El impacto del programa económico en la actividad, el empleo y la equidad distributiva
La destrucción del capital social y productivo del plan Milei-Caputo
Por Federico Glodowsky*
11 de mayo de 2025
La estrategia oficial se concentra en generar incentivos para reanudar el carry trade.. Imagen: Guadalupe Lombardo
En el mejor de los casos, al final de su mandato La Libertad Avanza habrá generado una reducción de la inflación a costa de la desindustrialización. En el peor de los casos, una desindustrialización con estanflación. El programa macroeconómico del gobierno para generar una baja acelerada de la inflación en detrimento de la actividad, el empleo y la equidad distributiva empieza a mostrar sus consecuencias estructurales.
La Libertad Avanza está logrando que la larga letanía industrial de los '90 se repita en un lapso más acotado. El atraso cambiario sostenido con endeudamiento privado ante la evidente carencia de divisas castiga una vez más el desarrollo económico. Los dólares que se acumularon considerablemente en el BCRA luego de la devaluación del año pasado se esfumaron rápidamente por la estrategia de apreciar el peso para contener la inflación.
La apreciación cambiaria tiene 3 efectos principales: encarece la producción local frente al resto del mundo, provocando una pérdida de competitividad en el precio de las exportaciones, abarata bienes y servicios del exterior, por lo que veranear afuera es relativamente más barato que hacerlo localmente y la importación se vuelve más conveniente que la producción nacional.
El Coeficiente de Industrialización muestra el peso relativo del PBI Industrial en el PBI total. En 2023 se había alcanzado el punto más alto en 15 años, 19,4 por ciento. Sin embargo, el año pasado cayó al 18,1, el nivel más bajo registrado desde el 2020. La destrucción del capital y del entramado productivo avanza de la mano de la represión salarial, condición necesaria del modelo para bajar la inflación a través de la depresión del consumo interno.
En el primer año de Menem, la industria manufacturera cayó un 5,4 por ciento y la inversión un 9,9 por ciento. En el primer año de Milei la industria cayó un 9,2 por ciento (superando también el -7,4 por ciento del 2001) y la inversión cayó un 17,4 por ciento (superando el -15 por ciento del 2001)
El día previo a la hiper devaluación de Milei, el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) que mide la competitividad de la moneda era de 74.47 puntos (100 es el óptimo), el nivel más apreciado del gobierno de Alberto Fernández. El 13 de diciembre de 2023 el Índice saltaría a 161.33 puntos. Hoy, a pesar de la devaluación soft impuesta por el FMI, el ITCRM ronda el mismo nivel que en diciembre del 2023. Es curioso que antes de asumir el poder, todos los funcionarios libertarios vieran el atraso cambiario ajeno, pero hoy finjan demencia con el propio.
Capital social
Los datos del SIPA muestran que en 2024 se perdieron un total de 105.127 empleos formales en el sector privado. De acuerdo con los datos de la SRT, a fines del 2023 había 49.722 unidades productivas en la industria manufacturera que empleaban a 1.215.614 de trabajadores, un año más tarde, en diciembre de 2024 había 1.057 empresas industriales menos y se habían destruido 28.646 puestos de trabajo directos en el sector que mayores eslabonamientos productivos genera.
La desocupación no tuvo un salto abrupto en 2024 porque la caída en el poder adquisitivo y la destrucción de puestos de trabajo de calidad fue complementada y absorbida respectivamente por las economías de plataforma. Mientras que el empleo asalariado cayó en 182 mil trabajadores, el trabajo de autónomos y monotributistas creció en 43 mil personas.
Sin embargo, existe un punto de saturación que tarde o temprano se alcanzará por la propia dinámica de la crisis. Las economías de plataforma operan en la órbita del mercado interno y no podrán eludir el descenso en el poder adquisitivo de la mayoría de la población. En suma, el encarecimiento de la producción exportable va a provocar que las empresas más grandes y con más espalda que venían resistiendo la crisis se vean obligadas reducir costos y a despedir una mayor cantidad trabajadores.
