Jueza convocó a accionistas de Papel Prensa a una audiencia por graves irregularidades en el manejo de la empresa

En los Tribunales de Callao

La jueza de primera instancia en lo Comercial N° 26 María Cristina O'Reilly citó a los accionistas privados y estatales de Papel Prensa a una nueva audiencia de conciliación para analizar el funcionamiento operativo de la compañía. La convocatoria fue prevista para el próximo 6 de mayo por la mañana en la sede de los tribunales de Callao 635.

O'Reilly es la magistrada a cargo de interceder entre los representantes de los diarios Clarín y La Nacióny los directores estatales, que hoy siguen enfrentados por las múltiples irregularidades denunciadas contra los dueños privados por el manejo de la papelera.

Sistemáticamente, desde 2010 el Estado nacional denuncia la injerencia ilegal de Clarín y La Nación en la conducción de empresa, lo que provoca una falta de equilibrio entre los órganos societarios. Según el último informe de la Comisión Fiscalizadora (CF) al que accedió ámbito.com, los accionistas privados fueron denunciados por permitir Incompatibilidades de los miembros del Comité de Vigilancia y de la propia CF; por obstaculizar las tareas de la CF; por la falta de funcionamiento del Comité Ejecutivo; por la ausencia de un Plan Estratégico y de Inversiones para la compañía; por la falta de independencia del titular de la función de auditoría interna; por debilidades en la política de recursos humanos y por la venta privilegiada a precios por debajo del costo de papel a sus empresas relacionadas, en detrimento de los demás clientes y los accionistas minoritarios.

Sin voluntad para intervenir judicialmente a la empresa, la jueza debe intentar acercar las posiciones y dar cumplimiento a lo acordado en otra audiencia celebrada el 3 de octubre de 2011. En esa reunión, todos los accionistas se comprometieron ante O'Reilly a que los órganos societarios "continúen funcionando armoniosamente y en forma regular, sin sufrir las continuas impugnaciones de las que han sido objeto por el Estado nacional". Por ese motivo, la magistrada propuso que "se mantenga el 'status quo', respecto de las autoridades del Estado nacional" designadas en el directorio de Papel Prensa.

Los responsables del informe de la CF, los síndicos Daniel Reposo y Agustín Tarelli, impugnaron fehacientemente cada uno de los actos y nombramientos fraudulentos que cometieron Clarín y La Nación y se descarta que lo volverán a hacer tras la nueva audiencia. Para los fiscalizadores, la decisión de administrar la empresa sin cumplir la ley de sociedades comerciales ni el estatuto social "denota una conducta obstinada e indiferente por parte de los que ocupan los cargos de manera irregular, ejerciendo actos de manera indiscriminada en claro perjuicio de la sociedad, efectuando convocatorias y celebrando reuniones de los distintos órganos societarios en ese marco de irregularidad".
Según consta en el informe último de gestión, en 2013 se impugnaron 55 convocatorias y reuniones de directorio y comité ejecutivo; en 2014 fueron 24 y en lo que va del año al menos dos. "Se objetan las reuniones y se insta al Presidente del Directorio, que hasta tanto no se encuentre regularizada la integración y funcionamiento de los distintos órganos societarios, los mismos deberán abstenerse de adoptar medidas que puedan implicar un perjuicio a la integridad del patrimonio de la Sociedad", justifican.

Sin embargo, Reposo y Tavelli advirtieron que "no obstante, la empresa (bajo dominio de Clarín y La Nación), desoyendo lo señalado y advertido en todas las oportunidades posibles por estos síndicos, ha llevado adelante las reuniones de Directorio, de Comité Ejecutivo y de Auditoría, con autoridades que no son tales".

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=789323

Francia será el nuevo Gran Hermano

LA ASAMBLEA NACIONAL APROBO UN PROYECTO QUE HABILITA EL CONTROL POLICIAL DE LAS COMUNICACIONES

La ley sobre la información legaliza el derecho de los servicios secretos a acceder a los datos privados de las personas mediante la intercepción de las conversaciones en celulares e Internet y la instalación de micrófonos.

