19 sept 2015

AL MENOS 43 COMBATIENTES Y CIVILES MURIERON EN EL ATAQUE INSURGENTE


Asalto talibán a una base paquistaní

Un comando de catorce asaltantes uniformados atacó una base militar en las afueras de Peshawar. Dieciséis de los soldados muertos estaban rezando en una mezquita en el interior de la base, a la cual lograron acceder algunos de los asaltantes.

Un comando talibán atacó ayer una base de las fuerzas aéreas paquistaníes en el noroeste del país, provocando la muerte de 43 personas en una operación en la que murieron los insurgentes, trece de los cuales pertenecen al grupo agresor. Este constituye el peor atentado desde la masacre contra una escuela en Peshawar en diciembre de 2014.
El ejército dijo que un comando de catorce asaltantes uniformados atacaron en la mañana de ayer la base militar de Badaber, ubicada en las afueras de Peshawar, encrucijada al noroeste de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. El general Asim Bajwa, portavoz del ejército paquistaní, dijo en una rueda de prensa que el enfrentamiento con los rebeldes duró varias horas. “Al menos 29 personas fueron martirizadas, 23 de la fuerza aérea, tres del ejército y tres civiles”, informó el funcionario, que precisó que hay 29 heridos. “Los atacantes vinieron de Afganistán, el ataque fue planeado y controlado desde allá”, precisó Bajwa.
El portavoz de Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP), grupo islamista armado en lucha desde hace ocho años contra el gobierno y el ejército, reivindicó este asalto realizado según él por un “comando de kamikazes”.
Dieciséis de los soldados muertos estaban rezando en una mezquita en el interior de la base, a la cual lograron acceder algunos de los asaltantes.
No quedó claro si alguno de los atacantes pudo escapar. Los detalles de cómo lograron entrar a la mezquita que está dentro de los muros del complejo y matar a los fieles durante la oración eran dudosos. Las ambulancias llevaron a unos 20 heridos que pertenecían al personal militar al hospital, le dijo un oficial rescatista, Bilal Ahmed, a la agencia Reuters.
“El ataque comenzó temprano por la mañana con disparos de granadas y armas automáticas”, contó Kifayatulá, un testigo dueño de un comercio próximo a esta base militar. “Estaba orando en una mezquita, muy cerca. Era imposible salir por la puerta principal, por lo que tuvimos que saltar por la ventana para escapar”, agregó.
“Las explosiones y los disparos eran ensordecedores. Fue aterrador”, dijo por su parte Khan Sabitulá, un jornalero cuya casa fue parcialmente dañada por el ataque. La base Badaber se encuentra cerca de una zona residencial.
El ataque ocurrió mientras el ejército paquistaní estaba llevando a cabo una importante operación contra los combatientes locales y extranjeros en la región tribal del norte de Wasiristán, que linda con Afganistán.
Bajwa, dijo que los atacantes entraron a la base desde distintas direcciones en dos ataques, aparentemente uno iba dirigido a la mezquita, pero los fuerzas de seguridad respondieron rápidamente.
La base aérea, establecida en la década de 1960, no era funcional y era usada mayormente como un lugar residencial para los empleados y oficiales de la fuerza aérea. “En esta base no está desplegado ningún aparato del ejército del aire, ningún avión de combate”, dijo un oficial que pidió el anonimato.
El jefe del ejército, general Raheel Shairf, se dirigió inmediatamentea Peshawar para reunirse con las fuerzas de seguridad que tomaban parte en la operación. Sahrif visitaría un hospital militar donde los médicos estaban tratando a los soldados heridos.
“Todos los terrorists llevaban chalecos con explosivos y estaban armados con granadas, morteros y rifles AK-47”. La Fuerza de Rápida Respuesta del ejército paquistaní respondió inmediatamente y mató a seis terroristas antes que pudieran entrar”, dijo un oficial de la fuerza aérea.
El TTP cometió en diciembre 2014 el atentado más mortífero de la historia moderna de Pakistán cuando uno de sus comandos se infiltró en una escuela de Peshawar para matar fríamente a más de 150 personas, en su mayoría niños. Después de ese ataque, el ejército paquistaní intensificó las operaciones contra los bastiones jihadistas en el noroeste del país, en particular en las zonas tribales de Khyber y Waziristán del Norte, sector que sirvió de cuartel general al TTP, a la red Haqani y a Al Qaida en el transcurso de la última década.
Esta misma semana, la aviación paquistaní bombardeaba el valle de Shawal, un sector apartado de Waziristán del Norte cubierto por un bosque denso que permite a los insurgentes ocultarse. Estas operaciones militares contribuyeron a reducir el número de atentados islamistas a través del país estos últimos meses.
Como reacción al ataque contra la escuela de Peshawar, Pakistán reanudó las ejecuciones de condenados a muerte y creó tribunales antiterroristas controvertidos porque autorizan al ejército a juzgar a civiles a puerta cerrada. Desde entonces, Pakistán ha ahorcado a más de 200 condenados a muerte, algunos de ellos sin relación alguna con atentados o con los talibán locales, denuncian organizaciones de defensa de los derechos humanos, que piden a Islamabad que vuelva a instaurar una moratoria de la pena capital.

