MEYSSAN / ¿Cuál es la estrategia de EEUU en Medio Oriente?
Publicado el 2/10/14
El brusco giro de la posición estadounidense en vísperas de la conferencia Ginebra 2 ha causado estupefacción. Washington ya no reclamaba una transición entre guerra y paz sino entre la Siria de Bachar al-Assad y otra diferente, bajo la dominación de Arabia Saudita. Thierry Meyssan estima que este cambio de posición tenía como objetivo desviar la atención de los medios hacia Siria mientras se negocia en secreto el tema de más interés para Estados Unidos: Palestina.
THIERRY MEYSSAN / VOLTAIRENET.ORG – Todos se preguntaron qué ha impedido a Estados Unidos iniciar, desde 2012, la aplicación del acuerdo concluido con Rusia en Ginebra aquel mismo año. Todos han sido testigos de las constantes dilaciones de Washington y de las incesantes contradicciones del secretario de Estado John Kerry en sus declaraciones. Todos recuerdan la evolución conciliadora de su discurso después de la crisis de las armas químicas y la convocación de Ginebra 2, seguida –para sorpresa general– de la declaración de los «Amigos de Siria» [1] y de su discurso inaugural en Montreux [2], donde planteó como único objetivo un cambio de régimen en Damasco, violando así los compromisos contraídos y provocando el fracaso de la conferencia. Eso, sin entrar a mencionar la composición monocromática de la delegación de la «oposición siria» y la anulación in extremis de la invitación que ya se había enviado a Irán.
Desde hace 3 años, Washington acusa diariamente a Bachar al-Assad de los peores crímenes sin lograr explicar el por qué del creciente respaldo de los sirios a sus instituciones (apoyo que actualmente se sitúa entre el 60 y el 88%, según los estimados). Y ahora, desde hace una semana, Washington denuncia a una facción de la «oposición siria», acusándola de estar preparando atentados contra Estados Unidos.
Como todos los años, el miércoles 29 de enero de 2014, el director nacional de la comunidad de inteligencia estadounidense, James Clapper, presentó a la Comisión senatorial a cargo de esos servicios, una síntesis sobre las amenazas que se ciernen sobre «América» [3]. Al referirse a Siria, Clapper dio cifras totalmente irreales sobre la composición de las fuerzas «rebeldes» afirmando que el 80% de sus miembros son moderados y, por lo tanto, aptos para recibir la ayuda militar que el Congreso estadounidense aprobó en su sesión secreta [4]. El señor Clapper subrayó principalmente que Siria se ha convertido en un imán para los terroristas de todo el planeta, y sorprendió a todos al declarar que algunos de ellos están preparándose para atacar Estados Unidos.
Varios senadores estadounidenses se reunieron, a puertas cerradas, con el secretario de Estado John Kerry al margen de la Conferencia de Munich sobre la seguridad. Dos de ellos, los republicanos John McCain y Lindsey Graham, revelaron a la prensa el contenido de la entrevista.
El domingo 2 de febrero de 2014, unos 15 senadores estadounidenses se reunieron con el secretario de Estado John Kerry al margen de la Conferencia sobre la Seguridad que se realizó en Munich. Dos de los participantes, John McCain y Lindsay Graham, hablaron del encuentro a los periodistas Fred Hiatt, del Washington Post [5]; Jeffrey Goldberg, de Bloomberg [6], y Josh Rogin, del The Daily Beast [7]. Según estos periodistas, el secretario de Estado reconoció ante los senadores que Washington ha fracasado en Siria y habló de entregas de armas letales a algunos «rebeldes».
Los voceros del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, respectivamente Jen Psaki y Jay Carney, se apresuraron a contradecir a los dos senadores. Pero no hay que dejarse engañar: el secretario de Estado, los dos senadores republicanos y los tres periodistas están preparando a la opinión pública para un viraje político.
El 4 de febrero, el Washington Post publicaba un editorial –sin firmar– llamando a reconsiderar la política estadounidense que ha fracasado en Siria [8]. El editorial concluye: «Con acción de la ONU o sin ella, ya es hora de que la administración Obama reconsidere cómo comprobar los crímenes [que se imputan al] régimen y la creciente amenaza [para Estados Unidos que se imputa a] al-Qaeda. Como al parecer reconoció el señor Kerry, por el momento no hay respuestas.»
¿Qué quiere decir esto?
Hace más de un año publiqué en el semanario ruso Odnako un largo artículo sobre las grandes líneas del acuerdo secreto sobre el Medio Oriente al que habían llegado Washington y Moscú [9]. Subrayaba yo en ese artículo que, para la Casa Blanca, lo importante en la región no era el petróleo, ni tampoco Siria, sino Israel. Barack Obama estaba dispuesto a renunciar a una parte de la influencia occidental en el Medio Oriente a cambio de la garantía rusa de protección para «el Estado judío».
Escribí entonces:
«Después de la estabilización de Siria, una conferencia internacional por una paz global entre Israel y sus vecinos debería desarrollarse en Moscú. Estados Unidos estima que no es posible negociar una paz separada entre Israel y Siria porque los sirios exigen, en nombre del arabismo, que se resuelva primero la cuestión de Palestina. Pero tampoco es posible una negociación de paz con los palestinos, debido a la extrema división que reina entre estos últimos, a menos que Siria se encargue de obligarlos a respetar un acuerdo aceptado por la mayoría. Por lo tanto, toda negociación debe tener un carácter global, según el modelo de la Conferencia de Madrid (realizada en 1991). Según esa hipótesis, Israel se retiraría lo más posible hacia sus fronteras de 1967 y los territorios palestinos se fusionarían con Jordania para conformar el Estado palestino definitivo, cuyo gobierno estaría en manos de la Hermandad Musulmana, lo cual haría esa solución aceptable para los actuales gobiernos árabes. Posteriormente, se devolvería a los sirios la meseta del Golán a cambio de que renunciaran al lago Tiberíades, conforme al esquema ya estudiado en 1999 durante las negociaciones de Shepherdstown. Y Siria se convertiría en garante del respeto de los tratados por la parte jordano-palestina.»
Todo parece indicar que la demora de Estados Unidos en la aplicación de sus compromisos, al igual que sus actuales contradicciones y el anuncio de un próximo cambio de su política, se debe a lo difícil que le está resultando avanzar simultáneamente en el tema palestino.
En la Conferencia sobre la Seguridad realizada en Munich, el secretario de Estado John Kerry insistió ante su auditorio, el 1º de febrero, en que lo más importante no es la paz en Siria sino en Palestina.
Esa fue, por demás, la prioridad que subrayó John Kerry durante la sesión de preguntas y respuestas que realizó públicamente junto con el embajador Wolfgang Ischinger en la conferencia de Munich, el 1º de febrero. Kerry declaró: «Todos tenemos un poderoso, poderoso interés en resolver ese conflicto. Donde quiera que voy en el mundo –y lo digo sin exagerar, en el Lejano Oriente, África o Latinoamérica– una de las primeras preguntas que me hace el ministro de Relaciones Exteriores, el primer ministro o el presidente es “¿Qué pueden hacer ustedes para ayudar a poner fin al conflicto israelo-palestino?”» [10].
En julio de 2013, John Kerry impuso a palestinos e israelíes un plazo de 9 meses para negociar la paz –o sea, antes de finales de abril de 2014. Una exigencia sorprendente. ¿Por qué fijar una fecha tope para un proceso de paz al que nunca se habían puesto límites de tiempo y que además se ha prolongado por 65 años? A menos que se considere que la paz en Palestina está vinculada a la paz en Siria.
El primer ministro de Jordania, Abdullah Ensur, explica al parlamento el estado de las negociaciones israelo-palestinas, el 2 de febrero de 2014.
El 2 de febrero de 2014, el primer ministro de Jordania, Abdullah Ensur, presentó al parlamento el estado de las negociaciones [11] insistiendo en el hecho que, por vez primera, las discusiones se desarrollan a puertas cerradas y que no se ha filtrado a la prensa prácticamente nada [12]. El primer ministro precisó además la posición del reino hachemita [13].
Abdullah Ensur, ex cuadro del Banco Mundial y del FMI, pretendía garantizar los intereses de su propio país, inicialmente creado por los británicos precisamente para resolver el problema palestino. Jordania está dispuesta a absorber la población palestina de Cisjordania y Gaza, pero no a cualquier precio. El rey Abdallah II parece haber aceptado otorgar la ciudadanía jordana, sin condición alguna para quien la solicite, a los 3 millones de palestinos que residen en Jordania y a los 4 millones de palestinos de los territorios. Se volvería así a la situación existente antes de la Guerra de los Seis Días, en 1967, cuando Jordania –no la OLP– representaba a los palestinos y su jurisdicción abarcaba Cisjordania y el este de Jerusalén.
A cambio de la concesión jordana anteriormente mencionada, el rey parece haber solicitado una ayuda internacional para financiar los derechos sociales de los 7 millones de posibles nuevos súbditos del reino hachemita. El primer ministro Abdullah Ensur habría situado el monto de esa ayuda entre 16 000 y 20 000 millones de dólares.
Se sabe, por otro lado, que –basándose en un documento escrito del puño y letra del presidente estadounidense Harry Truman– los negociadores árabes han rechazado la idea de reconocer Israel como «Estado judío» y Palestina como «Estado musulmán». Y decidieron que, en caso de reconocimiento mutuo entre ambos Estados, los 1,6 millones de palestinos que viven en territorio israelí y los 500 000 israelíes que viven en el Estado palestino puedan permanecer en esos lugares con la posibilidad de adoptar (o de conservar) la nacionalidad del territorio donde residen [14]. Mahmud Abbbas propuso que se desmilitarice Palestina y que la seguridad de esta última esté garantizada por una fuerza «neutral»… la OTAN. A pesar de lo anterior, el ejército israelí estaría autorizado a mantenerse en el valle del Jordán durante los primeros 5 años [15].
