VIENTOS DE GUERRA

MIENTRAS COMBATEN CON ARMAS PESADAS EN TERRITORIO REBELDE, MOSCU Y KIEV SE CULPAN MUTUAMENTE

Rusia y Ucrania, más cerca de la guerra total

El presidente ucraniano acusó a Rusia de mantener 9000 soldados dentro del territorio ucraniano y de impulsar la ofensiva rebelde en el este del país. Pero el canciller ruso dijo que la culpa es de la intransigencia del gobierno ucraniano.

Los tanques vuelven a rodar por la volátil zona de Donbás, en el este de Ucrania. Decenas de personas murieron en las últimas horas cerca de la ciudad de Marinka, al oeste de Donetsk. Los enfrentamientos, de cuyo inicio se acusan ambas partes, son los más sangrientos desde el arranque de la tregua acordada hace cuatro meses en Minsk, Bielorrusia. “Estuvimos en el sótano todo el día de ayer”, dijo Svetlana Mokraya, de 49 años, vecina de Marinka, que pudo refugiarse en la localidad vecina de Gueoguivka con la ayuda de una ambulancia. Los rebeldes trataron de “encontrar puntos débiles pero repelimos el ataque. Regresaron a Donetsk”, dijo Serguei, un soldado ucraniano de 30 años.

Mientras Kiev responsabilizó a los rebeldes de interrumpir el alto el fuego, Moscú responsabilizó al gobierno ucraniano. “Los terroristas dañaron brutalmente el acuerdo de Minsk”, afirmó el ministro ucraniano de Exteriores, Pavel Klimkin, según el cual los soldados ucranianos “no cedieron ni un centímetro de terreno”. La réplica de Serguei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, no se hizo esperar: “Los acuerdos de Minsk se encuentran bajo una amenaza constante de ruptura por la actuación de las autoridades de Kiev, que intentan obviar su obligación para establecer un diálogo directo con Donbás”. Por su parte el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó la gravedad de la situación. “Lo que hemos observado estas últimas 24 horas en Ucrania es un recordatorio que muestra que la tregua es muy frágil”, declaró .

El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, justificó ayer la mayor ofensiva militar desde hace meses como acto de defensa frente a los separatistas prorrusos. “Existe la amenaza colosal de que se reanuden las acciones militares a gran escala por parte de los grupos terroristas rusos”, dijo. “El ejército ucraniano debe estar preparado para una nueva ofensiva por parte del enemigo. Catorce batallones tácticos rusos, integrados por más de 9000 efectivos, permanecen en territorio de Ucrania”, denunció. Los rebeldes amenazaron una y otra vez con ampliar su zona de influencia en Donbás, pero ese intento fue derrotado, anunció el gobierno de Kiev, orgulloso. Con el telón de fondo de esta escalada de violencia, Poroshenko anunció ayer un nuevo aumento del presupuesto militar del país. “El peligro de fuertes combates en Donbás persiste”, afirmó el presidente en su discurso sobre el Estado de la Nación. Ahora hay 50.000 soldados desplegados en la zona y Poroshenko quiere aumentar el número de efectivos de las fuerzas armadas hasta 250.000 antes de finales de año. Poroshenko preparó a la población de su país para tiempos difíciles y advirtió que persiste la amenaza de un ataque por parte de Rusia en cualquier momento.

Con miras a los enfrentamientos armados en el este, el Parlamento de Ucrania aprobó ayer una ley que autoriza el despliegue de tropas internacionales en el país. Sin embargo, tal misión requiere de un mandato de la Unión Europea (UE) o Naciones Unidas. El gobierno de Poroshenko ha solicitado varias veces a la UE y al Consejo de Seguridad de la ONU el envío de soldados para que sean desplegados, por ejemplo, a lo largo de la frontera con Rusia en la región separatista. Sin embargo, la comunidad internacional está dividida sobre las perspectivas de éxito de tal misión.

La UE y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se mostraron ayer preocupadas por el recrudecimiento de los combates. Se trata de la violación más grave de la tregua registrada hasta el momento, aseguró la responsable de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, que advirtió sobre una nueva espiral de violencia. La diplomática italiana responsabilizó de forma indirecta a los separatistas prorrusos de estos últimos combates, por haber trasladado grandes cantidades de armamento pesado hacia el frente. Los observadores de la OSCE constataron ayer que los separatistas prorrusos desplegaron artillería pesada hacia la denominada “línea de contacto”, en contra de lo acordado en el último alto el fuego, en el que las partes se comprometieron a retirar el armamento pesado al menos a 50 kilómetros de la línea del frente. La noche del martes se detectó el movimiento de una decena de tanques y otros vehículos armados desde la ciudad de Donetsk, antes de que se desataran fuertes combates en torno de la ciudad de Marinka, informó la OSCE.

