La Unión Europea alerta de que la explotación laboral grave crece en España a causa de la crisis

Un informe de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales asegura que se trata de un problema endémico en Europa y critica la impunidad de los explotadores.La agricultura, la construcción, los servicios en los hoteles y ‘catering’, el trabajo doméstico y las manufacturas son los sectores donde más frecuente es este fenómemo. Ana Requena Aguilar⎮El Diario⎮02/06/2015 Trabajar todos los días de la semana por salarios irregulares que a veces llegan y a veces no. Vivir en condiciones paupérrimas e incluso aislados de la comunidad. Trabajar sin contrato y bajo amenazas constantes de expulsión. Son algunos ejemplos de lo que la Unión Europea define como “explotación laboral grave”, un fenómeno al alza en España, Portugal y Grecia, según un informe de la Agencia Europea por los Derechos Fundamentales, el más completo sobre el fenómeno hasta la fecha. La crisis económica está detrás del aumento de la explotación laboral, que en estos países llega a implicar, en ocasiones, situaciones de esclavitud. El auge de la explotación laboral está relacionado, por tanto, con la crisis, pero también con ciertos sectores donde está especialmente arraigada: la agricultura, la construcción, los servicios en los hoteles y el catering, el trabajo doméstico y las manufacturas. La pobreza es un factor de riesgo, sufrirla hace a las personas más vulnerables a la explotación, que muchas veces aceptan porque no tienen otra alternativa o, en el caso de los trabajadores desplazados a otros países, porque la presion para enviar dinero a casa o pagar deudas se impone. “Las víctimas de la explotación laboral grave son trabajadores que padecen condiciones laborales punibles bajo la legislación del país en el que se encuentran. Muchas veces trabajan aisladas, en el campo, en casas o en edificios en construcción. Cuando su trabajo acaba, las víctimas suelen abandonar el país en el que han trabajado y es difícil hacerles seguimiento”, explica el informe. El Director de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, Constantinos Manolopoulos, habla de una “problema endémico” e insta a los estados miembros a promover un clima de tolerancia cero a este forma de explotación. “La explotación de trabajadores que se han visto forzados por sus circunstancias económicas y sociales a aceptar malas condiciones laborales es inaceptable”, asegura Manolopoulos. Y es que el informe señala que, a pesar de su aumento, la explotación laboral grave sigue siendo un fenómeno invisible y escondido. “Los intereses políticos y económicos favorecen esa invisibilidad, especialmente en tiempos de crisis”, afirma la Agencia Europea, que señala la falta de coordinación y comunicación entre organismos e instituciones para resolver estas situaciones. Es precisamente esa naturaleza oscura la que hace muy difícil de cuantificar el fenómeno. El informe se remite para ello a los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estima que cerca de tres cada mil personas en el mundo han padecido explotación en algún momento durante la década de 2002 a 2011. La Agencia Europea de los Derechos Fundamentales basa su informe en grupos de trabajo con cientos de expertos y personal especializado de prácticamente todos los países miembros, así como en decenas de casos de estudio. Impunidad A pesar de la gravedad del asunto, la impunidad es grande. El estudio europeo la señala como uno de los obstáculos para acabar con el fenómeno. Por ejemplo, aunque la Union Europea cuenta con legislación que prohíbe varias formas de explotación, en muchos estados miembros la pena máxima por explotar a un trabajador migrante es inferior a dos años, “una pena que no refleja la gravedad del derecho fundamental que se está violando”. Y es también la falta de denuncias de las víctimas lo que alimenta la impunidad. El informe señala que no lo hacen bien porque no se les permite hacerlo, bien por temor a las consecuencias. “A esto se añade un escaso riesgo de que los autores se enfrenten ante procesos penales o sean obligados a compensar a las víctimas. Esta suma de factores crean una situación que no solo perjudica a las propias víctimas, sino que también socava las normas laborales en un sentido más amplio”. Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Union-Europea-explotacion-Espana-gracias_0_394061251.html

EL SENADO DE EE.UU. APROBO UNA LEY QUE PERMITE ESPIAR PERO CON "LIMITES"

Otra vez bajo vigilancia

El Senado estadounidense aprobó ayer con los dos tercios conseguidos ajustadamente una ley que pondrá fin en seis meses a la recolección masiva de datos telefónicos dentro del país, uno de los programas de espionaje denunciados por el ex espía Edward Snowden, y lo reemplazará por una iniciativa más acotada.

