El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, confirmó la detención de Gildardo López Astudillo, un lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos presuntamente relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Diversos imputados lo señalan directamente como el autor material de la desaparición de 43 normalistas. Declaraciones refieren que fue él quien está relacionado directamente con estos hechos”, explicó Sales en conferencia de prensa.
Según el funcionario federal, la investigación para capturar a López Astudillo duró 11 meses, tiempo en que cambió tres veces de residencia hasta ocultarse en un departamento de Taxco de Alarcón, en Guerrero.
Sales explicó que López Astudillo actuaba como presunto jefe de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y distribución de droga en Iguala y Cocula, municipios en Guerrero. Además, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Gildardo López fue trasladado al Distrito Federal y puesto a disposición de la SEIDO.
Renato Sales dijo que hasta el momento van 111 presuntos responsables vinculados en la agresión contra los normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con la declaración de otro de los presuntos implicados en el caso Ayotzinapa identificado como Felipe Rodríguez Salgado, López Astudillo le habló por teléfono la noche del 26 de septiembre de 2014 para ordenarle que “se moviera con su gente” a la entrada de Iguala, donde él y mandos de las policías municipales de Iguala y de Cocula tenían a un grupo de jóvenes en cinco patrullas y en una camioneta blanca de redilas.
Rodríguez Salgado agregó que al llegar, subieron a los normalistas en el vehículo de redilas y se dirigieron al basurero de Cocula, pero alrededor de “unos 25 ya iban muertos por asfixia” y quedaban “unos 15 vivos”, a los que él y su “gente” ejecutaron a balazos y calcinaron, para después regresar a Iguala, pese a que él sabía que todos eran estudiantes.
Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos que ya fue detenido, declaró que Gildardo López Astudillo le notificó sobre los estudiantes, pero le aseguró que eran del cártel contrario, por lo que “avaló las acciones para, ‘defender su territorio’”.
La detención de Gildardo López Astudillo se dio a conocer un día después de que la procuradora General de la República, Arely Gómez González, informó sobre la identificación de los restos de otro normalista de Ayotzinapa.
Aunque la identificación de un fragmento de hueso se basa en resultados que no son cien por ciento concluyentes, la Universidad de Innsbruk determinó que la identificación es positiva debido a que existen 72 posibilidades de que el fragmento de hueso analizado sí pertenezca a Jhosivani, contra una posibilidad de que no lo sea.
En noviembre pasado, el entonces procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer por primera vez la foto de López Astudillo.
Animal Político
Duda el EAAF que restos analizados en Innsbruck sean de otro normalista
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que actúa como coadyuvante de la defensa de los padres de Ayotzinapa, aseguró que el resultado obtenido por el Instituto de Medicina Legal de Innsbruck, que logró identificar el ADN mitocondrial de un fragmento óseo encontrado en el río San Juan como perteneciente a Jhosivani Guerrero de la Cruz, ‘‘solo puede ser considerado una posibilidad’’. Sostuvo –como ya lo había hecho el pasado 7 de febrero– que existen ‘‘serias interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas’’.
El comunicado del EAAF, en respuesta al que divulgó anoche la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, no empezó a circular hasta que los peritos pudieron reunirse con Martina de la Cruz y Margarito Guerrero Tecoapa, ambos campesinos de Omeapa, Tixtla, padres del normalista desaparecido Jhosivani Guerrero.
El indicio genético, señala el EAAF, es ‘‘débil y no definitivo’’. A ello se suma la falta de evidencia segura de que los residuos encontrados por buzos de la Marina y entregados a agentes de la PGR procedieran efectivamente del basurero de Cocula. consideraron.
‘‘Los dos sitios de recuperación de restos (el río San Juan y el basurero de Cocula) son inciertos y problemáticos’’, precisaron los forenses.
El comunicado recuerda que la diligencia de ‘‘recuperación de restos’’ que se llevó a cabo el 28 de octubre del año pasado se realizó sin que fueran convocados los peritos coadyuvantes, a pesar de que había un acuerdo de trabajar en todos los pasos de la investigación de manera conjunta.
A la fecha, la PGR tampoco les ha entregado –con las firmas correspondientes– la llamada ‘‘cadena de custodia’’, que certifica que cada uno de los pasos de una evidencia ocurrió tal como consta en el expediente.
El equipo argentino reiteró anoche lo que sostuvo el pasado 7 de febrero, una semana después de que el procurador Jesús Murillo Karam anunció sus conclusiones sobre el caso Iguala. En esa ocasión, los peritos independientes pusieron en duda que el fragmento óseo que fue identificado como perteneciente al normalista Alexander Mora Venancio hubiera sido efectivamente incinerado en Cocula y arrojado al río. Hoy sostienen la misma reserva respecto de la segunda identificación.
Asientan: ‘‘El EAAF no estuvo presente en el momento en el que los buzos y los peritos de la PGR mencionan haber recuperado, el 29 de octubre de 2014, una de estas bolsas del río San Juan. Tampoco se participó en el hallazgo del fragmento del hueso que la procuraduría indicó haber recuperado de dicha bolsa’’. Las mismas dudas prevalecen en el caso de Jhosivani. Por todo ello, concluyen que el de Iguala ‘‘es un caso abierto, no cerrado’’.