A su vez, el asesor asistente de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, dijo que la prioridad de Washington para la cumbre del G-7 de principios de la semana que viene es el mantenimiento de las sanciones contra Rusia, país al que Estados Unidos acusa de apoyar a las fuerzas rebeldes. “Creo que lo más urgente es centrarse en el mantenimiento de la unidad sobre las sanciones, que tienen repercusiones significativas sobre la economía rusa”, dijo Rhodes. “El mensaje tiene que ser que la presión no cesará a menos que veamos” una solución diplomática, afirmó.

Por su parte, Poroshenko defendió el uso de artillería pesada y explicó que el ejército repelió “de forma adecuada” el ataque de los rebeldes en Marinka. Durante su discurso ante la Nación, Poroshenko responsabilizó a Rusia de la escalada de violencia. “La zona de Donbás habría olvidado la guerra como si de un mal sueño se tratase si Moscú quisiera la paz tanto como Kiev”, advirtió el presidente ucraniano. Según Poroshenko, en la zona luchan en la actualidad 14 grupos de combate rusos con más de 9000 soldados apoyando a los rebeldes.

Moscú lo niega y acusa a Kiev de poner en peligro el plan de paz. El Ministerio de Exteriores de Rusia y el Kremlin culparon a Kiev del repunte de la violencia. El gobierno ucraniano quiere presentar a Rusia como agresor ante la cumbre del G-7 y la que la UE celebrará a finales de mes, apuntan desde Moscú. Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, es el ejército ucraniano el que desestabiliza conscientemente y provoca tensiones. Rusia teme que ante estos nuevos enfrentamientos, Occidente prolongue o endurezca las sanciones impuestas a Moscú por el conflicto ucraniano.

El gobierno de Kiev afirma que en los combates por Marinka murieron 80 separatistas y fueron heridos un centenar. Pero el líder separatista Eduard Bassurin, dice que en los combates murieron 16 rebeldes y resultaron heridos otros 90. “La situación en la República Popular de Donetsk se agravó mucho”, afirmó. Según Bassurin, los rebeldes quieren mantener el alto el fuego y no hay planes para volver a desplegar armamento pesado en el frente.

En tanto, los analistas ucranianos creen que todavía está por verse si se trata sólo de un test militar o de un verdadero regreso de fuertes combates. En Kiev está muy extendida la opinión de que la zona controlada hasta ahora por los separatistas es demasiado pequeña como para poder sobrevivir como territorio independiente.

El politólogo Kost Bondarenko cree que el actual episodio de violencia es más bien una prueba de fuerza de las partes en conflicto, que quieren fortalecer sus posiciones en las negociaciones del proceso de paz. Este experto está convencido de que nadie iniciará un gran ataque. “Ninguna de las partes quiere ser culpable del fracaso de la tregua”, apunta.

Pero muchos analistas creen que el proceso de paz está desde hace tiempo en un callejón sin salida del que sólo puede salirse con nuevos combates.

“Existe el temor fundado en que vuelva a caerse en una escalada militar”, dijo Steinmeier, el canciller ucraniano, quien defiende la validez del documento firmado hace cuatro meses en Minsk, a pesar del evidente fracaso del alto el fuego. “Hoy por hoy no tenemos otro instrumento”, señaló.

Las inversiones de la mamá del fiscal

FUERON DETECTADAS UNA NUEVA EMPRESA Y OTRAS PROPIEDADES A NOMBRE DE SARA GARFUNKEL, MADRE DE NISMAN

En la investigación por supuesto lavado de dinero se halló que Garfunkel es parte de la firma Monroe Plaza, figura como dueña de tres terrenos en Punta del Este y participa de un fideicomiso para la construcción de departamentos en Palermo.

La causa que involucra a Sara Garfunkel se inició a partir de revelaciones de Sandra Arroyo Salgado.