Otro genocida que muere sin condena

MARIO BENJAMIN MENENDEZ, EX GOBERNADOR DE FACTO DE MALVINAS Y PARTE DEL OPERATIVO INDEPENDENCIA
Tenía 85 años y estaba internado por una infección. Fue procesado en 2012 como responsable del centro de detención tucumano La Escuelita, por donde pasaron más de 1500 personas.


El genocida Mario Benjamín Menéndez, jefe de Estado Mayor del Ejército argentino durante el Operativo Independencia en 1975 y gobernador de facto de las islas Malvinas durante los meses que duró la guerra, murió ayer a los 85 años. Menéndez estaba procesado desde 2012 por su papel en la campaña diseñada por Isabel Martínez de Perón para reprimir la guerrilla rural que el ERP organizaba en los montes de Tucumán, en el marco de la megacausa de lesa humanidad Operativo Independencia, pero no llegó a ser condenado. El genocida también tuvo un rol protagónico en la Guerra de Malvinas. Fue gobernador de las islas y jefe del Comando Conjunto de las tropas argentinas entre el 7 de abril de 1982 –apenas cinco días después del desembarco– hasta la rendición, firmada por él mismo frente a los generales ingleses.

El genocida murió tras tres semanas de estar internado por una infección.

Estuvo a cargo del centro de detención La Escuelita, el primer centro clandestino de detención montado por la represión durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, por donde pasaron más de 1500 detenidos, entre febrero y diciembre de 1975. A fines de 2012, fue procesado junto a otros 16 genocidas por los delitos de “asociación ilícita, violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados” cometidos contra 270 personas durante el Operativo Independencia, en el que se desempeñó como jefe de Estado Mayor operacional de la localidad tucumana de Famaillá, donde funcionaba La Escuelita.

“Menéndez, en tu nombre recordamos y repudiamos a todos los cobardes que no se hicieron y no se hacen cargo de tantas muertes y de la traición”, dijo sobre él Rodolfo Merlino, titular del Centro de ex Combatientes de Malvinas de La Plata. El 14 de junio de 1982, Menéndez firmó el acta de rendición argentina en la Guerra de Malvinas, después de haber sido nombrado gobernador de las islas el 7 de abril.

Fue un miembro destacado dentro de la larga lista de genocidas del mismo apellido: sobrino del golpista Benjamín Menéndez, cabecilla del levantamiento militar que intentó derrocar a Perón en 1951, y primo hermano del comandante del Tercer Cuerpo del Ejército durante la dictadura terrorista inaugurada el 24 de marzo de 1976, Luciano Benjamín Menéndez.

Argentina: suspenden actividades de “Barrick Gold” por derrame de cianuro

Una fuga de cianuro afectó la cuenca del río Jáchal en San Juan, producto de la rotura de un caño que transporta cianuro a la mina Veladero, explotada por la Barrick Gold. La justicia ordenó suspender las actividades de la mina por cinco días, tras un amparo presentado por los vecinos.