No sólo los gobiernos están implicados en esas negociaciones. Desde hace 2 años, y por iniciativa del Foro Económico Mundial de Davos, capitalistas palestinos e israelíes –bajo la presidencia de Munib R. Masri y de Yossi Vardi– hacen proyectos sobre cómo desarrollar la región con el dinero de la comunidad internacional. Más que a la defensa de los intereses de los pueblos implicados, esa iniciativa –llamada Breaking the Impasse– parece orientada sobre todo a favorecer los intereses personales de este grupo de capitalistas, contando con aleatorias promesas de donaciones internacionales.
Pero esos proyectos encuentran la oposición de los palestinos del exilio –quienes perderían todo esperanza de regreso– y de los Estados que los han acogido y respaldado, a pesar de que ninguno de esos países tiene actualmente reales posibilidades de oponerse a tales proyectos: Libia y Sudán están inmersos en sus propias guerras tribales, Egipto está enfrascado en su propia lucha contra la Hermandad Musulmana, el Líbano carece de gobierno y el Hezbollah ha tenido que entablar combate contra al-Qaeda, Siria enfrenta una invasión extranjera, Irak se halla en plena guerra civil e Irán está negociando. Convendría entonces que los palestinos adquiriesen la nacionalidad de los Estados donde residen, lo cual traería de inmediato nuevos problemas (por ejemplo, con el equilibrio comunitario en Líbano). En todo caso, si al-Fatah, el Hamas y Jordania llegasen a aceptar esa mala solución, ¿quién podría oponerse?
Por el momento, parece que el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, se comprometió en Munich a que su país reconociera el Estado de Israel en el marco de ese arreglo, afirmación desmentida de inmediato por su propio ministerio [16].
Después de haber garantizado el principio mismo del restablecimiento de la paz en Palestina, Washington aceptaría –¡por fin!– dejar tranquila a Siria, a condición de que esta apruebe y garantice la solución adoptada. Hasta entonces, prosigue la guerra. A pesar de que la delegación de la oposición presente en Ginebra ya reconoce que sólo controla unas cuantas «zonas liberadas», cuya población no debe pasar de 250 000 personas, el Congreso de Estados Unidos reunido en sesión secreta le ha concedido financiamiento y armamento ofensivo hasta el 30 de septiembre de 2014.
Thierry Meyssan
Fuente
Однако
11 feb 2014
10 feb 2014
Cuba y Estados Unidos, ¿callejón sin salida?
Cuba y Estados Unidos, ¿callejón sin salida?
06.02.2014
BOGOTÁ (IPS/Clara Nieto) - Estados Unidos despliega saña y frustración contra Cuba con motivo de la celebración de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en La Habana.
Estados Unidos y Canadá están excluidos en forma expresa de la Celac y demás organismos de integración suramericanos.
Cuando arrancó el 28 de enero la cumbre de dos días, un vocero anónimo del Departamento de Estado acusó a los participantes de "traición" a los principios democráticos, al "respaldar el sistema unipartidista del régimen cubano".
Añadió que lo encontraba "particularmente inexplicable para una organización cuyo supuesto apoyo a la democracia y a los derechos humanos quedó expresado en la Primera Cumbre", en Santiago, en enero de 2013.
Un motivo más de su frustración es la participación en la cumbre de La Habana de los secretarios generales de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
Nicolás Maduro, el presidente venezolano, respondió: "!Qué se traguen sus declaraciones!". Vio "amargura" en sus palabras. "Están derrotados por el poderoso espíritu unitario de América Latina y el Caribe", aseguró.
En efecto, el sostenido ascenso de Cuba en el ámbito continental es un trago amargo para Washington. América Latina ya no se pliega a sus mandatos. La inmensa mayoría de sus países mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con la isla, y las ahonda.
¿Puede Estados Unidos acusar al continente de "traición a la democracia y a los derechos humanos" mientras que apoyó a los golpistas de Honduras (2009) y de Paraguay (2012) contra sus presidentes constitucionales?
El presidente de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama respaldó al gobierno espurio de Porfirio Lobo, violento, antidemocrático y corrupto.
Igualmente apoya a su sucesor desde el 27 de enero, Juan Orlando Hernandez, partidario del golpe y hábil en propiciar ilegalidades contra su Corte Suprema de Justicia, en la que reemplazó en 2012 a cuatro de sus 15 magistrados, cuando era presidente del Congreso legislativo.
En ese país "democrático" la policía, los militares y el poder judicial son corruptos, comprometidos con el narcotráfico y el crimen organizado.
No obstante, Estados Unidos continúa dando multimillonario apoyo a esas fuerzas del orden represoras y corruptas. Bajo el mandato de Lobo (2010-2014), Honduras se convierte en el país más violento del mundo, con un índice de asesinatos, en 2011, de 91,6 homicidios por 100.000 personas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito afirma que en tres años ese índice ha aumentado 59 por ciento, según datos de noviembre.
El desinterés de Obama hacia sus aliados del Sur continental es evidente. Así lo expresó con dolor Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil (2003-2010), al hablar sobre el primer mandato del gobernante estadounidense (2009-2013).
El 28 de enero, en su discurso anual del Estado de la Unión, calificado como "disminuido" en un editorial por el New York Times, Obama dedicó solo un corto párrafo a "las Américas": "Hemos construido nuevos lazos comerciales y expandido las relaciones y educativas con intercambio de jóvenes". ¿Y las políticas?
No cumple con lo dicho en su primer encuentro con los mandatarios continentales en Trinidad y Tobago, en abril del 2009, en la V Cumbre de las Américas. Entonces, promete un diálogo con el continente y con Cuba, "de igual a igual".
Y a pesar de la insistencia de líderes latinoamericanos y de personajes estadounidenses, entre ellos el expresidente Jimmy Carter y el representante Jim McGovern, ambos demócratas, a favor de levantar el embargo a Cuba, lo mantiene. Tampoco retira a ese país de la lista de "estados terroristas", como todos le piden.
Cuba sigue siendo víctima de la persecución comercial y financiera que le impone el bloqueo económico por más de medio siglo.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, escoge a Cuba para negociar un acuerdo de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y dar fin al sangriento conflicto interno que este año cumple medio siglo, tema prioritario de su gobierno.
Las negociaciones están en proceso. Santos agradece la ayuda que prestan Fidel y Raúl Castro, y la que prestó Hugo Chávez, presidente de Venezuela entre 1999 y su muerte en marzo de 2013. Las califica de "cruciales".
Hay "optimismo cauto", dice Santos, mientras medios de comunicación reportan acuerdos importantes.
Respecto a las relaciones con Cuba y al embargo, hay que aclarar que levantarlo no depende solo del presidente estadounidense.
El Congreso legislativo, a través de los años, adopta un enjambre de duras leyes difíciles de deshacer. Además, los republicanos, con mayoría en la Cámara de Representantes desde el 2012, se oponen a cualquier concesión.
En su segundo cuatrienio, iniciado en enero de 2013, Obama está más libre frente a los republicanos. Dice que actuará por decreto cuando se opongan, aunque mejorar las relaciones con Cuba no está en su horizonte. Una de las condiciones de esas leyes, para levantar el embargo, es el cambio de régimen en La Habana.
Clara Nieto es escritora y diplomática, exembajadora de Colombia ante la ONU y autora del libro "Obama y la nueva izquierda latinoamericana".
06.02.2014
BOGOTÁ (IPS/Clara Nieto) - Estados Unidos despliega saña y frustración contra Cuba con motivo de la celebración de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en La Habana.
Estados Unidos y Canadá están excluidos en forma expresa de la Celac y demás organismos de integración suramericanos.
Cuando arrancó el 28 de enero la cumbre de dos días, un vocero anónimo del Departamento de Estado acusó a los participantes de "traición" a los principios democráticos, al "respaldar el sistema unipartidista del régimen cubano".
Añadió que lo encontraba "particularmente inexplicable para una organización cuyo supuesto apoyo a la democracia y a los derechos humanos quedó expresado en la Primera Cumbre", en Santiago, en enero de 2013.
Un motivo más de su frustración es la participación en la cumbre de La Habana de los secretarios generales de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
Nicolás Maduro, el presidente venezolano, respondió: "!Qué se traguen sus declaraciones!". Vio "amargura" en sus palabras. "Están derrotados por el poderoso espíritu unitario de América Latina y el Caribe", aseguró.
En efecto, el sostenido ascenso de Cuba en el ámbito continental es un trago amargo para Washington. América Latina ya no se pliega a sus mandatos. La inmensa mayoría de sus países mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con la isla, y las ahonda.
¿Puede Estados Unidos acusar al continente de "traición a la democracia y a los derechos humanos" mientras que apoyó a los golpistas de Honduras (2009) y de Paraguay (2012) contra sus presidentes constitucionales?
El presidente de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama respaldó al gobierno espurio de Porfirio Lobo, violento, antidemocrático y corrupto.
Igualmente apoya a su sucesor desde el 27 de enero, Juan Orlando Hernandez, partidario del golpe y hábil en propiciar ilegalidades contra su Corte Suprema de Justicia, en la que reemplazó en 2012 a cuatro de sus 15 magistrados, cuando era presidente del Congreso legislativo.
En ese país "democrático" la policía, los militares y el poder judicial son corruptos, comprometidos con el narcotráfico y el crimen organizado.
No obstante, Estados Unidos continúa dando multimillonario apoyo a esas fuerzas del orden represoras y corruptas. Bajo el mandato de Lobo (2010-2014), Honduras se convierte en el país más violento del mundo, con un índice de asesinatos, en 2011, de 91,6 homicidios por 100.000 personas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito afirma que en tres años ese índice ha aumentado 59 por ciento, según datos de noviembre.
