Diario SinEmbargo, México
Hace cuatro días, el 28 de mayo pasado, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) mostró el mapa de los lugares en se pondrá la mayor atención durante los comicios del próximo domingo, debido a los problemas de conflictos sociales, así como de inseguridad y violencia generada por grupos del crimen organizado.
En ese mapa destacan cuatro entidades: Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Guerrero. En este último estado, el INE ubicó a Chilpancingo, Tixtla, Tlapa y Chilapa. Sin embargo, el análisis del Instituto se quedó corto y hoy, a sólo tres días de la elección, sabemos que no se trata de sólo cuatro municipios y que el reto de tener elecciones sin sobresaltos en esa entidad se ha vuelto un verdadero desafío.
El INE, al parecer, ha subestimado la problemática social en esa entidad. Desde hace semanas se tiene conocimiento que los problemas de inseguridad y violencia abarcan a prácticamente todo el estado y alcanza a puntos realmente decisivos en la vida política y social de Guerrero, como es el caso del puerto de Acapulco, que es con el turismo el gran motor económico.
A unas horas de la próxima cita ciudadana en las urnas, las autoridades estatales y federales tienen identificados al menos 14 focos rojos relacionados con la crisis social y la violencia: Tixtla, Chilapa, Tlapa, Chilpancingo, Teloloapan, Iguala, Cocula, Tlapehuala, Atlixtac, Atoyac de Álvarez, Ahuacuotzingo, Coyuca de Benítez, Ciudad Altamirano y la zona conurbada de Acapulco.
El proceso electoral en la entidad es considerado por analistas como el más difícil y conflictivo de su historia. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que llegó al poder estatal en 2005 con Zeferino Torreblanca Galindo, no significó para los guerrerenses un cambio y, al contrario, su situación de crisis se acentuó con la llegada al poder de Ángel Heladio Aguirre Rivero.
El sexenio que está por concluir estuvo enmarcado por escándalos alrededor de la familia de Aguirre Rivero y del propio Gobernador, quien dejó inclusa su administración por la tragedia que marcó su declive y el repunte de la inestabilidad social en esa entidad: el asesinato de seis normalistas y la desaparición de 43 alumnos más de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, el pasado 26 de septiembre.
Además, el crimen organizado ha impuesto su ley desde entonces, y los propios candidatos que compitieron en esta campaña padecieron, desde hace semanas, ataques, amenazas, secuestros e incluso asesinatos.
Ahora, después de tres días de violencia, las amenazas de boicot a las elecciones por parte de los sindicatos de maestros, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y estudiantes se han radicalizado en la entidad.
No obstante, los mensajes del Gobierno mexicano buscan reflejar normalidad. Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó hace unos días que el Gobierno federal se haya visto rebasado por la violencia y aseguró que el país “no está en llamas”. Aún así los ataques a candidatos en Guerrero y en otras entidades del país, además de los enfrentamientos de grupos del crimen organizado con las fuerzas federales han hecho saltar las alarmas.
De acuerdo con expertos, en esta elección se ha registrado un incremento significativo de la violencia en relación con los procesos de 2012 y 2009, cuando también se registraron asesinatos de candidatos. Pero nada se compara con lo que hoy se está viviendo, a sólo tres días de la elección intermedia.
