Fiscalía ratificó validez del informe de EEUU sobre cuenta de Nisman

Rechazó un planteo de nulidad

El fiscal federal, Juan Pedro Zoni, ratificó la validez como prueba del informe enviado a la justicia argentina por el organismo antilavado de los Estados Unidos referido a la cuenta abierta por el fallecido fiscal Alberto Nisman en el banco Merril Lynch de Nuerva York.

Alberto Nisman

Lo hizo al rechazar un planteo de nulidad del empresario Claudio Picón, quien adujo que se trata de un informe "reservado" y sin valor legal, luego de ser citado a indagatoria por lavado de dinero en la misma causa en que se investiga a la familia de Nisman como titulares de la cuenta.

El informe elaborado por la FINCEN, el organismo anti lavado de los EEUU, fue enviado al juzgado federal a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, y reveló que dicha cuenta tenia depósitos por 666 mil dólares con diversos aportes calificados de sospechosos.

Nisman abrió la cuenta a nombre de su madre, Sara Garfunkel; de su hermana Sandra y de su empleado, el informático Diego Lagomarsino, y quedó como apoderado, con capacidad para operarla, omitiendo su condición de fiscal y declarándose abogado.

En su rechazo, Zoni destacó que se trata de "información oficial que fue obtenida en forma lícita" y que tras haber sido incorporada a la causa "no puede ser quitada del alcance de las partes sin vulnerar los principios del debido proceso".

El convenio de cooperación entre las unidades de información financiera de la Argentina y los EE.UU, permite que "organismos que localmente pertenecen a la órbita de distintos poderes del Estado compartan información financiera", destacó el fiscal.

Si bien en la nota de remisión se indica que ella se aporta con fines de "inteligencia" en los informes entregados también se resalta que el organismo extranjero que aportó dicha información expresamente autorizó a que ésta fuera puesta en conocimiento de Canicoba Corral", dijo Zoni en su dictamen.

La Sala I de la Cámara Federal tiene que definir si Canicoba Corral sigue a cargo de la causa, pues el abogado Pablo Lannusse, defensor de la madre y hermana del fallecido fiscal, lo recusó aduciendo "enemistad manifiesta y prejuzgamiento".

Tras el dictamen del fiscal, Canicoba Corral debe resolver ahora el pedido de nulidad hecho por Picon, a nombre de quien están los papeles del coche Audi que Nisman usaba habitualmente.

USINA DE CORRUPCION

ARGENTINA: POLITICOS PRO IN FRAGANTI

Por montos cercanos a $ 3 M

Niembro y su socio, en la mira de la Justicia por la compra de autos de alta gama

Datos de la investigación.

En el marco de la denuncia por lavado de activos que presentó ante la justicia el viernes pasado la PROCELAC contra la empresa "La Usina Producciones" propiedad de Fernando Niembro y su socio Alberto Atilio Meza, se investiga la compra de tres vehículos de alta gama -realizada en menos de tres años- por montos cercanos a los tres millones de pesos.

Según a informes de la pesquisa a la que accedió ámbito.com "se han podido recopilar ciertos elementos de interés al perfil patrimonial de los individuos y la empresa investigados", asegura parte de la investigación que lleva adelante la PROCELAC. En el expediente abierto en la Procelac se pudo constatar que mientras que el periodista del PRO, Fernando Niembro y su socio Alberto Meza se encontraban en plena ejecución de los contratos celebrados con el gobierno de Mauricio Macri, ambos incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos automotores de alta gama.

Según los informes emitidos por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios se desprende que el primer candidato a diputado del PRO bonaerense, Fernando Niembro, adquirió en marzo de 2013 un automóvil de alta gama marca Mercedes Benz modelo A12 - C250 Blue Efficiency que tiene un precio de mercado superior a los setecientos mil pesos ($700.000).

Asimismo, respecto del ex espía y socio de Niembro, Alberto Meza, la justicia tiene bajo investigación la compra de dos Audi Q5 2.0T FSI Quattro, uno del año 2012, valuado en setecientos mil pesos ($700.000) y otro comprado hace tan solo días, a fines de agosto, que ronda el millón trecientos mil pesos ($1.300.000).

De este modo, la justicia evaluará los fondos con los que fueron adquiridos los tres automóviles de alta gama, en medio de los contratos millonarios que La Usina firmó con el gobierno porteño.

Otro dato que se desprende de los informes es que según datos de NOSIS y la AFIP constató que La Usina Producciones SRL registra su inicio de actividades en mayo de 2012, "esto es en casi perfecta y exacta sincronía con la data en la que se adjudicaron los primeros contratos por parte del GCBA", puede leerse en la pesquisa.

