12 dic 2014

La CIA aplicó en los interrogatorios las mismas torturas que la Gestapo, según un exagente

Los agentes de la CIA emplearon en los interrogatorios de sospechosos de terrorismo las mismas técnicas de tortura que utilizó la Gestapo durante el régimen nazi, declaró a Sputnik el exanalista del servicio estadounidense, Raymond McGovern.

10:46 10/12/2014
Moscú, 10 dic (Sputnik).


"Las técnicas intensificadas de interrogatorio (de la CIA) son una traducción literal de la expresión alemana Verschärfte Vernehmung ("interrogatorio intensificado"), así se denominaba el manual de métodos similares de tortura de la Gestapo", dijo McGovern.
Es "bastante irónico", agregó, que las técnicas de tortura de la CIA y la Gestapo coincidan, incluida la llamada "tortura con agua" o ahogamiento simulado.
Al mismo tiempo, el exagente aplaudió la publicación del informe del Senado norteamericano sobre los interrogatorios a los que la CIA sometió a los sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
"Es importante mostrar estas cosas a la conciencia humana y la opinión pública, para que la gente pueda conocer lo ocurrido y esperar que se impida su repetición", recalcó McGovern.
El Comité de Inteligencia del Senado de EEUU divulgó el martes 524 de un total de 6.000 páginas del informe.
El documento revela abusos cometidos por la CIA durante la presidencia de George W. Bush (2001-2009) y que incluyeron torturas, desinformación a las autoridades y la opinión pública y la detención ilegal de al menos 26 sospechosos de terrorismo.
Según se desprende del informe, los interrogados fueron sometidos a técnicas de tortura tan brutales como privación de sueño o alimentación rectal, además de la asfixia por agua simulada que consistió en poner un paño sobre la cara del prisionero, echarle agua y obligarlo a respirar, provocando la sensación de ahogo.
Los autores del informe analizaron más de seis millones de documentos, en particular la correspondencia entre empleados de la CIA, fotografías y otra información.
De cara a la publicación del documento, EEUU reforzó las medidas de seguridad en sus misiones extranjeras por temor a protestas y actos de violencia.

Cuando se trata de impunidad todo sirve


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LA CIÉNAGA

Trasladan del fuero penal al civil a fiscal que pidió procesamiento de capitán Lucero


MONTEVIDEO (Uypress) - El Ministerio Público y Fiscal, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, resolvió el traslado del fuero penal al civil de la fiscal Diana Salvo, que se desempeñaba desde hacía tres años en la causa generada a partir de la denuncia colectiva por torturas y abusos sexuales a ex presas políticas.

Salvo se desempeñaba como fiscal penal de 10º turno y estaba a cargo de la causa que indaga la denuncia colectiva por malos tratos y abusos sexuales realizada en 2011 por un grupo de 28 ex presas políticas, víctimas de la última dictadura cívico-militar uruguaya.
En las últimas semanas había solicitado el procesamiento al capitán retirado Asencio Lucero, quien a fines de setiembre reconoció a la jueza penal de 16º turno Julia Staricco la aplicación de métodos violatorios de los derechos humanos, como plantones, submarino seco y húmedo, picana y tortura psicológica, siendo el encargado de Inteligencia en el Regimiento de Caballería N°9.
A sus 74 años, Lucero es defendido por Rosana Gavazzo (hija del coronel (r) José "Nino" Gavazzo). En la citada audiencia, que tuvo lugar en el marco de la causa antes referida, el militar reconoció aplicó torturas durante los interrogatorios a militantes políticos detenidos desde 1972.
Según informó el periodista Roger Rodríguez este lunes 8, la fiscal pretendía que continuaran las investigaciones sobre el caso principal a la vez que pidió el procesamiento de Lucero en un escrito presentado hace más de un mes.
No obstante, Salvo fue trasladada "en forma compulsiva y sin aviso" a la Fiscalía Civil de 8º Turno y será reemplazada en el fuero penal por Estela Llorente, proveniente de Maldonado.
El abogado representante de las ex presas políticas denunciantes, Federico Álvarez Petraglia, pedirá este martes explicaciones ante el Poder Judicial, ya que no fue notificado del cambio y quiere saber las razones del traslado de una fiscal "que lleva tres años de trabajo en esta causa", señaló en diálogo con Uypress.


