Uruguay ante la nueva doctrina de seguridad de Estados Unidos. La DEA, el Escudo de las Américas y los riesgos para la soberanía nacional
Nicolás Centurión
Oct 23, 2026
La DEA, una relación que atraviesa gobiernos
El 11 de marzo, representantes de 18 países participaron en una conferencia contra los cárteles realizada en la sede del Comando Sur estadounidense, en Doral, Florida. La declaración conjunta promovió la cooperación en seguridad fronteriza, combate al narcotráfico y narcoterrorismo, y protección de infraestructuras críticas.
El hecho de que la reunión tuviera lugar en una instalación del Comando Sur no es secundario. Expresa la creciente centralidad de las estructuras de defensa estadounidenses en la discusión regional sobre organizaciones criminales, una materia que tradicionalmente corresponde a las autoridades policiales y judiciales.
El 22 de setiembre, Estados Unidos y otros catorce países difundieron una declaración titulada Defending Hemispheric Sovereignty (Defendiendo la soberanía hemisférica).
El documento establece tres pilares. El económico: cooperación en inversiones, protección de cadenas de suministro de minerales críticos y regulación de proveedores de infraestructura digital. El de seguridad: intercambio de inteligencia, tecnologías, capacitación, sanciones y acciones contra organizaciones identificadas como narcoterroristas y por último lo referido a la coordinación multilateral: articulación de posiciones diplomáticas y acciones colectivas frente a amenazas transnacionales.
La declaración fue suscrita por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
Uruguay no figura entre los quince firmantes.Sin embargo, el país está profundizando su cooperación con algunas de las mismas agencias que participan en el diseño de esa estrategia regional. Se está integrándo operativamente a determinadas capacidades de la nueva arquitectura estadounidense sin haber asumido formalmente su declaración política.
Una agenda que excede la lucha contra las drogas
El Escudo de las Américas no se limita al narcotráfico. Incluye minerales críticos, inversiones, infraestructura digital, inteligencia y coordinación diplomática. La incorporación de estos asuntos bajo una misma doctrina de seguridad resulta especialmente significativa para América Latina, una región que concentra recursos naturales, infraestructura portuaria estratégica y cadenas de suministro relevantes para el comercio mundial.
La estrategia estadounidense no opera mediante un único tratado continental. Se despliega a través de declaraciones políticas, convenios bilaterales, programas de asistencia, mecanismos de inteligencia y cooperación con fuerzas policiales y militares. En Panamá, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad informó que la declaración de marzo contemplaba protección de infraestructura crítica, seguridad fronteriza y cooperación contra el narcoterrorismo.
En agosto, Panamá fue sede de una reunión de alto nivel de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), posteriormente destacada por los gobiernos panameño y ecuatoriano.
El antecedente de Colombia merece especial atención. Lo que en su momento fue catalogado casi hasta de conspiranoico, hoy es una realidad irrefutable y sus consecuencias están a la vista. El Plan Colombia, iniciado en 2000, combinó asistencia económica, fortalecimiento institucional y una importante dimensión militar y policial. Su experiencia demostró un índice de mayor militarización, una guerra contra las drogas que fracasó desde el día 1 y el continente más violento del globo.
Cuando los cárteles pasan a ser terroristas y cuando los límites se van corriendo.
Uno de los cambios más profundos de la estrategia estadounidense es la utilización de instrumentos antiterroristas contra organizaciones tradicionalmente investigadas como estructuras de narcotráfico y crimen organizado. El 28 de mayo de 2026, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la designación del Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), ambas organizaciones originarias de Brasil, como terroristas globales especialmente designados.
El 5 de junio, las dos organizaciones fueron incorporadas formalmente a la categoría estadounidense de Foreign Terrorist Organizations (FTO). El cambio tiene consecuencias jurídicas y financieras dentro del sistema estadounidense. El 22 de setiembre fueron catalogadas 24 organizaciones como objetivos prioritarios de la acción conjunta. Entre ellas figuran -adempas del PCC y Comando Vermelho de Brasil- el Tren de Aragua; el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación; el Clan del Golfo colombiano; Los Choneros y Los Lobos de Ecuador; la Mara Salvatrucha; el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC.