MEXICO PIDIO A EGIPTO QUE INVESTIGUE EL ATAQUE A UN GRUPO DE VISITANTES

No eran jihadistas, eran turistas

Las fuerzas de seguridad egipcias mataron por error a doce personas e hirieron a seis durante una ofensiva contra el Estado Islámico. Según testimonios, los turistas fueron atacados con bombas mientras almorzaban.

Las fuerzas de seguridad egipcias mataron el domingo por error a 12 personas, incluidos dos turistas mexicanos, al atacar los vehículos en los que se trasladaban, durante una ofensiva contra jihadistas, lo que llevó al gobierno de Enrique Peña Nieto a exigir que se investigue lo sucedido. “Fueron muertos por un ataque aéreo con bombas lanzadas desde un avión y helicópteros”, indicó la ministra de Relaciones Exteriores mexicana, Claudia Ruiz Massieu. De acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes, los turistas, llegados a Egipto el 11 de septiembre, fueron atacados cuando se detuvieron para almorzar camino al oasis Bahariya. El embajador de México en Egipto, Jorge Alvarez Fuentes, se entrevistó con seis mexicanos internados en el hospital que narraron por separado haber sufrido un ataque aéreo, confirmando las dos muertes. Ayer el estado de los seis heridos era estable.

El ataque ocurrió en un lugar todavía indeterminado cuando el grupo de turistas recorría la ruta entre El Cairo y el oasis de Bahariya, 350 kilómetros al suroeste de la capital. Las autoridades egipcias afirman que el convoy se encontraba en una zona prohibida para los turistas y que sus guías no advirtieron las indicaciones. “Las fuerzas conjuntas de la policía y del ejército, que perseguían a terroristas en Wahat, en el de- sierto occidental, abrieron fuego por error contra cuatro pick-up que transportaban turistas mexicanos, en una zona no autorizada para turistas”, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado. Si bien no ofreció detalles sobre las víctimas, afirmó que el incidente provocó la muerte de doce personas, mexicanos y egipcios, e hirió a otros diez.

El desierto del oeste egipcio es uno de los bastiones de grupos jihadistas, que cometen a menudo numerosos atentados contra las fuerzas del orden en todo el país. La cancillería mexicana, al confirmar el incidente ocurrido en circunstancias todavía no aclaradas, señaló que se encuentra en proceso de identificar y confirmar los nombres de los fallecidos. Según medios de comunicación mexicanos, uno de los fallecidos sería Rafael José Bejarano Rángel, un músico de 40 años cuya madre resultó herida en el ataque. “México condena estos hechos en contra de nuestros ciudadanos y ha exigido al gobierno de Egipto una exhaustiva investigación de lo ocurrido”, escribió Peña Nieto, a modo de condena, en su cuenta de la red social Twitter.

Estados Unidos, por su parte, indicó que su embajador en El Cairo está en contacto con las autoridades egipcias respecto de informaciones sobre la posible presencia de un ciudadano de su país en el convoy. Según dijo un alto responsable del Ministerio de Turismo, que pidió el anonimato, los turistas y sus acompañantes abandonaron la ruta para adentrarse en el desierto, en una zona no autorizada. Durante la tarde, el grupo Estado Islámico en Egipto había afirmado en un comunicado que había resistido el domingo una operación del ejército en el desierto occidental y obligado a huir a miembros del grupo jihadista, sin dar más detalles.

Tanto las filiales egipcias del EI –el Estado Islámico en Egipto y Provincia del Sinaí– como el resto de grupos jihadistas reivindican a menudo ataques contra las fuerzas del orden, especialmente en la península desértica del Sinaí, donde tienen su principal feudo.

Tras derrocar al presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, su sucesor al frente del país, el presidente Abdel Fatah al Sisi, lanzó una sangrienta represión contra sus partidarios. Centenares de policías y soldados murieron ya en los atentados de los jihadistas, que comenzaron hace más de dos años, quienes aseguraban en un primer momento actuar en represalia a la implacable represión.

Desde julio de 2013, las fuerzas de seguridad mataron a más de 1400 manifestantes pro Mursi, entre ellos miembros de su cofradía de los Hermanos Musulmanes, y detuvieron a otros 15.000. Cientos de detenidos, entre ellos el propio Mursi, han sido condenados a muerte en procesos judiciales express, que Naciones Unidas calificó como juicios “sin precedentes en la Historia reciente” del mundo. Aunque agentes de la policía y el ejército suelen ser sus objetivos principales, algunos grupos vinculados al EI empezaron a atacar a ciudadanos occidentales con la intención, según el análisis de los expertos, de perjudicar los ingresos del Estado, al hacer huir a los turistas y a los inversores extranjeros del país de los faraones.

