12 ago 2014

POLITICA FISCAL Y DISTRIBUTIVA

Cualquier monedita no sirve
Por: Jerónimo Roca

Exageraré, pero creo que es necesario. Una reciprocidad estricta acaba con la redistribución. Si por lo que pago de impuestos debo recibir una contraprestación equivalente en servicios públicos, la política fiscal solo será un do ut des (doy para que me des). Se habrá entronizado el principio del beneficio -contribuir de acuerdo al grado en que se es beneficiado por un servicio público- y matado el de capacidad de pago -quienes tienen mayor capacidad de contribución, pagan más (equidad vertical)-. En el límite, no habrá más impuestos y solo tendremos tasas, pagos por uso.
 
Lo anterior no significa, claro está, que la calidad de los servicios públicos no deba ser una preocupación central de los gobiernos. Pero eso es casi una obviedad, y las varias herramientas utilizadas por este gobierno con ese objetivo son prueba de ello: monitoreo y evaluación de políticas, acuerdos de mejora y compromisos de gestión, sistema de remuneración variable en Empresas Públicas, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)-.
 
Y, sobre todo, también es cierto que se debe seguir trabajando, y mucho, en mejorar la calidad de los servicios públicos de modo de fidelizar a la clase media como usuaria de los mismos, entre otras razones porque el consumo de servicios públicos tiene asociados valores -convivencia, respeto por lo público, solidaridad- bien diferentes a los asociados al consumo en el mercado -consumo posicional, diferenciación-.
 
Pero pretender que el 1% de más altos ingresos -que percibe el 7% del ingreso total- o el 10% de más altos ingresos -que percibe una tercera parte del ingreso total-, sectores que ya han ‘fugado' de los servicios públicos y aspiran a minimizar su carga tributaria para comprar estos servicios en el mercado, pretender -digo- que sean socios naturales en esta propuesta de ‘reciprocidad' es, como mínimo, una ingenuidad.
 
Lo que la gente demande - En este contexto de la ‘reciprocidad', el panorama se agrava cuando, ante la necesidad de definir de qué servicios públicos estamos hablando, se responde "los que la gente demande". Esto suena al fin de la política, al fin de los políticos líderes de proyectos que no están en el imaginario de la amplia mayoría de los votantes, que piensan en términos individuales y no de polis y que a lo sumo reclaman gestión, eficacia y eficiencia. Así las cosas, ya no tendremos gobiernos sino deliveries.
 
Pensemos en lo siguiente a la hora de proveer los servicios públicos "que la gente demande". La indigencia y la pobreza en América Latina han estado asociadas a la marginalidad y la exclusión social, es decir, al surgimiento de comunidades excluidas con valores y expectativas diferentes a los de las comunidades integradas. Esta diferencia de valores y expectativas se da particularmente en relación a las modalidades básicas de integración social vigentes al interior del sector integrado de la sociedad: la educación y el trabajo. Mientras que los sectores indigentes y pobres demandan transferencias monetarias para resolver sus problemas más básicos, no necesariamente demandan en la misma medida la provisión de servicios de educación y formación para el trabajo. ¿De qué inclusión y movilidad social vía educación hablan entonces quienes, a la vez, quieren hacer política ofreciendo "lo que la gente demande"?
 
Finalmente, ¿cuántas políticas de amplio consenso teórico y difundida aplicación práctica se han diseñado para prevenir "miopías" de la gente, esto es, para ir precisamente en "contra" de lo que la gente demanda? ¿El ahorro jubilatorio obligatorio no trata acaso de prevenir la miopía consumista de la gente, de suavizar su consumo a lo largo del ciclo de vida? ¿Por qué la educación es obligatoria?
 
Que no quede en el tintero - La izquierda refundó la política fiscal de Uruguay. La reforma tributaria priorizó la capacidad de pago como principio impositivo, terminando valientemente con la inmunidad de algunos privilegiados, como los profesionales. La reforma de la salud universalizó la cobertura y la financió con marcada progresividad. El gasto público social se ha redirigido a los sectores más vulnerables y más jóvenes de la sociedad -y esto pese a que en los últimos ocho años el ajuste automático de las jubilaciones por IMS implicó un plus anual de 0.3% del PIB respecto a si el ajuste hubiese sido por IPC-. La izquierda lo hizo con un lúcido liderazgo y una inquebrantable voluntad política. ¿O ya nos olvidamos de los días en que el diario El País amanecía con hasta ¡siete! artículos contra la reforma tributaria?
 