 Por Irina Hauser

Una nueva empresa integrada por Sara Garfunkel, la madre de Alberto Nisman, fue detectada en la investigación que llevan adelante el fiscal Juan Pedro Zoni y el juez Rodolfo Canicoba Corral por presunto lavado de dinero. La firma, Monroe Plaza SRL, que fue reportada por la AFIP, estaría vinculada a la construcción, en la misma línea de otras inversiones del rubro inmobiliario, también a nombre Garfunkel, que Nisman monitoreaba desde una de sus computadoras. Entre los 20 mil archivos detectados se halló información patrimonial que condujo a medidas concretadas en las últimas semanas. A raíz de un allanamiento realizado la semana pasada en oficinas comerciales de San Isidro, los investigadores pudieron confirmar que la madre de Nisman es quien figura como dueña de tres terrenos en el complejo Pueblomío de Punta del Este, donde pagó expensas por 4200 dólares en un trimestre. Otro procedimiento corroboró su participación en un fideicomiso para la construcción de dos departamentos con cochera en un complejo en Palermo.

La causa judicial se inició a raíz de que la ex esposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, reveló en la investigación sobre su muerte que él tenía una cuenta en el Banco Merrill Lynch, en Nueva York, de la que aparecían como cotitulares la hermana de Nisman, Sandra Nisman, el técnico Diego Lagomarsino y Garfunkel. Esta última compartía con su hijo cajas de seguridad. Buena parte de la información sobre la cuenta y los inmuebles estaba en la computadora que Nisman usaba en la UFI-AMIA, y habría algo también en la notebook personal hallada en su departamento. Algunos datos surgen de movimientos realizados por la web, documentos y resúmenes recibidos; otros, de la planificación que le hacían a Nisman sus secretarias, especialmente de los viajes.

Una de las principales sospechas es que las inversiones se habrían hecho con fondos de origen dudoso vinculados a Nisman. Algo que sorprendió a quienes conocen el expediente es que el ex titular de la UFI-AMIA tenía registros de sus gastos con una tarjeta American Express por montos siderales, que en un solo mes llegaron a 131 mil pesos y, en promedio oscilaban entre 40 y 70 mil pesos por mes.

Canicoba Corral envió exhortos a Estados Unidos por la cuenta. Allí también se rastrean inversiones. A Uruguay le pidió información sobre cuentas, ya que hay registros informáticos de operaciones a través de dos bancos, el Banco Francés y el Itaú. No está claro si son cuentas de él o utilizadas para mover dinero. El allanamiento que se hizo en las oficinas que comercializan los terrenos de Pueblomío en Buenos Aires no aportó documentación, pero uno de los encargados confirmó la titularidad de Garfunkel. El juez deberá ampliar medidas en Uruguay. Ese complejo publicita 180 chacras, 86 hectáreas y nueve lagunas de 30 hectáreas más. La empresa que administra el fideicomiso de la calle Dorrego al 1700 sí aportó documentos. La madre de Nisman aparece pagando cuotas de hasta 67 mil pesos.

La actividad que a ella se le conoce es la participación en una farmacia. Nisman, según les confirmó la Procuración a los investigadores, ganaba cerca de 90 mil pesos por mes. De acuerdo con su declaración jurada de bienes, no tenía prácticamente nada, sólo una propiedad en el country Highlands a medias con Arroyo Salgado. Pero sus gastos mensuales podrían rondar los 300 mil pesos. El auto Audi Q5 que usaba, por ejemplo, era prestado por la empresa Palermo Pack, que ahora que está incautado lo reclama. Nisman lo manejaba sin cédula azul ni ninguna documentación que lo habilitara.

El fiscal Zoni está analizando al detalle todo el contenido de la computadora de donde surgieron los datos sobre los bienes y también los múltiples viajes del fiscal. En los últimos cinco años estuvo 411 días en el exterior. Hizo 59 viajes mientras estuvo en la UFI-AMIA. La mayoría no eran reportados como viajes de trabajo ni pedía licencia. La agenda y todo el material están en pleno estudio y la fiscalía prepara nuevas medidas para los próximos días.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-274270-2015-06-05.html

“#NiUnaMenos”

Documento leído en la multitudinaria movilización en la capital argentina contra el femicidio, en el que se detallan datos sobre la situación de violencia contra las mujeres y se plantean medidas al respecto

4 junio, 2015   Análisis / Documentos

I

En 2008 mataron una mujer cada 40 horas; en 2014, cada 30. En esos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas sólo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta. En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1500 niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a convivir con los asesinos. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. Necesitamos sumar compromisos para cambiar una cultura que tiende a pensar a la mujer como objeto de consumo y descarte y no como una persona autónoma.
El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías: Pero la palabra “femicidio” es, además, una categoría política, es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de Derechos Humanos.