 Por Eduardo Febbro

Página/12 En Francia

Desde París

Lo ilegal se volvió legal, lo clandestino será autorizado como práctica de control policial de las comunicaciones telefónicas, las navegaciones en Internet o simplemente las grabaciones de conversaciones en una estación de trenes y todo sin control alguno del Poder Judicial. La Asamblea Nacional francesa votó mayoritariamente, 438 votos contra 86, el proyecto de ley sobre la información que apunta a acrecentar la lucha contra el terrorismo haciendo más o menos de cada ciudadano un ser humano potencialmente sospechoso. Si la ley pasa la barrera del Senado y del Consejo Constitucional, turistas o ciudadanos tendrán que tener mucho cuidado y no decir en un andén de metro, en la calle, en la red o por SMS “qué mina tan bomba” o “que tipo súper explosivo”. Entre otros dispositivos activados, estos términos pueden despertar la programada suspicacia de los algoritmos que, bajo forma de “cajas negras”, las empresas que suministran el acceso a la red estarán obligadas a instalar en sus sistemas. En suma, la ley sobre la información legaliza sin intervención judicial el derecho de los servicios secretos a acceder a los datos privados de las personas mediante la intercepción de las comunicaciones, los intercambios por Internet, la radiografía de los teléfonos celulares, la instalación de micrófonos en zonas privadas, la supervisión de los metadatos, la instalación de balizas en los autos y hasta el recurso a los llamados Imsi Catcher.

Esta gran oreja tecnológica permite que los servicios capten y graben los datos emitidos por teléfonos celulares y computadoras e incluso lo que pueda decir una persona dentro de un amplio radio de cobertura. El círculo de los Estados que vigilan a todo el mundo tiene un nuevo Big Brother en la familia, y éste no es cualquiera. Se trata de Francia, el país de las libertades, de la democracia idealizada, de los derechos humanos y de los derechos cívicos. Respaldada aparatosamente por la clase política, pero repudiada por amplios sectores de la sociedad civil, que la consideran “liberticida”, la ley es una respuesta a los atentados que sacudieron a Francia y al mundo a principios de enero, cuando unos jihadistas franceses que circulaban al margen de los radares policiales perpetraron la matanza contra el semanario satírico Charlie Hebdo y montaron el secuestro de decenas de personas en un supermercado kosher en el Este de París. En este contexto, la ley barre amplio. Los campos de acción que justifican la vigilancia se extienden a “la independencia nacional, la integridad del territorio y la defensa nacional”, así como a “la prevención del terrorismo” o los “intereses mayores de la política extranjera”, a la “prevención a los daños a la forma republicana de las instituciones”, el “crimen o la delincuencia organizada”, “los intereses económicos, industriales y científicos”.

Este amplio catálogo de cobertura preocupó a quienes ven en ese texto una amenaza contra los activistas o los manifestantes. En realidad, como ocurre en casi todo el mundo cuando se trata de los derechos digitales, la movilización ciudadana fue escasa. No hubo grandes marchas como si, lamentablemente, la lucidez acerca de la manera en que los Estados restringen derechos o violan los principios básicos en el ámbito digital sólo perteneciera a un grupo muy estrecho de militantes. Existe una indiferencia y una ignorancia colectivas muy, muy densas. La gente ve aún a Internet o los teléfonos celulares como juguetitos tecnológicos inofensivos, sin aceptar que son tan peligrosos como dejar una ventana abierta antes de irse de vacaciones.

