8 jun 2015

PRAT-GAY BUSCA FRENAR LA INVESTIGACION JUDICIAL DEL CASO HSBC


El apoderado de la cuenta

Alfonso Prat-Gay denunció a funcionarios de la AFIP para entorpecer el avance de la causa. Figura como apoderado y “usuario de Internet” en la cuenta de Amalita Fortabat y su nieta en el HSBC Suiza. Investigan también su vínculo con otra cuenta, la de Pilar Supervielle de Exprinter.
 Por Alfredo Zaiat

El ex ejecutivo del banco JP Morgan en Londres, Alfonso Prat-Gay, pretende que la causa HSBC que involucra a 4040 cuentas de argentinos no declaradas a la AFIP cambie de juez. Busca detener, hasta anular, la investigación con el traslado del expediente a un juzgado más amigable. El interés de Prat-Gay radica en que él es uno de los protagonistas de la causa al estar vinculado con la cuenta no declarada de Amalita Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Amoedo por unos 68,3 millones de dólares, saldo correspondiente a fines de 2006. Antes de esa fecha, el monto de la cuenta había superado los 100 millones de dólares, de acuerdo con información adicional aportada por la AFIP al Juzgado Penal Tributario N° 3 a cargo de María Verónica Straccia. La investigación oficial está avanzando en precisar también qué tipo de asesoramiento ha prestado Prat-Gay, a través de su firma de consultoría financiera, a Exprinter International Bank perteneciente a la familia Supervielle. Uno de sus miembros y directivo de la entidad, Pilar Estela Supervielle, figura con el registro de 19,6 millones de dólares en una cuenta en el HSBC Private Bank Ginebra.
Prat-Gay presentó una denuncia penal contra los funcionarios de la AFIP Horario Curien (subdirector general de fiscalización) y Pedro Robeda (subdirector general de asuntos jurídicos) acusándolos del delito de falso testimonio y asociación ilícita, ampliándola contra el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, como parte de una asociación ilícita e instigador del falso testimonio. El ex presidente del Banco Central en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, que hoy se promueve como parte del equipo político del candidato Mauricio Macri, consiguió que la demanda sea radicada en el juzgado federal de Claudio Bonadio. La capacidad de selección de un juez se denomina forum shopping, definida técnicamente como “un tipo de maniobra para elegir un juzgado con el que la parte actora se siente más cómoda”, según explica Javier de Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El razonamiento expuesto por Prat Gay en la presentación ante Bonadio es que el delito de los funcionarios públicos fue el de haber realizado la denuncia judicial por el caso HSBC mintiendo al imputarle a las Fortabat, y a él como apoderado, el delito de evasión tributaria. La réplica de la AFIP, contenida en un memo de descargo en la secretaría N° 22 del juzgado federal N° 11, dice que con esa presentación “se busca que la existencia o no de evasión tributaria –que corresponde al Juzgado Penal Tributario N° 3– sea definido por un juez distinto al que le corresponde”. Para agregar: “pretende Prat-Gay, con la excusa del falso testimonio, que un juez ajeno al caso, el Dr. Bonadio, defina –en su favor– la inexistencia de evasión que se le imputa en la causa original”.
La estrategia judicial del ex diputado de la Coalición Cívica de Elisa Carrió es que Bonadio impulse una investigación paralela de los delitos denunciados por la AFIP y de ese modo detener la tarea de persecución de importantes ilícitos tributarios en la sede natural y específica (juzgado de Straccia). Por esa maniobra dilatoria se está tramitando un incidente de incompetencia en tribunales.
La denuncia de la AFIP que Prat-Gay cuestiona es la referida a la plataforma ilegal montada por el HSBC y sus directivos con el único fin de ayudar a contribuyentes a evadir impuestos. Es la que indica, además, la existencia de una plataforma “facilitadora” para la evasión. La AFIP destaca que esta última se ha conformado con apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que facilitaron una red off-shore de sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales para ocultar la verdadera identidad de los titulares de los fondos depositados en Suiza y, en consecuencia, posibilitar la evasión de impuestos. En la descripción de esa tarea, la denuncia de la AFIP menciona a Alfonso Prat-Gay, quien figura como apoderado y “usuario de Internet” de la cuenta de Amalita y su nieta. El escrito de la AFIP que dio apertura a la causa HSBC en Argentina señala que “resulta evidente considerar que quien posee la autorización delegada por los titulares para administrar los fondos depositados en el exterior no sólo no puede desconocer que los mismos no se encuentran exteriorizados en el país y en consecuencia del fin explícito de evadir el pago de impuestos sobre dichos fondos”. Mediante las resoluciones 762 y 763/2014 del 18 de diciembre del año pasado la AFIP notificó a Prat-Gay, con relación a los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, el requerimiento de pago de ambos tributos del período 2006 por un total de 81 millones de pesos correspondiente al saldo de la cuenta no declarada en el HSBC Ginebra.