Razones flojas de argumentos

Desde diversas fuentes judiciales nos hicieron llegar mensajes aclaratorios de que hasta la fecha y luego de que el torturador Lucero reconociera en sede penal haber practicado torturas a los presos, no existe tal pedido de procesamiento por parte de la fiscal. Confirmamos que esta información es la correcta.
Como en el día de mañana el Parlamento debería aprobar el nuevo Código del Proceso Penal lo que representará un cambio de época para la justicia uruguaya, tanto desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos como de una política integral de seguridad pública, consultamos al Fiscal de Corte Jorge Díaz, sobre cuáles son las medidas que se han adoptado para prepararse a los fiscales penales para la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso el 1 de enero del 2017.
Díaz nos informó que desde principio de este año se inició la capacitación de los fiscales en un proceso que cuenta con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de los Estados Unidos y fundaciones europeas. Uno de los objetivos de este proceso es que los fiscales que deberán aplicar el nuevo Código del Proceso tengan por delante un tiempo importante de su carrera.
Ese fue el motivo por el cual la fiscal Diana Salvo y Dora Domenech que se jubilarían poco después de entrar en vigencia el nuevo Código fueron  trasladadas al fuero civil y tres fiscales que concursaron y ascienden por oposición y méritos ocupen a la brevedad dos juzgados penales y uno de adolescentes.

Brasil: ¿Sombras de un golpe a la paraguaya?