Hubo sí fuertes antagonismos en los medios y una oposición liderada por grupos como Bajo Vigilancia, La Cuadratura del Net, Amnistía Internacional o Reporteros sin Fronteras. En un nivel más institucional, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) criticó la implementación de las “cajas negras” en los sistemas de las empresas que ofrecen acceso a la red. Este espía se encargaría de “detectar una amenaza terrorista sobre la base de un tratamiento automatizado”. Asimismo, Jacques Toubon, el defensor de los derechos, manifestó sus “reservas” mientras que la presidenta de la Cncdh (Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos), Christine Lazerges, apuntó el serio riesgo de que “se ponga en peligro el Estado de Derecho por medio de un desliz liberticida”. El sindicato francés de la magistratura y decenas de asociaciones expresaron la misma opinión, el mismo temor. El socialista Pouria Amirshahi, los conservadores Laure de la Raudière y Henri Guaino, el ecologista Sergio Coronado o la comunista Marie-George Buffet fueron, en el mundo político, los más perseverantes militantes contra esta ley. En algunos casos, el debate borró las fronteras políticas. Sergio Cornado, por ejemplo, observa que “los medios otorgados a los servicios de Inteligencia en nombre de la lucha antiterrorista serán, de hecho, utilizados para otras causas en un contexto muy borroso”.

La crítica central es que el concepto desarrollado por Francia funciona como la red de un pescador que se arroja al mar a ver si hay pescados. Es exactamente al revés de lo que hacían antes los servicios secretos: éstos partían de una fuente, de un individuo o de un grupo sospecho para, a partir de allí, ampliar las investigaciones. La ley es todo lo contrario: se espía a cualquier persona para ver si entre la multitud hay un sospechoso. Para eso servirán, por ejemplo, los metadatos, con los cuales se analizarán “los perfiles que hoy pasan inadvertidos” para “detectar futuros terroristas”. El otro escollo mayor radica en que el control de la vigilancia recae en manos de un organismo administrativo independiente, el Cnctr (Comisión Nacional de Control de las técnicas de espionaje). Esto implica que las autorizaciones para espiar no pasan por ningún tamiz judicial sino meramente administrativo.

Los socialistas franceses son decididamente modernos, muy liberales y ya conquistados por la idea de hacer de nuestros contactos con el mundo una cacería de terroristas y otros delincuentes. Por supuesto que a nadie le asombra: ni ésta ni ninguna ley contempla la vigilancia de los fabulosos flujos financieros que circulan en el mundo producto del crimen, el narcotráfico, la evasión fiscal o la especulación ladrona.

Ante el recrudecimiento de las críticas y el peso moral e intelectual de quienes las asumieron, el presidente francés, François Hollande, tomó una decisión inédita hasta hoy: prometió remitir el proyecto de ley al Tribunal Constitucional para que éste lo valide. No obstante, la geografía de la ley es tan amplia y los servicios de inteligencia tienen las manos tan libres que es lícito preguntarse qué pasará con un empresario que viene a hacer negocios a París y se comunica con la sede de su empresa.

¿No será acaso espiado en nombre de los “intereses económicos, industriales y científicos” de Francia? ¿Y las empresas instaladas en París que compiten con empresas francesas en el mercado internacional no son acaso un peligro para esos intereses? El impacto de la barbarie terrorista ha servido en bandeja la construcción de una ley totalmente asimétrica, sin garantías de que sus extensos medios no sean utilizados contra inocentes, sindicalistas, militantes por los derechos cívicos, científicos o empresarios de cualquier parte del planeta que, por una u otra razón, vienen a Francia. El Gran Hermano será en el futuro nuestro más celoso guardián.

efebbro@pagina12.com.ar

DD.HH. :Informe anual del CELS

 INFORME DEL CELS SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

Con la idea de defender y profundizar

El organismo de derechos humanos advirtió sobre la necesidad de resguardar el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y sobre la falta de democratización de las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario.

 Por Ailín Bullentini

Una puja entre profundización y retroceso. Así figura a la situación de los derechos humanos en el país la nueva entrega del ya clásico informe anual que difunde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A partir del análisis tanto de cuestiones generales como de casos particulares, los profesionales que integran el equipo del organismo evaluaron que la “consolidación de los derechos humanos como eje central de las políticas públicas nacionales” que sucedió durante los últimos dos años debió convivir con la ausencia de reformas, la demora de la aplicación de avances legales y de retrocesos que “generan un límite que no se puede perforar”, concluyó el director ejecutivo de la institución, Gastón Chillier. El informe combina análisis y denuncia: repasa lo acontecido en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, las políticas de seguridad y cuestiones relativas a otros derechos que constituyen una “vida digna” y advierte que “para algunos sectores y en ciertos espacios geográficos, las políticas inclusivas del Estado se ven erosionadas por la acción represiva de las fuerzas de seguridad”.