Nuevamente la impunidad de las mineras provoca daños ambientales y contaminación en ríos. De nuevo la “fiebre del oro” pone en alerta a poblaciones y vecinos sin ningún tipo de protección ni resguardo legal. El gobierno de José Luis Gioja y la Barrick Gold otra vez cómplices de un incidente de contaminación en la cordillera sanjuanina. La movilización y asamblea popular vuelven a convertirse en símbolo de lucha y resistencia para la protección del ambiente.

Idas y vueltas en las declaraciones oficiales que tratan de minimizar el derrame y encubrir las consecuencias ambientales reiteran el debate público sobre las mineras en la Argentina y la protección que poseen de los gobiernos provincial y nacional.

Derrame y primeras voces

Domingo 13 de septiembre, 10 de la mañana. A través de mensajes de whatsapp comenzó la alerta a los vecinos de San José de Jachal, una pequeña localidad ubicada a 170 kilómetros al norte de la capital de San Juan. El mensaje alarmaba sobre un grave incidente en el yacimiento Veladero por la rotura de una cañería que traslada solución cianurada desde la planta de procesos hacia el valle de lixiviación (lugar donde se realiza la separación del mineral útil del estéril mediante el uso de solución cianurada). 15 mil litros de cianuro habían sido derramados al río Taguas proveniente de la mina de oro.
Por la noche, unas 300 personas se autoconvocaron frente a las puertas del municipio de Jáchal, donde el intendente Jorge Barifusa aseguraba que “los técnicos consideran que no se había producido contaminación del Río Jáchal”.

Por su parte, los vecinos reunidos en asamblea acordaron conformar una comisión para que reclame y supervise la realización de análisis de las aguas por parte de la Universidad Nacional de San Juan. A la vez que decidieron presentar un amparo ambiental ante la justicia.

Comunicado de la impunidad

El lunes 14, la empresa Barrick Gold emitió un comunicado en el que reconocía parcialmente el suceso: “Ayer Veladero reportó un incidente derivado de la rotura de una cañería que conduce solución cianurada, desde la planta de procesos hacia el valle de lixiviación”, pero aseguró que “NO HUBO CONTAMINACIÓN EN LOS RÍOS QUE CORREN EN LA CUENCA DEL RÍO JÁCHAL”. Sino que “sólo hubo daños materiales en una cañería que transporta cianuro, sin verse afectada la salud de los trabajadores”, y remarcó que no hubo contaminación en los ríos, información que circuló por las redes sociales y whatsapp”.

La minera indicó que frente al problema “se procedió a actuar de acuerdo al Plan de Manejo de Emergencias de la Mina Veladero y se tomaron todas las medidas para dar solución a la contingencia ocurrida” y agregó: “Queremos dejar absolutamente claro que solo hubo daños materiales en una cañería sin verse afectada la salud de los trabajadores” y que “se está investigando las causas del incidente y monitoreando todas las variables ambientales en la zona”.

La Barrick Gold confirmaba así que el conducto estaba pinchado, pero negaba que el cianuro haya llegado al río Jáchal. Por su parte, la Cámara Minera de San Juan salió a asegurar que es seguro tomar “hasta medio vaso” de agua mezclada con el líquido tóxico. Según Jaime Bergé, titular de la entidad minera de la provincia, “el cianuro en el manejo de las minas está en proporciones tan bajas que está alrededor del 7% al 8% en el agua. Hasta podes tomar medio vaso que no va a hacer nada. Está sumamente diluido”.

El Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Marcelo Ghiglione, explicó que se trató de “una falla técnica en una válvula” y que inconvenientes de este tipo no se registraron en los últimos 15 años. Según dijo, “el material salió del valle de lixiviación y fue hacia el rió Taguas, pero rápidamente se diluyó y actualmente el problema está solucionado”.

“No hay peligro para la población, se puede tomar agua en todos lados, y estamos haciendo los controles pertinentes para que no vuelva a pasar. Esto fue una falla mecánica, posiblemente de fabricación”, confirmaba ingenuamente el funcionario provincial.

El mismo gobernador, José Luis Gioja, principal lobbista de las empresas mineras en Argentina, ratificaba las declaraciones de los empresarios mineros “Fue contingencia técnica que fue controlada y que no generó problemas. Hay que llevarles seguridad a todos. Están todos los recaudos tomados, son cosas que pueden llegar a pasar”.

