Por Ariel Basteiro
(Especial para NODAL)
10 SEP, 2016
Es normal que en Bolivia los conflictos sociales, sindicales, vecinales, comunitarios, campesinos o ciudadanos, tengan un nivel de radicalización que no se da en otros lugares del continente incluso en el mundo; radicalización que muchas veces suele provocar muertes por el uso indebido de dinamita, algo semejante al bombo en una manifestación de Argentina. En ocasiones se producen muertes por enfrentamientos entre los propios manifestantes sin descartar los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los bloqueos (piquetes) pueden durar días y hasta meses porque es una forma de reclamar que está en la naturaleza de este pueblo y que existe desde tiempos inmemorables, desde el sitio de Tupac Katari en 1781, el levantamiento que termina con la muerte del Presidente de Bolivia Guadalverto Villarroel en 1942 o la revolución de 1952, o la más recientes guerras del agua o del gas.
Cuando los conflictos están asentados sobre demandas justas y apoyados por mayorías de la población boliviana estos suelen cambiar la dinámica histórica y provocan cambios profundos en el país, pero también muchas veces por esa lógica de la conflictividad estos conflictos se desarrollan por cuestiones sectoriales y apoyados parcialmente, con demandas que suelen ser exageradas. Después de algunos días sin encontrar soluciones a esos reclamos se levantan y al poco tiempo nadie se acuerda de ellos.
La complejidad de la sociedad boliviana, multiétnica, multisocial, plurinacional, junto al proceso político que se inició con la llegada al gobierno de Evo Morales, dio posibilidad de crecimiento a sectores hasta entonces relegados: campesinos, clase media, trabajadores y entre ellos cooperativistas.
De este último sector existen subcategorías, los cooperativistas fundadores de estas asociaciones por un lado y los contratados, o peones o k’jachas. Este sector fue el más beneficiado en los últimos años por aumento del precio internacional de los minerales y los subsidios del Estado y cierto “dejar hacer” por parte del Estado. Por ser consideradas las cooperativas aliadas al proceso de cambio no se percibió en este tiempo que los socios fundadores se habían convertido en grandes empresarios y que no tenían ninguna intención de que esta realidad cambiara, funcionando estos cooperativistas como verdaderos “capangas” o jefes que utilizan a los trabajadores contratados (un universo de 120.000 trabajadores) como fuerza de choque, sumándolos a sus demandas ante las amenazas de la pérdida de las fuentes de trabajo si la ley que se había aprobado en Diputados se promulgaba y comenzaba a regir los destinos de las cooperativas mineras.
Lo ocurrido el último jueves 25 de agosto en la ruta que une a La Paz con Oruro, en la localidad de Panduro, lugar que era ocupado por los cooperativistas mineros que protestaban ante la aprobación de la ley, provocó cinco muertes. Tres de las muertes fueron por disparos de armas de fuego (no se sabe de dónde provinieron los disparos), un minero murió por explosión de dinamita cuando manipulaba el explosivo y la muerte del viceministro de Rodolfo Illanes, quien se había acercado al lugar para encontrar canales de diálogo con el objetivo de que se llevara adelante una reunión para destrabar el conflicto y que fue retenido, secuestrado, torturado y ejecutado a piedrazas.
Este hecho pone a la conflictividad con la que siempre convivió Bolivia en un punto de inflexión, una bisagra que llevará a que aquellos sectores que protestan lo hagan con otros métodos y evitando niveles de enfrentamientos como los que se vieron en los últimos días en el altiplano.
¿Por qué el conflicto? ¿Cuál era la demanda?
La reforma promulgada por la Cámara de Diputados busca tres objetivos que se habían desvirtuado de los artículos originales de la ley de Cooperativas Mineras que nació hace más de 15 años y que fuera mejorada durante la presidencia de Evo Morales en el año 2006.
En primer lugar, los cooperativos fundadores abusaron del derecho de contratar trabajadores que, como empleados de cooperativas, se les aplicaban condiciones de “socios” de segunda, a los que abonaban salarios miserables y sin ningún tipo de legislación protectoria, con la imposibilidad de sindicalizarse. La nueva ley rompe esa lógica y da derechos de salarios mínimos y derechos a sindicalización lo que era rechazado por la casta de socios fundadores.
En segundo lugar, cuando se creó el sistema de darle a las cooperativas la explotación minera fue para evitar el ingreso de multinacionales al negocio de depredación que habían llevado adelante durante tantos años en los cerros bolivianos. Por ese “dejar hacer”, en los últimos años las cooperativas habían comenzado a firmar acuerdos para alquilar o concesionar sus derechos de explotación a multinacionales que llevaban adelante la explotación minera quedando esos socios fundadores solo como rentistas. La ley frena esa situación y prohíbe tal manejo, y este fue otro de los motivos que llevó a las cooperativas a bloquear las rutas del país.
La tercera demanda se fundaba en la negativa al cuidado responsable del medio ambiente, ya que se habían comprobado niveles de contaminación en surcos de aguas por el uso irresponsable de químicos. La Federación de Cooperativas Mineras (FECOOMIN) argumentaba que esto implicaría inversiones que no estaban en condiciones de asumir, reclamando subsidios para ello y para el consumo de energía en los campamentos de explotación.
Por último, este proceso seguramente llevará a cambios profundos y que mejorarán el futuro de los trabajadores mineros, como lo asegura Alfredo Rada, viceministro de Movimientos Sociales: “el verdadero aliado del proceso de cambio son los más de cien mil trabajadores de las cooperativas mineras, obreros aymaras y quechuas la mayoría de ellos. Como nunca en la historia del cooperativismo, es el gobierno de Evo que decreta que para esa masa laboral también rige la Ley General del Trabajo. Se trata del mayor avance en derechos laborales en una década, que muestra también el error en que caía una tendencia conservadora dentro del proceso de cambio que se aferraba al siguiente argumento: en épocas de contracción económica no deben crearse nuevos derechos sociales, sino defender los ya alcanzados. La conquista y expansión de los derechos sociales no depende de un determinismo económico o de un cálculo de costos, se da por un factor histórico-estructural denominado lucha de clases.”
La muerte de Rodolfo Illanes junto con otros cuatro mineros debe servir de enseñanza a todos: mineros, cooperativistas, pueblo, gobierno; para evitar que nuevamente hechos que se generan por disputas que se dan dentro del campo popular, sean utilizados por la derecha, el imperialismo y los sectores de la especulación que quieren volver a manejar el destino de los recursos naturales y la vida de nuestros habitantes, sin rendición de cuenta y libremente. Son los mismos sectores que intentan desestabilizar a uno de los gobiernos que resiste en la región.
La avanzada neoliberal está dispuesta a todo, desde mentir hasta provocar la muerte, desde promover un golpe de Estado a trampear elecciones. Todo lo hacen por su afán de ganancia indiscriminada y lo hacen porque en los últimos años, Latinoamérica supo darse gobiernos que decidieron qué cambios hacer para beneficio de sus pueblos sin solicitar permiso a nadie.