En el juzgado de Straccia está el detalle del movimiento de la cuenta de Amalita y su nieta. Fue creada el 29 de junio de 2005, tiene tres referencias de International Bank Account Number, Prat-Gayt figura como “usuario de Internet” (el canal de comunicación del banco con el cliente) y el HSBC Bank USA International Private Banking New York aparece con una “carta de autorización” (letter of autorisation), que significa que ejecutivos de la entidad financiera podían administrar los fondos de la cuenta. El detalle de los activos a diciembre de 2006 era: “Bonds” (bonos) por 66.533.723 dólares, “Funds in shares” (cuota parte de un fondo de inversión en activos bursátiles) por 1.782.522 dólares y “Liquid assets” (efectivo) por 1654 dólares. El total sumaba 68.317.899 dólares. Un mes antes, el monto alcanzaba a 84.135.336 dólares, y en noviembre de 2005 ascendía a 101,3 millones de dólares.
La vinculación de Alfonso Prat-Gay con Amalita Fortabat fue muy cercana. Fue designado por la familia como albacea de la fortuna de la empresaria del cemento y, según cuentan las periodistas Marina Abiuso y Soledad Vallejos en el libro Amalita, se había convertido en “family office” (administrador de los activos) en 2005. Esa estrecha relación quedó en evidencia cuando fue uno de los privilegiados que trasladaron el cajón con el cuerpo de Amalita en el cementerio de la Recoleta hacia el mausoleo familiar, el 19 de febrero de 2012. También integra la Fundación Amalia Lacroze de Fortabat desde el 5 de octubre de 2011. Su compañía de asesoramiento APL Economía SA era parte de esa institución desde el 3 de diciembre de 2007.
En su descargo público, luego de conocida la denuncia de la AFIP, Prat-Gay difundió un comunicado de prensa en el cual afirmaba que “nunca fui titular o beneficiario de una cuenta en Suiza y desde siempre tengo todos mis activos debidamente declarados ante la AFIP”. La presentación oficial ante la Justicia no lo menciona como titular de la cuenta, sino como apoderado. En respuesta a la fiscalización electrónica realizada por la AFIP a partir de la causa HSBC, Prat-Gay informó que en su condición de apoderado de cuentas de terceros, los honorarios percibidos por esa tarea y el pago de los impuestos correspondientes están reflejados y efectivizados en los balances de su empresa: APL Economía SA.
Esta firma es uno de los principales eslabones que une a Prat-Gay con Amalita Fortabat y también con otra de las cuentas del HSBC: la de Pilar Isabel Estella Supervielle de Basso. APL Economía SA brindó asesoramiento a Exprinter Internacional Bank.
En el pedido de indagatoria a 204 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC Ginebra, presentado por el fiscal Claudio Navas, se incluyen varios análisis de casos particulares. Uno de ellos es acerca de la cuenta cuyos titulares son Pilar Isabel Estella Supervielle de Basso y Roberto Federico Francisco Bennet. En esa ficha figura la vinculación de Pilar Supervielle con Exprinter International Bank y Exprinter (Uruguay). El monto de esa cuenta ascendía a 19.625.155 dólares en diciembre de 2006 y un año antes era de 8.211.051 dólares. El fiscal indica que de la evaluación acerca del movimiento de los fondos advierte que en agosto de 2006 hubo un aumento sustancial en el saldo de la cuenta (se duplicó) por los conceptos “fiduciary deposits”, “fund subscriptions y “liquid assets”. En base a la información recabada, el fiscal Navas concluye que Pilar Supervielle fue la beneficiaria de los fondos de esa cuenta no declarados al fisco.
El informe de fiscalización de la AFIP, que está en el expediente judicial, menciona la necesidad de investigar el vínculo de APL Economía SA de Prat Gay como asesor de la firma de Pilar Supervielle. Lo hace a partir de señalar que APL Economía SA informó que “el servicio de asesoramiento y medición de riesgo (risk management) prestado a Exprinter Bank consistió en la evaluación del riesgo de mercado existente en carteras de inversión realizados por terceros”. APL Economía SA destacó además que sus servicios están destinados a bancos y otras instituciones financieras que “utilizan los informes para evaluar sus inversiones e informar a autoridades regulatorias”. Esto último no lo cumplieron ni Amalita ni su nieta ni Pilar Supervielle.
azaiat@pagina12.com.ar