Como síntoma del deterioro en el mercado laboral, a fines del 2024 la participación de los asalariados en el Ingreso Nacional cayó del 45,5 al 44,1 por ciento. Pero no solo perdieron los asalariados, sino también la rentabilidad empresarial, que cayó del 43,2 al 42,7 por ciento. Mientras la Industria pasó de explicar el 19,4 por ciento del Valor Agregado total en 2023 al 18,1 por ciento en 2024, la Intermediación Financiera creció del 1,9 al 4,2 por ciento, fruto de un modelo que fomenta la valorización financiera.
Endeudamiento forzado
En 2024, las empresas emitieron Obligaciones Negociables por un total de 10.106 millones de dólares, un 494% más que en 2023, con un total de 1.700 millones de dólares. Sin embargo, ese incremento en la deuda privada no se tradujo en inversiones en la economía real. En cambio, fue el influjo necesario para mantener una paridad cambiaria ficticia. A YPF le corresponde el 17% del total emitido, 1.668 millones de dólares, al igual que con la última dictadura, el Estado utiliza a sus controladas para abastecer de dólares al mercado.
Las empresas ingresaron esos dólares a través del Mercado Único y Libre de Cambios (ahora desregulado para el ingreso de capitales golondrina del exterior) y usaron su contraparte en pesos para compensar la caída en las ventas y para pagar gastos corrientes, pero no para aumentar sus saldos exportables. Ahora, cuando hay que pagar vencimientos, esos dólares ya no están y muchas atraviesan dificultades financieras.
El modelo económico de La Libertad Avanza preveía una primera etapa de apreciación cambiaria que ordenara la macroeconomía y se generara un incentivo inversor en sectores dónde Argentina tiene ventajas comparativas estáticas, como el hidrocarburífero. Pero no sólo esa deuda no se tradujo en un aumento de las inversiones, sino que el precio del crudo se desplomó luego del 2 de abril por la política arancelaria de Trump y el miedo a la recesión global. Peripecias de apostar a una matriz exportadora primarizada.
La estructura exportadora también muestra síntomas de reprimarización a la vez que las Manufacturas de Origen Industrial como porcentaje del total exportado en 2024, cayeron del 31 al 28 por ciento, mientras que las exportaciones de Combustible y Energía ya representan 3 veces más de lo que representaban hace casi 10 años, tanto por su menor utilización local como por el aumento de las inversiones en un sector que es capital intensivo pero que genera pocos puestos de trabajo y valor agregado.
El año pasado, la inversión en la economía real cayó un 17,4 por ciento respecto al 2023 y pasó de representar el 21,2 por ciento del PBI al 17,8 por ciento. En el desagregado, la mayor caída se la llevó Construcciones, que por el freno en la obra pública (y privada) se desplomó un 24,1 por ciento.
Capital productivo
La crisis productiva es extensiva y abarca gran cantidad de sectores. Por la caída en la construcción, Ladrillos Olavarría S.A. echó a sus 65 empleados, la empresa de cerámicas Cerro Negro decidió cerrar una línea de producción despidiendo a 70 personas, la fábrica de bolsas industriales FABI, también ubicada en Olavarría, cerró sus puertas tras 65 años dejando a 150 familias sin sustento.
Avon cerró su centro de distribución en San Fernando y despidió a 293 trabajadores, Dánica cerró su planta en Llavallol y dejó sin empleo a 150 personas, el grupo Dass decidió cerrar su fábrica de Adidas en Coronel Suárez dejando a 360 personas sin trabajo, que se sumaron a las 400 que fue echando por goteo a lo largo del 2024 y en Villa Gobernador Gálvez el Frigorífico Euro S.A. despidió a 70 personas que fueron notificadas por WhatsApp, por mencionar algunos casos.
El año pasado se perdieron 656 tambos, 73.245 vacas, se produjeron 735 millones de litros de leche menos que en 2023 y las ventas en el mercado interno cayeron un 8,3 por ciento, las ventas más bajas en 10 años. Se faenaron 585.240 cabezas menos de ganado que en 2023, se produjeron 3,4 por ciento menos de toneladas de carne y el consumo anual per cápita fue de 47,7 kilos, un 9 por ciento menos que 2023, el segundo registro más bajo desde que se inició la medición en 1914, sólo en 1920 se verificó un nivel inferior al de 2024 con 46,9 kilos per cápita, según CICCRA.
