ARGENTINA : ELECCIONES 2015
El máximo tribunal provincial, integrado por los vocales naturales René Goane y Daniel Posse, y los camaristas civiles elegidos por sorteo Carlos Ibáñez, Benjamín Moisá y Raúl Bejas, revocó el fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que a pesar de no tener competencia en la materia había dictaminado la nulidad de las elecciones del 23 de agosto que había ganado el candidato del FpV, Juan Manzur, con más del 51 por ciento de los votos.
La integración de la Corte quedó firme por el rechazo de las recusaciones que había realizado el frente opositor Acuerdo para el Bicentenario para separar del caso a Posse y a Moisá. El primero había sido cuestionado por su carácter de hermano del fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, y el segundo por ser exfuncionario del actual gobierno provincial.
Los jueces Ibáñez, Moisá y Bejas confirmaron a Posse con la disidencia de Goane, quien sostuvo que su par debía apartarse del juicio. Tampoco fue aceptada la pretensión de separar a Moisá, cuñado del legislador del Frente para la Victoria Sisto Terán Nougués, recusación que fue rechazada por unanimidad.
La fiscal de Cámara, Marta Ignacia Jerez de Rivadeneira había dictaminado que las elecciones eran válidas y, en consecuencia, la Corte era la que debía revocar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Fuentes del Acuerdo para el Bicentenario anticiparon que presentarán un recurso extraordinario para que el caso llegue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por su parte, los dirigentes justicialistas Javier Noguera y Darío Monteros denunciaron a los jueces que habían anulado las elecciones provinciales, Ebe López Piossek y Salvador Ruiz, y los acusaron por los delitos de sedición y prevaricato. Además solicitaron su inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Lo del fraude
Por Eduardo Aliverti
El fallo casi inverosímil del tribunal tucumano, que pretende anular las elecciones provinciales, viene a ser la versión macondiana de una táctica ya instalada desde la prensa opositora de alcance nacional. Hasta un marciano se daría cuenta de que la cuestión es convertir clientelismo y maniobras sucias en una perspectiva de fraude escandaloso y masivo. ¿Cuál es la penetración efectiva que puede tener un ardid tan grosero, en las elecciones de octubre?
En forma sistemática, la oposición se dedicó –más específicamente, el macrismo– a objetar la limpieza de casi todos los actos electorales en que perdió. Y a hacer mutis por el foro en los distritos donde obtuvo la victoria. Se supondría, entonces, que sólo hay irregularidades cuando vence el oficialismo, y que los sistemas de votación son válidos o no según sea quien gane. Por caso, la oposición no se quejó de las listas sábana en voto papel cuando consiguió el primer puesto. Pero en Salta, donde perdió y se votó con boleta electrónica, también denunció una fraudulencia gigantesca que, como es de rigor, se agotó a las pocas horas. Lo mismo hizo en Santa Fe, con cinco boletas únicas pero separadas por categoría y amenazas de recurrir a la Justicia cuando Miguel del Sel quedó atrás en el escrutinio provisorio. En Córdoba, en cambio, la boleta única engloba a todas las categorías en la misma papeleta, pero allí triunfaron el oficialismo provincial –enfrentado a Casa Rosada– y el segundo puesto fue para Cambiemos, de manera que no se les ocurrió impugnar nada ni pedir que rija la boleta electrónica. En síntesis empíricamente indesmentible, las denuncias de fraude son a gusto del consumidor derrotado. Y pasó a ser la estratagema no única pero sí preferente de las franjas opositoras, para invalidar lo que presumen como una derrota tal vez irreversible que las encuestas publicadas y conocidas en las últimas horas incluyendo a sus más amigables ratifican . Ese artificio muestra extremos que deberían calificarse como insólitos, si no fuera porque imputar y especular a la bartola produjo ya un acostumbramiento que achica la capacidad de asombro. Uno de ellos, bien que limitado al ámbito periodístico, fue el del periodista Joaquín Morales Solá, quien el domingo 13 de este mes llegó a afirmar que “el viejo sistema electoral (¿cuál de todos?) podría dejar a los argentinos sin un presidente nuevo el 10 de diciembre”. El editorialista de La Nación sostuvo que “habrá un presidente electo, sin duda, pero nadie sabe ahora (???) cuándo estará en condiciones de asumir”. Significa que el fraude se da por sentado o que no hay otro recurso que advertirlo para deslegitimar el voto popular. De esto último se trata, en definitiva: si ganamos, bien; si perdemos, que sea una batahola. Habría una tercera opción, que el comentarista firmante ya hipotetizó en otras oportunidades. ¿La oposición realmente quiere ganar, midiéndose desde el gobierno contra un rival como el peronismo y con minoría en ambas cámaras parlamentarias, o su negocio es desgastar a la espera de algún consenso más seguro del cambio de rumbo? ¿No le conviene, acaso, hacer tiempo, mientras además puede redituarle el deterioro de las experiencias regionales que permitieron salir de la tragedia neoliberal? ¿Con cuál liderazgo podría enfrentar la derecha, a corto y mediano plazo, una imagen como la que deja Cristina?