Por 67 votos contra 32, el Senado aprobó la llamada Ley Libertad USA, una norma apoyada por la Casa Blanca y gran parte de la oposición republicana, que también pone fin a las leyes secretas redactadas por la corte ad hoc creada por la Ley Patriota, la tristemente famosa normativa que impulsó George Bush después de 2001 para ampliar a niveles inéditos la capacidad de los servicios de Inteligencia.

Además, la nueva ley limitará el programa de espionaje de la NSA que recolecta información de millones de usuarios de Internet en Estados Unidos y dará libertad a las empresas como Google o Facebook para informar qué datos le ha pedido el gobierno y sus agencias de Inteligencia.

Poco después de la votación, el presidente Barack Obama, quien se anotó una victoria política con esta aprobación, anunció que promulgará la norma en las próximas horas. “Estoy feliz de que el Senado finalmente haya aprobado la Ley Libertad USA. Protege las libertades civiles y nuestra seguridad nacional. La firmaré no bien la reciba”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Según la veterana senadora demócrata y presidenta del comité que fiscaliza los servicios de Inteligencia, Dianne Feinstein, la nueva ley fue “la mejor oportunidad para restablecer rápidamente el funcionamiento de los programas” de espionaje, informó el diario británico The Guardian. “Esta nueva ley permitirá que tres importantes programas antiterroristas continúen”, agregó la senadora, quien es una fiel defensora de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) desde 2013, cuando Snowden reveló el masivo y, muchas veces, indiscriminado espionaje que realiza esa organización dentro y fuera de Estados Unidos.

Porque al mismo tiempo que la nueva ley garantiza el fin de la recolección masiva de datos telefónicos, también da un período de gracia de seis meses, lo que supone una reactivación del espionaje, que había sido suspendido el lunes, luego de que expirara la ley que lo habilitaba.

Mientras el gobierno de Obama y parte de la bancada opositora intentaban hace semanas reformar la recolección masiva de datos telefónicos que comenzó después de los atentados de 2001 contra las Torres Gemelas, un importante grupo de republicanos se negaba a abandonar uno de los programas emblema del espionaje de la llamada Guerra contra el Terrorismo. Encabezados por el líder de la mayoría, el senador republicano Mitch McConnell, el sector más belicista de la oposición había bloqueado el 23 de mayo pasado el debate sobre la Ley Libertad USA, aprobada una semana antes por 338 votos contra 88 en la Cámara de Representantes. Pese a la presión de la Casa Blanca y la cada vez más explícita pelea dentro del Partido Republicano, los senadores liderados por McConnell habían vuelto a negarse a aprobar la nueva ley y habían fracasado en su intento por extender la antigua norma antes que esta expirara a la medianoche del domingo pasado.

Por eso, ayer hacía 24 horas que varios artículos de la Ley Patriota habían vencido y, por lo tanto, varios programas de espionaje habían perdido su sustento legal. Uno de ellos, quizás el más famoso, es el artículo 215, que autorizaba el almacenaje masivo de los registros telefónicos de millones de norteamericanos, como reveló Snowden hace dos años y defendió más tarde el gobierno de Obama, sucesor de Bush.

Obama nunca planteó reformar de manera profunda la estructura de espionaje creada después del 2001 pero –ante la lluvia de críticas y la enorme presión popular que generó la revelación hecha por Snowden– aceptó modificar este artículo y otros de la Ley Patriota, y negoció con la oposición republicana la creación de la Ley Libertad USA.

