La causa por la represión policial que causó la muerte de tres personas, no avanza. En cambio sí progresa la de la justicia porteña por usurpación contra los referentes sociales que en el peor momento de la crisis lograron abrir el diálogo con las autoridades políticas. La Nación y la Ciudad anunciaron entonces un plan conjunto de viviendas, pero tres años después ni siquiera definieron en qué terrenos se edificarían. Esta semana se cumplió además un año de la promulgación de la ley bonaerense de hábitat y vivienda, un moderno instrumento de regulación del uso de la tierra, que sin avasallar los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, contempla también la problemática angustiante de la vivienda popular. Pero el gobierno provincial primero resistió su sanción, luego demoró su publicación en el Boletín Oficial y aún no la reglamentó, con lo cual es como si no existiera. Ese es el problema central que nadie enfrenta y que torna tan vergonzoso como incomprensible que el gobierno nacional haya suprimido la función social de la propiedad del proyecto de reforma, unificación y modernización de los códigos civil y comercial de la Nación.
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