31 mar 2015

Nuevos testigos de las fiestas sexuales de agentes de la DEA pagadas por narcos

“Romper el hielo”. Con ese argumento justificó un testigo la realización de parrandas pagadas por narcotraficantes a agentes de la DEA y a abogados norteamericanos, italianos e ingleses, en las que abundaban el licor y la presencia de prostitutas.

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Según el testigo, que tuvo acceso a varios de esos encuentros y que pidió su reserva por seguridad, las fiestas se extendían por varios días y no solo se hacían en las casas de los agentes pagadas con fondos oficiales del gobierno de Estados Unidos, sino que se organizaron en fincas, restaurantes y hasta reconocidas discotecas que fueron cerradas para atender a los invitados de los narcotraficantes que exploraban la posibilidad de entregarse a la justicia de EE. UU. (Lea: Así pillaron las fiestas sexuales de los agentes de la DEA en Colombia)
EL TIEMPO ubicó a personas cercanas a los jefes paramilitares que se entregaron en el marco del proceso de paz con las Auc y que fueron extraditados a Estados Unidos en marzo del 2008, y señalaron que desde la desmovilización ya era común que se hicieran ‘atenciones’ a agentes federales y abogados que negociaban la entrega de nacionales a la justicia estadounidense.
“Se hicieron fiestas en fincas cercanas a ‘Santa Fe de relajito’, como se le decía. Se hacía como una atención a los visitantes en las que, por supuesto, había nenas, licor y, en muchas ocasiones, droga”, relató una fuente tras señalar que algunas de las parrandas se hicieron en Caucasia y en lujosas fincas del bajo Cauca antioqueño.
El escándalo sexual que sacudió esta semana a la DEA, una de las agencias más respetadas de Estados Unidos y el mundo, fue revelado en un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (OIG). En el documento de más de 100 páginas están las declaraciones de varios policías colombianos que acusaron a una decena de agentes sobre sus comprometedores comportamientos en el país y las confesiones de varios de los investigados.
El reporte oficial señala que los enredados en el escándalo sexual son un asistente de director regional, un agente especial encargado, seis agentes especiales supervisores y dos agentes especiales, todos ellos con amplia experiencia de campo en la lucha contra el narcotráfico.
El caso contra los agentes se inició por una investigación interna de la DEA entre el 2009 y el 2010 y allí se estableció que varios de ellos, además de asistir a las parrandas financiadas con plata del narcotráfico, recibieron “costosos regalos, armas y hasta dinero de los carteles de la droga”. Siete de los investigados reconocieron sus escapadas sexuales, pero negaron que supieran que las fiestas fueran pagadas por narcos.
La OIG cuestionó que los agentes, por su preparación, tenían que sospechar de dónde salía el dinero de las fiestas y que además pusieron en riesgo su misión con su comportamiento, pues en su poder tenían computadores y demás equipos con información clave para su trabajo en el país.
Fuentes consultadas por este diario señalaron que varios abogados extranjeros y agentes que llegaron al país entre 2005 y 2009 fueron trasladados en vuelos privados y carros de alta gama a las reuniones en las que eran esperados inicialmente por emisarios de los narcotraficantes, quienes tenían la orden de “satisfacer todos los deseos y peticiones de sus invitados”.
“Los agentes buscaban contactos en el país y eso implicaba tener reuniones con fuentes que conocieran el negocio de la droga y que pudieran entregar información para sus investigaciones. Eso permitía que, a través de enlaces, se les hicieran invitaciones y después de asistir a la primera fiesta ya no faltaban a las siguientes parrandas”, dijo la fuente.