Hablamos entonces de una cultura de la violencia contra las mujeres. Hablamos de hombres que piensan que una mujer es suya y que tienen derecho sobre ella, que pueden hacer lo que quieran, y que cuando esa mujer dice NO, la amenazan, le pegan, la matan para impedir que diga NO.

El femicidio es eso: marcar los cuerpos de las mujeres violentamente, y como amenaza para otras: para que las mujeres no puedan decir que no, para que renuncien a su independencia. Aunque la gran mayoría de las mujeres que recordamos aquí fueron asesinadas por hombres de su círculo íntimo, el femicidio no es un asunto privado, es producto de una violencia social y cultural que los discursos públicos y de los medios vuelven legítima, cada vez que alguien le dice puta a una mujer porque ejerce su sexualidad libremente, cada vez que alguien la juzga por las medidas de su cuerpo, cada vez que alguien la mira con sospecha porque no quiere tener hijos, cada vez que alguien pretende reducirla simplemente al lugar de la buena esposa o la buena madre, destinada a un varón.

El femicidio es un tipo de violencia particular: no es un tema íntimo o doméstico o sólo de las mujeres. En muchos femicidios también fueron asesinados los hijos como parte del castigo proyectado sobre ellas y su propia capacidad de dar vida.

Lo privado es político. Cada mujer que se atreve a decir basta, que quiere dejar de ser víctima para convertirse en sobreviviente, desafía a toda la estructura de la violencia machista. Pero ese es su momento más vulnerable, ahí es cuando con saña se pretende ajusticiarla y es entonces cuando más necesita de otros y de otras que ayuden a sostener su decisión: redes de afecto, sociales, asistencia del Estado y un activismo político fuerte que insista en decirle que no está sola y que no es su culpa. Para que ese BASTA, que por fin pudo enunciar, se sostenga en el tiempo. Eso es, también, lo que estamos haciendo hoy, acá, en esta plaza pública.

La violencia ejercida en el ámbito doméstico se vincula con cuestiones sociales que deben ser discutidas en la esfera de la política. A diferencia de otros crímenes, el femicidio se puede leer en una cadena: encontramos crímenes casi calcados por todo el país.

Por eso, afirmamos el derecho a decir NO frente a aquello que no se desea: una pareja, un embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido. Afirmamos el derecho a decir NO a los mandatos sociales de sumisión y obediencia.

Y porque decimos NO, podemos decir sí a nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas afectivas, nuestra sexualidad, nuestra participación en la sociedad, en el trabajo, en la política y en todas partes.

II

Los femicidios no deben tratarse como problemas de seguridad. Y la lucha contra ellos exige una respuesta múltiple, de todos los poderes del Estado y todas sus instancias -nacional, provincial, municipal- pero también precisa una respuesta de toda la sociedad civil. Y en especial una respuesta por parte de los y las periodistas, comunicadores y comunicadoras, que son quienes construyen interpelaciones públicas.

En 2009 y por amplia mayoría (con 174 votos afirmativos y 3 abstenciones), el Congreso nacional aprobó la Ley de Protección Integral de las Mujeres, Ley Nº 26.485, un paso importante en la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, todavía está pendiente la reglamentación de algunos artículos, incluido el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Sin la reglamentación completa de la Ley, el diseño de políticas integrales y la asignación del presupuesto necesario para su instrumentación, esta herramienta lograda en 2009 resulta insuficiente para revertir el aumento de la violencia.
En el país existen líneas telefónicas y oficinas especializadas para orientar y asistir a las víctimas que sufren violencia machista. No alcanzan si no son acompañadas de políticas integrales.

No existe en la Argentina un registro oficial de femicidios. Los datos que mencionamos aquí son los que releva año tras año la Organización No Gubernamental Casa del encuentro.

Es fundamental contar con estadísticas oficiales. El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas. En muchas jurisdicciones, son ellas las que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en comisarías. Este sistema de doble denuncia está apoyado en la falta de confianza de la Justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad del agresor. El aporte de pruebas y testigos depende enteramente de las víctimas y, si no lo hacen, las causas quedan paralizadas y luego se archivan. Se trata de un modelo de gestión judicial de la violencia contra las mujeres que suma desprotección y que no garantiza medidas efectivas. Con la impunidad para el agresor, el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la denunciante: la violencia institucional. Muchas de las víctimas de femicidios habían denunciado antes y en reiteradas ocasiones al asesino.