FREDERICO FÜLGRAF / 

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FREDERICO FÜLGRAF – Hace un mes, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue reelecta.Eso, los chilenos lo leyeron en los diarios, lo escucharon en las radios y lo vieron en la TV.
Es lo que los periodistas llamamos “noticiario factual”.
¿Que más pudieron leer, escuchar o ver los chilenos sobre Brasil en las últimas semanas?
Los corresponsales de prensa extranjera, en cualquier país, tenemos siempre un ojo en nuestras propias fuentes y otro en los medios locales, sobre los mismos temas que investigamos, pero también sobre lo que dicen de nuestros países de origen.
Sin embargo, como habitante cisandino, me he preguntado si la altura de los picos cordilleranos impide que Chile pueda ver lo que sucede atrás de sus quebradas, porque encontrar una noticia sobre Brasil en los medios nativos es como buscar una aguja en un pajar.
A menos que Jorge Valdivia haya marcado un gol o la prensa boulevard haya descubierto una nueva “brasileña caliente” en Instagram.
El tiempo pasa y más me asalta la percepción de que la Cordillera es la Muralla de Chile – ¿o la muralla será un estado de espíritu de los editores de noticias?
La verdad es que las noticias no son buenas.
Aécio Neves, el hombre y sus sombras
Para comenzar, hasta la fecha, el ex candidato de la oposición derechista, Aécio Neves, no admite su derrota, que fue por una diferencia de 3,5 millones de votos.
¿Pero no había felicitado a la presidenta victoriosa, deseándole un nuevo gobierno exitoso? Si por un lado eso es cierto, ¿quien, por otro lado, nos garantiza que en aquel primer momento el playboy se encontraba sobrio – o al revés?
¿Le suena a difamación? A ver.
Decir, primero, que Neves es un “playboy”, es afirmar lo obvio. Poco más joven que la presidenta, mientras ella vivía en la clandestinidad y combatía a la dictadura con armas en la mano – por lo que después pagó con varios años de cárcel y tortura – Aecinho, nieto del eminente senador y presidente prematuramente fallecido, Tancredo Neves, se entretenía en la farándula de Rio de Janeiro, que le educó los sentidos para notable consumo de tragos y de “la blanquilla”, que parece pero no es azúcar refinado.
Y también a “gastar” mujeres, sobretodo bellas. Cuando Aecinho se tomaba copas demás, algunas veces sobraban unos vapuleos, sobas y golpizas a sus acompañantes humilladas.
Es que el ex candidato al puesto de mandatario del mayor país del Continente sufre de un síndrome que se describe como “minusvalía de lo femenino” – popularmente conocida como surto machista – y cuando lo ataca, distribuye golpes. Así nomás.
Si eso le suena a “pecados juveniles”, entonces le recomiendo la lectura sobre el “Caso Helicoca”.
“Helicoca” es un documental brasileño sobre el helicóptero de la familia Perrella, apresado después de aterrizar en un fundo en el interior de la provincia de Espírito Santo, el 24 de noviembre 2013. El problema: la nave transportaba 445 kilos de pasta-base de cocaína.
Apenas insignificantes cuatro días después, la vinculación de los Perrella con el crimen fue descartada. Según el comisario responsable de la Policía Federal, Leonardo Damasceno, “no existían indicios de participación de los parlamentarios”.
¿Parlamentarios? Sí, el empresario Zezé Perrella, del sector de alimentos, pero gracias sobretodo a su destacada actuación como dirigente del club de fútbol Cruzeiro, de Belo Horizonte (sí, sí, el mismo en que jugaba Claudio Maldonado), fue uno de los diputados más votados en 1998 por el partido derechista DEM.
En 2002, Zezé fue invitado por su amigo Aécio Neves como candidato al Senado por el liberal-derechista PSDB, pero fue derrotado. Sin embargo, en 2006, Zezé fue electo diputado provincial por el PSDB, partido en el que actuó hasta 2009. En 2011 fue denunciado por ocultar en su declaración de bienes una hacienda con valor estimado de mil 410 millones de pesos. Su hijo, Gustavo, también diputado, es el propietario del helicóptero y, como su papá, uno de los protegidos de Aécio Neves.
Esta “protección” fue la clave para que la Policía Federal en Minas Gerais “encajonara” el caso “Helicoca” en menos de 4 días, mientras casos similares demoran meses o años para ser investigados y los reos denunciados.
Aécio Neves se presentó como el “candidato de la ética y la moralidad”, sin embargo por lo menos 14 casos de corrupción y malversación de fondos públicos lo apuntan como uno de los personajes más siniestros del espectro político brasileño. El caso más grave se refiere a la desviación y no aplicación del equivalente a 3mil 450 millones de dólares en recursos federales para la Salud mientras se desempeñaba como gobernador de Minas Gerais. La investigación del Ministerio Público tramita hace años sin presentar la acusación.
¡3 mil 450 millones de dólares! Un monto capaz de empalidecer el tristemente afamado, pero insignificante “mensalón” – supuesto, jamás probado esquema de propinas para diputados no alineados con el ex gobierno Lula – que llevó a la cárcel políticos de la primera plana del PT.
La magistratura y el hedor de azufre
Como la espada de Dámocles, una semana decisiva desafía a Brasil: en los próximos días, el ministro Gilmar Mendes – miembro simultáneo de la Corte Suprema y del Tribunal Superior Electoral – presentará su informe sobre las cuentas de campaña de la presidenta Dilma Rousseff.
Según se especula, no habrá sorpresa: el ministro Mendes votará por la impugnación de las cuentas, a pesar de que el Ministerio Público Electoral haya finalizado su examen, recomendando su aprobación.
Observaciones de los tribunales a las cuentas de campañas políticas suelen ocurrir hasta en la insospechada Alemania de Angela Merkel. Forman parte de la rutina del Estado Democrático. Reparadas las aristas, normalmente las cuentas son aprobadas en seguida, sin fanfarria.
