5 dic 2013
OTRO QUE MUERE IMPUNE...
Paul Aussaresses: general francés, “padre” de escuadrones de la muerte en latinoamérica, murió de viejo
El general francés Paul Aussaresses, que defendió claramente el recurso a la tortura durante la guerra de Argelia y fue acusado de entrenar a oficiales latinoamericanos, falleció el martes a los 95 años de edad, anunció el miércoles en su portal la asociación de exparacaidistas franceses "Quien osa gana".
10Miércoles 04 de diciembre de 2013
Elvira Aussaresses, su esposa, precisó a la AFP que su marido falleció en un establecimiento de convalescencia al que había ingresado después de una hospitalización.
Aussaresses fue condenado en Francia en 2004 por apología de la tortura, tras haber defendido en un libro su uso durante la guerra de Argelia (1954-1962).
El oficial había enseñado en los años 60 en el campamento de los Boinas Verdes de Fort Braggs (Carolina del Norte) “las técnicas de la batalla de Argel” relativas especialmente a la tortura.
En 1973 fue nombrado agregado militar de Francia en Brasil, entonces bajo la dictadura militar.
Posteriormente fue acusado por el general chileno Manuel Contreras, fundador de la Dina, la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet, de haber entrenado en esa época en Brasil a oficiales chilenos y de otros países latinoamericanos. Las declaraciones de Contreras figuran en el documental de la cineasta francesa Marie-Monique Robin “Escuadrones de la muerte, la escuela francesa”.
Los funerales de Aussaresses serán celebrados el 10 de diciembre en La Vancelle, pueblo del este de Francia en el que vivía, según la asociación.
El general Aussaresses, que dirigió los servicios de inteligencia franceses en Argel durante la guerra de Argelia, fue condenado por apología de la tortura al cabo de un proceso que hizo correr ríos de tinta en Francia.
En 2001, el oficial admitió en su libro “Service spéciaux, Algérie 1955-1957″ (Servicios especiales, Argelia 1955-1957) que había practicado la tortura, afirmando que la misma era “tolerada, cuando no recomendada” por los políticos.
“Tortura legítima”
Sostuvo que la tortura “se torna legítima cuando la urgencia se impone”.
“Era raro que los presos interrogados por la noche siguieran estando vivos al alba. Hablaran o no, eran neutralizados en general”, agregó.
Sus confesiones, acompañadas de una entrevista, desataron una tempestad política en Francia, donde el entonces presidente Jacques Chirac, que fue teniente en Argelia, se declaró “horrorizado” por tales declaraciones públicas.
Nacido el 7 de noviembre de 1918 en Saint Paul Cap de Joux (suroeste de Francia), Paul Aussaresses se enroló voluntariamente en 1941 en los servicios secretos franceses. Posteriormente participó en la creación del brazo de los servicios de inteligencia exterior. En tanto que jefe de batallón de paracaidistas, sirvió después en las fuerzas francesas en Indochina.
En 1957, el general Jacques Massu, comandante de la 11ª división de paracaidistas, le encomendó el restablecimiento del orden en Argel. Allí dirigió lo que él mismo llamó “un escuadrón de la muerte”, encargado de realizar detenciones nocturnas, seguidas de torturas y de la eliminación de determinados detenidos.
Enseñó después en la escuela norteamericana de Fort Braggs, antes de asumir en 1966 el comando del Primer Regimiento de Cazadores Paracaidistas.
“¿Si me ha planteado problemas la tortura? Yo digo que no. Me habitué a todo eso”, afirmó el general a principios de los años 2000.
Paul Aussaresses sostuvo siempre que sus actos fueron cometidos con el aval de su jerarquía y de las autoridades políticas.
La publicación de su libro y el reconocimiento de la utilización de la tortura por el ejército francés contribuyó a modificar la percepción en Francia de la guerra de independencia de Argelia, conflicto que las autoridades francesas siguieron llamando “los acontecimientos de Argelia” hasta 1999, fecha en la que los diputados reconocieron que hubo una “guerra”.
AFP
"El neoliberalismo agrario” boicotea el rumbo económico
Peretti de Federación Agraria: "El neoliberalismo agrario” boicotea el rumbo económico
En diálogo con A cara lavada sostuvo que “1.700 productores producen el 50% de la soja. Ahí puede haber mucho de lo que falta liquidar”.
Peretti explicó que los productores deben informar “la intención de siembra y toda esa información fiscal está en manos del gobierno”.
Agregó que las autoridades deberían determinar en manos de quien está la soja que falta liquidar, aunque aclaró: “De una cosa estoy seguro. El 80 por ciento de los productores de soja de este país que son alrededor de 63 mil inscriptos, producen menos de 3 mil quintales por año. Ahí no hay nada. Hay muy poco”.
“1.700 productores producen el 50% de la soja. Ahí puede haber mucho de lo que falta liquidar”, aseveró el dirigente rural.
Consideró además que el gobierno debe determinar además, así como lo hizo con el trigo, “si esa soja y esas divisas que faltan liquidar no están en manos de compañías multinacionales, trasnacionales exportadoras de granos que le están mandando un mensaje al gobierno”.
Consideró que se trata de “un mensaje de neto carácter político y de desestabilización de un modelo económico”.
Agregó que las políticas económicas del gobierno y la presencia de Axel Kicillof en el Palacio de Hacienda “es un rumbo que a los grandes grupos trasnacionales que comercializan granos, que son parte del neoliberalismo agrario de la Argentina no les gusta. Y tratan de boicotear el rumbo”.
Por otra parte resaltó que “la soja hace tiempo que es una moneda de cambio en Argentina. Los contratos se pagan en soja, se compran máquinas en soja, se compran autos en soja se compran terrenos en soja, se compran casas en soja y se arrienda campo en soja. La soja pasó a ser un valor de cambio”.
Además indicó que la evasión, la comercialización de soja en negro existe y presiona el valor del dólar ilegal porque parte de ese dinero va a comprar al circuito marginal del dólar.
De todos modos, sostuvo que este tipo de medidas son realizadas por “operadores grandes en connivencia con las multinacionales, porque esa soja se tiene que blanquear en puerto”.
En diálogo con A cara lavada sostuvo que “1.700 productores producen el 50% de la soja. Ahí puede haber mucho de lo que falta liquidar”.
Peretti explicó que los productores deben informar “la intención de siembra y toda esa información fiscal está en manos del gobierno”.
Agregó que las autoridades deberían determinar en manos de quien está la soja que falta liquidar, aunque aclaró: “De una cosa estoy seguro. El 80 por ciento de los productores de soja de este país que son alrededor de 63 mil inscriptos, producen menos de 3 mil quintales por año. Ahí no hay nada. Hay muy poco”.
“1.700 productores producen el 50% de la soja. Ahí puede haber mucho de lo que falta liquidar”, aseveró el dirigente rural.
Consideró además que el gobierno debe determinar además, así como lo hizo con el trigo, “si esa soja y esas divisas que faltan liquidar no están en manos de compañías multinacionales, trasnacionales exportadoras de granos que le están mandando un mensaje al gobierno”.
Consideró que se trata de “un mensaje de neto carácter político y de desestabilización de un modelo económico”.
Agregó que las políticas económicas del gobierno y la presencia de Axel Kicillof en el Palacio de Hacienda “es un rumbo que a los grandes grupos trasnacionales que comercializan granos, que son parte del neoliberalismo agrario de la Argentina no les gusta. Y tratan de boicotear el rumbo”.
Por otra parte resaltó que “la soja hace tiempo que es una moneda de cambio en Argentina. Los contratos se pagan en soja, se compran máquinas en soja, se compran autos en soja se compran terrenos en soja, se compran casas en soja y se arrienda campo en soja. La soja pasó a ser un valor de cambio”.
Además indicó que la evasión, la comercialización de soja en negro existe y presiona el valor del dólar ilegal porque parte de ese dinero va a comprar al circuito marginal del dólar.
De todos modos, sostuvo que este tipo de medidas son realizadas por “operadores grandes en connivencia con las multinacionales, porque esa soja se tiene que blanquear en puerto”.
4 dic 2013
COMPLICES CIVILES DE LA DICTADURA URUGUAYA
A 41 AÑOS DEL GOLPE Y LOS MISMOS DE IMPUNIDAD
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Los civiles de la dictadura
Es un error común calificar al golpe de Estado y a la dictadura como militares. A la cuestión obvia de que el golpe lo dio, un civil, electo además por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, se suma que hubo cientos de civiles que apoyaron la dictadura, fueron su sustento técnico e ideológico y permitieron que el Estado fascista funcionara.
Cuando se habla de dictadura fascista, se hace justamente para categorizar con justeza lo que ocurrió en este país. Fue un golpe y un régimen sustentado por la oligarquía nacional, en especial por los representantes del capital financiero, el latifundio, los grandes capitales trasnacionales y los más retrógrados de los profesionales e intelectuales.
Eso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
EL POPULAR publica un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios, 16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.
Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.
Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depuración interna de los cuadros de la dictadura.
La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.
Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.
Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.
El Poder Ejecutivo
La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.
También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura. Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.
Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.
El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.
Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.
En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.
Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.
En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).
En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.
En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.
En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.
En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).
En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson. En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.
Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.
En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lazar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jorge Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.
El Parlamento decorativo
En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.
Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.
El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.
El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctor Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profe- sora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doc- tor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas. Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado
antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.
Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.
El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.
Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi. Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.
Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado. La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilson Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani. En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
La Justicia secuestrada
Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.
Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Addiego Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).
Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.
En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.
En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverr y, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.
Los intendentes de la dictadura
La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.
Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.
Corte Electoral, ¿para qué?
Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre y Ricardo Cerro. La jefa de abogados fue la doctora Cristina Maeso y el secretario letrado, que luego siguió por años en democracia, Mario Cataldi.
Los banqueros de la dictadura
Los contadores José Gil Díaz, José María Puppo y Juan Carlos Protassi se sucedieron en la presidencia del Banco Central. Integraron también el directorio del Banco Central, Carlos Koncke, Luis Romero Diana y Julio César Pacchioti.
En el Banco República estuvieron Moisés Cohen, Raúl Ferraro y Bolívar Castro. El Banco Hipotecario estuvo presidido durante casi toda la dictadura por Julio César Luongo, En el BHU hubo una presencia hegemónica de oficiales de la Fuerza Aérea, pero también actuaron civiles: Ernesto Llovet, Alberto Romaniello y Angel María Scelza.
En el Banco de Seguros, actuaron: Federico Baum González, Osorio de Salterain, Osvaldo Sánchez Márquez y Carlos Ravenna.
Los diplomáticos del terror
Fueron embajadores de la dictadura, entre otros, Jorge Pacheco Areco (en España, Suiza y EEUU), Adolfo Folle Martínez (en Argentina), Carlos Manini Ríos (en Brasil), José Enrique Etcheverry Stirling (en Francia), Edgardo Abella (en el Reino Unido y España), Raúl Soriano Mesía (en el Reino Unido), Fernando Gómez Fyn (en Colombia), Osvaldo Soriano (en Guatemala), Francisco Mario Ubillos (en Portugal), Raquel Lombardo de Debetolaza (en El Vaticano), Francisco Bustillo del Campo (en Bolivia), Buenaventura Caviglia Cámpora (en China), Alvaro Alvarez (en los Países Bajos), Gastón Sciara Rebollo (en Egipto), Carlos Duarte (en Grecia), Raúl Benavidez (en Canadá) y Adolfo Silva Delgado (en Corea).
Sin duda un papel especial de defensa de la dictadura, sobre todo ante las denuncias internacionales por las violaciones a los DDHH, jugaron Carlos Alberto Roca y Carlos Giambruno, que fueron representantes permanentes ante la ONU; Martín C. Martínez ante la UNESCO; Mateo Márquez Seré, Carlos Alberto Roca y Francisco Bustillo ante la OEA.
Muy especial fue el papel de quienes defendieron la dictadura ante Comisión de DDHH de la ONU. En los años 1979 y 1980 integraron esas delegaciones Carlos Giambruno, Juan José Real, Zulma Guelman, Luis A. Carrese, Carlos Nadal, Carlos Barros Oreiro, Alvaro Moerzinger, José Catalayud Bosch, Ruben Díaz Porto y Graziella Dubra.
Entes y Servicios
En los Entes y Servicios Descentralizados, particularmente en los primeros, la presencia militar fue la tónica. En algunos de ellos no aparecen civiles encabezándolos, al menos no surgen de las investigaciones periodísticas, como los casos de PLUNA, ANP y AFE. En los restantes entes la preponderancia militar fue notoria, incluso hubo una repartición entre las tres armas de los entes del Estado, aunque en algunos colaboraron las tres. Igualmente hubo presencia civil en los directorios.
En OSE estuvieron: Juan Carlos Payseé, Ricardo Bengoa Rodríguez, los ingenieros Nicolás Goloubintseff, Pedro Echeverrigaray, Horacio Paullier Puig y Alberto Barragu Fassoli, también el contador Nelson Russo.
En ANTEL actuaron los ingenieros Norberto Faroppa, Edison García Regueiro e Isidro Vila, los contadores Hugo Federico Aguiar y Carlos Corti Moreno y el doctor Antonio Stella.
En ANCAP: el ingeniero químico Bertrand Gruss Dassain y los contadores Enrique Víctor Conde, Raúl Manuel Pazos y Alberto Carlevari.
En UTE: el arquitecto Juan José Castro y la ingeniera Marta Casabó.
En el SODRE se desempeñaron el arquitecto Emilio Massabrio, el doctor Eric Simon, Jorge Rodríguez Deluchi e Imazul Fernández.
En el Consejo del Niño actuaron: los doctores Mario Cantón y Juan Antonio Baglivi, las educacionistas María Teresita Farías de Pastorell y Nelly Vioeta Sarasúa de Siqueira.
En el Banco de Previsión Social se desempeñaron los doctores Juan Buccino Clérico, Ricardo Arguello Bellini, Alfredo Lamaison y Jaime Bonsignore. Fueron directores generales de la seguridad social Alfredo Ruiz Popelka y el contador Juan Femenías Iglesias, y subdirector, el contador Luis Givogre, quien también estuvo al frente, junto con el doctor Ruben Gayol, de Asignaciones Familiares.
En el Tribunal de Cuentas estuvieron el contador Julio V. Canessa, Roberto Lasale, Washington Fernández, Humberto Balleto, Juan José Fraschini, Ulises Morassi y Lliri Pedro Sassi.
En el Instituto Nacional de Colonización actuaron Walter Arias, Tydeo Larre Borges (hijo), Oscar Aguirre y Carlos Zita.
En el Consejo Nacional de Turismo estuvieron el agrimensor Adolfo Agorio, el arquitecto Jorge Fagel Figari, Julio Jorge Núñez Queiros y Victor Paullier Martínez.
También tuvieron cargos de confianza durante la dictadura las siguientes personas: Danilo Arbilla, director de Difusión e Informaciones de la Presidencia de la República; Barret Puig, prosecretario de Difusión e Informciones de la Presidencia de la República; José A. Barrio y Ruben Gayol, inspectores generales de Trabajo, el contador Romeo Maeso Sueiro, director de Aduanas; Ernesto Castaldi, director de Migraciones; los contadores Jorge Ponce de León Previtali y Mi- guel Angel Loureiro, directores de la Contaduría General de la Nación; el contador José María Michietti, director de SEPLACODI; el ingeniero agrónomo Eduardo Peile, director del INAC; el contador David Manuel Cukierman, Tesorero General de la Nación; el ingeniero Manuel Berger, director nacional de Energía; el doctor Héctor Volpe, presidente de la Junta de Vecinos de Montevideo; el contador Horacio Parodi, director general de Estadística y Censos; los ingenieros César Esperanza y Remigio Dante Gabín Pirotti, directores nacionales de Industria; el ingeniero agrónomo Julio Aznárez, presidente del Plan Agropecuario; los doctores Mario Tissoni y Daniel Gamarra, director y sub director, de la Oficina de Servicio Civil; Sarandí J. Silveira, director de Dinacoprin; el doctor Osvaldo Sánchez Márquez, director de Coprin, el contador Raúl Xavier, director de la Dirección General Impositiva; Jorge Sienra y Santiago Acuña, directores de Comer- cio Exterior y Angela Chiola de Píriz, Directora Nacional de Trabajo.