Al menos 10 millones de turistas visitaron el año pasado Egipto, frente a los casi 15 millones que lo hicieron en 2010. Los jihadistas perpetraron el 11 de julio un atentado con coche bomba contra el consulado de Italia en El Cairo, matando a su paso a un transeúnte. Y, en una zona del desierto occidental próxima a la capital egipcia, una filial del EI decapitó el 13 de agosto a un joven croata, que trabajaba para una compañía francesa, un año después de matar a un estadounidense en esta zona.

BUITRES : PAGA JUAN PUEBLO

LA PROCELAC DENUNCIO AL GRUPO MARSANS, AL FONDO BURFORD Y A FARGOSI & ASOCIADOS POR MANIOBRA FRAUDULENTA EN EL CIADI

Quebró, huyó sin pagar, vino otro y quiere cobrar

La operación consistió en la supuesta venta a un fondo buitre de los derechos de litigar contra Argentina, por la renacionalización de Aerolíneas, en el Ciadi. Pero fue mientras Marsans quebró, dejando un tendal de acreedores.

 Por Cristian Carrillo

El Gobierno denunció ayer al grupo Marsans por vender a un fondo buitre el juicio que lleva adelante contra el Estado argentino por la expropiación de Aerolíneas y Austral. El fondo Burford, dedicado a monetizar reclamos judiciales, transferir sus riesgos y comprar pleitos legales, le compró al grupo español el juicio ante el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi). Esta operación, que se mantuvo en secreto por parte de los demandantes, implicaría que, si el país pierde el litigio por la expropiación de la línea de bandera, debería pagar el monto solicitado por supuesto perjuicio de la operación al grupo que gestiona el juicio, y podría sufrir demandas ulteriores de los acreedores del grupo Marsans que no llegaron a cobrar en el juicio de quiebra. La denuncia fue elevada ante la Justicia Federal por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), según confirmaron sus respectivos titulares, Angelina Abbona y Carlos Gonella. El mismo grupo financiero con sede en Londres ya había realizado una operación similar al comprarle al grupo Petersen su demanda contra Ciadi por la expropiación de su parte del paquete accionario en la petrolera YPF.

Los fondos buitre se especializan en comprar deudas y litigios judiciales para luego accionar contra los demandados hasta las últimas consecuencias. No aceptan el mismo tratamiento que el resto de los acreedores. Su actividad principal es litigar aprovechando su espalda financiera. Por caso, Burford cuenta con una cartera valuada en más de 500 millones de dólares por la compra de procesos judiciales corporativos. Habitualmente, estos grupos eligen un destino y atacan en conjunto, por lo general con la anuencia de algún tribunal permeable que les permita embolsar extraordinarias ganancias. Es el caso argentino, donde los buitres atacan al país por sus tenencias de deuda defolteada en 2001 y adquieren cuanta deuda exista contra el Estado con el claro objetivo de debilitar al gobierno en una futura naegociación.

Abbona, quien ofreció junto a Gonella una conferencia de prensa para anunciar la denuncia, reveló que tras el planteo de los españoles en el Ciadi y la réplica del Gobierno, la Procuración tomó conocimiento de un contrato entre Marsans, un estudio jurídico y el fondo buitre Burford Capital. La compra de un juicio no es un delito en sí mismo. Sin embargo, en este caso hubo una serie de circunstancias ilegales en la operación. De acuerdo con la denuncia a la que accedió Página/12, las partes habían presentado documentación apócrifa ante el tribunal de arreglo de diferencias, con la finalidad de apropiarse en forma ilícita de las sumas provenientes de una eventual indemnización en caso de que falle contra la Argentina. La maniobra “tendría por finalidad perjudicar a los acreedores en los procesos falenciales de liquidación de las sociedades demandantes ante el organismo”.

Según explican, en caso de un fallo adverso del Ciadi para el país, habría que abonar la suma de 1036,2 millones de dólares a quienes no serían los legítimos acreedores de la misma, y la Argentina quedaría entonces expuesta a pagar la indemnización por segunda vez. “Están intentando, mediante una maniobra fraudulenta, soslayar incluso la intervención que le corresponde a la justicia española en los distintos procedimientos falenciales para, mediante ardid, inducir a error al Tribunal arbitral y obtener un lucro indebido”, señala la denuncia. “Así, Marsans estaría burlando a la masa de acreedores. Como se dice en el mundo de los negocios, el que paga mal paga dos veces, y si la Argentina tiene un laudo desfavorable le tiene que pagar a Burford y si vienen los acreedores de esa masa concursal a pedirnos pagar, tendríamos que hacerlo”, explicó Abbona en un breve contacto con la prensa.