Ahora bien, a medida que las sociedades avanzan, la definición de justicia social se vuelve una definición colectiva de la sociedad, que exige que determinados bienes y servicios sean de acceso universal y que, solo una vez cubierta esta demanda, haya distinción de acceso al resto de los bienes en función del mérito, del talento de los individuos. En palabras de Bunge: "La solución no es modificar las reglas de la carrera para impedir la derrota del incompetente. La solución radica en no tener que competir por los recursos básicos". [4]
 
Este escenario plantea a la izquierda el desafío de ampliar la cobertura, tendiendo a la universalización, de los servicios públicos -educación, salud, vivienda-. Plantea el desafío de pasar a una segunda generación de políticas sociales, esto es, transitar desde políticas que miraban hacia atrás (backward looking) para superar la indigencia y la pobreza heredadas, a políticas que miren hacia adelante (forward looking) con el objetivo de no perder un solo niño, de anticiparse lúcidamente a los problemas derivados del envejecimiento del envejecimiento, de lograr la incorporación plena de la mujer al mercado laboral, de completar la reforma de la salud, de acabar con el déficit cuantitativo de vivienda -unas 34 mil viviendas-.
 
No debería postergarse una agenda que amplíe la cobertura de bienes y servicios públicos de calidad y, por tanto, no debería esquivarse la pregunta de cómo se financiará. En este cruce de caminos, ¿cambiaremos y, en nombre de un aggiornamiento ingenuo, vamos a apostar al voluntarismo, a un ‘capitalismo bueno'? ¿O, como antes, con un liderazgo lúcido y una inquebrantable voluntad política, la izquierda decidirá que hay quienes aún deben aportar más al financiamiento necesario para completar la agenda social pendiente?
 
Una alta autoridad de la CEPAL había terminado una presentación sobre pacto fiscal en América Latina cuando se le acercó alguien que, teniendo en mente los varios gobiernos de izquierda de la región, le preguntó: "¿pacto fiscal justo ahora que estamos ganando?"
 
[1] "The year of dreaming dangerously". Slavoj Zizek.
[2] "breve diccionario para tiempos estúpidos". Sandino Núñez.
[3] Idem op cit.
[4] "Filosofía política. Solidaridad, cooperación y Democracia Integral". Mario Bunge.
 
Por Jerónimo Roca, sub director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto


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La sedición interminable

Por Atilio A. Boron


Días atrás un cable de la agencia noticiosa Associated Press dio a conocer que la Usaid, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, habia enviado a Cuba, como turistas, a un grupo de jóvenes de Venezuela, Perú y Costa Rica con el propósito de promover la politización y la rebeldía de la, según la Usaid, “apática juventud cubana”.