Rectificación oficial y Desmentida a la Barrick

El martes 15, a través de un comunicado oficial, el gobierno provincial informó que impulsará una denuncia penal por el derrame de cianuro en Veladero generado por la Barrick Gold.

Ratificando lo revelado por los vecinos de Jáchal sobre la contaminación de la cuenca del río Taguas, el propio gobierno comunicó a las comunidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto que eviten y/o limiten el consumo de agua proveniente del Río Blanco.

Antes de esto, se había comunicado oficialmente que “ya pasó el problema, que se controló los residuos en el río y que su agua es apta para la vida humana y acuática”.

Suspensión de las actividades en Veladero

Finalmente, este miércoles 16, Pablo Nicolás Oritja, juez de Jáchal, dio lugar al amparo presentado por los vecinos y ordenó suspender las actividades en el yacimiento Veladero de la empresa Barrick Gold. Además se establece que se distribuya agua apta para el consumo humano a todas las localidades afectadas de Jáchal e Iglesia a costa de la empresa minera.

El letrado ordenó también la inspección ocular de la mina Veladero a fin de constatar las condiciones de seguridad de los procedimientos de explotación que tengan relación con los hechos puestos en conocimiento.

Se designó al ingeniero en minas Daniel Hugo Cabrera, de la Universidad Nacional de San Juan, para que elabore un informe técnico y para constatar si hubo alguna afectación a la fauna silvestre, y al veterinario Mauro Pedernera, “con el objeto de que extraiga muestras cadavéricas de los órganos blandos de posibles animales muertos en la zona de la explotación minera”.

Asimismo, se solicitó la extracción de muestras de tierra de los lugares involucrados para que luego de su análisis, informe si se encuentran rastros de elementos químicos contaminantes y en su caso enumere y cuantifique las proporciones de los mismos.

Finalmente, el amparo que dio lugar el juez Oritja establece “Suspéndase el proceso de lixiviación que se realiza en la mina Veladero por el término de cinco días, plazo este en el que se deberá acreditar por parte de la empresa y constatar por el consultor técnico designado por este tribunal y demás organismos de control, el funcionamiento seguro del proceso de lixiviación reseñado”.

Veladero y Pascua Lama en San Juan, La Alumbrera en Catamarca, Mina Navidad en Chubut, Cerro Vanguardia en Santa Cruz, Calcatreu en Río Negro, Andacollo en Neuquén, Mina Pirquitas en Jujuy, San Jorge en Mendoza y Famatina en La Rioja. Algunos de los yacimientos megamineros a cielo abierto en Argentina. En cada uno de ellos, el lobby de los gobiernos provinciales y la complacencia del gobierno nacional han generado el deterioro del ambiente y el avasallamiento de los derechos ciudadanos a costa de las regalías mineras.

Marcha

Más de 50 mil trabajadores marcharon por aumento salarial y más presupuesto a educación

Encabezada por una pancarta que portaban trabajadoras del ex Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur) que reclaman “mantener la fuente laboral”, una marcha de más de 50.000 personas llegó ayer al Palacio Legislativo, bajando desde 18 de Julio por Avenida del Libertador.





La movilización y el acto que le siguió cerraron una jornada de paro parcial entre las 9.00 y las 13.00, convocado por el PIT-CNT bajo la consigna “Para que los cambios no se detengan” y en reclamo de aumento del salario real, “más y mejor” presupuesto, 6% del Producto Interno Bruto para la educación pública y un sistema de compras públicas.

En representación de los trabajadores del sector público habló el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, quien criticó el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. “Este presupuesto se presentó como el mejor de la historia del país, pero para los trabajadores este presupuesto que nos quieren vender como escrito por la izquierda en realidad parece que se firmó con la derecha”, dijo el dirigente de la FFSP, que está haciendo un paro de 72 horas que finaliza hoy. La FFSP pide que los salarios de los escalafones más bajos, actualmente en el entorno de 15.000 pesos, alcancen a 30.000. En materia de derechos humanos, Pereira se refirió a la campaña de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos para que “se sepa dónde están y que los que sepan declaren ante la Justicia”. “Queremos verdad y justicia. No olvidamos y no perdonamos”, expresó.