El desinterés de Obama hacia sus aliados del Sur continental es evidente. Así lo expresó con dolor Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil (2003-2010), al hablar sobre el primer mandato del gobernante estadounidense (2009-2013).
El 28 de enero, en su discurso anual del Estado de la Unión, calificado como "disminuido" en un editorial por el New York Times, Obama dedicó solo un corto párrafo a "las Américas": "Hemos construido nuevos lazos comerciales y expandido las relaciones y educativas con intercambio de jóvenes". ¿Y las políticas?
No cumple con lo dicho en su primer encuentro con los mandatarios continentales en Trinidad y Tobago, en abril del 2009, en la V Cumbre de las Américas. Entonces, promete un diálogo con el continente y con Cuba, "de igual a igual".
Y a pesar de la insistencia de líderes latinoamericanos y de personajes estadounidenses, entre ellos el expresidente Jimmy Carter y el representante Jim McGovern, ambos demócratas, a favor de levantar el embargo a Cuba, lo mantiene. Tampoco retira a ese país de la lista de "estados terroristas", como todos le piden.
Cuba sigue siendo víctima de la persecución comercial y financiera que le impone el bloqueo económico por más de medio siglo.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, escoge a Cuba para negociar un acuerdo de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y dar fin al sangriento conflicto interno que este año cumple medio siglo, tema prioritario de su gobierno.
Las negociaciones están en proceso. Santos agradece la ayuda que prestan Fidel y Raúl Castro, y la que prestó Hugo Chávez, presidente de Venezuela entre 1999 y su muerte en marzo de 2013. Las califica de "cruciales".
Hay "optimismo cauto", dice Santos, mientras medios de comunicación reportan acuerdos importantes.
Respecto a las relaciones con Cuba y al embargo, hay que aclarar que levantarlo no depende solo del presidente estadounidense.
El Congreso legislativo, a través de los años, adopta un enjambre de duras leyes difíciles de deshacer. Además, los republicanos, con mayoría en la Cámara de Representantes desde el 2012, se oponen a cualquier concesión.
En su segundo cuatrienio, iniciado en enero de 2013, Obama está más libre frente a los republicanos. Dice que actuará por decreto cuando se opongan, aunque mejorar las relaciones con Cuba no está en su horizonte. Una de las condiciones de esas leyes, para levantar el embargo, es el cambio de régimen en La Habana.
Clara Nieto es escritora y diplomática, exembajadora de Colombia ante la ONU y autora del libro "Obama y la nueva izquierda latinoamericana".
Intentos de recuperar privilegios del pasado
Intentos de recuperar privilegios del pasado
Artículo publicado por: Carlos Heller
Tiempo Argentino | Panorama Económico
La especulación frente al mercado cambiario
Cómo buscan trasladar a los precios la devaluación.
Las tensiones del mercado cambiario forman parte de un entramado complejo en el que se vislumbran con claridad las pretensiones de un sector minoritario de la sociedad que, por todos los medios, intenta recuperar los privilegios del pasado y los resortes fundamentales de las políticas públicas, hoy gestionadas por un gobierno que en los últimos diez años ha logrado avances importantes en el plano no sólo económico sino también político, social y cultural.
En este contexto, algunos sectores identificaron a la devaluación como una oportunidad inigualable para incrementar su participación en el reparto de la renta, en detrimento de quienes perciben ingresos fijos en pesos, como es el caso de los trabajadores. Esta postura se vio cristalizada a partir de la intención de algunos empresarios, que buscaron aprovecharse incrementando sus precios en una proporción semejante a la variación del dólar; un comportamiento que se refuerza en aquellos segmentos que son liderados por unas pocas empresas. El sesgo es aún mayor en los sectores con predominio del capital transnacional, ya que en un contexto de crisis de las economías centrales, las empresas buscan maximizar la remisión de divisas al exterior, en línea con los objetivos de las casas matrices.
Respecto de esto último, resulta ilustrativo un informe de la CEPAL donde se señala que “los beneficios que las empresas transnacionales obtienen de sus operaciones en América Latina y el Caribe se incrementaron 5,5 veces en nueve años, pasando de 20.425 millones de dólares en 2002 a 113.067 millones en 2011″. La CEPAL pone en duda algunos de los mentados beneficios que otorgaría el capital foráneo, al sostener que “el crecimiento tan marcado de estas utilidades –también denominadas renta de IED–, tiende a neutralizar el efecto positivo que produce el ingreso de la inversión extranjera directa sobre la balanza de pagos”. De hecho, presenta un dato categórico respecto del saldo que las transnacionales le dejan a la región, al sostener que “durante los últimos años los egresos registrados como renta de IED alcanzaron casi el mismo nivel (92%) que los ingresos como flujos de IED”, lo cual significa que las utilidades prácticamente financiaron la totalidad de la inversión.
Con atención a la existencia de comportamientos oportunistas en materia de precios, el pasado miércoles el gobierno nacional recurrió al uso de algunos de los instrumentos legales que están a su alcance, como son las leyes de Lealtad Comercial y de Defensa de la Competencia, labrando 31 actas de infracción a empresas. Sobresale el caso de algunas del segmento electrónico, donde se constataron incrementos de entre el 15 y 20%, luego de la devaluación. La medida también alcanzó a supermercados en los que se comprobó falta de abastecimiento, o fallas en la exhibición de los precios, violando las condiciones del acuerdo de Precios Cuidados.
Este accionar enérgico de las autoridades fue la antesala del acuerdo al que se arribó con las empresas alimenticias y de insumos de uso difundido para que retrotrajeran los valores a los del 21 de enero, mientras que se autorizó un tope de suba del 7,5% en artículos de electrónica y electrodomésticos, respecto de los de finales de 2013.
De esta forma se busca contener el traslado automático e injustificado a precios de la devaluación, mientras se sigue analizando el funcionamiento de la cadena de valor de los distintos bienes, para monitorear el verdadero impacto en los costos de las empresas, tarea que sólo puede ser realizada por un Estado presente que vele por la defensa del interés general.
En sintonía con lo anterior, la férrea decisión del gobierno apunta, además, a evitar que se vea erosionada la política de tipo de cambio administrado, ya que el actual valor de convergencia, en torno a los 8 pesos, debería servir para incrementar la competitividad de las exportaciones y, en particular, para que las ventas retenidas comiencen a fluir, así como también para que los importadores disminuyan su propensión a adelantar los pagos. Todo esto ayudaría a reducir las presiones sobre las reservas del Banco Central.
A sabiendas de ello, no resulta casual que se trate de instalar la idea de que se precisarán devaluaciones adicionales. Por caso, un miembro de la Mesa de Enlace señaló que el dólar a $ 8 no es un “incentivo” para que los productores de granos liquiden sus cosechas y que “por ahora” los pequeños productores no venderán sus bienes al exterior. Por su parte, la agencia Moody´s señaló que el peso se devaluará en el año otro 50%, hasta los 12 pesos. Una simple cuenta nos permite ver que este número toma en consideración los valores del dólar ilegal, segmento que esta semana prácticamente no registró operaciones, pero que igual registró aumentos en su cotización; una situación que revela el profundo sentido desestabilizador que está en la base de su comportamiento y de quienes lo informan.
En este contexto, es preciso seguir profundizando las políticas públicas que minimicen los impactos en la puja distributiva y permitan resistir los avances de los que buscan sacar tajada de los episodios de incertidumbre. Si bien la existencia de un Estado presente es sin dudas una diferencia importante con relación a devaluaciones que se dieron en el pasado, también será necesario contar con la activa participación de la población, defendiendo las políticas que se llevan adelante, como señaló esta semana la presidenta Cristina Fernández.
LA PUJA EN CLAVE GLOBAL. Con las características de cada caso, las tensiones en torno a la distribución del ingreso también se observan a lo largo del amplio espectro de funcionamiento del capitalismo global. Los sucesos que se han venido registrando en los países desarrollados desde la crisis de las hipotecas constituyen un interesante laboratorio para visualizar que, en ausencia de Estados consustanciados con los intereses de las mayorías, los episodios de inestabilidad y crisis tienden en algún momento a redundar en una mayor inequidad en la distribución de los ingresos. Por caso, según un informe reciente de la organización Oxfam, en Estados Unidos se verificó que durante el período 2010-2012, posterior a la crisis financiera, el 1% más rico de la población acumuló el 95% del crecimiento, una cifra que supera con creces el ya escandaloso valor que promedió en el amplio período que va de 1993 a 2012 (68%).
Según Oxfam, la concentración de los recursos en pocas manos determina, a su vez, “la apropiación de los procesos políticos y democráticos por parte de las élites económicas”, con efectos notables que afectan por igual a países ricos y pobres. A nivel prospectivo, las conclusiones del informe son importantes ya que allí se señala que “a menos que se adopten soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la política, los gobiernos trabajarán a favor de los intereses de los ricos, y las desigualdades políticas y económicas seguirán aumentando”.
En este contexto, cabe resaltar lo ocurrido en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en la Habana, donde Cuba culminó su presidencia pro témpore. La CELAC nuclea a 33 países de la región, y a diferencia de la OEA incorpora en su seno a Cuba, mientras que excluye a Estados Unidos y Canadá. El encuentro permitió reafirmar el convencimiento acerca de la necesidad de avanzar hacia la unidad y la integración, respetando la diversidad y el derecho soberano, promoviendo, tal como se plasma en la Declaración Final, “una visión de desarrollo integral e inclusivo, que garantice el desarrollo sostenible y productivo, en armonía con la naturaleza”. También se hizo alusión a la necesidad de implementar políticas concretas para la erradicación del hambre y la pobreza. En materia de soberanía también se pueden extraer pasajes interesantes de ese documento, ya que se rechaza la inclusión de Cuba como Estado que promueve el terrorismo internacional, una clara señal de no alineamiento con Estados Unidos, a la vez que también se tomó partido explícito a favor de la postura argentina en torno a la cuestión de Malvinas.