Celac-UE: Nuestros derechos no son negociables

El 10 y 11 de junio los jefes de Estado de 61 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea (UE), que representan a más de mil millones de personas, se reunirán para discutir cómo “modelar nuestro futuro común”. Desafortunadamente, la Cumbre Celac-UE en Bruselas incluye en su agenda promover malos acuerdos comerciales y más privilegios para las grandes empresas.

Este es un artículo de opinión para IPS de Sam Cossar-Gilbert, coordinador de justicia económica-resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional. @samcossar

Análisis de Sam Cossar-Gilbert



Protesta en Bruselas contra del acuerdo la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones. Crédito: Lode Saidane/Amigos de la Tierra Europa

BRUSELAS, 7 jun 2015 (IPS) - El 10 y 11 de junio los jefes de Estado de 61 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea (UE), que representan a más de mil millones de personas, se reunirán para discutir cómo “modelar nuestro futuro común”. Desafortunadamente, la Cumbre Celac-UE en Bruselas incluye en su agenda promover malos acuerdos comerciales y más privilegios para las grandes empresas.

Muchos países europeos y latinoamericanos están actualmente participando en negociaciones de acuerdos comerciales mundiales de gran envergadura llevadas a cabo a espaldas del escrutinio público. Estos acuerdos son: la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y una amplia gama de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).

Los tratados de comercio e inversiones ya no aluden solamente a los aranceles de importación, también tratan gran variedad de asuntos que determinan cuáles son los alimentos que comemos, cómo es la energía que utilizamos y con qué capacidad cuentan los gobiernos para legislar a favor del interés general.

Tratados que son “caballos de Troya”

Estos tratados son verdaderos “caballos de Troya” aunque difieren entre sí de muchas y complejas maneras; pero lo que todos tienen en común el atraso en décadas de avances hacia una mejor protección de nuestro medioambiente y nuestros pueblos, dotando a las grandes empresas de un poder extraordinario y sin precedentes sobre nuestras sociedades. Las normas que rigen asuntos tales como la seguridad alimentaria, las sustancias químicas tóxicas y la energía sucia se debilitarían significativamente en ambos continentes.

Sam Cossar-Gilbert. Crédito: Amigos de la Tierra

Uno de los componentes más injustos de estos tratados comerciales es la inclusión del proceso de “solución de diferencias entre inversores y Estados” (ISDS). Este sistema permite a las empresas demandar a los gobiernos ante tribunales privados por políticas que interfieren en sus posibles ganancias. A nivel mundial, a finales de 2014 se conocían 608 diferencias entre inversores y Estados.

Algunos de los casos de diferencias entre inversores y Estados más conocidos incluyen la multa de 16 millones de dólares impuesta a México por prohibir un vertedero de desechos tóxicos, la demanda de la gigantesca empresa tabacalera Philip Morris contra el gobierno uruguayo y su legislación en materia de protección de la salud frente al tabaquismo; y la demanda multimillonaria que enfrenta al gobierno alemán por su decisión no continuar con el uso de energía nuclear.

La razón que se emplea normalmente para justificar estos derechos empresariales tan exagerados es que “el proceso de solución de diferencias entre inversores y Estados es necesario para promover y proteger las inversiones”. Sin embargo, Brasil es el mayor receptor de inversión extranjera directa en América Latina, aunque su Congreso legislativo se ha negado a firmar tratados comerciales que incluyan el sistema inversores y Estado.

Los tribunales empresariales privados carecen de transparencia, independencia, imparcialidad y no ofrecen ningún derecho de apelación. Un exclusivo club de tan solo 15 árbitros, casi todos provenientes de Europa, Estados Unidos y Canadá, han tomado decisiones sobre 55 por ciento de todas las diferencias entre inversores y Estados conocidas relacionadas con tratados de inversión, según estadísticas del año 2012.