La enseñanza copada
El CONAE gobernaba la enseñanza primaria, secundaria y técnica, fueron sus rectores: el arquitecto Elzeario Boix Larriera, el ingeniero Daniel Ferreira y el profesor Ramiro Mata.
También ocuparon cargos de alta responsabilidad en el CONAE, como director general, el inspector Mario Roldós Puis y como secretario general, el inspector Eleuterio González.
Enseñanza Primaria estuvo a cargo del doctor Pedro Freire y del maestro Miguel Ribolla; Secundaria del doctor Fernando Bosch y de los profesores Carlos Pascual y Juan Carlos Laborde; la enseñanza técnica fue dirigida por Enrique Kliche y el profesor Miguel Curbelo Platero.
La intervención de la Universidad
La Universidad fue un blanco explícito de la dictadura. Fue intervenida en noviembre de 1973 tras fracasar el intento, en setiembre, de unas elecciones donde se desplazara a las autoridades legítimas, esas elecciones fueron ganadas por la FEUU y los gremios a pesar de la represión y el miedo. Desde esa fecha los rectores fueron designados directamente por el Poder Ejecutivo golpista. El primer rector interventor de la dictadura fue el doctor Edmundo Narancio, redactor del diario El País. Luego lo siguieron el arquitecto Gustavo Nicolich, el contador Jorge Anselmi, el doctor Enrique Viana Reyes, la doctora Raquel Lombardo de Debetolazza, el doctor Luis Antonio Menafra y el doctor Gonzalo Lapido Díaz.
En los decanatos de las facultades estuvieron aproximadamente 40 profesionales. En Derecho y Ciencias Sociales: Raúl Abraham, Valentín Sánchez, Luis Sayagués Laso, Manuel Adolfo Vieira, Blas Rossi Masella y Manuel Orlando López. En Medicina: los doctores Gonzalo Fernández (que no tiene nada que ver con el catedrático en derecho penal y luego secretario general del la presidencia y canciller en el gobierno del FA), Eduardo Anavitarte, Gonzalo Lapido Díaz y Carlos Oenhinger.
En Ciencias Económicas: los contadores Jorge Anselmi y Nilo Berchesi. En Agronomía: los ingenieros agrónomos Adolfo Berro, Daniel Faggi y Armando Rabufetti. En Odontología: los doctores Hugo Amorín, Miguel Banchieri, Walter Lieber Belli y José B. Costas.
En Humanidades y Ciencias: el licenciado Miguel Klappenbach y el doctor Rodolfo Gori Carrara. En Arquitectura, los arquitectos Gustavo Nicolich, Reclus Amenedo y Juan José Casal Rocco. En Química: los doctores José Delfino Lema, Raquel Lombardo de Debetolazza, Luis Menafra y Firvalier Bassagoda. En Ingeniería: los ingenieros Alfredo de Santiago, Juan Carlos Paletta Queirolo, Norberto Faroppa y Héctor Ibarlucca. En Veterinaria: los doctores Carlos Olave Castro, Gustavo Cristi, Héctor Lazanco, Oscar Latourrette, Mario Aragunde y Carlos Muniz.
En la dirección de la Escuela de Servicio Social estuvieron: Alberto Leizagoyen y José Botta Roccatagliatta. En la entonces Escuela de Psicología estuvo el doctor Mario Saiz. En el Conservatorio de Música, el doctor Pedro Ipuche Riva. En el Instituto de Economía, el contador Alberto Bensión y en el de Estudios Sociales, el doctor Ulises Graseras.
Especial tarea cumplió la División de Sumarios de la Universidad, que encabezó la caza de brujas contra docentes y funcionarios. Cientos de sumarios y destituciones, amparadas en el Acta Institucional Nº 7. El responsable entre 1974 y 1981 fue el doctor Roberto Falchetti y trabajaron cercanos a él, y operaron en esos procedimientos: José María Traibel, Mario Artecona, Juan José Calanchini y el escribano Juan Antonio Trocoli.
El SMU también
Fue intervenido el Sindicato Médico del Uruguay, al principio esta intervención fue ejercida por un colectivo integrado por: el doctor Eustaquio Montero, el escribano Mauricio Lionel Vidal, el doctor Roberto Falchetti, el contador Raúl Bartesaghi y el doctor Mario Artecona. Después paso a hacer unipersonal y la asumió el doctor Juan Tarrasa y a partir de 1976, recayó en el doctor Mario Genta.
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Los civiles de la dictadura
Es un error común calificar al golpe de Estado y a la dictadura como militares. A la cuestión obvia de que el golpe lo dio, un civil, electo además por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, se suma que hubo cientos de civiles que apoyaron la dictadura, fueron su sustento técnico e ideológico y permitieron que el Estado fascista funcionara.
Cuando se habla de dictadura fascista, se hace justamente para categorizar con justeza lo que ocurrió en este país. Fue un golpe y un régimen sustentado por la oligarquía nacional, en especial por los representantes del capital financiero, el latifundio, los grandes capitales trasnacionales y los más retrógrados de los profesionales e intelectuales.
Eso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
EL POPULAR publica un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios, 16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.
Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.
Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depuración interna de los cuadros de la dictadura.
La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.
Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.
Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.
El Poder Ejecutivo
La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.
También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura. Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.
Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.
El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.
Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.
En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.
Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.
En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).
En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.
En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.
En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.
En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).
En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson. En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.
Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.
En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lazar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jorge Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.
El Parlamento decorativo
En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.
Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.
El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.
El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctor Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profe- sora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doc- tor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas. Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado
antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.
Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.
El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.
Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi. Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.
Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado. La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilson Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani. En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
La Justicia secuestrada
Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.
Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Addiego Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).
Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.
En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.
En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverr y, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.
Los intendentes de la dictadura
La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.
Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.
Corte Electoral, ¿para qué?
Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre y Ricardo Cerro. La jefa de abogados fue la doctora Cristina Maeso y el secretario letrado, que luego siguió por años en democracia, Mario Cataldi.
Los banqueros de la dictadura
Los contadores José Gil Díaz, José María Puppo y Juan Carlos Protassi se sucedieron en la presidencia del Banco Central. Integraron también el directorio del Banco Central, Carlos Koncke, Luis Romero Diana y Julio César Pacchioti.
En el Banco República estuvieron Moisés Cohen, Raúl Ferraro y Bolívar Castro. El Banco Hipotecario estuvo presidido durante casi toda la dictadura por Julio César Luongo, En el BHU hubo una presencia hegemónica de oficiales de la Fuerza Aérea, pero también actuaron civiles: Ernesto Llovet, Alberto Romaniello y Angel María Scelza.
En el Banco de Seguros, actuaron: Federico Baum González, Osorio de Salterain, Osvaldo Sánchez Márquez y Carlos Ravenna.
Los diplomáticos del terror
Fueron embajadores de la dictadura, entre otros, Jorge Pacheco Areco (en España, Suiza y EEUU), Adolfo Folle Martínez (en Argentina), Carlos Manini Ríos (en Brasil), José Enrique Etcheverry Stirling (en Francia), Edgardo Abella (en el Reino Unido y España), Raúl Soriano Mesía (en el Reino Unido), Fernando Gómez Fyn (en Colombia), Osvaldo Soriano (en Guatemala), Francisco Mario Ubillos (en Portugal), Raquel Lombardo de Debetolaza (en El Vaticano), Francisco Bustillo del Campo (en Bolivia), Buenaventura Caviglia Cámpora (en China), Alvaro Alvarez (en los Países Bajos), Gastón Sciara Rebollo (en Egipto), Carlos Duarte (en Grecia), Raúl Benavidez (en Canadá) y Adolfo Silva Delgado (en Corea).
Sin duda un papel especial de defensa de la dictadura, sobre todo ante las denuncias internacionales por las violaciones a los DDHH, jugaron Carlos Alberto Roca y Carlos Giambruno, que fueron representantes permanentes ante la ONU; Martín C. Martínez ante la UNESCO; Mateo Márquez Seré, Carlos Alberto Roca y Francisco Bustillo ante la OEA.
Muy especial fue el papel de quienes defendieron la dictadura ante Comisión de DDHH de la ONU. En los años 1979 y 1980 integraron esas delegaciones Carlos Giambruno, Juan José Real, Zulma Guelman, Luis A. Carrese, Carlos Nadal, Carlos Barros Oreiro, Alvaro Moerzinger, José Catalayud Bosch, Ruben Díaz Porto y Graziella Dubra.
Entes y Servicios
En los Entes y Servicios Descentralizados, particularmente en los primeros, la presencia militar fue la tónica. En algunos de ellos no aparecen civiles encabezándolos, al menos no surgen de las investigaciones periodísticas, como los casos de PLUNA, ANP y AFE. En los restantes entes la preponderancia militar fue notoria, incluso hubo una repartición entre las tres armas de los entes del Estado, aunque en algunos colaboraron las tres. Igualmente hubo presencia civil en los directorios.
En OSE estuvieron: Juan Carlos Payseé, Ricardo Bengoa Rodríguez, los ingenieros Nicolás Goloubintseff, Pedro Echeverrigaray, Horacio Paullier Puig y Alberto Barragu Fassoli, también el contador Nelson Russo.
En ANTEL actuaron los ingenieros Norberto Faroppa, Edison García Regueiro e Isidro Vila, los contadores Hugo Federico Aguiar y Carlos Corti Moreno y el doctor Antonio Stella.
En ANCAP: el ingeniero químico Bertrand Gruss Dassain y los contadores Enrique Víctor Conde, Raúl Manuel Pazos y Alberto Carlevari.
En UTE: el arquitecto Juan José Castro y la ingeniera Marta Casabó.
En el SODRE se desempeñaron el arquitecto Emilio Massabrio, el doctor Eric Simon, Jorge Rodríguez Deluchi e Imazul Fernández.
En el Consejo del Niño actuaron: los doctores Mario Cantón y Juan Antonio Baglivi, las educacionistas María Teresita Farías de Pastorell y Nelly Vioeta Sarasúa de Siqueira.
En el Banco de Previsión Social se desempeñaron los doctores Juan Buccino Clérico, Ricardo Arguello Bellini, Alfredo Lamaison y Jaime Bonsignore. Fueron directores generales de la seguridad social Alfredo Ruiz Popelka y el contador Juan Femenías Iglesias, y subdirector, el contador Luis Givogre, quien también estuvo al frente, junto con el doctor Ruben Gayol, de Asignaciones Familiares.
En el Tribunal de Cuentas estuvieron el contador Julio V. Canessa, Roberto Lasale, Washington Fernández, Humberto Balleto, Juan José Fraschini, Ulises Morassi y Lliri Pedro Sassi.
En el Instituto Nacional de Colonización actuaron Walter Arias, Tydeo Larre Borges (hijo), Oscar Aguirre y Carlos Zita.
En el Consejo Nacional de Turismo estuvieron el agrimensor Adolfo Agorio, el arquitecto Jorge Fagel Figari, Julio Jorge Núñez Queiros y Victor Paullier Martínez.
También tuvieron cargos de confianza durante la dictadura las siguientes personas: Danilo Arbilla, director de Difusión e Informaciones de la Presidencia de la República; Barret Puig, prosecretario de Difusión e Informciones de la Presidencia de la República; José A. Barrio y Ruben Gayol, inspectores generales de Trabajo, el contador Romeo Maeso Sueiro, director de Aduanas; Ernesto Castaldi, director de Migraciones; los contadores Jorge Ponce de León Previtali y Mi- guel Angel Loureiro, directores de la Contaduría General de la Nación; el contador José María Michietti, director de SEPLACODI; el ingeniero agrónomo Eduardo Peile, director del INAC; el contador David Manuel Cukierman, Tesorero General de la Nación; el ingeniero Manuel Berger, director nacional de Energía; el doctor Héctor Volpe, presidente de la Junta de Vecinos de Montevideo; el contador Horacio Parodi, director general de Estadística y Censos; los ingenieros César Esperanza y Remigio Dante Gabín Pirotti, directores nacionales de Industria; el ingeniero agrónomo Julio Aznárez, presidente del Plan Agropecuario; los doctores Mario Tissoni y Daniel Gamarra, director y sub director, de la Oficina de Servicio Civil; Sarandí J. Silveira, director de Dinacoprin; el doctor Osvaldo Sánchez Márquez, director de Coprin, el contador Raúl Xavier, director de la Dirección General Impositiva; Jorge Sienra y Santiago Acuña, directores de Comer- cio Exterior y Angela Chiola de Píriz, Directora Nacional de Trabajo.
La enseñanza copada
El CONAE gobernaba la enseñanza primaria, secundaria y técnica, fueron sus rectores: el arquitecto Elzeario Boix Larriera, el ingeniero Daniel Ferreira y el profesor Ramiro Mata.
También ocuparon cargos de alta responsabilidad en el CONAE, como director general, el inspector Mario Roldós Puis y como secretario general, el inspector Eleuterio González.
Enseñanza Primaria estuvo a cargo del doctor Pedro Freire y del maestro Miguel Ribolla; Secundaria del doctor Fernando Bosch y de los profesores Carlos Pascual y Juan Carlos Laborde; la enseñanza técnica fue dirigida por Enrique Kliche y el profesor Miguel Curbelo Platero.
La intervención de la Universidad
La Universidad fue un blanco explícito de la dictadura. Fue intervenida en noviembre de 1973 tras fracasar el intento, en setiembre, de unas elecciones donde se desplazara a las autoridades legítimas, esas elecciones fueron ganadas por la FEUU y los gremios a pesar de la represión y el miedo. Desde esa fecha los rectores fueron designados directamente por el Poder Ejecutivo golpista. El primer rector interventor de la dictadura fue el doctor Edmundo Narancio, redactor del diario El País. Luego lo siguieron el arquitecto Gustavo Nicolich, el contador Jorge Anselmi, el doctor Enrique Viana Reyes, la doctora Raquel Lombardo de Debetolazza, el doctor Luis Antonio Menafra y el doctor Gonzalo Lapido Díaz.
En los decanatos de las facultades estuvieron aproximadamente 40 profesionales. En Derecho y Ciencias Sociales: Raúl Abraham, Valentín Sánchez, Luis Sayagués Laso, Manuel Adolfo Vieira, Blas Rossi Masella y Manuel Orlando López. En Medicina: los doctores Gonzalo Fernández (que no tiene nada que ver con el catedrático en derecho penal y luego secretario general del la presidencia y canciller en el gobierno del FA), Eduardo Anavitarte, Gonzalo Lapido Díaz y Carlos Oenhinger.
En Ciencias Económicas: los contadores Jorge Anselmi y Nilo Berchesi. En Agronomía: los ingenieros agrónomos Adolfo Berro, Daniel Faggi y Armando Rabufetti. En Odontología: los doctores Hugo Amorín, Miguel Banchieri, Walter Lieber Belli y José B. Costas.
En Humanidades y Ciencias: el licenciado Miguel Klappenbach y el doctor Rodolfo Gori Carrara. En Arquitectura, los arquitectos Gustavo Nicolich, Reclus Amenedo y Juan José Casal Rocco. En Química: los doctores José Delfino Lema, Raquel Lombardo de Debetolazza, Luis Menafra y Firvalier Bassagoda. En Ingeniería: los ingenieros Alfredo de Santiago, Juan Carlos Paletta Queirolo, Norberto Faroppa y Héctor Ibarlucca. En Veterinaria: los doctores Carlos Olave Castro, Gustavo Cristi, Héctor Lazanco, Oscar Latourrette, Mario Aragunde y Carlos Muniz.
En la dirección de la Escuela de Servicio Social estuvieron: Alberto Leizagoyen y José Botta Roccatagliatta. En la entonces Escuela de Psicología estuvo el doctor Mario Saiz. En el Conservatorio de Música, el doctor Pedro Ipuche Riva. En el Instituto de Economía, el contador Alberto Bensión y en el de Estudios Sociales, el doctor Ulises Graseras.
