El gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció este miércoles la emisión de una orden de presentación en contra del alcalde con licencia de Iguala José Luis Abarca Velásquez.
De acuerdo con el diario Reforma, autoridades de Guerrero integraron una averiguación previa contra el alcalde por delitos relativos a los hechos de violencia del fin de semana, donde murieron seis personas y otras 17 resultaron heridas.
El gobierno del estado señaló que el martes, después de la sesión de cabildo donde se aprobó la licencia del alcalde, un grupo de agentes ministeriales estuvieron en Iguala para pedirle que se presentara a rendir una declaración ministerial, pero éste no fue localizado.
El funcionario salió del Ayuntamiento junto con su esposa e hijos después de la sesión. Además de José Luis Abarca, se pidió la presentación ante el Ministerio Público (MP) del jefe de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velásquez.
En entrevista radiofónica, el gobernador de Guerrero afirmó que los hechos registrados el pasado 26 de septiembre en Iguala pusieron en evidencia que la policía municipal está infiltrada por la delincuencia organizada, particularmente por el grupo conocido como “Guerreros Unidos”.
Las órdenes de presentación se requirieron a partir de que las autoridades guerrerenses desconocen el paradero del primer edil y su jefe de la Policía Preventiva. Se pidió el apoyo de todas las Procuradurías de Justicia del país, para efecto de que colaboren con la búsqueda del presidente, ya que se les considera como probables responsables de actos “completamente deleznables”.
El gobierno de la entidad también ofreció la recompensa de un millón de pesos para quienes ayuden a localizar a los 44 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos. El operativo de búsqueda de los normalistas se extendió a toda la región Norte de Guerrero y se ofreció el pago de un millón de pesos para quien colabore con su localización.
Marchan madres de normalistas desaparecidos
Por tercer día consecutivo, normalistas y padres de los 44 desaparecidos en Iguala, Guerrero, marcharon por las calles de Chilpancingo, exigiendo su presentación, así como ejercer acción penal contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Tras cruzar la ciudad, instalaron un plantón en la puerta principal de Palacio de Gobierno y esperan que las atiendan para solicitar que se refuerce el operativo de búsqueda implementado desde el lunes en la cabecera municipal de Iguala.
En las pancartas que portan los padres de los desaparecidos se leen consignas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Castigo a los responsables” y “Juicio político a Ángel Aguirre Rivero”.
Tres estudiantes heridos en los ataques ocurridos en Iguala siguen graves, informó el secretario de Salud (Ssa) del Estado de Guerrero, Lázaro Mazón Alonso. El funcionario estatal indicó que tras los hechos violentos en Iguala han brindado ayuda y atención médica a 25 personas.
“En Iguala tenemos dos pacientes graves jóvenes de Ayotzinapa: uno tiene un balazo en la cabeza, otro fue en la nariz y en el maxilar superior, él va a ser trasladado tan pronto sea estabilizado a cirugía plástica a un hospital de la Ciudad de México”, señaló.
“Otro de los jóvenes, también (recibió) un balazo en el ojo y en un brazo. Ese estuvo en el Seguro Social de Iguala, de ahí lo trasladamos al Seguro Social de Acapulco y lo mandamos a un hospital de alta especialidad en Ciudad de México “, precisó.
A otro estudiante más de Ayotzinapa, agregó, se le rompieron los tendones de la mano, pero ya fue operado. Mazón Alonso detalló que en Iguala atienden a un taxista al que una bala le rompió el tobillo y que otro chofer recibió un disparo en la pierna.
Asimismo, reveló que hoy darán de alta a una maestra que recibió un balazo en el brazo y que sufrió una lesión de tobillo.
En tanto, señaló que el director técnico del equipo de futbol de segunda división Los Avispones, Pedro Rentería, permanece hospitalizado, pero evoluciona, y que un joven más fue operado en un hospital privado en Iguala y trasladado a Chilpancingo.
Según el secretario, todos los gastos médicos corren por cuenta del Gobierno estatal.
Organizaciones sociales exigen presentación con vida de normalistas desaparecidos
Más de 70 organizaciones sociales agrupadas a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado fin de semana.
Además, consideraron que los hechos ocurridos en Iguala “son tan sólo una prueba del clima de violencia e impunidad que reina en el país, y de la ineficiencia de una política de seguridad con perspectiva de derechos”.
En la víspera de la conmemoración del 46 aniversario la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, la Red TDT llamó a los organismos públicos de derechos humanos llamaron a desplegar “un operativo especial de observación” durante el evento ante el contexto de violencia institucional contra los movimientos sociales.