Sin embargo, estos tribunales privados que no rinden cuentas ante nadie continúan impartiendo multas por cientos de millones de dólares. El 9 de abril se le ordenó a Argentina pagar 405 millones de dólares a la empresa francesa Suez por cancelar su contrato y devolver a manos de empresas públicas el abastecimiento de agua.

Desafortunadamente, los nuevos acuerdos comerciales que muchos países de Europa y América Latina están negociando solo están fortaleciendo y expandiendo estos tribunales empresariales. Lo que estamos viendo es un profundo ataque contra la democracia y la soberanía de los Estados para legislar en favor del interés general.

Cambio de rumbo

Sin embargo, hay un movimiento mundial creciente de grupos de la sociedad civil, sindicatos, agricultores y ciudadanos preocupados que trabajan juntos para frenar estos caballos de Troya. Por ejemplo, organizaciones que representan a millones de personas de toda Europa y América Latina también se reunirán esta semana en Bruselas para fortalecer sus estrategias mundiales en contra de los acuerdos de comercio e inversiones agenciados por las grandes empresas.

También están movilizados en una alianza mundial por un Tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, para que los derechos de los pueblos estén por encima de los privilegios a las trasnacionales que brindan los regímenes de libre comercio.

Algunos gobiernos, especialmente de América Latina, han comenzado a desvincularse de los tratados que incluyen derechos empresariales exagerados, y cuestionan el modelo neoliberal. En 2013, Ecuador creó una Comisión para la Auditoría Ciudadana encargada de evaluar los tratados bilaterales de inversión del Ecuador y anuló acuerdos injustos con Finlandia, Suecia, Francia, Alemania y el Reino Unido.

El comercio dejó de ser un asunto periférico en Europa: más de 1.950.000 personas firmaron una petición en contra de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones y decenas de miles de personas marcharon para protestar contra el TTIP. La localidad de Erkrath, en Alemania, y cientos de otros municipios de todo el continente también votaron y se declararon como ‘zonas libres de TTIP’. El nuevo gobierno de Grecia ya ha dicho que no ratificará el TTIP y muchos otros países de la UE han expresado gran preocupación por la cláusula inversionista-Estado.

Hace 10 años en Mar del Plata, en Argentina, otro “caballo de Troya” conocido como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue derrotado por la presión de fuertes movimientos sociales y el impulso de gobiernos progresistas.

Frente a la creciente desigualdad en nuestras sociedades, necesitamos un sistema comercial más justo que nos ayude a desarrollar sociedades sustentables. Este sistema tiene que apoyar las economías locales y las fuentes de empleo sustentables, un medioambiente limpio, mejor protección social y una producción de energía más responsable y alimentos para todos.

Mientras los líderes de Europa y América Latina se reúnen en Bruselas, los pueblos y movimientos sociales de ambas orillas del océano Atlántico sabemos que podemos frenar los regímenes actuales de comercio e inversión injustos y continuaremos denunciándolos hasta derrotarlos.

Editado por Estrella Gutiérrez

7 jun 2015

Subsidios: ¿qué harían los presidenciables de llegar a la Casa Rosada?

Argentina
Para evitar hablar de ajuste y reducción de subsidios los economistas apelaron a eufemismos del estilo "mejorar la gestión del gasto público". 

La derecha se relame



En tiempos de campaña las consignas marketineras roban espacio a las líneas programáticas. Conocé hacia donde se dirige cada precandidato a partir de lo que piensan sus principales asesores económicos.

A días de que se venza el plazo para la inscripción de las precandidaturas en la carrera por la presidencia el escenario electoral está prácticamente definido. Sólo resta saber si el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, declinará sus aspiraciones presidenciales para refugiarse en la Provincia aliándose al macrismo o bien seguirá en carrera a pesar del indetenible éxodo de dirigentes que sufre desde hace semanas ese espacio y su estancamiento en todos los sondeos de intención de voto.

Con los nombres de los precandidatos que competirán en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 9 de agosto próximo sobre la mesa se abre una nueva etapa en la carrera hacia la Casa Rosada: dar a conocer sus propuestas de campaña.

En esa línea uno de los aspectos clave que marcarán el debate de los próximos meses será la posición de cada precandidato frente a los desafíos económicos que enfrenta el país en medio de la crisis económica y financiera global.

