SÁBADO 06 DE DICIEMBRE DE 2014 12:20
El dueño de La Nueva Provincia, diario de Bahía Blanca, enfrenta una acusación por complicidad con la dictadura militar. Los aspectos centrales de la investigación: secuestros, homicidios y propaganda.
Por Diego Kenis
¿Quién es Vicente Massot?
En su primera declaración ante la Justicia, en marzo de este año, Vicente Gonzalo María Massot eligió definirse como empresario y periodista. Su madre, Diana Julio, fue heredera, directora y propietaria del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, fundado en 1898 por su ancestro Enrique Julio. Convertido en hegemónico, el grupo agregó luego a sus empresas la radio LU2 de AM, una emisora FM y hasta 1980 el canal de televisión Telenueva. Además de los roles que eligió para definirse y conocido por su pensamiento reaccionario, Vicente Massot también incursionó en política: en 1993 fue Secretario de Asuntos Militares –virtual viceministro- del Ministerio de Defensa de la Nación, bajo la presidencia de Carlos Menem. Tanto los años de la dictadura como los del menemismo significaron un crecimiento significativo para la empresa familiar. A la sostenida hegemonía del medio impreso se agregó el liderazgo de la radio, a partir del cierre y el vaciamiento de otras dos emisoras de peso en Bahía Blanca: LU7 y LU3, en 1978 y 1994, respectivamente.
¿De qué se lo acusa?
Los delitos por los que se acusa a Massot se vinculan al rol que ocupó La Nueva Provincia durante la última dictadura cívico militar y en los años previos, y tienen que ver con su pertenencia al núcleo directivo, tanto empresarial como periodístico, del medio.
Existen dos grandes ejes en la acusación. Por un lado, los secuestros y homicidios de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, quienes encabezaron medidas de fuerza contra la patronal en 1975 y menos de un año más tarde, ya ocurrido el golpe del 24 de marzo, fueron asesinados. Previamente, las páginas del diario les habían advertido que no se creyeran parte de “una nueva raza invulnerable de por vida”. En sintonía con las consideraciones hechas por el matutino, la Prefectura elaboraba informes de inteligencia donde señalaba a las víctimas como parte del “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” al formar parte de lo que llamaban “guerrilla sindical” y desde el Comando del V Cuerpo de Ejército se les advertía que se dejen de “romper las pelotas, que la mano viene brava”.
Por otro lado, los fiscales acusan a la cúpula directiva de La Nueva Provincia de entonces de haber efectuado “aportes esenciales” en el terreno de las operaciones psicológicas y de propaganda negra sobre la población, para favorecer el ejercicio de la violencia criminal por parte de la estructura estatal, lo que no podría haberse efectuado sin una construcción de sentido acorde. Esta fórmula de imputación es novedosa incluso en la jurisprudencia internacional, donde registra pocos antecedentes, y se asienta sobre la premisa de que un genocidio no puede perpetrarse si no cuenta con el aporte de medios hegemónicos que lo fundamenten filosóficamente, lo respalden en base a la desinformación, la tergiversación y la estigmatización del grupo social a ser exterminado, y posteriormente justifiquen lo actuado. Normativas castrenses secretas, puestas a la luz en los últimos años, arrojan claridad sobre el accionar. Una de ellas es el Reglamento de Operaciones Sicológicas, firmado por el dictador Alejandro Lanusse en 1968, que marca la importancia de los medios de prensa en las operatorias.
¿Cómo se llega a la acusación?
Hay varios puntos que considerar como antecedentes. En 1987, la Cámara Federal de Bahía Blanca tomó una extensa declaración indagatoria al general Adel Vilas, segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y mandamás de la represión en Bahía Blanca y la región. Vilas calificó a La Nueva Provincia como “un valioso auxiliar de la conducción” y reconoció, por otra parte, que el aparato represivo montaba operaciones psicológicas para encubrir sus crímenes.
Tras la caída de las leyes de impunidad, a mediados de la década pasada se retomaron las investigaciones penales por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. En 2011, el entonces fiscal de Derechos Humanos Abel Córdoba solicitó el allanamiento del archivo del diario. La solicitud fue rechazada por el juez Eduardo Tentoni, posteriormente recusado por sostener vínculos informales con autoridades navales y del propio medio de comunicación.
En 2011 comenzó en Bahía Blanca el primer juicio por delitos de lesa humanidad. Cuando concluyó, en septiembre de 2012, el Tribunal Oral Federal que lo llevó a cabo incluyó en su fallo un punto donde disponía que se remitiera al Juzgado Federal de primera instancia la investigación acerca del comportamiento del diario y su cúpula directiva durante la dictadura. La determinación surgió luego de que los jueces observaran el modo en que el medio informaba acerca de los delitos tratados en el debate y el marco en que se daban. Los magistrados encontraron que La Nueva Provincia produjo en la época una “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
¿Cómo siguió la causa?