Señaló que en las fiestas, los narcos no solo exploraban la posibilidad de beneficios judiciales por colaboración, sino que de paso conseguían información sobre qué tan grande estaba el dossier contra ellos en Estados Unidos.
“En medio de los brindis y de la fiesta, la gente se iba relajando y era más fácil empezar a preguntar qué tan mal estaba el patrón en los Estados Unidos, qué tan empapelado estaba, y eso permitía hacer cálculos de qué tanto había que colaborar y qué tanto había que entregar en plata y rutas para conseguir un acuerdo favorable”, afirmó el testigo.
Aunque en el informe de la OIG no hay nombres de los capos que supuestamente financiaban las fiestas sexuales de los agentes, que recibieron como sanción una suspensión de sus cargos entre dos y diez días, la fuente señala que algunos de los que usaron esa estrategia fueron Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera conocidos como ‘los Mellizos’.
Uno de los que más promovieron esos encuentros y les vendieron a los demás capos la idea de los beneficios que lograrían con esas atenciones a los agentes, dice la fuente, fue Víctor Manuel Mejía, quien terminó muerto en un operativo de la Policía entre Tarazá y Caucasia, bajo Cauca antioqueño, en 2008. ‘El Mellizo’ hizo agasajos en fincas cercanas a Medellín, Copacabana y en la Costa Caribe.
Aunque ‘Macaco’, otro de los narcoparamilitares señalado de organizar esas fiestas y participar activamente terminó extraditado a EE. UU. y condenado a más de 30 años de cárcel por concierto para delinquir y narcotráfico, algunos de sus hombres, señalan testigos, habrían logrado acordar su entrega, y luego de un proceso de colaboración, ya pagaron su pena y regresaron al país.
“No todo el mundo coronó, algunos gastaron millones de pesos y trago, y finalmente no se concretó”, afirman fuentes.
Igualmente, aseguran que a los agentes y abogados no les gustaba el ambiente y el clima de Bogotá por lo que en la capital del país se habrían realizado solo algunas reuniones de acercamiento para luego hacer las invitaciones a las rumbas en otras regiones. “Se buscaban sitios cálidos, con bonito paisaje y piscina para que los invitados se sintieran como reyes”, sostiene la fuente.
En esos encuentros preliminares, los encargados de la logística de las fiestas, que tenían contactos en el mundo de la rumba dura del país, exploraban los gustos de los agentes. “Esa era gente especializada, y conseguían lo que el invitado quería: qué trago le gustaba, qué tipo de mujer prefería y se le conseguía”, dice el testigo.
Escándalo en Cumbre de las Américas
Las rumbas de los agentes del Servicio Secreto, quienes integraban el esquema de seguridad del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con prostitutas en Cartagena en 2012, fue la primera alarma que puso ‘bajo la lupa’ el comportamiento de los miembros de los distintos organismos de seguridad de EE. UU. en el país. Durante la visita del mandatario estadounidense en la Cumbre de las Américas quedó en evidencia que los uniformados llevaron prostitutas a sus habitaciones de hotel en el corralito del piedra antes de la llegada de Obama. (Lea: Escándalo sexual en Cartagena vuelve a tocar a la Casa Blanca)
El hecho generó un escándalo de tamañas proporciones que motivó la salida de algunos agentes y la sanción para otros. Incluso, tras comprobarse los hechos, el director del Servicio Secreto, Marck Sullivan, pidió disculpas públicas por los bochornosos actos.