Se molió un 9 por ciento menos de girasol, un 7 por ciento menos de maíz y un 2 por ciento menos de trigo. Se produjeron 10.781 toneladas menos de aceite de girasol, un 11 por ciento menos que en 2023 y 16.809 toneladas menos de harina de trigo, un 5 por ciento por debajo del año pasado. Y las ventas de yerba en el mercado interno cayeron un 9,3 por ciento, de 285.300.595 a 258.813.653 kilos.
El desmantelamiento del Estado también repercute sobre las empresas y los productores, no solo afecta a las personas en particular sino a la sociedad en general, que cuenta con menos herramientas para enfrentar los ciclos económicos y la deshumanización del mercado.
La política anticapitalista de destrucción tanto de la demanda como de la oferta impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza, produjo un freno instantáneo que cortó la inercia inflacionaria heredada, pero en el mediano plazo esos mismos factores que contribuyeron a la desinflación inicial no se muestran sustentables para conducir hacia un crecimiento sin inflación futura.
La pérdida de la capacidad instalada, la depreciación de los equipos inutilizados y la expulsión de mano de obra que se sigue acumulando, provocan que se resienta la oferta de bienes en el mercado interno y se generen cuellos de botella a futuro, cuya solución inmediata será nuevamente la suba en los precios.
La convertibilidad mostró señales de agotamiento y financiarización recién en el segundo mandato de Menem, el modelo libertario antes de su segundo año de gestión. Ineluctablemente, la deuda privada recaerá una vez más sobre las espaldas de un Estado menguado por las políticas aperturistas.
El sobre endeudamiento al que está siendo sometido nuevamente el país para sostener este experimento terminará, a este ritmo, en otro default. De cualquier manera, la receta para afrontar esos pagos de intereses y capital será la de siempre: la caída en las importaciones de insumos para el funcionamiento de la industria por una brutal recesión que libere las divisas que serán destinadas al pago de la deuda en moneda extranjera. Mientras tanto, la Libertad avanza y la Argentina retrocede.
En el mejor de los casos, al final de su mandato La Libertad Avanza habrá generado una reducción de la inflación a costa de la desindustrialización. En el peor de los casos, una desindustrialización con estanflación y la imposibilidad de absorber la mano de obra que sólo la industria permite.
*Economista. Docente de Historia de la Economía y las Políticas Económicas en Argentina (UBA).
En el mejor de los casos, al final de su mandato La Libertad Avanza habrá generado una reducción de la inflación a costa de la desindustrialización. En el peor de los casos, una desindustrialización con estanflación. El programa macroeconómico del gobierno para generar una baja acelerada de la inflación en detrimento de la actividad, el empleo y la equidad distributiva empieza a mostrar sus consecuencias estructurales.
La Libertad Avanza está logrando que la larga letanía industrial de los '90 se repita en un lapso más acotado. El atraso cambiario sostenido con endeudamiento privado ante la evidente carencia de divisas castiga una vez más el desarrollo económico. Los dólares que se acumularon considerablemente en el BCRA luego de la devaluación del año pasado se esfumaron rápidamente por la estrategia de apreciar el peso para contener la inflación.
La apreciación cambiaria tiene 3 efectos principales: encarece la producción local frente al resto del mundo, provocando una pérdida de competitividad en el precio de las exportaciones, abarata bienes y servicios del exterior, por lo que veranear afuera es relativamente más barato que hacerlo localmente y la importación se vuelve más conveniente que la producción nacional.
El Coeficiente de Industrialización muestra el peso relativo del PBI Industrial en el PBI total. En 2023 se había alcanzado el punto más alto en 15 años, 19,4 por ciento. Sin embargo, el año pasado cayó al 18,1, el nivel más bajo registrado desde el 2020. La destrucción del capital y del entramado productivo avanza de la mano de la represión salarial, condición necesaria del modelo para bajar la inflación a través de la depresión del consumo interno.