Las designaciones permiten aplicar mecanismos de bloqueo patrimonial, restricciones migratorias y persecución de determinadas formas de apoyo material a organizaciones clasificadas como terroristas. El terrorismo suele requerir elementos específicos vinculados con la finalidad de intimidar a una población o coaccionar a autoridades para alcanzar determinados objetivos. El crimen organizado, por su parte, puede utilizar violencia sistemática para controlar mercados ilícitos, asegurar rutas, disciplinar integrantes o proteger ganancias.
Las dos categorías pueden superponerse en determinados hechos, pero no estamos hablando de lo mismo. Cuando Washington decide clasificar organizaciones criminales extranjeras como terroristas, amplía los instrumentos jurídicos disponibles para perseguirlas. Al mismo tiempo, introduce una dimensión de seguridad nacional en conflictos que, bajo otras interpretaciones, serían fundamentalmente policiales y judiciales.
El documento propone congelamiento de activos, restricciones migratorias y medidas penales contra personas que proporcionen conscientemente apoyo material a esas organizaciones, siempre dentro de las obligaciones jurídicas aplicables a cada Estado.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al embajador de EEUU, Lou Rinaldo
La "cooperación antidrogas" entre Montevideo y Washington está ingresando en una nueva etapa. Un financiamiento de seis millones y medio de dólares, la participación de agencias federales estadounidenses en el diseño de una estrategia nacional y la creciente identificación del narcotráfico con el terrorismo plantean una discusión que excede ampliamente la seguridad pública: quién define las amenazas, quién establece las prioridades y quién controla la información estratégica del Estado uruguayo.
El gobierno de Yamandú Orsi y Estados Unidos concretaron un acuerdo bilateral de cooperación en seguridad pública que contempla 6 millones y medio de dólares durante un año, con posibilidad de prórroga sujeta a la aprobación del Congreso estadounidense. La iniciativa se canaliza a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), dependiente del Departamento de Estado.
Según informó el semanario Búsqueda a comienzos de octubre, el acuerdo comenzó a gestarse mediante conversaciones entre el presidente uruguayo, integrantes del Poder Ejecutivo y la Embajada estadounidense, encabezada por Lou Rinaldi. La propuesta surgió a partir de una solicitud de mayor cooperación formulada por el propio Orsi.
La diferencia con mecanismos anteriores es sustantiva. Hasta ahora, Uruguay recibía fondos estadounidenses destinados a programas regionales. El nuevo instrumento establece una línea bilateral específicamente diseñada para las necesidades del país, según la descripción de la propia Embajada.
La INL no es una organización policial. Es una dependencia del Departamento de Estado que financia y coordina programas internacionales de seguridad, fortalecimiento institucional, combate al narcotráfico y aplicación de la ley. Su intervención combina asistencia técnica, recursos materiales y objetivos de política exterior estadounidense. Una delegación de diez funcionarios estadounidenses, pertenecientes a la DEA, el FBI, Homeland Security Investigations y el Servicio Secreto, llegó a Uruguay para mantener reuniones con autoridades nacionales.
El martes 20 de octubre, los representantes estadounidenses se reunieron durante más de una hora con el ministro del Interior, Carlos Negro, y su equipo. Además, se programaron encuentros con la Policía, Prefectura, Fiscalía y el Ejército. La arquitectura operativa todavía se encuentra en construcción, con participación directa de funcionarios extranjeros. La Embajada de Estados Unidos sostiene que el programa responde a las necesidades uruguayas.
La soberanía no se pierde necesariamente mediante la instalación de una base militar o la presencia permanente de agentes extranjeros, se puede erosionarse cuando el Estado comienza a depender de otro para obtener inteligencia, financiar determinadas capacidades o decidir qué amenazas merecen atención preferente.
Según informó el semanario Búsqueda a comienzos de octubre, el acuerdo comenzó a gestarse mediante conversaciones entre el presidente uruguayo, integrantes del Poder Ejecutivo y la Embajada estadounidense, encabezada por Lou Rinaldi. La propuesta surgió a partir de una solicitud de mayor cooperación formulada por el propio Orsi.
