La decisión oficial de autorizar a SES a brindar servicios en el país con el satélite holandés NSS-806 en la posición orbital 47.5, a la francesa Eutelsat a operar con el satélite Eutelsat 113 WA y a la estadounidense DirecTV a comercializar banda ancha directa al hogar en banda Ka con Spaceway 2 son indicios de una incipiente desregulación de los cielos que pone en jaque a la estatal Arsat. En el Ministerio de Comunicaciones además están a la firma las autorizaciones de los satélites Eutelsat 115 WA, Eutelsat 117 WA y Amazonas 3 de Hispasat, un modelo lanzado en febrero de 2013 que también permite brindar banda ancha directo al hogar en banda Ka. Son varios los funcionarios que presionan para avanzar en esa dirección e incluso en las últimas semanas comenzó a circular por los despachos oficiales un informe de la española Hispasat, al que accedió Página/12, donde se detalla el pliego de condiciones que buscan imponer las multinacionales satelitales de origen extranjero.
El documento, titulado “Impacto de un enfoque de cielos abiertos en la competitividad del mercado de las telecomunicaciones y la inclusión digital”, condensa el intenso lobby que las firmas satelitales privadas están realizando sobre el gobierno. El hecho de que haya sido preparado por Hispasat no llama la atención, pues la compañía española tiene un acceso privilegiado a la actual gestión. Hugo Miguel, subsecretario de Planeamiento de la secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, área que tiene a su cargo la política satelital, fue hasta el año pasado director de tecnología de Tesacom, empresa de soluciones satelitales asociada a grandes jugadores extranjeros como Hispasat. Además, Eduardo Tallarico, representante legal de Hispasat en Argentina, es asesor del Ministerio de Comunicaciones. Ambos son hombres cercanos a José Antonio Sánchez Elías, referente de comunicaciones de la Fundación Pensar, think tank macrista, y presidente y CEO de Tesacom, quien estuvo a punto de ser designado por el presidente Mauricio Macri como ministro de Comunicaciones hasta que un acuerdo con los radicales llevó a poner en su lugar a Oscar Aguad.
“La tendencia de gran parte de las agencias regulatorias hacia la aplicación del principio `menos es más`, abre el camino a la imposición de menores requisitos reglamentarios a cambio de un mayor acceso a las comunicaciones esenciales, perfilándose la implementación de una política de cielos abiertos, como un mecanismo clave para mejorar la competencia del mercado”, señala el documento de Hispasat en su introducción y luego remarca que “la experiencia de los países que disponen de mercados más abiertos, ha demostrado que facilita la entrada de nuevos operadores satelitales, generando un mayor dinamismo del mercado, hecho que repercute positivamente en las compañías distribuidoras del servicio así como, y especialmente, en los usuarios finales”. Luego se pone como ejemplo que en Estados Unidos se pueden contratar planes de banda ancha satelital en banda Ku con una velocidad y consumo de datos de entre 10 y 24 veces superiores a los ofertados en Argentina por un precio similar.
El trabajo de Hispasat también resalta las ventajas que tiene la banda ancha satelital por sobre la infraestructura terrestre (fibra, cable, DSL) en lo que refiere a la provisión de acceso a internet de banda ancha, sobre todo en zonas rurales. “El hecho de que el acceso satelital de banda ancha se encuentre disponible para el 100 por ciento de la población ubicada dentro de la huella del satélite y sólo se requiera un módem y una antena terrestre para su despliegue, permite la conexión inmediata de los abonados a la banda ancha y a las redes troncales de Internet, en lugar de tener que esperar a que se realice el despliegue de la red terrestre punto a punto”, se destaca en el documento.
El informe resume en ocho puntos el pliego de condiciones que vienen exigiendo las multinacionales satelitales, los cuáles se citan de manera textual para dejar en claro la crudeza del pedido:
1) Cualquier limitación en el número de proveedores para la prestación de servicios por satélite, o la preferencia por los operadores nacionales, o el establecimiento de condiciones onerosas para la autorización del uso de los sistemas satelitales extranjeros pueden afectar negativamente a la competencia, la inversión en nuevas infraestructuras o la reducción de los costos del servicio.
2) La obligación por parte de los operadores satelitales de establecer una presencia técnica o comercial local, en aquellos países cubiertos por la huella satelital pero donde el operador no provee ningún servicio representa un obstáculo para la provisión de servicios satelitales.
3) Se debería evitar requerir a los operadores de satélites la obtención de una licencia/permiso/autorización para la utilización del recurso órbita/espectro en cada país.
4) Se deben evitar restricciones a la propiedad extranjera así como se debe eliminar cualquier requisito para que los operadores satelitales no nacionales tengan que alinearse con los operadores nacionales/incumbentes. Cualquier participación residual de un monopolio o un operador dominante, derivada de antiguas políticas dificulta y perjudica el desarrollo económico interno y su crecimiento.
5) No debe haber discriminación entre los sistemas satelitales extranjeros y nacionales. Los procedimientos de autorización deben ser eficientes, transparentes y equitativos, independientemente de si son para los operadores nacionales o extranjeros.
6) La formulación de la política de cielos abiertos conlleva una mayor competencia y proporciona múltiples opciones al usuario final. Por el contrario, las políticas que proporcionan protección a la capacidad satelital propia del país y la obligación de los proveedores de servicios de usarla pueden restringir la competencia y la calidad del servicio.
7) La transparencia es un aspecto importante de la regulación de los servicios de telecomunicaciones, dado que mejora la rendición de cuentas y la confianza del sector privado para invertir. La falta de transparencia en algunos países constituye una importante barrera a la entrada de nuevos competidores.
8) La transparencia requiere que las leyes y reglamentación concerniente a la prestación de servicios por satélite y los detalles de los requisitos para la concesión de licencias y permisos estén fácilmente disponibles.
Por último, el informe de Hispasat concluye que si Argentina avanza con el cumplimiento de todas esas recomendaciones potenciará la competencia en el mercado, incrementará la penetración de la banda ancha, estimulará la inversión en infraestructuras, contribuirá a la reducción de la brecha digital y a alcanzar los objetivos de inclusión digital y repercutirá en beneficios adicionales y significativos para el país, como incremento del PIB, mejora de la productividad, creación de empleo, mejora en la educación, la sanidad y los servicios brindados por la administración pública. Fuentes del propio gobierno que desconfían de la política de cielos abiertos señalaron a Página/12 que lo que no dice Hispasat es que esta hoja de ruta también supondría la destrucción de Arsat y debilitaría gran parte de la cadena de valor científico-tecnológica que funciona en torno suyo, incrementando la dependencia respecto de las potencias extranjeras.