El juez subrogante Santiago Martínez recibió el expediente y delegó la investigación en la Unidad Fiscal de Derechos Humanos conducida por Córdoba, quien en marzo de 2013 fue designado al frente de la recién creada Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN). En Bahía Blanca, fue reemplazado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia.
En mayo del mismo año, Nebbia y Palazzani solicitaron la detención e indagatoria de Vicente Massot y el ex jefe de redacción Mario Gabrielli, quien murió dos meses después. En sintonía con sus resoluciones por la negativa en otros expedientes de lesa humanidad, Martínez desvinculó no sólo a Massot sino al diario en su conjunto del plan criminal de la dictadura y entendió que sus publicaciones de la época se enmarcaban en el ejercicio de la libertad de expresión, lo que implicó el desconocimiento del fallo del Tribunal que le remitió originalmente el expediente. La Cámara Federal revocó parcialmente esa resolución y la causa quedó en manos del juez Álvaro Coleffi, quien tomó una declaración espontánea a Massot y posteriormente lo citó a dos indagatorias y le prohibió la salida del país, además de ordenar un allanamiento a la sede de la empresa.
¿Cuáles son las coartadas de Massot?
De acuerdo a lo que trascendió al cabo de sus tres presentaciones ante la Justicia, Massot centró su defensa en una premisa general: que no formaba parte del grupo directivo del diario y que no se encontraba en Bahía Blanca en el año clave de 1976, cuando fueron asesinados los obreros gráficos y La Nueva Provincia publicó varias de las coberturas que fueron detectadas por los fiscales como operaciones psicológicas. Su ausencia dejaría como únicos responsables a su madre Diana Julio y su hermano Federico Massot, ambos fallecidos.
Varios documentos, hallados antes, durante y después del allanamiento – que se concretó el 8 de abril- lo desmienten. La documentación prueba que para 1976 los hermanos Massot no sólo eran los hijos de la dueña de la empresa, sino también los socios de ésta. Asimismo, está probado que en 1978 Vicente Massot participó ya de la asamblea de socios de La Nueva Provincia SRL. Desde 1976 y hasta ese año no se tienen datos porque los libros correspondientes al bienio están sugestivamente desaparecidos de los archivos contables de la firma y no se efectuó sobre su faltante la denuncia de extravío, lo que es de rigor en tales casos.
Por otro lado, las pericias efectuadas por la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) sobre otros documentos contables hallados en la sede de la empresa revelan que el imputado se desempeñaba “en forma permanente” en 1976 y que cumplía el rol de editorialista, de los principales en la estructura periodística de un diario. Además consta que entre septiembre y noviembre de ese año tuvo “asistencia completa”. Los datos desmienten no sólo su ausencia de la ciudad en 1976 sino también sus afirmaciones respecto a que recién en 1977 comenzó a trabajar en la empresa familiar.
En el caso específico de los secuestros y homicidios de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, un poder firmado por su madre certifica que a Massot le fue encomendado en 1975 “todo trato con el personal” en conflicto con la patronal y una decena de actas notariales avalan que los encuentros con los delegados gremiales no fueron excepcionales, como pretendió explicar el 18 de marzo en su declaración espontánea, sino frecuentes.
¿Cuál es la importancia y qué repercusiones ha tenido la causa?
Por sus características, la acusación contra Massot ha despertado el interés de medios nacionales e internacionales. Se trata de una fórmula de imputación novedosa, con pocos antecedentes en el mundo y que pone en discusión el rol de los medios de comunicación en la legitimación de un genocidio, mediante el aporte de operaciones psicológicas para su ejecución y con una construcción de sentido y un diseño de la subjetividad que permitan su implementación y posterior justificación, con la entronización como verdad dada de un relato falaz de los hechos y la caracterización de un Otro a ser exterminado.
¿Qué rumbo puede seguir la causa?
El 20 de noviembre, el juez Coleffi tomó declaración indagatoria al imputado por segunda vez. Una semana más tarde, los fiscales Palazzani y Nebbia elevaron al magistrado un nuevo escrito. En casi 700 páginas, analizaron pormenorizadamente las publicaciones del diario en el bienio 1976- 1977. Tras cada paso cumplido, reiteraron su pedido original: que Massot sea detenido y procesado. La decisión la tendrá el juez, de buenos antecedentes en causas por delitos de lesa humanidad y sometido a múltiples presiones de parte del mismo sector judicial que resolvió por la negativa ante las acusaciones iniciales contra el empresario.
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