La diferencia con mecanismos anteriores es sustantiva. Hasta ahora, Uruguay recibía fondos estadounidenses destinados a programas regionales. El nuevo instrumento establece una línea bilateral específicamente diseñada para las necesidades del país, según la descripción de la propia Embajada.
La INL no es una organización policial. Es una dependencia del Departamento de Estado que financia y coordina programas internacionales de seguridad, fortalecimiento institucional, combate al narcotráfico y aplicación de la ley. Su intervención combina asistencia técnica, recursos materiales y objetivos de política exterior estadounidense. Una delegación de diez funcionarios estadounidenses, pertenecientes a la DEA, el FBI, Homeland Security Investigations y el Servicio Secreto, llegó a Uruguay para mantener reuniones con autoridades nacionales.
El martes 20 de octubre, los representantes estadounidenses se reunieron durante más de una hora con el ministro del Interior, Carlos Negro, y su equipo. Además, se programaron encuentros con la Policía, Prefectura, Fiscalía y el Ejército. La arquitectura operativa todavía se encuentra en construcción, con participación directa de funcionarios extranjeros. La Embajada de Estados Unidos sostiene que el programa responde a las necesidades uruguayas.
La soberanía no se pierde necesariamente mediante la instalación de una base militar o la presencia permanente de agentes extranjeros, se puede erosionarse cuando el Estado comienza a depender de otro para obtener inteligencia, financiar determinadas capacidades o decidir qué amenazas merecen atención preferente.
La DEA, una relación que atraviesa gobiernos
Director de la DEA George Papadopoulos y el entonces Ministro del Interior del Uruguay Nicolas Martinelli
En abril de 2024, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, el entonces ministro del Interior Nicolás Martinelli viajó a Washington y firmó un memorando con la agencia estadounidense. El instrumento contemplaba intercambio de información operativa, análisis conjunto de datos, participación en operaciones coordinadas y cooperación en materia de lavado de activos y flujos financieros ilícitos.
Aquella firma fue presentada como un avance hacia el retorno de una oficina de la DEA a Uruguay. La continuidad institucional y la aproximación a Washington es un proceso de cooperación sostenido bajo administraciones de distinto signo.
En marzo de 2026 se suscribió otro memorando de entendimiento entre Uruguay y la DEA, cuya relevancia fue reconocida posteriormente por el Ministerio del Interior.
El 9 y 10 de abril, Montevideo fue sede de la segunda reunión de coordinación regional de la División Cono Sur de la DEA. Participaron representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos. El encuentro contó con la presencia de Carlos Negro y del director regional de la DEA, Michael Cabral.
En agosto, Uruguay participó de la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), realizada en Buenos Aires, con representantes de organismos policiales de numerosos países. Allí se abordaron rutas del narcotráfico, lavado de activos, intercambio de inteligencia y narcoterrorismo.
El Escudo de las Américas: del narcotráfico a una doctrina hemisférica
El acuerdo uruguayo debe analizarse en el contexto de una transformación más amplia de la política estadounidense hacia América Latina. Durante 2026, la administración de Donald Trump impulsó el denominado Escudo de las Américas, una plataforma de cooperación hemisférica que articula seguridad, economía y coordinación diplomática bajo el liderazgo de Washington.
En abril de 2024, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, el entonces ministro del Interior Nicolás Martinelli viajó a Washington y firmó un memorando con la agencia estadounidense. El instrumento contemplaba intercambio de información operativa, análisis conjunto de datos, participación en operaciones coordinadas y cooperación en materia de lavado de activos y flujos financieros ilícitos.
Aquella firma fue presentada como un avance hacia el retorno de una oficina de la DEA a Uruguay. La continuidad institucional y la aproximación a Washington es un proceso de cooperación sostenido bajo administraciones de distinto signo.
En marzo de 2026 se suscribió otro memorando de entendimiento entre Uruguay y la DEA, cuya relevancia fue reconocida posteriormente por el Ministerio del Interior.
El 9 y 10 de abril, Montevideo fue sede de la segunda reunión de coordinación regional de la División Cono Sur de la DEA. Participaron representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos. El encuentro contó con la presencia de Carlos Negro y del director regional de la DEA, Michael Cabral.