La reforma prevé la transferencia de los metadatos recolectados a las compañías de telecomunicaciones. Las autoridades tendrán acceso a estos datos únicamente con la autorización de un tribunal y una vez que se haya identificado de forma precisa a una persona o grupo sospechosos de tener un vínculo con el terrorismo. Pero además, el texto prevé otorgar nuevamente a la NSA el poder de rastrear y poner bajo escucha a sospechosos considerados “lobos solitarios”, dos atribuciones que expiraron el domingo por la noche. Varias organizaciones no gubernamentales de defensa de las libertades individuales y decenas de empresas informáticas estadounidenses, cuya imagen se vio afectada por su supuesta cooperación con la NSA, apoyaban la reforma.

Yahoo! saludó en un comunicado la adopción del texto que representa “una victoria para los usuarios de Internet de todo el mundo” y “que ayuda a proteger a nuestros usuarios al reformar de forma sustancial los programas de vigilancia y las prácticas del gobierno de Estados Unidos”. Por su parte, el subdirector jurídico de la poderosa organización estadounidense de derechos cívicos ACLU, Jameel Jaffer, calificó esta votación de “etapa importante”. “Se trata de la ley de reforma en materia de vigilancia más importante desde 1978, y su adopción muestra que los estadounidenses ya no están dispuestos a dar rienda suelta a las agencias de inteligencia”, dijo Jaffer, quien aprovechó esta ocasión para aplaudir el rol que jugó Edward Snowden.

Por su parte, el presidente estadounidense, Barack Obama, celebró ayer la aprobación de una reforma de los programas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), al considerar que el texto resguarda las libertades individuales y al mismo tiempo la seguridad nacional. “Feliz de que el Senado haya finalmente aprobado la USA Freedom Act”, indicó Obama en su cuenta de Twitter (@POTUS), en un mensaje que anticipa su voluntad de promulgar el texto. Políticamente, el voto representa una victoria para Obama. La Casa Blanca había instado a una rápida aprobación de las medidas, que frenan la potestad de la NSA de recolectar y almacenar números de teléfono, fechas, horas de llamadas y otros datos.

FALLO CONTRA LA RURAL POR EL PREDIO DE PALERMO

ARGENTINA

Cayó la cautelar y tiembla la venta

 Por Sebastián Premici

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº8 levantó una medida cautelar que beneficiaba a la Sociedad Rural (SRA) desde hace más de dos años. De esta manera, quedó vigente el decreto 2552/12 que revocó la venta del Predio Ferial de Palermo durante el menemismo. El magistrado Iván E. Garbarino sostuvo que se habían vencido todos los plazos legales para sostener una medida cautelar en función de la ley 26.854. También afirmó que a raíz de las nuevas circunstancias en la causa penal que tramita en el juzgado de Sergio Torres, como el procesamiento de Carlos Menem confirmado por la Corte Suprema en febrero del año pasado, correspondía ponerle fin a la cautelar. La causa penal que investiga la venta a precio vil del predio ya fue elevada a juicio oral y sólo resta que el tribunal defina la fecha de inicio del proceso. La SRA apeló la decisión del juez Garbarino.

El decreto 2552/12 revocó la venta del Predio Ferial de Palermo ocurrida en diciembre de 1991. La Sociedad Rural acordó con el gobierno de Menem pagar 30 millones de dólares por 11 hectáreas. Dicho precio fue el resultado de una serie de tasaciones llevadas adelante por el Banco Ciudad, el Hipotecario y un consorcio de empresas. La clave para obtener ese valor fue que las tasaciones debían realizarse sin tener en cuenta los edificios históricos incluidos dentro del predio, ni siquiera debía contemplarse la funcionalidad de dicha propiedad. Es decir que las tasaciones fueron realizadas como si el Predio Ferial de Palermo fuese un terreno baldío.

Estas “especificaciones técnicas” forman parte de las pruebas acumuladas en la causa penal que tramita ante el juzgado de Sergio Torres y en el Expediente Administrativo 25.587/88. De todo este material se desprende que el menemismo pretendió obtener el valor más bajo posible en beneficio de la SRA. 

