Diario SinEmbargo, México
Los representantes del gobierno de México, encabezados por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se presentaron ayer ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con las manos vacías, sin resultados concretos y, por tanto, su presentación fue reprobada por propios y extraños.
Pero, ¿a qué fue la Delegación mexicana a Ginebra si no llevaba en sus reportes avances y si la realidad de las cifras de desapariciones forzadas y abusos contra los derechos humanos rebasan cualquier declaración demagógica?
Previo a la presentación de Gómez Robledo, y en una reunión privada, organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales y extranjeras entregaron al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU una petición para que exhorte al gobierno de México a no cerrar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En esa reunión, además de miembros de la sociedad civil, estuvieron presentes algunos de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. El Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, el Miguel Agustín Pro Juárez AC y Amnistía Internacional (AI), que acompañaron a los familiares de los estudiantes desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, afirmaron que el Estado mexicano ha sido incapaz de erradicar la desaparición forzada en el país.
De acuerdo con el documento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), los padres de los 43 normalistas y abogados de esas familias, denunciaron ante la ONU que ese caso “muestra que el Estado no es capaz de erradicar la desaparición forzada, que el país enfrenta hoy una grave crisis en esta materia”. Además, en el informe se
solicita “un fuerte pronunciamiento para condenar las desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso”.
“Las investigaciones empezaron con ocho días de retraso” y “la indagatoria no comenzó por el delito de desaparición forzada sino por el delito de delincuencia organizada”, destaca la petición. “Ninguna de las instancias que el informe estatal presenta como estructuras competentes y funcionales para investigar las desapariciones” intervino en el caso, agrega.
Por eso es que en la comparecencia posterior de los funcionarios federales, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU les cuestionó reiteradamente respecto al número total de personas desaparecidas por la fuerza en el país.
Una y otra vez, de acuerdo con información difundida por la agencia de noticias EFE, los miembros del Comité, y especialmente los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron a la delegación mexicana sobre los registros oficiales o oficiosos de cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país; también pidieron precisiones sobre cuántas de éstas desapariciones son de mexicanos, de emigrantes mexicanos y centroamericanos que buscaban cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos, cuántas son niños y cuántas de mujeres.
La respuesta fueron un conjunto de evasivas que evidencian que el gobierno de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, no tiene idea del problema y, lo que es peor, no le ha otorgado la importancia necesaria.
Por eso, los relatores Hazan y Huhle reprobaron la presentación e incluso regañaron a los funcionarios: si no se sabe cuál es el problema, no se puede crear la legislación adecuada ni tampoco programas concretos para implementar una política de lucha contra esa lacra, les dijeron.
El único dato preciso lo aportó la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, quien informó que actualmente se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, de acuerdo con registros que datan del 1 de diciembre de 2012 al pasado 31 de octubre de 2014. Sin embargo, la funcionaria no especificó de qué tipo de desapariciones se trata, desde cuándo y si se puede hablar o no de delito.
En resumen, el gobierno de México llegó reprobado a la cita en Ginebra y sus nulas respuestas no hicieron sino ahondar la calificación reprobatoria del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.
Hilda Legideño, madre de uno de los 43 estudiantes desparecidos en Iguala, estuvo presente en la sala donde el gobierno federal entregó su informe, y tras la reunión dijo a la prensa internacional que “hay inconsistencias en las investigaciones; se está tapando al gobierno porque fueron policías los que se llevaron a nuestros hijos. ¿Por qué no se los investiga?”.
El gobierno mexicano está en problemas no sólo en cuanto a su conducción de la estrategia económica, de seguridad y su nula atención a la crisis de corrupción que inunda al país. También está metido en graves problemas de credibilidad ante el mundo, en su afán de tapar el sol con un dedo y minimizar el grave conflicto de las desapariciones forzadas y las violaciones de los derechos humanos.
Nadie le cree y, aun así, sigue sin mover un dedo, lo que ahonda ante el mundo su falta de compromiso, su ineficacia y su legitimidad.