El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Daniel Diverio, que habló por los trabajadores privados, dijo que hay que continuar impulsando la aprobación de “leyes obreras”, como una norma de “insolvencia patronal” que genere un fondo aportado por las mismas empresas y gestionado por el Banco de Previsión Social para “asegurar el cobro de los créditos laborales a los trabajadores”, llamó a solidarizarse con los trabajadores de Fripur y criticó la designación del ex vicepresidente Luis Hierro López (Partido Colorado) como embajador en Perú.

El dirigente reclamó modificar las políticas de compras públicas, la promoción de más y mejores inversiones públicas en las empresas del Estado, y la potenciación del ferrocarril. También manifestó solidaridad “con los pueblos de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Brasil”, opinó que “si habrá que apostar a la región, porque el mayor grado de exportaciones con mayor valor agregado es para la región, no es para China ni para Europa”, y en referencia al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, dijo: “Algún canciller iluminado, pero iluminado por las luces del capitalismo, mira más para el norte que para el sur. ¡Mirá para el sur, hermano! ¡Acá están tus hermanos!”.

Diverio reiteró el planteo del PIT-CNT de no reducir los gastos sino “mejorar los ingresos” en el presupuesto, y pidió “tocar los bolsillos de los que acumularon riqueza durante todos estos años”, revisar las exoneraciones tributarias de las zonas francas y estudiar la posibilidad de “utilizar parte de las reservas guardadas”.

En el cierre del acto, en nombre del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT habló Fernando Gambera, que advirtió que “la derecha está avanzando en muchos lados” y defendió “la unidad” del movimiento sindical. Afirmó que “sólo se puede avanzar en el marco de un bloque popular de los cambios” y agregó que “nadie se puede enojar” cuando el PIT-CNT opina que “se debe cambiar el sistema tributario”. “Porque, en todo caso, nuestra independencia, pero no indiferencia, se basó en una premisa que marcó un antes y un después en este país: que pague más el que más tiene, que ayude más el que más tiene para dar. Esto sigue vigente”, manifestó Gambera.

La Diaria

Ayotzinapa: detienen a presunto autor material de la masacre y forenses argentinos dudan de la identificación del segundo normalista

El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, confirmó la detención de Gildardo López Astudillo, un lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos presuntamente relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.







El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, confirmó la detención de Gildardo López Astudillo, un lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos presuntamente relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Diversos imputados lo señalan directamente como el autor material de la desaparición de 43 normalistas. Declaraciones refieren que fue él quien está relacionado directamente con estos hechos”, explicó Sales en conferencia de prensa.

Según el funcionario federal, la investigación para capturar a López Astudillo duró 11 meses, tiempo en que cambió tres veces de residencia hasta ocultarse en un departamento de Taxco de Alarcón, en Guerrero.

Sales explicó que López Astudillo actuaba como presunto jefe de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y distribución de droga en Iguala y Cocula, municipios en Guerrero. Además, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Gildardo López fue trasladado al Distrito Federal y puesto a disposición de la SEIDO.

Renato Sales dijo que hasta el momento van 111 presuntos responsables vinculados en la agresión contra los normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con la declaración de otro de los presuntos implicados en el caso Ayotzinapa identificado como Felipe Rodríguez Salgado, López Astudillo le habló por teléfono la noche del 26 de septiembre de 2014 para ordenarle que “se moviera con su gente” a la entrada de Iguala, donde él y mandos de las policías municipales de Iguala y de Cocula tenían a un grupo de jóvenes en cinco patrullas y en una camioneta blanca de redilas.

Rodríguez Salgado agregó que al llegar, subieron a los normalistas en el vehículo de redilas y se dirigieron al basurero de Cocula, pero alrededor de “unos 25 ya iban muertos por asfixia” y quedaban “unos 15 vivos”, a los que él y su “gente” ejecutaron a balazos y calcinaron, para después regresar a Iguala, pese a que él sabía que todos eran estudiantes.

Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos que ya fue detenido, declaró que Gildardo López Astudillo le notificó sobre los estudiantes, pero le aseguró que eran del cártel contrario, por lo que “avaló las acciones para, ‘defender su territorio’”.