Especial tarea cumplió la División de Sumarios de la Universidad, que encabezó la caza de brujas contra docentes y funcionarios. Cientos de sumarios y destituciones, amparadas en el Acta Institucional Nº 7. El responsable entre 1974 y 1981 fue el doctor Roberto Falchetti y trabajaron cercanos a él, y operaron en esos procedimientos: José María Traibel, Mario Artecona, Juan José Calanchini y el escribano Juan Antonio Trocoli.
El SMU también
Fue intervenido el Sindicato Médico del Uruguay, al principio esta intervención fue ejercida por un colectivo integrado por: el doctor Eustaquio Montero, el escribano Mauricio Lionel Vidal, el doctor Roberto Falchetti, el contador Raúl Bartesaghi y el doctor Mario Artecona. Después paso a hacer unipersonal y la asumió el doctor Juan Tarrasa y a partir de 1976, recayó en el doctor Mario Genta.
3 dic 2013
Hablemos en serio acerca del cambio climático
Amy Goodman
Escribe Amy Goodman
Hablemos en serio acerca del cambio climático
29.11.2013
EE.UU. (Amy Goodman/Democracy Now!) - Un nuevo evento climático extremo está afectando una de las tradiciones más populares de Estados Unidos: el Día de Acción de Gracias. Los meteorólogos de The Weather Channel han denominado a esta tormenta de invierno “Bóreas”, en honor al antiguo Dios del viento norte de la mitología griega, el portador del invierno
Se ha informado que al menos catorce personas han muerto hasta el momento como consecuencia de la tormenta y 58 millones han sido afectadas. Bóreas ha provocado nevadas y lluvias heladas a lo largo del noreste de Estados Unidos en los días de mayor tránsito del año. Los informes sobre el tiempo en la televisión siguen todos el mismo modelo: el intrépido periodista aparece de pie junto a una autopista nevada o en un aeropuerto donde los pasajeros están varados. ¿Acaso no sería una buena idea aprovechar la escena de los transportes que utilizan combustibles fósiles como excusa para hablar del cambio climático? ¿Por qué no hablamos de cómo nuestro estilo de vida, que depende tanto de actividades que emiten gases de efecto invernadero, desde conducir automóviles hasta viajar en avión, contribuye directamente a distorsionar el clima?
Los expertos del clima prevén que, a medida que aumente la temperatura de la Tierra, los eventos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes y severos. El Centro Tyndall para la Investigación sobre el Cambio Climático es una organización con sede en Gran Bretaña que reúne a científicos y expertos para investigar, evaluar y comunicar las nuevas realidades provocadas por el calentamiento global. Los científicos del Centro Tyndall asistieron la semana pasada a la conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas en Varsovia, Polonia. Kevin Anderson es el subdirector del centro. Si bien Varsovia está a tan solo dos horas de avión de Manchester, Anderson prefirió tomar el tren, por lo que viajó durante 23 horas.
"Las emisiones de dióxido de carbono provocadas por los aviones son bastante emblemáticas de la vida moderna, en especial para el puñado de personas ricas como nosotros, y simbolizan lo que hacemos día a día. No pensamos dos veces sobre si generamos más o menos emisiones de carbono. Creo que, hasta cierto punto, los científicos están haciendo un excelente trabajo para mostrar la gravedad del problema, pero el lenguaje que hemos utilizado no ha demostrado la gravedad del asunto a los responsables políticos y eso puede verse claramente aquí. En las grandes sesiones plenarias se puede escuchar a los ministros afirmar con su retórica vacía: 'Debemos hacer algo al respecto'. Son obviedades. Podemos hablar durante horas, pero la ciencia ha demostrado que este proceso está mal encausado", sostuvo el Profesor Anderson.
La conferencia le brinda a un miembro de la delegación de jóvenes la oportunidad de hablar ante la sesión plenaria. Este año, fue Marian Hussein Osman, una joven activista somalí, originaria de Mogadiscio, quien habló ante los presentes: "Si bien la existencia humana no es negociable, ustedes hicieron una apuesta de 21 años con respecto a nuestro futuro. En las últimas horas [de negociaciones], ministros y delegados, les ruego que no permitan que Varsovia se convierta en otro Copenhague. La avaricia y los intereses mezquinos de una minoría no deberían despojarnos de lo que son indiscutiblemente nuestros derechos humanos inalienables. En un momento en que nuestros hogares, nuestro sustento e incluso la existencia geofísica están en riesgo, una mayor ambición para combatir el cambio climático no es algo opcional, sino fundamental".
Poco antes de finalizar la cumbre, alrededor de 800 personas abandonaron las negociaciones y declararon a la conferencia sobre cambio climático de Varsovia la peor hasta la fecha. Llevaban carteles que decían: "Los contaminadores hablan, nosotros marchamos", debido a que las negociaciones de la ONU en Varsovia fueron, por primera vez, co-auspiciadas por las industrias del carbón y el petróleo. Mientras cientos de activistas y representantes de ONG se reunían en el hall del Estadio Nacional de Varsovia (donde se desarrolló la cumbre sobre cambio climático) para abandonar la conferencia, el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo, tomó la palabra: "Tenemos un mensaje para nuestros líderes políticos: entiendan que la naturaleza no es negociable. No podemos cambiar la ciencia, sino que debemos cambiar la voluntad política. Tienen la capacidad para hacerlo, y ya no pueden seguir postergándolo. Deben comenzar a hacerlo ahora".
Quienes abandonaron la conferencia también llevaban otro mensaje, la palabra en español "Volveremos", junto a la traducción al inglés: "We will be back". Jamie Henn, de 350.org, sintetizó el espíritu de la acción de abandonar la conferencia y la promesa colectiva de quienes se reunieron para fortalecer los movimientos de base a nivel mundial: "Creo que el acontecimiento más importante en este momento es que algunas de las ONG más grandes del mundo, como WWF, Oxfam, Greenpeace, grupos que tradicionalmente han participado en este proceso están diciendo 'Necesitamos cambiar de táctica. Necesitamos comenzar a pensar en la industria de los combustibles fósiles de otra manera'. El mensaje de la camiseta dice: 'Los contaminadores hablan, nosotros marchamos'. Creo que haber salido de las negociaciones demuestra que habrá un nuevo tipo de compromiso para realmente enfrentarse a la industria de los combustibles fósiles, realizar campañas de desinversión, oponerse a los oleoductos como Keystone XL. Nos estamos dando cuenta de que para poder lograr un avance con respecto al clima, no podemos simplemente asistir a las conferencias y pedir a los líderes políticos que adopten medidas. Necesitamos enfrentarnos directamente a la industria".
Amy Goodman | Democracy Now!
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna. Texto en inglés traducido por Mercedes Camps
REGASIFICADORA:Un asunto que pinta cada vez peor
REGASIFICADORA
Un asunto que pinta cada vez peor
Autor: William Yohai
25 de noviembre de 2013
Hemos demostrado en una serie de trabajos escritos junto a la red de economistas de izquierda y al colectivo de lucha por la tierra [1] la inviabilidad económica, de acuerdo a la información conocida hasta ahora, de la regasificadora cuyo contrato se ha firmado recientemente entre la estatal Gas Sayago y la trasnacional GDF-SUEZ.
Simplemente la demanda de energía eléctrica térmica y gas natural domiciliario e industrial que existirá hacia 2015-16 cuando, según se afirma, la planta estará operativa no supera el 6% de su capacidad de producción. Si se agregan las necesidades del proyecto Aratirí dicha demanda no superará el 15% de aquella. Resulta obvio que ningún proyecto industrial se puede justificar económicamente con tan bajos índices de utilización de la capacidad instalada. A nadie se le pasa por la cabeza estudiar siquiera un proyecto industrial cuya utilización proyectada baje del 75% de su potencial.
Desde el gobierno se ha sostenido, aparte de intentar falsear las cifras que hemos utilizado y que provienen de fuentes oficiales, que el hueco en la demanda de gas natural lo suplirá la compra de gas por Argentina. Se plantea que dicha demanda alcanzará los 5 millones de m3 de gas diarios que es la capacidad del gasoducto Cruz del Sur.
Argentina ha venido aumentando su déficit energético a partir de 2011 cuando se volvió importadora neta. Ya en ese año el gobierno tomó la decisión, visto este hecho, de re estatizar YPF tomando el control de las acciones que poseía la española REPSOL en ésta.
Desde entonces el gobierno e YPF han ido tomando medidas activas para recomponer la situación. Ejemplos de ello son: 1) el cambio de las regulaciones para el sector energía. Por un lado se aumentó el precio que deben pagar las industrias por el gas natural desde el entorno de los U$S 2 a los U$S 7,5 por MMBTU. Por el otro se legisló cambiando las reglas del juego.
En adelante las empresas privadas que inviertan más de U$S 1.000 millones en desarrollos para explotar petróleo y gas natural adquirirán el derecho a exportar libremente hasta un 20% de su producción al cabo de algunos años.
2) estrechamente unido a lo anterior se lanza una política de asociaciones con capitales extranjeros, particularmente el que firman con Chevron (de triste memoria por su accionar depredador en Ecuador) para explotar una parte de los yacimientos de petróleo y gas no convencionales de Vaca Muerta.
3) la propia YPF activa la exploración y explotación de viejos y nuevos yacimientos.
4) uno de los anuncios emitidos tras los recientes cambios en el gabinete ministerial refieren a un tema estrechamente vinculado: se reducirán los subsidios a la energía.
En efecto, sabemos que los precios que se pagan por la electricidad y el gas en Argentina son extraordinariamente bajos.
Hace 2 años la presidente Cristina Fernández lanzó una iniciativa para reducir los subsidios en forma voluntaria. No tuvo éxito. Ahora se plantea reducirlos obligatoriamente, por lo menos para los sectores de ingresos medios o altos. Es esperable que la reducción de los subsidios redunde en una reducción o cese del aumento del consumo.
Todo esto, más las el flojo nivel de crecimiento de la economía argentina en 2012 (menos de 2%) con perspectivas algo mejores para 2013 y 2014 pero aún lejos de aquellos 8 a 9% que predominaron hace algunos años, explican el contenido sustantivo del diálogo[2] con José Coya, flamante presidente de ANCAP.
“Luego de un primer acercamiento con YPF con la firma de un memorándum, ¿se avanzó en la negociación para exportar el excedente de 5 millones de metros cúbicos de gas que tendrá la regasificadora?
Estamos trabajando firme. Hay un intercambio bueno entre ANCAP e YPF, pero aún no hemos arribado a un acuerdo. Es un proceso que incluye muchas variantes. El excedente de 5 millones de metros cúbicos no es menor por el volumen, pero sobre todo por la logística que debería llevar a cabo Gas Sayago para satisfacer ese consumo. La logística de los barcos que podrían ingresar (a Puntas de Sayago) y la continuidad para coordinar la compra no es una tarea sencilla. Por tanto, no solamente tenemos que ver la oportunidad de negocio que nos da colocar el excedente de gas, sino también todos los problemas que esto nos podría traer. Podemos hablar de 5 millones de metros cúbicos en un año, pero que quizá podrían ser 3 millones promedio porque la actividad en Argentina no les va a permitir comprar el mismo volumen todos los días del año. En fin, hay un montón de variantes que hay que definir. Por ahora, seguimos conversando con YPF pero sin una resolución.
¿La empresa está trabajando en la implementación de una política para promover y extender el consumo de gas natural una vez que esté operativa la planta regasificadora?
ANCAP ya tiene en su estructura al gas natural como una unidad de negocio. Obviamente ahora va a tener un desarrollo por la regasificadora donde el ente va a tener una participación directa en Conecta y MontevideoGas en la comercialización. Eso nos va a dar la posibilidad de ampliar el consumo de gas natural. Por eso estamos previendo intervenir en MontevideoGas aunque aún no está cerrado el negocio final, pese a que hay un acuerdo con Petrobras en que será 50% y 50%, pero aún quedan aspectos para incorporar a ANCAP a este negocio”
Dos comentarios merece este fragmento de la entrevista: resulta completamente lógica la renuencia de YPF (más allá de la fanfarria que acompañó la inauguración de la desulfurizadora de ANCAP el 27 de agosto cuando se anunció la firma del documento entre ANCAP e YPF) a comprometerse a adquirir volúmenes fijos de gas.
La lectura de este trabajo dejará al lector convencido de las razones para dicha reticencia. El segundo comentario refiere al tema del “gas domiciliario barato”.
En efecto: el precio del gas natural licuado que paga Argentina es de casi U$S 16 el MMBTU. Y nos vende el gas natural a U$S 23 la unidad. El precio que cobra Montevideo-gas a sus consumidores es superior a la última cifra pero apenas alcanza para cubrir los costos operativos de ésta.
El ahorro total anual por concepto de diferencia entre el precio a que nos vende Argentina y el del gas natural licuado que podríamos obtener sumaría U$S 16 millones anuales. Comparémoslo con el costo de 15 millones de dólares mensuales que cuesta la regasificadora. Todo esto no está seguramente desligado de la frase que cierra la cita:
Por eso estamos previendo intervenir en MontevideoGas aunque aún no está cerrado el negocio final, pese a que hay un acuerdo con Petrobras en que será 50% y 50%, pero aún quedan aspectos para incorporar a ANCAP a este negocio”. Frase que nos sorprendió porque ya hace varios meses se había informado que el acuerdo con PETROBRAS (actual dueña de Montevideo Gas) era un hecho
Para abundar en el tema, y completar el panorama transcribimos un par de informaciones [3]:
“Buenos Aires. Total Austral, junto con sus socios Wintershall Energía y Pan American Energy, ha tomado la decisión de inversión para poner en marcha el desarrollo del yacimiento offshore de gas y condensados Vega Pléyade.
El yacimiento Vega Pléyade será producido a través de tres pozos horizontales y aportará en un comienzo seis millones de metros cúbicos por día hasta llegar a un máximo de diez. Su producción, junto con la de otros yacimientos operados por Total Austral en la zona, permitirá optimizar el abastecimiento de las plantas de tratamiento que ya se encuentran en operación allí y asegurar una producción diaria superior a 18 millones de metros cúbicos de gas natural.”
O esta otra [4]:
“La producción de petróleo de YPF durante octubre de este año fue de 1.048.879 metros cúbicos, lo que equivale a un incremento de 6,6 por ciento respecto de igual mes del año anterior, según informó ayer la compañía. En lo que respecta al gas, la producción fue de 916.453 millones, con una suba interanual de 5,3 por ciento. “Este crecimiento sostenido en la producción de hidrocarburos refleja el intenso trabajo realizado por YPF en los yacimientos que opera, tanto de hidrocarburos convencionales como no convencionales”, aseguró la firma conducida por Miguel Galuccio a través de un comunicado.
La mejora en la producción viene siendo sostenida en los últimos meses. En el caso del crudo, subió 2 por ciento en junio, 4,7 en julio, 1,9 en agosto, 5 en septiembre y ahora 6,6 por ciento, siempre en términos interanuales. En gas, en tanto, trepó 0,4 en junio, 0,2 en julio, 2,4 en agosto, 3,6 en septiembre y 5,3 por ciento en octubre.
Esta progresión permite anticipar que 2013 mostrará un crecimiento anual tanto en crudo como en gas. En este último caso la mejora será muy leve, pero alcanzará para revertir la tendencia declinante de los últimos años.”
La suma de factores que hemos mencionado apunta, entonces, a que Argentina alcance entre 2013 y 2014 el punto más álgido en referencia a sus necesidades de importar gas natural. Si todo se sigue desarrollando como hasta ahora las mismas descenderán para 2015-16, cuando esté operativa la regasificadora. Hasta ahora Argentina ha cubierto perfectamente sus necesidades de importación por las dos vías de que dispone: los barcos regasificadores de Bahía Blanca y Ensenada y el suministro por cañería desde Bolivia.
El mayor peligro desde el punto de vista de la racionalidad de la regasificadora se plantea para el futuro algo más lejano.
No es imposible que hacia 2020 Argentina alcance la autosuficiencia en el suministro de gas y se plantee exportar. Para ese entonces el costosísimo barco dejará de tener sentido por completo. Será más barato el gas que nos podrá vender Argentina a través de los 2 gasoductos actualmente operativos (Cruz del Sur y Casablanca).
