20 ago 2014

“Informe Chokokue 1989-2013. El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino”.

Documento elaborado por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY) que denuncia el asesinato de 115 campesinos en el marco de la disputa con sectores terratenientes 

a Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denunció ayer que un total de 115 líderes y militantes campesinos murieron ejecutados, o fueron desaparecidos, entre el 3 de febrero de 1989, fecha del golpe de Estado que derribó al dictador Alfredo Stroessner, y el 15 de agosto de 2013, según informó ayer la agencia Efe.
El cómputo está recogido en el Informe Chokokue (Campesino), que según sus autores demuestra la responsabilidad, en esas muertes, de los distintos gobiernos de la democracia que siguieron durante casi 25 años a la caída de Stroessner.
“Con respecto a cada uno de ellos estamos en condiciones de apuntar –con material probatorio–, niveles de responsabilidad individual e institucional del Estado”, dice el informe.
Su coordinador, Hugo Valiente, dijo a Efe que esa violencia está en concordancia con las condiciones socioagrarias de Paraguay, donde, aseguró, existe “una de las estructuras latifundistas más injustas del mundo, con el 80% de la tierra en manos de un 2% de propietarios”.
“Existe un plan sistemático de ejecuciones en el contexto de la lucha por la tierra en Paraguay. Estas responden a un plan para impedir que las organizaciones campesinas tengan una voz en demanda de la reforma agraria”, explicó.
Añadió que la mayoría de las víctimas pertenecían a la Federación Nacional Campesina y al Movimiento Campesino Paraguayo.
En base al primer informe Chokokue el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó en 2008 al Estado paraguayo por la muerte del dirigente campesino Hilario Blanco, fallecido en 2003 a causa de la represión ejercida por la policía durante una manifestación en el Departamento de San Pedro.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió una condena similar por las torturas que sometieron los cuerpos de seguridad del Estado a Ernesto Benítez, quien participó en la misma protesta que Blanco y fue posteriormente detenido y torturado.

DOCUMENTO COMPLETO

Uruguay es más grande: amplió su territorio sobre el océano



18/08/2014 21:41


La ONU accedió a extender el mar territorial que corresponde al país, de 200 a 350 millas mar adentro. El proceso llevó tres años de negociaciones.

Uruguay consiguió el visto bueno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para extender su plataforma continental de 200 a 350 millas mar adentro.
Uruguay dispondrá de 80.500 kilómetros cuadrados más de derechos exclusivos en el mar; un área equivalente a casi la mitad de la superficie de tierra del país.
El fallo a favor de Uruguay de la Convención del Derecho del Mar de la ONU, tiene carácter de recomendación. Se prevé que quede firme desde febrero de 2015.
Uruguay debió reunir información técnica y científica durante años para probar, entre otras cosas, que su plataforma continental efectivamente se extiende más allá de las 200 millas.
La Convención de los Derechos del Mar regula las 12 millas de soberanía; las 20 millas donde se conserva una soberanía limitada, y las 200 millas de uso económico exclusivo de los países con costa.
Ese límite se puede extender hasta un máximo de 350 millas y eso es lo que está a punto de concretar Uruguay.
Es el primer país sudamericano que recibe el visto bueno de la ONU. El país tendrá ahora derecho económico exclusivo a yacimientos o reservas en los subsuelos marinos y, también a la pesca, en toda su nueva plataforma marítima.