El nuevo panorama del CELS, que en esta ocasión abarca lo acontecido entre 2013 y 2014 –el año pasado no fue publicado–, sale a la luz en el trigésimo quinto aniversario de la organización, que nació en la última dictadura cívico militar. El planteo divide el análisis general en tres partes: una dedicada al proceso de Memoria, Verdad y Justicia; otra que atiende a la materia de seguridad y sistema penal y una tercera que hace foco en los derechos económicos, sociales y culturales. Todas están construidas sobre una estructura argumentativa similar que plantea reflexiones sobre lo actuado, reconocimientos a lo logrado y advertencias respecto de lo que falta y se necesita, y que parte desde una base, la lucha del sector social: “Las transformaciones políticas económicas y sociales con mayor impacto en materia de derechos han sido producto de la articulación del activismo social y de las instancias estatales”, remarca el prólogo del texto. “La consolidación del proceso de justicia sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura irradió la atención hacia el conjunto de los derechos humanos en general, convirtiéndolo en un eje central de las políticas públicas nacionales”, puntualizó en diálogo con este diario Chillier, quien, no obstante, advirtió que en el mismo período surgieron “diferentes cuestiones que afectan a las políticas positivas de inclusión y protección de derechos”.

La vulneración de derechos humanos “se concentra sobre ciertos grupos y zonas”, denuncia el informe. La aún inexistente reforma de las fuerzas de seguridad, el retroceso de los discursos políticos a la demagogia punitiva, la persistente violencia institucional y la falla o ausencia de aplicación práctica de avances que la lucha histórica de organizaciones sociales ha logrado en el ámbito legal e institucional son algunos de los puntos que, en materia de derechos, “generan un límite que no se puede perforar”, apuntó el director ejecutivo.

Lesa humanidad

La “necesidad de resguardar y fortalecer” el proceso de Memoria, Verdad y Justicia “en las cercanías de un cambio de gobierno y ante fuerzas políticas que insisten en ubicarlo como un asunto del pasado” es una de las conclusiones más fuertes del análisis desarrollado por el CELS respecto de lo últimamente acontecido en el ámbito de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura. Pero no la única. Aunque advierte que “la producción de conocimiento sobre la complicidad de las estructuras civiles con la dictadura no ha tenido su correlato en el alcance de la persecución penal”, el informe apunta a la investigación de la responsabilidad de los civiles como uno de los avances “más significativos” del proceso. El otro es el juzgamiento de los delitos sexuales “como una violación específica de los derechos humanos”. También plantea que tales “pasos adelante conviven con la decisión del gobierno nacional de sostener a César Milani en su cargo (jefe del Ejército) y con la falta de celeridad y eficacia del Poder Judicial para confirmar las sentencias de los juicios que se llevan adelante”.

Seguridad y violencia

“Las estructuras de seguridad son las responsables de las peores violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro país y una de las principales deudas que no han sido saldadas en el ciclo de los gobiernos kirchneristas.” Así, corto y conciso, denuncia el organismo. El conflicto que describe el CELS en este ámbito abarca tanto a las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario, “campos particularmente resistentes a la democratización” para funcionarios, dirigentes y distintos espacios políticos, que “intensificaron discursos que proponen el endurecimiento penal como forma de reducir el delito”. “Una nueva ‘ola de inseguridad’ avanza en la agenda como una emergencia. Sin embargo, ni funcionarios ni referentes políticos abordan la cuestión indispensable del funcionamiento de las fuerzas de seguridad”, cuya ausencia “tiene consecuencias negativas en materia de prevención y control del delito y debilita la capacidad estatal para promover la inclusión social en los territorios”, sostiene el documento. Además, denuncia “la persistencia de la tortura” como una “situación crítica que en más de 30 años no ha sido resuelta” y hace especial hincapié en la demora de la implementación del Mecanismo de Prevención contra la Tortura, que aún aguarda la constitución de su comité nacional.