Si esto sucede la regasificadora de Puntas de Sayago podrá transformarse en atracción turística: la única planta regasificadora ociosa en el mundo.
Seguiremos, no obstante, pagando hasta 2030 más de 15 millones de dólares mensuales por ella
[1] Se pueden consultar en www.resonandoenfenix.blospot.com. En particular “regasificadora: dilapidación escandalosa de recursos públicos” y “las 4 patas del saqueo”. Están también la respuesta que mereció el primer trabajo mencionado del director de energía Ramón Méndez y su refutación.
[2] http://www.elobservador.com.uy/noticia/265381/coya-exportar-el-excedente-de-gas-a-argentina-no-es-tarea-sencilla/
[3] http://www.petroleoamerica.com/2013/10/argentina-total-lanza-el-desarrollo-del_24.html (las negritas son nuestras).
[4] http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-234308-2013-11-25.html (negritas son nuestras)
Un asunto que pinta cada vez peor
Autor: William Yohai
25 de noviembre de 2013
Hemos demostrado en una serie de trabajos escritos junto a la red de economistas de izquierda y al colectivo de lucha por la tierra [1] la inviabilidad económica, de acuerdo a la información conocida hasta ahora, de la regasificadora cuyo contrato se ha firmado recientemente entre la estatal Gas Sayago y la trasnacional GDF-SUEZ.
Simplemente la demanda de energía eléctrica térmica y gas natural domiciliario e industrial que existirá hacia 2015-16 cuando, según se afirma, la planta estará operativa no supera el 6% de su capacidad de producción. Si se agregan las necesidades del proyecto Aratirí dicha demanda no superará el 15% de aquella. Resulta obvio que ningún proyecto industrial se puede justificar económicamente con tan bajos índices de utilización de la capacidad instalada. A nadie se le pasa por la cabeza estudiar siquiera un proyecto industrial cuya utilización proyectada baje del 75% de su potencial.
Desde el gobierno se ha sostenido, aparte de intentar falsear las cifras que hemos utilizado y que provienen de fuentes oficiales, que el hueco en la demanda de gas natural lo suplirá la compra de gas por Argentina. Se plantea que dicha demanda alcanzará los 5 millones de m3 de gas diarios que es la capacidad del gasoducto Cruz del Sur.
Argentina ha venido aumentando su déficit energético a partir de 2011 cuando se volvió importadora neta. Ya en ese año el gobierno tomó la decisión, visto este hecho, de re estatizar YPF tomando el control de las acciones que poseía la española REPSOL en ésta.
Desde entonces el gobierno e YPF han ido tomando medidas activas para recomponer la situación. Ejemplos de ello son: 1) el cambio de las regulaciones para el sector energía. Por un lado se aumentó el precio que deben pagar las industrias por el gas natural desde el entorno de los U$S 2 a los U$S 7,5 por MMBTU. Por el otro se legisló cambiando las reglas del juego.
En adelante las empresas privadas que inviertan más de U$S 1.000 millones en desarrollos para explotar petróleo y gas natural adquirirán el derecho a exportar libremente hasta un 20% de su producción al cabo de algunos años.
2) estrechamente unido a lo anterior se lanza una política de asociaciones con capitales extranjeros, particularmente el que firman con Chevron (de triste memoria por su accionar depredador en Ecuador) para explotar una parte de los yacimientos de petróleo y gas no convencionales de Vaca Muerta.
3) la propia YPF activa la exploración y explotación de viejos y nuevos yacimientos.
4) uno de los anuncios emitidos tras los recientes cambios en el gabinete ministerial refieren a un tema estrechamente vinculado: se reducirán los subsidios a la energía.
En efecto, sabemos que los precios que se pagan por la electricidad y el gas en Argentina son extraordinariamente bajos.
Hace 2 años la presidente Cristina Fernández lanzó una iniciativa para reducir los subsidios en forma voluntaria. No tuvo éxito. Ahora se plantea reducirlos obligatoriamente, por lo menos para los sectores de ingresos medios o altos. Es esperable que la reducción de los subsidios redunde en una reducción o cese del aumento del consumo.
Todo esto, más las el flojo nivel de crecimiento de la economía argentina en 2012 (menos de 2%) con perspectivas algo mejores para 2013 y 2014 pero aún lejos de aquellos 8 a 9% que predominaron hace algunos años, explican el contenido sustantivo del diálogo[2] con José Coya, flamante presidente de ANCAP.
“Luego de un primer acercamiento con YPF con la firma de un memorándum, ¿se avanzó en la negociación para exportar el excedente de 5 millones de metros cúbicos de gas que tendrá la regasificadora?
Estamos trabajando firme. Hay un intercambio bueno entre ANCAP e YPF, pero aún no hemos arribado a un acuerdo. Es un proceso que incluye muchas variantes. El excedente de 5 millones de metros cúbicos no es menor por el volumen, pero sobre todo por la logística que debería llevar a cabo Gas Sayago para satisfacer ese consumo. La logística de los barcos que podrían ingresar (a Puntas de Sayago) y la continuidad para coordinar la compra no es una tarea sencilla. Por tanto, no solamente tenemos que ver la oportunidad de negocio que nos da colocar el excedente de gas, sino también todos los problemas que esto nos podría traer. Podemos hablar de 5 millones de metros cúbicos en un año, pero que quizá podrían ser 3 millones promedio porque la actividad en Argentina no les va a permitir comprar el mismo volumen todos los días del año. En fin, hay un montón de variantes que hay que definir. Por ahora, seguimos conversando con YPF pero sin una resolución.
¿La empresa está trabajando en la implementación de una política para promover y extender el consumo de gas natural una vez que esté operativa la planta regasificadora?
ANCAP ya tiene en su estructura al gas natural como una unidad de negocio. Obviamente ahora va a tener un desarrollo por la regasificadora donde el ente va a tener una participación directa en Conecta y MontevideoGas en la comercialización. Eso nos va a dar la posibilidad de ampliar el consumo de gas natural. Por eso estamos previendo intervenir en MontevideoGas aunque aún no está cerrado el negocio final, pese a que hay un acuerdo con Petrobras en que será 50% y 50%, pero aún quedan aspectos para incorporar a ANCAP a este negocio”
Dos comentarios merece este fragmento de la entrevista: resulta completamente lógica la renuencia de YPF (más allá de la fanfarria que acompañó la inauguración de la desulfurizadora de ANCAP el 27 de agosto cuando se anunció la firma del documento entre ANCAP e YPF) a comprometerse a adquirir volúmenes fijos de gas.
La lectura de este trabajo dejará al lector convencido de las razones para dicha reticencia. El segundo comentario refiere al tema del “gas domiciliario barato”.
En efecto: el precio del gas natural licuado que paga Argentina es de casi U$S 16 el MMBTU. Y nos vende el gas natural a U$S 23 la unidad. El precio que cobra Montevideo-gas a sus consumidores es superior a la última cifra pero apenas alcanza para cubrir los costos operativos de ésta.
El ahorro total anual por concepto de diferencia entre el precio a que nos vende Argentina y el del gas natural licuado que podríamos obtener sumaría U$S 16 millones anuales. Comparémoslo con el costo de 15 millones de dólares mensuales que cuesta la regasificadora. Todo esto no está seguramente desligado de la frase que cierra la cita:
Por eso estamos previendo intervenir en MontevideoGas aunque aún no está cerrado el negocio final, pese a que hay un acuerdo con Petrobras en que será 50% y 50%, pero aún quedan aspectos para incorporar a ANCAP a este negocio”. Frase que nos sorprendió porque ya hace varios meses se había informado que el acuerdo con PETROBRAS (actual dueña de Montevideo Gas) era un hecho
Para abundar en el tema, y completar el panorama transcribimos un par de informaciones [3]:
“Buenos Aires. Total Austral, junto con sus socios Wintershall Energía y Pan American Energy, ha tomado la decisión de inversión para poner en marcha el desarrollo del yacimiento offshore de gas y condensados Vega Pléyade.
El yacimiento Vega Pléyade será producido a través de tres pozos horizontales y aportará en un comienzo seis millones de metros cúbicos por día hasta llegar a un máximo de diez. Su producción, junto con la de otros yacimientos operados por Total Austral en la zona, permitirá optimizar el abastecimiento de las plantas de tratamiento que ya se encuentran en operación allí y asegurar una producción diaria superior a 18 millones de metros cúbicos de gas natural.”
O esta otra [4]:
“La producción de petróleo de YPF durante octubre de este año fue de 1.048.879 metros cúbicos, lo que equivale a un incremento de 6,6 por ciento respecto de igual mes del año anterior, según informó ayer la compañía. En lo que respecta al gas, la producción fue de 916.453 millones, con una suba interanual de 5,3 por ciento. “Este crecimiento sostenido en la producción de hidrocarburos refleja el intenso trabajo realizado por YPF en los yacimientos que opera, tanto de hidrocarburos convencionales como no convencionales”, aseguró la firma conducida por Miguel Galuccio a través de un comunicado.
La mejora en la producción viene siendo sostenida en los últimos meses. En el caso del crudo, subió 2 por ciento en junio, 4,7 en julio, 1,9 en agosto, 5 en septiembre y ahora 6,6 por ciento, siempre en términos interanuales. En gas, en tanto, trepó 0,4 en junio, 0,2 en julio, 2,4 en agosto, 3,6 en septiembre y 5,3 por ciento en octubre.
Esta progresión permite anticipar que 2013 mostrará un crecimiento anual tanto en crudo como en gas. En este último caso la mejora será muy leve, pero alcanzará para revertir la tendencia declinante de los últimos años.”
La suma de factores que hemos mencionado apunta, entonces, a que Argentina alcance entre 2013 y 2014 el punto más álgido en referencia a sus necesidades de importar gas natural. Si todo se sigue desarrollando como hasta ahora las mismas descenderán para 2015-16, cuando esté operativa la regasificadora. Hasta ahora Argentina ha cubierto perfectamente sus necesidades de importación por las dos vías de que dispone: los barcos regasificadores de Bahía Blanca y Ensenada y el suministro por cañería desde Bolivia.
El mayor peligro desde el punto de vista de la racionalidad de la regasificadora se plantea para el futuro algo más lejano.
No es imposible que hacia 2020 Argentina alcance la autosuficiencia en el suministro de gas y se plantee exportar. Para ese entonces el costosísimo barco dejará de tener sentido por completo. Será más barato el gas que nos podrá vender Argentina a través de los 2 gasoductos actualmente operativos (Cruz del Sur y Casablanca).
Si esto sucede la regasificadora de Puntas de Sayago podrá transformarse en atracción turística: la única planta regasificadora ociosa en el mundo.
Seguiremos, no obstante, pagando hasta 2030 más de 15 millones de dólares mensuales por ella
[1] Se pueden consultar en www.resonandoenfenix.blospot.com. En particular “regasificadora: dilapidación escandalosa de recursos públicos” y “las 4 patas del saqueo”. Están también la respuesta que mereció el primer trabajo mencionado del director de energía Ramón Méndez y su refutación.
[2] http://www.elobservador.com.uy/noticia/265381/coya-exportar-el-excedente-de-gas-a-argentina-no-es-tarea-sencilla/
[3] http://www.petroleoamerica.com/2013/10/argentina-total-lanza-el-desarrollo-del_24.html (las negritas son nuestras).
[4] http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-234308-2013-11-25.html (negritas son nuestras)
CRISTINA MIHURA DECLARÓ EN VIDEOCONFERENCIA DESDE ROMA
EN LA CAUSA ARGENTINA POR EL PLAN CÓNDOR
Después de 37 años, la viuda del desaparecido ítalo-uruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández, desaparecido en este país, declaró ante dos fiscales argentinos y varios abogados de los acusados en la causa del Plan Cóndor.
Por Elena Llorente -
Cristina Mihura, uruguaya residente en Italia, viuda del desaparecido ítalo-uruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández, dijo estar “muy agradecida” a los jueces argentinos que por primera vez, en los 37 años que lleva su búsqueda, la interrogaron ayer sobre el caso de su marido. “Es como una catarsis, es impresionante la sensación que se tiene cuando alguien importante te escucha”, dijo a Página/12. Bernardo Arnone desapareció en Buenos Aires, el 1º de octubre de 1976.
Ayer Mihura fue escuchada durante más de dos horas por los fiscales argentinos Pablo Ouviña y Mercedes Moguilansky, además de algunos jueces y abogados defensores de los militares acusados en el marco del Plan Cóndor, la operación internacional de aniquilación de opositores políticos, de la que participaron los servicios de varias dictaduras del Cono Sur en la década del ’70.
El interrogatorio tuvo lugar en el Consulado argentino de Roma por medio de una videoconferencia. “Fueron muy detallistas en sus preguntas.
Querían conocer todo, todo, desde cómo había conocido yo a Bernardo, con quien me casé en 1974, hasta con quiénes trabajaba o quién había allanado la casa de la madre de Bernardo, hoy fallecida, que estaba en Buenos Aires cuando él fue secuestrado y que, al volver a Montevideo, se encontró con que los militares estaban haciendo un allanamiento en su casa y escarbando en el patio en busca de algo que no encontraron.
También me preguntaron sobre mis denuncias, de la carta que envié al ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), la historia del PVP, el Partido por la Victoria del Pueblo en el que militábamos”, contó Mihura que ha sido una de las principales promotoras de otro proceso Cóndor, el que está intentando llevar a cabo la fiscalía italiana contra militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, y que está en su etapa preliminar
Mihura también informó a los jueces de una ficha y una serie de documentos que aparecen desde hace algunos meses en el portal de Internet de la presidencia de la República de Uruguay sobre su marido y otros desaparecidos uruguayos, al que ella no ha tenido acceso directamente.
“En el portal no se dice cuál es la referencia de esos documentos, pero evidentemente se dan informaciones pertenecientes a fuentes de la represión”, indicó
Respecto de los contenidos del interrogatorio, agregó que lo único que pudo ofrecer fue “el contexto en el que ocurrió el secuestro, el contexto de una perejil, no de una militante de alto rango”. “Lamento que haya pasado tanto tiempo, porque hay muchas cosas que me he olvidado. Pero es la primera vez que me dejan decir todo lo que yo sé o he sabido
En algún momento me emocioné por eso. Especialmente cuando conté lo que me dijo un sobreviviente de la cárcel clandestina de Orletti, donde se supone que fueron a parar los uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre de 1976, y entre los cuales probablemente estaba Bernardo. José Luis Bertazzo contó que había compartido con algunos uruguayos en Orletti una toalla para taparse la boca y la nariz cuando los militares echaron gamexane para combatir las pulgas y otros insectos que había en el lugar.”“También les transmití a los fiscales la situación de absoluto terror en la que vivíamos y cómo, por ejemplo en mi caso, que salí exiliada a Suecia, a los pocos meses tuve todos los dientes cariados. Los dentistas de la Universidad de Estocolmo me explicaron que era un típico caso de estrés por un gran susto”, agregó.
Mihura contó que tuvo la sensación de que los fiscales sabían algo más que ella no sabía, pero nada dijeron en ese sentido.
Cristina Mihura empezó a buscar a su marido pocas horas después de su desaparición, aquel 1º de octubre de 1976 en Buenos Aires. Armando fue secuestrado entre las 12 y las 20 horas de ese día en la vía pública, sostiene Cristina en base a lo que ella ha podido averiguar durante todos estos años. En abril de 1977 emprendió su campaña internacional para tener noticias de Armando, enviando una carta al ACNUR explicando su caso y pidiendo ayuda. Vivía ya en esa fecha en Suecia como refugiada y allí estuvo hasta 1977. Desde entonces vive en Roma.
El secuestro de Arnone fue parte de una operación que entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre de 1976 dio como resultado la desaparición de 26 uruguayos en Buenos Aires, 23 adultos y tres niños.