Es por esta misma razón que la presidenta Cristina Kirchner reclamó el miércoles pasado a los aspirantes a la Casa Rosada, blanquear su posición respecto del rol que debe jugar el Estado. "A ver si les cabe en la cabeza: el Estado son los 40 millones de argentinos. Y sobre el rol del Estado, quiero escuchar a cada uno de los argentinos, propios y extraños, que aspiran al lugar que ocupo en la Casa Rosada, ¿qué piensan hacer del Estado?, y ¿cuál creen que es el rol que tiene en la vida y en la economía de todos los argentinos?" reclamó la Presidenta en el marco de un acto que encabezó en la provincia de Mendoza.

Hasta el momento poco y nada han hablado los precandidatos acerca de estas cuestiones. Quienes sí lo hicieron, aunque cautos, fueron sus principales asesores en materia económica que en distintos foros anticiparon las posibles líneas económicas que guiarían eventuales gobiernos de sus jefes políticos.

En ese sentido Miguel Bein, Javier González Fraga, Marco Lavagna y Rogelio Frigerio no eludieron días atrás pronunciarse sobre un tema clave para el futuro gobierno: los subsidios.

Aunque sus referentes políticos insisten en marcar sus diferencias en la carrera por la presidencia, a la hora de hablar de economía éstas parecen diluirse.

El titular del Banco Ciudad y asesor del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, no tuvo reparos en reclamar un fuerte ajuste. Ante referentes de la UIA, Frigerio fue tajante: "hay que generar estabilidad en las reglas de juego y recuperar el Estado frente al derroche y la corrupción del gasto público".

Aunque el asesor del líder del PRO evitó admitir abiertamente dónde considera que debería ajustarse el gasto público, sí dio elípticamente pistas de ello. "El Metrobus costó un mes de subsidio de Aerolíneas Argentinas o el 30% del subsidio de energía que consume el 20% más rico de la Nación". El banquero fue más allá y cuestionó luego el "derroche fiscal" a través de los subsidios a la energía, Fútbol para Todos y Aerolíneas.

Por su parte el asesor de Ernesto Sanz, González Fraga, advirtió que "cualquier continuidad con la política económica actual significa ajuste y falta de inversión, el próximo presidente debe cambiar el modelo productivo el día uno". Como Frigerio coincidió en la necesidad de recortar subsidios. "Necesitamos un shock de confianza que se logra eliminando las retenciones y las trabas al comercio exterior y poniendo fin a los controles de precios" señaló.

González Fraga señaló además la necesidad de poner fin a la disputa con los fondos buitre merced de un acuerdo que lleve a la Argentina pagarles con una quita de sólo el 50%.

El asesor de Sergio Massa, Marco Lavagna realizó un diagnóstico similar al de sus colegas al reclamar la necesidad de recuperar el superávit fiscal controlando el gasto público pero se diferenció al advertir, en sintonía con el gobierno nacional, que el consumo interno debe ser "la locomotora del crecimiento".

Bein, asesor del gobernador bonaerense Daniel Scioli, fue el más moderado. En especial después de las fuertes críticas que provocó al señalar semanas atrás que debería arreglarse con los fondos buitre con una quita de sólo el 30%.

"El que proponga un ajuste está equivocado. Para arrancar y redistribuir la gente tiene que tener plata en el bolsillo" aseguró Bein pero luego advirtió que es necesario "corregir los precios relativos", un fórmula que incluye la reducción de los subsidios energéticos.

Los cuatro prometieron además a los industriales aliviar la carga impositiva a los sectores productivos, lo que obligaría al percibir menos ingresos necesariamente reducir el gasto público y en esa misma línea anunciaron la eliminación de retenciones para las economías regionales.

Así planteadas las coincidencias entre ellos la cuestión parece ahora pasar por otro lado: shock o gradualismo en la aplicación de estas medidas. Porque siempre es más fácil realizar el diagnóstico de las correcciones a realizar que llevarlas a la práctica.

Sociedad civil critica acuerdo de libre comercio del Pacífico sur

Los 14 países que integran el Foro de las Islas del Pacífico están estancados en negociaciones con sus dos grandes vecinos, Australia y Nueva Zelanda, sobre un nuevo acuerdo regional de libre comercio llamado “PACER Plus”, que según sus promotores permitirá impulsar el crecimiento económico.


Organizaciones de la sociedad civil de la región del Pacífico sostienen que es necesario cuidar a la industria local antes de lanzarse en más acuerdos de libre comercio. Crédito: Catherine Wilson/IPS
CANBERRA, Australia, 5 jun 2015 (IPS)

Como las islas del Pacífico concentran solo 0,05 por ciento del comercio mundial, Edwini Kessie, asesor responsable del foro, dijo a IPS que el tratado les permitiría integrarse a “una cadena de suministro regional y global y mejorar su participación en el comercio mundial”.