Tierra y vivienda

La falta de acceso a la vivienda y la inseguridad en la tenencia y carencia de servicios “necesarios para una vida digna” son, cuenta el CELS, la punta de un ovillo que acumula derechos vulnerados: se trata, describe el informe, de “un núcleo de desigualdad que no ha sido transformado por las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales”, que deberían “implementar medidas que privilegien el bien común por sobre los intereses especulativos que rigen el mercado inmobiliario”.

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MONSANTO NO SABE, NO CONTESTA

Argentina: estudio de la Universidad de Río Cuarto constata daños genéticos en niños expuestos al glifosato

6 mayo, 2015   Ambiente

El estudio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, publicado en la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría, detectó que los chicos de la ciudad cordobesa de Marcos Juárez presentan casi un 55 por ciento más de anomalías que nenes no expuestos a plaguicidas.

En niños que viven cerca de lugares donde se fumiga con glifosato y otros plaguicidas se constataron daños genéticos, que podrían conducir a enfermedades como la leucemia y que ya estarían ocasionando síntomas como broncoespasmo y hemorragias nasales. La investigación –publicada en la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría– fue efectuada por la Universidad Nacional de Río Cuarto: en una muestra de chicos de Marcos Juárez, ciudad cordobesa “rodeada por cultivos”, se registró casi un 55 por ciento más de anomalías que en nenes no expuestos a plaguicidas. Las alteraciones genéticas son más en los chicos que viven a menos de 500 metros de las fumigaciones (límite permitido por la ley local) pero se detectan aun en chicos que viven a más de un kilómetro. Los resultados del estudio –en sintonía con estudios anteriores sobre trabajadores rurales– plantean varias cuestiones urgentes: a) la distancia de seguridad para agrotóxicos en zonas pobladas no se estaría cumpliendo; b) aun si se cumpliera, resultaría insuficiente, ya que se detectó daño aumentado en niños residentes a más de 1000 metros de las pulverizaciones; c) el pronto reconocimiento del problema permitiría encarar los problemas de salud de los niños ya afectados, ya que, según advierten los investigadores, los daños registrados “todavía pueden revertirse”.

La investigación fue publicada en Archivos Argentinos de Pediatría, firmada por Delia Aiassa, Nora Gorla, Alvaro Méndez, Fernando Mañas, Natalia Gentile y Natalí Bernardi, todos integrantes del grupo Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA), de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Los autores señalan que “no existen en la Argentina estudios que analicen los efectos genotóxicos producidos en los niños por la exposición a sustancias químicas”. El trabajo se propone examinar esos efectos para niños con exposición a plaguicidas por inhalación. El método utilizado es el “monitoreo genotoxicológico” que, a partir de células de la mucosa bucal, detecta daños genéticos y se viene aplicando en distintos países para poblaciones expuestas a agentes tóxicos.

Los investigadores estudiaron una muestra de 50 niños de Marcos Juárez, ciudad de 27.000 habitantes que “está rodeada por zonas cultivadas”; precisan que “los plaguicidas más utilizados en la zona son glifosato, en sus diferentes formulaciones líquidas o granuladas, y los insecticidas cipermetrina y clorpirifós en formulaciones líquidas”.

Las edades de los chicos de la muestra iban de los 4 a los 14 años, con una media de 9 años. Del total, 27 residían a menos de 500 metros de los lugares de aplicación de plaguicidas y 23 vivían a más de 500 metros (la ley provincial 9164 prohíbe la aplicación a menos de 500 metros de plantas urbanas). También tomaron, como grupo de control, 25 niños de la ciudad de Río Cuarto, residentes “por lo menos a 3000 metros de áreas de pulverización con plaguicidas” y “considerados no expuestos”. Así, el total de niños testeados fue de 75, 31 varones y 44 mujeres.

El ensayo se realizó en células de la mucosa bucal, obtenidas mediante hisopos estériles, como ya es habitual para análisis de ADN. Para cada niño se levantó “una historia clínica ambiental que interrogó sobre datos demográficos, tipo de exposición a plaguicidas, patologías, síntomas persistentes y estilo de vida”.