El trato a las víctimas
Los expertos del grupo forense, uno de los más reconocidos en el mundo en su especialidad, cuestionó ayer nuevamente el trato que la PGR dio a los familiares de los normalistas desaparecidos, ya que la procuradora Arely Gómez anunció públicamente la posible identificación del joven sin haber hablado antes con sus padres.
Un grupo de paterfamilias de Ayotzinapa, entre quienes se encontraba Margarito Guerrero, fueron notificados a mediodía que debían trasladarse al Distrito Federal porque recibirían información de la procuraduría. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro pidió a la procuradora que esperara a los progenitores de los muchachos desaparecidos, pero ésta no accedió y compareció ante los medios sin haber informado antes a las víctimas.
El equipo argentino advirtió que ‘‘la urgencia de la comunicación pública’’ de resultados delicados, como el del miércoles, ‘‘corre el riesgo de acabar con el derecho de las víctimas a conocer los resultados de sus familiares, con el debido tiempo y asistencia necesaria. Ninguna familia debería enterarse de ese modo de noticias tan delicadas sobre el posible destino de un familiar desaparecido’’.
Ayer por la tarde, un grupo del equipo argentino viajó a Tixtla, Guerrero, acompañado por el director del Centro Pro, Mario Patrón, y por Ximena Antillón, la sicóloga que trabaja en el acompañamiento sicosocial con los familiares de los 43. Juntos sostuvieron una larga conversación con los padres y los hermanos de Jhosivani, en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Ahí les explicaron en detalle las implicaciones técnicas y legales de la información que divulgó la PGR. El normalista es el benjamín de una numerosa familia campesina. También es uno de los más jóvenes del grupo de desaparecidos, 20 años. En su pueblo, de no más de 500 habitantes, la mitad de la población es analfabeta.
Los resultados
El equipo recordó que en noviembre de 2014 ellos y la Procuraduría General de la República enviaron al laboratorio austriaco –por recomendación del propio EAAF– 17 fragmentos óseos. Este centro es el mejor en la especialidad de resolver la identificación genética de restos en casos particularmente difíciles. Inicialmente los forenses de Innsbruck intentaron obtener el ADN nuclear (de padre, madre o hermanos consanguíneos) de estas muestras. No se logró en los 16 primeros fragmentos analizados. En la muestra 17 se obtuvo un perfil completo que coincidió con el ADN de la familia de Alexander Mora.
Posteriormente se intentó un análisis aún más específico, conocido como de secuenciación masiva paralela. En siete muestras se encontró que los restos supuestamente recogidos en el río San Juan y procedentes de la hipotética hoguera de Cocula no son ‘‘de origen específicamente humano’’. Finalmente se intentó la vía del análisis mitocondrial (procedente de la madre). Se fortaleció la demostración en el resto de Alexander Mora –un hueso esfenoides de la base del cráneo– y se obtuvieron indicios de la identificación de Jhosivani.
Pero, advirte el EAAF, ‘‘las dos muestras provienen de la bolsa que según la PGR fue recuperada del río San Juan, a las afueras de Cocula’’ y no directamente del basurero.
La posibilidad de la coincidencia entre el ADN de Martina de la Cruz y el resto óseo analizado es ‘‘baja en términos estadísticos’’. Una probabilidad de uno contra 73, según el EAAF, lo que se suma al ‘‘incierto y problemático’’ lugar de procedencia de los restos.
‘‘El valor del resultado obtenido sobre la muestra que podría pertenecer al joven Jhosivani disminuye significativamente y sólo puede ser considerado como una posibilidad’’, determina el comunicado del equipo.
Inconsistencias
El nuevo texto del EAAF, referente a su trabajo en el caso Iguala, recuerda las inconsistencias e irregularidades que presentó el acopio de evidencias desde su origen. Sobre los restos recolectados por los peritos de las dos entidades –el equipo argentino y la PGR– se encontraron fragmentos que no pertenecían a los normalistas. Por ejemplo, un fragmento de mandíbula humana con dientes y prótesis dentales. Ninguno de los jóvenes desaparecidos tiene este tipo de piezas dentales.
Reiteraron lo que sostuvieron en febrero pasado: ‘‘Por el momento, aún no se ha podido establecer que en el basurero de Cocula existan restos humanos que correspondan a los normalistas ni hay elementos científicos suficientes que vinculen los restos hallados y recuperados por la PGR en el río con el basurero’’.
En esta conclusión, el EAAF coincide con una de las tesis que el pasado 6 de septiembre dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH que, ‘‘a través de un peritaje en incendios y dinámica de fuego, descarta la versión presentada por la Procuraduría General de la República a través de los inculpados hasta la fecha, sobre la posibilidad de una incineración de 43 cadáveres en el basurero de Cocula en las condiciones señaladas por los mismos’’.
La Jornada