En agosto, Uruguay participó de la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), realizada en Buenos Aires, con representantes de organismos policiales de numerosos países. Allí se abordaron rutas del narcotráfico, lavado de activos, intercambio de inteligencia y narcoterrorismo.
El Escudo de las Américas: del narcotráfico a una doctrina hemisférica
El acuerdo uruguayo debe analizarse en el contexto de una transformación más amplia de la política estadounidense hacia América Latina. Durante 2026, la administración de Donald Trump impulsó el denominado Escudo de las Américas, una plataforma de cooperación hemisférica que articula seguridad, economía y coordinación diplomática bajo el liderazgo de Washington.
El 11 de marzo, representantes de 18 países participaron en una conferencia contra los cárteles realizada en la sede del Comando Sur estadounidense, en Doral, Florida. La declaración conjunta promovió la cooperación en seguridad fronteriza, combate al narcotráfico y narcoterrorismo, y protección de infraestructuras críticas.
El hecho de que la reunión tuviera lugar en una instalación del Comando Sur no es secundario. Expresa la creciente centralidad de las estructuras de defensa estadounidenses en la discusión regional sobre organizaciones criminales, una materia que tradicionalmente corresponde a las autoridades policiales y judiciales.
El 22 de setiembre, Estados Unidos y otros catorce países difundieron una declaración titulada Defending Hemispheric Sovereignty (Defendiendo la soberanía hemisférica).
El documento establece tres pilares. El económico: cooperación en inversiones, protección de cadenas de suministro de minerales críticos y regulación de proveedores de infraestructura digital. El de seguridad: intercambio de inteligencia, tecnologías, capacitación, sanciones y acciones contra organizaciones identificadas como narcoterroristas y por último lo referido a la coordinación multilateral: articulación de posiciones diplomáticas y acciones colectivas frente a amenazas transnacionales.
La declaración fue suscrita por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
Uruguay no figura entre los quince firmantes.Sin embargo, el país está profundizando su cooperación con algunas de las mismas agencias que participan en el diseño de esa estrategia regional. Se está integrándo operativamente a determinadas capacidades de la nueva arquitectura estadounidense sin haber asumido formalmente su declaración política.
Una agenda que excede la lucha contra las drogas
El Escudo de las Américas no se limita al narcotráfico. Incluye minerales críticos, inversiones, infraestructura digital, inteligencia y coordinación diplomática. La incorporación de estos asuntos bajo una misma doctrina de seguridad resulta especialmente significativa para América Latina, una región que concentra recursos naturales, infraestructura portuaria estratégica y cadenas de suministro relevantes para el comercio mundial.
La estrategia estadounidense no opera mediante un único tratado continental. Se despliega a través de declaraciones políticas, convenios bilaterales, programas de asistencia, mecanismos de inteligencia y cooperación con fuerzas policiales y militares. En Panamá, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad informó que la declaración de marzo contemplaba protección de infraestructura crítica, seguridad fronteriza y cooperación contra el narcoterrorismo.
En agosto, Panamá fue sede de una reunión de alto nivel de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), posteriormente destacada por los gobiernos panameño y ecuatoriano.
El antecedente de Colombia merece especial atención. Lo que en su momento fue catalogado casi hasta de conspiranoico, hoy es una realidad irrefutable y sus consecuencias están a la vista. El Plan Colombia, iniciado en 2000, combinó asistencia económica, fortalecimiento institucional y una importante dimensión militar y policial. Su experiencia demostró un índice de mayor militarización, una guerra contra las drogas que fracasó desde el día 1 y el continente más violento del globo.
Cuando los cárteles pasan a ser terroristas y cuando los límites se van corriendo.
Uno de los cambios más profundos de la estrategia estadounidense es la utilización de instrumentos antiterroristas contra organizaciones tradicionalmente investigadas como estructuras de narcotráfico y crimen organizado. El 28 de mayo de 2026, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la designación del Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), ambas organizaciones originarias de Brasil, como terroristas globales especialmente designados.
El 5 de junio, las dos organizaciones fueron incorporadas formalmente a la categoría estadounidense de Foreign Terrorist Organizations (FTO). El cambio tiene consecuencias jurídicas y financieras dentro del sistema estadounidense. El 22 de setiembre fueron catalogadas 24 organizaciones como objetivos prioritarios de la acción conjunta. Entre ellas figuran -adempas del PCC y Comando Vermelho de Brasil- el Tren de Aragua; el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación; el Clan del Golfo colombiano; Los Choneros y Los Lobos de Ecuador; la Mara Salvatrucha; el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC.