FOTO: Mapa publicado por la Armada Nacional
.http://www.subrayado.com.uy/

Reactivando la economia con sangre palestina

Alemania envía nuevo cargamento de armas a Israel

merk
En medio de los difíciles momentos que vive la Franja de Gaza, la prensa germana ‘Der Spiegel’ ha revelado este domingo que Alemania ha suministrado un nuevo cargamento de armas y equipamiento militar al régimen de Israel.
Según la fuente, el Gobierno ha confesado que durante los últimos conflictos en la asediada franja, exportó un cargamento de armas alemanes a los territorios ocupados palestinos, con un valor equivalente a un millón de euros.
Tal medida fue adoptada tras la exigencia de hace unos meses del alto representante del partido socialdemócrata Verde en la Asamblea legislativa del país, Jan van Aken, para enviar armas a los territorios ocupados.
La Constitución del país germano ha prohibido la exportación de armas a zonas en guerras y bajo las crisis, pero la canciller alemana, Angela Merkel, había autorizado en su administración anterior el envío de armamento militar al régimen israelí; no obstante, el ministro actual de Economía, Zigmar Gabriel, debería impedir este reciente suministro.
Paradójicamente, el Gobierno de Berlín después del intento que prestó Gabriel, evitó vender armas a Rusia, justificándolo por la crisis existente entre Moscú y autoridades ucranianas.
Der Spiegel ha destacado también el papel que juega el régimen israelí en las políticas de exportación de armamentos de Alemania y ha asegurado que compañías fabricantes de armas en este país europeo continúan con sus ventas al régimen de Tel Aviv.
Durante las últimas semanas, tras el aumento de las agresiones inhumanas del ejército israelí contra el pueblo indefenso de Gaza, se han celebrado varias manifestaciones en diferentes ciudades alemanas, entre ellas la capitalina de Berlín, que han pedido el cese inmediato de los apoyos del Gobierno de Merkel al régimen de Israel, mediante el envío de armas.
Sin embargo, pese a la exigencia de partidos y políticos opositores, Alemania hasta el momento no ha ofrecido ningún documento oficial sobre la cantidad de sus exportaciones de armamento militar a los israelíes.
HispanTV

19 ago 2014

Espionaje y amenazas a la libertad de prensa en EE.UU.

ESCRIBE AMY GOODMAN


18.08.2014

EE.UU. (Amy Goodman/Democracy Now!) - Según lo previsto, pronto se iniciará el juicio en la causa por espionaje iniciada por el gobierno de Obama contra el presunto informante de la CIA Jeffrey Sterling, seis años después de la presentación de cargos en su contra.