En Brasil, 7 ministros deciden sobre la aprobación. Especulase que serán 3 votos a favor y 3 en contra, con un voto de Minerva por el desempate. Pero no es lo que quiere el ministro Mendes: su objetivo es transformar el trámite en “tribunal político” para impedir la investidura de la presidenta reelecta, el próximo día 1 de enero.
La táctica de Mendes – magistrado íntimamente vinculado a Aécio Neves e involucrado en el famoso “Caso Cachoeira”, empresario corrupto que le prestó su avión privado para un vuelo de Berlín a Brasília – es tocar la tuba en el Judiciario para reforzar a los bombos de la ultra-derecha en las calles, que hace semanas impulsan un golpe militar y el impeachment de Dilma Rousseff.
El objetivo es claro: darle continuidad a la criminalización del PT, selectivamente elegido como el chivo expiatorio del “petrolón”, esquema de millonario soborno de políticos y funcionarios de la petrolera estatal Petrobras por poderosas empresas contratistas.
A pesar de que las investigaciones han apuntado que los contratistas donaron nada menos que 20 millones de dólares a la campaña del candidato Aécio Neves (Dilma recibió aproximadamente 35 millones) y que el soborno de políticos es transversal, cubriendo todo el espectro partidario – no sólo durante el gobierno Dilma, sino desde 1990, en la era Fernando Henrique Cardoso! – el ministro Mendes se complace con verter gasolina a la hoguera para que el PT y su presidenta ardan en el infierno.
Es lo que, con mucha elegancia, se llama la “judicialización” de la política – un eufemismo de gabinete para encubrir el nombre de los bueyes: descarado golpismo.
El “Partido de la Prensa Golpista”
Los medios de comunicación, controlados por 7 familias y apodados por la izquierda de PIG – “Partido de la (im)Prensa Golpista” – contribuyen a su manera para aumentar la temperatura en las calles.
El “PIG” regurgita sus cansativos mantras, replicando cada nota positiva sobre el gobierno con siete reproches y condenas. El gobierno no tiene espacio en los medios, pero la presidenta intimidada ya piensa en postergar su proyecto de Regulación de los Medios, prometido durante su campaña.
La más reciente hazaña mediática fue la encuesta del domingo 7, de Datafolha, servicio del diario Folha de S. Paulo. Según la encuesta, “el 68% de la población cree que la presidenta es responsable” por el escándalo de la Petrobras.
Pero miremos de cerca los números: 43% sí están convencidos de la participación de Rousseff, pero 25% dicen creer que la presidenta tiene “muy poco que ver”. ¿Qué hizo Datafolha? Simple: sumó 43 patatas con 25 naranjos y alcanzó 68%. Por otro lado, 45% de los entrevistados afirmaron que la presidenta “no tiene nada que ver” con el escándalo, y 42% dicen aprobar su gobierno; un alza de confianza de 7% desde las manifestaciones de junio 2013.
Haciendo cuentas: si 45% creen en la honestidad de la presidenta y 42% apoyan a su gobierno, según la “lógica” de Datafolha estos números deberían sumar 87% en su favor.
Pero el título de la encuesta fue otro, diametralmente opuesto: “Datafolha mostra que 68% responsabilizam Dilma por corrupção”.
Esto se leía en los kioscos brasileños el mismo fin de semana en que unos 5 mil derechistas furiosos exhibían la encuesta como “prueba” para su consigna “¡Fuera Dilma!”.
Hace dos meses, la prensa militante anti-gobiernista reverbera hasta el hartazgo que “Dilma y Lula sabían todo” [del escándalo], pero hasta la fecha ninguna prueba, ni siquiera un indicio fue presentado. Lo que explica el intento de encontrar “un cabello en el huevo” del informe de la campaña presidencial.
La población, el anónimo hombre de las calles, piensa diferente, como lo ha mostrado la misma encuesta: el 46% de los 80% que opinaron (20% no tenían opinión formada), creen que el gobierno Rousseff es el que más investigó, y 40% afirman que el castigo de la corrupción fue más intensa.
La denuncia de la corrupción en la administración Rousseff se hizo más transparente, gracias a la investigación más severa de un Ministerio Público empoderado por la presidenta.
Así es que en trama paralela a la investigación sobre la petrolera, el día 4 de diciembre, la Policía Federal imputó a 33 ex altos directores de empresas estatales y toda la dirigencia del partido PSDB, de Aécio Neves y Fernando Henrique Cardoso, por gravísima corrupción en la licitación de obras del Metro de São Paulo y compra de trenes, operativo que involucró 30 mil millones de dólares y compromete a las empresas europeas Alstom y Siemens, que admitieron coimas millonarias para la dirigencia del PSDB que hace más de 20 años gobierna São Paulo.
Pero ¿qué ocurre? El noticiero sobre la corrupción de la oposición suele ser escondido en las páginas internas de los diarios para destacar primeras planas con ataques al PT.
Es más: en un comunicado interno, el presidente del Ministerio Público y Procurador de la República, Rodrigo Janot, escribe el sábado, 6 de diciembre, “Por motivo de las funciones que ejerzo como Procurador-General da República, vengo sufriendo [ataques injustos] por parte da prensa, posiblemente secundada o instrumentalizada, de forma irresponsable, por intereses inconfesables”, agregando: ”Jamás aceptaré cualquier acuerdo que implique exclusión de conductas criminales o impunidad de cualquier delincuente”.
Para buen entendedor: con la prensa a su servicio, sectores implicados de la oposición están presionando el Procurador de República para que retroceda en sus investigaciones.
Como decía Joseph Pulitzer: “Con el tiempo, una prensa cínica, mercenaria, demagógica y corrupta formará un público tan vil como ella misma.”
En hora buena: no es necesario ser simpatizante de Dilma Rousseff y del PT para entender que Judiciario, Medios y sectores ultra-derechistas se unieron en una campaña sin precedentes para socavar al Estado Democrático de Derecho. Sea cual fuera su desenlace, serán impactante su repercusión en todo el Continente sudamericano.
Frederico Füllgraf: Foreign Correspondent Santiago de Chile Jornal GGN – São Paulo – Brasil
Mailto: f.fuellgraf@gmail