Las designaciones permiten aplicar mecanismos de bloqueo patrimonial, restricciones migratorias y persecución de determinadas formas de apoyo material a organizaciones clasificadas como terroristas. El terrorismo suele requerir elementos específicos vinculados con la finalidad de intimidar a una población o coaccionar a autoridades para alcanzar determinados objetivos. El crimen organizado, por su parte, puede utilizar violencia sistemática para controlar mercados ilícitos, asegurar rutas, disciplinar integrantes o proteger ganancias.
Las dos categorías pueden superponerse en determinados hechos, pero no estamos hablando de lo mismo. Cuando Washington decide clasificar organizaciones criminales extranjeras como terroristas, amplía los instrumentos jurídicos disponibles para perseguirlas. Al mismo tiempo, introduce una dimensión de seguridad nacional en conflictos que, bajo otras interpretaciones, serían fundamentalmente policiales y judiciales.
El documento propone congelamiento de activos, restricciones migratorias y medidas penales contra personas que proporcionen conscientemente apoyo material a esas organizaciones, siempre dentro de las obligaciones jurídicas aplicables a cada Estado.
La declaración del Escudo incorpora una disposición particularmente significativa: propone solicitar una reunión de consulta en el ámbito de la OEA para considerar acciones colectivas contra organizaciones narcoterroristas utilizando mecanismos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Este tratado, concebido originalmente como un instrumento de seguridad colectiva entre Estados americanos, aparece así vinculado a una amenaza criminal transnacional.
La consecuencia potencial es un desplazamiento conceptual: del delito organizado hacia la seguridad hemisférica colectiva. Ergo pérdida de soberanía ante la amenaza latente y constante de una posible intromisión con el pretexto de combatir una organización terrorista.
A buena hidrovía llegamos
La información divulgada por la Embajada estadounidense permite identificar con mayor precisión dónde se concentrará la cooperación con Uruguay. En las conversaciones con periodistas del 21 de octubre, Chris Andino y Adam Weise, funcionario de la INL, señalaron dos grandes prioridades: los circuitos logísticos utilizados por el narcotráfico y el seguimiento de sus ganancias. El puerto de Montevideo, la Hidrovía Paraná-Paraguay, los bancos, los movimientos financieros internacionales y las criptomonedas aparecen como áreas de interés.
La consecuencia potencial es un desplazamiento conceptual: del delito organizado hacia la seguridad hemisférica colectiva. Ergo pérdida de soberanía ante la amenaza latente y constante de una posible intromisión con el pretexto de combatir una organización terrorista.
A buena hidrovía llegamos
La información divulgada por la Embajada estadounidense permite identificar con mayor precisión dónde se concentrará la cooperación con Uruguay. En las conversaciones con periodistas del 21 de octubre, Chris Andino y Adam Weise, funcionario de la INL, señalaron dos grandes prioridades: los circuitos logísticos utilizados por el narcotráfico y el seguimiento de sus ganancias. El puerto de Montevideo, la Hidrovía Paraná-Paraguay, los bancos, los movimientos financieros internacionales y las criptomonedas aparecen como áreas de interés.
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Andino reconoció, además, que buena parte de la droga que atraviesa Uruguay tiene como destino Europa o Asia, no Estados Unidos. A pesar de ello, Washington considera que las conexiones financieras de esas operaciones pueden afectar sus intereses y los de sus aliados. La Embajada también planteó la posibilidad de modernizar herramientas legales para facilitar el intercambio de información digital, desarrollar investigaciones y mejorar la coordinación entre organismos públicos.
Por tanto, la asistencia puede tener consecuencias en tres ámbitos estratégicos: la infraestructura portuaria, el sistema de inteligencia financiera y las capacidades de investigación del Estado.
