Kraiselburd y Massot: páginas manchadas con sangre
25 SEPTIEMBRE 2015
Fue citado a declarar el director del diario El Día en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad a los miembros de la Fuerza de Tarea n° 5 de La Plata. Finalmente, la defensa desestimó su presencia.
Por Rocío Cereijo
El miércoles pasado, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto para crear una comisión bicameral de “Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras” durante la última dictadura.
La iniciativa, impulsada por el Frente para la Victoria, no tuvo ninguna negativa pero sí 14 abstenciones correspondientes a los legisladores macristas; a Roberto Pradines (Partido Demócrata de Mendoza) y a Guillermo Durand Cornejo (partido Conservador de Salta). Ninguno de ellos explicaron por qué tomaron esta decisión.
El mismo día que se aprobó esta iniciativa, que deberá ser tratado en la Cámara Alta, estaba citado para declarar en el juicio a los miembros de la Fuerza de Tarea n° 5, que se lleva a cabo en La Plata, el director del diario El Día, Raúl Kraiselburd, también de esa ciudad. Lo sorpresivo de esto no fue que el Kraiselburd fuese llamado en el marco de un juicio por crímenes de lesa humanidad, sino que su presencia fuese solicitada por el defensor Sebastián Olmedo Barrios. Finalmente, el abogado lo desestimó como testigo de la causa.
Cabe destacar que, además de las publicaciones falaces que hacía el medio sobre asesinatos a militantes y el apoyo a través de su línea editorial a las Fuerzas Armadas, el genocida Anselmo Pedro Palavezzatti, quien era capitán del Destacamento de Inteligencia 101, dijo en el marco del juicio “La Cacha”, que desde su oficina encargaban al diario El Día tareas de recopilación de información entre la población con el objeto de realizar sus informes de inteligencia, durante la última dictadura.
El mismo día que se aprobó esta iniciativa, que deberá ser tratado en la Cámara Alta, estaba citado para declarar en el juicio a los miembros de la Fuerza de Tarea n° 5, que se lleva a cabo en La Plata, el director del diario El Día, Raúl Kraiselburd, también de esa ciudad. Lo sorpresivo de esto no fue que el Kraiselburd fuese llamado en el marco de un juicio por crímenes de lesa humanidad, sino que su presencia fuese solicitada por el defensor Sebastián Olmedo Barrios. Finalmente, el abogado lo desestimó como testigo de la causa.
Cabe destacar que, además de las publicaciones falaces que hacía el medio sobre asesinatos a militantes y el apoyo a través de su línea editorial a las Fuerzas Armadas, el genocida Anselmo Pedro Palavezzatti, quien era capitán del Destacamento de Inteligencia 101, dijo en el marco del juicio “La Cacha”, que desde su oficina encargaban al diario El Día tareas de recopilación de información entre la población con el objeto de realizar sus informes de inteligencia, durante la última dictadura.
Una vez que fue repreguntado por el presidente del Tribunal oral en lo Criminal Federal (TOCF) n° 1 de La Plata, Carlos Rozanski, Palavezzati se limitó a decir que se trataban de "encuestas para saber el estado de ánimo de la gente". Sin embargo, el rol que desempeñaron los directivos de medios de comunicación fue y continúa siendo puesto en evidencia hasta la actualidad, ya que el Terrorismo de Estado perpetrado entonces, no habría sido posible sin la participación de un aparato cultural y económico cómplice.
Respecto de este punto, en Bahía Blanca se está llevando a cabo el proceso judicial iniciado contra Vicente Gonzalo Massot, (único miembro de la junta directiva de La Nueva Provincia vivo que operó durante la última dictadura) por los posibles delitos de lesa humanidad, cuyo denunciante es el TOCF de la ciudad. La exhaustiva investigación, realizada por la Unidad Fiscal Especializada en Derechos Humanos, da cuenta del accionar del medio no sólo a través de sus páginas –que no es un hecho menor- sino también de la relación que tenían los miembros del diarios con las FF.AA..
Estos son tan sólo algunos de los casos que ilustran este accionar de los grupos económicos y mediáticos que actuaron en complicidad con la Junta Militar durante el terrorismo de Estado. La importancia de la conformación de esta cámara bicameral reside en que su funcionamiento podría generar material imprescindible para la apertura de procesos judiciales de este tipo. La Nueva Provincia, El Día, Loma Negra, Ledesma, Mercedes Benz, Ford, Molinos, Bunge & Born, Editorial Atlántida, La Voz del Norte; son algunos de los tantos casos que exigen continuar siendo investigados*.
Respecto de este punto, en Bahía Blanca se está llevando a cabo el proceso judicial iniciado contra Vicente Gonzalo Massot, (único miembro de la junta directiva de La Nueva Provincia vivo que operó durante la última dictadura) por los posibles delitos de lesa humanidad, cuyo denunciante es el TOCF de la ciudad. La exhaustiva investigación, realizada por la Unidad Fiscal Especializada en Derechos Humanos, da cuenta del accionar del medio no sólo a través de sus páginas –que no es un hecho menor- sino también de la relación que tenían los miembros del diarios con las FF.AA..
Estos son tan sólo algunos de los casos que ilustran este accionar de los grupos económicos y mediáticos que actuaron en complicidad con la Junta Militar durante el terrorismo de Estado. La importancia de la conformación de esta cámara bicameral reside en que su funcionamiento podría generar material imprescindible para la apertura de procesos judiciales de este tipo. La Nueva Provincia, El Día, Loma Negra, Ledesma, Mercedes Benz, Ford, Molinos, Bunge & Born, Editorial Atlántida, La Voz del Norte; son algunos de los tantos casos que exigen continuar siendo investigados*.
La necesidad de reflexionar acerca de estos hechos a los que se opone el PRO –mejor dicho, calla y otorga-, obedece a que los crímenes de lesa humanidad perpetrados en aquél entonces, trascienden a las víctimas directas. No se trata solamente de recordar para no volver a repetir; sino también de “vislumbrar y localizar que en la misma disociación de la memoria, o en esa particular falla ética, en esa misma textura de complicidad, están también inscriptas las faltas que servirán de sostén para la construcción de nuevos sistemas represivos”**.
Negar, a esta altura, la participación de grupos económicos como un engranaje más del plan criminal de desaparición, tortura y exterminio llevado a cabo durante la última dictadura puede obedecer a dos cosas. La primera, desconocer las luchas impulsadas por trabajadores, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos desde hace décadas (con particular énfasis en los últimos años con la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad) por denunciar el rol del papel de los grupos empresarios en los procesos represivos; la segunda, querer mantener oculta esta complicidad por relaciones aún vigentes con estos sectores. Cualquiera de las dos, repudiable para un funcionario público.
*Bohoslavsky, J. P. y Verbitsky, H. editores (2013) Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
**Pavlovsky, E. (29/12/1989) “La ley del olvido”. Madrid: Diario El País.