La iniciativa se adoptó en octubre de 2009, seis días después de que las autoridades de la isla arrestaran a Alan Gross, un supuesto experto en cuestiones de desarrollo que, como contratista de la Usaid, introdujo ilegalmente tecnologías informáticas en Cuba. Gross había sido recomendado a la Usaid por el Comité Judío Americano y enviado con el aparente propósito de ayudar a la comunidad judía cubana a conectarse a Internet.
El reclutamiento y envío del grupo de jóvenes a Cuba es tan sólo uno de los múltiples programas clandestinos que la Casa Blanca utiliza para promover el “cambio de régimen” –un eufemismo utilizado para evitar hablar de “subversión constitucional” o “sedición”– en la isla caribeña y que se lleva a cabo en muchos países bajo el paraguas de organizaciones de pantalla c omo la Usaid, la NED (el Fondo Nacional para la Democracia) y un sinnúmero de ONG o instituciones de diverso tipo, presuntamente interesadas en la promoción de los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo.
En el caso que nos ocupa la cobertura para la actividad fue la realización de un taller sobre métodos de prevención del VIH, lo cual era, según sus organizadores, la “excusa perfecta” para encubrir sus designios sediciosos. Al igual que en el caso de Gross, la Usaid apeló a la tercerización para invisibilizar su involucramiento, contratando a una firma internacional, basada en Washington, Creative Associates, que opera en 85 países ofreciendo asesoría y asistencia a programas de desarrollo. Seguramente que de pura casualidad es la misma compañía que, haciendo honor a su nombre, intentó crear una red de mensajes de texto con el nombre de ZunZuneo, que intentaba ser una suerte de “Twitter cubano” para favorecer actividades ilegales en la isla.
Para ejecutar la actual misión encomendada por la Usaid, la citada empresa subcontrató los servicios de Fernando Murillo, el jefe de una ONG de derechos humanos de Costa Rica, la FOGY (Fundación Operación Gaya Internacional), q ue se puso al frente del ilegal operativo. Así, los jóvenes cubanos no tenían cómo saber que el que estaba financiando y organizando el taller era el gobierno de Estados Unidos, que desde el 1º de enero de 1959 ha hostigado y agredido sin pausa a Cuba. Uno de ellos declaró que Murillo se presentó como el líder de una ONG, ocultando la responsabilidad de la Usaid en la organización y financiamiento del proyecto. Según AP, Murillo y los jóvenes costarricenses recibieron instrucciones de reportarse cada 48 horas y un rudimentario código de seguridad para alertar sobre las condiciones en que se desenvolvía su labor. Si sospechaban que la contrainteligencia cubana estaba tras sus pasos debían enviar un mensaje diciendo “me duele la cabeza”, con lo cual la misión debía ser abortada. Los jóvenes participantes recibían de la FOGY una compensación de 5,41 dólares la hora, poco más de la mitad del salario mínimo vigente en Estados Unidos. Estallado el escándalo el presidente Obama salió a defender el programa y reconoció que tenía un doble propósito: fortalecer a la “sociedad civil” cubana (otro conveniente eufemismo) e informar a los jóvenes sobre el VIH.
Es insólito que el presidente de un país que se ha arrogado la condición de líder en la lucha por la libertad, la justicia y los derechos humanos haga la apología de una actividad delictiva, que tuvo que ser ocultada ante los ojos de la ciudadanía que con sus impuestos financia a la Usaid para promover el desarrollo y no proyectos sediciosos en terceros países. La legislación de EE.UU. penaliza duramente cualquier actividad de este tipo que se pudiera impulsar dentro del país por orden y cuenta de un gobierno extranjero. Bastaría con imaginar cual sería la reacción de Washington si se descubriera que un grupo de jóvenes iraníes, iraquíes y afganos ingresara como turistas y recorriera universidades alertando sobre los peligros del VIH y reclutando jóvenes para motivarlos y organizarlos para derrocar el orden constitucional vigente para calibrar la gravedad de lo acontecido en Cuba. Sin embargo, el infame doble rasero del gobierno estadounidense hace que lo que en casa se considere un crimen merecedor de durísimas sanciones sea una actividad virtuosa cuando se practica en el exterior. Una muestra más de la descomposicion moral de un imperio en decadencia, que no cesa de conspirar para perpetuar a cualquier costo la subordinación de los países que luchan por su dignidad, su emancipación, su libertad.

Canadá y China se enzarzan en una guerra de acusaciones de espionaje

Seis días después del arresto en China de una pareja de canadienses acusados por Pekín de espiar “objetivos militares chinos”, las autoridades canadienses mantienen un absoluto silencio ante lo que expertos y medios de comunicación canadienses consideran un acto de “represalia” de China.

espias
Ni el primer ministro canadiense, Stephen Harper, ni su ministro de Asuntos Exteriores, John Baird, se han pronunciado sobre lo sucedido al matrimonio formado por Kevin Garratt y Julia Dawn Garratt, quienes fueron detenidos en la noche del pasado lunes en la localidad de Dandong, en la frontera de China con Corea del Norte.
La pareja, que lleva viviendo alrededor de 30 años en China, regenta en la localidad fronteriza un café popular entre los locales y extranjeros. Pero el matrimonio canadiense también es conocido por su fuerte religiosidad, aunque uno de los hijos de la pareja ha negado que sus padres estuvieran evangelizando en el país asiático.
Sin embargo, la detención del matrimonio se ha producido en un momento en el que las relaciones diplomáticas entre Canadá y China viven uno de sus momentos más tensos de los últimos años tras el cruce de acusaciones de espionaje entre los dos países.
Los diplomáticos chinos en Canadá han recomendado a Harper que presente las pruebas del espionaje “o se calle”. Mientras, el Gobierno canadiense ya no habla del viaje que el primer ministro canadiense tenía programado realizar a China en noviembre próximo.
La crisis se inició el pasado 30 de julio, cuando el Gobierno canadiense reveló públicamente que los sistemas informáticos del Consejo Nacional de Investigación de Canadá (NRC, por sus siglas en inglés) habían sido infiltrados por piratas informáticos en China.
El anuncio fue realizado por la directora de Información del Gobierno de Canadá, Corinne Charette, quien dijo que el ataque contra la institución que desarrolla tecnologías consideradas “estratégicas” para el país fue realizado por un “actor chino muy sofisticado y patrocinado por el Estado”.
Por si no fuera suficiente, el primer ministro canadiense acusó directamente y ante las cámaras de televisión a China del espionaje.
“Me dicen que no hay duda sobre el origen de este ataque en particular y obviamente esto está siendo discutido con el Gobierno de China en los más altos niveles”, declaró Harper.
Paradójicamente, la revelación y acusación directa contra China se produjo mientras Baird se encontraba en Pekín de viaje oficial y manteniendo reuniones con las autoridades chinas.
El canciller canadiense se limitó a señalar que había mantenido una “franca discusión” sobre las acusaciones de espionaje con su homólogo chino pero sin dar detalles sobre las conversaciones.
Ahora, con el matrimonio Garratt detenido por las autoridades chinas y los medios de comunicación canadienses y expertos en China señalando que su arresto es una represalia por las acusaciones públicas lanzadas contra Pekín, el Gobierno canadiense ha decidido mantenerse en silencio.
Los medios de comunicación canadienses también han indicado que el silencio del conservador Harper y su Gobierno es un intento de Canadá de rebajar la tensión entre los dos países y facilitar la liberación del matrimonio.
Pero antiguos diplomáticos y líderes políticos han cuestionado las acciones de Harper en relación con China, que es el segundo socio comercial de Canadá.
El líder del Partido Liberal, Justin Trudeau, es quien ha expresado más claramente la torpeza diplomática de Harper al señalar la semana pasada que la detención de los Garratt es fruto de las malas relaciones que existen en la actualidad entre China y Canadá.
Un experto canadiense en China, Yuen Pau Woo, director ejecutivo de la Fundación Asia Pacífico de Canadá, señaló recientemente la incongruente política de Ottawa hacia Pekín.
Por ejemplo, Harper sigue sin ratificar un acuerdo de promoción y protección de inversiones con China que él mismo firmó con las autoridades chinas en 2012 tras casi 20 años de negociaciones.
Harper también ha endurecido las regulaciones sobre inversiones extranjeras en el país, una medida que los expertos consideran penaliza especialmente a China.
Pero al mismo tiempo, Harper ha utilizado a China para avanzar su agenda con otros países y con el electorado.
El primer ministro canadiense ha “amenazado” a Estados Unidos con vender su petróleo a China si el presidente estadounidense, Barack Obama, no aprueba la construcción de un oleoducto entre los dos países.
Mientras, en Canadá las denuncias públicas contra el régimen comunista chino son bien recibidas por la base electoral del Partido Conservador de Harper, especialmente de cara a las elecciones generales del próximo año.
theclinic.cl