En uno de los tramos se sostiene que, en atención a los litigios internacionales “se debe evaluar la posibilidad de que nuestra región se dote de mecanismos apropiados para la solución de controversias con inversores extranjeros”, una postura valiosa que deberá trabajarse para comenzar a desatar los lazos que imponen tribunales como el CIADI, una institución que está en clara sintonía con los intereses de las empresas multinacionales. También se incluyó la propuesta argentina acerca de la necesidad de establecer políticas para “una regulación más estricta y efectiva de las grandes entidades financieras” y para “reducir la dependencia excesiva de las evaluaciones de las agencias calificadoras de riesgo”.
En síntesis, un encuentro que nos remite a la necesidad de que los pueblos de Nuestra América sigan profundizando los lazos de hermandad e integración, poniendo en el centro de la escena el rol crucial que le cabe a las políticas públicas por sobre los mecanismos de mercado, como forma de conducir a la región hacia un sendero de desarrollo con igualdad social.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 2 de Febrero de 2014.
Artículo publicado por: Carlos Heller
Tiempo Argentino | Panorama Económico
La especulación frente al mercado cambiario
Cómo buscan trasladar a los precios la devaluación.
Las tensiones del mercado cambiario forman parte de un entramado complejo en el que se vislumbran con claridad las pretensiones de un sector minoritario de la sociedad que, por todos los medios, intenta recuperar los privilegios del pasado y los resortes fundamentales de las políticas públicas, hoy gestionadas por un gobierno que en los últimos diez años ha logrado avances importantes en el plano no sólo económico sino también político, social y cultural.
En este contexto, algunos sectores identificaron a la devaluación como una oportunidad inigualable para incrementar su participación en el reparto de la renta, en detrimento de quienes perciben ingresos fijos en pesos, como es el caso de los trabajadores. Esta postura se vio cristalizada a partir de la intención de algunos empresarios, que buscaron aprovecharse incrementando sus precios en una proporción semejante a la variación del dólar; un comportamiento que se refuerza en aquellos segmentos que son liderados por unas pocas empresas. El sesgo es aún mayor en los sectores con predominio del capital transnacional, ya que en un contexto de crisis de las economías centrales, las empresas buscan maximizar la remisión de divisas al exterior, en línea con los objetivos de las casas matrices.
Respecto de esto último, resulta ilustrativo un informe de la CEPAL donde se señala que “los beneficios que las empresas transnacionales obtienen de sus operaciones en América Latina y el Caribe se incrementaron 5,5 veces en nueve años, pasando de 20.425 millones de dólares en 2002 a 113.067 millones en 2011″. La CEPAL pone en duda algunos de los mentados beneficios que otorgaría el capital foráneo, al sostener que “el crecimiento tan marcado de estas utilidades –también denominadas renta de IED–, tiende a neutralizar el efecto positivo que produce el ingreso de la inversión extranjera directa sobre la balanza de pagos”. De hecho, presenta un dato categórico respecto del saldo que las transnacionales le dejan a la región, al sostener que “durante los últimos años los egresos registrados como renta de IED alcanzaron casi el mismo nivel (92%) que los ingresos como flujos de IED”, lo cual significa que las utilidades prácticamente financiaron la totalidad de la inversión.
Con atención a la existencia de comportamientos oportunistas en materia de precios, el pasado miércoles el gobierno nacional recurrió al uso de algunos de los instrumentos legales que están a su alcance, como son las leyes de Lealtad Comercial y de Defensa de la Competencia, labrando 31 actas de infracción a empresas. Sobresale el caso de algunas del segmento electrónico, donde se constataron incrementos de entre el 15 y 20%, luego de la devaluación. La medida también alcanzó a supermercados en los que se comprobó falta de abastecimiento, o fallas en la exhibición de los precios, violando las condiciones del acuerdo de Precios Cuidados.
Este accionar enérgico de las autoridades fue la antesala del acuerdo al que se arribó con las empresas alimenticias y de insumos de uso difundido para que retrotrajeran los valores a los del 21 de enero, mientras que se autorizó un tope de suba del 7,5% en artículos de electrónica y electrodomésticos, respecto de los de finales de 2013.
De esta forma se busca contener el traslado automático e injustificado a precios de la devaluación, mientras se sigue analizando el funcionamiento de la cadena de valor de los distintos bienes, para monitorear el verdadero impacto en los costos de las empresas, tarea que sólo puede ser realizada por un Estado presente que vele por la defensa del interés general.
En sintonía con lo anterior, la férrea decisión del gobierno apunta, además, a evitar que se vea erosionada la política de tipo de cambio administrado, ya que el actual valor de convergencia, en torno a los 8 pesos, debería servir para incrementar la competitividad de las exportaciones y, en particular, para que las ventas retenidas comiencen a fluir, así como también para que los importadores disminuyan su propensión a adelantar los pagos. Todo esto ayudaría a reducir las presiones sobre las reservas del Banco Central.
A sabiendas de ello, no resulta casual que se trate de instalar la idea de que se precisarán devaluaciones adicionales. Por caso, un miembro de la Mesa de Enlace señaló que el dólar a $ 8 no es un “incentivo” para que los productores de granos liquiden sus cosechas y que “por ahora” los pequeños productores no venderán sus bienes al exterior. Por su parte, la agencia Moody´s señaló que el peso se devaluará en el año otro 50%, hasta los 12 pesos. Una simple cuenta nos permite ver que este número toma en consideración los valores del dólar ilegal, segmento que esta semana prácticamente no registró operaciones, pero que igual registró aumentos en su cotización; una situación que revela el profundo sentido desestabilizador que está en la base de su comportamiento y de quienes lo informan.
En este contexto, es preciso seguir profundizando las políticas públicas que minimicen los impactos en la puja distributiva y permitan resistir los avances de los que buscan sacar tajada de los episodios de incertidumbre. Si bien la existencia de un Estado presente es sin dudas una diferencia importante con relación a devaluaciones que se dieron en el pasado, también será necesario contar con la activa participación de la población, defendiendo las políticas que se llevan adelante, como señaló esta semana la presidenta Cristina Fernández.
LA PUJA EN CLAVE GLOBAL. Con las características de cada caso, las tensiones en torno a la distribución del ingreso también se observan a lo largo del amplio espectro de funcionamiento del capitalismo global. Los sucesos que se han venido registrando en los países desarrollados desde la crisis de las hipotecas constituyen un interesante laboratorio para visualizar que, en ausencia de Estados consustanciados con los intereses de las mayorías, los episodios de inestabilidad y crisis tienden en algún momento a redundar en una mayor inequidad en la distribución de los ingresos. Por caso, según un informe reciente de la organización Oxfam, en Estados Unidos se verificó que durante el período 2010-2012, posterior a la crisis financiera, el 1% más rico de la población acumuló el 95% del crecimiento, una cifra que supera con creces el ya escandaloso valor que promedió en el amplio período que va de 1993 a 2012 (68%).
Según Oxfam, la concentración de los recursos en pocas manos determina, a su vez, “la apropiación de los procesos políticos y democráticos por parte de las élites económicas”, con efectos notables que afectan por igual a países ricos y pobres. A nivel prospectivo, las conclusiones del informe son importantes ya que allí se señala que “a menos que se adopten soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la política, los gobiernos trabajarán a favor de los intereses de los ricos, y las desigualdades políticas y económicas seguirán aumentando”.
En este contexto, cabe resaltar lo ocurrido en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en la Habana, donde Cuba culminó su presidencia pro témpore. La CELAC nuclea a 33 países de la región, y a diferencia de la OEA incorpora en su seno a Cuba, mientras que excluye a Estados Unidos y Canadá. El encuentro permitió reafirmar el convencimiento acerca de la necesidad de avanzar hacia la unidad y la integración, respetando la diversidad y el derecho soberano, promoviendo, tal como se plasma en la Declaración Final, “una visión de desarrollo integral e inclusivo, que garantice el desarrollo sostenible y productivo, en armonía con la naturaleza”. También se hizo alusión a la necesidad de implementar políticas concretas para la erradicación del hambre y la pobreza. En materia de soberanía también se pueden extraer pasajes interesantes de ese documento, ya que se rechaza la inclusión de Cuba como Estado que promueve el terrorismo internacional, una clara señal de no alineamiento con Estados Unidos, a la vez que también se tomó partido explícito a favor de la postura argentina en torno a la cuestión de Malvinas.
En uno de los tramos se sostiene que, en atención a los litigios internacionales “se debe evaluar la posibilidad de que nuestra región se dote de mecanismos apropiados para la solución de controversias con inversores extranjeros”, una postura valiosa que deberá trabajarse para comenzar a desatar los lazos que imponen tribunales como el CIADI, una institución que está en clara sintonía con los intereses de las empresas multinacionales. También se incluyó la propuesta argentina acerca de la necesidad de establecer políticas para “una regulación más estricta y efectiva de las grandes entidades financieras” y para “reducir la dependencia excesiva de las evaluaciones de las agencias calificadoras de riesgo”.
En síntesis, un encuentro que nos remite a la necesidad de que los pueblos de Nuestra América sigan profundizando los lazos de hermandad e integración, poniendo en el centro de la escena el rol crucial que le cabe a las políticas públicas por sobre los mecanismos de mercado, como forma de conducir a la región hacia un sendero de desarrollo con igualdad social.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 2 de Febrero de 2014.