Analizados los resultados, “se encontró una media de 5,20 micronúcleos (indicadores de daño genético) cada mil células en las muestras de Marcos Juárez contra 3,36 cada mil en las de Río Cuarto” (un 55 por ciento más). Particularmente en el muestro efectuado en marzo/abril –al cabo de pulverizaciones continuas que duran de cuatro a seis meses–, el indicador de daño genético en niños de Marcos Juárez se eleva a 5,78 micronúcleos cada mil células.

Y hay más. Los investigadores compararon el daño genético en chicos que viven hasta 500 metros de las pulverizaciones con el daño en chicos que viven hasta 1095 metros, ya por fuera del límite legal de seguridad, y encontraron que “la frecuencia de micronúcleos no muestra diferencias significativas” con los que viven más cerca: “Tratándose de una ciudad relativamente pequeña, este resultado pone de manifiesto que las pulverizaciones podrían alcanzar, por vía aérea, a toda la localidad, y que la población se encuentra sometida a una exposición extremadamente alta y continua, dado que vive rodeada por los cultivos. Debería tomarse en cuenta este dato al momento de establecer resguardos ambientales en localidades que se encuentren rodeadas de cultivos donde se pulveriza”.

Los investigadores señalan que “el marcador utilizado detecta un nivel de daño que todavía es reversible”, lo cual “permite tomar las medidas necesarias para disminuir o suprimir la exposición al agente tóxico y de ese modo disminuir o prevenir el riesgo de desarrollar neoplasias (cánceres) y otras alteraciones patológicas”.

Página 12

SALIDA AL MAR DE BOLIVIA

Gabriel Salazar, historiador y profesor de la Universidad de Chile: “De qué soberanía hablamos cuando entregamos la riqueza a los extranjeros en masa”

6 mayo, 2015   Entrevistas

Por Gonzalo Castillo

El Premio Nacional de Historia 2006 se refirió a los alegatos que sostienen Chile y Bolivia en La Haya por el diferendo marítimo. En este sentido, señaló que nuestro país debe entender que los procesos históricos generan transformaciones en todo ámbito, por lo que plantea la necesidad de que en aras de una integración plena en Latinoamérica, los tratados sean susceptibles de ser revisados y actualizados.

A partir de las 5 de la mañana, hora chilena, el equipo jurídico de Bolivia en La Haya comenzará con sus alegatos en los que presentará sus argumentos para sostener la competencia de la Corte Internacional de Justicia para conocer del diferendo marítimo con Chile.

Mientras se discuten los alcances y elementos jurídicos que rodean dicho proceso, en Santiago el historiador y profesor de la Universidad de Chile, Gabriel Salazar sostiene que es necesario que así como las leyes y Constituciones, los tratados entre distintos Estados sean materia de actualización y revisión para adaptarlos a las distintas circunstancias históricas que se van presentando conforme pasa el tiempo, y no deben ser considerados de manera rígida.

Además, el Premio Nacional de Historia 2006, señala que es incongruente por parte de Chile hablar de soberanía, en momentos en que gran parte de nuestros recursos y riquezas son entregados de manera expedita a intereses extranjeros.

Chile ha basado su argumentación sobre el diferendo marítimo con Bolivia en la intangibilidad de los tratados, y en general en el ámbito jurídico. ¿Es sostenible proyectar en el tiempo ese argumento?

Así como también las constituciones políticas tiene que ser también eliminadas para dictar nuevas, como estamos viviendo ese proceso en Chile, creo que la legalidad tiene una vigencia determinada, históricamente acotada, y lo mismo vale para los tratados. Yo creo que el tratado de 1904 y todos los tratados que se firmaron con Perú y Bolivia, después de la guerra del Pacífico, son tratados que, de alguna manera, establecieron las condiciones del vencedor de la guerra, y establecieron un aparente statu quo, un tratado de paz, en el fondo, para que no continuara la guerra, pero tendía a consolidar y rigidizar un estado de cosas que no podía ser, sino transitorio. Bolivia y Perú fueron derrotados, y en esa condición tuvieron que firmar los tratados respectivos, y perdieron lo que perdieron. Pero eso tiende a cambiar con el tiempo. Las fronteras fijadas de esa manera, están acotadas a una situación determinada, y con el correr del tiempo, pienso yo, como historiador, la historicidad exige muchas veces, que esos tratados sean revisados, y sean actualizados, porque la condición de vencedor/vencido, es una situación del momento, es epocal, digamos diez o veinte años, pero no eterna.