Las rumbas pueden ir hasta las siete de la mañana

Cindy* trabaja en un burdel estrato seis en Bogotá que suele ser frecuentado por extranjeros, entre ellos agentes de la DEA que trabajan en Colombia. Es una de las tres mujeres que SEMANA logró entrevistar y que han estado presentes en varias de las polémicas fiestas sexuales organizadas por los estadounidenses y relatadas la semana pasada en un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos (OIG).
Aunque por temor no dio su verdadero nombre y prefiere ocultar su rostro, su testimonio, al igual que otros que SEMANA recolectó, es revelador y cuenta detalles de cómo desde hace varios años complacen los deseos de los hombres de la agencia antidrogas y cómo suelen organizarse los encuentros y fiestas con ellos.
Lleva tres años ofreciendo sus servicios en un lujoso burdel en Bogotá y confiesa que la mayoría de sus clientes son extranjeros. No hay semana en la que por lo menos uno de ellos no visite a las ‘damas de compañía’. Para Cindy y sus compañeras darse cuenta de que muchos de estos hombres son más que simples turistas no es tan difícil como podría pensarse. Según dice, muchos de sus clientes son de la DEA u otras agencias estadounidenses. “Por lo general se hacen pasar por turistas, pero poco a poco y a medida que entran en confianza le van contando a uno ciertas cositas, por lo general ayudados por los tragos”.
Los agentes suelen ir en grupos hasta el burdel, en ocasiones se quedan allí, pero en muchas otras salen con las chicas a hoteles o apartamentos. Cada encuentro cuesta 500.000 pesos y si se pasa de una hora la tarifa va subiendo. Cuando Cindy y sus amigas están seguras de que su cliente es un agente, el precio ya no es el mismo, “ya les cuesta un millón o un millón y medio de pesos”. Ellos no ponen problema, cancelan en dólares y solo les piden una cosa: total discreción.
Algunas veces los agentes no se conforman con un encuentro y arman una gran parranda en apartamentos que alquilan en lugares discretos. La rumba puede durar hasta el amanecer o irse de largo, tipo seis o siete de la noche del otro día. Siempre hay mucho licor y en ocasiones drogas, “no tienen problema en consumir delante de nosotras. Actúan como si nada”, dice. Alquilar fincas en otras ciudades también es un plan habitual, pero tratan de cuidarse mucho y divertirse sin hacer ruido exagerado, ya que no les convienen los escándalos y prefieren pasar desapercibidos.
Sin embargo, Cindy asegura que ha habido momentos en los que la palabra discreción ha quedado de lado y las han maltratado, “se pueden poner agresivos cuando se pasan con el licor o cuando consumen mucha droga”. Pero como son conscientes que esto aunque no es regla puede llegar a ocurrir, su estrategia es nunca ir solas a estas fiestas y hay dos razones por las que están convencidas de eso: la primera es que si se forma un problema, entre todas es más fácil calmarlos y tener la situación bajo control; la segunda es que a veces van armados y tienen que ser precavidas para evitar un ‘accidente’.
Cuando ya hay mucha confianza entre las mujeres y los agentes, estos suelen llamarlas directamente a sus celulares y agendar encuentros sin intermediación del burdel. Al saber de su condición de oficiales norteamericanos ellas se limitan a cobrar una tarifa más alta. “Se cuidan mucho de no decirnos que son parte del gobierno estadounidense pero siempre terminamos dándonos cuenta, aun así tratamos de no meternos en ese cuento y averiguar lo menos posible, por simple precaución”.
Cindy ya tiene claro cómo hablarles, cómo tratarlos, cómo complacerlos, incluso cuando le han solicitado realizar orgías. Y aunque los encuentros no tienen un día fijo, de lo que sí tiene certeza es que los agentes siempre vuelven.

Director de Inteligencia Naval de Chile reconoce espionaje contra Perú

Después de que se hiciera público el espionaje de marinos peruanos en favor de Chile, la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, y otras autoridades de alto nivel, han asegurado que su país no promueve acciones de espionaje. Sin embargo, el director de Inteligencia Naval de Chile, Óscar Aranda, reconoce en una conversación que se espió a Perú tras la demanda por límites marítimos interpuesta en la Corte de la Haya.


Documentos obtenidos por el diario Exitosa revelan una conversación entre Aranda y el director de Inteligencia de la Armada peruana, el Contralmirante Raúl Robles. Ambos buscaban reunirse para tratar el tema de espionaje, después de que se hizo público.
En el diálogo que se mantuvo vía Whatsapp, Robles le pide al chileno que revele los nombres de los espías peruanos, a lo que Aranda responde: “No me pidas eso. Sabes que no puedo. Podría hacer algo a futuro. Pero piensa las fechas. Son cosas que heredé”.
Robles vuelve a pedir pruebas de los marinos peruanos que intervinieron, y Aranda señala que “solo es Philco. Los otros dos son ‘mercenarios de la info’, la vendían a cualquier. Y los desechamos porque sospechamos”, en referencia a Domínguez y Gonzáles. “¡Oye, nos estaban demandando! Jajajajaja ¿qué querían que hiciéramos?”, agrega.
Después, ambos continúan la conversación de modo que se pueda concretar un encuentro, y fijan un lugar podría ser Tacna.
UNA REVELACIÓN SIN SORPRESAS PARA PERÚ
Para el intercionalista Ernesto Velit esta información no debe haber generado mucha sorpresa al gobierno peruano debido a que este ya estaba al tanto del caso de espionaje .
“Quien lo niega es el gobierno de Chile pero el Perú tenía pruebas para confirmar ese espionaje. Incluso los militares comprometidos confesaron hasta el nombre de los militares chilenos encargados de recabar la información que transimitían”, dijo en conversación con Canal N.
Asimismo señaló que la revelación el gobierno peruano demandaría una respuesta al país sureño.
“Ahora le daremos carácter de protesta diplomatica que es lo que se estila en estas situaciones (…) Chile tendrá que aceptar que el espionaje existió y tendrá que dar una respuesta que satisfaga las justificadas exigencias del gobierno de Perú”, finalizó.
Hasta hoy, el gobierno de Perú espera una respuesta de Chile sobre el caso, la misma que permita fortalecer la relación entre ambos países.