9 feb 2014
Ese botón no se toca
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08 FEBRERO 2014
ESCRITO POR: SAMUEL BLIXEN
Dura polémica entre Constanza Moreira y Fernández Huidobro por presupuesto militar
¿Dónde están los verdaderos enemigos para algunos gobernantes; en qué lado de la vereda están parados? Alguien podría suponer que los agravios del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, a la senadora Constanza Moreira, precandidata del fa a la Presidencia, reflejan la temperatura de la lucha intestina en la coalición progresista. Sin embargo, la reacción intempestiva del “Ñato” ante la opinión de Moreira de que es imperativo reducir el presupuesto militar sugiere posturas políticas –y compromisos– que van más allá de una tensión preelectoral.
Se supone que los “compañeros” tienen códigos –de respeto, de honestidad– para dirimir las diferencias internas. Sin embargo, el ministro Fernández Huidobro se permitió calificar de “ignorante” a la senadora Moreira en un intercambio con periodistas y en presencia del general Juan Villagrán, que acababa de asumir como comandante en jefe del Ejército (y que en su discurso, dicho sea de paso, remachó un “punto final” para la cuestión de los desaparecidos, lo que no está fuera de contexto). La senadora había escrito una columna sobre el presupuesto militar (“Fuerzas Armadas: los puntos sobre las íes”) y los periodistas le preguntaron a Fernández Huidobro qué opinión le merecía. “Los que dicen que el Ejército no sirve absolutamente para nada es un insulto y una ignorancia tremenda, supina. No voy a aceptar que se diga esto; esta posición salió derrotada por paliza en el Congreso.”
En esta ocasión el ministro parece haber ido más allá de su conocido estilo revulsivo; sus afirmaciones contienen dos inexactitudes, de ninguna manera accidentales: Moreira no argumentó, en ningún momento, que las Fuerzas Armadas no sirvieran para nada (fundamentó, en cambio, que sus dimensiones son excesivas en tiempos de paz, sin enemigos a la vista, y con otras prioridades sociales); y tampoco es cierto que la posición de reducir el presupuesto militar fuera derrotada por paliza en el Congreso del fa.
De hecho, hasta último momento las propuestas de la Comisión de Programa referidas a las Fuerzas Armadas –sobre reducción del presupuesto y sobre modificación de la estructura de jubilaciones militares– contaban con el respaldo de los delegados del mpp, el Partido Socialista, el pvp, el Partido Comunista y la Vertiente Artiguista. Pero en las instancias decisivas, al Congreso –según explicó la senadora a En perspectiva, de radio El Espectador– “no le dio la energía, de la misma manera que no le dio para el 6 por ciento de la educación, se quedó unos pasos antes de asumir compromisos”, en referencia a la reducción de efectivos militares y a la modificación de la ley orgánica. En realidad no flaqueó la energía entre los congresales; fue la arremetida de último momento de los dirigentes, que impusieron su voluntad, como lo vienen haciendo sistemáticamente.
La dificultad para justificar que el Ministerio de Defensa (mnd) concentre una porción del presupuesto equivalente a los presupuestos de Vivienda, Transporte y cancillería juntos, activa esa tendencia, cada vez más frecuente, a descalificar con consignas, como lo hizo el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti al propinarle el mote de “voluntaristas seudorradicales” a los militantes del grupo Ir que compartían las inquietudes de Moreira. En la escalada, el ministro arremetió contra la senadora y entonces la lucha intestina se desbordó con la reacción del diputado del pvp Luis Puig, quien comentó que Fernández Huidobro atacaba a Constanza Moreira “con la misma fuerza que defiende a los asesinos y torturadores”.
VACANTES Y AUMENTOS. Por más que los decibeles de la controversia respondan a la coyuntura preelectoral, hay una base objetiva que desnuda las contradicciones del Frente Amplio respecto de las Fuerzas Armadas y de los militares. En una carta dirigida a la Mesa Política del Frente Amplio en octubre de 2012, la senadora del Espacio 609 reclamaba la definición de una política concreta en relación con las Fuerzas Armadas, para ser analizada y aprobada en el Congreso que definiría el programa del fa para las elecciones de 2014. Señalaba: “Siempre se produce un desfase entre los compromisos programáticos y la plataforma electoral. Eso sucedió, por ejemplo, con la prioridad asignada a la seguridad pública en el presupuesto de este período. Durante la campaña electoral, el comando de campaña (que yo integraba) decidió esta prioridad presupuestal, que luego fue aprobada en alguna instancia política, y terminó condicionando los cinco años de gobierno”. Constanza Moreira quería evitar “los problemas de negociación entre ministerios (y ministros con distinto poder de negociación) y el rol del Parlamento como mediador entre organismos y Estado (con la decisión en última ratio del Ministerio de Economía)”.
Así ocurrió con los “ahorros” en el presupuesto de Defensa, una situación que detalló en la carta y que reiteró en la Comisión de Presupuesto del Senado. La sana política de no llenar las vacantes tuvo una excepción con el mnd, que la senadora calificó de “privilegio que ningún otro ministerio conserva”. El Parlamento autorizó que el ahorro producido con las vacantes se destinara al aumento de los sueldos más sumergidos, con lo que el peso presupuestal del ministerio seguía siendo el mismo (aunque de hecho se incrementó con partidas adicionales.)
En 2010 se produjeron 854 vacantes, de modo que en 2011 se incrementaron los salarios de los escalafones inferiores, y un soldado pasó a ganar 13.557 pesos mensuales. Pero el ahorro de las 1.415 vacantes producidas en 2011 fue destinado en 2012 a incrementar los sueldos de los oficiales superiores. El aumento en el sueldo de un comandante fue superior al total del sueldo de un soldado; los generales recibieron 12.049 pesos de aumento y los coroneles 9.700. En total –y aun con las notables diferencias dentro del escalafón entre oficiales y soldados– los militares recibieron un aumento del 22 por ciento por encima del 8,60 que el gobierno concedió al resto de los funcionarios públicos. Constanza Moreira le señalaba a la Mesa Política que los docentes de enseñanza primaria y secundaria necesitaron siete años para obtener los incrementos que los militares obtuvieron en dos.
Los dirigentes del Frente Amplio no tomaron en cuenta las advertencias de la senadora sobre los privilegios a los militares. El ahorro por vacantes destinado a aumentar sueldos significó una redistribución de 213 millones de pesos. Pero además el mnd obtuvo partidas adicionales por otros 178 millones. En el informe económico financiero elevado al Parlamento, el mdn explicó sólo el destino de 30 millones de pesos para financiar el control perimetral de las cárceles. Y evitó abundar en el destino de otras partidas, lo que llevó en su momento a la senadora a denunciar una política de ocultamiento del ministro Fernández Huidobro. A saber: partidas para recompensar al personal que desempeña funciones en la policía aérea nacional debido al “incremento de la actividad aérea en el país” (aunque, como mencionó la senadora Moreira, la actividad aérea ha disminuido drásticamente como resultado del quiebre de Pluna); para compensar al personal que se desempeña en el grupo K-9 San Miguel Arcángel, de Perros de Trabajo Militar, que se dedica a la detección de explosivos “en un país donde rara vez se tienen episodios de este tipo”; para el personal de la Compañía Especial Antiterrorista del Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, “comando creado en 1978 para ‘cazar’ uruguayos aunque ahora parece dedicarse al ‘rescate de rehenes’ en un país donde no se producen circunstancias de este tipo”; para aumentar la compensación que recibe el personal superior y subalterno embarcado (“por estar embarcados”); y para el incremento y salarización de las partidas que reciben quienes están en misiones en el exterior. De los 178 millones, o los 213 millones de ahorro, la senadora solicitó al ministerio un ajuste que permitiera utilizar entre 40 y 52 millones de pesos anuales para destinarlos a la Universidad con vistas a financiar el retorno y la permanencia en el país de unos 40 científicos que regresan por año. “Creemos que es una prioridad nacional el retorno de nuestros científicos”, pidió Moreira en una carta que por supuesto no prosperó.
PRIVILEGIOS. Así, con esos ahorros y esas partidas suplementarias, el Ministerio de Defensa concentraba el 4,2 por ciento del presupuesto total del Estado, sólo superado por el Ministerio del Interior (5,1 por ciento); pero en los hechos el gasto militar aumenta en un 50 por ciento si se suma el déficit de la Caja Militar, es decir, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En materia de jubilaciones, los militares acumulan privilegios varios: los oficiales pueden retirarse con 25 años de servicio (computando por dos cada año de servicio en el exterior) y con el 100 por ciento de su sueldo en actividad (es más, en el momento de jubilarse acceden al grado inmediatamente superior, salvo el teniente general porque por encima de él no hay más grados); a ello se suman beneficios adicionales en calidad de docentes. Los simples mortales civiles deben trabajar al menos durante 30 años para cobrar el 50 por ciento del promedio de su salario de los últimos diez años de actividad.
Aun cuando la necesidad de eliminar estos privilegios obtuvo consensos a distintos niveles en las estructuras del Frente, las cúpulas dirigentes siempre abortaron la iniciativa de modificar la ley orgánica. El ministro Fernández Huidobro se ha opuesto sistemáticamente, pero nadie, en realidad, justifica la permanencia de estos privilegios, nadie es capaz de defenderlos. Sólo la propia Caja Militar, con un sentido muy corporativo, avanza en argumentos, según se lee en su página web: “El militar tiene otros deberes y otros derechos; obedece a otras leyes, tiene otros jueces; viste de otra manera, hasta habla y camina en otra forma. Él está armado, tiene el privilegio de estar armado, en medio de los ciudadanos desarmados”.