“No sólo se burlan del Ciadi, aunque ellos están muy tranquilos porque hemos denunciado estas cosas en el trámite, pero tenemos que poner en conocimiento a la justicia para resguardar los intereses del Estado”, dijo la procuradora del Tesoro. A esta situación se suma que el Marsans es, a consideración de Estado nacional, un grupo deudor de la Argentina por el vaciamiento de Aerolíneas. De hecho, el Gobierno había ofrecido pagarle a modo simbólico un dólar por la expropiación del control de las operaciones de la compañía.

Gonella explicó que Marsans inició la demanda contra el Estado nacional por 1036,2 millones de dólares por una supuesta violación del acuerdo bilateral de inversiones entre Argentina y España, pero a la fecha representan unos 1600 millones. “Acciona contra el Estado y transfiere el derecho litigioso al fondo buitre Burford a través de un convenio que pierde todo efecto cuando estas empresas españolas se presentan en quiebra en España. Por lo tanto, consideramos que se han falseados instrumentos públicos en el marco del Ciadi y es un elemento de prueba que de manera fraudulenta quisieron perjudicar al país”, alertó el fiscal.

La denuncia involucra a Marsans, a Burford y al estudio jurídico local que asesora al fondo carroñero: Fargosi & Asociados. Por estos casos se establecen penas de un mes a seis años de prisión por defraudación y de dos a seis años de cárcel cuando el fraude es en perjuicio de alguna administración pública. También hay penas de hasta 25 años de cárcel para los argentinos que propicien sanciones políticas o económicas contra el Estado nacional. La procuradora informó que Burford es el mismo fondo que está patrocinando al grupo Petersen en el Ciadi por la nacionalización de YPF en los tribunales del Segundo Circuito de Nueva York, donde reclaman por la expropiación de la petrolera. “Es la misma situación y el mismo estudio en el juzgado del doctor (Thomas) Griesa”, sentenció Abbona.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-281689-2015-09-15.html

"Los genocidios por goteo actuales no son como los pasados: se mata por medio de un colonialismo financiero"

Tras la votación en la ONU contra los fondos buitres, el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni analizó el escenario internacional.

11 SEPTIEMBRE 2015



Por Santiago Gómez – Desde Florianópolis

Debido a la apretada agenda de Raúl Zaffaroni, que lo tuvo durante el último mes en la organización y difusión de las jornadas organizadas por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, para declarar delitos de lesa humanidad las acciones de los fondos buitres, la entrevista fue realizada por correo electrónico.

AGENCIA PACO URONDO: Según estableció en su libro "La palabra de los muertos" se expresa en el mundo una disputa por dos modelos de Estado: el modelo Roosvelt vs el modelo Reagan-Tatcher o el Estado de Bienestar vs el Estado Gendarme, donde se trata de asegurar a un 30% de la población dentro y mantener a fuerza de represión un 70% afuera. Esto hoy lo podemos ver al comparar la recuperación del Estado de Bienestar en América Latina, en algunos países alcanzado por primera vez, con la Europa conducida por el neoliberalismo.

Al buscar declarar delitos de lesa humanidad las conductas llevadas por los hold out intentando desarmar económicamente a los países: ¿Se intenta a nivel mundial establecer postas para que demarquen qué tipo de Estado debe regular la sociedad?

RAUL ZAFFARONI: En efecto, aunque en lo personal no creo que lo punitivo sea la solución, sino sólo una contribución a ese efecto. Es obvio que el modelo 30/70 lleva necesariamente, a la corta o a la larga, a un control violento del 70% excluido. Además, representa una discriminación que provoca muertes: violencia entre los propios excluidos, muertes por discriminación en la salud, o sea, todas las consecuencias del subdesarrollo.

En síntesis: de lo que se trata es de asegurar la realización de los Derechos Humanos, entendiendo claramente que el primero es el derecho a la vida, seriamente comprometido en todo programa que implique frenar el derecho al desarrollo humano progresivo. La tipificación internacional sería una señal en ese sentido. Los genocidios por goteo actuales no son como los pasados: se mata por medio de un colonialismo financiero, no por ocupación territorial.