Investigación por corrupción: la Justicia cita a 71 diputados de la gestión Martinelli

La semana pasada la fiscal anticorrupción, Vilka Broce, llamó a indagar al exministro de Obras Públicas, José Federico Suárez. Previamente, lo hizo con la exviceministra de la Presidencia María Fábrega, quien ya rindió indagatoria; también llamó a Marta Susana de Varela, pero las acciones del Ministerio Público no quedan allí: ahora, le toca a los 71 diputados de la administración Ricardo Martinelli.

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La fiscal cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, dispuso compulsar una copia íntegra del expediente a la Corte Suprema a objeto de que se investigue la posible comisión de delitos que hayan incurrido los 71 diputados que conformaron la Asamblea Nacional de julio 2009 a junio de 2014.
Los diputados, por medio del PAN, en el quinquenio pasado, compraron $62.3 millones en bolsas de comida (Ver la lista completa). Esto según el expediente de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.
A juicio de la fiscal Morcillo, a los diputados se les visualiza como posibles autores de la comisión de delitos contra la administración pública, que presuntamente perpetraron actos que pudieran transgredir la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y el Código Penal, para así procurarse ‘importantes beneficios económicos’.
La Fiscalía maneja información proporcionada por el PAN de que en un día se compraba un aproximado de 15 mil bolsas, por un monto de $99,000, por contratos de dos mil a tres mil unidades. Dichas compras eran efectuadas a los mismos proveedores.
El PAN, durante el periodo enero- abril 2014, pleno proceso electoral, adquirió un total 2,231,810 bolsas de comida por un costo que rondaba los $25.
LA OPERACIÓN
Los diputados ya tenían sus proveedores seleccionados. El exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén, explicó a la Fiscal, el 29 de enero, (entre otras cosas): ‘Cada vez que me llamaban yo procedía a comprar las bolsas que me decían o me daba la instrucción el señor Adolfo De Obarrio para las compras de las bolsas de comida para ser distribuidas a los distintos diputados, alcaldes y representantes’.
Siguió relatando Guardia, quien está detenido en El Renacer, que ‘estas instrucciones eran impartidas cada vez que la bodega se quedaba sin mercancía y, cuando me hacían la solicitud para los diputados, alcaldes y representantes, tenía que llamar a De Obarrio para que me diera instrucción a quién tenía que comprarle la bolsas de comida’. Una vez impartidas las instrucciones procedía a llamar a los proveedores.
El 2 de febrero, al ampliar su declaración indagatoria, Guardia Jaén sostuvo: ‘… Las empresas venían recomendadas por los distintos diputados y con sus diferentes partidas circuitales; eso era solo seguir instrucciones…’.
El exdirector del PAN, dijo que no todos los proveedores participaban en los procesos de adjudicación… ‘era decisión de los diputados’.
Según consta en el expediente de 61 tomos, iniciado en el 2014, y al que tuvo acceso La Estrella de Panamá , la Fiscalía Cuarta Anticorrupción ha podido establecer que existen testimonios y documentación que dan cuenta de que los delitos contra la Administración Pública, gravitan sobre conductas desplegadas por miembros de la Asamblea Nacional.
LAS IRREGULARIDADES
Los hechos denunciados revelan que en el PAN, para los años 2010 a 2014, se llevó a cabo el proyecto relacionado a la adquisición de bolsas de comida, en que -dice Morcillo-, se dieron manejos irregulares en la invitación, selección y adjudicación de las empresas proveedoras, que pudieron ocasionar una grave lesión patrimonial al Estado.
En el expediente se establece que ha quedado sentado que ‘no solo los funcionarios del PAN y empresarios, sino también diputados tuvieron injerencias o formaron parte de los actos que provocaron las anomalías’.
Dos de los empresarios que eran beneficiados con la mayoría de los contratos del PAN para bolsas de comida fueron Juan Carlos Marciaga y Carlos Araúz. Afirmaron que los diputados recibieron las bolsas de comida que fueron gestionadas por el PAN.
Ahora, la Corte Suprema de Justicia definirá si hay o no méritos para investigar a los diputados señalados.
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DECISIÓN DE LOS DIPUTADOS
El PAN manejaba la cuenta de Promoción Cultura y Deportes.
Los diputados solicitaban al PAN la cantidad de bolsas de comida que necesitaban.
Cada uno de los diputados tenía su proveedor seleccionado y el PAN solo tenía que ejecutar las órdenes.