Para ser honestos, hay que reconocer que, a diferencia de algunos dirigentes, principalmente del mpp y de la Vertiente Artiguista, que al principio acompañaban las iniciativas, los senadores Carlos Baraibar, de Asamblea Uruguay, y Rodolfo Nin Novoa, de Alianza Progresista, fueron coherentes en su oposición a modificar la ley orgánica para eliminar privilegios jubilatorios, y a reducir el presupuesto del mnd. A diferencia de lo que ocurrió con Constanza Moreira, el precandidato presidencial Tabaré Vázquez no fue calificado como un “ignorante supino” por más que levanta la bandera del 6 por ciento del pbi para la enseñanza, propuesta que fue “derrotada por paliza” en el Congreso. Pero, ¿quién le enmienda la plana a Tabaré, el único que le asegura puestos de trabajo a un ejército de militantes transformados en funcionarios?
08 FEBRERO 2014
ESCRITO POR: SAMUEL BLIXEN
Dura polémica entre Constanza Moreira y Fernández Huidobro por presupuesto militar
¿Dónde están los verdaderos enemigos para algunos gobernantes; en qué lado de la vereda están parados? Alguien podría suponer que los agravios del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, a la senadora Constanza Moreira, precandidata del fa a la Presidencia, reflejan la temperatura de la lucha intestina en la coalición progresista. Sin embargo, la reacción intempestiva del “Ñato” ante la opinión de Moreira de que es imperativo reducir el presupuesto militar sugiere posturas políticas –y compromisos– que van más allá de una tensión preelectoral.
Se supone que los “compañeros” tienen códigos –de respeto, de honestidad– para dirimir las diferencias internas. Sin embargo, el ministro Fernández Huidobro se permitió calificar de “ignorante” a la senadora Moreira en un intercambio con periodistas y en presencia del general Juan Villagrán, que acababa de asumir como comandante en jefe del Ejército (y que en su discurso, dicho sea de paso, remachó un “punto final” para la cuestión de los desaparecidos, lo que no está fuera de contexto). La senadora había escrito una columna sobre el presupuesto militar (“Fuerzas Armadas: los puntos sobre las íes”) y los periodistas le preguntaron a Fernández Huidobro qué opinión le merecía. “Los que dicen que el Ejército no sirve absolutamente para nada es un insulto y una ignorancia tremenda, supina. No voy a aceptar que se diga esto; esta posición salió derrotada por paliza en el Congreso.”
En esta ocasión el ministro parece haber ido más allá de su conocido estilo revulsivo; sus afirmaciones contienen dos inexactitudes, de ninguna manera accidentales: Moreira no argumentó, en ningún momento, que las Fuerzas Armadas no sirvieran para nada (fundamentó, en cambio, que sus dimensiones son excesivas en tiempos de paz, sin enemigos a la vista, y con otras prioridades sociales); y tampoco es cierto que la posición de reducir el presupuesto militar fuera derrotada por paliza en el Congreso del fa.
De hecho, hasta último momento las propuestas de la Comisión de Programa referidas a las Fuerzas Armadas –sobre reducción del presupuesto y sobre modificación de la estructura de jubilaciones militares– contaban con el respaldo de los delegados del mpp, el Partido Socialista, el pvp, el Partido Comunista y la Vertiente Artiguista. Pero en las instancias decisivas, al Congreso –según explicó la senadora a En perspectiva, de radio El Espectador– “no le dio la energía, de la misma manera que no le dio para el 6 por ciento de la educación, se quedó unos pasos antes de asumir compromisos”, en referencia a la reducción de efectivos militares y a la modificación de la ley orgánica. En realidad no flaqueó la energía entre los congresales; fue la arremetida de último momento de los dirigentes, que impusieron su voluntad, como lo vienen haciendo sistemáticamente.
La dificultad para justificar que el Ministerio de Defensa (mnd) concentre una porción del presupuesto equivalente a los presupuestos de Vivienda, Transporte y cancillería juntos, activa esa tendencia, cada vez más frecuente, a descalificar con consignas, como lo hizo el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti al propinarle el mote de “voluntaristas seudorradicales” a los militantes del grupo Ir que compartían las inquietudes de Moreira. En la escalada, el ministro arremetió contra la senadora y entonces la lucha intestina se desbordó con la reacción del diputado del pvp Luis Puig, quien comentó que Fernández Huidobro atacaba a Constanza Moreira “con la misma fuerza que defiende a los asesinos y torturadores”.
VACANTES Y AUMENTOS. Por más que los decibeles de la controversia respondan a la coyuntura preelectoral, hay una base objetiva que desnuda las contradicciones del Frente Amplio respecto de las Fuerzas Armadas y de los militares. En una carta dirigida a la Mesa Política del Frente Amplio en octubre de 2012, la senadora del Espacio 609 reclamaba la definición de una política concreta en relación con las Fuerzas Armadas, para ser analizada y aprobada en el Congreso que definiría el programa del fa para las elecciones de 2014. Señalaba: “Siempre se produce un desfase entre los compromisos programáticos y la plataforma electoral. Eso sucedió, por ejemplo, con la prioridad asignada a la seguridad pública en el presupuesto de este período. Durante la campaña electoral, el comando de campaña (que yo integraba) decidió esta prioridad presupuestal, que luego fue aprobada en alguna instancia política, y terminó condicionando los cinco años de gobierno”. Constanza Moreira quería evitar “los problemas de negociación entre ministerios (y ministros con distinto poder de negociación) y el rol del Parlamento como mediador entre organismos y Estado (con la decisión en última ratio del Ministerio de Economía)”.
Así ocurrió con los “ahorros” en el presupuesto de Defensa, una situación que detalló en la carta y que reiteró en la Comisión de Presupuesto del Senado. La sana política de no llenar las vacantes tuvo una excepción con el mnd, que la senadora calificó de “privilegio que ningún otro ministerio conserva”. El Parlamento autorizó que el ahorro producido con las vacantes se destinara al aumento de los sueldos más sumergidos, con lo que el peso presupuestal del ministerio seguía siendo el mismo (aunque de hecho se incrementó con partidas adicionales.)
En 2010 se produjeron 854 vacantes, de modo que en 2011 se incrementaron los salarios de los escalafones inferiores, y un soldado pasó a ganar 13.557 pesos mensuales. Pero el ahorro de las 1.415 vacantes producidas en 2011 fue destinado en 2012 a incrementar los sueldos de los oficiales superiores. El aumento en el sueldo de un comandante fue superior al total del sueldo de un soldado; los generales recibieron 12.049 pesos de aumento y los coroneles 9.700. En total –y aun con las notables diferencias dentro del escalafón entre oficiales y soldados– los militares recibieron un aumento del 22 por ciento por encima del 8,60 que el gobierno concedió al resto de los funcionarios públicos. Constanza Moreira le señalaba a la Mesa Política que los docentes de enseñanza primaria y secundaria necesitaron siete años para obtener los incrementos que los militares obtuvieron en dos.
Los dirigentes del Frente Amplio no tomaron en cuenta las advertencias de la senadora sobre los privilegios a los militares. El ahorro por vacantes destinado a aumentar sueldos significó una redistribución de 213 millones de pesos. Pero además el mnd obtuvo partidas adicionales por otros 178 millones. En el informe económico financiero elevado al Parlamento, el mdn explicó sólo el destino de 30 millones de pesos para financiar el control perimetral de las cárceles. Y evitó abundar en el destino de otras partidas, lo que llevó en su momento a la senadora a denunciar una política de ocultamiento del ministro Fernández Huidobro. A saber: partidas para recompensar al personal que desempeña funciones en la policía aérea nacional debido al “incremento de la actividad aérea en el país” (aunque, como mencionó la senadora Moreira, la actividad aérea ha disminuido drásticamente como resultado del quiebre de Pluna); para compensar al personal que se desempeña en el grupo K-9 San Miguel Arcángel, de Perros de Trabajo Militar, que se dedica a la detección de explosivos “en un país donde rara vez se tienen episodios de este tipo”; para el personal de la Compañía Especial Antiterrorista del Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, “comando creado en 1978 para ‘cazar’ uruguayos aunque ahora parece dedicarse al ‘rescate de rehenes’ en un país donde no se producen circunstancias de este tipo”; para aumentar la compensación que recibe el personal superior y subalterno embarcado (“por estar embarcados”); y para el incremento y salarización de las partidas que reciben quienes están en misiones en el exterior. De los 178 millones, o los 213 millones de ahorro, la senadora solicitó al ministerio un ajuste que permitiera utilizar entre 40 y 52 millones de pesos anuales para destinarlos a la Universidad con vistas a financiar el retorno y la permanencia en el país de unos 40 científicos que regresan por año. “Creemos que es una prioridad nacional el retorno de nuestros científicos”, pidió Moreira en una carta que por supuesto no prosperó.
PRIVILEGIOS. Así, con esos ahorros y esas partidas suplementarias, el Ministerio de Defensa concentraba el 4,2 por ciento del presupuesto total del Estado, sólo superado por el Ministerio del Interior (5,1 por ciento); pero en los hechos el gasto militar aumenta en un 50 por ciento si se suma el déficit de la Caja Militar, es decir, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En materia de jubilaciones, los militares acumulan privilegios varios: los oficiales pueden retirarse con 25 años de servicio (computando por dos cada año de servicio en el exterior) y con el 100 por ciento de su sueldo en actividad (es más, en el momento de jubilarse acceden al grado inmediatamente superior, salvo el teniente general porque por encima de él no hay más grados); a ello se suman beneficios adicionales en calidad de docentes. Los simples mortales civiles deben trabajar al menos durante 30 años para cobrar el 50 por ciento del promedio de su salario de los últimos diez años de actividad.