Los niños aparecieron después, dos en Chile y una en Argentina. Por otra parte, aparecieron sólo los restos de tres de los 26, en Argentina. Dicen que a los demás los llevaron a Montevideo (en el llamado y famoso “segundo vuelo” de la Fuerza Aérea uruguaya), pero en Uruguay nunca aparecieron rastros de ellos, ni vivos ni muertos, contó Mihura, que todavía no logra saber ni siquiera dónde están los restos del que fuera su marido
“Después de tantas querellas judiciales todavía no sé si está en Argentina, si se lo llevaron a Uruguay o lo tiraron al río
Quiero saber lo que pasó. Los militares lo saben, pero ni siquiera anónimamente nos dicen algo. Es un revanchismo feroz. Yo quisiera que así como la Justicia argentina ha investigado brillantemente algunos casos, también lo hiciera la Justicia de Uruguay”, concluyó.
Publicado por Casapueblos - AEDD
EL REPRESOR DE LA PERLA ERNESTO “NABO” BARREIRO HABLA DE LISTAS, TORTURAS Y “TRASLADOS
EL REPRESOR DE LA PERLA ERNESTO “NABO” BARREIRO HABLA DE LISTAS, TORTURAS Y “TRASLADOS”
“Teníamos todo perfectamente detallado”
“Los ‘traslados’ los ordenaba el mando supremo, que se llevaba a los prisioneros vivos en camiones”, dijo Barreiro en una entrevista con el diario El Mundo, de España. También aseguró que “los altos mandos concurrían a La Perla y sabían lo que pasaba allí”.
“Hice lo que tenía que hacer.” “No debió haber desaparecidos, sino fusilados.” “Teníamos todo perfectamente detallado.” Las definiciones son del ex teniente Ernesto “Nabo” Barreiro, ex jefe de interrogadores en el centro clandestino de detención cordobés La Perla. El represor concedió una entrevista al periodista español Vicente Romero que fue publicada por el diario El Mundo. Admite el uso de la picana y otros “métodos de interrogatorio no ortodoxos”. “Nuestras órdenes eran obtener información como fuera”, asegura. Aquí, parte del reportaje.
–Algunos testigos aseguran que usted se jactaba de emplear un “método criollo” de tortura, unas “formas argentinas de tormento” en contraposición a la “escuela francesa” desarrollada por la contrainsurgencia en Argelia.
–Eso es una tontería. De esa “escuela francesa” se nos habló en la Escuela de Guerra como de un hecho histórico, pero nunca conformó una doctrina. Lo que yo decía es que en Argentina, tras el golpe militar, los oficiales de inteligencia tuvimos que arreglárnoslas por nosotros mismos e hicimos las cosas “a la criolla”. Por ejemplo, con el uso de las picanas eléctricas que se empleaban en la ganadería.
–Ya fuera a la francesa o a la criolla, la tortura se practicó de modo sistemático...
–Hicimos todo lo que no está incluido en la Convención de Ginebra. Pero en este momento yo no puedo decirlo.
–¿Espera usted ganar algo callando hechos probados?
–No. No me valdría de nada. La Perla no era precisamente un jardín de infantes. Y, por eso, nos están juzgando. Pero no me pida que yo, que era un oscuro teniente primero, diga lo que deberían decir mis superiores. Me encantaría contar todo lo que sé, pero mis superiores no quieren hablar y la suerte de mis subalternos dependen de lo que yo diga.
–Nadie habla. Se ha detenido, juzgado y condenado a numerosos responsables de la represión y seguimos sin tener informaciones precisas sobre la suerte de cerca de 30.000 desaparecidos bajo la dictadura.
–Sí. Fíjese que ya han fallecido entre rejas 223 prisioneros por crímenes de lesa humanidad. Pero tampoco fueron 30.000 los desaparecidos, sino siete mil y pico. En Córdoba, los archivos de la Memoria Histórica hablan de un millar de víctimas, entre muertos, presos y desaparecidos. Un día le pregunté a la secretaria del juzgado cuántas desapariciones estaban registradas desde un punto de vista judicial y me respondió que unas 400, incluyendo alguna de la época de Lanusse, desde 1971. Y eso que Córdoba era un foco revolucionario importante.
–¿No llevaban ustedes un registro de los detenidos?
–Sí, naturalmente. Teníamos todo perfectamente detallado, con datos de los prisioneros que pasaron por La Perla. Pero esos archivos ya no existen. Y nosotros somos quienes más lamentamos su pérdida. Porque si hubiera documentos oficiales servirían para establecer la verdad histórica de lo que ocurrió.
–¿Qué pasó con toda la documentación militar?
–El general (Cristino) Nicolaides ordenó destruirla, incinerándola. Yo maldigo esa orden, que bajó desde el alto mando hasta los últimos destacamentos.
–Además de los datos personales de los detenidos, ¿figuraba en los registros el destino final de cada uno de ellos?
–Sí. Se consignaba cuando eran “trasladados”.
–Querrá usted decir asesinados. “Trasladados” es el más siniestro de los eufemismos militares.
–La palabra “trasladados” tenía un significado amplio. Puede ser que fuesen ejecutados. Los “traslados” los ordenaba el mando supremo, que se llevaba a los prisioneros vivos en camiones. Pero de eso tampoco quiero hablar hasta que acabe el juicio.
–¿Cómo se decidía la muerte y la desaparición de un detenido?
–Eso pregúnteselo usted a mi comandante en jefe, el general (Luciano Benjamín) Menéndez.
–Hay numerosos testimonios de su actividad como torturador.
–No quiero entrar en detalles sobre lo que ocurrió. Pero me responsabilizo de cuanto hicieron o dejaron de hacer mis subalternos, incluyendo los interrogatorios con métodos no ortodoxos.
–¿Eso incluye violaciones de detenidas?
–Eso no. Se lo aseguro desde el fondo de mi alma. Al menos, que yo lo supiera. Pero hay que poner las cosas en su lugar. Sí que hubo algunas relaciones sexuales (...).
–Los interrogadores de La Perla, ¿podían hacer lo que quisieran con los detenidos?
–Nuestras órdenes eran obtener información como fuera.
–¿No les pedían cuentas de los daños que causaran?
–No hacía falta. Los altos mandos concurrían constantemente a La Perla y sabían perfectamente lo que pasaba allí. Tampoco podíamos pedir por favor a los prisioneros que hablaran.
–¿Se considera usted un mero instrumento de represión?
–Lo fui, desde un punto de vista militar. Yo era un hombre de ejército, preparado para cualquier eventualidad. He explicado al tribunal cómo piensa y siente una persona formada con el objetivo fundamental de cumplir órdenes. Nos preparan para matar y para morir. Y nos sacan a la calle para eso, no para otra cosa. Nuestra conducta está condicionada para eso. Mire, al piloto que arrojó la bomba atómica lo recibieron como un héroe, conscientes de las miles de personas que había matado. Y nosotros somos considerados unos asesinos.
–¿No se arrepiente de nada de lo que hizo?
–Hice lo que tenía que hacer. No estoy arrepentido. Pero hoy no volvería a hacerlo. Porque yo era un hombre de paz, estaba en contra del golpe de Estado y tuve que violentar mi posición política. En el ’77 ya decíamos, en panfletos militares de circulación interna, que corríamos el riesgo de que un día hubiera juicios como el de Nuremberg. Pero ahora no se puede entender lo que entonces vivimos, con el idealismo de los veinte años y la adrenalina cotidiana, cuando uno salía de casa cada día esperando que la guerrilla lo matara. Yo tuve que pelear. Y lo hice convencido, para impedir que Argentina se convirtiera en otra Cuba.
–¿Nunca se planteó que los métodos criminales del terrorismo de Estado no eran válidos?
–La incompetencia de nuestros mandos militares, de quienes tomaron las decisiones, era muy grande. Algunos comprendimos que era una barbaridad hacer todo de forma irregular. No tendría que haber desaparecidos, sino fusilados después de haber sido juzgados en consejos de guerra y condenados a muerte. No todos, sino quienes lo merecieran. Eso es lo que habría querido hacer el general Menéndez.
Durante el juicio, Barreiro admitió que solía tumbarse al lado de la detenida Graciela Soldan para mantener largas conversaciones. Varios testigos contaron que ella no quería morir con los ojos tapados y que Barreiro no sólo le había prometido quitarle la venda cuando la fusilaran sino que intentaría ser quien la matara. Pero el día que “trasladaron” a Graciela, el ex teniente se ausentó. Y ella le dejó un recado a gritos: “Díganle a Barreiro que es un cagón”.
–¿Es verdad eso?
–No. Sólo es folclore político, una leyenda. Nunca le prometí nada. Y tampoco habría podido hacer eso que dicen, porque excedía mi poder.
–Oficialmente, usted es católico. ¿Cree en Dios?
–Soy creyente, pero no practicante.
–¿Duerme usted bien?
–Como los dioses. Porque a mis 66 años, ya veo la vida de otra manera. Y me queda poco por hacer.
–Tiene cinco hijos...
–Sí. El mayor, de 42 años, y el menor, de 34.
–¿Sus hijos le han juzgado?
–Creo que no. Yo no pretendí formarlos ideológicamente y siempre fui muy liberal con ellos. Pienso que fui un buen padre. Y mantenemos una buena relación. Hay uno que no convalida mi pasado, pero tampoco puede ir en contra de su propia sangre. También tengo una esposa excepcional, comprensiva y luchadora.
–¿Es usted consciente de que no volverá a pisar la calle en libertad?
–Sí. Lo pienso constantemente. Pero Dios proveerá. Mi ánimo no cambia.
Barreiro está acusado de 228 privaciones ilegítimas de libertad agravadas, 211 casos de tormentos agravados y 13 de tormentos seguidos de muerte, 65 homicidios calificados y el secuestro de un menor de 10 años. En 1987 fue uno de los cabecillas del alzamiento carapintada, que se inició luego de que él se negara a presentarse ante la Justicia alegando obediencia debida. Luego de la anulación de las leyes de impunidad, se fugó a los Estados Unidos, de donde fue extraditado en 2007.
“Teníamos todo perfectamente detallado”
“Los ‘traslados’ los ordenaba el mando supremo, que se llevaba a los prisioneros vivos en camiones”, dijo Barreiro en una entrevista con el diario El Mundo, de España. También aseguró que “los altos mandos concurrían a La Perla y sabían lo que pasaba allí”.
“Hice lo que tenía que hacer.” “No debió haber desaparecidos, sino fusilados.” “Teníamos todo perfectamente detallado.” Las definiciones son del ex teniente Ernesto “Nabo” Barreiro, ex jefe de interrogadores en el centro clandestino de detención cordobés La Perla. El represor concedió una entrevista al periodista español Vicente Romero que fue publicada por el diario El Mundo. Admite el uso de la picana y otros “métodos de interrogatorio no ortodoxos”. “Nuestras órdenes eran obtener información como fuera”, asegura. Aquí, parte del reportaje.
–Algunos testigos aseguran que usted se jactaba de emplear un “método criollo” de tortura, unas “formas argentinas de tormento” en contraposición a la “escuela francesa” desarrollada por la contrainsurgencia en Argelia.
–Eso es una tontería. De esa “escuela francesa” se nos habló en la Escuela de Guerra como de un hecho histórico, pero nunca conformó una doctrina. Lo que yo decía es que en Argentina, tras el golpe militar, los oficiales de inteligencia tuvimos que arreglárnoslas por nosotros mismos e hicimos las cosas “a la criolla”. Por ejemplo, con el uso de las picanas eléctricas que se empleaban en la ganadería.
–Ya fuera a la francesa o a la criolla, la tortura se practicó de modo sistemático...
–Hicimos todo lo que no está incluido en la Convención de Ginebra. Pero en este momento yo no puedo decirlo.
–¿Espera usted ganar algo callando hechos probados?
–No. No me valdría de nada. La Perla no era precisamente un jardín de infantes. Y, por eso, nos están juzgando. Pero no me pida que yo, que era un oscuro teniente primero, diga lo que deberían decir mis superiores. Me encantaría contar todo lo que sé, pero mis superiores no quieren hablar y la suerte de mis subalternos dependen de lo que yo diga.
–Nadie habla. Se ha detenido, juzgado y condenado a numerosos responsables de la represión y seguimos sin tener informaciones precisas sobre la suerte de cerca de 30.000 desaparecidos bajo la dictadura.
–Sí. Fíjese que ya han fallecido entre rejas 223 prisioneros por crímenes de lesa humanidad. Pero tampoco fueron 30.000 los desaparecidos, sino siete mil y pico. En Córdoba, los archivos de la Memoria Histórica hablan de un millar de víctimas, entre muertos, presos y desaparecidos. Un día le pregunté a la secretaria del juzgado cuántas desapariciones estaban registradas desde un punto de vista judicial y me respondió que unas 400, incluyendo alguna de la época de Lanusse, desde 1971. Y eso que Córdoba era un foco revolucionario importante.
–¿No llevaban ustedes un registro de los detenidos?
–Sí, naturalmente. Teníamos todo perfectamente detallado, con datos de los prisioneros que pasaron por La Perla. Pero esos archivos ya no existen. Y nosotros somos quienes más lamentamos su pérdida. Porque si hubiera documentos oficiales servirían para establecer la verdad histórica de lo que ocurrió.
–¿Qué pasó con toda la documentación militar?
–El general (Cristino) Nicolaides ordenó destruirla, incinerándola. Yo maldigo esa orden, que bajó desde el alto mando hasta los últimos destacamentos.
–Además de los datos personales de los detenidos, ¿figuraba en los registros el destino final de cada uno de ellos?
–Sí. Se consignaba cuando eran “trasladados”.
–Querrá usted decir asesinados. “Trasladados” es el más siniestro de los eufemismos militares.
–La palabra “trasladados” tenía un significado amplio. Puede ser que fuesen ejecutados. Los “traslados” los ordenaba el mando supremo, que se llevaba a los prisioneros vivos en camiones. Pero de eso tampoco quiero hablar hasta que acabe el juicio.
–¿Cómo se decidía la muerte y la desaparición de un detenido?
–Eso pregúnteselo usted a mi comandante en jefe, el general (Luciano Benjamín) Menéndez.
–Hay numerosos testimonios de su actividad como torturador.
–No quiero entrar en detalles sobre lo que ocurrió. Pero me responsabilizo de cuanto hicieron o dejaron de hacer mis subalternos, incluyendo los interrogatorios con métodos no ortodoxos.
–¿Eso incluye violaciones de detenidas?
–Eso no. Se lo aseguro desde el fondo de mi alma. Al menos, que yo lo supiera. Pero hay que poner las cosas en su lugar. Sí que hubo algunas relaciones sexuales (...).
–Los interrogadores de La Perla, ¿podían hacer lo que quisieran con los detenidos?
–Nuestras órdenes eran obtener información como fuera.
–¿No les pedían cuentas de los daños que causaran?
–No hacía falta. Los altos mandos concurrían constantemente a La Perla y sabían perfectamente lo que pasaba allí. Tampoco podíamos pedir por favor a los prisioneros que hablaran.
–¿Se considera usted un mero instrumento de represión?
–Lo fui, desde un punto de vista militar. Yo era un hombre de ejército, preparado para cualquier eventualidad. He explicado al tribunal cómo piensa y siente una persona formada con el objetivo fundamental de cumplir órdenes. Nos preparan para matar y para morir. Y nos sacan a la calle para eso, no para otra cosa. Nuestra conducta está condicionada para eso. Mire, al piloto que arrojó la bomba atómica lo recibieron como un héroe, conscientes de las miles de personas que había matado. Y nosotros somos considerados unos asesinos.
–¿No se arrepiente de nada de lo que hizo?
–Hice lo que tenía que hacer. No estoy arrepentido. Pero hoy no volvería a hacerlo. Porque yo era un hombre de paz, estaba en contra del golpe de Estado y tuve que violentar mi posición política. En el ’77 ya decíamos, en panfletos militares de circulación interna, que corríamos el riesgo de que un día hubiera juicios como el de Nuremberg. Pero ahora no se puede entender lo que entonces vivimos, con el idealismo de los veinte años y la adrenalina cotidiana, cuando uno salía de casa cada día esperando que la guerrilla lo matara. Yo tuve que pelear. Y lo hice convencido, para impedir que Argentina se convirtiera en otra Cuba.
–¿Nunca se planteó que los métodos criminales del terrorismo de Estado no eran válidos?