30 mar 2015

PARAGUAY:Corte dice que demandas civiles por casos de la dictadura sí prescriben


La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dice que las demandas civiles, por las torturas en la dictadura stronista, prescriben a los dos años, mientras que las acciones penales contra los autores de los delitos son imprescriptibles.





Ministros. Alicia Pucheta y José Raúl Torres votaron a favor del plazo de prescripción.

Ministros de la Sala Civil sientan un precedente. Alegan que las acciones penales contra los autores de torturas y vejámenes, son imprescriptibles. Acción contra Estado era por la suma de G. 1.448.627.952.

Por Raúl Ramírez Bogado
rramirez@uhora.com.py

Esto, al confirmar en forma unánime la resolución del Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Segunda Sala, que admitió la prescripción de una acción hecha contra el Estado Paraguayo por una víctima de la dictadura stronista por la suma de G. 1.448.627.952.

La resolución fue dictada por los ministros José Raúl Torres Kirmser, Miguel Óscar Bajac y Alicia Pucheta de Correa, que integraron la Sala Civil del Máximo Tribunal.

Con ello, sientan un precedente sobre el tema, debido a la cantidad de acciones similares que existen en contra del Estado paraguayo.

ACCIÓN. En este caso, Lucas Romero Ramos, representado por la abogada Solange García, había demandado al Estado paraguayo por las torturas y vejámenes que recibió durante la dictadura del general Alfredo Stroessner.

Según el relato de los hechos, las torturas del accionante concluyeron en 1975, antes de la extinción del citado sistema político. El demandante reclamó como indemnización la suma de G. 696.455.760, pero que con los intereses suman más de G. 1.448 millones.

La Procuraduría General planteó las excepciones de falta de acción pasiva (que no tenía derecho a pedir) y de prescripción en contra el progreso de la acción, debido a que a la fecha de inicio de la demanda ya prescribió el plazo de 2 años que tenía para iniciar el reclamo.

El juez Civil y Comercial del Duodécimo Turno, Enrique Mongelós, rechazó las defensas del Estado, el 29 de agosto de 2012. Esto fue apelado y el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Segunda Sala, revocó el fallo y admitió la excepción de prescripción.

LA CORTE. Esta última resolución fue apelada ante la Sala Civil de la Corte. La abogada de Lucas Romero Ramos señala que la Carta Magna declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. El representante del Estado solicitó ratificar el fallo.

Los ministros, al examinar el caso, dicen que el Código Civil refiere que el plazo para iniciar una acción de indemnización por hechos ilícitos prescribe a los dos años.

Apuntan que la imprescriptibilidad que habla la Ley Suprema son para perseguir penalmente a los responsables.