La detención de Gildardo López Astudillo se dio a conocer un día después de que la procuradora General de la República, Arely Gómez González, informó sobre la identificación de los restos de otro normalista de Ayotzinapa.

Aunque la identificación de un fragmento de hueso se basa en resultados que no son cien por ciento concluyentes, la Universidad de Innsbruk determinó que la identificación es positiva debido a que existen 72 posibilidades de que el fragmento de hueso analizado sí pertenezca a Jhosivani, contra una posibilidad de que no lo sea.

En noviembre pasado, el entonces procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer por primera vez la foto de López Astudillo.

Animal Político
Duda el EAAF que restos analizados en Innsbruck sean de otro normalista

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que actúa como coadyuvante de la defensa de los padres de Ayotzinapa, aseguró que el resultado obtenido por el Instituto de Medicina Legal de Innsbruck, que logró identificar el ADN mitocondrial de un fragmento óseo encontrado en el río San Juan como perteneciente a Jhosivani Guerrero de la Cruz, ‘‘solo puede ser considerado una posibilidad’’. Sostuvo –como ya lo había hecho el pasado 7 de febrero– que existen ‘‘serias interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas’’.

El comunicado del EAAF, en respuesta al que divulgó anoche la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, no empezó a circular hasta que los peritos pudieron reunirse con Martina de la Cruz y Margarito Guerrero Tecoapa, ambos campesinos de Omeapa, Tixtla, padres del normalista desaparecido Jhosivani Guerrero.

El indicio genético, señala el EAAF, es ‘‘débil y no definitivo’’. A ello se suma la falta de evidencia segura de que los residuos encontrados por buzos de la Marina y entregados a agentes de la PGR procedieran efectivamente del basurero de Cocula. consideraron.

‘‘Los dos sitios de recuperación de restos (el río San Juan y el basurero de Cocula) son inciertos y problemáticos’’, precisaron los forenses.

El comunicado recuerda que la diligencia de ‘‘recuperación de restos’’ que se llevó a cabo el 28 de octubre del año pasado se realizó sin que fueran convocados los peritos coadyuvantes, a pesar de que había un acuerdo de trabajar en todos los pasos de la investigación de manera conjunta.

A la fecha, la PGR tampoco les ha entregado –con las firmas correspondientes– la llamada ‘‘cadena de custodia’’, que certifica que cada uno de los pasos de una evidencia ocurrió tal como consta en el expediente.

El equipo argentino reiteró anoche lo que sostuvo el pasado 7 de febrero, una semana después de que el procurador Jesús Murillo Karam anunció sus conclusiones sobre el caso Iguala. En esa ocasión, los peritos independientes pusieron en duda que el fragmento óseo que fue identificado como perteneciente al normalista Alexander Mora Venancio hubiera sido efectivamente incinerado en Cocula y arrojado al río. Hoy sostienen la misma reserva respecto de la segunda identificación.

Asientan: ‘‘El EAAF no estuvo presente en el momento en el que los buzos y los peritos de la PGR mencionan haber recuperado, el 29 de octubre de 2014, una de estas bolsas del río San Juan. Tampoco se participó en el hallazgo del fragmento del hueso que la procuraduría indicó haber recuperado de dicha bolsa’’. Las mismas dudas prevalecen en el caso de Jhosivani. Por todo ello, concluyen que el de Iguala ‘‘es un caso abierto, no cerrado’’.

El trato a las víctimas

Los expertos del grupo forense, uno de los más reconocidos en el mundo en su especialidad, cuestionó ayer nuevamente el trato que la PGR dio a los familiares de los normalistas desaparecidos, ya que la procuradora Arely Gómez anunció públicamente la posible identificación del joven sin haber hablado antes con sus padres.

Un grupo de paterfamilias de Ayotzinapa, entre quienes se encontraba Margarito Guerrero, fueron notificados a mediodía que debían trasladarse al Distrito Federal porque recibirían información de la procuraduría. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro pidió a la procuradora que esperara a los progenitores de los muchachos desaparecidos, pero ésta no accedió y compareció ante los medios sin haber informado antes a las víctimas.