REBELION

Uruguay: Transparencia y participación social en peligro

Conferencia de prensa de Uruguay Libre 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE ARATIRÍ

La declaración del carácter confidencial de la información de Aratirí por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) no cumplió con los requisitos legales y de ser aceptada traería graves consecuencias sobre las evaluaciones ambientales y sociales de los proyectos de inversión.
Los fallos de la Justicia ordenando la entrega de la información solicitada trascienden el caso del proyecto de Aratirí y reafirman los principios de neutralidad y transparencia de los procedimientos de la administración pública y de participación de la sociedad en las decisiones que le atañen.
1. Declaración de confidencialidad realizada por la DINAMIGE y el MIEM

La Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) adoptó el criterio de la empresa Aratirí y declaró confidencial toda la información del proyecto minero.

Aratirí alegó ante DINAMIGE que los aspectos técnicos debían ser“confidenciales y reservados por formar parte del ‘know how’ de la empresa” y que los mismos no deberían ser accesibles por sus competidores, “ni por el público en general”. Para justificarlo, agregó que su proyecto era “de una entidad y características totalmente distinto a los existentes hasta ahora” (sic). Basándose en la evidente exageración de esta frase, Aratirí atribuye a todos los datos técnicos del proyecto el mismo valor que las informaciones del patrimonio personal o el secreto comercial
El artículo 10 de la Ley 18.381 define como confidenciales las informaciones sobre “el patrimonio de la persona” y aquella que“comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor”. Nadie cuestiona que estos aspectos sean preservados, pero no abarcan necesariamente todos los datos técnicos del proyecto. Además, la calificación no debe ser realizada por la empresa sino por la Administración y los casos deben ser “de interpretación estricta”, no genérica.
El Director de la DINAMIGE, Pier Rossi, adoptó una resolución, el 15 de mayo de 2013, en la cual sostuvo que “toda la documentación aportada contiene información del patrimonio, hechos o actos de carácter económico, contables jurídicos y administrativos (…) que pudieran resultar útiles para un competidor” e, invocando el mencionado artículo 10, declaró como confidencial “la totalidad de la información contenida en este Asunto relativa a los informes técnicos presentados por MINERA ARATIRÍ S.A.” O sea que aceptó sin más el criterio propuesto por la empresa.
En el mismo expediente de la DINAMIGE encontramos elementos que cuestionan la validez actual de tal resolución. En una nota del 8 de mayo de 2014, la Asesoría Jurídica del MIEM, señalaba que según lo establecido por la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126), “la declaración de confidencialidad solicitada (por Aratirí) no compete a DINAMIGE sino al Ministerio de Industria, Energía y Minería”. La nota referida planteaba “que la Superioridad convalide la resolución” y, además, que se agregara “el informe en el que arriba a dicha conclusión”.
¿Qué es lo que se declara confidencial?
La División Minería respondió el 10 de junio diciendo, simplemente, que “ha entendido pertinente el planteo realizado por la empresa” y enumeró los elementos incluidos en la información técnica referida por la resolución, a saber: “descripción e interpretación geológica de los yacimientos, metodologías de diseño de mallas de perforación, obtención y preparación de muestras, métodos analíticos, controles de calidad de la base de datos, separación de dominios estadísticos, geoestadísticos y estructurales, estadísticas, detalle de las metodologías de determinación de recursos y reservas, dimensiones y etapas de desarrollo de las minas, selección de las leyes de corte, criterios y metodología de selección de maquinaria y equipos industriales, operativa de cada mina, procesos de beneficiación, cronogramas de ejecución, volúmenes de producción de mineral y concentrado, instalaciones auxiliares, dimensionamiento de pilas de estéril, represas de relaves y de agua fresca, dimensionamiento de plataformas de mineral de alta y baja ley, sistema de transporte dentro y fuera del complejo, mineroducto, terminal de recepción de concentrado, informes de auditoría, bases de datos en formato digital y certificados de análisis, mapas de aerogeofísica, hidrología e hidrogeología, plan de cierre y todos los elementos que no estén descritos en este listado pero que conforman un proyecto minero desarrollado a partir del momento del descubrimiento geológico y la consecuente cuantificación de reservas” (sic).
La simple transcripción de esta lista, con la aclaración final para eliminar cualquier duda, revela el carácter arbitrario de la confidencialidad solicitada por Aratirí y concedida por la DINAMIGE. De aceptarse este criterio, será reclamado por otras empresas y toda la información sobre cualquier proyecto minero pasaría de aquí en adelante a ser secreta.
Es más, la DINAMIGE pretende considerar confidenciales “los informes realizados por la Unidad de Evaluación, Control y Gestión de Proyectos Mineros de esta Dirección Nacional, elaborados en respuesta o con posterioridad al análisis de información técnica suministrada por la empresa y haciendo referencia a la misma”(sic). Esto sería la consagración del contubernio empresa-estado
Esta decisión de la DINAMIGE, defendida por el ministerio en el juicio realizado, constituye una violación de las leyes de transparencia de la función pública, de acceso a la información y de participación social – incluyendo la Ley de Minería de Gran Porte