El decreto de 2012 que anuló la venta se remontó al informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación de 2010 que indicó que el valor real del predio era, en diciembre de 1991, 63 millones de dólares. Es decir, una diferencia de 30 millones con el precio acordado con la SRA.

La medida precautoria que benefició a la SRA fue dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial en enero de 2013, cuya sala de feria estuvo integrada por Graciela Medina, Francisco de las Carreras y Ricardo Guarinoni. Luego de dos años y cuatro meses de su dictado, la entidad patronal había solicitado una nueva prórroga. “La escasa vocación de la parte accionante por el impulso de las actuaciones debe ser de especial consideración al momento de meritar la prórroga. La accionante bien pudo haber obrado con mayor celeridad”, argumentó el magistrado.

Con este fallo volvió a quedar vigente la revocación de la venta. Sin embargo, el Estado todavía no tomará ninguna decisión sobre el predio. Por su parte, la SRA apeló. A través de un comunicado de prensa, la entidad que conduce Luis Miguel Etchevehere argumentó que la decisión de Garbarino fue “infundada e ilegítima”.

spremici@pagina12.com.ar

Los escándalos más sonados en la era Blatter

PRESIDENCIA MARCADA POR LA POLEMICA

La dimisión de Joseph Blatter como presidente de la FIFA, cuatro días después de su reelección para un quinto mandato, llega tras una larga lista de crisis y escándalos que han afectado la organización, que el suizo dirigía desde 1998. Las sospechas surgidas sobre su principal colaborador, el francés Jérôme Valcke, habrían constituido el golpe de gracia a uno de los últimos caciques del deporte internacional.

- ISL. Jérôme Valcke, entonces director de marketing, dejó su cargo a finales de 2006 tras un asunto de un contrato litigioso sobre los rivales Mastercard y Visa. Seis meses más tarde, fue nombrado secretario general de la FIFA. ISL era la sociedad que administraba los derechos de difusión y de marketing de la Copa del Mundo hasta su quiebra en 2001. En 2010, la Justicia suiza señaló que João Havelange, ex presidente de la FIFA (1974-1998), y Ricardo Teixeira, titular de la potente Confederación Brasileña (1989-2012), fueron sobornados a cambio de contratos exclusivos de derechos de televisión para la Copa del Mundo. Pero archivó el caso debido a lagunas del derecho suizo en vigor en la época. Una investigación llevada por la comisión de ética de la FIFA, que incluye a Nicolás Leoz (presidente de la Confederación Sudamericana entre 1986 y 2013), llegó a las mismas conclusiones, dado que la FIFA no tenía ningún código de ética antes de 2004.

- Bin Hammam. Después de haber sido durante años aliado de Blatter, el hombre de negocios catarí Mohamed Bin Hammam, presidente de la Confederación Asiática (AFC), se presentó a la elección presidencial de mayo de 2011. La Comisión de Etica de la FIFA, que sospechó que compró votos en el seno de la Concacaf, abre poco antes un proceso contra él y Jack Warner, presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA. Cuando se acerca la elección, todo se acelera. El 27 de mayo, a petición de Bin Hammam, un proceso se abrió contra Blatter. El 28 de mayo, se retiró de la elección presidencial. El 29, el comité de ética de la FIFA decidió absolver a Blatter. Bin Hammam y Warner son suspendidos mientras dura la investigación. El 23 de julio, Bin Hammam, reconocido culpable, es suspendido de por vida de toda actividad ligada al fútbol. Pero en julio de 2012, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) anula la sanción por falta de “pruebas directas”. El catarí será finalmente suspendido de por vida a finales de 2012, por malversaciones en el seno de la Confederación Asiática y como miembro del Comité ejecutivo de la FIFA entre 2008 y 2011. Warner, acusado además en otros casos de haber utilizado su posición en las instancias del fútbol con fines lucrativos personales, amenaza revelar lo que sabe si es cuestionado. Pero en junio de 2011, dimitió de todos sus cargos ligados al fútbol. “Warner eligió él mismo dimitir, todos los procesos iniciados contra él por la comisión de ética están archivados, y existe la presunción de inocencia”, fue el comentario de FIFA.