En el primer año de Menem, la industria manufacturera cayó un 5,4 por ciento y la inversión un 9,9 por ciento. En el primer año de Milei la industria cayó un 9,2 por ciento (superando también el -7,4 por ciento del 2001) y la inversión cayó un 17,4 por ciento (superando el -15 por ciento del 2001)
El día previo a la hiper devaluación de Milei, el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) que mide la competitividad de la moneda era de 74.47 puntos (100 es el óptimo), el nivel más apreciado del gobierno de Alberto Fernández. El 13 de diciembre de 2023 el Índice saltaría a 161.33 puntos. Hoy, a pesar de la devaluación soft impuesta por el FMI, el ITCRM ronda el mismo nivel que en diciembre del 2023. Es curioso que antes de asumir el poder, todos los funcionarios libertarios vieran el atraso cambiario ajeno, pero hoy finjan demencia con el propio.
Capital social
Los datos del SIPA muestran que en 2024 se perdieron un total de 105.127 empleos formales en el sector privado. De acuerdo con los datos de la SRT, a fines del 2023 había 49.722 unidades productivas en la industria manufacturera que empleaban a 1.215.614 de trabajadores, un año más tarde, en diciembre de 2024 había 1.057 empresas industriales menos y se habían destruido 28.646 puestos de trabajo directos en el sector que mayores eslabonamientos productivos genera.
La desocupación no tuvo un salto abrupto en 2024 porque la caída en el poder adquisitivo y la destrucción de puestos de trabajo de calidad fue complementada y absorbida respectivamente por las economías de plataforma. Mientras que el empleo asalariado cayó en 182 mil trabajadores, el trabajo de autónomos y monotributistas creció en 43 mil personas.
Sin embargo, existe un punto de saturación que tarde o temprano se alcanzará por la propia dinámica de la crisis. Las economías de plataforma operan en la órbita del mercado interno y no podrán eludir el descenso en el poder adquisitivo de la mayoría de la población. En suma, el encarecimiento de la producción exportable va a provocar que las empresas más grandes y con más espalda que venían resistiendo la crisis se vean obligadas reducir costos y a despedir una mayor cantidad trabajadores.
Como síntoma del deterioro en el mercado laboral, a fines del 2024 la participación de los asalariados en el Ingreso Nacional cayó del 45,5 al 44,1 por ciento. Pero no solo perdieron los asalariados, sino también la rentabilidad empresarial, que cayó del 43,2 al 42,7 por ciento. Mientras la Industria pasó de explicar el 19,4 por ciento del Valor Agregado total en 2023 al 18,1 por ciento en 2024, la Intermediación Financiera creció del 1,9 al 4,2 por ciento, fruto de un modelo que fomenta la valorización financiera.
Endeudamiento forzado
En 2024, las empresas emitieron Obligaciones Negociables por un total de 10.106 millones de dólares, un 494% más que en 2023, con un total de 1.700 millones de dólares. Sin embargo, ese incremento en la deuda privada no se tradujo en inversiones en la economía real. En cambio, fue el influjo necesario para mantener una paridad cambiaria ficticia. A YPF le corresponde el 17% del total emitido, 1.668 millones de dólares, al igual que con la última dictadura, el Estado utiliza a sus controladas para abastecer de dólares al mercado.
Las empresas ingresaron esos dólares a través del Mercado Único y Libre de Cambios (ahora desregulado para el ingreso de capitales golondrina del exterior) y usaron su contraparte en pesos para compensar la caída en las ventas y para pagar gastos corrientes, pero no para aumentar sus saldos exportables. Ahora, cuando hay que pagar vencimientos, esos dólares ya no están y muchas atraviesan dificultades financieras.
El modelo económico de La Libertad Avanza preveía una primera etapa de apreciación cambiaria que ordenara la macroeconomía y se generara un incentivo inversor en sectores dónde Argentina tiene ventajas comparativas estáticas, como el hidrocarburífero. Pero no sólo esa deuda no se tradujo en un aumento de las inversiones, sino que el precio del crudo se desplomó luego del 2 de abril por la política arancelaria de Trump y el miedo a la recesión global. Peripecias de apostar a una matriz exportadora primarizada.