Entonces creo que el alegato chileno en La Haya es un alegato que se aferra a la permanencia perpetua de los tratados, entonces tiene la debilidad justamente de que no reconoce que los procesos históricos van cambiando y se van transformando en el tiempo, y a la vuelta de ciento y pico años es evidente que las condiciones entre Chile y Bolivia han cambiado. Creo que por ese lado el alegato chileno es muy patriotero, quiere rigidizar las cosas y mantener la condición de vencedor en el tratado, y eso creo que está un poco en el aire, porque las cosas cambian y requieren que todas las leyes deban ser actualizadas en algún momento.

¿Qué le parece la estrategia de Bolivia de llevar su demanda marítima a la Corte Internacional de Justicia de La Haya?

La estrategia de Bolivia, pienso yo como historiador, está bien concebida desde el punto de vista que ella,acoge lo que estaba planteando, es decir que los tratados necesitan ser revisados, después de cien años en que las cosas cambian. Ahora es un hecho real, concreto y rotundo, que Bolivia se quedó sin mar después de esa guerra y de ese tratado. Y en este mundo actual, que está globalizado, donde las comunicaciones son ultra rápidas, internet, el mundo está convertido en una aldea. Y mientras más globalizado estemos, mientras más aldea mundial seamos, las fronteras valen menos, como en Europa. En Europa existen las fronteras y se respetan los tratados, pero la gente pasa y traspasa encima por un tema de la ciudadanía de toda la Unión Europea. Entonces es realmente inconcebible que en América Latina, en donde todos somos hispanoamericanos, hablando el mismo lenguaje, tenemos la misma memoria, la misma tradición, no tengamos una unidad como país que relativice la importancia de las fronteras, y yo creo que desde esa perspectiva de un mundo globalizado, de países vecinos que necesitan interpenetrarse e integrarse para producir su desarrollo común, necesitan revisar sus tratados a efectos de lograr esa unidad. No es cuestión de darle soberanía a Bolivia y nosotros quedamos menoscabados, eso es un lenguaje decimonónico. Creo que ahí radica la debilidad chilena, los bolivianos tienen la ventaja de que están pidiendo la actualización de un tratado en función de razones válidas, que en rigor son válidas.

¿El general de la sociedad chilena tiende a identificarse con el discurso o visión de las élites sobre el tratamiento de los problemas entre Chile y Bolivia, tanto en los tiempos de la guerra del Pacífico como cada vez que resurge este tema?

