Crudos intereses
Por Raúl Dellatorre
La pulverización de las funciones de planificación y control estatal sobre las inversiones y la actividad hidrocarburífera privada en general, dispuesta en la última semana por decreto del Ejecutivo, no es necesaria ni estrictamente el fin de la soberanía petrolera, pero hay razones como para temer ese desenlace. El bisturí desestatizador del gobierno de Mauricio Macri pasó por el cuerpo del reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera del año 2012, disolviendo tanto la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica, como sus funciones principales. Pero no tocó, por ahora, la norma que declara de interés público nacional “el logro del autoabastecimiento, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”, sancionada en el artículo 1º de la ley 26.741 (mayo de 2012), ni los “Principios de la política hidrocarburífera” del país, recitados en el artículo 3º de la misma ley. Sin embargo, se va conformando un ambiente poco propicio para el cumplimiento de esos objetivos.