Las negociaciones de PACER Plus son la continuación del Acuerdo del Pacífico sobre las Relaciones Económicas Estrechas entre los mismos países. El documento actual procura ir más allá de un acuerdo comercial estándar para incluir el movimiento de bienes, servicios, como educación y salud, e inversiones, con discusiones adicionales sobre el aumento de la movilidad laboral y la asistencia al desarrollo para los pequeños estados insulares.

Pero la Red del Pacífico sobre Globalización, con sede en Fiyi, junto con otras 32 organizaciones de la sociedad civil de países como Papúa Nueva Guinea, Vanuatu y Samoa, no están convencidas del giro y protestan con la campaña “Tabu PACER Plus”.
“PACER Plus definitivamente no es para Papúa Nueva Guinea. La destrucción de recursos y de vidas en este país es resultado de acuerdos de ese tipo, que no benefician a la gente”: John Chitoa.

“PACER Plus se promociona como un acuerdo de desarrollo para el Pacífico, pero las actuales propuestas hacen que el Pacífico pierda flexibilidades clave que se aplican a los países menos adelantados. Es decir que algunas de las economías más pequeñas del mundo tendrán que adoptar el mismo nivel de restricciones vinculantes sobre su regulación que la de sus vecinos mayores”, explicó, Maureen Penjueli, coordinadora de PANG, en un comunico divulgado en abril.

PANG sostiene que el acuerdo permitirá ampliar los mercados para las naciones de la región conocida como Australasia, con pocos beneficios para los estados insulares en desarrollo, que actualmente tienen mercancías de exportación limitada e industrias locales poco desarrolladas.

Las negociaciones de PACER Plus ya llevan siete años y se prevé que concluyan a mediados de 2016. Pero PANG llama a los gobernantes de las islas del pacífico a que pongan fin a las conversaciones.

“Un texto filtrado (del acuerdo) confirmó muchos de nuestros temores sobre qué significará para las comunidades del Pacífico. Si no firman el PACER Plus, muchos países podrán desarrollar las industrias locales como lo hicieron Australia y Nueva Zelanda, protegiéndolas y cuidándolas hasta que puedan competir a escala global”, indicó a IPS un portavoz de PANG.

Hay un gran desequilibrio comercial en la región. Entre 2009 y 2010, las importaciones australianas desde las islas del Pacífico totalizaron los 3.140 millones de dólares australianos (unos 2.300 millones de dólares estadounidenses ), pero las exportaciones hacia esos países casi que se duplicaron a 5.700 millones de dólares australianos (4.300 millones de dólares).

Las principales exportaciones de las islas son materias primas como madera, azúcar, aceite de palma, pescado, café, cacao y recursos minerales de los países melanesios, con destino a Australasia, Estados Unidos y países asiáticos, y los beneficios derivan del valor agregado.

Con limitados productos manufacturados, los países insulares tienen una gran dependencia de las importaciones, lo que se refleja en un déficit comercial sustancial.

“Tras más de una década de liberalización comercial, que derivó en un amplio acceso al mercado de bienes, la mayoría de los países mantienen el déficit comercial que tienen desde su independencia”, y en un “deplorable ambiente poco desarrollado, la nueva competencia extranjera hará poco por generar crecimiento”, señaló el Instituto del Pacífico de Políticas Públicas, de Vanuatu.

Las islas del Pacífico tuvieron franquicias aduaneras a Australia y Nueva Zelanda desde 1981, en el marco del Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica Regional del Pacífico Sur (Sparteca, en inglés).

Competir en igualdad de condiciones en el mercado global es un desafío dado el aislamiento geográfico de las islas desde los mercados principales y la falta de economías de escala en la producción, exacerbado por una infraestructura insuficiente y fuerzas de trabajo pequeñas.

Pero podría llevar años antes de que las industrias locales sean competitivas con sus vecinos mayores. Aun en ese caso, es poco probable que la brecha entre el alto costo de producción en el Pacífico y los precios mundiales de servicios y productos manufacturados se achique de forma drástica, pronosticó el Banco Mundial.

