“Cataluña quedaría fuera y debería iniciar un largo proceso de reconocimiento internacional”, asegura una alta fuente comunitaria
CLAUDI PÉREZ Bruselas 28 SEP 2015 -
El candidato número cinco de Junts pel Sí, Oriol Junqueras, este domingo. / ANDREA COMAS
Cataluña es tremendamente europeísta: la pertenencia a la UE ha sido uno de los ejes de la campaña. Bruselas es clara al respecto —si una región de un Estado miembro se declara independiente, sale de la UE y debe solicitar su ingreso—, pero los partidarios de la secesión niegan la mayor. Se escudan en que esa opinión no tiene valor jurídico. Si hay voluntad se puede encontrar un encaje, dicen fuentes catalanas. Fuentes europeas niegan en redondo esa interpretación.
Romano Prodi lo dijo en 2004 por primera vez. Su sucesor al frente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, repitió lo mismo durante 10 años en respuestas parlamentarias e infinidad de entrevistas y ruedas de prensa. Y el actual Ejecutivo de la Unión no se ha desviado un milímetro de esa doctrina, que es la siguiente: "Si una parte de un Estado miembro deja de ser parte de ese Estado porque se independiza, los tratados ya no se aplicarían a este territorio"; esa región "se convertiría en un país tercero, que debería solicitar su entrada" y "estaría automáticamente fuera de la UE".
Una alta fuente comunitaria aseguraba a este diario que la situación es indiscutible desde el punto de vista jurídico: "Cataluña quedaría fuera y debería iniciar unlargo proceso de reconocimiento internacional". "Los firmantes del tratado son los Estados miembros", según la misma fuente, "y una independencia unilateral iría contra los intereses y la estabilidad de muchos Estados, que a buen seguro pondrían las cosas difíciles". "Es muy sencillo. La palabra Cataluña no figura en los tratados. Para incluirla tienen que modificase los tratados, y eso requiere unanimidad", reitera.
Tanto el exjurisconsulto Jean-Claude Piris —que redactó el Tratado de Lisboa— como los actuales juristas de Bruselas comparten esa postura sin fisuras. Piris, según cuenta él mismo, llegó a exponérsela personalmente a Artur Mas cuando fue preguntado por la Generalitat al respecto. Y aun así el bloque partidario de la independencia lleva años sembrando dudas, dando la batalla jurídica y diplomáticamente para señalar que, como demuestra la crisis del euro, si hay voluntad política los tratados son lo suficientemente maleables como para permitir un encaje de Cataluña en el euro, en la UE, donde haga falta. Los soberanistas aseguran que esa doctrina solo ha aparecido en respuestas a la Eurocámara. No tiene valor jurídico, dicen. Los juristas de la Comisión, sin embargo, apuntan que no ha habido una opinión jurídica porque nadie la ha pedido: eso sería dar carta de naturaleza a una independencia que no se ha producido.
Bruselas se ha metido en un fenomenal embrollo en los últimos días. A preguntas de un eurodiputado, Juncker aseguró que una declaración unilateral de independencia por parte de un Parlamento regional no tendría valor jurídico. Al cabo de unas horas, se desdijo: la verdadera respuesta era que Bruselas no va a meterse en un asunto interno de España.
Limbo jurídico
El patinazo fue sensacional: Madrid lo califica de "anécdota", pero ese episodio resume a la perfección el estado de la cuestión. En privado, Bruselas es firme y subraya que la doctrina Juncker, a pesar del error, sigue intacta: una región que se separa sale automáticamente de la UE. En caso de declaración unilateral de independencia, las grandes cancillerías tampoco dudan. Los soberanistas, sin embargo, ha utilizado ese lío para encastillarse en que nada se puede dar por seguro; la independencia, afirman, metería a Cataluña en un limbo jurídico del que se sale con voluntad política.
La incertidumbre se resolverá si realmente va el cántaro a la fuente: en ese caso el servicio jurídico de la Comisión y del Consejo emitirán opiniones vinculantes. Hasta entonces, hay que creer a los tres últimos presidentes de la Comisión. O eso, o dar carta de naturaleza a la existencia del limbo jurídico y de la voluntad política a la que se agarra Cataluña.