La estructura exportadora también muestra síntomas de reprimarización a la vez que las Manufacturas de Origen Industrial como porcentaje del total exportado en 2024, cayeron del 31 al 28 por ciento, mientras que las exportaciones de Combustible y Energía ya representan 3 veces más de lo que representaban hace casi 10 años, tanto por su menor utilización local como por el aumento de las inversiones en un sector que es capital intensivo pero que genera pocos puestos de trabajo y valor agregado.
El año pasado, la inversión en la economía real cayó un 17,4 por ciento respecto al 2023 y pasó de representar el 21,2 por ciento del PBI al 17,8 por ciento. En el desagregado, la mayor caída se la llevó Construcciones, que por el freno en la obra pública (y privada) se desplomó un 24,1 por ciento.
Capital productivo
La crisis productiva es extensiva y abarca gran cantidad de sectores. Por la caída en la construcción, Ladrillos Olavarría S.A. echó a sus 65 empleados, la empresa de cerámicas Cerro Negro decidió cerrar una línea de producción despidiendo a 70 personas, la fábrica de bolsas industriales FABI, también ubicada en Olavarría, cerró sus puertas tras 65 años dejando a 150 familias sin sustento.
Avon cerró su centro de distribución en San Fernando y despidió a 293 trabajadores, Dánica cerró su planta en Llavallol y dejó sin empleo a 150 personas, el grupo Dass decidió cerrar su fábrica de Adidas en Coronel Suárez dejando a 360 personas sin trabajo, que se sumaron a las 400 que fue echando por goteo a lo largo del 2024 y en Villa Gobernador Gálvez el Frigorífico Euro S.A. despidió a 70 personas que fueron notificadas por WhatsApp, por mencionar algunos casos.
El año pasado se perdieron 656 tambos, 73.245 vacas, se produjeron 735 millones de litros de leche menos que en 2023 y las ventas en el mercado interno cayeron un 8,3 por ciento, las ventas más bajas en 10 años. Se faenaron 585.240 cabezas menos de ganado que en 2023, se produjeron 3,4 por ciento menos de toneladas de carne y el consumo anual per cápita fue de 47,7 kilos, un 9 por ciento menos que 2023, el segundo registro más bajo desde que se inició la medición en 1914, sólo en 1920 se verificó un nivel inferior al de 2024 con 46,9 kilos per cápita, según CICCRA.
Se molió un 9 por ciento menos de girasol, un 7 por ciento menos de maíz y un 2 por ciento menos de trigo. Se produjeron 10.781 toneladas menos de aceite de girasol, un 11 por ciento menos que en 2023 y 16.809 toneladas menos de harina de trigo, un 5 por ciento por debajo del año pasado. Y las ventas de yerba en el mercado interno cayeron un 9,3 por ciento, de 285.300.595 a 258.813.653 kilos.
El desmantelamiento del Estado también repercute sobre las empresas y los productores, no solo afecta a las personas en particular sino a la sociedad en general, que cuenta con menos herramientas para enfrentar los ciclos económicos y la deshumanización del mercado.
La política anticapitalista de destrucción tanto de la demanda como de la oferta impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza, produjo un freno instantáneo que cortó la inercia inflacionaria heredada, pero en el mediano plazo esos mismos factores que contribuyeron a la desinflación inicial no se muestran sustentables para conducir hacia un crecimiento sin inflación futura.
La pérdida de la capacidad instalada, la depreciación de los equipos inutilizados y la expulsión de mano de obra que se sigue acumulando, provocan que se resienta la oferta de bienes en el mercado interno y se generen cuellos de botella a futuro, cuya solución inmediata será nuevamente la suba en los precios.
La convertibilidad mostró señales de agotamiento y financiarización recién en el segundo mandato de Menem, el modelo libertario antes de su segundo año de gestión. Ineluctablemente, la deuda privada recaerá una vez más sobre las espaldas de un Estado menguado por las políticas aperturistas.