Las discusiones comerciales procuran fomentar una mayor asistencia de los donantes de Australia y Nueva Zelanda para mejorar la capacidad de producción. Aunque esto no es nada seguro, pues ninguno de esos países estará obligado legalmente a las promesas de más ayuda o a la movilidad laboral, pese a que todas las partes asumirán compromisos obligatorios sobre el acceso a mercados de bienes, servicios e inversiones.

En definitiva, los habitantes de las islas ven cómo la presión internacional lleva a la apertura de sus economías al libre comercio antes de que estén listas.

Las consecuencias, según los activistas, pueden ser una mayor desigualdad si el flujo de bienes importados baratos destruye a las empresas locales y aumenta el desempleo.

La falte de ingresos del gobierno por la disminución de los aranceles de la importación también puede llegar a alcanzar unos 110 millones de dólares estadounidenses al año en toda la región, señala el informe de PIPP, lo que perjudicará a los recursos del Estado y los servicios públicos.

“PACER Plus definitivamente no es para Papúa Nueva Guinea. La destrucción de recursos y de vidas en este país es resultado de acuerdos de ese tipo, que no benefician a la gente”, dijo John Chitoa, coordinador Grupo Bismarck Ramu, miembro de PANG, en diálogo con IPS.

Papúa Nueva Guinea atrajo los mayores niveles de inversión directa extranjera en la región, llegando a un promedio de 100 millones de dólares al año desde 1970. Pero la proporción de personas pobres creció de 29,5 por ciento, en 1981, a 40 por ciento, en la actualidad, y la mayoría de la población carece de servicios básicos adecuados.

Kessi respondió que PACER Plus permitirá que los “países impongan estrictos estándares de salud sobre los alimentos importados, con la debida justificación científica”.

Pero los promotores de la campaña Tabu PACER Plus reclaman una evaluación social, cultural, ambiental y de derechos humanos del impacto que tendrá el acuerdo antes de que avancen las negociaciones.

Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Verónica Firme
http://www.ipsnoticias.net/2015/06/sociedad-civil-critica-acuerdo-de-libre-comercio-del-pacifico-sur/

Correo de FIFA liga a Blatter con soborno

Johannesburgo. 
Joseph Blatter, presidente dimisionario de la FIFA, y Thabo Mbeki, entonces mandatario de Sudáfrica, hablaron en 2007 de un programa que correspondería a los 10 millones de dólares pagados por el país africano a la Concacaf en 2008 a través de la FIFA, aseguró este domingo un diario local.


Por Afp
dom, 07 jun 2015

Joseph Blatter (en imagen de archivo), presidente de la FIFA, estaría involucrado en el escándalo de corrupción del ente rector del futbol. Foto Ap

El Sunday Times sudafricano publicó un correo electrónico de Jérome Valcke dirigido al viceministro sudafricano de Finanzas fechado el 7 de diciembre de 2007, en el cual el secretario general de la FIFA escribió respecto al tema, sin hacer mención a la cantidad de 10 millones de dólares que iban a ser pagados en 2008: "Me gustaría saber cuándo se puede efectuar la transferencia (...) Esto se basa en las discusiones entre la FIFA y el gobierno sudafricano, y también entre nuestro presidente (Blatter) y el presidente Mbeki".

El portavoz de Mbeki, Mukoni Ratshitanga, rechazó comentar la acusión y envió un comunicado que ya había difundido el 29 de mayo el expresidente, negando cualquier malversación.

"Nada ha cambiado desde ese comunicado, que sigue siendo la posición del expresidente Mbeki", afirmó Ratshitanga.

En ese comunicado, Mbeki afirmaba no estar "al corriente de que haya personas que solicitaran un soborno al gobierno (sudafricano) para conceder la sede del Mundial" de 2010. "El dinero público no ha sido nunca utilizado para pagar un soborno", insistió.¿

La prensa sudafricana publicó en los últimos dias que Mbeki y el exministro de Relaciones Exteriores Nkosazana Dlamini-Zuma, actual presidente de la Comisión de la Unión Africana, habían aprobado el pago de dinero, destinado según ellos a un proyecto legal de desarrollo del fútbol en el Caribe.

Sudáfrica, organizador del Mundial-2010, pagó en 2008 diez millones de dólares a la Concacaf (Confederación de América del Norte, Central y Caribe), entonces presidida por Jack Warner. Oficialmente ese dinero iba destinado a un programa de ayuda a la diáspora africana en el Caribe. Warner, ex vicepresidente de la FIFA, es uno de lo principales acusados en el escándalo de corrupción del ente rector del balompié.