A tantas otras mujeres no quisieron tomarles las denuncias. Esta inercia no puede continuar. Hay mujeres golpeadas y asesinadas por afirmar sus propias decisiones. Otras están desaparecidas, víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual o laboral, y sus destinos siguen sin conocerse. En torno a algunas de esas mujeres desaparecidas se sospechan tramas mafiosas que incluyen la participación de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Por ellas también pedimos justicia.

El modo en que los medios, mayoritariamente, tratan el problema, debe transformarse por completo: en muchos casos culpabilizan a las víctimas de su destino: hablan de su vestimenta, sus amistades, sus modos de divertirse. En el fondo, agitan allí el “algo habrán hecho”. Necesitamos medios comprometidos en la elaboración de protocolos, además del imprescindible cumplimiento de los protocolos existentes y de los códigos de ética para las coberturas periodísticas de estos casos.

La televisión repite imágenes y palabras que ubican a las mujeres en situaciones de desigualdad, dominación y discriminación. Repite estereotipos. El tratamiento noticioso de los casos de niñas y mujeres asesinadas o desaparecidas, con la invasión de la intimidad de las víctimas y la insistencia en revelar el modus operandi del asesino, contribuyen a que el femicidio se naturalice o se lo convierta en insumo para que el show continúe. Y esto ayuda a su reproducción.

Decimos Ni una menos, con el dolor de la suma de víctimas que crece y crece. Esta convocatoria masiva, esta enorme y comprometida participación social, son un grito unánime.

Es la manera que encontramos, en todas las plazas del país, con la movilización, con el dolor común, con la preocupación y la necesidad urgente, de poner en marcha acciones coordinadas que ataquen el problema; desde el origen -la cultura machista-, y hasta el fin de la cadena: la mujer golpeada, la mujer asesinada.

El Estado y los poderes reales, junto con la ciudadanía, debemos comprometernos a perfeccionar los instrumentos para combatir la violencia contra las mujeres, nuevos esfuerzos deben sumarse, codo a codo con el esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres, feministas, ONGs y personas comprometidas que trabajan en esto desde
hace tiempo.

Es que los derechos de unas son los derechos de todos. La preservación de la vida y las decisiones de las mujeres son ampliación de libertad para todos y para todas. Forjemos nuevos modos de convivencia, estrategias para hilar cada vez mejor la trama de la vida en común. No queremos más lágrimas de duelo y sí más avances que festejar.

No queremos más mujeres muertas por femicidio. Nos queremos vivas. A todas.

#NiUnaMenos.

III

Pedimos, entonces, una serie de puntos ineludibles para recorrer el camino hacia Ni una menos:

1. Instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la LEY N º 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Puesta en marcha del Plan Nacional que allí se establece.
2. Recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres incluyendo los índices de femicidios.

3. Apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto de agilizar las medidas cautelares de protección. Federalización de la línea 137.

4. Garantías para la protección de las víctimas de violencia. Implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia.

5. Garantías para el acceso de las víctimas a la Justicia. Atención de personal capacitado para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. Vinculación de las causas de los fueros civil y penal. Patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial.

6. Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática.

7. Creación de más Hogares/Refugio en la emergencia, Hogares de Día para víctimas, y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género.

8. Incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género, la temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos violentos.

9. Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales, así como a profesionales que trabajan con la temática de violencia en diferentes dependencias oficiales de todo el país.

Todas las medidas requieren creación de instancias de monitoreo y seguimiento para su puesta en práctica y funcionamiento efectivo.

Erradicar la violencia contra las mujeres puede ser difícil pero no es imposible. Ni una menos es un grito colectivo, es meterse donde antes se miraba para otro lado, es revisar las propias prácticas, es empezar a mirarnos de otro modo unos a otras, es un compromiso social para construir un nuevo nunca más. Repetimos. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. A todas.

El Intransigente

Guerrero: los focos rojos se multiplican

Diario SinEmbargo, México

5 junio, 2015   Editorial del día

Hace cuatro días, el 28 de mayo pasado, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) mostró el mapa de los lugares en se pondrá la mayor atención durante los comicios del próximo domingo, debido a los problemas de conflictos sociales, así como de inseguridad y violencia generada por grupos del crimen organizado.