Aparte de Sterling, se llevará a juicio además a uno de los principales pilares de nuestra sociedad democrática: la libertad de prensa. Los fiscales federales alegan que Sterling filtró información confidencial al autor y periodista del New York Times, James Risen. Risen ha escrito varios artículos en los que saca a la luz asuntos de seguridad nacional. En uno de ellos, publicado en su libro de 2006 "State of War" (en español: "Estado de Guerra"), Risen detalla una operación fallida de la CIA cuyo objetivo era hacer entrega de planos defectuosos de bombas nucleares al gobierno de Irán a fin de perjudicar el supuesto programa de armamento de ese país.
Los fiscales consideran que fue Sterling quien filtró los detalles de esa operación a Risen y pretenden que éste haga pública su fuente ante la justicia. Risen se ha negado hasta el momento a divulgar su fuente, amparándose en las protecciones a la libertad de prensa establecidas en la Primera Enmienda y ha jurado ir a la cárcel antes que "renunciar a todo aquello en lo que creo", según sus propias palabras.
El rol que juegan las fuentes confidenciales en el periodismo de investigación tal vez haya sido demostrado de manera fehaciente por los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein. Woodward y Bernstein tenían una fuente confidencial apodada "Garganta Profunda" que les dio pistas, les confirmó información y les sugirió "rastrear la ruta el dinero". Con ayuda de esa fuente descubrieron actos ilícitos llevados a cabo en las más altas esferas del gobierno, los cuales posteriormente llevaron a presentar su renuncia al Presidente Richard Nixon hace más de 40 años, en 1974, a fin de evitar un juicio político.
Aproximadamente en el mismo momento, revelaciones acerca de hechos ilícitos y rotundos delitos en el seno del FBI, la CIA y la NSA suscitaron investigaciones por parte del Congreso que derivaron en la aprobación de nuevas leyes, como la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), la cual se suponía debía controlar los abusos, al exigir órdenes judiciales para la vigilancia.
Pero luego tuvieron lugar los ataques del 11 de septiembre de 2001, y como da cuenta actualmente el sentido común, "todo cambió". El gobierno de George W. Bush dio inicio a una amplia gama de actividades, entre ellas, tortura, secuestros, escuchas telefónicas sin orden judicial y, por supuesto, la invasión y ocupación de Irak sobre la base de información de inteligencia falsa y de una extensa campaña propagandística, llevada a cabo con amplia complicidad de los medios masivos de comunicación.
Estos abusos salieron a la luz gracias a la labor de periodistas de investigación como James Risen y de informantes que corrieron grandes riesgos, a nivel personal y profesional, para llamar la atención de la población sobre los abusos de poder cometidos. Risen llevó su caso ante la justicia y logró que un juez de distrito dejara sin efecto la citación que pendía sobre él. El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, que tiene jurisdicción sobre Virginia y Maryland, donde la CIA y la NSA tienen sus respectivas sedes principales, reinstauró la citación. Posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos, a instancias del gobierno de Obama, se negó a tratar el caso. Risen agotó entonces sus posibilidades de apelación y deberá testificar en el juicio de Sterling o enfrentar cargos por desacato, que podrían implicar importantes multas y tiempo de reclusión.
"Mientras sea Fiscal General", sostuvo el Fiscal General Eric Holder, "ningún periodista que esté haciendo su trabajo irá a la cárcel". Pero si los fiscales federales del caso Sterling obligan a Risen a atestiguar, no queda claro de qué servirá la promesa de Holder.
Uno de los motivos por los que el juez federal dejó sin efecto la citación de Risen fue que, según razonó el juez, los fiscales ya tenían un caso firme contra Sterling y no necesitaban que Risen confirmara que Sterling fue la fuente. Las evidencias contra Sterling incluyen los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y cuentas bancarias de James Risen, así como sus registros telefónicos y otra información que presuntamente los vincularía. He aquí otra profunda amenaza al periodismo: el nivel sin precedentes de vigilancia de todas las personas, incluidos los periodistas. Paradójicamente, fueron James Risen y su colega Eric Lichtblau quienes primero sacaron a la luz el programa de escuchas telefónicas sin orden judicial del gobierno de Bush en un artículo escrito en el año 2004 que fue retenido por el entonces editor en jefe, Bill Keller, hasta después de las elecciones presidenciales del 2004, en las que resultó reelecto el Presidente Bush.
La organización Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles emitieron conjuntamente en el mes de julio un informe titulado: "Con libertad para vigilar a todos: Cómo la vigilancia a gran escala de Estados Unidos perjudica al periodismo, a la ley y a la democracia estadounidense". Al detallar los impactos negativos que tiene la vigilancia masiva sobre el periodismo, citan a Brian Ross, corresponsal en jefe de investigaciones de ABC News, quien expresó: "Siento que tenemos que actuar como si fuéramos de la mafia. Tenemos que ir por ahí con un monedero lleno y si se encuentra un teléfono público, hay que usarlo, o como hacen los traficantes de drogas, hay que usar teléfonos prepagos desechables. Estos son los pasos que tenemos que dar para librarnos del rastreo electrónico. Tener que tomar este tipo de medidas hace que los periodistas nos sintamos como si fuésemos criminales y como si estuviésemos haciendo algo malo. Y no creo que sea así. Creo que estamos brindando un servicio útil a los estadounidenses para que sepan lo que está pasando en su gobierno y lo que está sucediendo".
No, los periodistas de investigación no son culpables de hacer nada malo. La organización activista online Roots Action ha publicado una solicitud, que cuenta con más de 125.000 firmas, en la que exhorta al Presidente Obama y al Fiscal General Holder a detener las acciones judiciales contra James Risen. Varias organizaciones en favor de la libertad de prensa han expresado su apoyo a Risen públicamente, al igual que lo han hecho veinte ganadores de Premios Pulitzer. En definitiva, reprimir a la prensa viola el derecho de la población a saber. Existe una razón por la que el periodismo se encuentra amparado por la Constitución de Estados Unidos: la libertad de prensa es una instancia fundamental de control y equilibrio, necesaria para que quienes detentan el poder rindan cuentas ante la sociedad. El periodismo resulta esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática.
Amy Goodman | Democracy Now!
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