Pluridependencia
Estados Unidos dispone de recursos técnicos, financieros y de inteligencia muy superiores a los uruguayos. El riesgo no está en recibir tecnología, sino en carecer de autonomía para administrarla, auditarla o sustituirla. El intercambio de inteligencia es uno de los aspectos más sensibles. Una investigación desarrollada por autoridades uruguayas puede producir información relevante para procedimientos judiciales estadounidenses, sanciones financieras o solicitudes de extradición.
Aún no hay límites claros respecto de los datos personales, la reserva de investigaciones, las autorizaciones judiciales y la utilización posterior de información compartida. La lucha contra el narcotráfico puede requerir vigilancia marítima, control fronterizo y coordinación internacional. Ampliar la participación militar en seguridad interior plantea interrogantes constitucionales, operativos y democráticos que dan vuelta varios manuales republicanos.![]()
La experiencia latinoamericana demuestra que la militarización del combate al crimen organizado no garantiza por sí misma una reducción sostenible de la violencia. La discusión sobre el acuerdo corre el riesgo de quedar reducida a una oposición simplista entre quienes defienden la cooperación con Estados Unidos y quienes la cuestionan. El problema es bastante más profundo.
Uruguay necesita capacidades de investigación financiera, control portuario, cooperación judicial y persecución de redes internacionales. La dimensión transnacional del narcotráfico hace imposible una respuesta exclusivamente doméstica.
De igual manera, si la efectividad de esa cooperación está supeditada a intereses y necesidades ajenas. Si más que reciprocidad y cooperación, estamos hablando de una imposición unilateral camuflada como acuerdo. Porque ninguno de los países que adscriben al Escudo de las Américas u otro acuerdo, ponen encima de la mesa las condiciones o las prerrogativas operativas.
Quien define los conceptos, los objetivos y las condiciones: limita la capacidad de su contraparte en su autodeterminación y desarrollo.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
Andino reconoció, además, que buena parte de la droga que atraviesa Uruguay tiene como destino Europa o Asia, no Estados Unidos. A pesar de ello, Washington considera que las conexiones financieras de esas operaciones pueden afectar sus intereses y los de sus aliados. La Embajada también planteó la posibilidad de modernizar herramientas legales para facilitar el intercambio de información digital, desarrollar investigaciones y mejorar la coordinación entre organismos públicos.
Por tanto, la asistencia puede tener consecuencias en tres ámbitos estratégicos: la infraestructura portuaria, el sistema de inteligencia financiera y las capacidades de investigación del Estado.
Pluridependencia
Estados Unidos dispone de recursos técnicos, financieros y de inteligencia muy superiores a los uruguayos. El riesgo no está en recibir tecnología, sino en carecer de autonomía para administrarla, auditarla o sustituirla. El intercambio de inteligencia es uno de los aspectos más sensibles. Una investigación desarrollada por autoridades uruguayas puede producir información relevante para procedimientos judiciales estadounidenses, sanciones financieras o solicitudes de extradición.
Aún no hay límites claros respecto de los datos personales, la reserva de investigaciones, las autorizaciones judiciales y la utilización posterior de información compartida. La lucha contra el narcotráfico puede requerir vigilancia marítima, control fronterizo y coordinación internacional. Ampliar la participación militar en seguridad interior plantea interrogantes constitucionales, operativos y democráticos que dan vuelta varios manuales republicanos.
La experiencia latinoamericana demuestra que la militarización del combate al crimen organizado no garantiza por sí misma una reducción sostenible de la violencia. La discusión sobre el acuerdo corre el riesgo de quedar reducida a una oposición simplista entre quienes defienden la cooperación con Estados Unidos y quienes la cuestionan. El problema es bastante más profundo.
Uruguay necesita capacidades de investigación financiera, control portuario, cooperación judicial y persecución de redes internacionales. La dimensión transnacional del narcotráfico hace imposible una respuesta exclusivamente doméstica.
De igual manera, si la efectividad de esa cooperación está supeditada a intereses y necesidades ajenas. Si más que reciprocidad y cooperación, estamos hablando de una imposición unilateral camuflada como acuerdo. Porque ninguno de los países que adscriben al Escudo de las Américas u otro acuerdo, ponen encima de la mesa las condiciones o las prerrogativas operativas.
Quien define los conceptos, los objetivos y las condiciones: limita la capacidad de su contraparte en su autodeterminación y desarrollo.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