Por su parte, el Frente por la Libertad de Expresión, de la que forman parte algunas organizaciones de la Red TDT y otras organizaciones, anunció que acompañara a los manifestantes en su marcha, y pidió a las comisiones de derechos humanos nacional y capitalina emitir medidas precautorias para que las procuradurías General de la República y General de Justicia del DF, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del DF y a la Policía Federal, “garanticen el libre ejercicio de los derechos humanos de protesta, manifestación pública, de expresión, de asociación, además de respetar los derechos de movilidad, de libertad, de seguridad e integridad personales de los asistentes a las movilizaciones” de este jueves.
En un comunicado firmado por 74 organizaciones sociales de 22 entidades del país se da cuenta de los hechos violentos contra normalistas y ciudadanos de Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre, los cuales, advierten, son muestra “de la gravedad de la crisis humanitaria que enfrenta el estado Guerrero y de la descomposición de sus fuerzas policiales”.
Tras una narrativa de la secuencia de ataques en los que fueron ejecutados extrajudicialmente tres estudiantes, y otras tres perdieron la vida entre ellas un menor de edad, así como 20 heridos, uno de ellos un normalista con muerte cerebral y 43 desaparecidos, de entre 17 a 25 años, las organizaciones urgieron a la localización de los estudiantes no localizados, incluidos aquellos que fueron detenidos por policías municipales y no fueron puestos a disposición de autoridades competentes.
Al reconocer la detención de 22 policías municipales, las organizaciones condenaron “estos actos de barbarie, que son pruebas fehacientes de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Normal Rural isidro Burgos de Ayotzinapa”, e insistieron en la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
“Es urgente que las autoridades estatales y federales lleven a cabo acciones coordinadas extraordinarias para localizar a los jóvenes desaparecidos, especialmente ante el reconocimiento de las detenciones por actores estatales”, apuntaron las organizaciones en su comunicado.
Exigieron a las autoridades estatales y federales que “garanticen de manera inmediata la seguridad e integridad de los 43 estudiantes desaparecidos, se presenten con vida a la brevedad, y se garanticen el derecho a la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de esta masacre y sus familiares, así como la atención integral, médica y psicológica de los estudiantes heridos y de los que interpusieron denuncias”.
Preocupadas por el “clima de violencia e impunidad que reina en el país”, las organizaciones civiles exigieron “castigo a los responsables por acción y omisión por esta masacre en el que la ejecución extrajudicial y la desaparición se utiliza como método de control social contra la población estudiantil, por exigir sus derechos”.
Frente a ese escenario represivo hacia los estudiantes y en el contexto de las movilizaciones sociales para recordar la matanza del 2 de octubre de 1968, la Red TDT hizo un llamado a los organismos públicos estatales y nacionales de derechos humanos a desplegar un operativo especial de observación.
Asimismo recordaron la obligación del Estado mexicano de dar garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos para realizar su labor de acompañamiento a víctimas y anunciaron que estarán pendientes de la situación de estudiantes desaparecidos así como de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
En tanto las organizaciones integradas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, así como el Comité Jurídico y de Derechos Humanos 132 y el Colectivo del Tribuno Popular, pidieron a las comisiones de derechos humanos nacional y del DF medidas cautelares para que autoridades federales y de la Ciudad de México garanticen los derechos de los manifestantes de las movilizaciones de este jueves 2, y que serán monitoreadas por el Frente.
En un comunicado informaron también de la presentación de 20 demandas de amparo “en contra de disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal que imponen la obligación de aviso previo por escrito con al menos 48 horas antes de una manifestación, prohíben de manera absoluta el uso de vías primarias y habilitan facultades discrecionales a la policía para el uso de la fuerza”.
Los amparos que representan a 14 mil personas, entre ellas miembros de sindicatos, colectivos estudiantiles, periodistas y organizaciones de derechos humanos, han tenido respuesta en los juzgados federales.
Señalaron que “en días recientes, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal concedió dos suspensiones provisionales que protegen a colectivos estudiantiles contra estas disposiciones hasta que se resuelvan los juicios correspondientes”, lo que consideran como “un precedente importante en la protección del derecho a la protesta” en la capital de la república.
Al recordar que del primero de diciembre de 2012 y diciembre de 2013, como resultado de manifestaciones sociales en la ciudad, fueron privados de la libertad por lo menos 294 jóvenes, los integrantes del Frente exhortaron a la SSP-DF “a abstenerse de aplicar el Protocolo de Actuación Policial para el control de Multitudes, ya que además de legitimar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, contempla disposiciones que contravienen el principio de presunción de inocencia, el derecho a la libertad y seguridad personales, e impone restricciones injustificadas al derecho a la manifestación pública y a la protesta social”.