La sentencia judicial tucumana es otro de esos extremos alucinados a que se hacía referencia. De por sí, por su sola sonoridad, que un tribunal en lo Contencioso Administrativo se arrogue el derecho de anular elecciones de tamaño provincial y general es, a más de algo nunca visto, realismo mágico supremo. Uno de los fundamentos del fallo se apoya en la cobertura del programa televisivo de Jorge Lanata, y en declaraciones del gobernador actual y del electo acerca de que se entregaron bolsones de comida a cambio de votos. Si lo primero es desopilante, lo segundo directamente entra en colisión con cualquiera que esté en su sano juicio porque, aun si se juzgara que hubo votos producto de extorsión y que pudiera haberse chequeado la correspondencia entre vianda y sufragio, en unas mesas, no hay ningún otro fondo a considerar que no sea la validez del voto. Visto como el absurdo que es, no se trata de un fallo sino de una opinión. Estamos ante un hecho probablemente inédito a escala mundial, en términos de interpretación jurídica de un proceso electivo, y en nada se requiere conocimiento del Derecho para aseverarlo: jueces que, a la letra de la ley, anteponen su opinión sobre los efectos que prácticas perniciosas ejercen sobre sectores “desamparados”. ¿Cómo no coincidir con que la lógica estricta del fallo tucumano es que debe implementarse el voto calificado, ya que, de otra forma, es improbable que el pobrerío ignorante no sucumba ante el ejercicio extorsivo de la delincuencia punteril? Pero esto no es todo, aunque parezca mentira. Las urnas anuladas, al cabo del escrutinio definitivo, fueron 6 sobre más de 3600; y las 614 que observó la oposición estaban siendo recontadas bajo su propio control, hasta que retiraron los fiscales para impugnar todo el proceso ante los contenciosos amigables. Es decir que el fallo ignora la imposibilidad absoluta de que las mesas impugnadas por la oposición pudieran torcer en modo alguno el resultado final, para no hablar de que la quema de urnas denunciada fue promovida –según las pruebas obrantes– por bandoleros adherentes al postulante opositor. Se recorre este cuadro y en alguna medida es frustrante, porque no terminan de encontrarse ni los adjetivos ni las figuras retóricas que estén a la altura exacta de calificar este episodio. Y a los referentes nacionales subidos a semejante vandalismo jurídico para subrayar que toda vez que pierdan es fraude.
Lo que está y seguirá es una ristra de conjeturas sobre cómo resolver en tiempo y forma algo que, quizá, superaría a García Márquez. Desde las especulaciones técnico-judiciales hasta intervenir la provincia, todo resuena posible. Varios artículos periodísticos provinciales y de llegada nacional, entre el viernes y ayer, dieron cuenta de ese carácter macondiano en la integración de la Corte Suprema tucumana, con una serie –que pareciera interminable– de lazos familiares, amistades, enconos y actuaciones previas como causa de excusación entre los miembros del tribunal. El sábado, la Corte local quedó integrada con sólo dos de sus integrantes originales en pie. Los tres restantes surgieron de un sorteo en la Cámara Civil y Comercial Común. Se estima que fallará entre hoy y mañana, pero la causa seguirá abierta cualquiera sea la decisión porque oficialistas y opositores ya anticiparon que recurrirán el fallo ante la Corte Suprema de la Nación. Debe calcularse que mientras tanto corre el plazo de caducidad para todos los mandatos de los cargos electivos tucumanos, a fines de octubre, con el riesgo de que la provincia quede acéfala y haya que intervenirla. Sin embargo, mucho más agotador que este escenario es la certeza de que no importa tanto lo que vaya a suceder como el haber establecido que derrota es igual a fraude. Eso excede a Tucumán.
Puede emparentarse con el decurso del Niembrogate, en cuanto a las chicanas tan baratas como empiojadoras de que se valen. Finalmente, Macri le soltó la mano a su candidato y operador periodístico preferido. La denuncia por corrupción manifiesta o solapada ya sumaba probanzas abrumadoras, hasta el punto de que Clarín y La Nación se pusieron de acuerdo en exigir la renuncia de Niembro a su candidatura. Cabe la enorme sospecha de que no lo hicieron por razones morales sino porque el affaire estaba perjudicando las chances electorales del PRO, brindándole a Scioli lo que le falta para ganar en primera vuelta o lo que le resta para superar el 40 por ciento con más de diez puntos de ventaja sobre el segundo. Esto no contradice la hipótesis de una oposición renuente a ganar. En todo caso la reafirma, porque el tema sería perder por un margen que dé espacio a cuestionar el resultado. Lo cierto es que, como quien no quiere la cosa, el macrismo pretende ahora que el asunto se acabó y que la renuncia de Niembro –sólo cuándo no quedó otro remedio– es demostrativa de no ser lo mismo que los kirchneristas. Falta el pequeño detalle de que, como en el tango, para bailar hacen falta dos. Las figuras y funcionarios macristas que dejaron solo a Niembro, así como sus medios adictos, no se hacen cargo de la red del gobierno local que aprobó la operatoria revelada. Hay una diferencia sustancial con los casos de funcionarios nacionales denunciados, porque todos ellos estuvieron o están enfrentados a la Justicia. Por el contrario, en este hecho quedó ante ella sólo uno de los lados del mostrador. Pero parece que eso basta para marcar distinciones éticas.
La pregunta del comienzo, aunque aplicada a la Babel tucumana, era cuánto de este enchastre tendrá incidencia efectiva en las urnas de octubre. Cabrá reiterar que todos los antecedentes, tanto en elecciones presidenciales como de medio término, indican que estas jugarretas –sean basadas en denuncias serias, verosímiles o falsas– influyen entre poco y nada. Pero cada elección tiene lo suyo y debe comprobárselo a cada vez. Por lo pronto, sin mayores esperanzas de sacudones económicos trascendentales y agotado el impacto de las operetas constantes sobre putrefacción estatal a mansalva, tras el bluff del caso Nisman, lo único que parece quedar por delante es esta instalación de fraude. La perpetran los alarmados por la salud de las instituciones.