Sí y no. Porque es un hecho que el Ejército que ganó la guerra del Pacífico, o los ejércitos que ganaron la guerra, estaban compuestos de rotos, y los rotos en esa guerra no perdían ni ganaban nada. Simplemente ellos los llevaron para pelear y murieron por miles y miles, y los que se beneficiaron fueron, en definitiva, la élite empresarial chilena y la élite empresarial inglesa, con otras nacionalidades que estaban involucradas en la cuestión del salitre. Fue una especie de capital internacional que se fue metiendo ahí, con mayoría inglesa y con minoría chilena, en última instancia. Entonces, los rotos, de hecho, combatieron por principios y conveniencias que no eran las de ellos, sino de las élites, e incluso élites internacionales. Y dieron la sangre, y ganaron la batalla y se prestigiaron como ejército de rotos, por eso el Ejército chileno, después de la guerra del Pacífico, quedó prestigiado a los ojos de los mismos rotos, porque ellos ganaron esa guerra, eso está claro. Todas las descripciones de las batallas nos revelan que gracias al empuje de los rotos, los mineros, se obtuvo esa victoria. Entonces, pasa que el pueblo chileno se prestigió a sí mismo, a través del Ejército en esa guerra, y en esa medida, al prestigiarse a sí mismos, también le dio el apoyo a la élite, entonces eso es complicado, por un lado, porque las glorias del Ejército, que son las glorias del Ejército de rotos, son las de Chile y nadie quiere negar esas glorias, pero en la práctica, más allá de la guerra, más allá de los intereses capitalistas, en el norte de Chile conviven peruanos, bolivianos, chilenos y tenemos peruanos aquí en grandes cantidades en Santiago, estamos cada día comiendo más cocina peruana. Entonces, lo que pasa es que hay integración real de los pueblos, pero no de los Estados, y no de las élites que se agarran de los Estados, y lo que pasa en Bolivia y con su pueblo es que es obvio que ellos no tienen mar, y les duele que les hayan quitado la provincia que tenía acceso al mar, entonces el pueblo boliviano apoya, en ese sentido, las pretensiones del Estado boliviano, pero eso no significa que se identifiquen con las élites. Es un problema real para el país, sin lugar a dudas. La cosa tiene muchos bemoles. Un historiador social tiene que preocuparse de todos los aspectos del problema, y no sólo del tratado en sí. Hay que recordar que en esa época Chile entregó soberanía gratuitamente. La patagonia, la puna de Atacama, y ese tema no se toca en Chile.

Qué le parece que se hable de soberanía marítima, en momentos en que en Chile el mar está prácticamente privatizado

Hablamos mucho de soberanía chilena sobre el territorio, pero resulta que la soberanía nacional, por ejemplo sobre el agua, el agua está privatizada, entonces dónde está la soberanía ahí. Poco a poco los ríos están siendo privatizados. El cobre de hecho está privatizado, a pesar de que una parte es de Codelco, pero la mayoría está en manos extranjeras. Entonces qué tanto hablamos de soberanía, cuando estamos entregando la riqueza de este país a los extranjeros en masa. Hasta la educación. Están apareciendo universidades extranjeras dentro de Chile que se están apoderando de ciertos procesos educativos. Hay incongruencias en todos estos planteamientos. Yo creo que la frase del Presidente boliviano fue muy buena, “qué tanto hablan ustedes de una democracia dinámica si no hay cambiado la Constitución de Pinochet”, lo encontré genial.

En una entrevista hace algún tiempo, usted mencionó que Chile, teniendo un amplio litoral, debería ser capaz de entregar alguna porción a Bolivia. 

Mirado históricamente, el tema de la costa, también es un contrasentido, porque Chile con 4 mil 200 kilómetros de costa, ya a comienzos del siglo XIX, 1830 por ejemplo, cuando no estaba el canal de Panamá, ni se podía navegar mucho por el cabo de Hornos, Chile era el país de la costa del Pacífico que podía haber estado destinado a conquistar los mercados del Pacífico: China, Japón, Filipinas, la India al frente. Por tanto, la vocación de un país que tiene 4 mil 200 kilómetros de costa es una vocación marítima. Y Chile estaba destinado, por ubicación geográfica e histórica, en ese tiempo, a conquistar el Pacífico, pero no. Los gobiernos de Portales, de ese período, les entregaron el Pacífico a los ingleses, y le convirtieron a Valparaíso en la base de operaciones para que los ingleses conquistaran el Pacífico, en cambio Portales y compañía se preocuparon de quitarles un par de provincias a los peruanos y bolivianos. Entonces, no utilizaron la costa como un criterio para desarrollar el país, porque fue una conquista territorial tierra adentro la que se hizo hacia el norte. Entonces seguimos teniendo 4 mil 200 kilómetros de costa más todavía que en 1830, y qué más da que los bolivianos tengan un territorio para poner un puerto para embarcar y desembarcar su mercadería. Hay una serie de contrasentidos en nuestra historia. Si hubiéramos sido un país marítimo y que ocupamos toda la costa porque dominamos el Pacífico, te creo. No les demos ni un milímetro de costa a nadie. Pero no, este es un país de vocación terrícola. Si hasta Agustín Edwards cuando se viste de chileno se pone un ponchito de huaso.

Diario U Chile