El equipo argentino advirtió que ‘‘la urgencia de la comunicación pública’’ de resultados delicados, como el del miércoles, ‘‘corre el riesgo de acabar con el derecho de las víctimas a conocer los resultados de sus familiares, con el debido tiempo y asistencia necesaria. Ninguna familia debería enterarse de ese modo de noticias tan delicadas sobre el posible destino de un familiar desaparecido’’.

Ayer por la tarde, un grupo del equipo argentino viajó a Tixtla, Guerrero, acompañado por el director del Centro Pro, Mario Patrón, y por Ximena Antillón, la sicóloga que trabaja en el acompañamiento sicosocial con los familiares de los 43. Juntos sostuvieron una larga conversación con los padres y los hermanos de Jhosivani, en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Ahí les explicaron en detalle las implicaciones técnicas y legales de la información que divulgó la PGR. El normalista es el benjamín de una numerosa familia campesina. También es uno de los más jóvenes del grupo de desaparecidos, 20 años. En su pueblo, de no más de 500 habitantes, la mitad de la población es analfabeta.

Los resultados

El equipo recordó que en noviembre de 2014 ellos y la Procuraduría General de la República enviaron al laboratorio austriaco –por recomendación del propio EAAF– 17 fragmentos óseos. Este centro es el mejor en la especialidad de resolver la identificación genética de restos en casos particularmente difíciles. Inicialmente los forenses de Innsbruck intentaron obtener el ADN nuclear (de padre, madre o hermanos consanguíneos) de estas muestras. No se logró en los 16 primeros fragmentos analizados. En la muestra 17 se obtuvo un perfil completo que coincidió con el ADN de la familia de Alexander Mora.

Posteriormente se intentó un análisis aún más específico, conocido como de secuenciación masiva paralela. En siete muestras se encontró que los restos supuestamente recogidos en el río San Juan y procedentes de la hipotética hoguera de Cocula no son ‘‘de origen específicamente humano’’. Finalmente se intentó la vía del análisis mitocondrial (procedente de la madre). Se fortaleció la demostración en el resto de Alexander Mora –un hueso esfenoides de la base del cráneo– y se obtuvieron indicios de la identificación de Jhosivani.

Pero, advirte el EAAF, ‘‘las dos muestras provienen de la bolsa que según la PGR fue recuperada del río San Juan, a las afueras de Cocula’’ y no directamente del basurero.

La posibilidad de la coincidencia entre el ADN de Martina de la Cruz y el resto óseo analizado es ‘‘baja en términos estadísticos’’. Una probabilidad de uno contra 73, según el EAAF, lo que se suma al ‘‘incierto y problemático’’ lugar de procedencia de los restos.

‘‘El valor del resultado obtenido sobre la muestra que podría pertenecer al joven Jhosivani disminuye significativamente y sólo puede ser considerado como una posibilidad’’, determina el comunicado del equipo.

Inconsistencias

El nuevo texto del EAAF, referente a su trabajo en el caso Iguala, recuerda las inconsistencias e irregularidades que presentó el acopio de evidencias desde su origen. Sobre los restos recolectados por los peritos de las dos entidades –el equipo argentino y la PGR– se encontraron fragmentos que no pertenecían a los normalistas. Por ejemplo, un fragmento de mandíbula humana con dientes y prótesis dentales. Ninguno de los jóvenes desaparecidos tiene este tipo de piezas dentales.

Reiteraron lo que sostuvieron en febrero pasado: ‘‘Por el momento, aún no se ha podido establecer que en el basurero de Cocula existan restos humanos que correspondan a los normalistas ni hay elementos científicos suficientes que vinculen los restos hallados y recuperados por la PGR en el río con el basurero’’.

En esta conclusión, el EAAF coincide con una de las tesis que el pasado 6 de septiembre dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH que, ‘‘a través de un peritaje en incendios y dinámica de fuego, descarta la versión presentada por la Procuraduría General de la República a través de los inculpados hasta la fecha, sobre la posibilidad de una incineración de 43 cadáveres en el basurero de Cocula en las condiciones señaladas por los mismos’’.

La Jornada