Aun cuando la necesidad de eliminar estos privilegios obtuvo consensos a distintos niveles en las estructuras del Frente, las cúpulas dirigentes siempre abortaron la iniciativa de modificar la ley orgánica. El ministro Fernández Huidobro se ha opuesto sistemáticamente, pero nadie, en realidad, justifica la permanencia de estos privilegios, nadie es capaz de defenderlos. Sólo la propia Caja Militar, con un sentido muy corporativo, avanza en argumentos, según se lee en su página web: “El militar tiene otros deberes y otros derechos; obedece a otras leyes, tiene otros jueces; viste de otra manera, hasta habla y camina en otra forma. Él está armado, tiene el privilegio de estar armado, en medio de los ciudadanos desarmados”.
Para ser honestos, hay que reconocer que, a diferencia de algunos dirigentes, principalmente del mpp y de la Vertiente Artiguista, que al principio acompañaban las iniciativas, los senadores Carlos Baraibar, de Asamblea Uruguay, y Rodolfo Nin Novoa, de Alianza Progresista, fueron coherentes en su oposición a modificar la ley orgánica para eliminar privilegios jubilatorios, y a reducir el presupuesto del mnd. A diferencia de lo que ocurrió con Constanza Moreira, el precandidato presidencial Tabaré Vázquez no fue calificado como un “ignorante supino” por más que levanta la bandera del 6 por ciento del pbi para la enseñanza, propuesta que fue “derrotada por paliza” en el Congreso. Pero, ¿quién le enmienda la plana a Tabaré, el único que le asegura puestos de trabajo a un ejército de militantes transformados en funcionarios?
Los hijos ilegítimos de Uruguay
Los hijos ilegítimos de Uruguay
04 FEBRERO 2014
ESCRITO POR: LUCÍA MASCI
Nietos de exiliados nacidos en el exterior
Como una maldición bíblica, una ley del primer período presidencial de Sanguinetti continúa dificultando la vida de los descendientes de los exiliados.
Hace poco, en noviembre de 2013, se realizó el Coloquio sobre Ciudadanías Contemporáneas, coorganizado por la Universidad de París 8 y la Udelar, donde tuve la oportunidad de compartir por primera vez una historia sobre la que poco se conoce pero que sin embargo afecta a muchos uruguayos que decidimos estudiar o vivir un tiempo afuera.
Era una instancia en la que parte interesante de la comunidad científica se daba cita en Uruguay para pensar conjuntamente realidades vinculadas a las nuevas configuraciones ciudadanas e identitarias de nuestro mundo contemporáneo, es decir, realidades que no nos son para nada ajenas no sólo como investigadores sino también como ciudadanos, y ciudadanos móviles. Eso hacía de ese coloquio un ámbito privilegiado para compartir este testimonio personal.
Lo curioso fue que las circunstancias sobre las que propuse que reflexionáramos resultaban tan desconocidas para la mayoría del auditorio, como lo habían sido para todos con quienes compartí esta experiencia antes, y como lo habrían sido para mí si no me hubiese tocado vivir sus consecuencias.
Todo comenzó cuando mi marido y yo decidimos en 2005 buscar en Europa una parte de lo que Uruguay no podía darnos: concretamente, un doctorado en comunicación que aquí no existe.
Así, en medio de nuestros doctorados en la Universidad de París 8, y en esta Europa que envejece a puertas cerradas, nació, en 2009, nuestro primer hijo.
Pero, como la mayoría de las historias humanas, ésta exige también remontarse al pasado para poder pensar en su presente y su futuro.
Exilios y desexilios. El primer exilio salvó de la dictadura a los abuelos de ese niño. Así, con la esperanza de que algún día el país se abriera nuevamente a sus hijos, la vida continuó entre paréntesis. Y dentro de ese paréntesis llegamos nosotros. Las tierras que nos recibían (Argentina y Venezuela, respectivamente) eran vistas por nuestros padres como temporales. Lugares de paso que generosamente albergaban a los uruguayos, pero no la tierra propia. No para los padres, al menos, y tampoco luego para estos hijos que en el 86 ya ingresábamos a la escuela pública uruguaya. Porque cuando uno es niño ¿qué es la tierra sino los padres? Y éstos eran tan uruguayos como sus compromisos y sus heridas.
En lo que a nosotros respecta, supimos desde nuestros primeros años que había algo que se llamaba “regreso”, y que tal vez llegaría de un momento a otro. ¿Acaso sería cierto eso de la pertenencia a un lugar? Como fuese, nosotros tendríamos que abandonar el nuestro: costumbres, amigos, sabores y olores familiares. A cambio, aprenderíamos los códigos de una nueva tierra: esa que nuestros padres se empeñaban en defender y decidían, por nosotros, volver a elegir.
Es cierto, sin embargo, que cuando los hijos crecen fuera las raíces comienzan a hundirse en otros lados. Al final uno es parte de todo, y las raíces aprenden a adherirse a los sitios más insólitos. Entonces, cuando se concreta el añorado regreso, una parte de uno se pierde para siempre. A esto ayuda la negación de un país que poco se interesa por lo que sucede a los uruguayos fuera de Uruguay. Pero esa es otra historia.
Intierros y destierros. Hoy, en este mundo en el que las fronteras se cierran y los muros crecen, los hijos de extranjeros aprenden otras cosas. Por ejemplo a ser, a existir, según lo indica el lugar que la sociedad haya reservado a la nacionalidad de sus padres. “Francés de origen argelino, portugués, marroquí, o tunecino…”, dicen los jóvenes de la tercera generación, como si los uruguayos nos sintiésemos obligados a aclarar: “de origen italiano, armenio, amerindio, polaco, brasileño o español”. Uso de sangre, le llaman, o “ley de no vengan a parir aquí”, como nos explicaba una amiga magrebí. Así lo quiso esta Europa, y así estaba previsto para nosotros, cuando nos presentamos con nuestro hijo recién nacido en la Embajada de Uruguay, sabiendo que no sería francés sino uruguayo, como sus padres.
Pero con inesperada violencia tomó cuerpo una extraña sensación de abandono cuando allí, cerca del Arco de Triunfo y de la plaza José Artigas, otra realidad vino, luego de tres décadas, a imponerse nuevamente: las consecuencias de la dictadura marcaban a la tercera generación.
Nuestro hijo no es uruguayo. La ley le niega, nuevamente, esa parte de su identidad. La noticia, trasmitida por la cónsul con vergüenza, provocó incredulidad, e incluso un forcejeo con el pasaporte entre risas… hasta que todos notamos que no se trataba de las bondades de ese humor familiar que tememos olvidar en Francia, sino de la estricta aplicación de la ley.
Ley 16.021. Francia nos había ofrecido hasta ese momento casi todo: idioma, estabilidad, carrera, puesto en la educación nacional, pertenencia a una escuela doctoral, un hijo maravilloso y la posibilidad de continuar, si así lo deseábamos, dentro de su vida académica. ¿Cómo no sentir entonces –y pese al discurso con el que se pretende un Uruguay vinculado a su “patria peregrina”– una suerte de temor ante la idea del regreso a un país donde no se nos esperaba? Pero la decisión del retorno responde a razones afectivas. A un afecto visceral.
“Hijo de padre o madre oriental”, rezan –como las de tantos contemporáneos– nuestras primeras cédulas de identidad. Luego esa leyenda al dorso cambió, y en el espacio destinado a las observaciones se lee: “Nacional uruguayo. Ley 16.021”. A diferencia del pasaporte, donde nada de esto se menciona, nuestra cédula marca que somos diferentes ante la ley uruguaya.
Y es que ese mismo país que expulsó a sus hijos allá por los setenta, y luego cerró las posibilidades a sus nietos por los dos mil, rechaza también –a partir de 1989– a los bisnietos, a partir de ahora “ilegítimos” por un simple no-reconocimiento que se formaliza en la ley 16.021 de abril de ese año.
El artículo 3 de esta ley establece: “Los hijos de las personas a quienes por el artículo 2 de esta ley se les otorga la calidad de nacionales, nacidos fuera del territorio nacional, no tendrán en ningún caso la calidad de ciudadanos naturales”.
En marzo de 2005 el por entonces diputado frenteamplista Enrique Pintado había manifestado su intención de conformar una comisión parlamentaria a fin de estudiar la modificación de la ley 16.021 que, según afirma, establece una restricción que no plantea la propia Constitución. Sería una sobreinterpretación del artículo 74 de la Constitución y su concepto de “avecinamiento”, lo que podría determinar la inconstitucionalidad y, por lo tanto, la necesidad de reformar esta ley. La iniciativa de Pintado tomó cuerpo recién en 2007, cuando el proyecto de ley fue presentado ante el Parlamento.
A pocas semanas de comenzar 2010, y luego de comunicarnos telefónicamente desde Francia con Pintado, sabríamos que este proyecto ya no volvería a ser estudiado hasta el próximo gobierno.
“Ustedes son el primer caso”, repetía la cónsul. Sin embargo, era poco probable que no hubiese otros más, en un país cuya historia está signada por el exilio y la emigración. Efectivamente, según nos explicó por teléfono Pintado, el problema es que “no hay comunicación entre los distintos organismos, y eso impide que se conozcan los casos que hubo con menos suerte. ¡Casos gravísimos de chicos ya adolescentes que no han podido salir de Francia!”.
DOCS AD HOC. De modo que “anclao en París”, como cantaba aquel a quien no se lo sabía si uruguayo, argentino o francés, nuestro hijo sólo tuvo hasta el momento un titre d’identité républicaine como único documento de identidad. Un documento que afirma simplemente que estamos frente a un niño nacido en Francia de madre y padre uruguayos, de nacionalidad indeterminada, y que sirve entonces como una suerte de visa que permite a su poseedor circular libremente... ¡sólo dentro de Francia! Lo supimos con este documento y pasajes en mano, valijas y bebé, cuando en el Aeropuerto Charles De Gaulle se nos impidió salir del país. Al menos hasta obtener un pasaporte.