–La incompetencia de nuestros mandos militares, de quienes tomaron las decisiones, era muy grande. Algunos comprendimos que era una barbaridad hacer todo de forma irregular. No tendría que haber desaparecidos, sino fusilados después de haber sido juzgados en consejos de guerra y condenados a muerte. No todos, sino quienes lo merecieran. Eso es lo que habría querido hacer el general Menéndez.
Durante el juicio, Barreiro admitió que solía tumbarse al lado de la detenida Graciela Soldan para mantener largas conversaciones. Varios testigos contaron que ella no quería morir con los ojos tapados y que Barreiro no sólo le había prometido quitarle la venda cuando la fusilaran sino que intentaría ser quien la matara. Pero el día que “trasladaron” a Graciela, el ex teniente se ausentó. Y ella le dejó un recado a gritos: “Díganle a Barreiro que es un cagón”.
–¿Es verdad eso?
–No. Sólo es folclore político, una leyenda. Nunca le prometí nada. Y tampoco habría podido hacer eso que dicen, porque excedía mi poder.
–Oficialmente, usted es católico. ¿Cree en Dios?
–Soy creyente, pero no practicante.
–¿Duerme usted bien?
–Como los dioses. Porque a mis 66 años, ya veo la vida de otra manera. Y me queda poco por hacer.
–Tiene cinco hijos...
–Sí. El mayor, de 42 años, y el menor, de 34.
–¿Sus hijos le han juzgado?
–Creo que no. Yo no pretendí formarlos ideológicamente y siempre fui muy liberal con ellos. Pienso que fui un buen padre. Y mantenemos una buena relación. Hay uno que no convalida mi pasado, pero tampoco puede ir en contra de su propia sangre. También tengo una esposa excepcional, comprensiva y luchadora.
–¿Es usted consciente de que no volverá a pisar la calle en libertad?
–Sí. Lo pienso constantemente. Pero Dios proveerá. Mi ánimo no cambia.
Barreiro está acusado de 228 privaciones ilegítimas de libertad agravadas, 211 casos de tormentos agravados y 13 de tormentos seguidos de muerte, 65 homicidios calificados y el secuestro de un menor de 10 años. En 1987 fue uno de los cabecillas del alzamiento carapintada, que se inició luego de que él se negara a presentarse ante la Justicia alegando obediencia debida. Luego de la anulación de las leyes de impunidad, se fugó a los Estados Unidos, de donde fue extraditado en 2007.
2 dic 2013
EZLN: Una mirada a su historia.La opción por los pobres
EZLN: Una mirada a su historia. III.
La opción por los pobres
27/11/2013 |(SubVersiones- Agencia Autónoma de Comunicación)
El pasado 17 de noviembre del 2013 se cumplió 30 años de la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el 1 de enero del 2014 se celebrarán 20 años de su aparición pública. Como una forma de homenaje a los hombres y mujeres que hicieron que el grito de YA BASTA retumbara por todo el mundo, iniciamos una serie de entregas que pretenden ser una mirada a la historia de los actores que se entrelazaron para dar origen al EZLN.
Las primeras dos partes de este trabajo, El núcleo guerrillero y La resistencia milenaria, se publicaron en días pasados en este mismo espacio( y posta las reprodujo). En esta tercer y última entrega abordamos el trabajo que una corriente de la iglesia católica que bajo la dirección del obispo Samuel Ruíz García, había realizado trabajo previo en la región.
No ha sido nuestra intención hablar por los zapatistas, ellos y ellas han contado su historia y lo siguen haciendo.
Nuestro único objetivo aquí es contribuir a la difusión de su experiencia, esa que sin duda alguna representa la alternativa más avanzada en el mundo.
III. La opción por los pobres
Durante la guerra de conquista y en el proceso de colonización, surgieron personajes que denunciaron las atrocidades emprendidas por los representantes de la corona española en contra de los indígenas. Estas voces encontraron una importante resonancia al interior de la iglesia católica.
Un caso ejemplar es el de Fray Bartolomé de las Casas. Siglos más tarde, durante la guerra de independencia, nuevamente dos curas jugaron un papel relevante: Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón. Sin embargo, es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se analiza a profundidad el papel de la iglesia y de algunos de sus representantes a lado de los movimientos sociales.
En un intento por renovar y fortalecer a la iglesia católica, el Papa Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, el cual se realizó entre 1962 y 1965.
En aquel encuentro salieron a relucir las antiguas diferencias al interior de la religión católica, sobre todo las existentes entre los “antimodernos” y los “modernistas”.
En el marco de este Concilio, el Papa Pablo VI –quién sucedió a Juan Pablo XXIII luego de su muerte-, convocó al Consejo Episcopal Latinoamericano a renovar su visión y su práctica para que fuera más acorde a la realidad del continente.
Atendiendo a este llamado, diferentes sacerdotes de América Latina se dieron la tarea de preparar la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín, Colombia, entre agosto y septiembre de 1968. Dicha conferencia fue de impacto mundial para la iglesia católica debido a su composición, a los temas abordados y a las conclusiones.
Destaquemos algunos de estos elementos:
a) Los documentos conclusivos de la conferencia abordaron temas que no sólo rebasaban el ámbito de la iglesia católica, sino que dejaban ver abiertamente una posición política frente a los contextos locales. Algunos de estos documentos trataron temas sobre movimientos de laicos, medios de comunicación, justicia, pobreza, pastoral popular, etcétera.
b) Muchas de las reflexiones vertidas durante el encuentro de Medellín fortalecían la idea de que la iglesia debía denunciar la opre sión sistemática de los pobres y la explotación de las sociedades del tercer mundo.
c) No sólo participaron sacerdotes, también estuvieron religiosos, laicos y una importante representación de las Comunidades Eclesiásticas de Base –movimiento social que nace en el mismo contexto-, lo que significó una abierta disposición a trabajar con la sociedad, inclusive en acciones estratégicas.
d) Los asistentes hicieron fuerte énfasis en las diferencias históricas y estructurales entre Latinoamérica y Europa, por lo que, a pesar de asumirse como parte de la misma iglesia; señalaron que las funciones eran distintas.
e) Los asistentes acordaron no sólo asumir un papel de denuncia frente a la explotación y opresión, sino también pasar al plano de la acción y coadyuvar en todo lo necesario para que, organizadamente, los pueblos empobrecidos lograran modificar su condición de pobres.
Los resultados de la Conferencia de Medellín animaron a religiosos y laicos a estudiar a profundidad el papel de la iglesia en América Latina, atendiendo las característi cas propias de un continente con fuertes y marcadas relaciones de explotación, generadas por las estructuras –coloniales y capitalistas- de reproducción material.
Este renovado interés por el papel de la iglesia católica en América Latina llevó a varios intelectuales a redescubrir la función de algunos curas a lado de las luchas sociales y a construir una visión histórica sobre dicho papel, dando origen a la Teología de la Liberación (TL).
El filósofo Enrique Dussel identifica tres generaciones de teólogos de la liberación: la primera es aquella que durante la Colonia emprendió una crítica contra la corona española y se posicionó de lado de los indios. Destacan personajes como Fray Antonio de Montesinos, Fray Domingo de Vico y Fray Bartolomé de las Casas.
La segunda generación estaría representada por José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Costilla y Fray Servando Teresa de Mier, quienes encabezaron la lucha por hacer de México una nación libre e independiente.
La tercera generación aparece en la segunda mitad del siglo XX y se articula luego de la Conferencia de Medellín. Destacan personajes como Gustavo Gutiérrez (Perú), Leonardo Boff (Brasil), Camilo Torres (Colombia), Ernesto Cardenal (Nicaragua), Jean-Bertrand Aristide (Haití), Fernando Lugo (Paraguay), Oscar Arnulfo Romero (Salvador), Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruíz García (México).
La TL parte del análisis concreto de la realidad y de los procesos históricos que producen esa realidad, pero siempre desde el plano teológico. Franz Hinkerlammert señala que la TL considera que la pobreza es la “negación al reconocimiento mutuo entre sujetos” y que una sociedad con pobres es una sociedad sin Dios.
“Esta ausencia de Dios, no obstante, está presente allí donde gr ita. La ausencia de Dios está presente en el pobre.
El pobre es presencia del Dios ausente. Se trataría de modo visible de un caso de teología negativa, en la cual la presencia de Dios –una presencia efectiva- está dada por ausencia, una ausencia que grita, y por la necesidad” [1]
Por este motivo, los teólogos de la liberación optan por ayudar a los pobres para que ellos mismos salgan de su condición de pobreza, lo cual derivaría en el reconocimiento de todos los sujetos y en la construcción del reino de Dios en la tierra.
La respuesta de las corrientes ortodoxas al interior del Vaticano y de algunos gobiernos locales no se hizo esperar: se inició una campaña de desprestigio sobre la posición y labor de los teólogos de la liberación en la que se les acusó de estar influidos por grupos comunistas y de tener relaciones con las guerrillas.
Bajo esta lectura, los teólogos de la liberación eran promotores del odio y la violencia, por lo que no eran dignos representantes de la iglesia católica.
Ocurría así por toda América Latina una especie de simbiosis entre el marxismo y el catolicismo.
Por tal motivo los te ólogos de la liberación no estaban interesados en ser parte de la estructura jerárquica de la iglesia; su trabajo estaba más enfocado a la organización social, a trabajar con los pobres, con el proletariado.
Mientras el debate trascendía en el plano discursivo e intelectual, en la práctica los religiosos críticos continuaron su trabajo de base con los “pobres y oprimidos”.
Paralelamente a los encuentros episcopales, en América Latina fue tomando fuerza el movimiento conformado por las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), que encontraron en Brasil y en Nicaragua un espacio de referencialidad. Algunas expresiones de este movimiento llegaron inclusive a convertirse en partidos políticos.
En México las CEB encontraron gran aceptación fundamentalmente entre los sectores más marginados de la sociedad. Al respecto, Miguel Concha señala que “las CEB en México nacen en las zonas más pobres del campo y la ciudad, entre aquellos que sufren una realidad socio-política y económica de explotación, hambre, represión y miseria.
Sus actores principales son los indígenas y los campesinos, los obreros, los subempleados y los desempleados que –acompa& ntilde;ados de los agentes de pastoral, sacerdotes, religiosos y seglares, cuya vida está consagrada a la opción preferencial por los pobres- han descubierto en el Movimiento de las CEB el germen de esperanza en la Iglesia de América Latina en general, y de México en particular [2]
La metodología de trabajo de los y las integrantes de las comunidades eclesiales de base contempla cinco elementos, los cuales son sumamente descriptivos de esa relación dialéctica entre el pensar-hacer:
· Ver. Ser conscientes de lo que está pasando, tener contacto con la realidad y analizarla con “ojos colectivos e individuales”.
· Pensar. A la luz de la Palabra de Dios y de las orientaciones de la Iglesia pronunciar un juicio de fe sobre lo que se VE (primer paso) y elaborar planes de acción evangélica.
· Actuar. Realizar lo planeado, con visión global y acción local –articulada, organizada- en función de un proyecto comunitar io.
· Evaluar. Valorar los logros, asumir los fracasos, aprender del camino recorrido y reorientar las acciones.
· Celebrar. Es la celebración de fe y la fiesta comunitaria donde agradecemos la presencia de Dios en nuestro caminar y nos disponemos a seguir en marcha.
Las CEB y la diócesis de San Cristóbal de las Casas -con Samuel Ruíz García a la cabeza- tuvieron un papel importante en las comunidades indígenas. Por ejemplo, participaron activamente en la convocatoria y realización del Primer Congreso Indígena en 1974.
Reproduciendo los acuerdos de la Conferencia de Medellín, los religiosos empezaron a inculcar a los indígenas la idea de que el reino de dios tenía que expresarse en la tierra y que tendría que estar basado en la justicia y la verdad.
El trabajo de la diócesis fortaleció la organización interna de los pueblos indígenas y les permitió generar redes de contactos con otras organizaciones similares en el estado, en México y el mundo.
Sin embargo, a l igual que le sucedió a las Fuerzas de Liberación Nacional, el trabajo de la diócesis también se vio trastocado por la propia cosmovisión de los pueblos indígenas, al grado que comenzó a formarse una especie de “iglesia indígena” integrada por 2,608 comunidades con 400 pre diáconos y 8 mil catequistas, que si bien se coordinaba con la estructura de la diócesis, también tenía determinada autonomía.
Durante la fase de “acumulación de fuerzas en silencio” del EZLN encontró entre los indígenas que habían trabajado con las CEB y con la diócesis de San Cristóbal de las Casas a un gran número de militantes.
No es que su integración estuviera prevista, pero sucedió que el trabajo que había encabezado Samuel Ruíz en las comunidades indígenas se convirtió en antesala idónea para el trabajo político que después desarrollaron los neozapatistas.
Así, muchos de los indígenas que habían sido catequistas y pre diáconos de la “iglesia indígena” también optaron por sumarse a las filas del EZLN.
Como hemos visto a lo largo de estas tres entregas, detrá s del EZLN que declaró la guerra al ejército mexicano el 1 de enero de 1994, existe un complejo entramado de visiones políticas y culturales que se engarzan para evidenciar una realidad de opresión y explotación hacia un amplio sector de la sociedad.
No es solamente una lucha por los pueblos indígenas –si revisamos detenidamente la Primera Declaración de la Selva Lacandona encontraremos que no hay una sola mención sobre ellos-, su lucha es más amplia, es por “el pueblo mexicano”.
Las luchas contra la conquista y el colonialismo, las luchas por hacer de México una nación libre, independiente y soberana y las luchas contra el capitalismo en su forma imperialista, son el sustento histórico de la rebelión indígena que conmocionó al mundo entero y que despierta –aún en nuestros días- gran simpatía.
Así, el EZLN puede entenderse como un movimiento que reclama la liberación nacional que posibilite un desarrollo justo y equitativo. Pero su lucha también es por hacer de México una nación democrática, que acabaría con la “dictadura del partido único” que gobernó en este país por más de 7 0 años, y que hoy está nuevamente en el gobierno.
También hay mucho de novedoso en los neozapatistas. Mencionemos sólo un aspecto de gran importancia.
Su lucha no es por la toma del poder estatal para luego instaurar un régimen socialista o comunista, como sucedió en la mayor parte de los países de América Latina y del mundo en que existieron rebeliones armadas.
Por el contrario, sus primeras demandas no son más que el reclamo del mínimo indispensable para el desarrollo de una vida digna: “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.
Visto de esta manera, podemos decir que el EZLN es una síntesis histórica, un proceso social que logra aglutinar una vasta gama de demandas sociales, tradiciones de lucha y corrientes del pensamiento crítico que han estado presentes a lo largo de la historia de México y del mundo; al mismo tiempo que recupera planteamientos nuevos acordes a su tiempo.
Por eso hoy, a 30 años de su formación y a casi 20 de su aparición pública, después de intensos y variados procesos, de reconstruirse y construir historia; somos mucho s y muchas los que por todo el mundo seguimos gritando: ¡Viva el EZLN!
[1] Hinkerlammert, F. (1995) “Teología de la Liberación en el contexto Económico-Social de América Latina: economía y teología o la irracionalidad de lo racionalizado” [en línea]. En Revista Pasos, no. 5, p. 2. Disponible en:http://dei-cr.org/uploaded/content/publicacione/910040863.pdf [Consulta: 15 de octubre de 2012].
[2] Concha, M. (1988) “Las comunidades eclesiales de base y el movimiento popular” [en línea]. En revista Dialéctica, no. 19, julio, p. 159. Disponible en:http://148.206.53.230/revistasuam/dialectica/include/getdoc.php?id=344&article=365&mode=pdf [Consulta: 03 de noviembre de 2012].
SubVersiones-AAC- - postaporteñ@ 1071 - 2013-11-30
La opción por los pobres
27/11/2013 |(SubVersiones- Agencia Autónoma de Comunicación)
El pasado 17 de noviembre del 2013 se cumplió 30 años de la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el 1 de enero del 2014 se celebrarán 20 años de su aparición pública. Como una forma de homenaje a los hombres y mujeres que hicieron que el grito de YA BASTA retumbara por todo el mundo, iniciamos una serie de entregas que pretenden ser una mirada a la historia de los actores que se entrelazaron para dar origen al EZLN.