También analiza que el Código Procesal Penal amplía esta norma y da una posibilidad de que se persiga vía acción civil en lo Penal, por dos años, pero esta ley no se aplica al caso, ya que rige desde 1998. Con ello, ratifica el fallo de segunda instancia y prescribe la acción.

http://www.ultimahora.com/corte-dice-que-demandas-civiles-casos-la-dictadura-si-prescriben-n883822.html

Expreso de Guantánamo iniciará huelga de hambre frente a Embajada de EEUU

Uruguay

Uno de los exreclusos de Guantánamo, el sirio Abu Wael Dihab, quien mientras estaba en prisión realizó durante dos años una huelga de hambre hasta que un juez obligó a que lo alimentaran por la fuerza, prevé sentarse frente a la embajada de Estados Unidos en Montevideo y realizar una nueva huelga de hambre.


REFUGIADO
INSURGENTE.ORG – Uno de los exreclusos de Guantánamo, el sirio Abu Wael Dihab, quien mientras estaba en prisión realizó durante dos años una huelga de hambre hasta que un juez obligó a que lo alimentaran por la fuerza, prevé sentarse frente a la embajada de Estados Unidos en Montevideo y realizar una nueva huelga de hambre.
Según informó el sirio en un reportaje con el Washington Post ha comenzado una campaña de rechazo y no acepta los US$600 que el gobierno le brinda por mes, dejó de realizar las consultas médicas pese a sus problemas de salud y prevé que, en un par de semanas, cuando se le acaben los tomates, pepinos y papas que come comenzará una huelga de hambre. ”Cuando se acaben, empezaré la huelga de hambre”, dijo al diario estadounidense. “Iré y me sentaré frente a la Embajada de Estados Unidos”, agregó.
El sirio siente que ha sido traicionado en las promesas que le realizaron y reclama que se le otorgue una casa propia y que su familia sea traída de Siria además de suficiente dinero para vivir con dignidad y comenzar un negocio, según consigna el Washington Post. ”¿Quién es el culpable de que mi esposa y yo vivamos en el infierno?”, preguntó Dhiab al tiempo que respondió: “Estados Unidos”.
Abu Wa’el Dhiab es uno de los seis exdetenidos de Guantánamo que hoy están refugiados en Uruguay. Tiene 43 años y es sirio.
Tenía cuatro hijos pero uno murió en la guerra que promovió EEUU en Siria.
Hoy su familia está en Turquía pero vivió en Siria, emigró a Afganistán y en agosto de 2001 se instaló en Pakistán.
Ahí fue detenido y “acusado” de integrar células terroristas de Al Qaeda. No había pruebas ni se presentaron cargos en su contra.
En 2009 el gobierno norteamericano aceptó su liberación pero debió esperar otros tres años para abandonar la cárcel.
Su abogada confirmó que el estado de salud de Abu Wa’el Dhiab es delicado.
Sufre de dolores de espalda algo que ya tenía antes de ingresar a Guantánamo, de hecho llegó de allí en silla de ruedas y se movió en ella por varios días.  Además Abu Wa’el Dhiab estuvo casi dos años en huelga de hambre y varios meses de forma ininterrumpida.
Hasta que un juez obligó a que lo alimentaran por la fuerza.
Así los guardias de Guantánamo aplicaron una técnica para que comiera a través de una sonda. Todo fue registrado en varios videos.
Su abogada, Cori Crider contó en ese entonces que luego de ver tres videos de ese tipo no pudo dormir. Le metían sondas por la nariz con alimento, Abu Wa’el Dhiab  gritaba, sangraba y se retorcía del dolor. Esa práctica duraba 10 horas todos los días.
Finalmente otra  jueza decretó suspender esa medida y ante un pedido de varios medios norteamericanos y The Guardian obligó al gobierno de Estados Unidos a difundir más de 20 videos que registraban cómo torturaban y obligaban a Abu Wa’el Dhiab a comer. Las imágenes aún no son públicas, porque el gobierno de Barack Obama interpuso un recurso jurídico para no difundir esos videos por miedo a las reacciones terroristas.  Pero el rapero Yasiin Bey aceptó someterse al mismo tratamiento para el diario británico The Guardian y demostrar así la brutalidad del procedimiento:
https://youtu.be/4hQ5xz_5to4