En ese mapa destacan cuatro entidades: Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Guerrero. En este último estado, el INE ubicó a Chilpancingo, Tixtla, Tlapa y Chilapa. Sin embargo, el análisis del Instituto se quedó corto y hoy, a sólo tres días de la elección, sabemos que no se trata de sólo cuatro municipios y que el reto de tener elecciones sin sobresaltos en esa entidad se ha vuelto un verdadero desafío.

El INE, al parecer, ha subestimado la problemática social en esa entidad. Desde hace semanas se tiene conocimiento que los problemas de inseguridad y violencia abarcan a prácticamente todo el estado y alcanza a puntos realmente decisivos en la vida política y social de Guerrero, como es el caso del puerto de Acapulco, que es con el turismo el gran motor económico.

A unas horas de la próxima cita ciudadana en las urnas, las autoridades estatales y federales tienen identificados al menos 14 focos rojos relacionados con la crisis social y la violencia: Tixtla, Chilapa, Tlapa, Chilpancingo, Teloloapan, Iguala, Cocula, Tlapehuala, Atlixtac, Atoyac de Álvarez, Ahuacuotzingo, Coyuca de Benítez, Ciudad Altamirano y la zona conurbada de Acapulco.

El proceso electoral en la entidad es considerado por analistas como el más difícil y conflictivo de su historia. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que llegó al poder estatal en 2005 con Zeferino Torreblanca Galindo, no significó para los guerrerenses un cambio y, al contrario, su situación de crisis se acentuó con la llegada al poder de Ángel Heladio Aguirre Rivero.

El sexenio que está por concluir estuvo enmarcado por escándalos alrededor de la familia de Aguirre Rivero y del propio Gobernador, quien dejó inclusa su administración por la tragedia que marcó su declive y el repunte de la inestabilidad social en esa entidad: el asesinato de seis normalistas y la desaparición de 43 alumnos más de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, el pasado 26 de septiembre.

Además, el crimen organizado ha impuesto su ley desde entonces, y los propios candidatos que compitieron en esta campaña padecieron, desde hace semanas, ataques, amenazas, secuestros e incluso asesinatos.

Ahora, después de tres días de violencia, las amenazas de boicot a las elecciones por parte de los sindicatos de maestros, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y estudiantes se han radicalizado en la entidad.

No obstante, los mensajes del Gobierno mexicano buscan reflejar normalidad. Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó hace unos días que el Gobierno federal se haya visto rebasado por la violencia y aseguró que el país “no está en llamas”. Aún así los ataques a candidatos en Guerrero y en otras entidades del país, además de los enfrentamientos de grupos del crimen organizado con las fuerzas federales han hecho saltar las alarmas.

De acuerdo con expertos, en esta elección se ha registrado un incremento significativo de la violencia en relación con los procesos de 2012 y 2009, cuando también se registraron asesinatos de candidatos. Pero nada se compara con lo que hoy se está viviendo, a sólo tres días de la elección intermedia.

SinEmbargo

Los tres obstáculos que dificultan un acuerdo entre Grecia y la UE

Los puntos más críticos de las negociaciones

EL PAÍS Madrid  JUN 2015 


Alexis Tsipras estrecha la mano a Jean-Claude Juncker, a su llegada este miércoles en Bruselas. / FRANCOIS LENOIR (REUTERS)
El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y el primer ministro griego, Alexis Tsipras, iniciaron este miércoles una reunión destinada a forjar un acuerdo entre los acreedores y Atenas que permita desbloquear la ayuda financiera que Grecia necesita urgentemente para evitar la quiebra. 

Estos son los puntos clave de las negociaciones.

Las grandes cifras. 

Grecia exige a Europa mayor margen para poder realizar políticas sociales y por eso pide rebajar la meta de superávit primario (diferencia entre ingresos y gastos públicos sin contar el pago de la deuda) al entorno del 1% del PIB este año y al 2% en 2016. El objetivo anterior era del 3% y 4%. Grecia asegura tener el beneplácito de Francia y Alemania para hacerlo.

Reformas laborales. 

Bruselas exige frenar las prejubilaciones y aplicar nuevas rebajas de pensiones. Atenas ofrece una reducción gradual de las jubilaciones anticipadas hasta 2020 y rechaza reducir prestaciones. También pretende recuperar la negociación colectiva en las empresas.

Discrepancias sobre el IVA. 

Grecia ofrece mantener tres tipos de IVA (del 6%, el 11% y el 23%) para recaudar 1.000 millones de euros adicionales. Los negociadores europeos piden 2.000 millones más con dos tipos.