Ahora, este pasaporte que le dio Argentina –la tierra de exilio de sus abuelos paternos– vino a ampararlo permitiéndole, como a sus padres hace 25 años, ese “volver” que fue, una vez más y esta vez para él: simplemente ir, por vez primera, a descubrir Uruguay.
Aunque parezca mentira, las leyes uruguayas (y gran parte del discurso que el país produce) siguen reflejando aún hoy un país de inmigrantes. Y no uno de emigrados, exiliados y expatriados que siguen desparramados por los rincones más insólitos del globo. Como si no se los quisiera ver. Como si se intentara borrar sus existencias de la memoria colectiva. Esas también.
* Doctoranda en comunicación en la Universidad París 8. Docente en fic, Udelar.
04 FEBRERO 2014
ESCRITO POR: LUCÍA MASCI
Nietos de exiliados nacidos en el exterior
Como una maldición bíblica, una ley del primer período presidencial de Sanguinetti continúa dificultando la vida de los descendientes de los exiliados.
Hace poco, en noviembre de 2013, se realizó el Coloquio sobre Ciudadanías Contemporáneas, coorganizado por la Universidad de París 8 y la Udelar, donde tuve la oportunidad de compartir por primera vez una historia sobre la que poco se conoce pero que sin embargo afecta a muchos uruguayos que decidimos estudiar o vivir un tiempo afuera.
Era una instancia en la que parte interesante de la comunidad científica se daba cita en Uruguay para pensar conjuntamente realidades vinculadas a las nuevas configuraciones ciudadanas e identitarias de nuestro mundo contemporáneo, es decir, realidades que no nos son para nada ajenas no sólo como investigadores sino también como ciudadanos, y ciudadanos móviles. Eso hacía de ese coloquio un ámbito privilegiado para compartir este testimonio personal.
Lo curioso fue que las circunstancias sobre las que propuse que reflexionáramos resultaban tan desconocidas para la mayoría del auditorio, como lo habían sido para todos con quienes compartí esta experiencia antes, y como lo habrían sido para mí si no me hubiese tocado vivir sus consecuencias.
Todo comenzó cuando mi marido y yo decidimos en 2005 buscar en Europa una parte de lo que Uruguay no podía darnos: concretamente, un doctorado en comunicación que aquí no existe.
Así, en medio de nuestros doctorados en la Universidad de París 8, y en esta Europa que envejece a puertas cerradas, nació, en 2009, nuestro primer hijo.
Pero, como la mayoría de las historias humanas, ésta exige también remontarse al pasado para poder pensar en su presente y su futuro.
Exilios y desexilios. El primer exilio salvó de la dictadura a los abuelos de ese niño. Así, con la esperanza de que algún día el país se abriera nuevamente a sus hijos, la vida continuó entre paréntesis. Y dentro de ese paréntesis llegamos nosotros. Las tierras que nos recibían (Argentina y Venezuela, respectivamente) eran vistas por nuestros padres como temporales. Lugares de paso que generosamente albergaban a los uruguayos, pero no la tierra propia. No para los padres, al menos, y tampoco luego para estos hijos que en el 86 ya ingresábamos a la escuela pública uruguaya. Porque cuando uno es niño ¿qué es la tierra sino los padres? Y éstos eran tan uruguayos como sus compromisos y sus heridas.
En lo que a nosotros respecta, supimos desde nuestros primeros años que había algo que se llamaba “regreso”, y que tal vez llegaría de un momento a otro. ¿Acaso sería cierto eso de la pertenencia a un lugar? Como fuese, nosotros tendríamos que abandonar el nuestro: costumbres, amigos, sabores y olores familiares. A cambio, aprenderíamos los códigos de una nueva tierra: esa que nuestros padres se empeñaban en defender y decidían, por nosotros, volver a elegir.
Es cierto, sin embargo, que cuando los hijos crecen fuera las raíces comienzan a hundirse en otros lados. Al final uno es parte de todo, y las raíces aprenden a adherirse a los sitios más insólitos. Entonces, cuando se concreta el añorado regreso, una parte de uno se pierde para siempre. A esto ayuda la negación de un país que poco se interesa por lo que sucede a los uruguayos fuera de Uruguay. Pero esa es otra historia.
Intierros y destierros. Hoy, en este mundo en el que las fronteras se cierran y los muros crecen, los hijos de extranjeros aprenden otras cosas. Por ejemplo a ser, a existir, según lo indica el lugar que la sociedad haya reservado a la nacionalidad de sus padres. “Francés de origen argelino, portugués, marroquí, o tunecino…”, dicen los jóvenes de la tercera generación, como si los uruguayos nos sintiésemos obligados a aclarar: “de origen italiano, armenio, amerindio, polaco, brasileño o español”. Uso de sangre, le llaman, o “ley de no vengan a parir aquí”, como nos explicaba una amiga magrebí. Así lo quiso esta Europa, y así estaba previsto para nosotros, cuando nos presentamos con nuestro hijo recién nacido en la Embajada de Uruguay, sabiendo que no sería francés sino uruguayo, como sus padres.
Pero con inesperada violencia tomó cuerpo una extraña sensación de abandono cuando allí, cerca del Arco de Triunfo y de la plaza José Artigas, otra realidad vino, luego de tres décadas, a imponerse nuevamente: las consecuencias de la dictadura marcaban a la tercera generación.
Nuestro hijo no es uruguayo. La ley le niega, nuevamente, esa parte de su identidad. La noticia, trasmitida por la cónsul con vergüenza, provocó incredulidad, e incluso un forcejeo con el pasaporte entre risas… hasta que todos notamos que no se trataba de las bondades de ese humor familiar que tememos olvidar en Francia, sino de la estricta aplicación de la ley.
Ley 16.021. Francia nos había ofrecido hasta ese momento casi todo: idioma, estabilidad, carrera, puesto en la educación nacional, pertenencia a una escuela doctoral, un hijo maravilloso y la posibilidad de continuar, si así lo deseábamos, dentro de su vida académica. ¿Cómo no sentir entonces –y pese al discurso con el que se pretende un Uruguay vinculado a su “patria peregrina”– una suerte de temor ante la idea del regreso a un país donde no se nos esperaba? Pero la decisión del retorno responde a razones afectivas. A un afecto visceral.
“Hijo de padre o madre oriental”, rezan –como las de tantos contemporáneos– nuestras primeras cédulas de identidad. Luego esa leyenda al dorso cambió, y en el espacio destinado a las observaciones se lee: “Nacional uruguayo. Ley 16.021”. A diferencia del pasaporte, donde nada de esto se menciona, nuestra cédula marca que somos diferentes ante la ley uruguaya.
Y es que ese mismo país que expulsó a sus hijos allá por los setenta, y luego cerró las posibilidades a sus nietos por los dos mil, rechaza también –a partir de 1989– a los bisnietos, a partir de ahora “ilegítimos” por un simple no-reconocimiento que se formaliza en la ley 16.021 de abril de ese año.
El artículo 3 de esta ley establece: “Los hijos de las personas a quienes por el artículo 2 de esta ley se les otorga la calidad de nacionales, nacidos fuera del territorio nacional, no tendrán en ningún caso la calidad de ciudadanos naturales”.
En marzo de 2005 el por entonces diputado frenteamplista Enrique Pintado había manifestado su intención de conformar una comisión parlamentaria a fin de estudiar la modificación de la ley 16.021 que, según afirma, establece una restricción que no plantea la propia Constitución. Sería una sobreinterpretación del artículo 74 de la Constitución y su concepto de “avecinamiento”, lo que podría determinar la inconstitucionalidad y, por lo tanto, la necesidad de reformar esta ley. La iniciativa de Pintado tomó cuerpo recién en 2007, cuando el proyecto de ley fue presentado ante el Parlamento.
A pocas semanas de comenzar 2010, y luego de comunicarnos telefónicamente desde Francia con Pintado, sabríamos que este proyecto ya no volvería a ser estudiado hasta el próximo gobierno.
“Ustedes son el primer caso”, repetía la cónsul. Sin embargo, era poco probable que no hubiese otros más, en un país cuya historia está signada por el exilio y la emigración. Efectivamente, según nos explicó por teléfono Pintado, el problema es que “no hay comunicación entre los distintos organismos, y eso impide que se conozcan los casos que hubo con menos suerte. ¡Casos gravísimos de chicos ya adolescentes que no han podido salir de Francia!”.
DOCS AD HOC. De modo que “anclao en París”, como cantaba aquel a quien no se lo sabía si uruguayo, argentino o francés, nuestro hijo sólo tuvo hasta el momento un titre d’identité républicaine como único documento de identidad. Un documento que afirma simplemente que estamos frente a un niño nacido en Francia de madre y padre uruguayos, de nacionalidad indeterminada, y que sirve entonces como una suerte de visa que permite a su poseedor circular libremente... ¡sólo dentro de Francia! Lo supimos con este documento y pasajes en mano, valijas y bebé, cuando en el Aeropuerto Charles De Gaulle se nos impidió salir del país. Al menos hasta obtener un pasaporte.
Ahora, este pasaporte que le dio Argentina –la tierra de exilio de sus abuelos paternos– vino a ampararlo permitiéndole, como a sus padres hace 25 años, ese “volver” que fue, una vez más y esta vez para él: simplemente ir, por vez primera, a descubrir Uruguay.
Aunque parezca mentira, las leyes uruguayas (y gran parte del discurso que el país produce) siguen reflejando aún hoy un país de inmigrantes. Y no uno de emigrados, exiliados y expatriados que siguen desparramados por los rincones más insólitos del globo. Como si no se los quisiera ver. Como si se intentara borrar sus existencias de la memoria colectiva. Esas también.
* Doctoranda en comunicación en la Universidad París 8. Docente en fic, Udelar.
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