11 ago 2014

Si Turquía no devuelve el agua, lo haremos nosotros desde Estambul"


Publicado: 11 ago 2014 
El Estado Islámico, o EI, está dispuesto a forzar a Turquía a restablecer el flujo del agua en el río Éufrates. En junio Turquía limitó considerablemente la cantidad de agua del Éufrates por medio del embalse de Atatürk.


En la segunda parte del documental sobre el Estado Islámico (antiguo EIIL) grabado por el reportero de Vice News Medyan Dairieh, uno de los milicianos del movimiento radical declara el intento del EI de 'liberar' la capital turca, Estambul, si es necesario para restablecer el nivel del agua en el Éufrates.

"Rezo a Dios para que el Gobierno apóstata [de Turquía] revise sus decisiones. Porque si no las revisan, lo haremos por ellos tras liberar Estambul", afirmó el miliciano identificado como Abu Mosa, uno de los portavoces del Estado Islámico. Especificó al periodista que era "una amenaza directa".

El cierre del embalse de Atatürk en el río Éufrates, en el sur de Turquía, limitó considerablemente el suministro del agua dulce para Siria e Irak y disminuyó el potencial hidroeléctrico de las centrales sirias e iraquíes. Ambos recursos son esenciales para los habitantes de la región que, por el momento, está bajo control del Estado Islámico. Sin embargo, a pesar de las exigencias del agua, el EI mismo controla la mayor presa de Irak en la ciudad de Mosul.

Además, la segunda parte del documental de Vice News revela los métodos de adoctrinamiento de los niños del Estado Islámico. Según el miliciano entrevistado, los menores de 15 años acuden al 'campamento sharia' para estudiar el islam, y los que tienen 16 años o más van a campos militares y ya pueden participar en operaciones de combate.


Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/136711-estado-islamico-amenazar-turquia-agua

10 ago 2014

Relato de la reunión en Torre Ejecutiva entre López Mena y Mujica

ACTA JUDICIAL


MONTEVIDEO (Uypress) — El diario El País tuvo acceso al acta judicial en el reclamo por honorarios impagos por U$S 1.800.000 que realiza el ex abogado de Juan Carlos López Mena.


En su reclamo ante la Justicia solicitando U$S 1.800.000 por concepto de honorarios impagos, Daniel Rocca, ex abogado del titular de Buquebus, López Mena, relata una "rara" y "crispada" reunión llevada a cabo en el piso 11 de la Torre Ejecutiva.
El diario El País tuvo acceso al acta judicial donde se relata la misma, la que reproducimos a continuación.