APU: Las corporaciones financieras tienen la capacidad de afectar la soberanía de los Estados a través del estrangulamiento financiero, como puede ser una baja en el precio de las commodities, que afecta la capacidad recaudatoria del Estado y por lo tanto su capacidad para hacer política. El crecimiento de China, la recuperación de Rusia, la unidad de Latinoamérica, pusieron fin a la hegemonía unipolar. En este escenario ¿Cómo analiza la suba de las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense, que encareció el dólar, tiró a la baja el precio de los commodities, generó conflictos a los Estados mencionados, cuando sabemos que un aumento en las tasas no genera una recuperación económica para los Estados Unidos? ¿Cree que es una decisión de Obama para afectar los recursos de esos países y así su poder de fuerza o son las corporaciones financieras intentando acabar con los Estados que le ponen límites?

RZ: Me parece bastante claro que las corporaciones tienen ese interés, pero no sé qué autonomía política tiene Obama. En los países centrales también se juega la cuestión de quién manda, o sea, la disputa entre el poder político y el financiero. ¿Hasta qué punto Obama no está preso de las mismas corporaciones? Es obvio que, al menos, en política interna de Estados Unidos, Obama no busca hacer de su sociedad un modelo 30/70 o al menos paliar un poco ese modelo, pero vemos que los republicanos de extrema derecha, que parecen ser la voz auténtica de las corporaciones lo frenan incluso en estas medidas.

La hegemonía corporativa no es un problema que afecta sólo a nosotros, sino que se da también en el escenario central. Esto viene de lejos, recordemos el discurso de despedida de Eisenhower, que no era ninguna palomita de la paz por cierto, pero que advertía acerca de la subordinación de la estrategia norteamericana a los intereses del complejo industrial-militar.

APU: ¿Cómo analiza el apoyo internacional contra los hold outs?

RZ: Creo que la votación en la ONU de ayer muestra un alineamiento que se repetirá en todos los casos en que se intente poner freno al poder corporativo. Los gobiernos de los Estados que son sede de las corporaciones se alinearán en contra. Recordemos que las corporaciones tienen una capacidad de desplazamiento geográfico que no tienen los gobiernos, incluso los de esos Estados. La política es siempre local, tiene límites geográficos, las corporaciones tienen la ventaja de desplazarse en el mundo comunicado de hoy. Creo que las medidas que Obama pretende para su pueblo en materia social tienden a evitar algo que, a la larga, será inevitable: la sociedad 30/70 también se impondrá en esos países centrales y eso pondrá en crisis el sistema. Estamos viendo el malestar en Europa, no es sólo Grecia que sufre esas consecuencias.

Por otra parte, los Estados centrales se están viendo acosados por los desplazamientos desde los territorios que ellos mismos han subdesarrollado, a lo que podrían agregarse en un plazo no muy largo las catástrofes climáticas y todo eso provocará crisis políticas internas. El colonialismo no es un fenómeno que sólo lo sufren los colonizados, sino que afecta a los mismos habitantes de los países colonizadores. Mientras Gran Bretaña ejercía su neocolonialismo en el siglo XIX, su población sufría la explotación que muestra Dickens en sus obras.

APU: Los medios opositores en Argentina continúan siendo funcionales a los fondos buitres y la ley de medios continúa sin aplicarse plenamente. Así como usted señala que a mayor cercanía del poder económico mayor distancia del sistema punitivo y habiendo integrado la Corte Suprema de Justicia, sin posibilidad de intervenir en el futuro en causas que tengan que ver con Argentina. ¿Cómo se expresan dentro de la Corte Suprema los mecanismos a través de los cuales se dilata la sanción de justicia cuando se trata de corregir el accionar de los más poderosos? En su libro La palabra de los muertos explica el mecanismo de la criminología mediática. ¿Pero cómo se viste ella en el día a día cuando camina los pasillos de Tribunales?

RZ: La mayor parte de los operadores de los sistemas judiciales proviene de la clase media y, además, se operan mecanismos de neutralización de valores y de racionalización, en general producto del temor al escándalo periodístico, a verse amenazado por los medios, es decir, que en la medida en que los medios acarician o callan, los operadores se sienten seguros en su posición burocrática. En los poderes judiciales molesta quien, por adoptar posiciones claras (sea a favor o en contra del modelo 30/70) compromete la “pax burocrática” del conjunto. La “estrella judicial mediática”, que busca saltar a la publicidad con algún caso resonante, molesta internamente y al mismo tiempo genera envidia.

Lo mejor, por ende, para el conjunto es el silencio y pasar desapercibido, no gusta quien toma una actitud militante a favor de alguno de los modelos en pugna ni tampoco quien con motivo de algún caso quiere saltar a la publicidad o a la política. De esta clásica y tradicional opacidad se vale la presión mediática, especula y amenaza con mostrar a alguien, para bien o para mal.

http://www.agenciapacourondo.com.ar/