El sobre endeudamiento al que está siendo sometido nuevamente el país para sostener este experimento terminará, a este ritmo, en otro default. De cualquier manera, la receta para afrontar esos pagos de intereses y capital será la de siempre: la caída en las importaciones de insumos para el funcionamiento de la industria por una brutal recesión que libere las divisas que serán destinadas al pago de la deuda en moneda extranjera. Mientras tanto, la Libertad avanza y la Argentina retrocede.
En el mejor de los casos, al final de su mandato La Libertad Avanza habrá generado una reducción de la inflación a costa de la desindustrialización. En el peor de los casos, una desindustrialización con estanflación y la imposibilidad de absorber la mano de obra que sólo la industria permite.
*Economista. Docente de Historia de la Economía y las Políticas Económicas en Argentina (UBA).
Dura reforma migratoria en Argentina: requisitos más severos y expulsione
Rubén Armendáriz
El gobierno del ultraderechista Javier Milei dispuso el miércoles modificaciones al régimen migratorio de Argentina que endurecen los requisitos para la obtención de la ciudadanía, facilitan la deportación de personas condenadas y eliminan la gratuidad en el sistema de salud público, entre otras medidas.
Milei copia un discurso anti inmigración similar al de otros gobiernos de ultraderecha. y justificó la medida como parte de un esfuerzo por «restaurar el orden» y garantizar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a los ciudadanos argentinos
La reforma está contemplada en un decreto de necesidad y urgencia, no obstante, la Constitución prevé un mecanismo de control que habilita al Poder Legislativo a anular decretos con el rechazo de las dos cámaras. A partir de la publicación del decreto, cualquier extranjero condenado por algún delito podrá ser deportado, aunque la pena sea leve. También se prohibirá la entrada a personas con antecedentes penales.
El gobierno también cobrará por la atención médica a los extranjeros en hospitales públicos, alegando que, en 2024, ese servicio generó un gasto oneroso para las arcas públicas. La atención solo será gratuita en casos de emergencia.
El ultraderechista Milei, quien llegó al poder a fines de 2023, anunció en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso en marzo el endurecimiento de las políticas migratorias. Es uno de los principales aliados de Estados Unidos y El Salvador, gobiernos que han aplicado medidas de mano dura con los migrantes .
En educación, las universidades públicas podrán cobrar matrícula a los extranjeros con residencia temporal. No obstante, la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes. La ciudadanía sólo podrá otorgarse a quienes hayan residido en Argentina durante al menos dos años consecutivos o hayan realizado una inversión significativa en el país. Para obtener la residencia permanente, los solicitantes necesitarán comprobar sus ingresos y no tener antecedentes penales.
El gobierno aplicó una serie de modificaciones en los requisitos necesarios para solicitar la residencia permanente y la ciudadanìa, además de arancelar los servicios de salud y educación para extranjeros. El vocero presidencial, Manuel Adorni, especificó que cualquier inmigrante con condena será expulsado del país y que correrá el mismo destino aquel que mienta en la información para el ingreso.
“Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero, pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio”, sostuvo en un anuncio sin preguntas a la prensa.
“Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero, pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio”, sostuvo en un anuncio sin preguntas a la prensa.
Jóvenes de América Latina van a Argentina a estudiar Medicina
El anuncio de estas medidas se da en el contexto de procesos electorales en todo el país. El domingo pasado hubo elecciones en cuatro provincias y este domingo votarán los habitantes de la capital. Manuel Adorni, quien anunció estos cambios, es el candidato del gobierno nacional para los comicios capitalinos. Mientras, organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que «no se puede establecer un régimen excepcional para ciertas personas sin un debate en el Congreso» porque está vinculado con el derecho de defenderse.
Según el gobierno, alrededor de 1,7 millones de personas ingresaron al país ilegalmente en los últimos 20 años.
Las nuevas reglas, argumenta el comunicado, buscan reorganizar el sistema y garantizar que los recursos públicos sean utilizados prioritariamente por los argentinos. Se espera que las medidas impacten también a los turistas, quienes ahora deberán presentar un seguro médico para ingresar al país, como ya lo exigen los países de la Unión Europea.