2. Incumplimiento de los requisitos para declarar confidencial la información
En el fallo de 1ra. instancia, el juez Martínez de las Heras advirtió el incumplimiento de lo previsto por el decreto 232/2010 para la clasificación de la información como confidencial.
De la resolución 122/2013 de DINAMIGE emerge que la declaración de confidencialidad se realizó en mérito a "solicitudes efectuadas por MINERA ARATIRI S.A…” y no consta en estas actuaciones que se hubiere cumplido con lo dispuesto por el art. 31 del decreto 232/2010 que establece:
“Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados información confidencial, deberán señalar los documentos o secciones en los que se contenga tal información. También deberán presentar un “resumen no confidencial” breve y conciso. En caso que, la naturaleza de la información impida elaborarlo, se explicitará tal imposibilidad ante la autoridad competente”.
“No surge de autos que se hubiere presentado un “resumen no confidencial” cuya presentación es obligatoria en caso de tratarse de información confidencial, y tampoco emerge de autos que se hiciera la salvedad relativa a la imposibilidad de su presentación”, dice el juez.
En la respuesta a la apelación, el Dr. Martín Prats expresó que la posibilidad de desglosar la información que refiera a secretos industriales o comerciales que pueda ser útil para un competidor debe leerse como una excepción a la cual se le debe aplicar el principio de divisibilidad en forma restrictiva. Y agregó: "No se puede tampoco bajo este argumento, incluir como información de este tipo a todo el contenido del Expediente sino solo aquello que no refiera a temas ambientales".
La ley de Minería de Gran Porte (19.126), en su Artículo 26 inciso final, establece claramente: "En ningún caso podrá ser considerada de carácter confidencial o reservada la información relacionada a los aspectos ambientales del proyecto.”
¿Cuál es la información ambiental?
No existe una definición precisa de qué es "información ambiental" y qué no lo es. Para nosotros, todos los elementos enumerados por la DINAMIGE y el MIEM, tanto en su contestación de la demanda y alegato como en la apelación, son información ambiental y por tanto sólo aquella que refiera al patrimonio personal de la empresa o a un secreto industrial o comercial claramente y expresamente definido como tal debe ser reservada.
"Suponemos, expresó Prats, que en el expediente solicitado debe constar un informe sobre cuál información suministrada por la Empresa refiere a un secreto industrial y comercial y consideraciones sobre si es o no secreto. De ser de otra forma, el MIEM no estaría actuando al servicio de la sociedad a la cual se debe sino que estaría aceptando en forma acrítica la imposición de los intereses de la empresa".
"Es la Administración quien debe definir cuál información refiere a este tipo de secreto y cuál no. Si no lo hizo en este caso, toda la información contenida en el referido expediente refiere a temas ambientales y por tanto se debe permitir el acceso a ella pues es información pública", reafirmó
3. Posibles consecuencias si se validaran tales decisiones
"Si se aceptara el criterio aducido en la Apelación por el MIEM, se crearía un grave precedente por el cual todo tipo de proyecto minero pasaría a ser secreto pues de lo que surge en autos DINAMIGE no adoptó otro criterio que, simplemente, el aceptar la solicitud de confidencialidad planteada por la empresa", señaló en el juicio el Dr. Prats.
Y agregó: "Si se aceptara este criterio, más allá de nuestro interés personal en este juicio, dejaría indefensos a miles potenciales afectados por el proyecto, quienes no podrán contar con la información suficiente para reclamar y luchar por sus legítimos intereses".
Además, Uruguay tiene firmados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con 29 países que en su articulado incluyen -es una fórmula común a todos los TBI- que se concederán a los inversores y las inversiones de la Otra Parte las mismas condiciones otorgadas a cualquier empresa extranjera o nacional. Es decir, que una vez hecha esta concesión para Aratirí, cualquier otro proyecto de inversión bajo ese marco adquiere derecho a reclamar el mismo tratamiento.
Por último, el Dr. Prats expresó que el tipo de información solicitada es una información que refiere a asuntos vinculados directamente con los derechos humanos, derechos ambientales y el deber de transparencia que el Estado está obligado a cumplir no solamente por las disposiciones de la Ley 18.381, sino también por Convenciones Internacionales de Derechos Humanos citadas en la demanda, así como otras disposiciones constitucionales y legales del país
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La sentencia del Tribunal de Apelaciones ratificó el fallo del juez Martínez de las Heras que ordenó al MIEM brindar la información requerida en un plazo de 15 días desde la fecha. El juez estableció como limitación de la información a entregar aquella “exclusivamente relacionada con aspectos vinculados al “secreto industrial o comercial” de la empresa respectiva, información que debe ser objeto de reserva por parte de la Administración”. Esta restricción surge de la ley 16.466 sobre Protección del Medio Ambiente y es análoga a la antes referida de la Ley 18.381
Por lo expuesto, esperamos que el MIEM cumpla sin más trámite con la sentencia.
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URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA
Montevideo, 8 de diciembre de 2014.
Contactos:
Dr. Martín Prats  094 591353 (CAinfo)
Víctor L. Bacchetta 098 935317 (Uruguay Libre
postaporteñ@ 1299 - 2014-12-08 