Las primeras dos partes de este trabajo, El núcleo guerrillero y La resistencia milenaria, se publicaron en días pasados en este mismo espacio( y posta las reprodujo). En esta tercer y última entrega abordamos el trabajo que una corriente de la iglesia católica que bajo la dirección del obispo Samuel Ruíz García, había realizado trabajo previo en la región.
No ha sido nuestra intención hablar por los zapatistas, ellos y ellas han contado su historia y lo siguen haciendo.
Nuestro único objetivo aquí es contribuir a la difusión de su experiencia, esa que sin duda alguna representa la alternativa más avanzada en el mundo.
III. La opción por los pobres
Durante la guerra de conquista y en el proceso de colonización, surgieron personajes que denunciaron las atrocidades emprendidas por los representantes de la corona española en contra de los indígenas. Estas voces encontraron una importante resonancia al interior de la iglesia católica.
Un caso ejemplar es el de Fray Bartolomé de las Casas. Siglos más tarde, durante la guerra de independencia, nuevamente dos curas jugaron un papel relevante: Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón. Sin embargo, es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se analiza a profundidad el papel de la iglesia y de algunos de sus representantes a lado de los movimientos sociales.
En un intento por renovar y fortalecer a la iglesia católica, el Papa Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, el cual se realizó entre 1962 y 1965.
En aquel encuentro salieron a relucir las antiguas diferencias al interior de la religión católica, sobre todo las existentes entre los “antimodernos” y los “modernistas”.
En el marco de este Concilio, el Papa Pablo VI –quién sucedió a Juan Pablo XXIII luego de su muerte-, convocó al Consejo Episcopal Latinoamericano a renovar su visión y su práctica para que fuera más acorde a la realidad del continente.
Atendiendo a este llamado, diferentes sacerdotes de América Latina se dieron la tarea de preparar la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín, Colombia, entre agosto y septiembre de 1968. Dicha conferencia fue de impacto mundial para la iglesia católica debido a su composición, a los temas abordados y a las conclusiones.
Destaquemos algunos de estos elementos:
a) Los documentos conclusivos de la conferencia abordaron temas que no sólo rebasaban el ámbito de la iglesia católica, sino que dejaban ver abiertamente una posición política frente a los contextos locales. Algunos de estos documentos trataron temas sobre movimientos de laicos, medios de comunicación, justicia, pobreza, pastoral popular, etcétera.
b) Muchas de las reflexiones vertidas durante el encuentro de Medellín fortalecían la idea de que la iglesia debía denunciar la opre sión sistemática de los pobres y la explotación de las sociedades del tercer mundo.
c) No sólo participaron sacerdotes, también estuvieron religiosos, laicos y una importante representación de las Comunidades Eclesiásticas de Base –movimiento social que nace en el mismo contexto-, lo que significó una abierta disposición a trabajar con la sociedad, inclusive en acciones estratégicas.
d) Los asistentes hicieron fuerte énfasis en las diferencias históricas y estructurales entre Latinoamérica y Europa, por lo que, a pesar de asumirse como parte de la misma iglesia; señalaron que las funciones eran distintas.
e) Los asistentes acordaron no sólo asumir un papel de denuncia frente a la explotación y opresión, sino también pasar al plano de la acción y coadyuvar en todo lo necesario para que, organizadamente, los pueblos empobrecidos lograran modificar su condición de pobres.
Los resultados de la Conferencia de Medellín animaron a religiosos y laicos a estudiar a profundidad el papel de la iglesia en América Latina, atendiendo las característi cas propias de un continente con fuertes y marcadas relaciones de explotación, generadas por las estructuras –coloniales y capitalistas- de reproducción material.
Este renovado interés por el papel de la iglesia católica en América Latina llevó a varios intelectuales a redescubrir la función de algunos curas a lado de las luchas sociales y a construir una visión histórica sobre dicho papel, dando origen a la Teología de la Liberación (TL).
El filósofo Enrique Dussel identifica tres generaciones de teólogos de la liberación: la primera es aquella que durante la Colonia emprendió una crítica contra la corona española y se posicionó de lado de los indios. Destacan personajes como Fray Antonio de Montesinos, Fray Domingo de Vico y Fray Bartolomé de las Casas.
La segunda generación estaría representada por José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Costilla y Fray Servando Teresa de Mier, quienes encabezaron la lucha por hacer de México una nación libre e independiente.
La tercera generación aparece en la segunda mitad del siglo XX y se articula luego de la Conferencia de Medellín. Destacan personajes como Gustavo Gutiérrez (Perú), Leonardo Boff (Brasil), Camilo Torres (Colombia), Ernesto Cardenal (Nicaragua), Jean-Bertrand Aristide (Haití), Fernando Lugo (Paraguay), Oscar Arnulfo Romero (Salvador), Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruíz García (México).
La TL parte del análisis concreto de la realidad y de los procesos históricos que producen esa realidad, pero siempre desde el plano teológico. Franz Hinkerlammert señala que la TL considera que la pobreza es la “negación al reconocimiento mutuo entre sujetos” y que una sociedad con pobres es una sociedad sin Dios.
“Esta ausencia de Dios, no obstante, está presente allí donde gr ita. La ausencia de Dios está presente en el pobre.
El pobre es presencia del Dios ausente. Se trataría de modo visible de un caso de teología negativa, en la cual la presencia de Dios –una presencia efectiva- está dada por ausencia, una ausencia que grita, y por la necesidad” [1]
Por este motivo, los teólogos de la liberación optan por ayudar a los pobres para que ellos mismos salgan de su condición de pobreza, lo cual derivaría en el reconocimiento de todos los sujetos y en la construcción del reino de Dios en la tierra.
La respuesta de las corrientes ortodoxas al interior del Vaticano y de algunos gobiernos locales no se hizo esperar: se inició una campaña de desprestigio sobre la posición y labor de los teólogos de la liberación en la que se les acusó de estar influidos por grupos comunistas y de tener relaciones con las guerrillas.
Bajo esta lectura, los teólogos de la liberación eran promotores del odio y la violencia, por lo que no eran dignos representantes de la iglesia católica.
Ocurría así por toda América Latina una especie de simbiosis entre el marxismo y el catolicismo.
Por tal motivo los te ólogos de la liberación no estaban interesados en ser parte de la estructura jerárquica de la iglesia; su trabajo estaba más enfocado a la organización social, a trabajar con los pobres, con el proletariado.
Mientras el debate trascendía en el plano discursivo e intelectual, en la práctica los religiosos críticos continuaron su trabajo de base con los “pobres y oprimidos”.
Paralelamente a los encuentros episcopales, en América Latina fue tomando fuerza el movimiento conformado por las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), que encontraron en Brasil y en Nicaragua un espacio de referencialidad. Algunas expresiones de este movimiento llegaron inclusive a convertirse en partidos políticos.
En México las CEB encontraron gran aceptación fundamentalmente entre los sectores más marginados de la sociedad. Al respecto, Miguel Concha señala que “las CEB en México nacen en las zonas más pobres del campo y la ciudad, entre aquellos que sufren una realidad socio-política y económica de explotación, hambre, represión y miseria.
Sus actores principales son los indígenas y los campesinos, los obreros, los subempleados y los desempleados que –acompa& ntilde;ados de los agentes de pastoral, sacerdotes, religiosos y seglares, cuya vida está consagrada a la opción preferencial por los pobres- han descubierto en el Movimiento de las CEB el germen de esperanza en la Iglesia de América Latina en general, y de México en particular [2]
La metodología de trabajo de los y las integrantes de las comunidades eclesiales de base contempla cinco elementos, los cuales son sumamente descriptivos de esa relación dialéctica entre el pensar-hacer:
· Ver. Ser conscientes de lo que está pasando, tener contacto con la realidad y analizarla con “ojos colectivos e individuales”.
· Pensar. A la luz de la Palabra de Dios y de las orientaciones de la Iglesia pronunciar un juicio de fe sobre lo que se VE (primer paso) y elaborar planes de acción evangélica.
· Actuar. Realizar lo planeado, con visión global y acción local –articulada, organizada- en función de un proyecto comunitar io.
· Evaluar. Valorar los logros, asumir los fracasos, aprender del camino recorrido y reorientar las acciones.
· Celebrar. Es la celebración de fe y la fiesta comunitaria donde agradecemos la presencia de Dios en nuestro caminar y nos disponemos a seguir en marcha.
Las CEB y la diócesis de San Cristóbal de las Casas -con Samuel Ruíz García a la cabeza- tuvieron un papel importante en las comunidades indígenas. Por ejemplo, participaron activamente en la convocatoria y realización del Primer Congreso Indígena en 1974.
Reproduciendo los acuerdos de la Conferencia de Medellín, los religiosos empezaron a inculcar a los indígenas la idea de que el reino de dios tenía que expresarse en la tierra y que tendría que estar basado en la justicia y la verdad.
El trabajo de la diócesis fortaleció la organización interna de los pueblos indígenas y les permitió generar redes de contactos con otras organizaciones similares en el estado, en México y el mundo.
Sin embargo, a l igual que le sucedió a las Fuerzas de Liberación Nacional, el trabajo de la diócesis también se vio trastocado por la propia cosmovisión de los pueblos indígenas, al grado que comenzó a formarse una especie de “iglesia indígena” integrada por 2,608 comunidades con 400 pre diáconos y 8 mil catequistas, que si bien se coordinaba con la estructura de la diócesis, también tenía determinada autonomía.
Durante la fase de “acumulación de fuerzas en silencio” del EZLN encontró entre los indígenas que habían trabajado con las CEB y con la diócesis de San Cristóbal de las Casas a un gran número de militantes.
No es que su integración estuviera prevista, pero sucedió que el trabajo que había encabezado Samuel Ruíz en las comunidades indígenas se convirtió en antesala idónea para el trabajo político que después desarrollaron los neozapatistas.
Así, muchos de los indígenas que habían sido catequistas y pre diáconos de la “iglesia indígena” también optaron por sumarse a las filas del EZLN.
Como hemos visto a lo largo de estas tres entregas, detrá s del EZLN que declaró la guerra al ejército mexicano el 1 de enero de 1994, existe un complejo entramado de visiones políticas y culturales que se engarzan para evidenciar una realidad de opresión y explotación hacia un amplio sector de la sociedad.
No es solamente una lucha por los pueblos indígenas –si revisamos detenidamente la Primera Declaración de la Selva Lacandona encontraremos que no hay una sola mención sobre ellos-, su lucha es más amplia, es por “el pueblo mexicano”.
Las luchas contra la conquista y el colonialismo, las luchas por hacer de México una nación libre, independiente y soberana y las luchas contra el capitalismo en su forma imperialista, son el sustento histórico de la rebelión indígena que conmocionó al mundo entero y que despierta –aún en nuestros días- gran simpatía.
Así, el EZLN puede entenderse como un movimiento que reclama la liberación nacional que posibilite un desarrollo justo y equitativo. Pero su lucha también es por hacer de México una nación democrática, que acabaría con la “dictadura del partido único” que gobernó en este país por más de 7 0 años, y que hoy está nuevamente en el gobierno.
También hay mucho de novedoso en los neozapatistas. Mencionemos sólo un aspecto de gran importancia.
Su lucha no es por la toma del poder estatal para luego instaurar un régimen socialista o comunista, como sucedió en la mayor parte de los países de América Latina y del mundo en que existieron rebeliones armadas.
Por el contrario, sus primeras demandas no son más que el reclamo del mínimo indispensable para el desarrollo de una vida digna: “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.
Visto de esta manera, podemos decir que el EZLN es una síntesis histórica, un proceso social que logra aglutinar una vasta gama de demandas sociales, tradiciones de lucha y corrientes del pensamiento crítico que han estado presentes a lo largo de la historia de México y del mundo; al mismo tiempo que recupera planteamientos nuevos acordes a su tiempo.
Por eso hoy, a 30 años de su formación y a casi 20 de su aparición pública, después de intensos y variados procesos, de reconstruirse y construir historia; somos mucho s y muchas los que por todo el mundo seguimos gritando: ¡Viva el EZLN!
[1] Hinkerlammert, F. (1995) “Teología de la Liberación en el contexto Económico-Social de América Latina: economía y teología o la irracionalidad de lo racionalizado” [en línea]. En Revista Pasos, no. 5, p. 2. Disponible en:http://dei-cr.org/uploaded/content/publicacione/910040863.pdf [Consulta: 15 de octubre de 2012].
[2] Concha, M. (1988) “Las comunidades eclesiales de base y el movimiento popular” [en línea]. En revista Dialéctica, no. 19, julio, p. 159. Disponible en:http://148.206.53.230/revistasuam/dialectica/include/getdoc.php?id=344&article=365&mode=pdf [Consulta: 03 de noviembre de 2012].
SubVersiones-AAC- - postaporteñ@ 1071 - 2013-11-30
Mujica: "ayuda" para Uruguay por la ley de marihuana
Pide "ayuda" para Uruguay por la ley de marihuana
Mujica teme "alto costo político"
El presidente José Mujica dijo en una entrevista que publicó ayer el diario brasileño Folha de São Paulo que espera que "el mundo ayude" a Uruguay en el "experimento" que supondrá legalizar la compraventa y el cultivo de marihuana, al tiempo que admitió que la sanción de esa ley podría tener un "costo político alto" para la izquierda.
Marihuana legal -
Mujica pide ayuda para Uruguay
"No defiendo la marihuana y quisiera que no exista" porque "ningún vicio es bueno", pero "vamos a regular un mercado que ya existe" y frente al cual "no se puede cerrar los ojos", sobre todo porque "la vía represiva" contra las drogas "fracasó", declaró el mandatario.
El proyecto para legalizar la compraventa y el cultivo de la marihuana, que propone la creación de un ente estatal regulador que emitirá licencias y controlará la producción y la distribución, será votado en el Senado el próximo martes 10 y Mujica dijo confiar en su aprobación.
En la entrevista, insistió en que "el efecto del narcotráfico es peor que el de la propia droga" y en que el proyecto propuesto por su gobierno apunta a minimizar el poder de las mafias.
También admitió que esa iniciativa puede tener un "costo político alto" e indicó que expresidentes, como el brasileño Fernando Henrique Cardoso o el chileno Ricardo Lagos, defienden ahora la liberación de la marihuana.
En Holanda.
En la víspera, la diputada nacionalista Verónica Alonso llegó a Holanda con el fin de conocer cómo funciona el modelo implementado desde hace años en aquel país donde esta legalizado el mercado de marihuana.
La legisladora será recibida por la Comisión de Seguridad y Justicia del Parlamento, que es la comisión que trata las políticas de drogas en aquel país y por el Instituto Rand Europe, centro de investigación sobre políticas públicas que indaga el impacto del mercado de marihuana.
Mujica teme "alto costo político"
El presidente José Mujica dijo en una entrevista que publicó ayer el diario brasileño Folha de São Paulo que espera que "el mundo ayude" a Uruguay en el "experimento" que supondrá legalizar la compraventa y el cultivo de marihuana, al tiempo que admitió que la sanción de esa ley podría tener un "costo político alto" para la izquierda.
Marihuana legal -
Mujica pide ayuda para Uruguay
"No defiendo la marihuana y quisiera que no exista" porque "ningún vicio es bueno", pero "vamos a regular un mercado que ya existe" y frente al cual "no se puede cerrar los ojos", sobre todo porque "la vía represiva" contra las drogas "fracasó", declaró el mandatario.
El proyecto para legalizar la compraventa y el cultivo de la marihuana, que propone la creación de un ente estatal regulador que emitirá licencias y controlará la producción y la distribución, será votado en el Senado el próximo martes 10 y Mujica dijo confiar en su aprobación.
En la entrevista, insistió en que "el efecto del narcotráfico es peor que el de la propia droga" y en que el proyecto propuesto por su gobierno apunta a minimizar el poder de las mafias.
También admitió que esa iniciativa puede tener un "costo político alto" e indicó que expresidentes, como el brasileño Fernando Henrique Cardoso o el chileno Ricardo Lagos, defienden ahora la liberación de la marihuana.