Sin brindar mayores detalles de las modificaciones que saldrán a través de un decreto, prometió requisitos “más severos” para obtener la residencia permanente y la ciudadanía que, aclaró, “solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante dos años en el país sin abandonar el territorio nacional”.
El anuncio de estas medidas se da en el contexto de procesos electorales en todo el país. El domingo pasado hubo elecciones en cuatro provincias y este domingo votarán los habitantes de la capital. Manuel Adorni, quien anunció estos cambios, es el candidato del gobierno nacional para los comicios capitalinos. Mientras, organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que «no se puede establecer un régimen excepcional para ciertas personas sin un debate en el Congreso» porque está vinculado con el derecho de defenderse.
Según el gobierno, alrededor de 1,7 millones de personas ingresaron al país ilegalmente en los últimos 20 años.
Las nuevas reglas, argumenta el comunicado, buscan reorganizar el sistema y garantizar que los recursos públicos sean utilizados prioritariamente por los argentinos. Se espera que las medidas impacten también a los turistas, quienes ahora deberán presentar un seguro médico para ingresar al país, como ya lo exigen los países de la Unión Europea.
Sin brindar mayores detalles de las modificaciones que saldrán a través de un decreto, prometió requisitos “más severos” para obtener la residencia permanente y la ciudadanía que, aclaró, “solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante dos años en el país sin abandonar el territorio nacional”.
Javier Milei y su vocero, Manuel Adorni
El funcionario, cuestionó además la normativa inmigratoria actual al precisar que «invita al caos y al abuso de muchos vivos que lejos están de venir al país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”. “Hoy, entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles. En los últimos 20 años, ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a la población del Partido de La Matanza o la provincia de Tucumán”, denunció.
Adorni, subrayó: “La Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma regular. Hoy cualquier condenado con una pena menor de tres años puede ingresar a la Argentina”. “A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud, y quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago», puntualizó, y sumó: «También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean, respetando la autonomía universitaria”.
, Adorni detalló: “De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazo por las autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados”.![]()
“La Argentina no será tierra fértil en el ingreso de los delincuentes. Además, todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado sea el delito que sea y se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones que hoy resultan eternos. El que las hace las paga”, sumó.
Asimismo, ponderó: “Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen y permanecen en las buenas de la ley, que vienen a trabajar, a forjar su futuro, no es justo para ellos que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley”.
Adorni habló de los “famosos tours sanitarios”, y expuso que solo en un año, ocho hospitales nacionales destinaron “114 mil millones de pesos en atender extranjeros”. “Hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley, con la norma vigente, cualquier inmigrante condenado por un delito con pena menor a cinco años puede seguir viviendo en la Argentina, dijo.
*Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
El funcionario, cuestionó además la normativa inmigratoria actual al precisar que «invita al caos y al abuso de muchos vivos que lejos están de venir al país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”. “Hoy, entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles. En los últimos 20 años, ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a la población del Partido de La Matanza o la provincia de Tucumán”, denunció.
Adorni, subrayó: “La Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma regular. Hoy cualquier condenado con una pena menor de tres años puede ingresar a la Argentina”. “A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud, y quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago», puntualizó, y sumó: «También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean, respetando la autonomía universitaria”.
, Adorni detalló: “De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazo por las autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados”.
“La Argentina no será tierra fértil en el ingreso de los delincuentes. Además, todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado sea el delito que sea y se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones que hoy resultan eternos. El que las hace las paga”, sumó.
Asimismo, ponderó: “Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen y permanecen en las buenas de la ley, que vienen a trabajar, a forjar su futuro, no es justo para ellos que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley”.
Adorni habló de los “famosos tours sanitarios”, y expuso que solo en un año, ocho hospitales nacionales destinaron “114 mil millones de pesos en atender extranjeros”. “Hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley, con la norma vigente, cualquier inmigrante condenado por un delito con pena menor a cinco años puede seguir viviendo en la Argentina, dijo.
*Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