La pelota no se mancha


Confiesan pago de sobornos para Mundial de Catar 2022



La elección de Catar como sede de la Copa del Mundo 2022 sigue arrojando indicios de corrupción en el máximo ente rector del balompié internacional | Foto: Archivo
Publicado 9 diciembre 2014

La prensa deportiva europea reclama una investigación en la adjudicación de la sede Catar; luego que se filtraran numerosos documentos que vinculan a directivos con la compra de votos.

La ex jefa de comunicaciones del comité de la candidatura del Mundial de Catar 2022, Phaedra Almajid, aseguró el lunes que en enero de 2010 presenció cómo funcionarios de Catar ofrecían dinero a federativos del fútbol africano.

Dicha información fue publicada por la revista France Football, cuyo artículo detalla que uno de esos encuentros se llevó a cabo en un hotel de Luanda, capital de Angola; donde se realizaba un Congreso de la Confederación Africana de Fútbol.

Almajid divulgó más información sobre el desarrollo el encuentro: "Los cataríes estaban contentos de la presencia de un alto dirigente del fútbol africano, al que deseaban beneficiar con una donación de un millón de dólares para su federación", confesó la exfuncionaria de la FIFA.

"Este señor respondió: 'Ah un millón de dólares, ¿Por qué no un millón y medio?'. Y el catarí respondió que esperaba poder contar con su apoyo. El interesado le aseguró que así sería. Eso es todo" precisó la testigo.

¿Por qué estas declaraciones luego de 4 años?

Almajid ofreció esta información luego que su nombre apareció en el informe que Michael García (exfiscal general de Nueva York) entregó en noviembre pasado a la Comisión de Ética de la FIFA.

Hans-Joachim Eckert, presidente de la Cámara de Enjuiciamiento de la Comisión de Ética de la FIFA, reconoció el nombre de Phaedra Almajid dentro de los datos suministrados por el exfiscal neoyorquino.

La exjefa de comunicaciones mencionó que "Eckert y la FIFA no han sido leales conmigo. (Eckert) me ha tirado a los leones y me ha identificado en su informe".