- Qatar 2022. En noviembre de 2010, dos miembros del comité ejecutivo de la FIFA, el tahitiano Reynald Temarii y el nigeriano Amos Adamu, fueron suspendidos respectivamente uno y tres años por no haber respetado el código ético, tras sospechas de corrupción en la próxima atribución de los Mundiales 2018 y 2022. El 2 de diciembre de 2010, el Mundial 2022 es atribuido a Qatar para sorpresa general. La FIFA rechazó en un primer momento discutir el asunto, antes de crear una nueva comisión de ética. En julio de 2012, abrió una investigación sobre las condiciones de atribución de los Mundiales de 2018 (a Rusia) y 2022, dirigida por Michael Garcia, ex fiscal de Nueva York. En noviembre de 2014, Hans-Joachim Eckert, presidente de la cámara de enjuiciamiento de la comisión de ética, resaltó en el informe Garcia “comportamientos dudosos” pero nada para cuestionar el proceso de atribución. Garcia denunció una presentación “errónea e incompleta” de su investigación y pidió una publicación íntegra, antes de dimitir. El 19, Blatter aceptó una publicación del informe Garcia en el futuro, pero “bajo una forma apropiada”. El miércoles, la fiscalía suiza se incauta de documentos electrónicos en la sede de la FIFA en Zurich, en el marco de un proceso penal por sospechas “de blanqueo de dinero y gestión desleal” en las atribuciones de dos Mundiales. Este proceso, abierto el 10 de marzo, no había sido hecho público. El informe Garcia sigue sin ser difundido.

GORILAS AL ACECHO

Expresidentes iberoamericanos firman nueva declaración contra el gobierno venezolano

2 junio, 2015   Venezuela

Los ex presidentes iberoamericanos que firmaron la reciente Declaración de Panamá, se unieron de nuevo en la denuncia del “agravamiento” de la situación política, social y económica de Venezuela, informó hoy la Fundación FAES, presidida por el expresidente del gobierno español José María Aznar.

La firma de la denominada Declaración de Caracas se produce después de que las autoridades venezolanas negaran este viernes a los ex presidentes de Colombia Andrés Pastrana y de Bolivia Jorge Quiroga la posibilidad de visitar a los presos políticos en Venezuela, en concreto a Leopoldo López y Daniel Ceballos, informó EFE.

De momento, 27 ex presidentes se han adherido a esta nueva Declaración, en la que alertan del “imparable deterioro” de las garantías democráticas y los derechos humanos en Venezuela.

A la declaración se han unido mandatarios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Los firmantes denuncian además, según el comunicado de FAES, la “persecución de la prensa independiente, el progresivo condicionamiento de las elecciones parlamentarias y la crisis humanitaria que sufre Venezuela”.

Reiteran su llamado a que la comunidad internacional se mantenga “vigilante” ante el empeoramiento de la situación.

Los ex mandatarios demandan también “la revocatoria de las medidas de persecución judicial contra la prensa independiente; el cese de las persecuciones y la libertad de los presos políticos y el respeto de sus dignidades humanas”.

Además reclaman “la realización de elecciones justas y transparentes” y solicitan medidas económicas que permitan el cese inmediato de las “humillantes medidas de racionamiento y de control político a que está sometida la población para acceder a los alimentos y medicinas básicas”.

Con esta declaración, los ex presidentes instan a las autoridades venezolanas “a la creación de un clima de diálogo y paz que revierta las nocivas tendencias que se aprecian y que afectan a los venezolanos en sus libertades y derechos fundamentales”.

Los 27 firmantes están agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), un foro internacional no gubernamental integrado por académicos, editores y ex altos funcionarios de Estado.

El Universal