NO ERA TAN SIMPLE NI TAN LINEAL

Derechos Humanos
14.08.2014

Estados Unidos pretendería enviar presos de Guantánamo a América del Sur a cambio de ventajas económicas

Marcela Belchior
Adital

La organización estadounidense de derechos humanos Open Society Justice Initiative (OSJI), con sede en Nueva York y actuación en varios países, denuncia que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos quiere que Brasil, Colombia y Uruguay reciban prisioneros del Centro de Detención de Bahía de Guantánamo, en Cuba. El acuerdo sería enviar los presos a los tres países a cambio de ventajas económicas, secretamente.

Según la OSJI, la CIA ya habría instalado prisiones secretas en por lo menos 54 países que cooperaron con secuestros, detenciones, torturas y ejecuciones de autoría de la Agencia, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Ahora, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pretendería contar con el apoyo sudamericano para recibir a personas detenidas, que son presumiblemente inocentes, pero que desde hace por lo menos 12 años están sometidas a tratamientos crueles, degradantes e inhumanos.

La intención es que esos presos lleguen a los países como hombres libres y en pleno ejercicio de sus derechos humanos, en calidad de refugiados o asilados políticos. Aún así, la organización señala que la CIA planearía instalar otras prisiones clandestinas en los tres países. "Simplemente les convertiría en cómplices de las actividades ilegales e inhumanas de la CIA”, observa la OSJI en el informe.

La organización destaca que la CIA ha cometido en América Latina diversos delitos de lesa humanidad, como genocidios, desapariciones forzadas de personas y secuestros. Agentes de Estados Unidos fueron y permanecen siendo torturadores oficiales y extraoficiales, perseguidores y colaboradores de fuerzas armadas y policiales, que se caracterizaron por la crueldad en la ejecución de graves delitos. "Además, han sido cómplices y beneficiarios de las corrupciones de gobiernos dictatoriales y han sido ejecutores de políticas narcotraficantes porque la CIA ha sido y es un poderoso e intocable cartel del narcotráfico internacional”, acusa la organización.

La OSJI afirma que la responsabilidad de las violaciones de los derechos humanos de los detenidos en Guantánamo no se restringe al Gobierno de Estados Unidos. Las operaciones de detenciones secretas y acciones extraordinarias, elaboradas para realizarse fuera del territorio estadounidense, no podrían ser ejecutadas sin la participación activa de gobiernos extranjeros.

De acuerdo con la organización, la lista de esos Estados incluiría a Pakistán, Afganistán, Egipto y Jordania, donde existieron cárceles secretas, en las que fueron practicadas torturas a lo largo de varios años. Países como Irlanda, Islandia y Chipre son acusados de haber concedido ayuda oculta a la CIA, al permitir el uso de su espacio aéreo y sus aeropuertos en operaciones de la Agencia.

La Open Society también relata que Canadá no sólo habría permitido el uso de su espacio aéreo, sino también proporcionado información sobre ciudadanos canadienses. Muchos de los países de la lista son europeos. Alemania, España, Portugal y Austria están entre ellos, mientras que Francia, Países Bajos, Rusia y Hungría no aparecen. Polonia, Lituania y Rumania también habrían colaborado, albergando prisiones secretas en su territorio. También Georgia es acusada de haber participado en una operación estadounidense.

La pretensión es desactivar la prisión

Desde que fue creado, en 2002, el Centro de Detención de Bahía de Guantánamo, prisión militar estadounidense situada en Cuba, ya recibió más de 800 personas, presas bajo alegación por parte de Estados Unidos de terrorismo. Los detenidos, sin embargo, nunca fueron acusados formalmente ante la Justicia del país. Desactivar el campo de detención ha sido uno de los principales proyectos defendidos por Obama. En abril de este año, la aceptación del Gobierno de Uruguay para recibir cinco presos en calidad de refugiados generó controversia entre la población uruguaya.

Con informaciones del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo (Ceprid).

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com