En Holanda.
En la víspera, la diputada nacionalista Verónica Alonso llegó a Holanda con el fin de conocer cómo funciona el modelo implementado desde hace años en aquel país donde esta legalizado el mercado de marihuana.
La legisladora será recibida por la Comisión de Seguridad y Justicia del Parlamento, que es la comisión que trata las políticas de drogas en aquel país y por el Instituto Rand Europe, centro de investigación sobre políticas públicas que indaga el impacto del mercado de marihuana.
Argentinos bloquean construcción de nueva planta de Monsanto: “Tenemos el monstruo encima”
Domingo 01 de diciembre de 2013 |
TRANSGÉNICOS
Argentinos bloquean construcción de nueva planta de Monsanto: “Tenemos el monstruo encima”
Había una vez trabajadoras hogareñas, comerciantes y empleadas municipales de un pueblo tranquilo en el centro de Argentina. Hasta que llegó Monsanto, la corporación estadounidense de biotecnología.
Fabiana Frayssinet
En este pueblo las protestas llegaron a convocar a 8.000 personas.
Inventora del herbicida glifosato y una de las principales fabricantes de semillas genéticamente modificadas del mundo, Monsanto, construye una de sus plantas “más grandes” para acondicionar simientes de maíz en Malvinas Argentinas, municipio de 15.000 habitantes situado 17 kilómetros al este de la capital de la provincia de Córdoba.
La planta comenzaría a funcionar en marzo de 2014, pero la obra fue paralizada en octubre en medio de protestas y demandas judiciales de los vecinos, que desde el 18 de septiembre mantienen bloqueado el acceso al recinto.
Este sábado 30 por la mañana la guardia de infantería se presentó en el lugar, como muestra un video colocado en Facebook, y escoltó la salida de varios camiones que habían ingresado por la fuerza el jueves 28, cuando miembros del sindicato de la construcción irrumpieron en el campamento de vecinos intentando romper el bloqueo, lo que dejó más de 20 heridos.
A este movimiento vecinal no le gusta definirse como ambientalista ni que le atribuyan banderas partidarias. La mayoría son mujeres.
En Malvinas Argentinas todos conocen a alguien con problemas respiratorios o alergias que coinciden con fumigaciones sobre los campos de Córdoba, una de las mayores productoras de soja transgénica de este país.
Las denuncias de médicos también reportan casos crecientes de cáncer y malformaciones congénitas.
Pero todo se soportaba con estoicismo hasta que llegó Monsanto.
“Participo por el temor a la enfermedad y a la muerte”, dijo a Tierramérica la vecina María Torres. “Mi hijo ya está enfermo y si viene Monsanto va a ser peor”, agregó mientras caminaba en medio de una manifestación que acompañó esta periodista a mediados de noviembre.
Su niño de 13 años quedó en casa con sinusitis y hemorragia nasal. “Malvinas es un pueblo con mucha gente con los mismos síntomas”, se lamentó.
La mayoría de las aspersiones se realizan con Roundup, marca comercial del glifosato de Monsanto.
Según la Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados, la fumigación se expande por casi 22 millones de hectáreas plantadas con soja, maíz y otros cultivos transgénicos en 12 provincias argentinas en cuyos pueblos viven unos 12 millones de personas.
Eli Leiria se sumó a la protesta. Ella sufre problemas como pérdida de peso. Los médicos hallaron glifosato en su sangre. “Dicen que es como si un tornado hubiera pasado por mi cuerpo”, relató.
El biólogo Raúl Montenegro, de la Universidad Nacional de Córdoba y galardonado en 2004 con el Right Livelihood Award (premio Nobel Alternativo), explicó a Tierramérica que no hay monitoreos oficiales de morbilidad y mortalidad para comprobar si las crecientes dolencias que observan los médicos son efecto de los plaguicidas.
Tampoco existe un control adecuado de los contenidos de plaguicidas en la sangre, ni un monitoreo ambiental que detecte esos residuos en tanques de agua, por ejemplo, agregó Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente.
Esas circunstancias convierten a Argentina, y “a su modo también a Brasil“, en “paraíso” para empresas como Monsanto, opinó.
Las entidades del Estado que autorizan el uso de plaguicidas se apoyan en “su mayor parte en aportes técnicos de las propias empresas”, dijo.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, creó en 2009 la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, para investigar, prevenir y tratar sus efectos en la salud humana y ambiental.
Pero Argentina es también un “paraíso” de los transgénicos, cuya autorización depende de “información técnica principalmente aportada por las corporaciones biotecnológicas”, aseveró Montenegro.
Una planta de transgénicos “no es una fábrica de pan… fabrica veneno”, dijo el maestro Matías Marizza, de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.
Montenegro cuestiona que la Secretaría de Ambiente de Córdoba autorizara la construcción sin haber contemplado el análisis de una comisión interdisciplinaria independiente.
El proceso de los transgénicos involucra “plaguicidas externos”, como los que se fumigan, y plaguicidas que “salen de adentro” de las semillas, como la proteína insecticida CryIAb que produce el propio maíz MON 810, explicó.
Cada grano de ese maíz tiene entre 190 y 390 nanogramos de ese componente, cuyos impactos en la salud y en la biodiversidad no están claros.
“En Canadá se encontró que mujeres embarazadas y no embarazadas tenían proteína insecticida en sangre”, lo que contradice la explicación de Monsanto: que esas proteínas son anuladas en el aparato digestivo, agregó el biólogo.
Según un documento de la Red Universitaria, las semillas de la planta de Malvinas Argentinas serán impregnadas de sustancias como propoxur, deltametrina, pirimifós, tryfloxistrobin, ipconazole, metalaxyl y sobre todo clotianidina, un insecticida prohibido en la Unión Europea.
Hasta ahora, las instalaciones han permanecido bloqueadas por cinco campamentos, con hombres y mujeres –algunas con sus hijos— alternándose para impedir la entrada de camiones.
Daniela Pérez, madre de cinco hijos, contó a Tierramérica que este “era un pueblo tranquilo”, donde la gente apenas se quejaba por problemas como la falta de pavimento.
“Ahora lo que está en juego es la salud de los niños. Nos da una impotencia… no hay nadie que nos defienda”, dijo.
Soledad Escobar tiene cuatro hijos que van a una escuela situada junto al predio de la planta.
“Me preocupan los silos y los productos químicos que usan. Con el cambio de clima en Córdoba tenemos viento todo el año y el colegio está al lado, yo vivo enfrente”, dijo.
“No es cierto lo que dicen la televisión y los diarios que hay metidos partidos políticos… la mayoría somos madres que tenemos miedo por nuestros hijos”, agregó Beba Figueroa.
Ellas aseguran que muchos vecinos no participan por temor a perder empleos municipales y ayudas sociales.
La manifestación que acompañó Tierramérica desde la plaza del pueblo hasta el “acampe”, tenía un clima festivo, al ritmo de coloridas murgas del carnaval rioplatense, muy diferente a la tensión y la violencia que se dispararían días después.
Como otros vecinos de este barrio obrero, Matías Mansilla, su esposa y su bebé salieron a la puerta de una casa humilde para ver el “carnaval por la vida”.
Mansilla no participa, pero apoya la causa “por las enfermedades que ha habido en otros lados”.
Una encuesta realizada por dos universidades y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas reveló que 87 por ciento de los entrevistados del pueblo quieren una consulta popular para decidir y 58 por ciento rechazan la planta de Monsanto.
Ni el gobierno provincial ni la empresa respondieron al pedido de entrevista de Tierramérica.
En varios textos publicados en su portal, Monsanto se dice comprometida con la “agricultura sustentable”. Un comunicado emitido en septiembre señala que la obra cuenta con “las aprobaciones correspondientes” del Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, y que el Estudio de Impacto Ambiental está en análisis del gobierno provincial.
Monsanto repudió las “campañas sucias que manipulan la información técnica para crear miedo” y “las mentiras, en nombre del ambientalismo,” que “enmascaran intereses espurios”.
En abril, el Tribunal Superior de Justicia provincial desestimó una solicitud de medida cautelar presentada por los vecinos para suspender la obra.
En estos meses, la represión policial no ha faltado y tampoco las amenazas.
Malvinas Argentinas es parte de un movimiento que crece en distintos lugares del mundo contra Monsanto.
En este pueblo las protestas llegaron a convocar a 8.000 personas, según Marizza. No es para menos, dice. “Tenemos el monstruo encima”. IPS
TRANSGÉNICOS
Argentinos bloquean construcción de nueva planta de Monsanto: “Tenemos el monstruo encima”
Había una vez trabajadoras hogareñas, comerciantes y empleadas municipales de un pueblo tranquilo en el centro de Argentina. Hasta que llegó Monsanto, la corporación estadounidense de biotecnología.
Fabiana Frayssinet
En este pueblo las protestas llegaron a convocar a 8.000 personas.
Inventora del herbicida glifosato y una de las principales fabricantes de semillas genéticamente modificadas del mundo, Monsanto, construye una de sus plantas “más grandes” para acondicionar simientes de maíz en Malvinas Argentinas, municipio de 15.000 habitantes situado 17 kilómetros al este de la capital de la provincia de Córdoba.
La planta comenzaría a funcionar en marzo de 2014, pero la obra fue paralizada en octubre en medio de protestas y demandas judiciales de los vecinos, que desde el 18 de septiembre mantienen bloqueado el acceso al recinto.
Este sábado 30 por la mañana la guardia de infantería se presentó en el lugar, como muestra un video colocado en Facebook, y escoltó la salida de varios camiones que habían ingresado por la fuerza el jueves 28, cuando miembros del sindicato de la construcción irrumpieron en el campamento de vecinos intentando romper el bloqueo, lo que dejó más de 20 heridos.
A este movimiento vecinal no le gusta definirse como ambientalista ni que le atribuyan banderas partidarias. La mayoría son mujeres.
En Malvinas Argentinas todos conocen a alguien con problemas respiratorios o alergias que coinciden con fumigaciones sobre los campos de Córdoba, una de las mayores productoras de soja transgénica de este país.
Las denuncias de médicos también reportan casos crecientes de cáncer y malformaciones congénitas.
Pero todo se soportaba con estoicismo hasta que llegó Monsanto.
“Participo por el temor a la enfermedad y a la muerte”, dijo a Tierramérica la vecina María Torres. “Mi hijo ya está enfermo y si viene Monsanto va a ser peor”, agregó mientras caminaba en medio de una manifestación que acompañó esta periodista a mediados de noviembre.
Su niño de 13 años quedó en casa con sinusitis y hemorragia nasal. “Malvinas es un pueblo con mucha gente con los mismos síntomas”, se lamentó.
La mayoría de las aspersiones se realizan con Roundup, marca comercial del glifosato de Monsanto.
Según la Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados, la fumigación se expande por casi 22 millones de hectáreas plantadas con soja, maíz y otros cultivos transgénicos en 12 provincias argentinas en cuyos pueblos viven unos 12 millones de personas.
Eli Leiria se sumó a la protesta. Ella sufre problemas como pérdida de peso. Los médicos hallaron glifosato en su sangre. “Dicen que es como si un tornado hubiera pasado por mi cuerpo”, relató.
El biólogo Raúl Montenegro, de la Universidad Nacional de Córdoba y galardonado en 2004 con el Right Livelihood Award (premio Nobel Alternativo), explicó a Tierramérica que no hay monitoreos oficiales de morbilidad y mortalidad para comprobar si las crecientes dolencias que observan los médicos son efecto de los plaguicidas.
Tampoco existe un control adecuado de los contenidos de plaguicidas en la sangre, ni un monitoreo ambiental que detecte esos residuos en tanques de agua, por ejemplo, agregó Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente.
Esas circunstancias convierten a Argentina, y “a su modo también a Brasil“, en “paraíso” para empresas como Monsanto, opinó.
Las entidades del Estado que autorizan el uso de plaguicidas se apoyan en “su mayor parte en aportes técnicos de las propias empresas”, dijo.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, creó en 2009 la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, para investigar, prevenir y tratar sus efectos en la salud humana y ambiental.
Pero Argentina es también un “paraíso” de los transgénicos, cuya autorización depende de “información técnica principalmente aportada por las corporaciones biotecnológicas”, aseveró Montenegro.
Una planta de transgénicos “no es una fábrica de pan… fabrica veneno”, dijo el maestro Matías Marizza, de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.
Montenegro cuestiona que la Secretaría de Ambiente de Córdoba autorizara la construcción sin haber contemplado el análisis de una comisión interdisciplinaria independiente.
El proceso de los transgénicos involucra “plaguicidas externos”, como los que se fumigan, y plaguicidas que “salen de adentro” de las semillas, como la proteína insecticida CryIAb que produce el propio maíz MON 810, explicó.
Cada grano de ese maíz tiene entre 190 y 390 nanogramos de ese componente, cuyos impactos en la salud y en la biodiversidad no están claros.
“En Canadá se encontró que mujeres embarazadas y no embarazadas tenían proteína insecticida en sangre”, lo que contradice la explicación de Monsanto: que esas proteínas son anuladas en el aparato digestivo, agregó el biólogo.
Según un documento de la Red Universitaria, las semillas de la planta de Malvinas Argentinas serán impregnadas de sustancias como propoxur, deltametrina, pirimifós, tryfloxistrobin, ipconazole, metalaxyl y sobre todo clotianidina, un insecticida prohibido en la Unión Europea.
Hasta ahora, las instalaciones han permanecido bloqueadas por cinco campamentos, con hombres y mujeres –algunas con sus hijos— alternándose para impedir la entrada de camiones.
Daniela Pérez, madre de cinco hijos, contó a Tierramérica que este “era un pueblo tranquilo”, donde la gente apenas se quejaba por problemas como la falta de pavimento.
“Ahora lo que está en juego es la salud de los niños. Nos da una impotencia… no hay nadie que nos defienda”, dijo.
Soledad Escobar tiene cuatro hijos que van a una escuela situada junto al predio de la planta.
“Me preocupan los silos y los productos químicos que usan. Con el cambio de clima en Córdoba tenemos viento todo el año y el colegio está al lado, yo vivo enfrente”, dijo.
“No es cierto lo que dicen la televisión y los diarios que hay metidos partidos políticos… la mayoría somos madres que tenemos miedo por nuestros hijos”, agregó Beba Figueroa.
Ellas aseguran que muchos vecinos no participan por temor a perder empleos municipales y ayudas sociales.
La manifestación que acompañó Tierramérica desde la plaza del pueblo hasta el “acampe”, tenía un clima festivo, al ritmo de coloridas murgas del carnaval rioplatense, muy diferente a la tensión y la violencia que se dispararían días después.
Como otros vecinos de este barrio obrero, Matías Mansilla, su esposa y su bebé salieron a la puerta de una casa humilde para ver el “carnaval por la vida”.
Mansilla no participa, pero apoya la causa “por las enfermedades que ha habido en otros lados”.
Una encuesta realizada por dos universidades y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas reveló que 87 por ciento de los entrevistados del pueblo quieren una consulta popular para decidir y 58 por ciento rechazan la planta de Monsanto.
Ni el gobierno provincial ni la empresa respondieron al pedido de entrevista de Tierramérica.
En varios textos publicados en su portal, Monsanto se dice comprometida con la “agricultura sustentable”. Un comunicado emitido en septiembre señala que la obra cuenta con “las aprobaciones correspondientes” del Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, y que el Estudio de Impacto Ambiental está en análisis del gobierno provincial.
Monsanto repudió las “campañas sucias que manipulan la información técnica para crear miedo” y “las mentiras, en nombre del ambientalismo,” que “enmascaran intereses espurios”.
En abril, el Tribunal Superior de Justicia provincial desestimó una solicitud de medida cautelar presentada por los vecinos para suspender la obra.
En estos meses, la represión policial no ha faltado y tampoco las amenazas.
Malvinas Argentinas es parte de un movimiento que crece en distintos lugares del mundo contra Monsanto.
En este pueblo las protestas llegaron a convocar a 8.000 personas, según Marizza. No es para menos, dice. “Tenemos el monstruo encima”. IPS
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